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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 389 | Agosto 2014
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Nicaragua

¿Cuánto tiempo nos va a durar el agua que hoy tenemos?

Ruth Selma Herrera, administradora de empresas, especializada en Economía Política y Políticas Públicas, investigadora en temas de agua y saneamiento, entre 2007 y 2010 Presidenta Ejecutiva de ENACAL (Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados), compartió con Envío la crítica situación en que se encuentran los recursos hídricos de Nicaragua, en una charla que transcribimos.

Ruth Selma Herrera

Aunque el tema del agua es esencial y tiene cierta complejidad comprender los problemas que presenta, casi nadie quiere dedicar ni un par de horas a reflexionar sobre este vital servicio. En general, la gente se preocupa sólo cuando le falta agua y los productores cuando llueve poco, pero casi nadie indaga las causas. Aun así, la experiencia nos indica que abordar todos los asuntos referidos al agua ayuda a sensibilizar a la población y es un tema muy útil para hacer trabajo educativo con los jóvenes. También es un tema importante en el que se deben educar quienes quieren gobernar un país.En Nicaragua el sector agua ha sido la cenicienta de las inversiones públicas. No hemos tenido ni un solo gobierno que entienda el problema del agua en su justa dimensión y menos aún que le dé prioridad en su gestión, lo que es una tragedia. Si hubiéramos tenido algún gobierno con voluntad y capacidad para entender qué significa manejar adecuadamente los ecosistemas que producen agua, conservarla, gestionarla responsablemente, desarrollar infraestructura que permita captarla (cosecharla), almacenarla y distribuirla con eficiencia, nuestro país no estaría en las preocupantes condiciones que hoy enfrentamos.

En Nicaragua se habla ahora con entusiasmo de inversiones en energía y en comunicaciones y hasta de un Canal Interoceánico, pero ¿quién quiere discutir seriamente de inversiones en agua? El agua, un tema vital, no está en la agenda de los funcionarios públicos y desafortunadamente tampoco en la de líderes sociales, políticos y religiosos. Y si no ponemos el agua en la agenda social, comunitaria y gremial, ¿qué perspectivas tenemos de futuro?

Veamos algunos datos del panorama nada alentador del recurso agua en Nicaragua. En muchos escritos se repite que somos un país privilegiado porque cada nicaragüense dispone de un per cápita de 38,600 metros cúbicos de agua al año. Nuestro país aparece así con ventajas sobre el resto de Centroamérica y como un territorio con la mayor disponibilidad de agua en el continente. Pero, desde la perspectiva del uso efectivo que hacemos del agua, ésa es una cifra artificial. La obtienen sumando el nivel de precipitaciones y lo que contienen nuestros cuerpos de agua, le restan las escorrentías que se van al mar y dividen ese total entre la población total. El resultado es esa cifra maravillosa… y engañosa, un concepto similar al del ingreso per cápita, que divide el ingreso total del país entre todos los habitantes y establece cuánto nos “corresponde” a cada nicaragüense. Teóricamente, todos tenemos un buen ingreso, pero ya sabemos quiénes se quedan con la mayor parte del ingreso nacional… Suponiendo que la cifra sobre la disponibilidad de tanta agua tenga algo de verdad, mientras no se desarrolle la infraestructura necesaria para almacenar, tratar, distribuir y depurar el agua no se puede medir de qué manera nos beneficia ese per cápita de agua.

Examinemos algunos datos más reales. El agua para el consumo humano se obtiene del manto freático -del subsuelo-, de los ríos y de otros cuerpos de agua superficial como lagos y lagunas. En la zona del Pacífico, la más poblada del país, desde Rivas hasta Chinandega, y en parte del Centro Norte, el 90% del agua que usamos la sacamos del subsuelo. En esa parte del país se encuentra el 93% de toda el agua subterránea con que contamos en Nicaragua. ¿Qué sucede con el agua superficial? De los 75 ríos que hay en Nicaragua, casi el 90% están en la Costa Caribe. En el Pacífico hay pocos ríos, muchos secos en la temporada de verano. Son ríos estacionales, cortos y de bajo caudal, con el agravante de que casi todos están muy contaminados. No imagino a alguien bebiendo agua de los ríos Ochomogo, Bambana, Acome, Tipitapa, Río Chiquito, Tuma, el Río Grande de Matagalpa o de la laguna de Tiscapa y del Lago Xolotlán en los próximos cien años... Los grandes ríos de Nicaragua, los verdaderamente caudalosos, drenan hacia el mar Caribe, en extensas zonas donde se carece de agua subterránea porque la formación geológica y el tipo de suelos no favorece la infiltración y el almacenamiento de agua. Es contradictorio, pero la mayoría de nuestros ancestros se asentaron donde hay menos agua superficial, lo que caracteriza hoy nuestro mapa del agua.Por eso, en las zonas más pobladas de Nicaragua estamos usando para consumo humano y para las actividades productivas el agua que extraemos del manto acuífero, pero no hacemos nada para recargar esas reservas. El 70% del agua que se extrae del subsuelo la emplean los grandes productores para regar enormes extensiones de caña de azúcar, maní y arroz, productos de exportación que enriquecen sólo a unos pocos. Un 15% del agua subterránea la usan las industrias, entre ellas las embotelladoras de agua, cerveza, licor, leche y refrescos, también en manos de grandes productores. Apenas el 6% del agua que se extrae del subsuelo se destina al consumo humano.

Para llegar al agua que guarda el subsuelo es necesario invertir en perforar pozos, en construir sistemas de bombeo a base de energía eléctrica para sacar el agua, en construir grandes tanques donde se pueda almacenar el agua y darle tratamiento y en instalar amplias redes de distribución. En Managua, donde se concentra más población, hay cerca de 160 pozos que administra ENACAL para abastecer a más de 600 barrios y asentamientos, ya que la Laguna Asososca provee sólo el 9% del consumo de la capital. En el resto del país hay unos 600 pozos más destinados al consumo humano. Cubren parcialmente la demanda de agua en los municipios. Se estima que aún tenemos 50 municipios de los 153 del país donde hay deficiencias serias en el suministro de agua, lo que no significa que la ciudad de Managua tenga toda su demanda satisfecha. Menos satisfecha aún la tienen las zonas semirurales del municipio de Managua.

