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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 180 | Marzo 1997

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Nicaragua

Municipios: donde nace la democracia

Fortalecer y hacer autónomos a los municipios es una tarea democrática pendiente. ¿Cómo lograrlo? Hoy en Nicaragua, la tendencia municipalista podría empezar a encontrar obstáculos en el autoritarismo liberal.

Alejandro González

En los últimos años, se han roto en América Latina muchos modelos, muchos paradigmas. Y a la par, se han ido levantando otros. La autonomía municipal, el fortalecimiento del poder local como vía para lograr superar la pobreza, los desequilibrios extremos de la sociedad y el subdesarrollo, es uno de estos paradigmas. En Nicaragua, las fuerzas a favor y en contra de un modelo así están hoy en gran actividad, y existen muchas señales de que la contradicción tendrá larga vida.

El fortalecimiento y la autonomía de los gobiernos municipales, la descentralización del Estados y la transferencia de competencias del nivel central al nivel municipal son respuestas al extremado centralismo que ha caracterizado, durante décadas a los gobiernos de América Latina, centralismo que en Nicaragua parece estar tomando nuevos bríos con la llegada de los liberales al poder. Al centralismo latinoamericano se le acusa hoy de no haber logrado desarrollo, de haber logrado algún nivel de desarrollo pero sin equilibrio, o de ser precisamente el causante de todos los desequilibrios propios del subdesarrollo.

El proceso de incremento de competencias de los gobiernos municipales y de fortalecimiento de su autonomía es una tendencia que avanza por toda América Latina. Los procesos de democracia electoral, el incremento de la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones a los problemas, la lucha de todos los territorios de cada país por competir con las metrópolis en oportunidades de desarrollo y crecimiento económico, son también tendencias internacionales.

¿Será municipalista Arnoldo Alemán?

Nicaragua está atrasada en municipalismo con relación a países como Chile, Venezuela, Bolivia o Costa Rica. Los obstáculos que en Nicaragua se le presentan al fortalecimiento y a la autonomía de los gobiernos locales son tantos y tan variados como conflictivo es el escenario político nacional, pero las fuerzas que pueden luchar por hacer avanzar este proceso están decididas a romper esos obstáculos.

El Presidente Arnoldo Alemán reitera a menudo su vocación "municipalista" pero su "municipalismo" parece ser sólo para los micrófonos y las cámaras. En los hechos, la bancada liberal en la Asamblea Nacional se resiste a aprobar la Reforma a la Ley de Municipalidades, imprescindible para compatibilizarla con las reformas hechas a la Constitución en 1995. El centralismo y autoritarismo de los que está dando muestras el Presidente Alemán, podría dejar a Nicaragua a la zaga de las tendencias municipalistas que recorren el continente.

Por el fortalecimiento y la autonomía municipal, y desafiando de varias maneras el autoritarismo, están el sandinismo en la oposición, muchos de los gobiernos locales en manos de la Alianza Liberal, los gobiernos locales en manos del FSLN, distintos y varios sectores de la sociead civil, la bancada sandinista, los diputados liberales que están por una real modernización del país y diputados de otras bancadas de minorías.

La anterior legislatura aprobó la Reforma a la Ley de Municipalidades dentro del paquete de leyes y decretos que anuló la Corte Suprema de Justicia el 7 de enero. La discusión de esta misma propuesta de ley en la presente legislatura ha colocado nuevamente el tema municipal dentro de la larga lista de temas pendientes y atravesados con las contradicciones políticas del país. Si se prolonga el proceso de discusión y aprobación de la Ley en la Asamblea, o si se aprueban cambios sustanciales a la propuesta, quedará abierto el conflicto entre quienes respaldan el centralismo presidencialista y quienes apuestan por democratizar el poder fortaleciendo a los gobiernos locales. Si se llegara a aprobar la propuesta de Reforma a la Ley de Municipalidades, tal como ya está planteada, se fortalecería financiera y políticamente a los gobiernos locales y esto les daría posibilidades de seguir luchando por más atribuciones y nuevas competencias.

