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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 436 | Julio 2018
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Nicaragua

La política de terror del régimen coloca al Ejército ante una encrucijada

El régimen Ortega-Murillo tiene los días contados. Pero antes de aceptar la realidad ha organizado y armado a fuerzas de choque, en las que participan ex-policías, ex-militares, trabajadores de las alcaldías, delincuentes comunes, pandilleros… Junto a la Policía antimotines, esta masa de represores ejecuta una sangrienta estrategia de terror. El legado que dejará esta estrategia es tenebroso. El Ejército está ante una encrucijada. No puede quedar bien con ambas partes, como hasta ahora ha pretendido.

Roberto Cajina

Es difícil, si no imposible, analizar a plenitud las complejidades de la insurrección cívica y de la crisis social y política que vive Nicaragua desde el 18 de abril.

La celeridad con la que todo sucede es alucinante, las decisiones deben tomarse vertiginosamente, los escenarios cambian de un día a otro, a veces de un momento al siguiente. Al llegar a los dos primeros meses de la insurrección, cuando escribo, la regla ha sido el cambio abrupto. La única realidad que se ha mantenido permanente es la determinación represiva de las fuerzas estatales y paraestatales, que han incrementado día tras día una estrategia de terror contra la población insurreccionada, un auténtico terrorismo de Estado.

DEL SEGURO Y PLÁCIDO SUEÑO
A LA SANGRIENTA REALIDAD


Hasta antes del 18 de abril la retórica oficial repetía incesantemente que Nicaragua era “el país más seguro de Centroamérica”, una suerte de Islandia tropical. Basado en las más que dudosas cifras de la Policía, el gobierno se jactaba de que Nicaragua tenía la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes más baja de Centroamérica y una de las más bajas de América Latina y el Caribe.

Súbitamente, en menos de cuarenta y ocho horas, Nicaragua despertó del plácido sueño inducido por la propaganda oficial, tomó conciencia de su falsedad, salió a protestar a las calles y repentinamente, vio cómo caía la máscara idílica. La desproporcionada y sangrienta represión con que se respondió a las primeras protestas universitarias dejó al desnudo el rostro criminal del régimen que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, decididos ya a abandonar el gobierno, pero dejando a Nicaragua en escombros y destrucción y envuelta en una tenebrosa secuela de violencia incontrolable, que está dejando y dejará muertos, heridos, secuestrados, detenidos, torturados, desparecidos...

“UNA POLÍTICA SISTEMÁTICA DE REPRESIÓN VIOLENTA”


Al cumplirse dos meses de la insurrección cívica de abril, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), afirmó convencido que “todavía no ha sido dimensionada en toda su extensión la magnitud de la represión criminal del régimen. No paramos de contar muertos porque el régimen no para de matar”.

El Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en Managua el 21 de mayo, registró desde el 18 de abril y el 21 de mayo 76 asesinados, más de 860 heridos, más de 400 detenidos violenta e ilegalmente y una cantidad grande, aún no precisada, de desaparecidos.

Dos meses después del alzamiento popular, el CENIDH tenía contabilizados ya entre detenidos ilegalmente y desaparecidos forzadamente a 200 jóvenes. A esto hay que añadir que existe un subregistro, sobre todo de heridos, de desaparecidos y de prisioneros, ya que la Policía se niega a dar cifras o las altera a conveniencia.

Después del informe preliminar de la CIDH, conocimos el informe de Amnistía Internacional (AI), titulado “Disparar a matar. Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”, presentado en Managua el 29 de mayo. En él, Amnistía denunció que la Policía continuaba ejecutando una “estrategia letal de represión contra manifestantes”, una “política sistemática de represión violenta”. Así la calificó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía.

Esta estrategia, esta violenta política la llevan a cabo la Policía y las “turbas” del régimen, las fuerzas paramilitares, entre las que hay que incluir a “los motorizados”, que se movilizan armados en motocicletas por todo el país. El resultado sangriento de la actividad de estos elementos crece a diario.

Tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional se incrementaron los asesinatos. El CENIDH ha afirmado que en estos dos meses de protestas han sido tres personas en promedio las asesinadas cada día.

A LA SORPRESA RESPONDIERON SÓLO CON REPRESIÓN


El régimen Ortega-Murillo jamás esperó que los jóvenes autoconvocados que se reunieron en la tarde del 18 de abril en una zona céntrica de Managua, el Camino de Oriente, para protestar por la reforma que decretó Ortega a la Seguridad Social, después de ser atacados brutalmente por una turba de la Juventud Sandinista, seguirían protestando. Menos imaginaron que en apenas dos días lo que habría en Nicaragua sería una insurrección popular y cívica en todo el territorio nacional.

