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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 404 | Noviembre 2015
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Nicaragua

La suma de todos los miedos

Iniciada la cuenta atrás para las elecciones presidenciales, el gobierno ofreció un variado menú de señales que parecen indicar las preocupaciones que hoy rondan el círculo del poder. Más centralismo, más control, una nueva ley, una inusitada represión en Mina El Limón, una repentina rectificación para frenar la lucha anti-minera en Rancho Grande y un megadispositivo militar y paramilitar para detener a los campesinos que se oponen al Canal Interoceánico. Todo parece enlazado por el miedo, anudado por el temor que experimenta el poder absoluto cuando se siente amenazado.

Equipo Envío

La representante del PNUD abandonó Nicaragua abruptamente al ser informada por el Ejecutivo que los recursos de cooperación de esta agencia de Naciones Unidas los controlará directamente el gobierno. Varios camiones con 800 quintales de alimentos que los campesinos en la ruta del Canal enviaban a familias campesinas del corredor seco que padecen hambre fueron incautados por la policía, operación basada en una improvisada disposición del Ejecutivo que establece que el gobierno centralizará desde ahora toda donación. El Ejecutivo ordenó una insólita represión en el bastión sandinista de Mina El Limón para sofocar reclamos laborales. Días antes había detenido inesperadamente el proyecto minero de Rancho Grande después de una masiva manifestación. Una nueva iniciativa de ley del Ejecutivo convierte en “traición a la patria” cualquier protesta social. Y el 27 de octubre el gobierno hizo de todo en las carreteras que conducen a Managua para impedir que miles de campesinos que luchan contra el proyecto canalero llegaran a la capital. Todo esto ocurrió este mes, en un contexto ya marcado por la próxima e incierta contienda electoral.

COOPERACIÓN BAJO CONTROL

El 7 de octubre se hizo público un rumor que corría desde hacía un par de semanas: el Ejecutivo reunió a todos los responsables de la cooperación externa bilateral y multilateral que colaboran con el desarrollo de Nicaragua para informarles que desde ahora el gobierno decidirá cuáles proyectos sí y cuáles no y asumirá control total de la gestión y ejecución de los recursos de cualquier proyecto sin aceptar ninguna intermediación extranjera.
A quien afectó la decisión fue al PNUD, que intermedia recursos de varios países para programas de fortalecimiento de la sociedad civil. En el momento de la decisión gubernamental su cartera de proyectos en ejecución era de 20 millones de dólares anuales para cuatro programas: desarrollo con equidad, gobernabilidad democrática, medioambiente y energía y equidad de género.
En una semana el gobierno cerró siete de los once proyectos que gestionaba el PNUD e inició la revisión del resto. La uruguaya Silvia Rucks, representante del PNUD en Nicaragua -a quien le faltaban casi tres años más en ese cargo- cuestionó la medida y dignamente abandonó el país.
Quedó claro que lo que le preocupa al gobierno es cualquier cooperación que fortalezca a la sociedad civil, en la que ve caldo de cultivo para movimientos autónomos que desafíen su modelo. A otros cooperantes bilaterales que tienen programas más centrados en lo económico o que tienen cariz asistencial no les cambió las reglas.

2008: INICIA EL CONTROL

Después del documentado fraude electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2008 comenzaron las tensiones con la cooperación internacional. Por efectos del fraude, la Unión Europea congeló los desembolsos con que contribuía a financiar el presupuesto nacional. Los recursos del llamado Grupo de Apoyo Presupuestario -en el que la UE daba el mayor aporte- representaban entonces el 80% de los recursos que el gobierno destinaba a inversiones públicas. Por su parte, Estados Unidos congeló el desembolso de la mitad del proyecto Cuenta Reto del Milenio, una inversión que totalizaba 175 millones de dólares.
En respuesta, y desde esas fechas el gobierno comenzó a obstaculizar, de muchas maneras, los recursos de la cooperación que gobiernos y ONG internacionales destinaban a ONG nacionales que trabajan en proyectos que promueven democracia, participación ciudadana, gobernabilidad, transparencia y derechos humanos, por considerarlos “injerencia política”, tarea en la que logró avanzar mucho por los temores y prudencias con que buena parte de la cooperación internacional respondió a esa política, abandonando el país o priorizando proyectos asistencialistas.
Ahora, el cambio de las reglas del juego para el PNUD avanza más en esta política, sellada por el temor a que desde el exterior se fortalezca cualquier disidencia.
Según el Informe de Cooperación Oficial Externa del gobierno, en 2007, el 55.39% del total de recursos externos que recibía Nicaragua eran donaciones y el resto préstamos. En el primer semestre de 2015 sólo el 18.2% fueron donaciones. El resto, préstamos que endeudan al país.