El estadounidense Centro Yale para Estudios de Leyes y Políticas sobre el Medio Ambiente, situó en 2010 a Nicaragua en la lista de países que tienen estrés de agua, atendiendo el volumen de agua que comparte la población, otorgándole a nuestro país 42.3 en desempeño ambiental y calificando la situación del agua en categoría de “escasez”. Ocupamos la posición 136 en una lista de 163 países.

Para no abusar de las aguas del subsuelo deberíamos estar construyendo embalses en casi todo el país. En algunas zonas del Pacífico podrían realizarse con inversiones similares a las que requieren los pozos. Para operar los embalses se requeriría de menos energía eléctrica y se reducirían las perforaciones excesivas de pozos en ciudades como Jinotepe, Diriamba, La Concha y Masaya, donde se construyen hasta a mil pies de profundidad. Hay agua en nuestro subsuelo por las recargas del manto freático en los últimos cincuenta o cien años y hoy estamos consumiendo esa agua que la Naturaleza ha guardado, pero no la estamos reponiendo. Esas aguas tienen un límite. Recargar el manto acuífero significa hacer obras que reduzcan la velocidad de las escorrentías, usar métodos de retención e infiltración, además de sembrar y cuidar muchos árboles que restituyan la capa vegetal. Diversas empresas del sector privado de la capital explotan sin control más de 300 pozos en las tres subcuencas de Managua y no pagan un canon por el uso de esa agua ni pagan servicios ambientales, a pesar de estar contribuyendo aceleradamente al deterioro de los acuíferos.

Se acude también al agua subterránea al tener tantos ríos ya contaminados, hecho que continúa agravándose año tras año con diversos desechos y residuos de origen doméstico, agrícola e industrial, En algunos países desarrollados tratan el agua contaminada, la depuran e incluso reciclan las aguas servidas, empleando plantas de tratamiento que requieren grandes inversiones. En Nicaragua estamos muy lejos de acceder a tecnologías tan costosas, y no deberíamos necesitarlas si administráramos responsablemente nuestros recursos naturales.

Nicaragua ha venido perdiendo de forma acelerada su capa vegetal, por el inmisericorde despale de los madereros, de los colonos que avanzan en la frontera agrícola para establecer pastos para la ganadería extensiva, y de quienes cortan los árboles para leña comercial. En 70 años el paisaje boscoso de Nicaragua se transformó en extensas zonas secas y áridas donde se han reducido las fuentes de agua. Las políticas forestales no se cumplen y apenas se realizan algunas iniciativas de reforestación que no logran mitigar el despale. En los años de la Revolución hubo entusiasmo y campañas para reforestar. Quedan algunos vestigios en pinares que se sembraron en Matagalpa y Estelí. Hace una década se aprobó una veda forestal y se reformó la ley sectorial, pero no se detuvo el corte de todas las especies maderables. Aunque todos los años se conocen nuevas iniciativas, hay que admitir que no estamos reforestando adecuadamente y con éxito. Reforestar no es una campaña mediática de gente con camisetas bonitas que siembra arbolitos llena de satisfacción. Para ser eficaces esas campañas, deben sembrarse árboles afines al ecosistema y cada árbol debe regarse, a cada uno debe limpiársele la maleza, hay que carrilarlos para que les entre sol y cuidarlas los primeros años para que soporten las condiciones ambientales. De lo contrario, las campañas quedan en buenas intenciones y sólo contribuyen a tapar la real deforestación que avanza aceleradamente.

El desastre ambiental que está destruyendo Bosawás, la extracción de madera en zonas de Nueva Segovia, Chinandega, Matagalpa y otros departamentos del país, las amenazas sobre la Reserva Indio Maíz, así como la cantidad de madera que día a día se está extrayendo-con licencias del INAFOR- y a la vista de las autoridades, nos hacen pensar que este gobierno, que muchos pensamos que tendría una política ambiental positiva, ha resultado ser un fiasco. Nos preguntamos por qué no funciona el Batallón Ecológico del Ejército, instalado en la Reserva de Bosawás y creado desde el gobierno de Bolaños… En las narices del batallón salen diariamente de Bosawás treinta, cuarenta, cincuenta camiones cargados con rollos de madera. ¿De quiénes son esos camiones? Es conocido que una buena parte son de Alba Forestal, otros de grandes e intocables empresarios allegados al gobierno, que justifican el corte argumentando que siembran muchos árboles...

Las denuncias son públicas y entidades como el MARENA (Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente), INAFOR (Instituto Nacional Forestal) y las alcaldías no actúan. Son conocidas las protestas de pobladores de San Ramón -en El Arenal y Yucul-, en la Reserva del Chonco en Chinandega, en el Triángulo Minero y recientemente en Ocotal. Aun así, todavía hay en nuestro territorio algunos núcleos de bosque ubicados en unas 50 reservas privadas, pero también están muy amenazados. Realmente, no hay voluntad política en el gobierno, la mayoría de los productores carece de conciencia ambiental y es casi inexistente la organización de la población para frenar la deforestación. La capa vegetal es la que permite que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo y allí se conserve. Y como estamos consumiendo aceleradamente el agua del subsuelo y deforestando, nuestro futuro está en riesgo. Pareciera que no deseamos darnos cuenta de lo que esto significa para la vida misma de los nicaragüenses.

Como siempre sucede en Nicaragua, lo que falla no es el marco jurídico, pues tenemos un bien desarrollado cuerpo de leyes para el agua, desde la Ley del Medio Ambiente, Ley 217, promulgada en 1996, a la que siguieron la Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620 -que elaboramos y propusimos como iniciativa ciudadana en 2003 y logramos que se aprobara entre 2006 y 2007, durante los gobiernos de Bolaños y de Ortega-, y más recientemente la que regula los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), aprobada en 2010. También están la Ley 275 creadora del ente rector, el INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), y la Ley 276 creadora de la empresa estatal ENACAL. En 1998 se separaron las funciones reguladoras de las operadoras del servicio. Lo relativo a delitos ambientales se incluyó en el recién reformado Código Penal. También continúa vigente la Ley 297, Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, aprobada en 1998 cuando se alentó la creación de un marco jurídico para la privatización de los servicios públicos.