El régimen fue sorprendido. Daniel Ortega y Rosario Murillo no estaban preparados para responder responsablemente a ese alzamiento. Y como no tenían ni la verdad ni la razón ni argumentos, en su desconcierto recurrieron a lo único que les garantizaba su seguridad: reprimir las protestas con las fuerzas antidisturbios de la Policía, que en Nicaragua se llaman antimotines.

La represión brutal y sostenida, desatada a partir de entonces y en escalada durante dos meses, sólo incrementó, a velocidad vertiginosa, la resistencia ciudadana por todo el país. Así ha sido hasta hoy, 19 de junio, cuando pongo punto final a este texto, viendo a la ciudad de Masaya y al barrio indígena de Monimbó bajo otra embestida represiva de las fuerzas policiales y de las fuerzas ilegales que ha entrenado y armado la Policía y a las que acuerpa en esta política sistemática de violencia represiva.

LOS AUTORES INTELECTUALES DE LA VIOLENCIA


La Constitución Política y la Ley 872, “Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía”, ambos textos reformados por Ortega en estos años, establecen que el Presidente de la República es el Jefe Supremo de la Policía. El artículo 10 de la Ley 872 prescribe que, como tal, una de las atribuciones del Presidente es “disponer de las fuerzas y medios de la Policía conforme la Constitución y la ley”.

Esto significa que Daniel Ortega está en el vértice superior de la cadena de mando de la Policía y que, en consecuencia, es el principal y primer responsable de las actuaciones de la institución policial, lo que significa que es el principal y primer responsable de los asesinados, de los miles de heridos -algunos lisiados de por vida-, de las decenas y hasta centenares de capturados, secuestrados, torturados y desaparecidos.

Si por alguien debería comenzarse a aplicar la justicia es por Daniel Ortega, y por extensión, por Rosario Murillo, quien controla las estructuras de las fuerzas parapoliciales a través de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), de los secretarios políticos del FSLN en los territorios y de los alcaldes de una mayoría de municipios.

Ambos, Ortega y Murillo, han convertido a Nicaragua en un campo de batalla en el que se enfrentan dos fuerzas desiguales en un conflicto caracterizado por una totalmente asimétrica correlación de fuerzas. De un lado, la Policía antimotines, los francotiradores y las fuerzas paramilitares, armados todos hasta los dientes. Y del otro, una población desarmada, que apenas puede defenderse de las arremetidas de estas fuerzas estatales y paraestatales con morteros de fabricación casera y con piedras.

LOS AUTORES INSTITUCIONALES DE LA VIOLENCIA


Después de los autores intelectuales, en el orden de las responsabilidades están los autores institucionales de la sistemática represión violenta
.
Son ellos los miembros de la Jefatura Nacional de la Policía (los Subdirectores Generales, el Inspector General y los 22 Comisionados Generales, aparentemente sin funciones específicas). Son también autores institucionales los jefes de las especialidades nacionales de la Policía, en particular los de Inteligencia, Seguridad Pública, Auxilio Judicial, Operaciones Especiales y Asuntos Internos. También lo son los jefes de las delegaciones departamentales y regionales de la Policía. Incluso, lo son también los jefes de los distritos policiales de la capital.

A esta lista de autores institucionales debe agregarse a la Ministra de Salud, quien al inicio de la represión, y en otros momentos de la escalada represiva, ha dado la orden de no atender a los manifestantes heridos. Son responsables los directores de los hospitales públicos y privados que transmitieron esa orden a los médicos bajo su responsabilidad y la acataron. Lo son también los alcaldes de muchos municipios, que contratan y dirigen a las fuerzas paramilitares que actúan en coordinación con la Policía.

¿CÓMO DEBEN ACTUAR
LAS FUERZAS ANTIMOTINES DE LAS POLICÍAS?


Las fuerzas antimotines, los grupos paramilitares y los francotiradores de las fuerzas especiales de la Policía son los brazos ejecutores de las órdenes de Ortega y Murillo y de las órdenes que reciben de jefes policiales.

En todo el mundo, la principal función de las fuerzas antidisturbios o antimotines, que son unidades especializadas de las Policías, es el mantenimiento del orden público mediante el control de movilizaciones, marchas o protestas para evitar que pongan en riesgo a otras personas o a la propiedad pública o privada. La actuación de estos cuerpos policiales es prevenir, controlar y eventualmente restaurar el orden si éste ha sido alterado.

Estas fuerzas policiales utilizan trajes (armaduras) y cascos de protección y disponen de medios disuasivos no letales: escopetas adaptadas para disparar balas de goma, gases lacrimógenos, macanas -conocidas en Nicaragua como “amansalocos”-, gas pimienta e incluso armas de electrochoques.