GUATEMALA:
“EL MODELO ES EXPORTABLE”

Cuando hace ahora siete años la cooperación bilateral europea y estadounidense comenzó a irse del país, Ortega proclamó una y otra vez que Venezuela compensaría todo lo que ellos daban y llegó a decir a Caracas que el abandono “nos hace sentir más libres”.
El contexto ha cambiado. Viene una nueva reelección, el escenario económico internacional ya no es favorable, Venezuela ya no ofrece seguridad, y para más, lo ocurrido en Guatemala parece haber preocupado bastante al gobierno: ha visto jugar a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), instancia promovida y financiada por Naciones Unidas, un papel decisivo en la caída de un gobierno y en el aliento a la movilización popular que lo hizo posible. Los acontecimientos de los últimos meses en Guatemala revelaron una impensable coincidencia: desde la cárcel Pérez Molina denunciaba a la CICIG por su objetivo “desestabilizador” con el mismo discurso con el que la propaganda gubernamental lo hacía en Nicaragua.
Con el PNUD, el gobierno de Ortega parece querer curarse en salud. Al calor de las masivas manifestaciones callejeras, la representante de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, dijo al diario “El País”: “Lo que ocurre en Guatemala puede ser el inicio de un cambio en toda la región, porque en los otros países se han dado cuenta de que se puede hacer. La CICIG fue diseñada a la medida de Guatemala. Pero los problemas de corrupción de aquí son similares a muchos otros países de América Latina, por lo tanto, el modelo es exportable… En esta época de Facebook, Twitter, teléfonos inteligentes y Google, los movimientos se expanden rápidamente”.
Un par de semanas después cambiaron las reglas del juego para la cooperación con Naciones Unidas.

DONACIONES CENTRALIZADAS

Como señal de identidad y solidaridad, el movimiento campesino Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que lucha contra el Canal Interoceánico, con la líder de Nueva Guinea Francisca Ramírez al frente, decidió enviar 800 quintales de alimentos producidos en sus tierras, donde sí ha llovido, a más de mil familias campesinas de cinco municipios del corredor seco del Norte, que con la sequía de dos años consecutivos están padeciendo hambre.
El 19 de octubre, al llegar a Ocotal un operativo de la Policía Nacional, en el que hubo violencia oficial contra resistencia popular, retuvo los cuatro camiones cargados de comida y decomisó lo que llevaban. La justificación fue exigirles a los conductores registros sanitarios que no llevaban porque sólo son necesarios cuando los alimentos se exportan.
Para dar visos de legalidad a la medida, la Primera Dama informó de inmediato en una nota que “toda ayuda que se quiera hacer llegar a las personas y familias afectadas por alguna situación, debe ser canalizada a través del SINAPRED (Sistema Nacional para Atención de Desastres)”.
El gobierno se ha negado a declarar emergencia en el corredor seco azotado por la sequía y el SINAPRED jamás ha tenido entre sus facultades la que ahora se le asigna.
La decisión fue cuestionada por amplios sectores, desde el Cardenal Brenes hasta el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, que dijo no saber “de dónde se había originado eso” y calificó la medida de “equivocada, más cuando vamos entrando a un año electoral”.

RANCHO GRANDE:
SORPRESIVA RECTIFICACIÓN

Días antes, el 12 de octubre, en su comparecencia de mediodía en todos los medios oficiales, Rosario Murillo anunció, sin cambiar el tono con que a diario da cuenta de los temblores ocurridos en las últimas veinticuatro horas, que el proyecto minero para extracción de oro que iba a desarrollarse en el municipio matagalpino de Rancho Grande había sido “declarado no viable”.
El repentino e inesperado anuncio sorprendió al representante de la minera canadiense B2Gold, dueña de la concesión, y a los grandes empresarios del COSEP, entusiastas promotores de las inversiones mineras en el país.
Días antes, el 3 de octubre, víspera de la fiesta de San Francisco de Asís, convocados por el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez y por su párroco Pablo Espinoza, más de 15 mil campesinas y campesinos rancho-grandeños, católicos y evangélicos, junto con todas las organizaciones sociales del departamento, realizaron una “peregrinación” rechazando, una vez más y más masivamente que nunca antes, el proyecto de mina a cielo abierto que la B2Gold planeaba abrir en el Cerro Pavón. Al término de la marcha, en una misa, Álvarez habló a la multitud con las palabras del Papa Francisco en la encíclica “Laudato Si”.

