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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 381 | Diciembre 2013
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América Latina

El nuevo extractivismo de la “izquierda” no lleva al desarrollo

Gobiernos de la nueva “izquierda” de América Latina, están entregados a un acelerado e intenso extractivismo, haciendo concesiones mineras y petroleras a transnacionales depredadoras. Detrás de esto pervive una tradicional y errada idea del desarrollo. Las ideas basadas en una alternativa a esa idea del desarrollo son rechazadas como ingenuas, peligrosas o imposibles. Pero hay otro camino: el post-extractivismo, que no significa prohibir todo proyecto extractivo ni reclama una Naturaleza intocada. Habrá resistencias, pero la transición al post-extractivismo es posible.

Eduardo Gudynas

Cualquier discusión contemporánea sobre el desarrollo está íntimamente ligada con las cuestiones ambientales. Esta estrecha vinculación es particularmente intensa en América del Sur. Y lo es en especial en el debate sobre el papel que cumplen sectores extractivistas, como son la minería o los hidrocarburos.

AMÉRICA LATINA: POR DIVERSOS CAMINOS

Existen diversos énfasis en los estilos de desarrollo imperantes en América del Sur. En unos casos se siguieron caminos que priorizaron el mercado y la iniciativa privada, con un papel rezagado del Estado y se mantuvo o se amplió un programa de privatizaciones de empresas estatales, apoyadas por liberalizaciones comerciales unilaterales, expresadas en Tratados de Libre Comercio firmados con países industrializados. Todo vino acompañado de altos niveles de externalización de los impactos sociales y ambientales. Ese fue el sendero seguido por Perú y Colombia y en parte por Chile. En otros casos, los senderos apuntaron en otras direcciones debido a un recambio político sustantivo, expresado en gobiernos que se autodenominan de la nueva izquierda o progresistas. En ese conjunto heterogéneo se incluyen las administraciones de Néstor Kirchner y luego de su viuda Cristina Fernández en Argentina, de Lula da Silva en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay y, con algunas reservas, la de Fernando Lugo en Paraguay y la de Michelle Bachelet en Chile. En todos estos países se recuperaron distintos niveles de presencia estatal, con un control más riguroso sobre algunos recursos e incluso con empresas estatales re-estatizadas. Estos gobiernos expresaron mayores reservas a la firma de TLC, priorizaron los esquemas de integración regional y fortalecieron y ampliaron programas de asistencia social, alcanzando una sustantiva reducción de la pobreza en algunos países.

El conjunto de la nueva izquierda es muy diverso. En algunos casos las intervenciones del Estado en el mercado fueron acotadas y cuidadas, como en Brasil, Uruguay y especialmente en Chile. En otros, las medidas fueron más enérgicas moviéndose al calor de los debates políticos internos, como en Argentina y Ecuador. Finalmente, hay gobiernos con una mayor voluntad de todavía mayor intervención y presencia estatal, como en Bolivia y Venezuela.

Es evidente que existen muchas diferencias entre estos dos conjuntos de países. Basta tener en mente los casos de Perú y Bolivia, que a primera vista parecerían seguir dos estrategias de desarrollo diferentes. También es cierto que dentro del conjunto progresista hay una expresiva heterogeneidad, como resulta de comparar, por ejemplo, a Venezuela con Brasil. En Venezuela hay mayor presencia de empresas estatales -en expansión por medio de la nacionalización hacia nuevos sectores, tan distintos como los alimentos o la siderurgia- acompañada de una intensa retórica contra el capitalismo. En Brasil se celebra el capitalismo, el Estado se ha vuelto “socio” de un conjunto de grandes empresas, financiándolas dentro y fuera de sus fronteras -es el caso de la minera Vale o de las constructoras Odebrecht y Camargo Correa, apoyadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social, BANDES-. Venezuela se vuelca a un nacionalismo estatal, mientras que Brasil avanza por el novo desenvolvimento apoyado en una asociación entre el gobierno, algunas grandes empresas y el concurso de sindicatos claves.

CUANDO PROTEGER EL AMBIENTE
ES DETENER EL DESARROLLO...

Aunque es importante esta diversidad, hay que llamar la atención sobre las coincidencias que existen entre todos estos gobiernos sobre las percepciones, valoraciones y el papel que asignan a los recursos naturales y a la Naturaleza como ingrediente clave en una cierta idea del desarrollo. Todos conciben el desarrollo esencialmente como crecimiento económico y entienden que el crecimiento económico se debe nutrir de una intensa apropiación de los recursos naturales.

Sea en el caso de la apertura comercial peruana o en el de la invocación comunitaria indígena boliviana o en el del nuevo desarrollismo de Lula, una y otra vez se repite la necesidad de aumentar las exportaciones y atraer más inversión extranjera. Se celebra el crecimiento del PIB y se buscan los equilibrios macroeconómicos. La activa promoción de las exportaciones se ha convertido en uno de los principales factores de presión sobre el ambiente. Según datos de 2008, en América del Sur la proporción de materias primas en el total de exportaciones iba del 55.4% en Brasil al 92.7% en Venezuela. Los países andinos presentan altos valores (92.8% en Bolivia, 91.7% en Ecuador, 88% en Chile, 86.6% en Perú y 68.5% en Colombia.

En esa exportación de recursos naturales tiene un papel clave el sector extractivo. Las exportaciones provenientes del rubro “minas y canteras” han crecido desde el año 2000 en todos los países sudamericanos, con excepción de Paraguay. En 2008 el mayor exportador de ese rubro fue Brasil, con más de 33 mil millones de dólares, convirtiéndose así en un país minero. La producción y comercialización de hidrocarburos sigue un patrón similar, aprovechando los altos precios de años pasados. Además, ha proliferado una estrategia agropecuaria volcada a convertir a ese sector en un proveedor de commodities (materias primas) para el mercado global. El principal ejemplo son las extensiones de tierra dedicadas al monocultivo de la soja.

Éstas y otras evidencias indican que, por distintas vías, las estrategias de desarrollo actuales logran éxitos expor¬tadores, pero presionando muy activamente sobre los recursos naturales y, por tanto, desencadenando inevitablemente todo tipo de impactos. Es cierto que hay diferencias de estilos en los gobiernos progresistas, pues en algunos casos hay una resignación a ser proveedores de materias primas y en otros hay intentos de fortalecer la industrialización. Pero en un análisis desde la ecología política llama la atención la permanencia de un patrón severamente anclado en el sector primario, donde la Naturaleza queda relegada a un papel subsidiario como proveedora de recursos.

Esta postura está íntimamente vinculada con el imaginario de enormes riquezas ecológicas disponibles en el continente, que deben ser aprovechadas, y con la idea de que no existen límites ecológicos inminentes. Una y otra vez se repite la visión de la Naturaleza como una canasta de recursos que debe ser aprovechada. Los llamados a proteger el ambiente, o los conflictos sociales que se originan por diferentes externalidades ambientales y sociales, provocadas por este modelo, son muchas veces ignorados, casi siempre minimizados o rechazados y resistidos como “trabas” al desarrollo.

