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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 189 | Diciembre 1997
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Nicaragua

Bancos, banquitos y productores rurales

Después del crédito subsidiado en los 80 y de la ausencia de crédito en los 90, la mayoría de las familias campesinas requieren de créditos adecuados y de lugares donde ahorrar. Las leyes bancarias deben flexibilizarse para que bancos y "banquitos" den respuestas a la Nicaragua rural.

Isabel Dauner

Cada año se abre un nuevo banco privado en Nicaragua. Como en otros países, el financiero es un sector muy lucrativo para quienes pueden invertir. Este año y el próximo se cerrarán sucursales de la banca estatal por toda Nicaragua y miles de productores del campo seguirán soñando con producir, con ver prosperar su finca, con un futuro mejor. El gobierno liberal asegura que su estrategia de desarrollo económico tiene en su base el apoyo al sector agropecuario. ¿Por qué entonces es tan difícil que las familias rurales consigan crédito en cualquier banco para sus actividades? ¿Y por qué los "banquitos", las nuevas instituciones de crédito no convencional -cuyo número crece constantemente-, no logran llenar el vacío dejado en el campo por la retirada del Banco Nacional de Desarrollo? ¿Cuál ha sido la evolución del sistema financiero nicaragüense ? ¿A quienes ha servido y para que les ha servido? ¿Cómo se va dibujando el futuro para los pequeños y medianos productores ante los bancos y ante los banquitos?

Somocismo: sólo los grandes

Durante el somocismo los bancos se incorporaron a una alianza estratégica con el Estado y con los sectores productivos. En 1952 los empresarios del sector azucarero crearon el Banco de América y en 1953 empresarios del café y del algodón crearon el Banco Nicaragüense. En los años 70, a pesar de que la mayoría de los bancos habían sido creados con fondos del sector agroexportador, el gobierno priorizaba a la industria urbana. Dos grandes grupos económicos se estructuraron alrededor del Banco de América y del Banco Nicaragüense, mientras en el Banco Centroamericano, del grupo Somoza, se integraban las empresas que pertenecían a la familia gobernante. A la agricultura sólo se destinaba una pequeña parte de los créditos bancarios: en el último año del somocismo, 1978-79, el 20%. El 90% de ese crédito agrícola se destinaba a los grandes productores y a la exportación. Sólo el 10% restante iba a la producción de granos básicos.

En 1959 el gobierno somocista lanzó un programa de financiamiento para pequeños y medianos productores a través del Banco Nacional de Nicaragua. Se les financiaba la producción de maíz, algodón, arroz y café con tasas de interés concesionales, inferiores en un 2% a las tasas de los bancos comerciales. En esa misma época se impulsaron las primeras cooperativas de ahorro y crédito. En 1975, Estados Unidos, a través de la AID, promovió el programa llamado INVIERNO, que distribuyó crédito en especie en las zonas de mayor pobreza o en las que estaban afectadas por las actividades de la guerrilla sandinista. La política crediticia del gobierno somocista privilegió claramente a la industria urbana y algo a la agroexportación. Medianos y pequeños productores agropecuarios eran marginados por el sistema financiero o atendidos por lo que hoy llamaríamos programas de compensación social.

Sandinismo: los límites de un proyecto

Derrotado el régimen somocista, el gobierno sandinista impulsó una profunda reforma del sector financiero, expropiando y luego fusionando las 17 instituciones financieras que llegó a haber durante el somocismo. De este proceso resultaron cuatro bancos, cada uno dedicado a un sector específico: el BANADES para financiar al sector agropecuario, el BANIC a la industria y al comercio, el Banco Inmobiliario se concentró en la construcción y la vivienda y el Banco Popular en la pequeña empresa urbana.

Con la reforma del sistema financiero, el gobierno revolucionario buscaba vincular la política crediticia a la política económica nacional, en donde el crédito sería un instrumento de transformación económica. El crédito promovería la producción, capitalizaría a los sectores sociales favorecidos por la revolución e impulsaría transformaciones estructurales en la economía: reforma agra- ria, nacionalización del comercio exterior y de los recursos naturales, nueva política de comercialización. Etc.

