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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 189 | Diciembre 1997
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Nicaragua

Incierto fin de año

Con la nueva Ley de la Propiedad, ¿qué problemas pendientes se solucionarán? ¿Y qué nuevos negocios se facilitarán? ¿Se dividirán los liberales? ¿Se revitalizará el FSLN o seguirá autodestruyéndose? ¿Seguirá dispersa, perpleja y pasiva la sociedad civil? El año 1998 nos ir respondiendo.

Equipo Nitlápan-Envío

Al terminar 1997, cumplido prácticamente el primer año de gobierno de Arnoldo Alemán, todos o casi todos los problemas nacionales pendientes de consenso, de solución o de propuestas creativas continúan presentes. Sigue predominando la incertidumbre. Incierto el futuro de la nación e incierta la vida para la mayoría. Las reglas del juego de la democracia representativa no están aceptadas y las reglas de juego de la democracia participativa no son aún suficientemente practicadas. El Estado es debilitado por los que lo representan y la sociedad civil sigue siendo débil. A diario, quienes tienen el poder violan las leyes y atentan contra las instituciones. Y a diario, quienes no tienen el poder no logran aún encontrar otras salidas que no sean las de la mera sobrevivencia individual. ¿Qué nos depara el próximo año, el penúltimo del siglo?

Propiedad: el gran consenso

El polémico proyecto para poner punto final a los problemas de la propiedad, consensuada entre la alta dirigencia del FSLN y el Ejecutivo liberal a comienzos de septiembre, entró en octubre en una Comisión del Legislativo para su estudio. Durante más de un mes. La comisión escuchó las demandas y sugerencias de diversos sectores sociales antes de emitir su dictamen final. A mediados de noviembre, y después de tensiones entre dirigentes liberales y sandinistas muy bien disimuladas, la Comisión anuncio que el proyecto de ley y estaba listo para su discusión y aprobación en el Parlamento. El 26 de noviembre, la discusión en el Legislativo fue prácticamente formal. Apenas duró 4 horas. La ley fue aprobada por 73 votos: los de los 36 sandinistas –que votaron en bloque- y los de 33 de los 43 liberales.

Las modificaciones que se le hicieron a 14 artículos de la ley en la Comisión -también consensuadas entre el gobierno y la dirigencia del FSLN- favorecen a los trabajadores-propietarios de las 248 empresas privatizadas en los 90, que podrán pagar con bonos y en un plazo mayor los más de 60 millones de dólares que deben por ellas; al grueso de los propietarios rurales -porque sólo se revisarán 80 de las decenas de miles de adjudicaciones de tierras hechas por la reforma agraria-; a las cooperativas agrarias, que serán reconocidas; a los habitantes de los asentamientos creados hasta 1995 -la ley fijaba la fecha en 1994-, etc. Las recomendaciones hechas por los participantes en el Diálogo Nacional no fueron tenidas en cuenta por los diputados.

Confiscados molestos

En general, las modificaciones incluidas en la ley recogen los desacuerdos presentados por varios sectores vinculados al sandinismo, aunque no por todos. La propuesta de los confiscados, de ser indemnizados en efectivo y de acuerdo al valor comercial de sus propiedades, y no de acuerdo a su valor catastral, no fue incluida. Serán indemnizados con bonos. Dirigentes de la Asociación de Confiscados calificaron al Presidente Alemán de "traidor". "Nosotros le ayudamos a ganar la Presidencia -dijo Blanca Buitrago, una de las confiscadas más activas-, le ayudamos a demostrar que nosotros éramos más que los sandinistas, y ahora él nos ha traicionado".

El Vicepresidente Enrique Bolaños, que expresó su desacuerdo con importantes contenidos de esta ley cuando fue anunciada en septiembre, se distanció enseguida de ella al ser aprobada, considerando que la mayoría de "los hombres del Presidente" priorizaron la urgencia del acuerdo sobre su contenido. Rosendo Díaz, al frente de lo que queda de la CORNAP -corporaciones estatales- renunció a su cargo en abierto rechazo a la ley. La gran pregunta del próximo año es la aplicación concreta que tendrá en la práctica el significativo consenso Alemán-FSLN que expresa esta Ley de Propiedad Reformada Urbana y Rural.


Saneamiento y crecimiento

Después de un año de gestión sin hacer público ningún plan económico, el gobierno presentó a finales de 1997 un Programa de Saneamiento y Crecimiento Económico, que entregó a los organismos internacionales para conseguir la firma del ESAF II a inicios de 1998. Fiel a la arrogancia que caracteriza la gestión gubernamental, el Presidente del Banco Central, Noel Ramírez, dijo que el Programa "resolverá de una vez por todas los problemas de la pobreza en Nicaragua". ¿Cómo creerlo? Nicaragua es el único país del mundo que tiene hoy los niveles de producción y de vida que tuvo hace 50 años y cualquiera entiende que, aún con varios gobiernos consecutivos que fueran totalmente eficientes y de los que se hubiera extirpado la actual epidemia de la corrupción, esta generación no verá esa "tierra prometida" sin pobreza.