En todo el mundo, en su despliegue operativo los agentes antimotines protegidos con escudos, armaduras corporales, cascos -en algunos casos pasamontañas para ocultar su identidad-, se colocan en primera línea. Son los que tienen contacto directo con los manifestantes. Detrás de ellos se ubica otro grupo de agentes menos protegidos, pero con más movilidad por si hay que realizar arrestos o reforzar determinados espacios. Ambos grupos tienen el respaldo de otro grupo, que es el que está usualmente dotado del armamento disuasivo: gases lacrimógenos y balas de goma. Esto es lo que sucede en todo el mundo. En Nicaragua no.

LOS AUTORES MATERIALES
BRAZOS EJECUTORES DE LA VIOLENCIA


Las fuerzas antimotines de la Policía nicaragüense no cumplen con lo establecido en los protocolos y estándares internacionales de despliegue y actuación.

Además de las escopetas adaptadas para disparar balas de goma, emplean escopetas que disparan balas de plomo y hasta armas de guerra, como son los fusiles de asalto AK-47. Eso emplearon contra los jóvenes que cayeron en los primeros días de la insurrección de abril y es lo que han seguido empleando contra las manifestaciones, incluso en los operativos que hacen en barrios de Managua y en cualquier parte del país.

Los antimotines de la Policía nicaragüense no demuestran estar entrenados para enfrentar y contener multitudes. Las atacan y disparan a mansalva contra los manifestantes. Incluso, cuando una manifestación de protesta, o un sector de ella, se torna violenta, la Policía antidisturbios debe actuar bajo una estricta legalidad y utilizar la fuerza de modo proporcional, empleando las medidas menos lesivas para dispersar a las personas que reclaman.

En Nicaragua no controlan ni a grupos ni a multitudes. Disparan a matar. Eso es lo que hicieron desde el 19 de abril contra los universitarios. Eso es lo que hicieron el 30 de mayo, Día de las Madres, cuando dispararon ellos y permitieron a paramilitares y a francotiradores disparar, asesinando a varios jóvenes y aterrorizando a las personas que ese día participaban en la marcha más multitudinaria que ha tenido la insurrección cívica, en apoyo a las madres de los asesinados y exigiendo la salida del gobierno de Ortega y de Murillo.

DISPARAN A MATAR: EL TRIÁNGULO DE LA MUERTE


Más grave aún que los antimotines de Nicaragua, en su desordenado despliegue, no cuenten con un grupo de apoyo -el que usualmente se ubica en la segunda línea- es que se hagan acompañar no sólo de paramilitares, sino de francotiradores de las fuerzas especiales de la Policía, que disparan desde sitios altos relativamente alejados con el objetivo de diezmar a los manifestantes.

Los francotiradores no son paramilitares. Al principio se comentó si los francotiradores eran militares del Ejército. No, son policías sistemática y permanentemente entrenados para esa actividad. Hay evidencias más que reveladoras que muchos de los asesinados han muerto por certeras balas de francotiradores, que utilizan fusiles Dragunov, de la era soviética, que tienen una mira telescópica que permite disparos de alta precisión y de segura capacidad letal. Tengo ante mis ojos la fotografía de uno de estos policías franco-tiradores apuntando con un Dragunov en Masaya.

Un médico que durante esta prolongada represión ha atendido heridos habló de que las balas de los francotiradores, también las de los militares, apuntan y llegan directamente al “triángulo de la muerte”: disparan a la cabeza (frente, parietales, temporales y occipitales), al cuello o al tórax. Disparan a matar.

La periodista nicaragüense Ileana Lacayo, citada en el informe de Amnistía Internacional, afirma: “La mayoría de las muertes son todas iguales. Son tiros certeros, un único tiro certero en la cabeza o en la yugular o en el pecho. Son tiros que van directo a matar. Son de gente profesional en esto. No son balas perdidas, son balas directas, balas que van contra personas específicas, y que van a lugares mortales. Los asesinatos son iguales en todo el país”.

El informe de Amnistía señala que de los 36 muertos por heridas de arma de fuego reportados por el CENIDH entre el 19 de abril y el 2 de mayo, al menos 22 fueron impactados de un solo tiro en la cabeza, el cuello o el tórax.

LAS TURBAS Y FUERZAS DE CHOQUE
SE ESTRENARON EN 2008


Son turbas, son fuerzas de choque, paramilitares, para¬policiales... Son escuadrones de la muerte… Los grupos armados que acompañan a la Policía, casi siempre encapuchados, que hoy la población denomina indistintamente con todos estos nombres, no son una novedad de esta cruel etapa de violencia sistemática. Han existido bajo diferentes formatos desde los primeros años del gobierno que Daniel Ortega inició en 2007.