Les contaré una anécdota que muestra cómo en nuestro país en lugar del marco jurídico se impone la voluntad política.
Cuando dirigía ENACAL, para compensar el hecho que los diputados al aprobar la Ley de Aguas no quisieron incluir los cánones que deben pagar las empresas por el riego en productos de exportación y por el uso comercial e industrial del agua, preparamos un decreto presidencial que establecía una tarifa por metro cúbico de agua, a fin de usar los fondos que captáramos en inversiones en el mantenimiento de los acuíferos que estos empresarios explotaban. Tuvimos reuniones con el COSEP. Les mostramos el mapa del agua y la importancia de sus aportes. ¿Qué nos respondieron? El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, lideró el recurso de amparo contra el decreto, que no pudo entrar en vigencia. Después, esos empresarios negociaron con el gobierno que sólo las industrias embotelladoras pagarían el canon. Pero también recurrieron contra la acción reguladora de ese canon. Fue hasta 2011 que la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución que establecía que pagarían la ridícula cifra de 0.5 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua consumida. ¡Una limosna, una miseria! Pagan 1 córdoba con 3 centavos por cada metro cúbico de agua que extraen, mientras la tarifa para los asentamientos está cercana a los 3 córdobas por metro cúbico. De un metro cúbico, que son mil litros, las industrias envasan 2 mil botellas de medio litro, que venden a 20 córdobas cada una. Saquen la cuenta: por 40 mil córdobas de ingresos pagan 1.30 córdobas de canon y la gente más pobre paga el triple de lo que pagan por el agua los dueños de la Cervecería, del Ron, de la Coca Cola, de la Parmalat, de cualquier industria que emplea cantidades de agua como insumo básico. Está bien que hagan negocios, pero es justo que paguen un tributo que permita al Estado realizar inversiones públicas en conservar los recursos hídricos que favorecen a toda la población.

En 2007 culminó la aprobación de la Ley de Aguas. Esa ley establece que en un año se aprobaría la ley de cánones.
Han pasado ocho años y no se ha aprobado la tarifa que debe cobrarse a quienes usan, en la agroindustria
o en la industria, el 85% del agua extraída del subsuelo. Todo nos indica que se continuará subsidiando a los grandes exportadores, a las industrias embotelladoras y a los hoteles de cinco estrellas. Esto sólo se explica porque ningún gobernante, funcionario, magistrado o diputado quiere “tocarle a bolsa” a la gran empresa. Esa complacencia la comparte el actual gobierno con los precedentes. Todos han protegido a quienes usan las aguas subterráneas para negocios de alta rentabilidad, caña de azúcar, maní, arroz, licores, refrescos, lácteos... Todos han ignorado la obligación de pagar por el agua que tienen los más acaudalados del país.

Otro hecho, económico y legal, que quiero comentarles es que al servicio de agua potable y saneamiento no se le están asignando los fondos que les corresponden. En 1998 se modificaron las leyes que regulan los servicios públicos abriendo espacios para su privatización. Se incluyó en esas leyes que el gobierno debería reembolsarle a las empresas operadoras de agua y energía los montos otorgados como subsidio a las familias más pobres, a las que se les factura el agua y la luz por debajo de los costos del servicio. Así aprobaron un nuevo marco jurídico para privatizar la energía, las comunicaciones y el agua, sólo que en el caso del agua no elaboraron una ley específica. Desde la Red de Defensa de los Consumidores descubrimos y denunciamos en el año 2000 la estrategia de los gobiernos de Alemán y de Bolaños para privatizar el agua, y los planes del BID para financiar ese proceso. Dimos inicio a una intensa lucha para impedir la privatización del agua y desde el movimiento social y ciudadano que fue la Red presentamos en 2003 la iniciativa de la Ley General de Aguas. En 2006, y después de una movilización sostenida, conseguimos que se aprobara la primera parte. En 2007 se concluyó la aprobación y en 2008 participamos en la elaboración del primer Reglamento General. Así quedó enterrada momentáneamente la pretensión de privatizar este vital servicio. En Matagalpa y Jinotega se había entregado ya en concesión el servicio de agua a una empresa inglesa, la BIWater, que lo administró durante cinco años. En 2009, siendo titular de ENACAL, revertimos esa decisión y ahora el servicio volvió a ser allí de gestión estatal.

Quedó vigente la Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley 297 de 1998), que fue elaborada y aprobada pensando que el agua sería privatizada, tal como sucedió con la energía. Esa ley contempla que el Estado pague los subsidios que las empresas operadoras dan a las familias de bajo consumo. Lo que ha sucedido es que, mientras a las empresas generadoras y distribuidoras de energía sí les reembolsa el Estado ese subsidio, a ENACAL, que es empresa estatal, nunca se lo dan, imposibilitándole cubrir los altos costos que tiene, en parte por la obsolescencia de las redes y en parte por el incosteable convenio colectivo que se le ha impuesto a ENACAL con fines partidarios. Resultado: en agua y en energía el 70% de las familias reciben subsidio. Mientras que en 2010 ENACAL invertía 12 córdobas por cada metro cuadrado de agua producido, sólo cobraba 3 córdobas a las familia de los asentamientos pobres. Eso implicaba que el Estado debía reembolsarle a ENACAL 9 córdobas. Pero, aún a sabiendas que el esquema jurídico prevé ese reembolso, ningún gobierno le reembolsó nunca nada a ENACAL, tampoco este gobierno. ¿Y por qué sí le reembolsan disciplinadamente los subsidios a Unión Fenosa o a TSK, empresas privadas? Yo estoy segura que si hubiesen privatizado el agua sí le estarían reembolsando el subsidio a la empresa privada dueña del negocio del agua. ¿Qué dudas nos surgen? Que la intención de este gobierno sea llevar a la quiebra a ENACAL para así justificar la privatización del agua, obviamente como un nuevo negocio del consorcio Albanisa. Cuando estuvimos en ENACAL logramos colocar en casi cuatro años a esta empresa estatal en un nivel de equilibrio financiero que era impensable al recibir su gestión, cuando tenía 34 millones de córdobas de déficit mensual. Cuatro años después, en 2014, está de nuevo técnicamente en quiebra.