¿POR QUÉ LO HICIERON?

En un gobierno que no rectifica nunca, el anuncio de la no viabilidad de un proyecto que hasta ese día respaldaba abiertamente, se convirtió en un acontecimiento. La “explicación” ambiental ofrecida por Murillo (“estudios que se desarrollaron a lo largo de años a conciencia y visitas realizadas en los últimos días”), ¿convenció a alguien?
Esos estudios nunca han sido presentados, porque las autoridades del gobierno central y del gobierno municipal han actuado en abierta complicidad con la B2Gold, porque los campesinos opuestos a la minería han sido acosados y perseguidos desde hace tiempo por las autoridades, y hasta porque el gobierno gastó cuantiosos recursos para organizar el mismo 3 de octubre una contramarcha que compitiera con la convocada por el obispo y la opacara, objetivo en el que fracasó…
El obispo Álvarez calificó de “sabia” la rectificación del gobierno. Y en Rancho Grande la población organizada celebró, pero manteniendo la cautela y el reclamo: esperan que se haga público el estudio ambiental y la resolución oficial que declara no viable el proyecto. Y están decididos a luchar para que se anulen otras concesiones mineras que existen en el municipio.

“GUARDIANES DE YAOSKA”

La corporación minera canadiense B2Gold adquirió la concesión en Rancho Grande en 2007, ya estando en el gobierno Daniel Ortega. Se la compró a otra compañía minera, a la que se la había otorgado el gobierno de Bolaños, sin que hubiera realizado aún trabajos en el municipio.
La B2Gold llevaba ya cuatro años en tareas de exploración en Rancho Grande, gastando recursos en propaganda en todos los medios locales y nacionales para convencer de los beneficios de “la minería verde y responsable” y tratando de ganarse sin éxito a una población decidida a impedir sus planes de horadar en el cerro Pavón una mina a cielo abierto para extraer oro.
Hace un año, dos representantes del movimiento campesino “Guardianes de Yaoska”, en resistencia contra la minería, relataron a Envío cómo se organizaron contra “ese monstruo”. Es un texto de enorme interés, habla de un ejemplar modelo de lucha cívica http://www.envio.org.ni/articulo/4909.
La marcha masiva del 3 de octubre de 2015 tuvo antecedentes. En marzo de 2013 fueron 5 mil rancho-grandeños los que expresaron su NO a la minería. Dos marchas previas habían convocado ya a miles. En 2013, niños y niñas dejaron de ir a la escuela en un prolongado paro escolar decidido por sus familias en protesta contra la minería. Ya la población tenía evidencias del desastre ambiental. Ya el cianuro empleado en las perforaciones de exploración había contaminado las aguas del río Yaoska.

UNA CONVERGENCIA EJEMPLAR

La de Rancho Grande no ha sido una lucha ni espontánea ni reciente. Ha sido masiva y prolongada y en un terreno abonado desde años antes por el trabajo sistemático de educación de organizaciones que promueven la agroecología y que capacitan en derechos humanos, al frente el CENIDH. Conocimiento, conciencia y decisión se han desarrollado allí durante años.
Eso, y la fuerza de ideas religiosas liberadoras, cultivadas tanto por católicos como evangélicos, convencidos de que defender la Naturaleza es un mandato divino, tejieron una lucha irrompible, que fue acompañada por la autoridad católica de forma ejemplar desde que en marzo de 2013 los 42 sacerdotes católicos de la diócesis, con su obispo al frente, emitieron un documento considerando un “pecado mortal” la explotación de oro que la minera canadiense B2Gold pretendía llevar a cabo en Rancho Grande.
En el Norte ninguna causa ha logrado tanta convergencia. Y en casi diez años cooptando protestas sociales o sofocándolas si crecían, en ningún rincón del país el gobierno Ortega-Murillo había tenido que enfrentar algo similar. La “sabiduría” aconsejaba al gobierno detenerlo a tiempo.