En los años revolucionarios la masa crediticia intermediada hacia la economía aumentó considerablemente y en términos reales llegó a ser 3.5 veces mayor en 1987 de lo que era en 1979. La banca estatal sandinista otorgó abundantes créditos a todos los productores, grandes, medianos y pequeños, con bajos intereses, muchas facilidades y frecuentes condonaciones. En el área rural, los recursos fueron intermediados, sobre todo, a través de las cooperativas de ahorro y crédito, de las cooperativas agrícolas y de las empresas del "área propiedad del pueblo". En menor medida, llegaban directamente a los pequeños y medianos productores. La producción de granos básicos se incrementó: en 1984-85, en 29% el maíz y en 51% el frijol respecto a lo producido en 1977-78.

Esta expansión y redistribución de los recursos financieros llegó ya a su límite en 1984 por serias ineficiencias de la política crediticia y del sector agropecuario en general. Los bancos ofrecían tasas concesionales a las unidades económicas rurales que, sumadas a la inflación -también acrecentada por la guerra- resultaban en tasas reales negativas, con consecuencias nefastas para toda la economía. Los bancos no lograban expandirse más por problemas estructurales en el sector rural: carreteras y caminos deficientes, tecnología ineficiente, rendimientos bajos, control estatal sobre la producción campesina. Y la misma guerra. Al final, los bancos acumularon burocracia y malos servicios, además de servir a erradas políticas crediticias.

En 1985, el gobierno revolucionario emprendió reformas en el sector financiero, tratando de recuperar el control de la situación con varias medidas: aumento de la tasa de interés, una mayor selección en el otorgamiento de créditos -especialmente los de largo plazo-, y la introducción de garantías bancarias. Estas medidas no fueron suficientes para mejorar sustancialmente la situación. Las tasas de interés reales siguieron siendo negativas, y a pesar de las pérdidas sufridas por los bancos, no se logró establecer una más rigurosa selección de clientes.

Fue hasta 1988, cuando el desequilibrio de la economía era total -inflación, déficit comercial, distorsiones en los precios por los subsidios a la producción y al consumo-, que se realizaron verdaderos ajustes a la política crediticia. Se retomaron los principios de selección de clientes -racionalidad, productividad, eficiencia, etc.-, se redujo la oferta para bajar la inflación, se unificaron para todos los sectores las tasas de interés y éstas fueron indexadas anualmente, se redujeron los montos prestados y se incluyó el riesgo cambiario para la garantía.

Chamorrismo: regresa la banca privada

El gobierno de Violeta Chamorro dio continuidad a la política de ajuste iniciada por el gobierno sandinista en 1988. Y la profundizó radicalmente. La política de crédito se alteró al quebrarse el monopolio del Estado sobre las actividades financieras. La banca privada reapareció a partir de 1991, como consecuencia de la liberalización financiera, y con el apoyo de la AID. Se liberó la tasa de interés pasiva -la que pagan los bancos a sus ahorrantes-, se redujo el programa de redescuento del Banco Central, se flexibilizó la administración en los techos de los préstamos y se formó un mercado interbancario regulado por el Banco Central. En 1991 se creó la Superintendencia de Bancos (SIB) que asumió el papel de instancia reguladora y supervisora de las actividades de los bancos comerciales, tanto estatales como privados.

Los bancos estatales jugaron un papel cada vez menos importante en el nuevo escenario financiero. Ya desde 1992 se recortaron los fondos del BANADES, lo que provocó una disminución drástica de las actividades de este banco que, sin embargo, siguió facilitando créditos aunque sólo a los grandes productores. De las 117 sucursales del BANADES sólo quedaron 71. El resto se cerró y se despidió a cientos de empleados. El Banco Central disminuyó año tras año su participación en el financiamiento de las actividades económicas, dejando este lugar a los bancos privados y reservándose el papel de prestamista de última instancia para los bancos. Se liberaron las tasas de interés activas, con lo que los bancos tuvieron libertad para fijar sus márgenes de ganancia, aunque están obligados a mantener un encaje legal: cada banco debe mantener un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central (15% sobre los depósitos en moneda nacional y 25% sobre los depósitos en dólares). El encaje legal es actualmente el único mecanismo con el cual el Banco Central puede regular la masa monetaria. Si aumenta el encaje legal, los bancos tienen menos liquidez disponible para otorgar crédito.