Las propuestas del Programa son conocidas: se privatizarán los servicios públicos de energía, agua y telecomunicaciones, se reducirá sensiblemente el número de empleados públicos y se congelará el salario de los que queden, será más eficiente la recaudación de impuestos, etc. El Programa llegó acompañado de un nuevo capítulo de la campaña de descalificación del "pasado", entendiendo por "pasado" únicamente lo ocurrido entre 1979 y 1990. Según la versión de esta simplista propaganda liberal, el problema económico de Nicaragua es ser un país "empobrecido" por lo ocurrido en esos años, y el problema de los liberales es que recibieron un país "destrozado" precisamente entonces. Más atrás ya no hay pasado. No existió el somocismo. Tampoco existe pasado reciente. No ocurrió nada entre 1990 y 1997, durante el gobierno de Violeta Chamorro. Con una visión así -que tiene consecuencias de todo tipo- jamás el país podrá sanearse y crecer económicamente.

El Programa de Saneamiento propone austeridad oficial. ¿La habrá el próximo año? A lo largo de 1997, el cúmulo de imágenes y de realidades signadas por la falta de austeridad oficial -altísimos salarios para ministros, allegados y asesores del Presidente, continuos viajes presidenciales, gastos suntuarios en torno al Presidente, ostentación, prebendas- han ido ahondando en la población la falta de credibilidad en quienes dicen representarla en los espacios políticos.

A las puertas del ESAF

A comienzos de 1998 Nicaragua firmará por fin con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa de ajuste estructural. Las líneas generales de este acuerdo son sobradamente conocidas. Los "detalles" no quiere el gobierno hacerlos públicos. "No se pueden conocer aún", reitera el discurso oficial. Una de las áreas del ESAF que más preocupa es la privatización de los servicios públicos, en la que puede darse una "acordada" falta de transparencia. Escaso de fondos -hasta que no firme el ESAF- y urgido por mantener bajo estricto control la inflación -para garantizar la firma del ESAF-, el gobierno decidió en noviembre aumentar del 15 al 17% el encaje legal que los bancos privados hacen en el Banco Central, según los depósitos en córdobas que reciben. El objetivo es retirar de la circulación decenas de millones de córdobas.

1998 se prevé como un año extremadamente difícil. Habrá más desempleo, menos poder adquisitivo, más inflación, y por todo esto, se añadirán nuevos giros a la espiral de la descomposición social. El gobierno está dispuesto a pagar el alto costo político de una larga lista de medidas antipopulares a cambio del financiamiento externo del que está urgido y del que careció en 1997 por no tener firmado el ESAF. Pero en los próximos meses no sólo entrará dinero al país. También saldrá. En los cuatro primeros meses del año, el gobierno está obligado a pagar deudas contraídas como consecuencia de operaciones de emergencia con las que buscó respaldar sus reservas internacionales, en declive por la escasez de fondos externos a todo lo largo de 1997. El cambio en el encaje legal bancario es también una medida de emergencia con la que aumentar las reservas internacionales para hacer frente a los compromisos pendientes.

Los "famosos" 100 millones de dólares que el empresario estadounidense-cubano Jorge Mas Canosa invirtió en bonos en Nicaragua para equilibrarle las reservas internacionales a su "socio" Arnoldo Alemán tienen un interés de más del 20% y tendrán que ser pagados próximamente. El grupo económico que hereda al político de Miami está dedicado a "poner orden" en la fortuna del "padrino" de un millonario imperio tras la muerte -con consecuencias políticas y económicas- de Mas Canosa.


Presupuesto 98: partidas "fantasma"

El Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional su proyecto de Presupuesto para 1998. El Presidente Alemán declaró que este Presupuesto se caracteriza por "un grado excepcional de transparencia", ya que en él aparecen detallados los salarios del Presidente y los de ministros y altos funcionarios, y porque incluye, por primera vez, el destino de millonarios ingresos extra-presupuestarios (multas, comisiones, trámites, etc.) que antes no se consignaban.

En el Presupuesto 98 los ingresos del Estado aumentan en más de mil millones de córdobas, sin quedar claro de dónde procede esa cantidad ni a dónde va. Al igual que en el Presupuesto de 1997, esta partida, equivalente a unos 100 millones de dólares, será traspasada, en concepto de "deuda interna", del gobierno al Banco Central. El Ejecutivo volvió a justificar esta operación como necesaria para acumular las reservas internacionales que el país necesita. Y varios sectores políticos volvieron a reclamar una explicación más convincente sobre este "bolsón fantasma" de recursos.