“SOMOS LUZ
DE LAS NACIONES”

Desde el año 2010, con el incremento del precio internacional del oro, el gobierno Ortega-Murillo y sus aliados del COSEP abrieron de par en par las puertas del país a inversiones para la prospección, exploración y explotación minera.
Según un estudio del Centro Humboldt, en 2013 las concesiones entregadas por el gobierno para minería metálica se habían incrementado en un 24% en relación a 2011 y ocupaban ya el 13.4% del territorio nacional. El gobierno otorgaba con mucha facilidad los permisos, las leyes ambientales no se tenían en cuenta y la tendencia a establecer lotes mineros en áreas de amortiguamiento de casi todas las áreas protegidas del país iba en aumento.
En agosto de 2014, cuando se celebró en Managua el Primer Congreso Internacional de Minería, en el que participaron 300 inversionistas de 22 países, evento al que quería llegar una delegación de Rancho Grande, que fue objeto de represión policial, se anunció que, después de Chile, el país “más atractivo” hoy para la inversión minera es Nicaragua.
Se informó en esta ocasión que durante el gobierno Ortega-Murillo la producción minera (fundamentalmente de oro y plata) se había incrementado en un 300%. Denis Lanzas, vicepresidente de la Cámara Minera de Nicaragua, declaró entusiasta: “Nicaragua está siendo luz de las naciones. Todo el mundo se pregunta cómo hemos hecho…”
Lo que se preguntaba mucha gente que en Honduras, Guatemala, El Salvador, también en Costa Rica, lucha hoy contra los desastres ambientales y sociales que causa la minería a cielo abierto era el porqué de la ausencia de Nicaragua en el debate y en las luchas anti-minería, sabiendo de tan creciente inversión.
El triunfo de la perseverancia organizada de la población de Rancho Grande tiene el valor añadido de haber abierto espacios que hasta ahora apenas existían en Nicaragua, en los medios y en la sociedad, para reflexionar y debatir sobre las inversiones mineras, a las que los gobiernos neoliberales, también este gobierno, les han dado todas las facilidades, aun cuando sus operaciones sean insostenibles social y ambientalmente y aunque le dejen tan escasas ganancias al país y tanta destrucción.

CONFLICTO EN MINA EL LIMÓN

A unos 240 kilómetros de Rancho Grande y en los mismos días, la misma mano que detuvo en el Norte la minería de oro para evitar un conflicto mayor, desechó en Occidente la negociación y creó un grave conflicto desatando una brutal represión en Mina El Limón, 12 mil hectáreas también concesionadas a la canadiense B2Gold, donde se produce el 30% del oro que exporta Nicaragua,
A lo largo de 2015 el sindicato afín al partido de gobierno ya había realizado varias huelgas. El alto precio alcanzado por el oro, que llegó a pagarse a 1,800 dólares la onza, fue un tiempo de algunas mejorías para los mineros y de grandes ganancias para la empresa minera. Pero con el declive que ha experimentado el precio internacional del oro, la B2Gold comenzó a reducir costos.
Tres líderes sindicales del sindicato sandinista “Pedro Roque Blandón” dirigían las huelgas y exigían el cumplimiento del convenio colectivo. Denunciaban especialmente el proceso de tercerización que estaba implementando la B2Gold. De los 600 trabajadores permanentes que la empresa había contratado en 2012 sólo quedaban 235, el resto trabajaba sin seguridad ni prestaciones.

“SON VÁNDALOS”

La negociación se hizo imposible. La empresa, que tiene en el gobierno un aliado incondicional, consiguió que el Ministerio de Trabajo avalara el despido y anulación del contrato de los tres dirigentes sindicales que estaban al frente de las huelgas. Destruido el sindicato, se destruía el convenio colectivo, estaban en peligro beneficios alcanzados y se ahondaría la tercerización en las contrataciones.
Buena parte de la población de Mina El Limón respondió boicoteando desde el 30 de septiembre el trabajo en la mina, en reclamo del reintegro de los sindicalistas. La empresa perdía mucho dinero, pero se negó a negociar. Paralizada la mina, seguían las protestas, se levantaron barricadas en las calles y la gente se levantó.
El 6 de octubre el gobierno envió al poblado un limitado contingente de efectivos jóvenes e inexpertos, que fueron rebasados completamente por una población decidida, que quemó la estación policial y dos coches patrullas y se enfrentó a pedradas con los policías, los retuvo durante dos horas y logró desarmarlos a todos.
En el conflicto, un policía de 18 años murió, según la versión oficial por efecto de un morterazo en el pecho. Según la versión de la población, corroborada por un dictamen médico, víctima de un infarto. 23 policías y 8 pobladores resultaron heridos y lesionados ese día. Autoridades policiales y gubernamentales calificaron de “vándalos” a los pobladores. Esto los enardeció más.