Como en el resto de países de América Latina, la reforma financiera diseñada por el gobierno Chamorro buscó lograr la estabilidad macroeconómica que exigen las instituciones financieras internacionales y las políticas de supervisión del sector financiero buscaron garantizar seguridad a los ahorrantes para así captar sus recursos.

Liberalismo: muchas incógnitas

El gobierno liberal de Arnoldo Alemán ha continuado las reformas en el sector financiero con el objetivo general de promover las exportaciones, estimular el ahorro y la inversión interna, controlar la expansión de liquidez y avanzar en cambios estructurales que den mayor participación al sector privado en las diferentes actividades económicas del país.

Los bancos privados comerciales practican agresivas campañas publicitarias para captar ahorros y colocarlos en las actividades de mayor rentabilidad: especulación en la bolsa de valores, operaciones de arrendamiento financiero (leasing), operaciones de factoraje (gestión de facturas de una empresa). En estas actividades participan fundamentalmente los capitales de las grandes empresas comerciales e industriales. El crédito individual de pequeña escala, particularmente en el sector agropecuario, no interesa a los bancos. Los altos costos de administración, los riesgos climáticos, la falta de claridad sobre la propiedad de la tierra, la mala calidad de las vías de comunicación y de telecomunicación restan incentivos a los bancos para trabajar con estos sectores.

Enfrentado a esta realidad, el gobierno liberal ha iniciado un Proyecto Piloto de Financiamiento Rural con recursos del Banco Mundial, como fuente alternativa de financiamiento para el sector rural. Los fondos se canalizan a través de la banca privada, que se ha comprometido a colocar 1 millón de dólares en 9 municipios de menos de 15 mil habitantes hasta septiembre de 1998. Hasta el momento se han asignado seis sucursales, tres a Bancentro, que ha abierto sucursales en San Marcos y Nandaime; y tres a Bancampo, que abrió en Masatepe y Esquipulas. Otros bancos están negociando para beneficiarse de este programa.

Todo esto sucede mientras se desconoce quién será el sucesor del BANADES cuando este banco estatal desaparezca, quién responderá a la demanda de financiamiento de la producción agropecuaria y si realmente resultará cierta la política de fomento a la producción campesina. Tampoco se sabe si los bancos privados que están abriendo sucursales en zonas rurales financiarán a los pequeños productores. Son muchas incógnitas, todas ellas importantes.



El campo se queda sin crédito

Ya desde 1990 los bancos estatales comenzaron a reducir sus actividades por razones políticas y financieras, dedicándose principalmente a cobrar los préstamos hechos a sus deudores. La disminución de los flujos netos (entregas menos recuperaciones) de crédito del sistema financiero a los sectores productivos ha sido constante, como indica el cuadro de la página anterior.

Según informes estadísticos de la Superintendencia de Bancos, en 1992 la banca estatal todavía proporcionaba a la economía el 83% de la oferta de crédito neto y la banca privada el 17%. Pero en junio de 1997 esta relación se ha invertido completamente: el 14% corresponde a la banca estatal y el 86% a la privada. Desde 1991, Nicaragua ha asistido a un repunte de las instituciones bancarias privadas. Algunas de ellas regresan, pues ya habían existido en la época somocista.

Actualmente operan en el país trece bancos comerciales, tres estatales y diez privados. De estos diez, siete abrieron en 1991 ó 1992. En consecuencia, las entregas de crédito del sistema bancario a los sectores productivos ha aumentado de unos 2 mil 300 millones de córdobas en 1991 a unos 4 mil 900 millones en 1996, aunque desde 1995 se observa una reducción del ritmo de crecimiento de la oferta crediticia, e incluso una reducción real de esa oferta entre 1995 y 1996. Además, a partir de 1994, el Banco Central de Nicaragua dejó de otorgar préstamos al sistema financiero.