EL ACELERADO DETERIORO AMBIENTAL

Los diagnósticos ambientales regionales coinciden en señalar que el deterioro ambiental no se ha detenido en América Latina y en algunos casos se ha acelerado en los últimos años. Transcurrida la primera década del siglo 21, el balance ambiental es negativo. Una evaluación de 2010 de la situación ambiental mundial muestra que Brasil es el país con el mayor deterioro ambiental absoluto a escala mundial. Si se considera el impacto ambiental relativo a su stock de recursos naturales disponibles, el primer país sudamericano aparece en el puesto 22 del ranking global y es Ecuador.

La “huella ecológica” de América Latina -una medida espacial de la apropiación de recursos naturales- ha aumentado un 133% desde 1961. El promedio actual para la región es de 2.6 hectáreas globales por persona. Uruguay posee una huella muy alta, le siguen Paraguay y Chile. Este nivel de “huella” está todavía muy por debajo de los valores que hay en los países industrializados: en Estados Unidos ha sido estimada en 7.9 hectáreas globales por persona y la tendencia va en franco aumento.

No existen indicaciones de que esto mejore con los gobiernos progresistas. Todos los países latinoamericanos son exportadores netos de biocapacidad, mientras que en otras regiones del mundo se aprovechan los recursos que se originan localmente. En 2010 América Latina tenía un saldo neto de exportar 164 millones de hectáreas globales al resto del mundo, especialmente provistas por Argentina y Brasil. Y aunque se ha reducido la deforestación amazónica en Brasil en los últimos años de la administración Lula, desde picos de 27 mil kilómetros cuadrados deforestados cada año en 2004 a 7 mil en 2009 y 2010, en otros países de la cuenca amazónica -como en la Amazonia peruana- la situación es preocupante. Y en Brasil, a pesar de la mejora amazónica, otras regiones sufren enormes impactos: la sabana tropical de El Cerrado perdió casi la mitad de su vegetación original y entre 2002 y 2008 la tasa de deforestación allí fue el triple a la observada en la Amazonia.

Estos deterioros, de gran escala y de profunda intensidad, están directamente vinculados a las estrategias de desarrollo. En algunos casos podría argumentarse que hay efectos de “inercia” originados en el desmantelamiento sufrido durante gobiernos anteriores, que aplicaron duras reformas de mercado. Sin embargo, los gobiernos progresistas también han mantenido, y en algunos casos acentuado, la presión sobre el ambiente buscando aumentar las exportaciones y aprovechando un ciclo de muy altos precios en las materias primas.

Han existido algunas medidas ambientales importantes, como pueden ser el aumento de la cobertura de áreas protegidas o adaptaciones frente al cambio climático, pero son insuficientes para revertir o compensar el deterioro ambiental y, por tanto, el deterioro ambiental sigue aumentando.

Desde el punto de vista normativo e institucional existen algunos avances. El más importante en el campo de la izquierda fue la aprobación de los Derechos de la Naturaleza en la nueva Constitución del Ecuador (2008). Sigue siendo relevante una profunda reforma de la institucionalidad ambiental en Chile, acordada bajo la administración de Bachelet. En Bolivia hubo un retroceso, al desmembrarse las responsabilidades ministeriales de gobiernos anteriores y tras un complejo proceso se terminó en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La institucionalidad ambiental sigue enfrentando muchas limitaciones en Argentina y Uruguay, mientras que en Brasil se la ha fraccionado en nuevas agencias, y existen fuertes presiones para reducir los controles, especialmente en el sector forestal.

LA MINERÍA Y LA EXPLOTACIÓN PETROLERA
EXPLICAN EL DETERIORO AMBIENTAL

Un componente clave para explicar el deterioro ambiental en América Latina se encuentra en los llamados sectores “extractivos”, los que engloban tradicionalmente a la minería y a los hidrocarburos, con los sectores químicos asociados. En estos sectores se extraen grandes volúmenes de recursos naturales, que no reciben procesamiento adicional o que son procesados en forma limitada, para destinarlos a su exportación hacia los mercados globales. Se expresan como economías de enclave, con escasos encadenamientos locales o nacionales, muy dependientes de importantes inversiones -casi siempre extranjeras- y articulados con cadenas de comercialización global. Las compañías transnacionales tienen una presencia notable en el extractivismo latinoamericano.

Hoy, el concepto de extractivismo debe ser ampliado a algunos rubros agrícolas, pues siguen la misma estrategia. Es el caso de los monocultivos que cubren grandes áreas y están esencialmente orientados a la exportación. Son cultivos que remueven enormes cantidades de recursos, sin procesamiento o con un procesamiento muy limitado y que operan bajo las mismas lógicas productivas y de comercialización internacional que se observan en la minería o los hidrocarburos. Este nuevo sesgo es muy evidente en los monocultivos de soja en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La relevancia de estos sectores extractivos en el campo ambiental es mayúscula. En todos los casos, las prácticas de extracción tienen altos impactos ambientales, que van desde la contaminación asociada a la minería a cielo abierto a los derrames de petróleo en zonas tropicales. A esto se suman los efectos, también negativos, de obras de infraestructura, transporte y comunicación de estos proyectos: carreteras, oleoductos o gasoductos que atraviesan áreas boscosas abriendo a la colonización regiones apartadas. También generan una fragmentación territorial: zonas ligadas directamente a la globalización -concesiones petroleras o mineras- impuestas sobre zonas preexistentes y sobre comunidades campesinas o indígenas, rodeadas de amplias zonas con escasa o nula presencia estatal.

Mientras unos insisten en los beneficios de estos proyectos para el comercio internacional, su contribución financiera y su respuesta a la demanda de empleo, otros recuerdan que siguen siendo economías de enclave y, por tanto, con encadenamientos económicos limitados, con una carga tributaria escasa y con pequeña generación de empleo.

El verdadero balance económico del extractivismo es todavía más incierto debido a que sistemáticamente externalizan sus impactos hacia las comunidades locales, hacia los gobiernos locales o hacia el gobierno nacional. Un ejemplo candente tiene lugar en Perú con el abandono de las minas, que dejan “pasivos” ambientales que deberá asumir el gobierno. Los sectores extractivos están también en el centro de muchos conflictos sociales: desplazamiento de comunidades locales -especialmente pueblos indígenas- violencia y criminalidad en zonas rurales y, por si fuera poco, están rodeados de muchas denuncias de corrupción.