MINA EL LIMÓN SITIADA

La clara desproporción que hubo en este primer choque entre policías y pobladores indicaría que el gobierno subestimó el nivel de descontento que había entre la población y sobrestimó el apoyo al partido de gobierno que encontraría en un terreno seguro de simpatizantes históricos.
Otros interpretaron la desproporción en relación al contexto de deterioro de la legitimación social que está experimentando la Policía Nacional: “Pareciera que los mandaron a la boca del lobo para proyectar después la imagen de víctimas”, afirmó el experto en seguridad Roberto Orozco.
Los reiterados llamados a iniciar un diálogo entre empresa y trabajadores, del párroco y autoridades católicas y evangélicas, no tuvieron ningún eco. Y a partir del 6 de octubre la respuesta del gobierno, parcializado a favor de la empresa, fue una represión en escalada. La comunidad fue invadida por decenas de antimotines, que pusieron retenes cerrando todos los accesos al poblado y los dirigentes sindicales despedidos fueron apresados y llevados a Managua a la cárcel de El Chipote, que ha sido denunciada por los tres organismos de derechos humanos del país por el maltrato y las torturas que allí se practican. Se acusó a los sindicalistas de un rosario de delitos, entre ellos hasta de “crimen organizado”.

UNA INSÓLITA REPRESIÓN

Como continuaban las marchas de la población exigiendo que los sindicalistas fueran reintegrados, que cuatro funcionarios de la B2Gold fueran despedidos y que se retiraran los policías del poblado, después de una semana de estar sitiada, el 17 de octubre en la madrugada Mina El Limón fue tomada violentamente por 400 antimotines.
Desataron en el poblado un operativo en el que emplearon gases y lanzallamas. Invadieron casas, detuvieron temporalmente a más de veinte hombres, aterrorizaron familias y destruyeron enseres. La iglesia católica también fue allanada. Diez policías y quince pobladores resultaron heridos. La mayoría de los hombres huyeron al monte a esconderse y las mujeres iniciaron marchas diarias desafiando a los policías antimotines, que permanecieron en la comunidad.
“La institucionalidad ha prevalecido para los once mil habitantes del distrito minero y para B2Gold”, dijo ese día el gerente de la transnacional en Nicaragua, dando por zanjado el conflicto. Fue hasta quince días después que se llegó a una “normalidad” relativa en el poblado y la mina volvió a trabajar. Al poner punto final a este texto (6 de noviembre), los sindicalistas seguían presos y en la comunidad continuaba la tensión.

¿QUÉ LE DEJAN
LAS MINERAS AL PAÍS?

¿Qué le dejan las mineras al país? El aporte a la economía de Nicaragua es mínimo, además de la devastación ambiental que causa la minería de oro -producir una onza, el material para un anillo, requiere extraer y remover más de 20 toneladas de roca y de suelos, y hay minas de oro que usan 250 mil litros de agua por hora-, según nos explicó Andrew McKinley, oficial de proyectos del Catholic Relief Services.
Leemos en el informe del Centro Humboldt: “Las empresas mineras sólo pagan una regalía del 3% por la cantidad extraída, deducible de los impuestos que casi no pagan, siendo ése el único ingreso directo que le queda al país, además del poco lucrativo impuesto de vigencia por superficie (25 centavos de dólar por hectárea concesionada, que aumenta el doble anualmente hasta alcanzar el máximo de 12 dólares por hectárea sólo cuando la concesión alcanza once años de operación)”.
“En 1952, cuando Nicaragua era ya una gran exportadora de oro -dijo a Envío Adolfo Acevedo-, el Banco Mundial cuestionó a las mineras una relación tan desigual. Planteó que el país de donde se extrae el oro debe compartir la renta del oro para obtener recursos con los que invertir en capital humano y en infraestructura básica y así poder compensar el agotamiento de un recurso no renovable. Con el 3% no están compartiendo nada. La riqueza se está yendo fuera y cuando concluya el auge minero, ¿qué quedará? Túneles vacíos, montañas desbaratadas por la minería a cielo abierto, aguas contaminadas y pueblos fantasma”.
Hasta hoy Mina El Limón ha producido ya unos 3 millones de onzas de oro y las proyecciones para 2015 son 55 mil-65 mil onzas. Según el gerente de la B2Gold, las reservas de oro de este lugar se agotarán a inicios del año 2018.