El gobierno actual, como los gobiernos anteriores, han sido tacaños con el agua. De hecho, los proyectos de agua que se han ejecutado y que se siguen ejecutando han sido posibles fundamentalmente con fondos de la cooperación internacional. El 95% de los proyectos que me tocó dirigir en ENACAL se hicieron con fondos externos. El ejemplo más claro es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Managua, inaugurado en 2009, que tuvo un costo de casi 100 millones de dólares. El BID financió colectoras e interceptores, los nórdicos todas las estaciones de bombeo que hay desde Acahualinca hasta la planta, y la KFW de Alemania donó toda la planta de tratamiento y las naves de secado solar. Gracias a esa obra se colectan y tratan cerca del 50% de las aguas servidas de la capital. En el resto del país hay apenas 28 plantas de tratamiento, muchas de ellas saturadas, pese a que hay al menos 55 ciudades que deberían tenerlas. Recordemos siempre que toda el agua que entra limpia a nuestros hogares, sale contaminada. Si no se tratan esas aguas, las estamos devolviendo a la Naturaleza, a los ríos, lagunas, lagos y al subsuelo llenas de todo tipo de desechos, grasas y bacterias.

Las entidades de la cooperación internacional, en nombre de pueblos y gobiernos solidarios, han hecho mucho en Nicaragua por el agua y debemos estarles agradecidos. Sin embargo, el esquema bajo el cual se organiza la ejecución de los grandes proyectos de agua en los que participa el BID, el Banco Mundial, el BCIE, encarecen las obras o nos endeudan en demasía, ya que solamente empresas internacionales con determinado perfil llenan los requisitos señalados en los términos de referencia, y eso dispara los costos. En esos proyectos se aplican salarios de 8 a 12 mil euros mensuales, según la política fiscal de los países de Europa. Incluso, los costos de los insumos y los equipos tienen los precios de las economías desarrolladas. Eso lo encarece todo. Muchos de los sistemas de agua pudieron construirse con la mitad o la cuarta parte del presupuesto aprobado. El acueducto de Juigalpa costó 40 millones de dólares, el de mejoramiento de agua en Granada 25 millones de dólares y un fallido sistema de desalinización de agua en Bluefields salió por ese mismo costo.

Se hace un uso ineficiente de los fondos de la cooperación cuando las obras quedan con defectos evidentes u ocultos y ante esto es común que funcionarios y profesionales del sector agua bajen la guardia y no supervisen decuadamente el trabajo de las empresas extranjeras, que no siempre diseñan o ejecutan bien las obras porque recurren a subcontratos donde persiguen ahorrar al máximo. Hay unas cuantas evidencias de esos fallos. Es el caso del proyecto de agua de Bluefields, construido durante el gobierno de Bolaños. Es el caso de los diseños iniciales de los sistemas de agua de Boaco y Granada, durante ese mismo período. Hace pocos años, la cooperación española imponía, con los fondos FAD, comprar incluso el 70% de los insumos en España y muchos de esos insumos no se correspondían con las nomas centroamericanas.

Otra crítica que hago a la cooperación internacional son los extensos procedimientos burocráticos que le dan al ciclo de cada proyecto, de tal forma que entre la presentación del perfil, las revisiones, las discusiones oficiales, la aprobación, la oficialización, las idas y venidas hasta pasar por la Asamblea Nacional, para luego definir listas cortas de oferentes, aprobar los términos de referencia, licitar, contratar, realizar estudios de factibilidad, seleccionar, contratar, hacer los entrenamientos y finalmente ejecutar la obra pasan entre cinco y siete años. La gente de Boaco soñó durante 70 años con su proyecto de agua, y cuando ya estaba a las puertas de iniciar apareció el drama de que estaba mal diseñado y los costos eran irreales. En ese proyecto nos tocó ver cosas que daban ganas de llorar, entre ellas que había que construir una presa de 117 metros, pero en el plano aparecían solo 70 metros de ancho. Obviamente, el diseño se hizo desde otro país o desde un escritorio. Algo parecido ocurrió con la proyección de los tanques. ¿Cómo puede una empresa internacional hacer algo así? En 2007, al supervisar el proyecto de agua en Ciudad Sandino, tuvimos que reclamar la sustitución de 20 kilómetros de tubería para agua potable porque habían colocado las que se usan en redes sanitarias. Igual sucede con algunos sistemas rurales de agua, donde los diseños y la calidad de las obras minimizan su vida útil o su sostenibilidad.

Debemos dar la bienvenida a la cooperación y ser agradecidos con la labor que desarrollan las ONG en temas de agua, pero la gestión pública debería tener la iniciativa, y hacerlo desde la municipalidad, aprovechando los recursos de la cooperación e involucrando a empresarios locales que pueden respaldar las inversiones en agua. La Ley de Aguas contempla la creación de los Consejos de Cuencas y los Consejos de Subcuencas para que participen todos los actores locales, los productores, las organizaciones comunitarias, las ONG, las universidades y los usuarios. Es un modelo que se estableció para favorecer la discusión por cuencas, ya que varios municipios comparten una misma cuenca o una subcuenca. Pero ese modelo no se ha implementado. Paralelamente, debe exigirse a las alcaldías más empeño en la gestión de los sistemas de agua, pues existen al menos 25 municipios en donde la administración del agua está en manos de los gobiernos locales y en algunos los resultados son desastrosos, especialmente en la calidad del agua, porque se han abandonado las inversiones.