DOS TIPOS DE EXTRACTIVISMO:
EL CONVENCIONAL Y EL “PROGRESISTA”

Es posible distinguir en la actualidad dos tipos de extractivismo. En el convencional el papel dominante lo ejercen empresas privadas casi siempre transnacionales y el Estado tiene un rol subsidiario. En ese antiguo modelo, el Estado asegura ciertas reglas que protegen a esas empresas -el libre flujo de capitales, la concesión favorable de zonas de explotación, la seguridad en la obtención de permisos (laborales, ambientales, de localización- o simplemente omite los controles y las regulaciones. En muchos casos, el Estado les brinda también seguridad policial si enfrentan protestas sindicales o laborales.

La lógica del extractivismo tradicional sostiene que esos proyectos privados generarán crecimiento económico y ciertos niveles de empleo, los que desencadenarán efectos de “derrame” que servirán en el combate a la pobreza. La idea de desarrollo subyacente repite la necesidad de crecer económicamente y asume que eso bastará para lograr beneficios sociales. Esta perspectiva clásica contiene otros componentes que van desde cierta admiración de las élites locales por lo que representan las corporaciones internacionales hasta el simple tráfico de influencias o corrupción en el otorgamiento de los permisos. En muchos casos, los enclaves extractivistas tradicionales han derivado en focos de violencia, con persecución de líderes sindicales, sociales o ambientalistas. Muchos de estos problemas están presentes actualmente en Perú y Colombia.

En los últimos años se ha generado otro tipo de extrac¬tivismo desde los gobiernos progresistas, que denominaremos “neo-extractivismo progresista” Se repite en este modelo la apropiación masiva de recursos naturales para la exportación desde enclaves productivos. Y se repiten los impactos sociales y ambientales. Pero el protagonismo estatal es mayor y en algunos casos aparece bajo la forma de controles más rigurosos, mayores niveles de tributación o regalías o por el regreso de empresas estatales a hacerse cargo de distintos proyectos. En algunos casos se fortalecen las empresas estatales. Los ejemplos más conocidos son las petroleras PDVSA de Venezuela, la boliviana YPFB, la uruguaya ANCAP y la ecuatoriana PetroEcuador. En otros casos se refuerza el control estatal, como sucede con la empresa mixta Petrobrás de Brasil.

El Estado también promociona la expansión extractivista a nuevos sectores: explotación de litio en Bolivia, megaminería a cielo abierto de hierro en Uruguay o empresas estatales con nuevos proyectos, como la Empresa Boliviana del Oro (EBO).

A pesar de estos esfuerzos, acompañados de una retórica nacionalista, el Estado sigue dependiendo de diversos tipos de articulación con empresas privadas, incluyendo acuerdos de asociación, convenios de explotación conjunta, leasings, etc., por las limitaciones para invertir en este tipo de proyectos y por los problemas en la comercialización, donde los brokers e intermediarios siguen controlando el comercio global. En Bolivia, por ejemplo, se acentuó la transnacionalización minera y la empresa estatal COMIBOL quedó en un papel secundario.

Un cambio muy importante del neo-extractivismo progresista es que en algunos países hay una mayor apropiación de la renta desde el Estado, aumentando regalías, tributos u otras imposiciones. Este cambio fue muy evidente en los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que elevaron sustancialmente los impuestos a las empresas petroleras, pero sigue siendo muy baja la carga tributaria, especialmente en la minería. Argentina es el único país bajo un gobierno de izquierda que aplica tributos a las exportaciones agrícolas, mientras alienta la minería. En cambio, Brasil y Uruguay aplican imposiciones moderadas o bajas en casi todos esos sectores y compiten en atraer inversión extranjera. Para hacer esto un poco más complejo, así como se elevan algunos tributos, los gobiernos progresistas otorgan simultáneamente algunos beneficios impositivos: un buen ejemplo son los incentivos fiscales a la minería extranjera en Bolivia. Operan en el mismo sentido otras medidas como las “flexibilizaciones” en los controles sociales y ambientales o el otorgamiento de apoyo en infraestructura o en proveer energía barata.

Si el extractivismo profundiza la exportación de materias primas, ese camino refuerza un papel subordinado de nuestros países en la globalización. Los precios siguen siendo controlados por otros actores extra-continentales, se acepta la institucionalidad comercial que los regula -particularmente la Organización Mundial del Comercio- y eso desemboca en impedimentos prácticos para una verdadera integración de América Latina.

“SON PROYECTOS NECESARIOS
PARA COMBATIR LA POBREZA”

Mientras que el extractivismo clásico era defendido como medio para hacer crecer la economía, en el neo-extractivismo las justificaciones apelan con mucha frecuencia a un vínculo específico con los proyectos sociales.

Los gobiernos progresistas sostienen que el Estado debe intervenir para mantener y expandir el extractivismo como medio indispensable para obtener recursos financieros con los cuales mantener planes y programas de combate a la pobreza: mecanismos de compensación y de asistencia financiera focalizados en los sectores más pobres como Bolsa Familia en Brasil, los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad en Bolivia, el bono de Desarrollo Humano en Ecuador, las Familias por la Inclusión Social en Argentina, las prestaciones dentro del Plan de Equidad de Uruguay...

Programas similares están presentes en 17 países de América Latina, cubriendo a más de 100 millones de personas, con un claro impacto en la reducción de la pobreza, a pesar de que sólo representan el 2.3% del gasto público social. Aunque la renta captada a los sectores extractivos tiene en realidad destinos muy diversos, es común que el discurso de legitimación se centre en que se dedica a este tipo de programas.

Al menos por ahora el neo-extractivismo no ofrece ni mejores prácticas sociales ni ambientales. Y como esos impactos se mantienen, las reacciones ciudadanas se repiten y en muchos casos escalan a protestas de envergadura. Frente a ellos, los gobiernos de izquierda niegan o minimizan los impactos o, cuando los deben admitir, pasan a invocar la necesidad de aceptarlos como indispensables para lograr el desarrollo nacional. En algunos casos se espera que se acepten como sacrificios “locales” necesarios para el bienestar “general”. En otros casos se discute el monto de los bonos o la validez de otros beneficios económicos, pero se abandona el debate sobre la esencia del desarrollo.

Las consecuencias de la extracción de recursos naturales como alimento del desarrollo económico ha sido central en el debate sobre desarrollo y ambiente desde las tempranas advertencias sobre los límites ecológicos al crecimiento lanzadas en el mundo en la década de 1970. La cuestión no se ha resuelto y vuelve a estar en el tapete como resultado de la profundización extractivista actual. Una y otra vez se apela a las clásicas imágenes de una América Latina con enormes stocks de recursos naturales y con ecosistemas que deben ser aprovechados cuanto antes y que son capaces de amortiguar los impactos ambientales.