Maquilas y remesas dan estabilidad

Si económicamente el país ha mantenido en 1997 una cierta estabilidad se debe al esfuerzo de los más pobres. Aunque crece la delincuencia y la descomposición social, aún son mayoría los que diariamente se la rebuscan para sobrevivir haciendo cualquier cosa. 250 millones de dólares entran anualmente al país en concepto de las remesas familiares de los 400 mil nicaragüenses que cruzan la frontera para ir a trabajar a Costa Rica en trabajos durísimos y en condiciones de acoso y marginación. Otros 250 mil nicaragüenses trabajan en Estados Unidos y aumentan con 200 millones de dólares más la estabilidad que se logra con los recursos que ellos ganan y envían al país. Ningún producto de exportación genera más divisas que esta mano de obra.

El INPRUH, veterano y prestigioso ONG nicaragüense, ha iniciado una campaña de sensibilización sobre la realidad de los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. Según sus datos, 2 mil de los 2 mil 900 millones de las exportaciones anuales de Costa Rica están directamente vinculados a la producción de café, azúcar, bananos, frutas, pesca y ganadería, rubros donde la barata mano de obra de los nicaragüenses ilegales juega un importante papel económico y se traduce en mayores ganancias para los empresarios del país vecino.

No hay trabajo en Nicaragua. Termina el año y el desempleo sigue siendo el problema más grave, el más sentido. Escasas respuestas ha dado el gobierno liberal en su primer año. La inversión que ha llegado al país a proporcionar empleos -empresarios textiles taiwaneses y coreanos, socios de grandes empresas estadounidenses-, se dirige a las instalaciones maquiladoras de la Zona Franca. La inversión llega de la mano de un sistema laboral caracterizado por muy bajos salarios, grandes exigencias y represión. A diario, instituciones y sindicatos reclaman a estos inversionistas "empleo, pero con dignidad" y se escuchan denuncias del sistema de explotación de la Zona Franca. Pero en esta hora de crisis, la mayoría prefiere no denunciar nada y aguantar, considerando que es mejor ser explotados que ser desempleados.

Maquilas: opción incuestionable

Las empleadas de la maquila optan mayoritariamente por el silencio con un cierto conformismo. ¿Cuál debería ser la opción del gobierno? ¿Cuál podría ser? La apertura a la inversión extranjera en maquila es pieza fundamental en la estrategia de crecimiento económico, no sólo de Nicaragua sino de todos los países centroamericanos y caribeños. La justificación económica parece incuestionable. Con altas tasas de desempleo y sin acceso ni al capital ni a la tecnología necesarios para industrializarnos, nuestros países tienen pocas opciones.

Los países industrializados tienen el capital y la tecnología, pero sus costos salariales se hacen relativamente altos, particularmente cuando producen bienes de consumo -textiles y calzado- que requieren de abundante mano de obra. Aunque muy desigualmente, tanto los inversionistas de los países industrializados como los gobiernos de los países con tanto desempleo, ganan con la instalación de empresas maquiladoras.

Por eso, las instituciones multilaterales incluyen la apertura a la inversión extranjera como condición para dar financiamiento a nuestros países. Y por eso, todos los gobiernos del área ofrecen toda clase de incentivos a los inversionistas foráneos: generosas exenciones fiscales, infraestructura y servicios a bajos precios y mínimas regulaciones laborales. Cada nueva empresa maquiladora es inaugurada con pomposas celebraciones por los presidentes centroamericanos.

Nueva división del trabajo

La reciente industrialización de algunos países subdesarrollados, particularmente del Sudeste Asiático, ha trasladado progresivamente hacia ellos las industrias intensivas en mano de obra desde los países del llamado Grupo de los Siete (Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá e Italia).

Hay una nueva división del trabajo en la producción de bienes manufacturados: los productos más sofisticados los hacen los países del Grupo de los Siete -computadoras, maquinaria y equipo, etc-, mientras que estos países recientemente industrializados producen bienes manufacturados de menor complejidad tecnológica. Y les es más rentable producirlos por partes, según el modelo de la maquila. Esto explica, parcialmente, que la inversión asiática haya ido llegando a Centroamérica, desplazando gradualmente a Estados Unidos como el principal inversionista extranjero en el área. Pero la realidad de las maquiladoras centroamericanas no es tan simple como el argumento económico que las justifica: dar una respuesta significativa -250 mil empleos directos- en países con muy altas tasas de desempleo. La realidad tiene otros elementos, que la complejizan.


Centroamérica: ¿qué opción?

La llegada de inversionistas extranjeros a la región, provenientes principalmente del Sudeste Asiático, ha sido motivada no tanto por las condiciones extremadamente favorables que les ofrecen los gobiernos centroamericanos o por los bajos salarios que pagan a nuestros trabajadores. El motivo de fondo es la cuota textilera a la que tienen derecho los países de Centroamérica en el mercado estadounidense.