ENACAL produce 365 millones de metros cúbicos de agua al año, una cantidad difícil de imaginar. Managua consume 160 millones de metros cúbicos de agua al año. Diariamente la capital consume 238 mil metros cúbicos. Es bastante agua, pero aún no es suficiente. Y no lo es porque casi la mitad de esa agua no llega a los usuarios porque se pierde en redes obsoletas, en tuberías y medidores rotos. A eso le llaman “agua no facturada”, agua que se extrae, se bombea con energía, se clora, se mete a las redes, consume un montón de recursos, pero no siempre llega a la gente porque hay muchas fugas que se producen en las uniones entre las tuberías más antiguas, de cemento, con las de hierro, y con las de PVC. También se pierde cuando las tuberías se rompen por el tráfico de vehículos pesados o por los movimientos sísmicos y, a veces también por quienes hacen conexiones ilegales en las redes. Hay muchas deficiencias en las redes de distribución de agua de Managua y en las de casi todo el país.
Faltan recursos para dar mantenimiento a las redes. Tampoco se le da mantenimiento a las redes de aguas servidas del alcantarillado y a la cadena de manjoles. La solución es seguir sustituyendo muchos kilómetros de tuberías y reparar continuamente las que hay. En otros países la solución es introducir tuberías flexibles dentro de las tuberías viejas. Ésa sería una buena solución, pero cuando lo planteamos al gobierno dicen que es muy caro y que los recursos son limitados. Y no se tiene en cuenta cuántos recursos se gastan en un agua que finalmente se pierde, que no se aprovecha.

Ante el panorama nada alentador sobre el agua que tenemos y como la usamos, la pregunta que debemos hacernos es cuánto tiempo nos van a durar las fuentes de agua que hoy utilizamos. El agua del subsuelo se está reduciendo y con el cambio climático, la sequía y la deforestación, con la pérdida de lluvias y de capa vegetal, se reducirá aún más. ¿De dónde la vamos a sacar? De hecho, ya estaba previsto que en los próximos veinte años Managua consumiría agua del lago Cocibolca… Pero hoy esa agua está amenazada si se construye el Canal Interoceánico.

Para mientras se hacen las obras que traigan agua del lago a la capital, tendremos que usar la del subsuelo de una zona ubicada entre Ticuantepe y Sabana Grande. Allí están las más importantes reservas subterráneas de la capital. Pero también están en riesgo. Porque ahí, exactamente en esa zona, se han instalado 120 nuevas urbanizadoras, que en vez de construir sistemas adecuados para tratar las aguas servidas de las casas que están construyendo, para ahorrar dinero hicieron unas grandes fosas sépticas. El riesgo es que ésos son terrenos de roca fracturada y las partículas contaminantes de las aguas servidas se pueden infiltrar en las reservas de agua del subsuelo. Es otro ejemplo que ilustra el temor que existe a tocarles la bolsa a los empresarios, en este caso a los urbanizadores irresponsables, que son la mayoría. Son protegidos por este gobierno, algunos funcionarios son socios de esos negocios y otros son allegados a gente con poder. Por eso no los tocan. ¿Quién les exige a los gobiernos municipales de Managua, Nindirí o Ticuantepe, de todos los municipios cercanos a esa importante reserva de agua que las urbanizadoras cumplan?

¿Y qué haremos cuando se agoten esas reservas? Lo único que nos quedará es el agua del lago Cocibolca. La gente no dimensiona lo que nos puede pasar. De ahí la trascendencia de conservar a toda costa ese gigantesco cuerpo de agua, que es el Cocibolca, el principal recurso natural de nuestro país, la mayor reserva de agua dulce de Nicaragua y de Centroamérica. En la Ley de Aguas establecimos un artículo que consigna la importancia del lago, pero ahora no vemos ninguna voluntad política de respetarlo. Textualmente dice el artículo 97 de la ley: “Es responsabilidad del Estado, con la participación de los gobiernos municipales, asociaciones de municipios, sector privado, organizaciones no gubernamentales y población en general, la protección, conservación y destino de las aguas del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca. Este lago deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional, debiéndose establecer mecanismos y regulaciones específicas que aseguren y regulen la productividad del agua y al mismo tiempo que aseguren el mantenimiento e incremento de los caudales que permitan el desarrollo de las actividades económicas, sin menoscabo de la producción de agua, tanto en cantidad como en calidad, prohibiendo la introducción y cultivo de especies exóticas invasoras, igual que evitando la contaminación del recurso y el deterioro de sus ecosistemas por vertidos industriales y domésticos”.

Managua no es Nicaragua. En el resto del país hay también problemas muy serios con el agua. Departamentos como Chinandega y León tienen suficiente agua en el subsuelo, son departamentos con un ecosistema privilegiado por la presencia de los volcanes, un buen régimen de lluvias y un suelo con unas arenas que permiten infiltrar bien el agua, que aparece relativamente cerca de la superficie. Pero en Estelí y en Las Segovias están prácticamente sin agua. Allí no existen las reservas que tenemos en el subsuelo del Pacífico. Ocotal es la ciudad más seca de Nicaragua, la ciudad con menos reservas de agua del país, aun cuando pasa por ahí el río Dipilto, un río que debería contar con un sistema de almacenamiento que permitiera abastecer a toda la ciudad. Pero esa inversión no se ha hecho. Matagalpa enfrenta serios problemas de agua. Se despaló la subcuenca de San Francisco y no ha sido reforestada, pese a los aportes de la cooperación internacional. La mayoría del agua que recibe la ciudad viene del Valle de Sébaco mediante un sistema de bombeo que recorre más de 5 kilómetros. Debemos saber que la extracción de agua del subsuelo tiene un límite porque se corre el riesgo de extraer también algunos metales pesados como el arsénico. Existen zonas identificadas en Estelí, Matagalpa, Boaco y Chontales, en las que hay presencia de arsénico en el subsuelo.