TIENEN LA MISMA VISIÓN DEL DESARROLLO

Es cierto que existen diferencias importantes entre el extractivismo convencional y el neo-extractivismo progresista. El convencional es abiertamente transnacionalizado y el progresista apela a una postura pragmática, presentándolo como inevitable para sostener al Estado, asegurar el crecimiento económico y financiar diversos programas, especialmente los que luchan contra la pobreza, componente que le otorga una importante legitimidad política y electoral del que carece el extractivismo convencional. Ese vínculo explica que lo defiendan organizaciones sindicales y sociales. Así, por distintas vías, y más allá de las diferencias, se refuerza la idea convencional del desarrollo, basada en la apropiación intensiva de los recursos de la Naturaleza.

De esta manera, y más allá de las diferencias, se repite la pretensión de un crecimiento económico permanente, de base material y desde el que se alcanzaría el bienestar social, entendiéndolo sobre todo como acceso al consumo. En esa visión, los impactos sociales y ambientales son minimizados y negados y la noción de límites ecológicos desaparece del horizonte de problematización, a pesar de tan claras advertencias: el agotamiento de algunos recursos como el gas natural, el deterioro creciente de los suelos, o la continua pérdida de áreas naturales. Los impactos ambientales son rechazados o negados bien apelando a la imagen de las enormes riqueza ecológicas disponibles en nuestro continente, o bien se minimizan desde el optimismo de que la ciencia y la tecnología de tipo occidental encontrarán soluciones a la contaminación o al agotamiento de los recursos.

Poco a poco, los gobiernos de izquierda derivan hacia un “capitalismo benévolo”. Aceptan de buenas maneras, o a regañadientes, el capitalismo actual, pero insisten en que muchas de sus limitaciones pueden ser rectificadas desde el Estado. La idea de transformar radicalmente los estilos de desarrollo no ha cristalizado en el seno de los grupos gobernantes o en vastos sectores académicos, a pesar de la crisis en la que se encuentra sumido el capitalismo en los países industrializados. Como consecuencia, las bases conceptuales del desarrollo basado en apropiarse de la Naturaleza no se discuten a fondo y en la práctica se mantiene el mismo patrón de desarrollo basado en las materias primas. La recuperación de los precios internacionales de las materias primas parece desempeñar un papel anestésico y pocos se atreven a imaginar otros desarrollos alternativos.

LA IZQUIERDA HA DEJADO DE IMAGINAR

Las discusiones sobre desarrollo y extractivismo están íntimamente unidas. Como punto de partida en esta discusión es necesario precisar que el sendero extractivista, sea en su versión tradicional o en su versión progresista, en su versión clásica o en la renovada, es inaceptable. No sólo por su carga de impactos sociales y ambientales, sino porque sigue sin existir evidencia convincente de que su balance económico productivo sea finalmente favorable a nuestros países. El velado chantaje de aceptarlo para financiar los programas sociales también es inaceptable, en tanto no resuelve las crecientes protestas ciudadanas ni sirve para abordar adecuadamente las cuestiones de la justicia social. También es necesario abandonar el extractivismo para poder romper la larga historia de estrategias económicas que persisten en la inserción global de América Latina vendiendo materias primas, camino en el que no logramos generar articulaciones productivas nacionales o continentales.

Una primera traba en la discusión son las dificultades para imaginar alternativas al actual orden desarrollista. Un amplio conjunto de actores rechaza la necesidad de las alternativas porque están inmersos en la cotidianidad del capitalismo contemporáneo. Las urgencias diarias ocupan sus agendas y no siempre les es posible, o no la creen necesaria, una militancia social volcada a explorar algo distinto a lo ya conocido y sobre lo que no existen mapas precisos. Otros actores, que siguen siendo muy poderosos en casi todos nuestros países, creen y reproducen esas ideas desde espacios empresariales, académicos o periodísticos con discursos simplistas y conformistas. También es cierto que para muchos actores sociales el nicho de las alternativas ya está ocupado hoy por los gobiernos progresistas. Los ven como la alternativa y, por tanto, piensan que no hay que buscar nada nuevo más allá de ellos. Otros no profundizan en las alternativas debido a distintos grados de cansancio, desilusión o desconfianza con las experiencias de la nueva izquierda.

La larga lista de las bondades económicas de la minería o de los hidrocarburos se repite una y otra vez desde los espacios empresariales, políticos y académicos. Y las ideas de alternativas de desarrollo más allá de la minería o de los hidrocarburos son rechazadas como ingenuas, infantiles, peligrosas o imposibles. Se vive una extraña paradoja: la izquierda, que siempre soñó y amamantó alternativas al desarrollo convencional, concibiéndose como agente de cambio, ahora se congela, rechaza pensar en transformaciones, se atemoriza con ellas y erige defensas conservadoras.

EL DEPREDADOR, EL SENSATO, EL INDISPENSABLE

Ha sido común que empresas, muchos gobiernos y unos cuantos académicos afirmen que las denuncias y reclamos de alternativas expresan realmente la intención de prohibir todos los tipos de extractivismo. Se juega con el fantasma de la prohibición de usar minerales o con imágenes de un retroceso a un primitivismo simplista. Hay que desplegar opciones frente al extractivismo y en ese camino hacia alternativas reconocemos tres frases:

Extractivismo depredador – Corresponde a la situación actual, donde la actividad se hace a gran escala y el valor de los productos obtenidos no incluye los costos sociales y ambientales, que se externalizan.

Extractivismo sensato – Se aplica a proyectos extractivistas que cumplan realmente con las normas sociales y ambientales de cada país, bajo controles efectivos y rigurosos, que internalizan los impactos. En este caso, se apela a que los enunciados de la responsabilidad social empresarial trasciendan las declaraciones y se hagan realidad, se utilicen las mejores técnicas disponibles, en particular los sistemas de ciclo cerrado, con adecuadas medidas cuando se abandonan los proyectos. Esta es una fase intermedia en las alternativas, entendida como medida de urgencia para salir del actual extractivismo depredador. En esta fase la orientación exportadora global se reduce drásticamente.

Extractivismo indispensable – Es la etapa final, donde permanecerán los proyectos extractivistas que sean realmente necesarios bajo otro tipo de desarrollo.

Las alternativas que defendemos no apuntan a prohibir todas las actividades extractivistas, sino a redimensionarlas, permaneciendo las que sean genuinamente necesarias, las que cumplan condiciones sociales y ambientales, las que estén directamente vinculadas a cadenas económicas nacionales y regionales. En casos así la orientación exportadora global llega a un mínimo y el comercio de estos productos se destina sobre todo a mercados continentales.

