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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 193 | Abril 1998
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El Salvador

Ley del Medio Ambiente: en el ojo de la tormenta política

Nunca en la historia salvadoreña hubo tan acaloradas discusiones en torno a una ley. Nunca apareció con tanta claridad que en la lucha ambiental se forja la nueva identidad de la izquierda en El Salvador.

Ismael Moreno, SJ

La Ley del Ambiente es una ley tibia, apenas toca los intereses del gran capital, no recoge ni legisla todo lo que se necesita para la rehabilitación ecológica de El Salvador. Pero es un comienzo. Ahora, urge su aprobación, pues la estrategia del gran capital es darle largas al asunto y así, cuando por fin se apruebe una Ley del Ambiente, la cordillera El Bálsamo ya estará destruida, El Espino será un centro comercial, las empresas de agua estarán vendiendo agua importada, los manglares de Jiquilisco serán pistas de aterrizaje, habrá más montañas pero de basura, el suelo fértil será recuerdo del pasado y para respirar tendremos que auxiliarnos de pequeños cilindros de oxígeno".

Así se expresaba el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) a finales de febrero, en el momento en que la discusión sobre la Ley del Medio Ambiente estaba en el ojo de la tormenta. Para el FMLN y para otros sectores de la oposición, la aprobación de la Ley del Ambiente es un asunto de dignidad y de justicia con la sociedad salvadoreña. Para ARENA y los sectores del gran capital es una inoportuna piedra en el camino por el que transitan buscando multiplicar sus ganancias, caiga quien caiga, aunque caiga el país entero.

El Espino: el último pulmón

Después de discusiones de años, la Ley fue al fin aprobada por la Asamblea Legislativa el 2 de marzo. Después de enviarla al Presidente de la República, éste la devolvió a la Comisión Legislativa del Medio Ambiente con una serie de observaciones que representan en su esencia el pensar y el sentir del gran capital salvadoreño. La discusión del conjunto de observaciones del Ejecutivo en la Comisión enfrenta ahora el peligro de la indefinida prolongación de los debates. Y eso es exactamente lo que quiere el gran capital: no oponerse directamente a la Ley, sino dilatar las discusiones sobre cualquiera de sus puntos para así evitar que entre en vigor.

Los proyectos urbanísticos que se desarrollan en la capital salvadoreña ratifican que la alarma expresada por el CESTA no es simple retórica. Mientras la Ley sigue envuelta en un interminable y provocado proceso de discusiones, en el imponente volcán de San Salvador, al occidente de la capital, el bosque de El Espino, considerado "el último pulmón de San Salvador" es arrasado para dar paso a un megaproyecto de dos de las grandes familias oligárquicas del país. Dentro de pocos meses, El Espino dejará de ser el verde pulmón de la capital, el resguardo del manto acuífero de la ciudad, el alivio del clima capitalino y el purificador del aire de al menos tres ciudades, para convertirse en el más imponente centro comercial del país, con un hotel cinco estrellas, un centro financiero y una exclusiva zona residencial. Dejará de ser un monumento a la Naturaleza para transformarse en un monumento al cemento y a las luces de neón.

Antagonismos de siempre

En América Latina, El Salvador, el paisito más pequeño del continente y el que sobrevive en mayor peligro de extinción, se ha ido quedando a la zaga en materia de legislación ambiental. Mientras, la Naturaleza sigue siendo víctima de la acción depredadora de los salvadoreños, especialmente de quienes controlan el sector industrial privado, protegidos en el único bosque que hasta ahora sigue inexpugnable en el país: el de la impunidad.

Desde hace unos cuatro años se inició el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley del Medio Ambiente, pero fue hasta finales de marzo de 1998 que se presentaron las propuestas más serias y se escucharon las críticas más ácidas de parte de los grandes empresarios del país. Coinciden los salvadoreños en que nunca en la historia nacional hubo tan acaloradas discusiones en torno a la aprobación de una ley como las que han acompañado el debate ambiental. No es para menos. La vida de las presentes y las futuras generaciones está en juego y se llega ya demasiado tarde. La lucha ecológica en El Salvador requiere de la mayor audacia porque el capital se ha mostrado tan tercamente aferrado a sus intereses como en los peores momentos de la guerra civil.

Antes, la oligarquía identificaba a los comunistas como sus acérrimos enemigos. Hoy sus rivales son los ambientalistas. Y entre ellos, está el FMLN. El medio ambiente es hoy, sin duda, la primera prioridad para la izquierda salvadoreña. Y no porque con esta bandera gane espacios políticos o votos en las urnas. La razón es más sencilla: si en El Salvador la izquierda no reivindica la defensa del medio ambiente como una urgencia nacional, no sólo habría roto con la ética de su lucha sino que dejaría de tener futuro.