En algunas comunidades rurales de San Isidro, Ciudad Darío, Terrabona, San Ramón y La Dalia el escenario es desalentador por la sequía. Se aprecian zarzales que indican que ahí no cae una gota de agua, quebradas secas, pedregales. Igual sucede en áreas secas de Boaco y Chontales, donde prácticamente ya no hay ríos o son ríos sólo con agua estacional. Desde ENACAL íbamos a esos dos departamentos a hacer pozos y de diez pozos que se perforaban sólo uno daba agua y en pequeñas cantidades. El despale en Chontales se hizo para destinar más tierras a la ganadería extensiva. El resultado ha sido devastador. Por eso se habla de la “chontalización” de Nicaragua cuando se menciona la tragedia de la deforestación. En Juigalpa, la capital de Chontales, se quedaron sin agua en el subsuelo y desde hace unos años empezaron a consumir agua del lago Cocibolca a través del proyecto en Puerto Díaz, cuya tubería de acceso al Cocibolca recorre 27 kilómetros. Un sistema similar se desarrolló para el municipio turístico de San Juan del Sur. Este sistema inicia con tomas en la zona de La Virgen, en Rivas. Ambos sistemas están amenazados ahora con la construcción del Canal Interoceánico. Otras ciudades como Rivas, Granada, Acoyapa, San Carlos, Ometepe y Cárdenas podrían tener sistemas similares para apagar la sed con aguas del Cocibolca, pero carecen de los diseños y no han gestionado los fondos.

Desde hace años deberían estarse realizando inversiones públicas en embalses adecuados para almacenar el agua de lluvia a diversa escala, tanto para el consumo humano como para la producción, especialmente para la pequeña producción. Pero no hay señales de receptividad ante estas propuestas, en las que deberían volcarse los recursos del gobierno central, de las municipalidades, obras de captación de agua donde deberíamos ver trabajando a los miembros del Ejército Nacional.

No quiero ser apocalíptica, pero el panorama es dramático. Estamos perdiendo muchas fuentes de agua superficiales, hay manantiales que ya no brotan, quebradas que han ido desapareciendo, varios de nuestros ríos, unos 20 de los 75 que tenemos en el país, se han secado totalmente, mientras continuamos sobreexplotando el manto freático y avanza el despale. Para colmo, los madereros están dañando ya zonas del núcleo de la Reserva de Bosawás, un ecosistema importante no sólo para Nicaragua, sino para toda Centroamérica, para todo el continente. Ese ecosistema tan valioso está siendo destruido aceleradamente. Y con su destrucción se reducirá la disponibilidad de agua en zonas del Norte y Centro del país.

Si tenemos ríos contaminados, si no recargamos los acuíferos subterráneos, si destruimos Bosawás y si destinamos
el lago Cocibolca a un Canal Interoceánico para que pasen barcos en beneficio del comercio mundial, ¿de dónde vamos a tomar agua? ¿No les parece que esos 38 mil 600 metros cúbicos de agua per cápita que nos atribuyen a cada nicaragüense no son más que una fantasía?

Un gobierno serio, un buen gobierno, debería estarse preguntando ya de dónde vamos a tener agua para la población en los próximos 25 años. En el Reglamento que hicimos para la Ley de Aguas se establece que es una obligación del Estado y de cada municipio identificar, planificar y conservar las fuentes de agua que cada comunidad tendrá para el consumo humano. Y hasta ahora, lo único que he visto que hace la Autoridad del Agua es autorizar nuevos pozos a las empresas privadas. No hay indicios de que los municipios estén volcados hacia esas tareas. Y no sólo se trata de garantizar el agua para el consumo humano, sino también para la producción y la seguridad alimentaria. Muchos empresarios hablan de que nuestro futuro es el turismo. Pero a los turistas no les gusta estar en lugares donde no hay agua o donde el agua no es segura. Hay suficientes razones para hacer de Nicaragua un país turístico, reforestado, que conserva sus fuentes de agua, que evita su contaminación. Un país que hasta podría exportar agua, porque ya hay otros países donde el agua es escasa y la están importando. El negocio de exportar agua a países vecinos, a El Salvador, que tiene una escasez enorme de agua, o al norte de Costa Rica, sería de mayor rentabilidad para Nicaragua que los ingresos que tendremos por el cuestionado Canal.

Ante la falta de información pública he utilizado datos de un amigo que lleva registros de las precipitaciones en Managua. Estamos frente a una nueva realidad: la sequía. Esto debe preocuparnos en su justa dimensión. Hasta fines de julio de 2014 hemos tenido 224 milímetros de lluvia en la capital. Comparándolas con las lluvias del año más seco que hemos tenido en las últimas seis décadas, 1972, año del terremoto de Managua, las lluvias hoy han sido menores. Aquel año se acumularon 325 milímetros de lluvia en Managua. Es una señal de alerta.

¿Qué vamos a hacer si hay varios años de sequía severa, como la de este 2014? ¿Y qué haremos con las variables del cambio climático, que hacen bastante difícil de predecir lo que sucederá? Ya hay estudios que nos indican que el cambio climático va a reducir las lluvias en la zona del Pacífico y va a aumentar la temperatura en unos dos grados, lo que provocará mayor y más rápida evaporación del agua. El aumento en las temperaturas se traduce en una mayor demanda de agua, tanto en los seres humanos como en el ganado. Podríamos estar frente a un escenario futuro de sequías y de más calor, mientras carecemos de sistemas para conservar el agua de lluvia. En ese posible escenario, ¿por qué no dedicar las aguas del lago para instalar sistemas
de riego que garanticen la seguridad alimentaria del país? Esto debería ser una prioridad nacional, no un Canal Interoceánico.

Es necesario que los municipios, las comunidades, las organizaciones empiecen ya a reflexionar sobre el futuro y se organicen para reclamar de dónde van a tomar agua en los próximos años para el hogar, para los animales, para los huertos, para todos los usos que garantizan la vida. Hay que educar a los gobernantes para que dimensionen el problema y para que se comprometan con una gestión responsable del agua de la que aún disponemos. También debemos educarnos los ciudadanos, los pobladores, ya que como sociedad somos un desastre manejando nuestros cuerpos de agua. Los malos hábitos nos llevan a contaminar cualquier río, cualquier quebradita. Incluso, zonas alejadas de la vida urbana, como algunas comunidades mayangnas, ya muestran basura en su entorno, botellas y bolsas plásticas por todos lados. Es generalizada la falta de educación en la gestión del medioambiente y de nuestros recursos hídricos.