DANIEL ORTEGA:
“NO PODEMOS IR PARA ATRÁS”

En plena crisis en Mina El Limón, el 13 de octubre, Daniel Ortega dedicó buen tiempo de su extenso discurso en la celebración del aniversario del Ministerio de Gobernación a hablar de la minería en Nicaragua. Éstas fueron las ideas principales que compartió esa noche:
“No podemos ir para atrás. No hay condiciones para ir para atrás. Ir para atrás sería ahora, pasar las minas al Estado, nacionalizarlas. Eso no se puede hacer, ¡no se debe hacer! Sencillamente porque esas minas no podrían operar. No tiene el Estado nicaragüense los recursos para poder sostener la operación de una sola empresa minera…”
“¿Que las empresas mineras se llevan una buena ganancia? Es cierto, se la llevan. ¿Que eso no es justo? Es cierto, eso no es justo. Lo ideal sería que las empresas mineras se llevasen una ganancia razonable. Pero es que en el mundo de hoy ningún inversionista invierte un peso si no es para sacar un montón de pesos…”
“¿Cuál es la ventaja de la inversión? La ventaja es que genera trabajo, genera empleo de manera directa, también actividad comercial para toda la gente que vive en el pueblo, para la que vende comida, para la que lava ropa, para la que plancha, para la que tiene su venta de cervezas… ¿Cuál es el costo para el país? Que se llevan buena parte de la riqueza del país. Ésa es la ganancia que ellos sacan por arriesgarse a invertir en cualquier país, y en nuestro país, donde tenemos la fama de que aquí no se respeta la inversión extranjera…”
“No podemos ir para atrás, porque sencillamente no tenemos los recursos para hacer esas inversiones. Ya quisiéramos que Nicaragua tuviera tantos recursos como para hacer esas inversiones, y no depender del inversionista extranjero…”

“EL PUEBLO DELINCUENTE”

Como en todos los distritos mineros, en Mina El Limón hay zonas con paisaje lunar, la deforestación es patente y las aguas ya están contaminadas. Desde el año 2007 el Centro Humboldt ha venido haciendo pruebas para determinar el grado de contaminación que existe en la zona y ha confirmado presencia de cianuro en las fuentes de agua.
A finales de 2012, cuando Aracely Sánchez, una mujer embarazada de 28 años, pereció en Mina Santa Pancha, en el mismo distrito minero, al ser tragada su casa por los túneles abiertos por la mina, que han ido socavando el poblado, funcionarios del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) no fueron bienvenidos allí por su posición crítica al gobierno de Ortega. En esas fechas el Centro Humboldt detectó entre la población del centro minero “temor a denunciar a la empresa debido a que el gobierno municipal y el central se hacen oídos sordos”, temor a que si lo hacen perderán el empleo y temor a ser vistos con organizaciones ambientalistas.
Años después, con el despido de los sindicalistas parecen haberse superado esos temores. Tal vez eso, unido a la confianza de que siendo Mina El Limón un bastión del Frente Sandinista serían escuchados, los decidió a reclamar con fuerza derechos que estaban perdiendo. “Cuando el Frente no estaba en el gobierno, nos traían morteros y nos decían que peleáramos duro contra la empresa… ¿Y ahora vienen a atacarnos? ¿Ahora al “pueblo presidente” le llaman “pueblo delincuente”?, decía un sindicalista, decepcionado por la represión que ordenaba contra ellos el gobierno de su partido.
Hoy, las cosas van cambiando. Como explica en páginas siguientes el economista Adolfo Acevedo, detrás de éste y de otros conflictos lo que hay es una situación económica cada vez menos favorable para el gobierno. Y como sucede en cualquier país, comienzan a aparecer contradicciones que antes no se manifestaban y el poder autoritario responde con violencia.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Y VIOLENCIA DE RESPUESTA

Durante el conflicto en Mina El Limón fueron enfáticos y continuos los mensajes y consideraciones de la élite empresarial, acuerpada por dirigentes de los sindicatos oficialistas, condenando la violencia que ejercía la población. Insistían en que daña la imagen del país y frena la inversión extranjera.
Tal vez estemos entrando ya en Nicaragua en un tiempo en el que conviene recordar un mensaje central de Monseñor Romero, quien durante tres años vivió una etapa de extraordinaria violencia en El Salvador.
Opuesto siempre a la violencia como método para resolver conflictos, también diferenció siempre entre la “violencia institucionalizada” y la “violencia de respuesta”.
“La violencia institucionalizada es la que abusa de su poder… Un signo de los tiempos es un afán universal de liberación y ante la situación de violencia que se hace institución surgen movimientos de liberación que responden con violencia”, dijo en una de sus homilías en aquellos sangrientos años.
El arzobispo mártir era consciente de que la violencia de unos y de otros, al multiplicarse, se convierte siempre en una espiral de violencia incontrolable que perjudica principalmente a los más pobres e indefensos. Era también consciente de que la violencia institucionalizada termina siendo represiva y arrincona a quienes se ven forzados a hacer valer sus derechos optando por la “violencia de respuesta”. Ponerse de parte de los que así respondían fue lo que le costó la vida.