Estados Unidos pregona el libre comercio pero no siempre lo practica. Las importaciones de productos textiles son un ejemplo. En Estados Unidos, éstas no se rigen por el libre comercio sino por cuotas que establece el gobierno. Los países asiáticos ya han llenado con creces sus cuotas y tienen fricciones comerciales con Estados Unidos. En cambio, Centroamérica, y Nicaragua en particular, está lejos de saturar la cuota que le corresponde y además, está muy cerca del territorio estadounidense, lo que abarata sustancialmente los costos de transporte. Por esto, Centroamérica es para taiwaneses y coreanos un "paraíso" donde instalar maquilas. El "pecado" de los gobiernos centroamericanos ha sido su incapacidad para aprovechar esta posición privilegiada en sus negociaciones con los inversionistas asiáticos. En vez de negociar fuerte, se han dedicado a competir entre ellos para ver quién ofrece a los asiáticos más y a menor costo.

Otro elemento. Existe un amplio y creciente movimiento en Estados Unidos y en Europa, que une a organizaciones de consumidores y a sindicatos, en la denuncia de importaciones provenientes de países subdesarrollados donde no se respetan mínimamente los derechos laborales. Denuncian especialmente los productos manufacturados por subsidiarias de transnacionales. Hace dos números, envío informó del caso de una importante empresa de maquila en Honduras que se vio forzada a pedir la colaboración de organizaciones estadounidenses y hondureñas para que certificaran que sus empleados trabajaban en adecuadas condiciones laborales.

Ante esta nueva realidad, los gobiernos centroamericanos, en lugar de aprovechar el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de los países industrializados para exigir a los asiáticos mejores condiciones laborales para sus compatriotas, se han dado a la tarea de cuestionar y denigrar a las or- ganizaciones de la sociedad civil del Norte.

Un último elemento. Los gobiernos centroamericanos no tienen ninguna política industrial definida para lograr que las industrias de maquila que llegan se vinculen más al sector productivo nacional, tal y como lo ha hecho Brasil desde hace décadas. La principal materia prima que emplean las textileras establecidas en la Zona Franca de Managua es algodón semiprocesado que traen los asiáticos. ¿Por qué el algodón nacional no abastece a estas empresas?

Por muchas razones es claro que los gobiernos centroamericanos no han cumplido su papel de gobernar en favor de la nación y de sus ciudadanos ni han sabido aprovechar las ventajas que les da su situación. Es claro también que el problema de las pésimas condiciones laborales en las Zonas Francas no se soluciona ni con la demagogia que exige expulsar a los inversionistas extranjeros, ni con el discurso de limosneros sumisos al capital internacional que maneja la élite criolla.


¿Lavado de dólares?

Las maquilas no bastan. No hay trabajo en Nicaragua. El salario de la mayoría se dedica en un altísimo por ciento a la comida, pero apenas alcanza para comer lo suficiente. En cualquier rubro, la oferta supera a la demanda. Sólo consumen unos pocos, muy pocos.

En este escenario se hace cada vez más sospechosa la oferta creciente de lo superfluo en comercios nuevos y elegantes que aparecen por varias zonas de Managua y permanecen siempre vacíos, las empresas ficticias, las construcciones residenciales, las nuevas y millonarias inversiones centroamericanas en hoteles de lujo y mall para el consumo de una minoría -que, en la realidad, prefiere consumir en los mall de Miami-, un parque vehicular de camionetas ostentosas que no se ven en tanta cantidad en países con una economía más saneada.

La única explicación para esta creciente "espuma vistosa" es que Nicaragua se ha convertido ya en un atractivo espacio para el lavado de dólares y que los capitales procedentes o conectados al negocio del narcotráfico han entrado por la puerta grande y llegaron para quedarse. Parece hora de preguntarse si en el "plan" económico que estamos viviendo no será un componente oculto pero presente el narcotráfico internacional, actividad muy rentable, con la que se logra "estabilidad" financiera, crecimiento económico y empleos: dinero circulante, apariencia de progreso, abundante trabajo en la rama de la construcción.

Crisis entre los liberales

A lo largo del año, las instituciones de la democracia no lograron despertar suficiente credibilidad entre la población. El Poder Legislativo funcionó todo el tiempo como una sucursal del Poder Ejecutivo, como una herramienta en manos del Presidente Alemán, que dio sobradas pruebas de su poder de convicción y de cooptación -también por la vía de prebendas materiales- sobre los 43 diputados liberales y sobre algunos diputados de otros partidos, incondicionales si no de la ideología liberal sí de los privilegios personales que se logran al amparo del liberalismo en el poder.

El año termina con una grave crisis en la bancada de diputados liberales por lo insostenible de esta situación. En octubre, una gota rebalsó el vaso: la decisión del Presidente Alemán de apartar de sus cargos en el gobierno departamental de Estelí a todos los familiares y amigos recomendados para esos puestos por dos diputados de la bancada liberal. Razón: los dos no votaron en el Parlamento según la directriz presidencial cuando se discutía la futura privatización de la empresa de energía eléctrica. El Presidente había ordenado a "sus" diputados votar porque este proceso quedara totalmente en manos del Ejecutivo. Dos diputados "rebeldes" votaron contra esta discrecionalidad y apoyaron a la oposición, que planteaba que en este estratégico proceso participara también el Legislativo. Su indisciplina hizo fracasar el proyecto presidencial. En 24 horas el propio Alemán ordenó despedir de sus cargos a casi todos los liberales que conformaban el aparato administrativo en Estelí. Los diputados insumisos criticaron públicamente la decisión de Alemán, calificándola de "venganza política".

