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  Número 404 | Noviembre 2015
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Nicaragua

Noticias del mes

PUTIN CONDECORA A ORTEGA
El 4 de noviembre Daniel Ortega recibió de manos de la Ministra de Salud de Rusia, Veronika Skvortsova, la Orden de la Amistad, condecoración que le enviaba el Presidente Vladimir Putin y que sólo otorga Rusia a Jefes de Estado.
La ministra afirmó que Rusia valora mucho las relaciones con Nicaragua y Ortega expresó que la condecoración “va en el pecho de todos nuestros héroes, de todos los mártires y la recibimos con mucho orgullo”. El gobierno ruso aprobó $14 millones para construir en Managua la primera etapa de una empresa que producirá vacunas contra la influenza, la poliomielitis y otras enfermedades.

LEY CIUDADANA
Hombres y mujeres pertenecientes a diversos sectores de la sociedad civil se presentaron el 20 de octubre a la Asamblea Nacional para pedir a los diputados que apoyen la “Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud”, introducida en la primera secretaría de la Asamblea el 6 de octubre. Leslie Briceño, representante legal del comité promotor de la iniciativa “Las queremos vivas”, informó que se recogieron 6,164 firmas para respaldar la propuesta de ley. Una iniciativa de ley ciudadana debe contar al menos con 5 mil firmas. El diputado del FSLN Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, dijo desconocer la iniciativa. La diputada del FSLN, Argentina Parajón, vicepresidenta de la Comisión de Salud y Seguridad Social, dijo que “no sabía nada” y que “sería inconstitucional aprobar algo así”. Ese mismo día, el comité promotor de esta iniciativa hizo pública una Carta a la Nación, en la que, entre otras cosas, dicen: “Para que no haya más muertes de mujeres por causas que se pueden evitar, hemos hecho ejercicio de nuestra ciudadanía amparados en lo que nuestra Constitución garantiza y precisa en la Ley de Participación Ciudadana”. La ley fue publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional, “donde está disponible para ser conocida y analizada por cada ciudadana y ciudadano interesado en el perfeccionamiento de nuestro sistema jurídico”.

CHICHIGALPA – PROTESTA SOCIAL
El 7 de octubre un grupo de ex-trabajadores del Ingenio San Antonio, víctimas de insuficiencia renal crónica, protestaron en las afueras de la Compañía Licorera Nacional, productora del ron “Flor de Caña”, en Chichigalpa, exigiendo indemnización por su enfermedad al consorcio empresarial más poderoso del país. Horas después, grupos de jóvenes saquearon una gasolinera, incendiaron el cajero automático de un banco, saquearon varias escuelas e incendiaron las oficinas de la alcaldía del municipio. Hubo enfrentamientos con la Policía, que llegó desde Managua a restablecer el orden, lo que consiguió hasta en la noche. Dora María Téllez, dirigente del MRS, en conferencia de prensa en Chichigalpa, denunció que en la protesta de los cañeros se infiltró “una ola de pandilleros asociados al gobierno” para desvirtuarla. Téllez señaló que esto lo está haciendo el partido de gobierno en otras protestas sociales.

EMBAJADORA DE EEUU
El 6 de octubre, después de entregar sus cartas credenciales al Canciller Samuel Santos, la nueva embajadora de EEUU en Nicaragua, Laura Dogu, dio su primera conferencia de prensa, en la que entre otras cosas afirmó: “Estados Unidos está comprometido con el principio de que los gobiernos deben reflejar la voluntad del pueblo y proteger los derechos básicos. Todas las personas anhelan ciertas cosas: la capacidad de expresarse y tener voz y voto en la forma de gobierno; confianza en el Estado de Derecho y en la administración equitativa de la justicia; un gobierno transparente; y la libertad de vivir según su elección”.