El debate ambiental ha venido a colocar de nuevo sobre el tapete nacional las verdaderas contradicciones sociales de este país. La oposición legislativa conducida por el FMLN , buscando acelerar la discusión para que la defensa del medio ambiente sea un compromiso de todos los sectores públicos y privados. Y el gran capital representado políticamente por ARENA y gremialmente por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Cámara de Comercio, la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUSADES) , cerrando filas para enfrentar la Ley con un boicot solapado, afirmando que quieren una legislación, pero tratando de reformar aspectos medulares de la que existe, con el fin de que nunca se ratifique o de que sólo se llegue a un ordenamiento que no pase de observaciones generales y de recomendaciones filantrópicas respecto a la Naturaleza.

Todos somos depredadores

Estando las discusiones sobre la Ley del Medio Ambiente en el centro del debate, envío rondó los cubículos de los diputados en el edificio de la Asamblea Legislativa salvadoreña en busca de información de primera mano. Liduvina del Carmen Magarín, abogada y miembra del FMLN desde los tiempos de la clandestinidad, ha fortalecido su vocación a proteger los derechos de los salvadoreños luchando por un ordenamiento jurídico que pare el desastre en contra de la Naturaleza. Actualmente, es asesora legal de los diputados de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa.

"La lógica que nos mueve nos dice no es tanto la prohibición, cuanto la búsqueda de alternativas nacionales ante un desastre que nos está arrastrando a todos sin distingos sociales o económicos. O nos salvamos todos o nos acabamos de hundir todos. Ese es el espíritu que hay tras de la Ley del Medio Ambiente que acabamos de aprobar.

Y aunque la preocupación de fondo es la de encontrar alternativas, lo prioritario es elaborar una legislación que logre frenar el actual desastre irracional. "A estas alturas de los tiempos salvadoreños dice Liduvina , es impensable una legislación que no enfrente con firmeza la impunidad de los industriales y grandes empresarios salvadoreños. Nuestro dedo debe señalar con exactitud las causas y a los verdaderos responsables de la depredación de nuestros recursos naturales. Aunque sin olvidar que ese dedo también debe señalar hacia cada uno de nosotros. Porque todos somos depredadores. Unos por enriquecimiento desmedido. Otros por sobrevivencia".

Los puntos no consensuados

Después de largas y acaloradas discusiones agudizadas especialmente en los primeros meses del año la Asamblea Legislativa logró aprobar la Ley con consensos en la mayoría de los puntos. Los diputados de ARENA impidieron que se aprobaran por consenso otros aspectos que para la oposición y para los ambientalistas resultan medulares:

El permiso ambiental. Mientras la oposición se mantuvo firme en que los permisos para la puesta en marcha de obras de infraestructura, industria, comercio, viviendas, etc. deben ser competencia exclusiva de un ente estatal, ARENA insistió en que debían existir al menos dos entes responsables de los permisos: uno estatal para otorgar permiso a empresas públicas y uno de carácter privado para otorgar permiso a la empresa privada. Pero, ¿podrá la empresa privada, principal responsable de la devastación de los recursos naturales salvadoreños, actuar en contra de sus intereses?

La fianza del cumplimiento. ARENA se opuso tenazmente a que la Ley establezca que toda persona o entidad que quiera poner en marcha obras que supongan un riesgo ambiental deba pagar una fianza que garantice el respeto al medio ambiente.

Participación ciudadana en la elaboración de políticas ambientales, en la gestión ambiental y en la evaluación de estudios ambientales. ARENA se opone a que la ciudadanía conozca y sea consultada sobre los diversos proyectos que supongan riesgos ecológicos y para la salud de la población.

Multas. La Ley establece multas que irán de dos a cinco mil salarios mínimos urbanos mensuales vigentes, de acuerdo a la gravedad del delito. Y aunque todos los diputados saben que la empresa privada jamás se verá en crisis, aun cuando tuviese que pagar de una vez muchas multas por muchos delitos, los diputados areneros supieron cumplir la consigna empresarial de oponerse a que se introdujeran multas que superaran los dos mil salarios mínimos mensuales.

Delitos ecológicos. Los areneros se empecinaron en que todos los delitos contenidos en la Ley fuesen excarcelables, a sabiendas que las penas estipuladas, de uno a diez años, resultan risibles si se las compara con la gravedad de los delitos que actualmente se cometen contra la vida de la Naturaleza y de la especie humana en El Salvador.