Como una piedra que cae al agua y la pone en movimiento, el hecho tuvo consecuencias en cadena. El año termina con una obvia crisis en la Alianza Liberal. El Gran Partido Liberal, anunciado solemnemente en julio, es una quimera de la que no se ha vuelto a hablar. Apenas a un año de gobierno está en marcha una sorda lucha entre varios dirigentes liberales del PLC -el partido que dirigió Alemán hasta que llegó a la Presidencia-, que aspiran ya a la candidatura presidencial del año 2001. Uno de ellos, el sucesor de Alemán al frente del partido, José Rizo, lo reconoció afirmando que entre los dirigentes liberales hay actualmente "gente que as- pira, otra que suspira y otra que expira", indicando que, en su caso, él "respira".

La "soberbia del poder"

En una alocución a los liberales leoneses que ocupan cargos públicos, Rizo los recriminó porque no se les pasaba aún la "borrachera" del triunfo electoral de hace un año y les reclamó diciéndoles que el liberalismo había caído en la inercia y ellos "en la soberbia del poder". Sobran las señales. El gobierno se ha convertido para muchos en un espacio donde lo último que se hace es servir al bien común y lo primero que se pro- cura es crearse una imagen, hacer negocios y ostentar privilegios.

¿Se dividirá la bancada liberal como resultado del autoritarismo presidencial que ha castrado al Parlamento o como expresión de esta lucha de intereses personales? ¿En qué medida la división del liberalismo en el poder democratizará la actividad parlamentaria? ¿En qué medida la hará más autónoma? ¿En qué medida los liberales "disidentes" trabajarán con una perspectiva nacional y no con una perspectiva sólo partidaria, en este caso partidaria-disidente?

Arrasar hasta el nombre

El proyecto liberal-alemanista ha demostrado suficientemente a lo largo de su primer año el contener un priorizado componente ideológico-cultural: arrasar con las huellas que la revolución y el sandinismo dejaron en la nación. El liberalismo alemanista, más porque añora rasgos del somocismo que por tener una opción modernizante y neoliberal -o por ambas cosas a la vez- se ha mostrado muy excluyente: sólo hay espacio para los leales, para los incondicionales. Todo el año estuvo atravesado de ofensivas liberales públicas contra medios de comunicación, ONGs, movimiento de mujeres, instituciones y personas de origen sandinista, etc., mientras en el ámbito no público el liberalismo "se entendía" con un sector de la dirigencia del FSLN.

La última de las ofensivas cultural-simbólicas antisandinistas y lesivas a la unidad nacional se inició en el mes de octubre. El Ministro de Educación, con aires de cruzada, propuso -y después impuso- el cambio de nombres en las escuelas e institutos públicos que llevan el nombre de héroes y mártires de la lucha contra el somocismo o de personalidades nacionales que el Ministerio considera "no son un ejemplo de civismo para las nuevas generaciones". Para el cambio, el Ministerio de Educación propuso elegir nombres que "unan" a los nicaragüenses. En muchos centros de enseñanza, esta medida enfrentó a alumnos, a profesores y a padres de familia y ha contribuido no a unir, sino a desunir, ahondando la polarización que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a Nicaragua.

Apuestas de la oposición

Un proyecto de oposición al liberalismo alemanista excluyente, derrochador y autoritario requiere de la articulación de un consenso amplio, de una visión de largo plazo y de un liderazgo honesto. El FSLN que conocemos no ha estado a la altura de este desafío. Otros grupos políticos y sociales tampoco lo están y además, no logran aún una representación social suficiente ni suficiente credibilidad o arraigo entre la población."No hay a quién mirar, no hay para dónde ver" es una frase que se escucha a menudo en cualquier conversación sobre la vida política nacional. El año termina con el proceso ya en marcha para las elecciones de autoridades regionales de la Costa Atlántica de marzo de 1998, donde un grupo de los partidos "pequeños" tratarán de quebrar el bipartidismo con el que la historia, la realidad y dirigentes rojos y rojinegros han marcado la política nacional.

Después del trauma electoral de octubre de 1996, el desarrollo y los resultados de las elecciones costeñas puede aportar indicadores interesantes para evaluar la vitalidad de los partidos, la capacidad de sus dirigencias, la participación de la población y el funcionamiento del Consejo Supremo Electoral. En unos meses se despejarán estas incógnitas.