Por la nueva Ley, el Ejecutivo tendría que entregar a los poderes locales un 5% del Presupuesto General de la República. Les entregaría también un 30% de los ingresos que obtiene el Fisco por el otorgamiento de concesiones de exploración, explotación y licencias sobre los recursos naturales ubicados en los territorios municipales, dándosele también a los municipios el derecho de participar en el debate sobre esas concesiones. Necesariamente, la Reforma generará contradicciones: traslada a los poderes locales ingresos, derechos y prerrogativas que hasta ahora ha tenido el Poder Ejecutivo.

¿Se aprobarán todas estas leyes?

Además de la Reforma de la Ley de Municipalidades, hay más en la agenda jurídica de los gobiernos municipales: la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, la Ley de Participación Ciudadana, la creación en la Asamblea Nacional de una Comisión de Asuntos Municipales, la creación de los Consejos Locales de Desarrollo, la Ley que norme la participación de las municipalidades en las inversiones extranjeras, el establecimiento de un modelo teórico para la planificación territorial del municipio, una ley que norme la participación de la iniciativa privada en la gestión de los servicios públicos municipales, etc. Lograr un debate apropiado que culmine en la aprobación de cada una de estas leyes sería un valioso aporte para afianzar el poder de los 143 municipios de Nicaragua. Pero no será fácil. Las contradicciones de intereses que cada una de estas legislaciones lleva implícita irán añadiendo importantes conflictos políticos a la ya cargada agenda nacional.

Se deberá avanzar también en una definitiva división política- administrativa del país, dilucidando unos 78 conflictos limítrofes que hoy existen en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y entre bastantes municipios.

¿Habrá recursos para tantas tareas?

El punto de partida en las corrientes municipalistas más avanzadas es la reconceptualización del municipio. El municipio no es visto solamente como un prestador de "servicios municipales": recolección y tratamiento de la basura, limpieza de calles, cuidado de parques, cementerios, mercados y rastros, construcción de drenajes para aguas pluviales, etc. El "nuevo" municipio debe asumir esas tareas, pero eso no basta. Cada vez más la comunidad exige a sus alcaldías respuestas a cada vez más problemas: de salud, de educación, de transporte, de recreación... Y la tendencia es a que el municipio responda.

A más competencias, más responsabilidades. Pero, ¿hasta dónde asumir tareas, sin que eso signifique que el Poder Ejecutivo se desentienda de ellas para facilitarse la vida? Los municipios deben asumir todas las competencias que puedan ir asumiendo y todas las que puedan ir negociando, siempre que con la nueva responsabilidad llegue también el financiamiento para cumplirla.

En Nicaragua, las competencias municipales están aún muy confusas. Y las que son evidentes y están claras -los servicios básicos municipales- no se pueden enfrentar por falta de dinero o por falta de apoyo.

Los alcaldes están presionados por su comunidad para que hagan mil cosas. La población pide que les instalen energía eléctrica, que les construyan pozos y tuberías de agua potable, que les levanten escuelas... pero todo esto es competencia de la empresa nacional de energía o de agua, del Ministerio de Educación. En los últimos años, los gobiernos locales han construido decenas de aulas y centros de salud, respondiendo a las demandas de su población, y al hacerlo están desviando recursos financieros y esfuerzos de otras tareas que les son más propias o más claramente de su competencia. "La realidad es que en Nicaragua las municipalidades hemos ido orientando nuestras acciones y estableciendo nuestras competencias según lo que demandan y lo que presionan nuestras comunidades", dice el Alcalde de El Rosario, Juan Ramón Jiménez.

Lo ideal sería -y ésa es la perspectiva que se avizora para el futuro- que los gobiernos locales ampliaran sus competencias y que éstas incluyeran formalmente todas estas tareas que hoy están realizando a medias. Lo ideal sería que contaran con recursos para hacer todo esto y para hacerlo bien.