La mayor parte de la oferta de crédito proviene de los depósitos de ahorro en moneda nacional y sobre todo, del ahorro en dólares, que según un estudio de la CEPAL representó el 74% de la oferta de crédito en 1995. Los niveles de ahorro del sector privado en los bancos comerciales se incrementaron de 172.7 millones de dólares en 1991 a 633.9 millones en 1996. Mientras en 1991 el 83.5% de estos ahorros se encontraba en los bancos estatales, en 1996 sólo el 37.5% estaba en ellos y el 62.5% en los bancos privados. La reducción en la oferta de crédito de los bancos estatales, principalmente del BANADES , ha tenido graves consecuencias en el campo, donde el crédito otorgado ha venido disminuyendo desde 1993, como indica el cuadro de esta página.

Si en 1991 los flujos de crédito llegaban en un 30% al sector agropecuario, en 1996 ya sólo llegaba el 15%. Aunque muchos de los bancos privados tienen sucursales en las principales cabeceras departamentales, no financian la producción agropecuaria de tipo familiar, que es la mayoritaria en la economía rural. No la financian por muchas razones: falta de conocimiento del sector, deficiencia del sistema de garantías -problemas con los títulos de propiedad-, alto riesgo climático y económico, lejanía de la clientela. El drástico cambio de una política de crédito subsidiado -y en muchos casos condonado- de los años 80 a una política con casi total ausencia de crédito en los años 90, ha hecho que la mayoría de las familias rurales se vean imposibilitadas de financiar su ciclo agrícola colocándose así en el corazón de la grave crisis económica que vive el país.

Proyectos, banquitos, usureros…

En este desierto han surgido oasis, fuentes alternativas de dinero para otorgar crédito allí donde los bancos estatales se han retirado y donde lo bancos privados no han llegado. Las aguas de estas fuentes son muy variadas: hay quienes hacen del crédito una herramienta para enfrentar la pobreza y la exclusión. Otros buscan sólo hacer un buen negocio. ONGs, proyectos de desarrollo o proyectos sociales del mismo gobierno están entre los primeros.

Algunas instituciones sin fines de lucro como el CEPAD, Nitlapán, Fondefer o Caruna han creado "banquitos" que se han especializado a lo largo de los años 90 en la intermediación de crédito a pequeñas y medianas unidades económicas rurales buscando no sólo brindarles una compensación social, sino hacerlas sostenibles. Otras fuentes de aguas turbulentas, que buscan negocio y ganancias, son empresas o comerciantes que prestan a los productores para poderles comprar su producción o venderles productos. Son también los usureros, que después de estar prohibidos en los años 80 reaparecieron con paso seguro en los 90.

Un estudio sobre impacto del crédito realizado por Nitlapán mostró que en 1991 el 90% de los pequeños y medianos productores de las zonas rurales habían carecido de crédito, pero que ya en 1995 esa proporción había descendido al 62%, como resultado de la aparición de todas estas fuentes alternativas, usureros incluidos.

El Foro Nacional de Finanzas y Desarrollo Rural-Iniciativa por Nicaragua estimó que en 1996, las más destacadas de las fuentes alternativas de crédito sin fines de lucro, los "banquitos" de la FACS, Nitlapán, Caruna, CEPAD y Fondefer beneficiaron a unas 58 mil 73 familias con 9.9 millones de dólares. Por comparación, en mayo de 1997 el BANADES tenía 6 mil 450 clientes con una cartera de 71 millones de dólares.

Pero, a pesar de todos sus avances y logros, las instituciones alternativas todavía no han logrado cubrir la caída en picada de la oferta de crédito en el campo. Hoy sólo un 18% de las familias rurales están cubiertas por estos "banquitos" alternativos y el monto promedio que les prestan a cada una no pasa de los 170 dólares.



¿Controlar o flexibilizar?