HAY ALTERNATIVA A ESTA IDEA DEL DESARROLLO

Dada la íntima relación entre el extractivismo con las ideas sobre el desarrollo, las alternativas serán también alternativas al desarrollismo actual.
Actualmente, los “desarrollos alternativos” son cambios y ajustes necesarios para reducir y minimizar los costos sociales y ambientales y mejorar su contribución económica. Son modificaciones sobre todo instrumentales, que persisten en buena medida dentro de las ideas convencionales del desarrollo. Las “alternativas al desarrollo”, en cambio, pasan por discutir toda la base conceptual del desarrollo, sus modos de entender la Naturaleza y la sociedad, sus instituciones y sus defensas discursivas. Las “alternativas al desarrollo” apuntan a romper el cerco de la racionalidad actual, para moverse hacia estrategias radicalmente distintas, no sólo en su instrumentación, sino también en sus bases ideológicas. Desde esta perspectiva, el extractivismo sensato corresponde a los “desarrollos alternativos”, mientras que el extractivismo indispensable sólo es posible bajo la construcción de una “alternativa al desarrollo”.

En una transición post-extractivista y en una “alternativa al desarrollo” será necesario abandonar la clásica defensa del crecimiento económico como meta y necesidad del desarrollo para enfocarse en la calidad de vida de las personas y en la conservación ambiental.

HAY QUE SALIR DEL SUEÑO
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERMANENTE

El sueño del crecimiento económico perpetuo es imposible, sea por las limitaciones en las dotaciones de recursos naturales y en las capacidades de los ecosistemas para amortiguar los impactos ambientales o sea por los costos sociales de una expansión continuada basada en el consumo material. Deben abandonarse también las metas estrechamente vinculadas al crecimiento económico permanente: la obsesión con la rentabilidad y el beneficio, el confundir calidad de vida con apropiación y posesión material y la mercantilización de la Naturaleza en bienes y servicios ambientales. Los objetivos deben volver a colocarse en las personas, en la calidad de sus vidas, en su bienestar, en la satisfacción de sus necesidades y en la protección de la Naturaleza. Y estos objetivos deben alinearse con la sustentabilidad social y ambiental.

Las estrategias productivas con baja demanda de materias provenientes del extractivismo son posibles por medio de una “desmaterialización” de la economía: procesos productivos con menor uso de materia y energía, mayor eficiencia en el uso de materias primas y energía, reducción de la “huella de carbono”, intensos programas de reciclaje y reutilización, etc. Cuando se hace así, aparecen varios cambios en el consumo: un aumento en el período de uso de los bienes de consumo -dilatando los tiempos para descartarlos- priorizando la funcionalidad antes que la posesión y la durablidad en vez del recambio constante.

Un desarrollo de este otro tipo apunta a una mayor calidad de vida y, sin dudas, será más austero. Los actuales niveles de sobreconsumo, especialmente el que es superfluo y banal, deben ser abandonados. Así, la calidad de vida dejará de ser entendida como una simple acumulación de bienes materiales para ampliarse a sus dimensiones culturales, afectivas y espirituales y la opulencia ya no sería motivo de festejo.

Llegados a este punto se hacen evidentes los encuentros entre muchas de estas ideas con los recientes aportes sudamericanos sobre el “buen vivir”. En varios aspectos se apunta en sentidos similares, ya que las metas económicas se vuelven a enfocar en las personas y en la Naturaleza. Algunas de las versiones del “buen vivir” ofrecen una base de sustentación cultural y política para explorar las transiciones hacia “otros desarrollos”.

NO PROPONEMOS EL “DECRECIMIENTO”

Es conveniente distinguir esta perspectiva de los llamados a un “decrecimiento” originados en Europa, que tras ser trasplantados a América Latina están comenzando a popularizarse. Basados en esos llamados, algunos sostienen que las transiciones deben apuntar a un “decrecimiento”.

Es necesario clarificar cuáles son las ideas incluidas bajo el rótulo del “decrecimiento”. Por un lado, están muchas de las ideas originales de Serge Latouche, ya disponibles en castellano, que en realidad son una crítica al desarrollo convencional contemporáneo. Buena parte de esas ideas son totalmente compartibles. Existe una versión más reciente del “decrecimiento”-tal como propone, por ejemplo, Joan Martínez Alier-, enfocada en reducir las economías bajo la idea de una reducción que sea “socialmente” sostenible.

Ese camino es muy riesgoso para América Latina y no necesariamente corresponde a las ideas de transiciones o alternativas de desarrollo que defendemos. No puede postularse achicar como un todo una economía latinoamericana porque eso no ataca los problemas de fondo ni implica modificar las desigualdades. El “decrecimiento” significaría escamotearles a muchos sectores populares los pocos recursos que consiguen captar. El decrecimiento como contracción es entendible en economías de alto consumo y opulencia, las de los países industrializados, pero la idea no puede trasplantarse a la ligera en América Latina.

El decrecimiento, en el sentido original de Latouche como una consigna política con implicaciones teóricas que busca romper el lenguaje estereotipado de los adictos al productivismo es válido. Es una expresión de renuncia al objetivo del crecimiento. No busca un crecimiento negativo, sino cambiar la lógica del desarrollo.

El post-extractivismo no significa prohibir todas las formas extractivas ni reclama un mundo con una Naturaleza intocada. Pero sí implica cambios radicales de las ideas convencionales de desarrollo, ya que los procesos productivos deberán estar orientados a asegurar las necesidades de las personas y la conservación de la Naturaleza y no a garantizar tasas de ganancia o de rentabilidad de los proyectos extractivos.

EL POST-EXTRACTIVISMO ES POSIBLE

No parece posible instalar de la noche a la mañana un modelo de desarrollo post-extractivista. Las razones son varias. Es necesario contar con un soporte político y social y esto requiere de cierto tiempo para construirse. Distintos actores muestran diferentes resistencias y aperturas a esos cambios y las opciones disponibles cambian entre los países. También debe reconocerse que las propuestas de cambio todavía requieren de mayor elaboración y persisten interrogantes, por lo que las transiciones ofrecen oportunidades de ensayo y de ajustes. Tiene una enorme importancia ofrecer ejemplos de componentes de alternativas que son viables y que funcionan, animando a otros actores sociales a sumarse a estos esfuerzos.

En un programa de transiciones es importante determinar cómo se articulan las permanencias y los cambios y el ritmo de avance que es posible alcanzar. Es necesario que los aportes de transformación y de cambio tengan cualidades y abran las puertas a condiciones que generen nuevos cambios, evitando el estancamiento e imprimiendo al proceso un ritmo de pasos sucesivos, bajo una dirección claramente definida.

Existen muchos antecedentes que abonan caminos posibles para salir del extractivismo convencional. En América del Sur se encuentra un rico entramado de resistencias y ensayos desde diversos movimientos sociales en áreas como la agroecología, la economía social y solidaria o la defensa de una política más participativa y comunitarista. Las discusiones sobre el “buen vivir” apuntan en el mismo sentido. Sobre el post-extractivismo existe un vigoroso debate, especialmente en Ecuador, aprovechando los contenidos ecológicos de la nueva Constitución y los aportes de algunos actores gubernamentales a favor del “buen vivir”.