Este ideal tiene una importante razón de fondo. Los gobiernos locales son más eficientes financieramente que el gobierno central. "Con la misma cantidad de recursos con que el Ministerio de Educación construye una aula, nosotros construimos dos o tres", decía orgulloso el ex-Alcalde de Santa Teresa, Luis Antonio Matus.

Creciendo en responsabilidades y atribuciones, ampliando su campo de acción, los gobiernos locales deben irse transformando en empresas de servicio ágiles y eficientes, capaces de competir en eficiencia. Esa "empresa" local tiene una infinidad de tareas, tiene un pequeño mundo para transformar: debe actuar como dinamizadora y facilitadora del desarrollo integral de su comunidad, debe propiciar el crecimiento económico, contribuir a erradicar la pobreza en su territorio, rescatar las expresiones culturales tradicionales, preservar el medio ambiente, promover actividades culturales, deportivas y recreativas, planificar el desarrollo de su territorio a corto, medio y largo plazo, propiciar el desarrollo turístico municipal, rescatar y valorizar la historia municipal, crear y fortalecer los archivos locales, impulsar acciones para capacitar los recursos humanos del municipio, etc., etc., etc.

¿Qué le queda al municipio?

Los gobiernos locales deben crear condiciones para que haya crecimiento económico en sus municipios: hacer surgir más centros de trabajo y atraer empresas de capital nacional o extranjero para que se instalen en sus territorios. Deben saber ingresar al mundo de la competencia económica y al del marketing, "ofertando" su municipio. Naturalmente, es más ofertable un municipio que cuenta con carreteras pavimentadas, líneas telefónicas, buen servicio de agua y energía, recursos naturales, sitios de interés turístico y con una población calificada académicamente. De esta manera, todo lo que supone bienestar para la comunidad es a la vez la base para que el municipio se "oferte" y atraiga inversiones productivas, empresas turísticas o maquiladoras, que si no ofrecen trabajo de calidad sí ofrecen cantidades de trabajos que alivian el desempleo.

En la ola de integración regional y de globalización económica, los poderes locales tienen una oportunidad: abrir espacios para que las inversiones lleguen a sus territorios y así haya más empleos para la gente y mayor tributación para la alcaldía. ¿Qué empleos y cuántos impuestos?

Bonanza es posiblemente la cabecera municipal de Nicaragua con mayor nivel de empleo. "El 97% de nuestra población apta está ocupada", aseguraba a finales de 1996 Eugenio Pao, hoy ex-Alcalde de este municipio. Algunos trabajan en la mina -dada en concesión a canadienses-, otros en cooperativas de mineros, en comercio y en servicios vinculados a las minas y sobre todo, güiriseando -búsqueda de polvo de oro por medios artesanales-. Siempre que están desocupados, hombres, mujeres, y hasta los niños, se van a güirisear y algo hacen. Esa es la más amplia fuente de empleo, pero es un trabajo de enorme esfuerzo físico y de mínimos ingresos. En Bonanza, todos trabajan, pero hay mucha miseria. Cualquier empleo no es una solución, ni para la gente ni para el municipio.

En el territorio de Bilwi están instaladas varias empresas grandes y poderosas: de explotación maderera y de pesca, empaque y exportación de camarones y langostas. Pero, al gobierno local de muy poco le sirven. Las licencias y los permisos los cobra el gobierno central y los impuestos periódicos los recibe el gobierno regional. Estas empresas generan algunos empleos, pero aportan muy pocos impuestos al gobierno local y arrasan bosques y contaminan las aguas. El deterioro ambiental: eso es lo que en mayores cantidades le queda al municipio.