LA “MANO PACHONA”

Según el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce, en el conflicto de Mina El Limón hubo “mano pachona” de la oposición política “que intenta golpear la economía”. Se trataría de esa mano poderosa, que trabaja sin dar la cara, por debajo, de forma encubierta.
Carente de alternativa, dice Arce, la oposición “en su lógica retorcida trata de desvirtuar los logros económicos del gobierno” y pone en duda las estadísticas del Banco Central y las de la Seguridad Social, reclama por el uso que el gobierno ha dado a la cooperación petrolera venezolana y cuestiona las recientes mediciones que afirman la espectacular reducción de la pobreza en el país…
Es muy diferente la interpretación que, en páginas siguientes, hace de los datos que “redujeron” la pobreza el economista Adolfo Acevedo.
Según el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión, en Mina El Limón la respuesta represiva del gobierno al conflicto fue un experimento, una demostración anticipada de lo que le espera a cualquier movilización y protesta social de aprobarse la nueva Ley de Seguridad Soberana, que el 9 de octubre, en los mismos días Ortega envió a la Asamblea Nacional para su aprobación. “Con esa ley -dice Carrión- veremos un aumento de la criminalización de la protesta social y ahora quienes protesten serán traidores a la patria y su protesta será un delito contra la soberanía nacional”.

LA SEGURIDAD SOBERANA

La iniciativa de ley que, como todas las que ha enviado el Ejecutivo al Parlamento, podría ser aprobada de forma unánime por los votos de la mayoría absoluta de 63 diputados (sobre 92) que el partido de gobierno consiguió por fraude en las elecciones de 2011, es a juicio de juristas, constitucionalistas y expertos en seguridad, una ley que atenta contra los derechos democráticos, se coloca por encima de la Constitución, y es “innecesaria” porque ya existía desde 2010 la Ley de Seguridad Democrática, que le daba ya un gran protagonismo al Ejército.
“La Ley de Seguridad Soberana es la amenaza más seria que se cierne en estos momentos contra la vigencia de los Derechos Humanos en Nicaragua”, dijo de ella la Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez. La ley viene a profundizar el actual modelo, donde los cuerpos armados ya predominan sobre las instituciones civiles, y le otorga un peligroso y amplio margen de discrecionalidad al nuevo Sistema Nacional de Seguridad Soberana, que presidirá Ortega, para abusar de sus funciones en la resolución de conflictos sociales y políticos, que sean considerados riesgos o amenazas.

“LA MANO IMPERIAL”

“Seguridad soberana es Nicaragua unida en fe, familia y comunidad”: así definió este nuevo concepto -inexistente en la jurisprudencia mundial- Rosario Murillo, adosándole a la ley, que lleva su impronta en la redacción, la última de las consignas diseñada por ella para toda la propaganda del partido de gobierno.
“Seguridad soberana” fue un concepto mencionado y reclamado para todos los países del mundo hasta en seis ocasiones por el Vicepresidente Omar Halleslevens al leer el mensaje que Daniel Ortega envió a la 70 Asamblea General de Naciones Unidas.
En esa ocasión, Halleslevens denunció “cualquier forma de injerencismo, interferencia e intervención en los asuntos internos de Estados soberanos”, afirmando que “no hay región del planeta en donde la mano imperial no se muestre en forma de intrigas, agresiones, manipulaciones y todo tipo de injerencia articulada contra procesos democráticos legítimos y destinada a debilitar gobiernos e incidir en las instituciones alterando la armonía y generando interrupciones en la vida social, política y económica de nuestros pueblos”.
El determinado y crucial papel de la CICIG de Naciones Unidas en Guatemala para enfrentar y reducir la corrupción y la impunidad del gobierno y de la empresa privada. Y más todavía, la sorpresiva actuación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos acusando al clan hondureño de los Rosenthal de narcotraficantes y de usar su banco y sus empresas como una de las más importantes redes de lavado de dinero en Centroamérica, una región tan pequeña, en donde todas las oligarquías regionales están conectadas y comparten negocios, inversiones y transacciones, pueden haber aconsejado al gobernante de Nicaragua a blindarse más sólidamente con esta nueva ley.