El Señor Presidente ante la Ley

Una vez aprobada, la Ley pasó a manos del Presidente de la República quien, por el derecho que le da la Constitución, puede vetarla, hacerle observaciones o darle el visto bueno para su puesta en vigor. Calderón Sol tuvo la Ley en sus manos durante quince días. En ese lapso de tiempo recibió cartas de los diversos grupos sociales y ambientalistas del país, advirtiéndole de los riesgos que corría si se plegaba a las exigencias del gran capital, que demandaba el veto presidencial. En los primeros días, los medios de comunicación lanzaron el globo sonda de que el Presidente vetaría la Ley. Los manifiestos de los ambientalistas se multiplicaron. Un desfile de centenares de ciclistas por las avenidas principales de la capital trató de influir en la decisión presidencial. Al final, el Presidente devolvió la Ley a la Asamblea haciéndole observaciones, casi todas relacionadas con los puntos no consensuados entre los areneros y la oposición, observaciones en las que se reflejan los intereses empresariales.

Si el Presidente de la República hubiese vetado la Ley como querían los grandes empresarios privados , el costo político para ARENA, en vísperas de campaña electoral, hubiese sido muy alto. Para curarse en salud, el Presidente hizo pública su opinión de que la Ley debía aprobarse, aunque dijo que era necesario tener una visión "realista". "Yo espero dijo que se medite muy bien y que se legisle muy bien, porque también es necesario para El Salvador tener una Ley que no venga a frenar el desarrollo ni el progreso. Porque en aras del medio ambiente también se puede frenar el desarrollo, el progreso, la inversión y la generación de empleo. Y eso es lo que nos preocupa".

Sacrificar un poco la Naturaleza

El Presidente quiso definir su papel en el debate ubicándose como conciliador entre diversos intereses: "No se trata de aprobar leyes punitivas, ya que todos queremos un ambiente sano, pero también queremos desarrollo". Pero nunca quedaron dudas de hacia dónde se inclinaba su balanza: "Hay que sancionar con gradualidad a los que contaminan, pero sin cerrar las fuentes de empleo". Su conciliación fue evidentemente parcial y cuando el 18 de marzo el Ejecutivo devolvió la Ley a la Asamblea con las observaciones, las diversas organizaciones de los grandes empresarios manifestaron su satisfacción.

En sus observaciones, el Presidente valora como excesivas las atribuciones que la Ley le otorga al Ministerio de Medio Ambiente, puesto que restringe el accionar de la empresa privada: "Una discrecionalidad excesiva (del Ministerio) en los aspectos relacionados con la supervisión, permisibilidad, evaluación de impacto y autorización de proyectos, actividades u operaciones, en vez de constituir una medida o un criterio ordenador, no hace más que introducir un efecto de incertidumbre técnica y jurídica en el desarrollo de las actividades productivas y económicas en general".

El Presidente se manifestó en contra de la Consulta Pública estipulada en el artículo 25 de la Ley del Medio Ambiente como un mecanismo "para otorgar o denegar un permiso ambiental, a efectos de autorizar una actividad, obra o proyecto específico". "Es importante destacar replicó el Presidente en sus observaciones que una consulta pública indiscriminada y sin sujeción a regulaciones, tratándose de proyectos específicos, puede prestarse a manipulación de competidores, que al sentirse amenazados en sus negocios, invocando una falaz defensa del medio ambiente, se opongan al proyecto, por razones de carácter económico particular, viéndose de esta manera afectado el sistema de libre competencia que garantiza nuestro ordenamiento constitucional. La consulta pública, tal y como está concebida, generaría, sin más, confrontaciones políticas innecesarias, posturas demagógicas y populistas que en nada abonarían a la preservación de la armonía social y la conservación de la paz y la tranquilidad interiores".

Pero fue la Directora de la Oficina de Planificación del Area Metropolitana la que selló de forma más evidente la vinculación del gobierno con los intereses del gran capital. Después de haber autorizado la construcción de una carretera que cruza la finca El Espino primer paso para la conversión de la reserva forestal en un colosal centro urbanístico la funcionaria pública, olvidando el desastre ecológico nacional se limitó a afirmar que "es preferible sacrificar un poco los recursos naturales para no detener el desarrollo del país".

El gran capital ante la Ley

"Los farabundistas no entienden porque no son empresarios", afirman despectivamente los diputados de ARENA. La conmoción causada por este debate ha sido nacional y profunda y, como en los tiempos más tensos de la guerra, las organizaciones empresariales arremetieron con todo su arsenal ideológico centrándolo en el argumento de que ninguna ley debe obstaculizar el crecimiento económico del país.