El ingenio San Antonio -el mayor de Nicaragua- aporta pocos impuestos y empleos al municipio de Chichigalpa en comparación con los problemas que causa: las rastras trasladando caña destruyen las calles y caminos del municipio, los procesos de producción de azúcar contaminan las aguas de muchos ríos y aguas subterráneas, también los suelos. Y toda la ciudad de Chichigalpa se cubre con las cenizas que arrastran los vientos desde los cañaverales que se queman antes de cortar la caña y siempre la población padece problemas respiratorios.

"Las municipalidades deben ofrecer sus territorios para que se instalen en ellos fábricas o centros de trabajo. Pero no así nomás. Deben de tener la capacidad de negociar con los inversionistas y con los empresarios para que realmente los municipios obtengan ventajas: empleos, impuestos, capacitación de recursos humanos, que las empresas financien actividades de la comunidad, que apadrinen escuelas, clubes deportivos. Deben recibir beneficios en varias direcciones", opina Isidro Jirón, responsable del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) en la IV Región.

¿Quién es el dueño de esas riquezas?

Es grande el potencial económico de muchos municipios de Nicaragua. Hay oro, plata y otros valiosos minerales en Siuna, Bonanza, Rosita, Santo Domingo, La Libertad, San Carlos, El Castillo. Un potencial petrolero aún inexplorado en Bilwi, Laguna de Perlas, Waspam-Río Coco. Recursos forestales, de materiales de construcción, potenciales hidroeléctricos y geotérmicos, inmensas áreas de tierras fértiles, se encuentran por todos lados. ¿Cómo traducir la explotación de todos estos recursos a corto, medio y largo plazo en crecimiento económico y desarrollo humano de los municipios dueños de estas riquezas? Hasta hoy, a los dueños sólo les han quedado socavones, tierras casi desérticas, aguas contaminadas y más pobreza.

Una experiencia modelo es la lucha del municipio de Nindirí (Masaya) por lograr que la explotación de piedra basáltica que el gobierno Chamorro entregó en concesión a una empresa constructora revirtiera en auténticas ganancias para el municipio de Nindirí, dueño de las tierras ejidales donde estaban las minas de basalto. La lucha fue compleja, no fue breve, pero tuvo éxito y el gobierno local de Nindirí alcanzó con ella un respaldo financiero que otros municipios envidian.

Fortalecer el poder local requiere que los municipios sean los primeros beneficiarios de la explotación de sus recursos naturales. "Posiblemente éste sea el punto de mayor conflicto entre los gobiernos locales y el gobierno central. Aquí es donde chocan más los intereses. Pero si las contradicciones se salvan a favor de los municipios, el avance del desarrollo local será notable", opina Alejandro Bravo, del Centro de Derechos Constitucionales.

¿Quién defiende el medio ambiente?

Una tarea nueva de los gobiernos municipales a la hora de emprender estas justas luchas, es la defensa de sus territorios de los daños ambientales que van de la mano de cierto "desarrollo", que contamina ríos, usa intensivamente plaguicidas en áreas de cultivos o acaba cada vez con más árboles. Si los daños ya existen, los pocos recursos de las municipalidades no pueden hacer mucho, aunque siempre es viable rescatar algunos cauces, reforestar, etc. Sin olvidar que las propias municipalidades son también contaminadoras con los basureros o los rastros.

Los gobiernos locales deben exigir mecanismos de descontaminación a las empresas que se instalen en sus territorios. Y a las que ya están instaladas, la necesaria renovación de sus maquinarias y equipos. En este aspecto, muchas municipalidades de Nicaragua tienen un amplio frente de trabajo. En Granada, dos jabonerías, la fábrica de papel, la aceitera y algunas otras empresas están transformando las áreas de playa del Lago -potencial de desarrollo turístico local-, en un foco de peligro ambiental. La vida desaparece de los ríos cercanos a las minas de Bonanza por los volúmenes de cianuro usados para lavar el oro y que después van a dar a sus aguas. En Santo Domingo, las minas a cielo abierto afectan las tierras, que se debilitan y también van a dar a los ríos. En Nandaime, Potosí, Belen y Rivas, el uso desmesurado de plaguicidas y herbicidas en miles de hectáreas de cultivo de caña, afecta las aguas de los ríos y las subterráneas. En varios municipios de la Costa Atlántica el reto es detener una deforestación devastadora. O poner límites racionales a la irracional pesca de camarón y de langosta, que ya tiene carácter de depredación y que podría acabar con estos recursos en cinco años. Abanderar las luchas ambientales es un novedoso camino para fortalecer al municipio, fortaleciendo en estas mismas luchas la participación de sus pobladores.