COSTA CARIBE – VIOLENCIA (1)
El 30 de octubre, cuando simpatizantes del partido indígena Yátama celebraban un aniversario más de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, promulgada en 1987, reclamando en las calles de Bilwi que el gobierno cumpla efectivamente esa ley y cumpla también con la etapa legal de saneamiento en los territorios indígenas, para que los colonos los abandonen o negocien con los pueblos originarios, fueron intimidados y agredidos por simpatizantes del FSLN, con el resultado de un simpatizante del FSLN muerto, en circunstancias no claras, y más de 40 lesionados.
El 12 de octubre, en una marcha en celebración del Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, ya había habido choques entre el partido de gobierno y simpatizantes de Yátama. Desde que Ortega decidió despojar de su diputación a Brooklyn Rivera, dirigente de Yátama, rota de esa forma la alianza de Yátama con el FSLN iniciada en 2006, la situación en la Costa Caribe Norte se ha enrarecido, mientras los enfrentamientos entre colonos mestizos y mískitos no han cesado, cada vez con mayor violencia, sin que el gobierno haga nada. La diputada mískita Evelyn Taylor, que perteneció a la alianza Yátama-FSLN afirmó este mes que la situación es ya la “antesala de una guerra”.

COSTA CARIBE – VIOLENCIA (2)
El 4 de noviembre, una delegación del partido indígena Yátama cruzó el río Coco, río Wangki para los mískitos, para encontrarse, ya en territorio hondureño, con Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial para los pueblos indígenas de Naciones Unidas, e informarle de la situación de violencia que viven los indígenas, asediados y perseguidos por colonos mestizos. El gobierno de Nicaragua no permitió la entrada en territorio nicaragüense de la funcionaria de la ONU. La delegación mískita entregó a la relatora un documento en el que resumen la situación de violencia que se vive en el Caribe Norte. Días antes, en su 156 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la denuncia del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJDHUCAN), dando cuenta documentada de la muerte de 24 indígenas, víctimas del ataque de colonos en sus territorios ancestrales y del incumplimiento del gobierno de la etapa de saneamiento de esos territorios, como ordena la Ley 445. En esta ocasión, la representación del Estado de Nicaragua minimizó ante la CIDH esas muertes, achacándolas a otras causas. La CIDH ordenó medidas cautelares para la protección de unos 1,500 pobladores de las comunidades mískistas del territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya y ordenó al Estado investigar los asesinatos y agresiones contra estas poblaciones.

CANAL–CARTA AL PRESIDENTE (1)
El Grupo Cocibolca, que agrupa a ocho organizaciones sociales y ambientalistas del país, envió el 26 de octubre una carta abierta al Presidente Ortega solicitándole la derogación urgente de la ley canalera, después de leer el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental y social que la empresa ERM hizo para la empresa china HKND, concesionaria del proyecto del Canal Interoceánico. El resumen, colocado en la web de HKND -dice la carta-, “evidencia la manera improvisada e irregular con que se procedió en el otorgamiento de esta concesión y la actitud cómplice o de colaborador complaciente de la empresa consultora ERM, al aceptar no observar los procedimientos establecidos en la legislación nacional y las buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, los Términos de Referencia para realizar el estudio fueron entregados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales a ERM después que dicha empresa había hecho el estudio de levantamiento de la línea de base. El Ministerio entregó los términos de referencia en octubre 2014 y ERM hizo el levantamiento de septiembre 2013 a noviembre 2014. Esto significa que ERM se enteró de los alcances de los estudios, apenas un mes antes de concluir su levantamiento de información y aceptó ser contratada por HKND sin conocer los alcances del trabajo requerido, al no contar con los términos de referencia para su estudio. Esto es inadmisible en términos de buenas prácticas internacionales”.