Por su parte, el FSLN ha creado expectativas ante el proceso de reorganización que ha iniciado y del que anuncia saldrán "cambios profundos e integrales, de fondo y de forma". El proceso debe culminar en mayo de 1998 en el III Congreso del partido. En la reunión que la Asamblea Sandinista tuvo a inicios de noviembre, y con la que se inició este proceso, el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, planteó que el FSLN no puede contentarse con ser un partido que desarrolle un buen trabajo parlamentario porque el gobierno liberal no respeta las leyes, y que el actual proyecto de reedición del somocismo obliga al FSLN a desarrollar un trabajo en la base, espacio en el que está débil.

"El gobierno está aprovechando nuestra debilidad para avanzar. Avanzará hasta donde nosotros queramos, hasta donde el pueblo quiera", dijo Daniel y reconoció que el FSLN, con sus actuales formas de organización "está agotado en sus posibilidades y capacidades de lucha" y que el proceso iniciado y el Congreso deben definir "cómo organizar nuestra fuerza, cómo comunicar mejor nuestras propuestas y cómo multiplicar nuestra influencia", considerando que "éste es uno de los mayores retos, si no el mayor, de toda nuestra vida como revolucionarios". ¿Traerá 1998 cambios de fondo en el FSLN? ¿O seguirá el FSLN autodestruyéndose con su alejamiento de las bases?

El surgimiento del FUAC

A lo largo de 1997 destacó el discurso y la actividad del Frente Unido Andrés Castro. El año termina mostrando que tal vez fue "más el ruido que las nueces". A las zonas más empobrecidas de Nicaragua no llegan nunca soluciones de fondo, que contengan una verdadera estrategia de desarrollo social. Lo único que llega, si es que llega, son parches, medidas de compensación social, siempre insuficientes. Esto ocurre, entre otros muchos lugares, en el triángulo minero del Atlántico Norte de Nicaragua (Siuna-Bonanza-Rosita), que fue el lugar donde surgió el FUAC en el último año del gobierno Chamorro. El FUAC afirmó tener más de 800 hombres en armas. Tuvo, sobre todo, una real y amplia base social en Las Minas.

Desde su aparición, se apreció enseguida que no se trataba de uno más entre los grupos de rearmados semipolíticos que actuaron en los 90: recontras, recompas y revueltos. En nada parecidos a las bandas delincuenciales de origen socioeconómico en las que se convirtieron pronto algunos de estos rearmados, y que siguen actuando en varias zonas rurales. El FUAC tuvo su origen en ex-oficiales, incluso fundadores, del Ejercito Popular Sandinista. Agrupó a ex-miembros del EPS, del Ministerio del Interior y también a ex-combatientes de la Resistencia. Gente con probada experiencia militar y capacidad política.

Armados que dan respuesta social

En la agenda del FUAC se entremezclaban las reivindicaciones sociales y económicas del triángulo minero con propuestas que apuntaban al rescate de los principios sandinistas olvidados por el FSLN en estos años. Pero lo más característico del grupo de armados fue la base social en la que se insertaron, base que los reconoce como sus representantes y que en varias sesiones de las negociaciones para el desarme del grupo les protegió como un eficaz escudo de sociedad civil organizada.

Entre las actividades del FUAC estuvo la desarticulación de bandas rurales de delincuentes robaganados. Ajusticiaron a algunos de ellos, a petición de la población. Trabajaban como la policía rural de una zona en donde actúan 60 bandas de delincuentes. Lo más característico en su trabajo es que se dedicaron a atender las necesidades de la gente. "La gente ha llegado donde ellos día y noche, con todos sus problemas: desde la esposa que se queja del marido que está tomando y abusa de ella hasta los que tienen problemas con el banco o falta de escuela o de salud. No hay problema que no llegue a las puertas de ellos. Y es que ellos se han comportado como un movimiento armado que da respuesta social", dijo a envío una religiosa que desarrolla su trabajo pastoral en la zona.

El FUAC quiso ser también vocero de los "veteranos" de la guerra de los 80 y de las víctimas, especialmente de la población rural, de esa guerra, reclamando la creación de un Instituto de militares retirados y de una Fundación para responder a sus muchas necesidades. En el período de negociaciones con el gobierno, consiguieron que cinco ministros visitaran Las Minas para escuchar las demandas de la población. "¿Cuándo le habíamos visto la cara a un ministro? -dice un poblador-. Era la primera vez en estos años que alguien del gobierno llegaba a escuchar a la gente y se interesaba por nuestra zona. Eso ya es un logro".

"Cultura de alzamientos"

Los rasgos que caracterizaron al FUAC, y que lo diferencian de anteriores y aún presentes grupos armados, hicieron muy difícil al gobierno el negociar su desarme y al ejército el enfrentarlos militarmente. Sólo una vez entraron en combate con ellos, causando muertos a los armados y heridas a civiles. El enfrentamiento militar lo dificultó aún más el que en el FUAC hay jefes y subordinados de quienes hoy son jefes en el ejército.