Nos preguntamos por qué nunca se ha incorporado en el sistema de educación pública de primaria, secundaria y universidad cómo cuidar el ambiente, pese a que la Ley del Ambiente, Ley 217, lo establece. El Ministerio de Educación no es receptivo a ese mandato. Desde ENACAL estuvimos presentando iniciativas. Casi todos los ingenieros y profesionales íbamos a las escuelas a conversatorios sobre agua y saneamiento. Escribimos dos cuentos sobre el agua para nivel preescolar, promovimos foros en universidades, realizamos asambleas comunitarias sobre el tema, tuvimos un programa radial propio y participamos en múltiples programas a solicitud de los medios. Mostramos así cuántas acciones se pueden hacer desde el gobierno. Eso fue posible por el compromiso y el entusiasmo de unos 300 profesionales que nos dedicamos con gusto a esas tareas en todo el país. Pero después eso terminó. No existe la convicción de que se trata de una tarea educativa necesaria, urgente. Es desde la escuela que debemos empezar a generar una nueva actitud, una nueva cultura, otra manera de hacer las cosas. El agua es una necesidad social y tiene una rentabilidad social, especialmente para la salud. Si invertimos en agua gastaremos menos en medicinas y en médicos.

También conocemos experiencias positivas. Hay comunidades a las que debemos rendirles el sombrero porque están haciendo muy buen trabajo. Y hay organizaciones no gubernamentales que han logrado influir, calar, en la conciencia de la población. Pero siento que son excepciones y que se necesita una política pública que, de manera sistemática, continua, insistente, vaya transformando la conciencia de la población.

Una experiencia interesante fue inventariar los sistemas rurales de agua administrados por los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), que existen desde hace unos treinta años. En 2008 registramos 5,600 CAPS y hoy pueden llegar ya a unos 6 mil. En 2010 se aprobó una ley que les reconoce y regula su funcionamiento. Desde mi experiencia, estimo que un 10% de los CAPS funciona bastante bien, pero la mayoría no asumen en su trabajo la reforestación para conservar las fuentes. El apoyo que reciben de las alcaldías es muy precario y no siempre tienen recursos para darle mantenimiento a sus sistemas.

La Ley 722, ley de los CAPS, establece que cada municipio debe tener una oficina de agua para apoyar a los CAPS y coordinar a los actores locales, ONG incluidas, que trabajen en agua y saneamiento. Pero normalmente esa oficina tiene solo una persona y una moto, que no dispone de combustible. Así, es imposible que un técnico pueda atender al medio centenar de CAPS que hay en un municipio. Legalizar los CAPS ha aumentado la burocracia, ya que ahora deben repetir las asambleas constitutivas en los formatos que da el INAA y las comunidades suelen reunirse cuando les falta el agua y al inicio del proyecto se organizan y trabajan voluntariamente en las tuberías y aportan dinero para el sistema, pero una vez que la gente ya tiene el agua en sus casas, no es fácil que acudan a las asambleas para participar en la toma de decisiones. Y sólo si se reúnen conforme a los procesos legales pueden acceder a asistencia técnica del gobierno.

Como sociedad no estamos bien organizados para conservar nuestros recursos hídricos y para luchar por una buena gestión del agua. ¿Y la organización que promueve el partido de gobierno? Durante estos últimos años el Frente Sandinista fue desmontado y en su lugar se ha creado un andamiaje de estructuras que han tenido distintos nombres: CPC, CLS, ahora Gabinetes…Pero no siento que esos liderazgos barriales y comarcales estén muy preocupados por el tema del agua y trabajen en eso. Bailan al son de cada campaña que se les orienta. Si hoy los mandan a recoger basura en los parques y calles lo hacen. Si les mandan a hacer otra cosa, lo hacen, pero no siento que se hayan organizado nunca en torno al agua. Donde realmente hay organización en torno al agua es donde el agua ha sido un problema serio y la gente ha ido a los talleres de las ONG. Impulsada por sus propias necesidades han ido construyendo experiencias comunitarias positivas. Pero esas experiencias todavía no trascienden nacionalmente.

Tenemos en Nicaragua centrales hidroeléctricas que usan el agua para producir energía. Las dos más grandes e importantes son las que hizo Somoza, Santa Bárbara y la Planta Nicaragua, que producían 50 megavatios cada una. Consumen el agua que se almacena en el lago Apanás y que desagua por el Río Viejo. En ese mismo recorrido y para usar las mismas aguas están construyendo otra planta de menor dimensión, la Planta Larreynaga. Existen otras 18 pequeñas centrales hidroeléctricas, construidas fundamentalmente en la cuenca del Río Grande de Matagalpa, hacia el Caribe Sur y en la zona de El Rama. Esas plantas de energía renovable están atendiendo la demanda de energía de muchas comunidades y buena parte de ellas tiene capacidad de vender energía a la red nacional. Están en construcción unas seis más. Se prevé que lleguen a ser 25-30 las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Se calcula que la generación con recursos hídricos aporta ya el 18% del total de la energía que consume Nicaragua.

Desde el año 2010 está super-anunciado el gran proyecto hidroeléctrico Tumarín, un embalse de 55 kilómetros cuadrados que aprovecharía las aguas del Río Grande de Matagalpa y produciría casi el 30% de la energía que consumimos en Nicaragua, transformando así la matriz energética del país, basada hasta hace pocos años en la generación de energía con derivados del petróleo. Hace ocho años, cuando estuve aquí para hablar del tema de la energía, Nicaragua producía unos 470 megavatios por hora. Ahora generamos cerca de 560. En aquel momento, sólo el 30% de la energía era de origen renovable. Hoy, en 2014, es el 50%, por las inversiones que se han realizado, también en energía eólica. Lo extraño es que estamos transformando la matriz energética, pero la tarifa de energía no baja y la energía sigue siendo muy cara. La energía renovable está siendo un buen negocio para los inversionistas, pero no beneficia todavía a la población nicaragüense.