La Superintendencia de Bancos (SIB) ha intentado controlar a estas nuevas instituciones de intermediación financiera, que también han hecho su aparición en las ciudades. Con este fin, ha establecido que los "banquitos" que quieran ofrecer a su clientela servicios de ahorro tendrán que someterse a las mismas normas de los bancos comerciales. Pero la presión tiene doble vía: las principales instituciones no convencionales, han empezado, por su parte, a demandar a la SIB que flexibilice su política, pues bajo las normas de los bancos comerciales no podrían seguir trabajando con pequeños y medianos productores, que mayoritariamente no llenan los requisitos necesarios en cuanto a garantías hipotecarias.

La rigidez de las normas de la SIB podría ser una de las principales razones del por qué los bancos privados no se hacen presentes en las zonas rurales. El Ministro de Agricultura y Ganadería del gobierno liberal busca también la flexibilización de las normas para que los bancos privados expandan sus actividades en el campo, ofreciéndoles subsidios para que abran sucursales en cabeceras municipales rurales.

Los últimos datos del Banco Central muestran un aumento en las entregas de crédito al sector agropecuario. En agosto de 1997, el 31% de la cartera de crédito de los bancos comerciales benefició a este sector. Un año antes, en agosto de 1996, era sólo el 15.8%. Pero este avance se da en un marco preocupante: el BANADES está entregando menos de lo que recupera y está vendiendo sus sucursales a los bancos privados. Y como éstos sólo financian a grandes productores que presenten una garantía prendaria o hipotecaria, el financiamiento a la mayoría de las unidades económicas rurales está muy lejos de haber sido resuelto. En su informe anual del 97, UNICAFE plantea, por ejemplo, que el sector financiero sólo ha prestado a los cafetaleros nacionales el 19% del crédito que ellos requerían.

Fuentes de crédito: cinco tipos

Con todos los cambios que han tenido lugar en estos años los mercados financieros rurales se componen hoy de diversas fuentes de crédito. La cantidad y la diversidad de los créditos varía según las regiones y sus características agroecológicas y socioeconómicas. En un estudio realizado por Nitlapán en 1996 se identificaron cinco tipos de fuentes de financiamiento en zonas del Pacífico y del Interior:

- Los bancos comerciales, estatales y privados, con presencia muy reducida.

- Los "banquitos": instituciones financieras no reguladas o no convencionales sin fines de lucro, que no sólo están presentes sino que han demostrado que las pequeñas y medianas empresas rurales son sujetos de crédito viables, siempre y cuando se les apliquen políticas y condiciones adaptadas a sus sistemas de producción.

- Organismos y proyectos de desarrollo de la cooperación internacional o del Estado, que ofrecen crédito en efectivo o en especie. Se diferencian de los bancos convencionales y de los "banquitos" no convencionales por no estar especializados en servicios financieros. En estos proyectos, el crédito es un elemento más para lograr desarrollo. Estos proyectos más que buscar la sostenibilidad financiera, pretenden, con los créditos, impulsar la equidad hombre-mujer, la conservación de los recursos naturales, la organización de la sociedad civil, etc.

- Comerciantes prestamistas: empresas de comercialización de productos agrícolas y agroindustriales, que financian a determinados productores, a los que después les compran la cosecha. En muchos casos, estas empresas funcionan como intermediarios entre los productores y la banca privada, ya que a ellos les otorgan más fácilmente el financiamiento. A los productores, estas empresas les cobran la tasa de interés del mercado. Prestar dinero no es para estas empresas un negocio sino una forma de asegurar determinada producción y después su procesamiento y comercialización. Las casas comerciales practican también una especie de servicio financiero, vendiendo al fiado insumos e implementos agrícolas con plazos de pago de hasta seis meses.

- Prestamistas individuales o usureros, que prestan dinero sin garantía a una tasa mensual de hasta el 20%. Estos usureros trabajan generalmente en los mercados y prestan a los comerciantes en los tramos. La ley sobre préstamos individuales impone límites a los intereses según sea la tasa oficial del mercado. Si el interés oficial es del 18% anual, los prestamistas no pueden cobrar más del 27% anual. Sin embargo, la mayoría de los usureros cobra actualmente intereses entre el 10-20% ¡mensuales!