A finales de octubre, los dirigentes del FUAC presentaron al gobierno un documento -Protocolo de Demandas Sociales- co- mo condición para desarmarse. Son demandas que constituyen una especie de "plan de desarrollo" para la zona en donde actuaron, unidas a otras demandas más generales y de alcance nacional. "Saben de demandas y manejan bien los principios en que las fundamentan, pero no entienden aún lo que es un proceso de desarrollo. Sólo piden, sólo extienden la mano", comentó a envío un analista cercano al FUAC.

El jefe del FUAC, Camilo Turcios, declaró en diversos momentos de las negociaciones para el desarme del grupo que ellos no eran "vende-fusiles". La política para el desarme de los grupos rearmados, repetida una y otra vez por el gobierno Chamorro, fue "mercantilista". Consistió en comprarle los fusiles a los armados y en "comprar" a los jefes de los armados con camionetas de lujo, buenas fincas, cargos públicos y otras prebendas. Esta política convirtió el hecho de rearmarse en un atractivo negocio, y creó una "cultura de los alzamientos", al decir del propio FUAC. Hoy, muchos de los rearmados que vendieron sus armas siguen actuando con nuevos fusiles en varias zonas rurales, practicando ahora el lucrativo negocio del secuestro de productores y de sus familiares.

En uno de sus documentos, el FUAC recuerda datos oficiales que muestran que entre 1990 y 1997, el gobierno invirtió 400 millones de dólares "en la superación de conflictos": desmovilización y desarme de la Resistencia, proceso de reducción de las fuerzas armadas, desalzamiento de recontras, recompas y revueltos, iniciativas para su reinserción social, etc., sin que un costo tan elevado lograra superar las muchas heridas y huellas de la guerra.

¿Desaparece el FUAC?

El año termina y el FUAC, después de desmovilizaciones parciales en zonas de seguridad, parece decidido a desaparecer del escenario, después de haber conseguido algunas de sus demandas, tanto para sus hombres como para la base social que le respaldó. Quedó claro lo novedoso de su línea y el apoyo con el que contaba. Nunca quedó claro si las negociaciones para su desarme fueron una pieza que la dirigencia del FSLN incluyó estratégicamente en las negociaciones relativas al problema de la propiedad. ¿Será coincidencia que el desarme del FUAC se anunciara a la par que se llegaba a nuevos acuerdos sobre los cambios introducidos en el polémico acuerdo sobre la propiedad y éste se convirtiera en ley? ¿Fue el Frente Unido Andrés Castro algo real, aunque de trayectoria breve? ¿O fue, sobre todo, un cualificado instrumento de presión en el teatro de la política nicaragüense, donde realidad e imágenes se superponen, se confunden y terminan siendo efímeras?

Contraloría: acosada y respaldada

Al concluir 1997, una de las realidades institucionales más positivas es la consolidación de la Contraloría General de la República como institución creíble dentro del gobierno. El liberalismo alemanista ha atentado contra esta institución y contra quien la preside, Agustín Jarquín, de diversas maneras y en sucesivas ofensivas. La última ocurrió en octubre, cuando el diputado jefe de la bancada liberal en el Legislativo, Eliseo Núñez, volvió a cuestionar a la Contraloría, insistiendo en la creación de una comisión que investigara el uso que hace de su presupuesto y de los recursos que recibe como donaciones internacionales. En esta nueva oleada de presiones, otros diputados liberales señalaron que Jarquín tiene ambiciones políticas y "utiliza la Contraloría como un nicho para su proyección de imagen". Imagen de presidenciable para las elecciones del año 2001.

Esta ofensiva -a la que probablemente seguirán otras- se deshizo cuando, a mediados de octubre, Jarquín presentó a la Asamblea Nacional el informe que Núñez demandaba con suspicacia y fue ovacionado por la mayoría de los diputados, incluidos algunos liberales. Los gobiernos de Suecia Dinamarca, Finlandia y Noruega eligieron precisamente la víspera de la presentación del informe para expresar su respaldo a la Contraloría y al Contralor." Nos ha complacido el entusiasmo y profesionalismo mostrado por usted personalmente y por su personal y queremos ver una institución aún mejor y más sólida", dijo a Jarquín en esta ocasión el embajador de Noruega. Como muestra de respaldo le entregaron al Contralor una donación de 5.2 millones de dólares para reforzar el énfasis institucional que se le desea dar a la labor fiscalizadora.

Nuevos delitos a controlar

Las tareas de la Contraloría son muy complejas. Ninguno de los nuevos delitos -enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses en empresarios que son a la vez funcionarios públicos, sobornos y comisiones en las licitaciones, tráfico de influencias, desvío de fondos a empresas privadas, discrecionalidad en los contratos con empresas extranjeras, delitos electrónicos e informáticos, compadrazgos políticos, nepotismo, etc.- están tipificados en la obsoleta legislación nicaragüense y son precisamente los delitos que están a la orden del día en el país.