CON UNA VIGOROSA GESTIÓN AMBIENTAL

El extractivismo depredador sobrevive gracias a la pobre y débil aplicación de las medidas ambientales, sea por omisiones, excepciones en los controles, o por las repetidas flexibilizaciones que aligeran las exigencias ambientales. Por lo tanto, las alternativas deben comenzar por algo tan simple como aplicar seriamente las evaluaciones de impacto ambiental, atender las exigencias de la normativa ambiental y fiscalizar que los proyectos las respeten de manera continua. Una aplicación seria, eficiente y adecuada de las evaluaciones y requisitos deja en claro que muchos proyectos no lograrían esos permisos o si los tuvieran tendrían lugar muchas revocaciones.

Los proyectos extractivos que obtengan permisos deben estar sujetos a una vigorosa gestión ambiental. Esta debe ser eficiente, cubrir todo el territorio de cada país y abarcar la totalidad del proceso productivo con exigencias sobre insumos, efluentes, emisiones, deposición final de los residuos, abandono del proyecto, etc. Los planes de manejo deben ser rigurosos, incluyendo medidas de mitigación, planes de contingencia para accidentes, etc. En el mismo sentido, se deben aplicar en todos los casos medidas complementarias que ya son comunes en los países industrializados, y apenas se utilizan en América Latina, especialmente seguros ambientales y fondos de garantía para los planes de abandono de minas y pozos. Esto determinará cambios importantes en aquellas empresas que aprovechan actualmente los débiles controles y seguramente varios proyectos dejarán de ser viables.

CON UNA CORRECCIÓN DE LOS PRECIOS

Los precios de minerales e hidrocarburos deben ser corregidos incorporando sus externalidades sociales y ambientales. En la actualidad, precios como los del cobre o el petróleo no incluyen los costos por daños locales como la contaminación de los suelos o de las aguas. Asimismo, muchos de los “costos invisibles” son transferidos a los gobiernos locales, departamentales o nacionales, en un amplio abanico que va desde la pérdida de suelos agrícolas a los problemas de salud pública.

Para revertir esta situación es necesaria una medida simple y urgente: los análisis económicos deben ser sincerados y el precio de estos productos debe incluir todas sus externalidades. La contabilidad debe hacerse en serio, con precios corregidos, y considerando también la extracción de recursos no renovables como una pérdida. Obviamente, esto desembocará en un sustancial aumento de los costos del extractivismo y en el precio final de muchas materias primas. La corrección de los precios cambiará sustancialmente los resultados de los análisis costo-beneficio convencionales. Muchos proyectos extractivistas han sido presentados como fenomenales éxitos económicos, simplemente porque los costos de los impactos sociales y ambientales no son contabilizados, quedaban invisibles en la contabilidad. Al corregir social y ambientalmente los precios se contabilizarán esas pérdidas y efectos negativos, y seguramente en muchos proyectos los perjuicios superarán a los beneficios.

La corrección de los precios seguramente también desencadenará cambios y giros en el comercio internacional. Esas materias primas se volverán más caras y los potenciales compradores buscarán otros proveedores más baratos o se conformarán con recursos alternativos. Pero si ese tipo de corrección de los precios la hace un único país de forma unilateral, los proyectos extractivistas sólo se mudarán a una nación vecina.

Por lo tanto, es indispensable que una medida de este tipo sea coordinada a nivel regional y que la corrección social y ambiental de los precios se armonice entre varios países. En la actualidad, esquemas de integración como el Mercosur o la Comunidad Andina no contemplan coordinar los precios de sus commodities de exportación. Por el contrario, compiten entre ellos ofertando o precios más reducidos o mayores ventajas para el inversor.

¿HABRÁ MENOS RECURSOS Y MENOS EMPLEOS?

No bastará la retórica en la coordinación comercial regional. Será necesario aplicar las medidas de corrección de precios en serio. Y es muy probable que esa corrección regionalmente coordinada significará una caída en las exportaciones. Se mantendrán sólo las que no pueden ser satisfechas desde otros continentes o las que no puedan ser reemplazadas por recursos propios de los países importadores. La aplicación rigurosa de las exigencias sociales y ambientales también apunta hacia esta restricción exportadora.

Sea por un camino o por otro, la reducción de las exportaciones despierta muchos temores y críticas contra los programas de transición y se alerta sobre la pérdida de recursos económicos y empleos. Se rechaza abandonar el extrac¬tivismo invocando la defensa de puestos de trabajo y los recursos que ingresan al país por las exportaciones.

Hay varias respuestas. En primer lugar, si bien el volumen de las exportaciones se reducirá y el impacto en las finanzas será más acotado, el valor unitario será mucho más alto. Se exportarán, por ejemplo, menos barriles de petróleo, pero los que se exporten serán mucho más caros.

En segundo lugar, al no subsidiar más proyectos extractivistas el Estado logrará ahorros genuinos, pues dejará de gastar millonarios recursos para lidiar con el daño ambiental y social que provoca el extractivismo depredador.

En tercer lugar, la generación de empleo de los sectores extractivistas es escasa, mientras que la diversificación productiva hacia otros sectores puede fácilmente compensar esas pérdidas. La agroecología, por ejemplo, genera más empleo que el monocultivo de palma africana.

CON UN SINCERAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

Una de las críticas más usuales al post extractivismo señala que la caída de esas exportaciones significará una pérdida de ingresos millonarios y que eso reducirá las capacidades de acción estatal, especialmente en políticas sociales. Pero esa reducción financiera puede compensarse con precios más altos de esos productos y con menores transferencias generadas para paliar los impactos negativos.

Actualmente el Estado subsidia el extractivismo. Lo hace, por un lado, con exoneraciones tributarias, construcción de carreteras y vías de acceso, energía subvencionada, costos de transacciones, etc. Una caída del extractivismo convencional permitiría ahorros genuinos, sea al abandonar los subsidios explícitos u ocultos o al dejar de tener que sostener los costos de sus impactos. Esos ahorros amortiguarán los ingresos perdidos por menores exportaciones.

Naturalmente, esta línea de pensamiento indica que es necesario discutir la estructura y los objetivos del gasto estatal. Se debe poner en cuestión la validez del financiamiento de la nueva minería o de la explotación petrolera, las reducciones tributarias para atraer inversiones o los subsidios encubiertos brindando energía barata o redes de caminos. Las transiciones post-extractivistas necesariamente pasan por una reforma del Estado, por un sinceramiento del gasto estatal y por su orientación genuina hacia la reducción de la desigualdad y la atención de las necesidad básicas de la población con adecuadas políticas públicas.

CON UNA REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS RURALES

Las actividades extractivas que continúen operando -algunas minas o yacimientos de hidrocarburos- deberán generar recursos genuinos usados más eficientemente por el Estado a nivel nacional. La reducción de la participación de los sectores extractivos de las economías nacionales debe estar acompañada por un aumento en el aporte de los sectores manufactureros y en especial de los servicios.