MANAGUA: MARCHA 53
CONTRA EL CANAL

El martes 27 de octubre se realizó la tercera marcha nacional y la número 53 de las realizadas desde hace tres años protestando contra la construcción del Canal Interoceánico.
Cincuenta mil campesinos esperaban llegar a Managua esa mañana para marchar hacia la Asamblea Nacional exigiendo la derogación de la ley 840 que entregó la concesión canalera a la empresa china HKND.
Miles lograron llegar a la capital después de aguantar sueño, sol y hambre y algunos hasta 50 horas de camino, a veces en camión, a veces a pie, a veces a caballo, y después de superar obstáculo tras obstáculo calculadamente colocados por el gobierno para entorpecer su llegada a la capital.
Miles no pudieron llegar por esos obstáculos: tranques y retenes de policías armados en carreteras y caminos, amenazas policiales a los choferes de los camiones, decomiso de camiones, ponchadura de llantas de los camiones con clavos colocados por los mismos policías…

LES ESPERABA UNA TRAMPA

Ninguno de los que logró llegar a Managua pudo marchar ni una cuadra por la trampa que para ellos había tendido el gobierno en la capital, con el objeto de provocar un enfrentamiento que desembocaría en el apresamiento de los dirigentes del movimiento campesino.
Los campesinos venían con sus cutachas y sus machetes, instrumentos de trabajo, también con garrotes. En el obstaculizado camino a Managua los blandieron para pasar los retenes policiales, cuando la desproporción numérica los favorecía. Venían dispuestos a alzarlos también en Managua, pero entendieron la trampa que el gobierno preparó y, sabiéndose en territorio no conocido, con sensatez, y reafirmando que su lucha es cívica, no cayeron en ella y después de dos horas en la capital regresaron a sus lugares decididos a seguir luchando para defender sus tierras, el agua del Cocibolca y la soberanía nacional.
La trampa que les esperaba era un megaoperativo militar con centenares de antimotines armados y centenares de paramilitares, que se movilizan en moto, van armados, intimidan y agreden frente a los policías con total impunidad.
Además, el gobierno organizó para ese mismo día una contramarcha de apoyo a Ortega “por la paz y el trabajo” y “contra los malos hijos de Nicaragua”, en la que participaron simpatizantes del gobierno y miles de empleados estatales y alumnos de los colegios públicos, que ocuparon calles, rotondas y plazas de la capital.
En diciembre de 2014, cuando miles de campesinos llegaron a Managua en la primera marcha nacional contra el Canal no vimos un dispositivo tan colosal contra el movimiento campesino. Tampoco lo hubo en la marcha nacional celebrada en Juigalpa.

UN GOBIERNO
“SÓLO PARA ALGUNOS”

Antes de retirarse a sus tierras en Punta Gorda, Nueva Guinea, San Miguelito, El Tule y otros rincones desde donde llegaron, Francisca Ramírez, una de las líderes del movimiento campesino, dijo en su breve discurso: “Nos duele que este gobierno no es para todo el pueblo, sino sólo para algunos”.
Sí, resulta doloroso el continuo atentado contra la paz social en el país que ha decidido un gobierno que aún se denomina “de reconciliación y unidad nacional”.
El 27 de octubre no asistimos en la capital a una medición de fuerzas, no fue una marcha contra otra marcha. Hubo una marcha con total libertad de movilización, resguardada por la Policía y derrochando recursos públicos. Y hubo otra, también masiva, obstaculizada por un derroche de recursos públicos. Obstaculizada tal vez por el miedo…

¿LA SUMA
DE TODOS LOS MIEDOS?

¿Quieren controlar aún más la cooperación por miedo a que suceda algo similar a lo que ocurrió en Guatemala? ¿Cuánto pesan en el miedo los escalofríos que el caso Rosenthal provoca hoy en la ya integrada oligarquía financiera centroamericana? ¿Y cuánto pesa el oscuro horizonte que se avizora en Venezuela y el agotamiento del largo ciclo de gobiernos de izquierda en América Latina?
¿Rectificaron en Rancho Grande para frenar el ejemplo, por miedo a que creciera? ¿O fue sólo ese temor racional que sugiere guardar las apariencias? ¿Temen tanto la determinación de los campesinos que luchan contra el Canal, a quienes no han logrado frenar cuando marchan en sus territorios?
¿Se confiesan incapaces de resolver las reivindicaciones sociales sin acudir a la represión? ¿Saben ya que sólo podrán seguir gobernando haciendo uso de la fuerza? ¿Temen perder las calles si el descontento social se expresa libremente?
¿Es miedo a no poder responder a los varios frentes que tienen abiertos en el país? ¿Y a los que se les podrían abrir allende las fronteras? ¿Es miedo a verse presionados y forzados a transparentar el proceso electoral y a perder el poder? ¿Es la suma de todos esos miedos?

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