¿A quién pedirle el préstamo?

Con tantas y tan diversas fuentes de financiamiento en el escenario rural, los mercados financieros se caracterizan en el campo por un elevado grado de segmentación, dificultando a la mayoría de las unidades económicas su acceso al crédito. Hay diferencias sustanciales en montos, plazos, formas de pago, garantías, organización, objetivos. Y así, aunque un productor tenga un proyecto de inversión rentable y viable no tiene asegurado el conseguir el crédito que más le convenga. Por varias razones. El BANADES no tiene dinero. En el banco privado tiene que respaldar el préstamo que pide con una hipoteca y este productor -como otros miles- no tiene aún su título de propiedad. La empresa exportadora de café sólo le presta si produce café. El proyecto de desarrollo que llegó a su comunidad le quiere y le puede prestar, pero sólo en un monto y con un plazo que le impiden hacer la inversión que él desea. A este productor le quedan dos opciones: no realizar la inversión y esperar que se le presente otra oportunidad -¿cuál?- o agarrar el dinero que le ofrece el proyecto de desarrollo para dedicarlo a otro rubro menos rentable o para gastarlo en un sinfín de necesidades.

La segmentación entre las distintas instituciones crediticias obstaculiza la transferencia de fondos entre las distintas regiones del país, problema de suma importancia para las unidades económicas que realizan actividades comerciales. Particularmente en zonas del interior, donde es peligroso viajar con dinero en el bolsillo, muchos quisieran poder depositar dinero en el banco de su localidad para retirarlo en el destino, la ciudad donde van a realizar la transacción comercial. Pero no pueden.

¿Son altas las tasas de interés?

Hay quienes argumentan que las altas tasas de interés y la falta de crédito son responsables del bajo crecimiento económico de Nicaragua. Otros afirman que ese escaso crecimiento se debe más bien al difícil proceso de ajuste que vive el país desde hace años y completan su argumento señalando que, si bien las tasas de interés son altas en comparación con las de los años 80, con las tasas de los Estados Unidos y con las del resto de países de Centroamérica, son las adecuadas para un país en proceso de ajuste estructural. De hecho, desde la crisis de la deuda en 1980 y la liberación de los mercados financieros, el aumento de las tasas de interés es un fenómeno generalizado en toda América Latina.

Según los banqueros nacionales, el elevado nivel de las tasas de interés en Nicaragua se debe a la eliminación de los controles sobre los flujos de capital y a que el país debe mantener su tasa de interés por encima del promedio internacional para poder atraer capital financiero y así compensar el alto riesgo y los altos costos de intermediación que los capitales tienen en Nicaragua. La tasa de interés activa en Nicaragua se calcula en base a un referencial internacional equivalente a la tasa de retorno en bonos del Tesoro de los Estados Unidos -era del 5% en 1995-, más el riesgo cambiario del país (0.4%), más la tasa de credibilidad en las políticas gubernamentales (10.7%), más el margen de intermediación (6.2%). Entre 1990-94, la tasa de riesgo y la tasa de credibilidad en Nicaragua disminuyeron al haber mayor confianza en la economía, mientras aumentaban los márgenes de intermediación, dando lugar a que los bancos incrementaran sus ganancias.

El encaje legal que exige el Banco Central es el más bajo de Centroamérica y no justifica los altos márgenes de intermediación. Probablemente, son dos los factores que explican lo alto de estos márgenes. El primero: la banca estatal concentró durante años sus préstamos en altos montos a políticos que no pagaron, y ha tenido que transferir estas pérdidas cobrando mayores intereses. El segundo: el sector bancario nicaragüense tiene una estructura casi oligopólica, lo que permite a los bancos fijar sus tasas de interés de manera concertada, con acuerdos entre unas pocas familias.

En esta situación, los ahorros captados se canalizan hacia las actividades con mayores tasas de retorno y menores riesgos, como son las comerciales. Una disminución en las tasas de interés activas contribuiría a una producción agropecuaria más competitiva a nivel internacional. Por otro lado, las instituciones financieras no reguladas, los "banquitos" no convencionales, han demostrado que, incluso manteniendo las altas tasas de interés del mercado, se puede financiar a las pequeñas y medianas empresas rurales de manera viable, tanto para la institución como para los beneficiarios.