En sintonía con el Presidente Calderón Sol, el presidente de la ANEP declaró que la Ley del Medio Ambiente, tal como la aprobó la Asamblea, "frena el desarrollo y paraliza la inversión privada". La ANEP mostró con claridad cuáles son sus objetivos: oponerse a cualquier marco jurídico que afecte sus intereses. Sin embargo, sus miembros no lanzaron ataques frontales a la Ley porque saben que la sociedad es cada vez más sensible a los temas ecológicos. Atacando de ilusos y de poco realistas a los diputados de la oposición al legislar con argumentos que los empresarios califican como retóricos y poéticos más que jurídicos, la ANEP apuesta por una polémica interminable. De esta manera, ganan tiempo para no perder contratos y negocios con sus socios internacionales.

"Se advierte dice la ANEP en un documento de reacción a la Ley una intencionalidad clara de consagrar un supra ministerio con una supra organización". De esta forma dejan sentado su rechazo a que sus proyectos pasen por la fiscalización de un ente estatal. Acostumbrados a usar y a abusar de la Naturaleza, demandan que la nueva ley "asegure que la Naturaleza tenga lo que el desarrollo requiere de ella". Por eso se oponen tenazmente a cualquier ordenamiento jurídico que suponga no sólo el evitar que la Naturaleza esté a merced de ellos, sino el verse obligados a recrear la Naturaleza que ya dañaron con su voracidad. Proponen los empresarios aglutinados en la ANEP un concepto que debe regir la legislación: la llamada "compensación ambiental", entendida como "el mecanismo que la población debe adoptar para reponer o compensar los impactos que causa su presencia en el medio ambiente". Aplicado este concepto a la deuda histórica que la gran empresa privada tiene con la sociedad salvadoreña, el compromiso sería de tal magnitud que nunca terminarían de pagar ni de compensar. La historia de El Salvador no es más que la historia del enriquecimiento desmesurado de un reducido sector de salvadoreños, el mismo que hoy llama a la sociedad a compensarle a la Naturaleza por el impacto de su presencia en ella...

La CASALCO calificada por las organizaciones ambientalistas como la entidad más depredadora de los recursos naturales nacionales propuso que, en vez de llamarse Ley del Ambiente se llame Ley sobre el Desarrollo Sostenible. La Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) criticó acremente la Ley tal como la aprobó la Asamblea Legislativa, argumentando que, en vez de una ley, los diputados habían aprobado un conjunto de "declaraciones líricas y retóricas sobre el medio ambiente".

Una bandera de izquierda

Los ambientalistas también hablaron alto y claro. El CESTA calificó a la ANEP, a CASALCO, a la Cámara de Comercio y a FUSADES como "los cuatro jinetes del Apocalipsis Ecológico" y como "adoradores del becerro de oro". E increpó así a estos jinetes: "Con esta legislación se está tratando de detener la destrucción de la vida de todos los salvadoreños y salvadoreñas, incluidos la de los señores del gran capital, pero a ellos pareciera que no les importaría morirse hoy, con tal de que el ataúd en que los enterraran fuera de oro".

La Unidad Ecológica Salvadoreña recordó a los legisladores que suprimir en la Ley las sanciones y las multas como proponen los sectores poderosos del país es dejar las manos libres a destructores y depredadores para que "sigan haciendo lo mismo que han venido realizando con impunidad".

Los farabundistas del FMLN están convencidos de que "sólo una ley con dientes puede asustar a los depredadores del medio ambiente". Saben que la lucha por preservar el medio ambiente es el nuevo nombre de la lucha de la izquierda. Están convencidos de que en esa lucha se juega el futuro de El Salvador, de que en ese terreno se forja la nueva identidad de la izquierda y de todos los que buscan una sociedad nueva desde los excluidos del sistema. Ser de izquierda en El Salvador supone ponerse del lado de las víctimas del deterioro ecológico, con la conciencia de que el asunto no se resuelve sólo con una ley ni es una cuestión coyuntural ni se trata sólo de la responsabilidad de un partido político. Entender esta lucha, proponerla y librarla como un desafío nacional, de largo alcance y de la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad: ésa es la actual tarea de la izquierda.

Una tarea de largo plazo

Para el FMLN, la opción por el medio ambiente supone luchar para incluir en todas las políticas la dimensión ambiental. Porque la lucha ambiental no es tarea de un sólo ministerio. El medio ambiente es asunto de todos los salvadoreños y el Estado debe buscar respuestas en todos los terrenos y desde todos los campos.