La regulación social y ambiental como reacción al extractivismo implica repotenciar varias políticas públicas. Algunas han desaparecido hoy o están en su mínima expresión. Un ejemplo está en las abandonadas políticas públicas rurales. En otros casos las políticas públicas se han debilitado. Es el caso de las políticas públicas en salud o educación, heredadas de procesos privatizadores anteriores.

Entre las políticas públicas que se deben fortalecer es necesario mencionar algunas por su relevancia: habrá que generar una verdadera política pública que termine con la perversa insistencia de lograr la conservación por medio de la comercialización de servicios ambientales, el ecoturismo u otras formas de comercialización.

Las políticas de desarrollo rural deben ser rediseñadas y fortalecidas. Los cambios producidos por la deforestación son la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero en los países sudamericanos y, por eso, la problemática del cambio climático requiere de cambios profundos en las estrategias agropecuarias y de tenencia de la tierra. A su vez, ese sector es clave en proveer alimentos para consumo nacional y regional y ese papel debe potenciarse, sustituyendo el actual énfasis en convertir a nuestros países en exportadores globales de “mercancías” agroalimentarias.

CONTROLANDO EL ESTADO,
DIVERSIFICANDO LOS MERCADOS

Otro aspecto relevante frente al extractivismo se refiere a las políticas territoriales. Actualmente se observa en varios países una fragmentación territorial y otros procesos de desterritorialización dejando el Estado vastas áreas sin atender y concentrándose en unas pocas, casi siempre vinculadas a enclaves extractivistas y a sus obras asociadas, desde carreteras a represas. Uno de los objetivos de la marcha hacia un post-extractivismo es volver a “unir” todo el territorio nacional, asegurando una plena cobertura de la presencia del Estado de derecho en todos sus rincones.

Las transiciones al post-extractivismo no implican anular el mercado, sino otro tipo de balance entre el mercado, el Estado y los actores sociales. Su apuesta es a una regulación social del mercado y también a una regulación social del Estado.

Actualmente se ha avanzado más en la necesidad de mejorar las regulaciones sobre el mercado y muchas de ellas han sido dejadas en manos del Estado, aunque sin un seguimiento adecuado. Así, desde el Estado se han repetido problemas sociales y ambientales. Y ha sido el Estado un actor clave en promover distintos tipos de extractivismo. El mal desempeño social y ambiental de muchas empresas estatales extractivistas -particularmente las petroleras- justifica plenamente la necesidad de un control social.

Simultáneamente, es necesario desplegar el concepto de “mercado” en sus variadas manifestaciones. En general, se pone el acento en los mercados competitivos capitalistas, dejando de lado, marginando u ocultando otros mercados que son igualmente importantes en América Latina. Es el caso de los mercados que se basan en la economía social y solidaria, los mercados de las comunidades campesinas o indígenas, que incluyen reciprocidad y trueque.

Las transiciones deben servir para hacer visible esa diversidad de mercados y para fortalecer los mercados que representan contribuciones sustantivas a otro modelo de desarrollo.

LA NATURALEZA NO ES CAPITAL,
ES PATRIMONIO

En el post-extractivismo la Naturaleza deja de ser mercantilizable o expresable como capital y deberá ser abordada como un patrimonio. Esto no quiere decir que se abandonen los precios, ya que seguirán presentes, pero ajustados a lo que realmente expresan con su corrección ecológica y social. Esto requiere también utilizar cuentas nacionales también corregidas y que incorporen aspectos sociales y ambientales. Será necesario complementar esto con una reforma tributaria que sea socialmente más justa y que además aplique tasas y cánones por el uso de los recursos naturales.

Las transiciones al post-extractivismo tampoco implican desmontar las inversiones. Es más, existe un papel importante para inversiones ecológicas que se deberán hacer bajo otras escalas de tiempo, enfocadas en sectores prioritarios tales como la producción de bajo carbono, la preservación del patrimonio natural y las reconversiones productivas.

Conviene necesario aclarar que las transiciones que proponemos son distintas a las de la “nueva economía verde” del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente), que tiene abordajes conceptuales muy distintos. La propuesta del PNUMA mantiene los fines del desarrollo y enfatiza ajustes sectoriales e instrumentales y aunque podría ser calificada como una “transición” se quedaría estancada en el extractivismo sensato.

CON UN GIRO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Las transiciones post-extractivistas tendrán diversas consecuencias en el comercio internacional y en la integración regional. Poco a poco se abandonará el patrón de comercio internacional actual, dominado por las exportaciones de materias primas latinoamericanas hacia destinos del Norte industrializado o del Sudeste asiático y por las importaciones de manufacturas de esos orígenes. Se busca romper con objetivos como el de enviar minerales a China y comprar sus textiles y manufacturas baratas.

Las metas de “otro desarrollo” referidas a la calidad de vida hacen indispensable asegurar el acceso a los alimentos. Éste será un importante estímulo para el comercio continental en productos agroalimentarios. En lugar de sembrar soja y exportarla para nutrir cerdos y pollos en el Sudeste asiático, será necesario proveer alimentos a los desnutridos de nuestro continente. Será necesario identificar las mejores prácticas agropecuarias de acuerdo a sus aspectos ambientales para cada ecoregión y evitar los monocultivos para la exportación. En estas transiciones las exportaciones se desacoplarán del crecimiento económico como su motor privilegiado y el comercio internacional quedará regulado por exigencias sociales y ambientales nacionales. Apuntan estas transiciones a diversificar la composición del comercio internacional y las prioridades se centrarán en complementar las necesidades de nuestros países. Las metas sociales y ambientales se alcanzarán tanto con recursos propios como con los compartidos con los países vecinos.

No desaparecerá el extractivismo, se lo redimensionará y ajustará al que sea realmente indispensable. Se mantendrán algunos proyectos, especialmente los necesarios para el consumo regional y para la comercialización regional.

Las regulaciones sociales y ambientales afectarán no sólo las exportaciones de materias primas, también las importaciones de bienes extraregionales, especialmente los que representan un consumo suntuario, un alto consumo energético, los contaminantes, etc.

CON OTRA INTEGRACIÓN REGIONAL

Varios factores confluirán en reorientar el comercio en América Latina, reduciendo la dependencia de los mercados globales y, a la vez, con cambios sustanciales en los modos en que debemos entender la integración regional. Serán necesarias políticas en varios sectores y de tipo supranacional acordadas entre nuestros países.

En las últimas décadas se han anunciado más de una vez medidas complementarias en cadenas industriales para reemplazar bienes manufacturados provenientes de otros continentes por los elaborados en el continente. Esto no puede ser enfocado de una manera simplista, reemplazando, por ejemplo, automóviles japoneses por brasileños, o desembocando en asimetrías regionales, como podría ser el caso de Bolivia vendiendo recursos naturales a Brasil a cambio de manufacturas producidas en Sao Paulo.