La participación de la comunidad en los desafíos que retan hoy al poder local es otro punto de partida. Hay muchos espacios para la participación. Comisiones de salud, para jornadas de limpieza o para acelerar obras, comisiones del medio ambiente, brigadas de autoconstrucción, brigadas de jóvenes, de mujeres, hasta de niños. Comisiones asesoras de la alcaldía para determinadas acciones, clubes deportivos, grupos ecologistas... "Cuanta más gente participe, más cosas pueden hacer los gobiernos municipales y más se fortalece el gobierno local", argumenta Isidro Jirón.

¿Cómo convocar a la participación?

En Nicaragua ya hay experiencias destacables de participación. El Rosario (Carazo) ha reelecto por tercera vez a su alcalde, Juan Ramón Jiménez, en las elecciones de octubre/96. El secreto: se trata de un gobierno local modelo en la participación popular. Comisiones de pobladores han apoyado a la alcaldía en la construcción del estadio de beisbol, del parque, del centro de salud, de canchas de basketbol, del adoquinado de calles. En Santa Teresa (Carazo) existe desde hace varios años una Comisión del Medio Ambiente que ha apoyado a la alcaldía en la defensa, protección y estudio técnico de la zona de Chacocente, privilegiada reserva ecológica donde llegan anualmente a desovar centenares de miles de tortugas.

Otro mecanismo de participación es la creación de alcaldes auxiliares en zonas y comarcas aisladas de los municipios. Así, comprometen más personas, se agiliza el trabajo de los gobiernos locales y la alcaldía está más cerca de la comunidad. Coordinar el trabajo municipal con los ONGs locales potencia también la participación. Los ONGs cuentan con redes comunales de apoyo y con una experiencia muy valiosa en promover la participación de la población.

Lo fundamental es la capacidad de los miembros del gobierno municipal para convocar a los grupos organizados y a toda la comunidad a que participen en las tareas locales y en la solución de los problemas de todos. En algunos lugares, la aguda polarización política pone un límite a esta meta y una alcaldía sandinista no consigue nunca la participación de los no sandinistas. Y viceversa.

¿Lograrán captar impuestos?

El fortalecimiento y la autonomía municipal tienen pies de barro si no se logra antes que el municipio se asiente sobre el sólido cimiento de recursos financieros propios. Mientras más autosostenible financieramente sea un municipio, más puede exigir y presionar para que el poder central le transfiera competencias. Esa autosostenibilidad financiera se la dará al municipio su eficiencia para administrar, su capacidad de captación de impuestos, su creatividad para abrir canales de cooperación con los ONGs locales e internacionales y para ampliar sus hermanamientos con los municipios de otros países, y su habilidad para crear empresas productivas y para lograr créditos de los bancos y del Estado.

Sin finanzas propias no hay poder autónomo. Y muchas de esas finanzas propias salen de los impuestos propios del municipio. Lograr que los municipios cuenten lo antes posible con el Registro Catastral Municipal es de fundamental importancia para que los gobiernos locales puedan captar un impuesto que es su oxígeno, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En la primera mitad de 1997 ya contarán con ese Registro Granada, Masaya, Jinotepe, Rivas, León, Chinandega y algunos otros. Según INIFOM, en los próximos dos años todos los municipios del Pacífico y Centro del país contarán ya con su Registro Catastral. En la Costa Atlántica esto puede tardar otros dos años más. El IBI podría convertirse en un caudal de ingresos tributarios considerable, fundamental para lograr la autonomía financiera de todos los municipios. Otros impuestos municipales -el de rodamiento vehicular y el de navegación- no tienen una captación segura. Son impuestos que deben pagarse en el municipio de residencia del dueño del vehículo o de la nave, pero algunas alcaldías piratean los impuestos de otras vendiendo el comprobante de pago (el sticker) más barato que al costo oficial.