CANAL–CARTA AL PRESIDENTE (2)
En su carta al Presidente Ortega del 26 de octubre, el Grupo Cocibolca dice sobre el estudio de impacto ambiental y social elaborado por ERM para la empresa china HKND: “ERM no pudo obviar reconocer algunos hallazgos ya señalados por la comunidad científica nacional e internacional que hacen inviable el proyecto canalero”. Señalan que ERM reconoce en su estudio que “el proceso de expropiación de tierra y reubicación involuntaria no cumple con las normas internacionales...
La Ley 840 no es consistente con las normas internacionales en relación a la compensación y limita los derechos de los propietarios de las tierras a impugnar muchos aspectos del proceso de expropiación”. Dice también la carta que ERM “reconoce que el proyecto no podrá cumplir con 21 normas de desempeño del IFC… Esto significa que ninguna entidad financiera que se respete querrá poner en riesgo su capital ante tanta incertidumbre planteada”. También plantea que “el proyecto tendrá impactos adversos inevitables”, lo cual -dicen- reafirma los temores y denuncias realizados desde el inicio de este proceso, no sólo por la población afectada directamente, sino por los nicaragüenses que luchan por reivindicar la soberanía nacional, la defensa de los recursos naturales y el patrimonio nacional”.

CANAL – TRIBUNAL DEL AGUA
El Grupo Cocibolca denunció el 6 de octubre en Guatemala al Estado de Nicaragua y a la estatal Comisión del Gran Canal ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por los riesgos y afectaciones a los recursos hídricos que causará la construcción del Canal Interoceánico, poniendo en peligro la seguridad hídrica del país. El Tribunal, creado en 1992, aceptó la denuncia. El Tribunal del Agua es una instancia de justicia ambiental internacional, autónoma e independiente, compuesta por nueve juristas, técnicos, científicos y representantes de pueblos indígenas, que trabajan para contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Sus resoluciones no son vinculantes. Una vez concluida la etapa de recolección de pruebas y notificación, el Tribunal convocará al Grupo Cocibolca y a la representación del Estado a una audiencia pública en San Salvador en febrero de 2016 y en México D.F. en mayo o junio de 2016.

CANAL – ESTUDIO AMBIENTAL
En su discurso del 13 de octubre, conmemorando la fundación del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega pareció comenzar a “preparar el camino” para informar que el Canal Interoceánico no se hará, afirmando entre otras cosas: “El Gran Canal está en una fase de estudio medioambiental… que es el que tiene que dar la seguridad de que esta gran obra trae inmensos beneficios para todo el país… Este proyecto depende de que se concluyan los estudios medioambientales. Están bien avanzados pero se están haciendo otros estudios para completar los estudios y hasta entonces se podrá ya iniciar el trabajo del Gran Canal…” A juicio del ex-Canciller Francisco Aguirre Sacasa, el resumen ejecutivo que la empresa británica ERM realizó contratada por la empresa china HKND “concluye que ni HKND ni el Gobierno tienen la experiencia ni la capacidad para ejecutar un proyecto de la magnitud del Canal. Por eso recomienda que busquen el apoyo de instituciones como el Grupo del Banco Mundial y el BID para asesorarlos”. La conclusión de Aguirre Sacasa después de analizar el resumen ejecutivo es que “el estudio ERM no da una luz verde para proceder con el Canal aunque fuese financieramente viable, lo que considero improbable. Tampoco enciende una luz roja. Nos da una luz amarilla que nos advierte que el proyecto enfrenta enormes desafíos que, de no manejarse con cuidado y seriedad, podrían ser catastróficos para Nicaragua”.

ELECCIONES 2016
El 10 de octubre la coalición formada en torno al PLC de Arnoldo Alemán eligió como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre 2016 al conservador Noel Vidaurre. El 22 de octubre el Movimiento Renovador Sandinista firmó alianza con la coalición que lidera el PLI. El 29 de octubre se incorporó también a esa coalición la Unión Demócrata Cristiana. Miembros de la coalición que lidera el PLI han afirmado que se preparan, tanto para participar en las elecciones como para no participar, si no cambian las actuales condiciones políticas.

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