La reorientación de la integración regional debe basarse en cadenas productivas compartidas por distintos países, en cuya manufactura participen empresas, sean bolivianas, paraguayas o argentinas, junto a las brasileñas. Este es un camino concreto para asegurar la diversificación de la base productiva.

Una serie de sectores clave requieren urgentemente de políticas regionales: el sector ambiental (especialmente para el manejo de cuencas compartidas y de los recursos en zonas de frontera), el sector agropecuario (para la provisión regional de alimentos, la protección de las economías campesinas y la reducción de los impactos ambientales en el medio rural), el sector de la energía (compartiendo recursos energéticos), el sector industrial y el sector comercial, para dejar de competir entre los distintos países ofreciendo más o menos los mismos productos.

Un programa de transiciones sustentables requiere abandonar la retórica integracionista actual, sea la de la Comunidad Andina, la del Mercosur o la de UNASUR, para pasar al diseño e implementación de políticas supranacionales. También es necesario un cambio sustancial en las posturas actuales a favor de la globalización, la de quienes defienden la liberalización comercial unilateral y los Tratados de Libre Comercio y la de quienes insisten en el “regionalismo abierto” de la CEPAL. Como alternativa, el camino es el “regionalismo autónomo”, definido como una forma de regionalismo que defiende la reconquista de la autonomía frente a la globalización, no para aislarse, sino para contar con capacidades para elegir estrategias propias de desarrollo que no sean impuestas desde fuera.

En este proyecto el comercio exterior deja de ser un fin en sí mismo y pasa a ser una mediación que sirve para atender demandas de calidad de vida. En este proyecto las exportaciones extractivas pierden su prioridad y se vuelven mucho más importantes otras exportaciones, como la complementación productiva en alimentos.

La autonomía se logrará también por una redefinición de las “soberanías”. Por este tipo de caminos, es posible defender autonomías para decidir con cuáles aspectos de la globalización se mantendrá un vínculo, con cuáles no y cómo serán esas relaciones.

CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las transiciones al post-extractivismo enfrentarán enormes desafíos en el terreno social, particularmente en sus flancos culturales y político-partidarios. Abandonar el extractivismo depredador despertará reacciones en contra de muchos actores, especialmente empresariales, mientras que revertir el consumismo generará resistencias también entre los sectores populares.

Serán necesarios intensos y consistentes programas para reformar los patrones de consumo, combatiendo la opulencia, favoreciendo bienes y productos de más larga duración con mejores balances en energía y materia, intensificando el reuso, el reciclaje, el compartir los usos, etc. En este terreno se debe avanzar apelando a diversas medidas de educación y difusión, junto a instrumentos económicos que desincentiven el consumismo y a medidas estrictas de control y regulación social y ambiental.

En el campo político, las transiciones requerirán fortalecer el entramado democrático, asegurar una adecuada participación social y desplegar las regulaciones sociales sobre el mercado y sobre el Estado. En ese camino resultará indispensable revertir el descrédito de la política y la delegación democrática actual, bajo la cual se mantienen democracias electorales formales, con muchas limitaciones en la participación ciudadana y en la regulación social, a costa de un exagerado presidencialismo.

En varios países parecería que la llegada de los gobiernos progresistas ha congelado el debate sobre la posibilidad de nuevos cambios y muchos se dan ya por satisfechos con los cambios emprendidos. Es necesario recuperar la cuota de liderazgo político que se vivió hace pocos años y comenzar a debatir las salidas post-extractivistas desde un entramado social mucho más amplio.

Es muy importante el fortalecimiento de la ciudadanía, entendida como actores que inciden en el debate público, que reclaman y deben gozar de una cobertura de sus derechos y que realmente participan en los procesos de toma decisión.

SON TRANSICIONES POSIBLES

Una y otra vez el extractivismo ha regresado a la escena del desarrollo en América Latina. Está profundamente arraigado en nuestra política y en nuestra cultura. Esas raíces explican el apego al crecimiento económico y el ver la Naturaleza como una canasta de recursos que debe ser intensivamente aprovechada. El extractivismo es una de las manifestaciones más puras de las ideas convencionales del desarrollismo latinoamericano.

Las alternativas de salida del extractivismo depredador requieren necesariamente de una crítica radical de las ideas contemporáneas del desarrollo. Abandonar ese camino extractivista será sin duda difícil, ya que proliferan las resistencias a cualquier cambio y esto se debe a que, más allá del plano político partidario, las raíces son culturales y expresan construcciones ideológicas profundamente arraigadas en nuestras sociedades. Por esa razón, la izquierda repite esas ideas y por eso también el debate sobre el extractivismo no se puede resolver únicamente en la dimensión político-partidaria. Se vuelven necesarios cambios en un amplio espectro de dimensiones, desde los fundamentos culturales sobre el desarrollo hasta cuestiones como la economía política bajo la cual se organizan los procesos productivos, el papel de la ciudadanía o la ética frente a la Naturaleza.

No bastarán las medidas de rectificación, sino que serán necesarias transformaciones profundas. Si bien las medidas instrumentales pueden ser valiosas, sólo deben ser pasos en un proceso que promueva y profundice los cambios a esos niveles más profundos.

Existirán duras resistencias, pero siendo inminente el colapso ambiental en varios frentes, es importante avanzar en un proceso de “transiciones” que sean sostenibles social y ambientalmente. Son transiciones posibles. No son un simple llamado difuso, como las clásicas evocaciones a un mundo sin pobreza y con felicidad. En realidad, la reflexión acumulada desde los ámbitos de la investigación y la acción, y la experiencia de muchas organizaciones ciudadanas, ha permitido contar con descripciones más detalladas de los pasos que hay que dar en varios campos. Hay ya propuestas consistentes y articuladas entre ellas en diferentes dimensiones y que abarcan las escalas local, nacional, continental y global.

Las transiciones post-extractivistas rechazan la fe en el progreso perpetuo, abandonan el antropocentrismo que permite destruir la Naturaleza, admiten que el futuro será de escasez y son multiculturales en su sentido más profundo. Cualquiera de estas transiciones posibles comparte el desafío de pensar otros desarrollos hacia el futuro para resolver los persistentes problemas sociales y ambientales que padece nuestro continente.

ESTE TEXTO APARECIÓ COMO UN CAPÍTULO DE LA PUBLICACIÓN “EL DESARROLLO EN CUESTIÓN. REFLEXIONES DESDE AMÉRICA LATINA”. PATROCINADO POR OXFAM Y CIDES UMSA (POSTGRADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO – UNIVERSIDAD MAYOR SAN ANDRÉS DE BOLIVIA) CON EL TÍTULO «MÁS ALLÁ DEL NUEVO EXTRACTIVISMO: TRANSICIONES SOSTENIBLES Y ALTERNATIVAS AL DESARROLLO”.

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