Esta lucha supone también definir metas tan audaces como realistas. Agotar las metas ambientales en el período de un gobierno es demagógico y socavaría la credibilidad de las propuestas de la izquierda. En un período de gobierno apenas se pueden sentar las bases para un nuevo sistema que incluya proyectos para la protección de las cuencas de los ríos, la mejora de los niveles de filtración, la reforestación, el freno a la contaminación y a la erosión de los suelos, el aprovechamiento de los desechos sólidos, etc. La tarea es ingente y va más allá de esta generación. Un solo ejemplo: para que el río Acelhuate el que recibe la mayoría de los desechos de los capitalinos y en cuyo cauce se asientan centenares de colonias fantasmas pueda recuperar la vida de sus aguas se necesita un mínimo de cincuenta años de trabajo de regeneración.

Tan urgente como estratégico

Es estratégico que los diversos sectores sociales caigan en la cuenta de que el problema del medio ambiente es tan urgente como estructural. Por esto, se necesitan medidas de corto plazo, aunque decididas desde una visión de largo plazo, de cambio estructural. Lo urgente no puede reducirse a lo inmediato. Lo que inmediatamente se debe afrontar es la urgencia de poner en marcha un proceso de largo alcance. Se trata de revertir un proceso de siglos de desastre. Esto supone políticas audaces para detener el mal ya hecho y programas propositivos y estrategias que pongan en marcha un nuevo sistema.

Se requiere también con urgencia de una campaña de información y de educación y de un trabajo que se inicie a nivel municipal. El FMLN propone una estrategia ambiental municipal, que incluya la puesta en marcha de defensorías municipales, conformadas por los diversos sectores sociales que actuarían como "voz y oído" de todo lo que atente contra los recursos naturales y provoque mayor deterioro del medio ambiente, y que legislaría desde el mismo municipio, protegiendo los recursos naturales propios de la municipalidad. Se considera que en el ámbito local es donde existe mayor conocimiento y donde puede ejercerse mayor control.

Los Consejos Municipales y los diversos sectores vinculados con el municipio deben tomar conciencia del poder que tienen para detener la destrucción ambiental. El proceso de control de la basura siguiendo la lógica de reducirla, reusarla y reciclarla se vuelve tarea clave en cada municipio. En los municipios se puede lograr también con mayor eficiencia un manejo adecuado de los rastros y de los mercados y se pueden poner en marcha con mayor facilidad proyectos de mejoramiento ambiental en los que se involucre a los vecinos. La meta es la elaboración de un plan de reordenamiento ecológico adecuado a las características de cada municipio.

Compromiso nacional y personal

Cualquier estrategia ambiental de largo alcance debe contener una clara dosis de mística ambiental, vivida primeramente por los dirigentes políticos y por quienes estén involucrados en las propuestas y formulación de leyes ambientalistas. Liduvina Magarín es una entusiasta del medio ambiente. "Siempre quise ser abogada ambiental" confiesa a Envío. "Hoy más que nunca. Pero no basta con que una tenga entusiasmo. Es una responsabilidad y una deuda con nuestros hijos. Yo tengo un hijo de siete años. Yo lo miro a él. Sé que él está viendo menos árboles de los que yo vi cuando tenía su edad. Sé que él está recibiendo mayor daño a su salud que el que yo recibí a su edad. Si yo no lucho desde mi disciplina por parar este desastre, no estoy siendo responsable con mi hijo ni con el futuro de mi país y el de la humanidad".

"El otro día sigue la abogada farabundista conversando con mi hijo le pregunté qué había más en San Salvador, si calles o árboles. No dudó en su respuesta: calles. Mi compromiso con todo El Salvador debo comenzarlo en casa. A partir de una opción por los espacios verdes y haciéndole frente a la civilización del cemento. Yo tengo más oportunidad que muchos salvadoreños. Soy asesora de quienes tienen como misión legislar para todo el país. Mi influencia puede tener alcance nacional. Pero ese alcance nacional tiene que tener también una dimensión personal y familiar. Quiero crecer en un compromiso con esas dos dimensiones. Por eso trato personalmente de contaminar lo menos posible. Me esfuerzo en usar las menos cosas desechables. Trato de volver a las costumbres tan bonitas que aprendí de niña en el campo y ahí voy siempre, cargando mis bolsitas de manta, las mismas que me enseñó a hacer mi abuela. Uso ésas en vez de usar a cualquier hora y para cualquier cosa las bolsas plásticas desechables. Ahorro toda el agua que puedo, cuido mi alimentación, evito la carne. Y si tuviera tierras, en vez de destinarlas para criar vacas, cultivaría lo que sé que alimenta a muchas más personas que las que pueden alimentar las vacas. Cada salvadoreño debería hacer algo personal. Tener un compromiso en su casa y, según su capacidad y posibilidades, extender ese compromiso al mayor número de personas.

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