En los últimos ocho años el Plan de Arbitrios -especie de listado de impuestos que tienen derecho a cobrar las alcaldías- ha sido base de los ingresos tributarios de los municipios. Hoy existen algunos municipios, como Nindirí, que tienen muy buenos ingresos, provenientes en un 97% en el Plan de Arbitrios.

En la propuesta de Reforma a la Ley de Municipalidades que debe discutir y aprobar la Asamblea Nacional se establece que el gobierno central deberá destinar un 5% del presupuesto nacional para los gobiernos municipales. De esta transferencia, un 30% será para gastos administrativos y un 70% para inversiones y proyectos municipales. Si esta disposición se aprueba será un alivio sustancial para las municipalidades: tendrían asegurado un fondo fijo con el que garantizarse su funcionamiento y contarían con un mínimo permanente para emprender obras en beneficio de la población.

Pero la tarea central de los gobiernos locales, si quieren incrementar sus ingresos, será desarrollar una consistente campaña de promoción de la responsabilidad ciudadana. La escasa credibilidad en las autoridades, la crisis económica, el elevado desempleo, los constantes y sonados casos de corrupción en todos los niveles de la gestión pública y la arraigada tradición de no pagar impuestos, provocan que la gente se desentienda de su responsabilidad fiscal y que la captación de tributos sea siempre muy deficiente. Cambiar la mentalidad ciudadana y hacer creíble al poder local es lo que puede variar esta tendencia.

Tantos vigores dispersos

Avanzar en el fortalecimiento y la autonomía de los municipios y en la descentralización del Estado. Democratizar el poder político haciendo fuerte al poder local. No son tareas fáciles. Y son tareas nuevas. Hoy, esta encrucijada de la democracia nicaragüense tiene delante un nuevo obstáculo en las tendencias autoritarias y centralistas del gobierno liberal. Pero los tiempos están maduros para desafiar estas tendencias. Y ya existen buenos ejemplos de poderes locales vigorosos. Aún están dispersos, pero pueden unirse.

Entre los 143 municipios de país -más otros que están en proceso de nacer- existe una gran variedad y riqueza de posibilidades, también de posibilidades de cooperación. Municipios inmensos y municipios ínfimos y muy manejables. Municipios con valiosos potenciales económicos y otros sin ninguno. Municipios urbanizados y rurales. Unos con infraestructura económica ya lista y otros sin nada. Algunos con bastantes recursos humanos calificados y muchos con un alto nivel de analfabetismo. Unos sandinistas y otros liberales. Municipios con experiencia en guerras y en negociaciones de paz, otros inexpertos en todo eso, otros aún en conflictos. Entre todos hay algo en común: el interés de sus gobiernos por fortalecerse y por hacer mil y una cosas por sus gentes.

La idea de que con un gobierno municipal fuerte se contribuye a disminuir la pobreza puede ir calando. La idea de que los primeros beneficiarios de la explotación de recursos naturales de un municipio deben ser sus pobladores también puede ir calando. Y cuando un municipio empiece a hacer realidad estas ideas se convertirá en ejemplo y modelo para otros. Poco a poco, la autonomía municipal puede irse convirtiendo en la música que muchos quieran cantar... Desdelas páginas de envió queremos sintonizar con esa música.


Poder Municipal: Cronología

1524

- Con la fundación de Granada, nace el primer municipio en Nicaragua. En los 300 años de Colonia los municipios cuentan con un gobierno local que tiene poder y autonomía.