El éxito de las instituciones que han hecho esta opción reside en la forma con la que otorgan los préstamos y en el conocimiento que tienen del sector agropecuario. Las decisiones sobre a quién financiar, con qué montos hacerlo y bajo cuáles condiciones prestar se basan en el conocimiento del entorno local y de los sistemas de producción de las unidades económicas financiadas. En base a esto, financian la totalidad de las actividades realizadas por la familia campesina y no un rubro específico, como hacen los bancos comerciales. Al trabajar así, se reduce el riesgo del no reembolso en el caso de que haya pérdidas en el rubro financiado.

Elevados costos de transacción

En las zonas rurales, los costos de transacción que las unidades económicas pagan para conseguir recursos, además de la tasa de interés, son muy variables, según la fuente que les otorga el crédito y según su ubicación. En muchas zonas, las oficinas de los bancos están lejanas, pues sólo existen oficinas en las cabeceras departamentales y resulta caro el transporte para ir a gestionar un préstamo.

Los "banquitos" y los organismos de desarrollo se establecen generalmente más cerca de sus potenciales clientes. También responden más rápido a la demanda del productor. En los bancos locales promovidos por Nitlapán, por ejemplo, un productor que solicita su primer préstamo espera como promedio unos 30 días hasta recibir respuesta. Con los bancos comerciales y con los comerciantes prestamistas espera unos 45 días. En un banco comercial el productor tarda cinco días para gestionar el crédito, en el banquito local no pasa de dos días.

Además de cobrar tasas de interés relativamente altas, los intermediarios financieros convencionales cobran gastos legales y gastos de supervisión, encareciéndose aún más el costo efectivo del crédito, lo que es mayor carga cuando se trata de préstamos pequeños. Para la gran mayoría de productores, que no tienen aún en mano sus títulos de propiedad, el requerimiento de una garantía hipotecaria les imposibilita obtener préstamos de las instituciones bancarias.


¿Dónde guardar los ahorros?

A menudo se escucha que en Nicaragua no existe una cultura de ahorro y que la gente no tiene confianza en el sistema bancario. Las estadísticas del Banco Central contradicen estas afirmaciones: muestran un constante crecimiento en los volúmenes de ahorro captados en los bancos comerciales a partir de 1990. Pero estas cifras son urbanas. En las zonas rurales sólo pocas familias, las más acomodadas, tienen ahorros en los bancos comerciales. La mayoría de las unidades económicas rurales "ahorra" de otras formas: ganado, capital fijo, capital de trabajo -insumos los agricultores, madera los artesanos- etc.

Los bajos niveles de "ahorro institucional" en las zonas rurales se deben a dos causas. La primera es histórica: muchos de los que ahorraban en los años 80, perdieron todos sus ahorros por la inflación y por la gran devaluación que produjo el cambio de moneda en 1988 y terminaron desconfiando totalmente de los bancos. Segunda causa: las políticas de captación de ahorro de los bancos no incentivan a la mayoría de familias rurales de bajos ingresos a abrir una cuenta. Los costos de transacción son demasiados altos -ellos solicitan montos a menudo pequeños, las gestiones son lentas, el transporte es caro- y les resulta más favorable mantener sus ahorros guardados en la casa, donde pueden perderlos, gastarlos sin control o ver cómo se devalúan.

En un banco estarían más seguros, mantendrían su valor y ganarían algo. Serían un pequeño seguro para situaciones de emergencia. Tener una cuenta de ahorro daría a muchas familias rurales la oportunidad de acumular un cierto monto en un lugar seguro y con ganancias, lo que facilitaría el que planificaran sus inversiones. ¿Por qué no lo hacen? Les falta la principal motivación para ahorrar en un banco: tener acceso a un crédito en el futuro. En el campo está establecida firmemente la idea de que "yo presto a quien me preste y si no me presta, dejo de prestarle".