Tumarín, que tiene antecedentes en grandes proyectos de la época del somocismo, como fue la nunca realizada represa Copalar, se presentó como la panacea. Nos dijeron que en 2017 ya estaríamos recibiendo energía generada por Tumarín, pero estamos en 2014 y ni siquiera ha iniciado la construcción, porque los inversores brasileños y el gobierno no se ponen de acuerdo y se han ido incrementando los costos del proyecto, que empezó costando 600 millones de dólares y ahora ya va por los 1,100 millones. El economista independiente Adolfo Acevedo ha analizado los costos de grandes centrales hidroeléctricas de otros países parecidas a Tumarín, y cuestan la quinta parte del presupuesto de Tumarín. ¿Qué pasa? ¿La coima es muy grande o los riesgos son muy altos? Quién sabe… Todo hace indicar que Albanisa ya está detrás del proyecto Tumarín, un dato más que evidencia la concentración de la inversión y del capital en un mismo grupo económico, un dato que nos lleva a pensar qué va a significar en realidad para el bienestar de la población la reconversión de nuestra matriz energética.

Un aspecto adicional es que las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que están en el Caribe Sur se verían afectadas por el proyecto del Canal Interoceánico. La empresa china ya ha dicho que los ríos de los que se alimentan esas centrales se desviarán para formar un lago artificial, al que han llamado lago Atlanta. Dicen los empresarios chinos que ese lago artificial suministrará el agua necesaria para el funcionamiento de las esclusas del Canal. El nivel de aguas que necesiten para eso debe relacionarse con el nivel de las precipitaciones de Nicaragua. El promedio anual nacional de lluvias es de 2,400 milímetros. En Panamá y Costa Rica llueve más que en Nicaragua. El nivel de lluvias tiene que ver con el proyecto del Canal Interoceánico por la enorme cantidad de agua que se necesitará para mover las esclusas que impulsarán a los barcos en su trayecto. En Panamá, además de que llueve más, los norteamericanos construyeron el lago Gatún, que se alimenta de gran cantidad de ríos, lo que permite disponer de suficiente agua para estar renovando continuamente el agua necesaria para que operen las esclusas.

He leído algunos estudios de ingenieros que afirman que el agua del lago Cocibolca no será suficiente para mover las esclusas y acompañar el tránsito de los barcos. En esos estudios dan cifras de la cantidad de agua dulce que iría al mar con el paso de cada barco por el Canal. Son cifras que asustan. En el Canal de Panamá se emplean 200 mil metros cúbicos, 200 millones de litros de agua, para mover cada barco que cruza del Atlántico al Pacífico. En el caso de Nicaragua sería necesario casi el triple de agua, por ser un canal más ancho, más profundo y con un recorrido tres veces más largo que el que hacen los barcos en el Canal de Panamá. Se estima que en Nicaragua se emplearían unos 600-700 mil metros cúbicos de agua, 600-700 millones de litros de agua, para el tránsito de cada barco, calculándose diez barcos cruzando a diario el Canal.

Estos datos muestran que el Lago Cocibolca no tendrá capacidad para aportar ese volumen de agua y por eso los empresarios chinos han incluido en el diseño la construcción ese lago artificial. Lo que está claro es que, además de los problemas que se nos avecinan, el Canal consumiría una cantidad enorme de agua dulce. Si cada día se extraen y se colocan en las redes de distribución de agua de Managua unos 238 mil metros cúbicos de agua para el consumo de la población de la capital, casi el triple de esa cantidad es lo que se necesitará para mover un solo barco por el Canal. ¿Habrán estudiado esto los diseñadores chinos del Canal? ¿Se habrá planteado esto la Gran Autoridad del Canal? Como son secretos los estudios y nadie tiene datos técnicos de lo que pretenden hacer, como tampoco sabemos si de verdad han hecho estudios, y como el proyecto llegó envuelto en una enorme nebulosa, no hay ninguna garantía ni de seriedad ni de cuido ambiental. La única certeza es que nos pueden dejar sin agua para consumo humano con esa absurda obra.

Nicaragua tiene 21 cuencas hídricas, la mayor de ellas es la del lago Cocibolca, que desde San Rafael del Norte y Yalí llega hasta Río San Juan. Esa cuenca, la más grande del país, ha sufrido un despale impresionante y todos los sedimentos de los ríos que alberga llegan al lago Cocibolca. Llegan también los de los ríos que desembocan en el Xolotlán y de ahí van al Cocibolca, así como los de los doce ríos que tributan directamente al Cocibolca. A eso se añaden los sedimentos que caen desde el Pacífico al lago y lo han ido llenando de una cantidad enorme de sedimentos. La zanja enorme que tendrán que excavar en el lago para hacer el Canal deberá estar amurallada para detener tal cantidad de sedimentos. Los voceros nacionales del proyecto chino, Telémaco Talavera -que avergüenza a las universidades del país- y Kamilo Lara, que nos pone en vergüenza a los ambientalistas de Nicaragua, no nos dan ninguna garantía de que se hayan estudiado a fondo las consecuencias ambientales del Canal.

Los estudios ambientales que dan cuenta de los severos daños que tendrá la vida biológica del Cocibolca y de la pérdida de nuestra estratégica fuente de agua potable ni siquiera son temas que parezcan preocuparles. Andan diciendo que la gran ventaja que nos traerá el Canal es que se va a reforestar toda esa cuenca. Pero, como mínimo, los árboles que se siembren tardarán unos veinte-treinta años en crecer y cubrir de vegetación la zona despalada para garantizarle así agua al Canal, no a nosotros.

Es tan inmensa la cantidad de dudas e interrogantes que plantea este proyecto en relación con los suelos, con los sedimentos, con los volúmenes de agua, con los riesgos a la biodiversidad… Es tan temible que este proyecto llegue a Nicaragua de manos de China, la nación con tecnología más depredadora del planeta… Podemos perder nuestro mayor tesoro, el agua.

Debemos reaccionar. Cuando tengamos ciudadanos mejor informados, mejor educados, que reclamen sus derechos, que dimensionen lo que significa tener agua suficiente y de calidad, tendremos capacidad de presionar al Estado. No va a producir esta sociedad un modelo distinto al que hoy tenemos mientras permanezcamos pasivos. Siento que existe un temor generalizado en las organizaciones, en los líderes, en la gente, un temor a reclamar, a luchar, a denunciar. A veces siento que ahora es mayor el miedo que el que teníamos en tiempos de la dictadura somocista, cuando hacíamos cosas más peligrosas. ¿Será más cobarde y más miedosa la población hoy que en tiempos de Somoza? No quisiera creerlo.

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