La Contraloría ha priorizado el diseño de un sistema de normas y procedimientos que sirva para controlar la administración pública y para asegurar su transparencia. El objetivo es ir provocando cambios en la cultura política e ir creando una cultura de responsabilidad en el servicio público. También es prioridad de la Contraloría el crear nuevos espacios para que los ciudadanos jueguen también su papel en las tareas de la fiscalización pública, con una nueva Ley de Participación Ciudadana, como instrumento que motive -o fuerce- a la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos.


Sin huellas del pasado

Estas tareas tienen un propósito casi fundacional, aun cuando la Contraloría, como institución, tiene ya cien años, ya que este ente fiscalizador se fundó en 1899 con el nombre de Tribunal de Cuentas. "Pero, como en Nicaragua no hay cultura de sistematización, ni existe memoria histórica, uno no siente que trabaja en una institución centenaria, ¡aunque tampoco siente que trabaje en una institución que lleva este nombre desde hace 18 años!", comentó Agustín Jarquín en un encuentro que tuvo con el equipo de envío.

Después de la convulsa época revolucionaria, cuando los controles financieros fueron débiles, la Contraloría tuvo al frente durante el gobierno Chamorro a cinco Contralores -el último, Jarquín, elegido en 1996- durante un proceso de transición traumático en el que hubo un vacío de normas, controles y procedimientos. "De buena parte de lo actuado en estos años no existe registro -dice Jarquín-. De lo hecho no quedan huellas, bien porque así se procuró de manera intencional o bien por la cultura de desorden que nos caracteriza". Pero añade: "Sería un error histórico obstinarnos en desentrañar ese pasado desordenado. Lo prioritario es diseñar un sistema que evite que esto se repita en el futuro, un sistema que nos permita cultivar una cultura política y administrativa donde lo normal sea rendir cuentas y exigir rendimiento de cuentas". La Contraloría está empeñada en poner orden, y a la vez, se está estrenando -por primera vez en su historia- en el seguimiento de los temas económicos -deuda pública, bonos de indemnización, etc-.


"Escoba" y discrecionalidad

Agustín Jarquín ha ido ganando protagonismo y probando su capacidad y autoridad moral en esta difícil tarea, más difícil por las presiones con las que trata de acosarlo un sector del gobierno liberal. Jarquín reiteró a envío que no piensa renunciar a su cargo ni tampoco lanzarse como candidato presidencial en las próximas elecciones, como afirman algunos. Se mostró confiado en que podrá concluir con éxito su gestión en el año 2002. "En mis conversaciones con el Presidente le he dicho en varias ocasiones que la Contraloría no tendrá éxito si su gobierno no tiene éxito", nos dijo.

Entre los problemas que señala Jarquín como más preocupantes en la cultura política nicaragüense está la cultura del funcionario público, "acostumbrado a dar pocos datos sobre lo que hace y a manejarse con discrecionalidad". A esto hay que sumar la falta de institucionalización de un equipo de funcionarios con experiencia, por el permanente uso de "la escoba" cuando se producen los cambios de gobierno.

El despido de funcionarios capaces para dar empleo a allegados políticos inexpertos, práctica acentuada por el gobierno liberal a lo largo de todo este año, no permite que arraigue en el país una cultura de servicio. Dentro de dos años, la Contraloría piensa tener listo un banco de datos con el nombre y trayectoria de todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan ejercido o ejerzan una función pública como un primer paso para conocer la dimensión del problema e irlo superando.

Un espacio de esperanza

La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta Nicaragua, del que se habla a diario, sensacionalista o ponderadamente, siempre con preocupación. Se trata de un problema universal, agudizado por la cultura impuesta por el actual cambio de civilización, donde se ha generalizado la falta de decoro y se han convertido en consignas ideas como éstas: "la dignidad pasa, pero el dinero queda" o "el pecado no es ser inmoral sino no triunfar".

En países empobrecidos como Nicaragua, esta corrupta cultura del dinero fácil y rápido, que ha olvidado el concepto del servicio público, tiene un altísimo costo económico, aunque "aquí en Nicaragua no sabemos aún cuánto nos cuesta -dice Jarquín-. Sabemos que es mucho, pero no tenemos aún cómo calcularlo".

La nueva Contraloría ha sabido cultivar una imagen positiva. Pero no tiene sólo una buena imagen, sino que se ha ido transformando en una realidad esperanzadora por un largo listado de acciones audaces, eficaces y ejemplares. Jarquín valora más la realidad que la imagen y le preocupa que se personalice excesivamente en él el trabajo que busca desarrollar la institución que preside. Afirma que ésta es su vacuna: "Sigo el sabio consejo de poner más énfasis en la gestión que en el gesto".

Si en el año 1998 sigue predominando la gestión, una gestión responsable, Nicaragua habrá ganado un espacio desde el que se pueda, tal vez, iniciar los cambios en la cultura política que serán necesarios para que cualquier programa de saneamiento y crecimiento económico, cualquier acuerdo de ajuste, cualquier plan de desarrollo, funcione realmente en beneficio de la nación y de todos sus ciudadanos.

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