Una legislación que debe flexibilizarse

Los "banquitos" que otorgan crédito a las familias rurales y que captarían adecuadamente sus ahorros, no pueden hacerlo por razones legales. La legislación bancaria nicaragüense es aún demasiado conservadora. Naturalmente, en todo país, las autoridades bancarias tienen que velar por la seguridad de los ahorros que la población deposita en los bancos, para evitar una crisis financiera, e incluso política, como demostró el reciente caso de los ahorros piramidales de Albania, donde una mafia de ex-políticos engañó a miles y miles de personas ofreciéndoles tasas de interés muy atractivas para captar sus ahorros, y después se esfumó con el dinero.

En Nicaragua se podría ser más flexible. Las nuevas instituciones financieras no reguladas - los "banquitos"- buscan captar ahorro local para poder así independizarse de los recursos que les facilita la cooperación externa y llegar a ser sostenibles, y para poder funcionar como verdaderos intermediarios financieros entre los que tienen excedentes de dinero para ahorrar y los que tienen déficit de dinero para producir. Por esto, estas instituciones han iniciado un proceso de negociación con la Superintendencia de Bancos (SIB), que tuvo una primera respuesta favorable: la nueva ley bancaria aprobada en 1997 incluye un artículo que autoriza a los "banquitos" a constituirse como "instituciones financieras sin fines de lucro".

Faltan aún la elaboración del reglamento y de las normas especiales para este tipo de instituciones, momento en el que las autoridades bancarias podrían caer en el error de querer controlar a los banquitos - un sector que les es desconocido - con reglas parecidas a las que rigen a los bancos comerciales. Los banquitos se merecen la flexibilidad: trabajan no sólo "sin fines de lucro" sino con sectores económicos de alto riesgo, muchas veces en zonas de difícil acceso y en lugares donde existe un alto nivel de inseguridad personal.

Casi todos son "categoría C"

El principal problema que tienen hoy las unidades económicas rurales, es la falta de títulos de propiedad, lo que les imposibilita el presentar la garantía hipotecaria que exige la SIB para obtener préstamos de cierto monto con los que financiar sus actividades productivas.

Otro problema son las normas prudenciales elaboradas por la SIB para los bancos comerciales, destinadas a minimizar los riesgos de inestabilidad en el sistema financiero. Estas normas imponen a los bancos el mantener determinadas reservas sobre los créditos según sean los niveles de riesgo. Por ejemplo, si las normas determinan que un productor se ubica en la categoría C (riesgo de 30-80%), la institución que le presta está obligada a mantener un 50% del préstamo -en una provisión por cobro dudoso- para cubrir los riesgos. Por su capital y por las garantías que presentan, la mayoría de las familias del campo nicaragüense se ubican en la categoría C. ¿Qué hacer con ellos? Nitlapán llegó a la conclusión de que sus bancos locales no podrían seguir atendiendo a quienes hoy atienden si estuvieran bajo las normas de la SIB. Pero si las normas fueran flexibilizadas y adaptadas a las condiciones reales del campo nicaragüense todo cambiaría y hasta los bancos privados se atreverían a financiar a estos pequeños productores de las zonas rurales, aunque casi todos lleven la etiqueta de la categoría C.


¿Por qué no dar este paso?

La desaparición del BANADES desafía hoy a las autoridades bancarias. Tienen que buscar una vía que permita al país y a sus paisanos de las áreas rurales salir de un prolongado estancamiento. Las leyes y normas bancarias deben adaptarse a la realidad del sector agropecuario. El gobierno habla de crear un Instituto de Bienestar Campesino para inyectar recursos líquidos en las zonas rurales. ¿Por qué no aprovechar mejor la capacidad ya instalada y la experiencia acumulada por tantas instituciones financieras sin fines de lucro, elaborando reglamentos y normas que les permitan a estos banquitos constituirse en intermediarios financieros? Los bancos privados podrían colocar parte de su cartera en los banquitos sin mayores riesgos ni nuevos gastos. Tal vez se daría así un paso estratégico para el desarrollo rural de una Nicaragua que, aunque sueña con globalizarse, aún es rural.

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