1821

- Con la Independencia y en el período de formación del Estado los municipios conservan su poder y autonomía.

1826

- Se crean las circunscripciones departamentales que agrupan varios municipios.

1830

- Se promulga la primera Ley de Municipalidades. En ella se norman de alguna manera sus atribuciones y competencias.

1894

- El gobierno liberal de Zelaya incluye en la Constitución promulgada ese año los principios básicos de la autonomía municipal: elecciones municipales, autonomía para establecer tributos e independencia municipal de los otros poderes del Estado.

1937

- Somoza suprime las elecciones municipales. Las Juntas locales pasan a depender directamente del Ejecutivo.

1937-1979

- Durante el somocismo los municipios pierden todo su contenido de gobiernos locales y carecen de independencia administrativa, financiera o política. Somoza suprime la Alcaldía de Managua y crea el Distrito Nacional.

1963

- El régimen somocista restituye las elecciones municipales como resultado de uno de los pactos entre el gobierno liberal y los conservadores.

1978

- Momento de mayor decadencia de las municipalidades en Nicaragua.

1979

- La revolución crea las Juntas de Reconstrucción Municipal. Algunas habían nacido durante la insurrección en las ciudades que iban siendo liberadas por el avance guerrillero. La primera fue Diriamba. Se crea la Secretaría de Asuntos Municipales (SAMU), órgano encargado de coordinar y dirigir las actividades de las Juntas en todo el país.

1982

- El gobierno revolucionario regionaliza el país. Mayor presencia de instituciones del Estado en los municipios. Mayor presencia de técnicos y profesionales en los territorios. Mayor volumen de recursos financieros y materiales en los municipios. Amplia gama de acciones en beneficio de la población local. Incremento sustancial de las competencias municipales. Clara subordinación de las Juntas municipales a las Delegaciones regionales de gobierno. No existe autonomía municipal.

1988

- El gobierno del FSLN promulga la Ley de Municipios, el más elaborado y valioso recurso político-jurídico en la historia de la municipalidades en Nicaragua. Se establecen los Concejos Municipales. Se detallan las competencias y quedan abiertos los cauces para que las municipalidades puedan asumir todas las competencias que puedan desarrollar.

1988

- El gobierno del FSLN promulga el Plan de Arbitrios, que da a las municipalidades excelentes posibilidades para su autosostenimiento financiero.

1989

- El gobierno del FSLN promulga la Ley de División Política Administrativa de Nicaragua y crea el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Se promulga el Reglamento de Organización y Fucionamiento Municipal.

1990-1996

- Durante el gobierno Chamorro, el INIFOM realiza un valioso trabajo de capacitación del personal de los gobiernos municipales y difunde en las municipalidades la comprensión del valor de la autonomía municipal.

1996

- La Asamblea Nacional aprueba una valiosa Reforma a la Ley de Municipalidades. Con ella se logra una completa autonomía financiera municipal y se abren posibilidades para que los gobiernos locales asuman más competencias. La Reforma es anulada por la Corte Suprema de Justicia el 7 de enero de 1997, al iniciarse el gobierno de Arnoldo Alemán.

1997

- Con la llegada de nuevos alcaldes, en un alto porcentaje de las alcaldías liberales son destituidos responsables administrativos, responsables de servicios municipales, contadores, secretarias, etc., capacitados y ya con mucha experiencia acumulada. Millones de dólares y de incalculables esfuerzos en talleres, seminarios y aprendizajes son arrastrados por los vientos de la irracionalidad política.

1997

- Con la llegada de nuevos alcaldes, en un alto porcentaje de las alcaldías liberales son destituidos responsables administrativos, responsables de servicios municipales, contadores, secretarios, etc., capacitados y ya con mucha experiencia acumulada. Millones de dolares y de incalculables esfuerzos en talleres, seminarios y aprendisajez son arrastrados por los vientos de la irracionalidad política.

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