Sus primeras apariciones las hicieron ya en 2008. En aquel año el régimen reclutó, con información proporcionada por la Policía, presuntamente para no involucrar directamente a la fuerza pública, nombres y direcciones de jóvenes que habían sido desmovilizados de las pandillas que operaban en barrios marginales de Managua. Se les encomendó la misión de atacar con palos, bates de beisbol y tubos de metal a manifestantes de organizaciones de la sociedad civil cuando salían a las calles a denunciar abusos y a reclamar. En la manifestación en repudio del fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008 estos jóvenes actuaron masivamente garroteando a muchos manifestantes. En 2009 atacaron inmisericordes a manifestantes en una marcha organizada por la Coordinadora Civil.

Poco a poco, las manifestaciones de protesta fueron decayendo hasta cesar por temor a esta represión. Sin embargo, en las fuerzas de choque ya organizadas quedó anidado un sentimiento de impunidad: sabían que podían atacar a la gente con total libertad, a vista y paciencia de las fuer¬¬¬zas policiales. Incluso, en una oportunidad la Jefa de la Policía, Aminta Granera, pretendió justificar, sin el menor asomo de rubor, la indolencia policial asegurando que no intervenían “para evitar mayor derramamiento de sangre”.

2013: TURBAS MÁS ORGANIZADAS


Las turbas orteguistas evolucionaron y ya en 2013 se estrenaron bajo un formato de organización diferente. En la madrugada del 22 de junio, hace ahora cinco años, fuerzas de choque atacaron a jóvenes y a personas de la tercera edad que desde hacía días exigían pacíficamente frente al edificio de la Seguridad Social una pensión reducida de vejez.

Aquel movimiento juvenil, #OcupaINSS, con el que se estrenó en Nicaragua el poder de convocatoria de las redes sociales, fue reprimido con gran violencia. En el nuevo formato represivo participaron trabajadores de la Alcaldía de Managua, miembros de la Juventud Sandinista, motorizados y agentes encubiertos de la Policía. Esta vez, las fuerzas de choque no sólo apalearon a jóvenes y a ancianos. También robaron autos y motos, computadoras, tablets, teléfonos celulares y billeteras con dinero en efectivo, tarjetas de crédito e identificaciones personales.

Como siempre, y como ahora, la Policía, que estaba presente cuando actuaban, no hizo nada para defender a los ciudadanos ni para detener a los atacantes. Y, a pesar de las múltiples evidencias presentadas, tampoco investigó ni procesó a nadie. El violento ataque quedó en la impunidad. Y sumió en el temor a los jóvenes y a sus familias.

ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO,
ENTRENADOS Y ARMADOS POR LA POLICÍA


A partir del 19 de abril, cuando empezaron a caer jóvenes autoconvocados que participaban en las protestas, el formato de las fuerzas de choque gubernamentales que disparaban contra ellos cambió.

En abierta violación al artículo 95 de la Constitución Política de Nicaragua, que prescribe taxativamente que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la Constitución, es decir, el Ejército y la Policía”, el régimen Ortega-Murillo ha organizado fuerzas conformadas por policías encubiertos, ex-policías, ex-militares, trabajadores de las alcaldías, ex-combatientes del FSLN denominados “históricos”, delincuentes comunes y pandilleros activos o desmovilizados, a los que erróneamente se les denomina Juventud Sandinista, porque que en realidad son pandilleros disfrazados.

Esta masa de represores, encapuchados y armados, asedian y agreden, junto con la Policía, marchas pacíficas, atacan a pobladores que se defienden en las barricadas que han levantado en las ciudades, arremeten contra campesinos y pobladores que defienden tranques en las carreteras de todo el país y disparan contra estudiantes atrincherados en recintos universitarios.

MERCENARIOS, ESCUADRONES DE LA MUERTE


Los integrantes de estos grupos de choque reciben una paga que oscila entre 200 y 500 córdobas por día (entre 6 y 15 dólares), lo que de hecho les convierte en mercenarios al servicio del régimen Ortega-Murillo.

Estos paramilitares cuentan con redes de informantes en los barrios, organizadas por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que actúan como órganos de inteligencia política del régimen. Su misión es identificar a quienes participan en las protestas, levantan y defienden barricadas y tranques, y apoyan y/o auxilian a los estudiantes universitarios autoconvocados. La información que recolectan, nombres y direcciones, la entregan a los parapoliciales y éstos se encargan de allanar viviendas, capturar, secuestrar, torturar y hasta asesinar a los marcados por estos delatores. Las redes de informantes de las fuerzas parapoliciales constituyen, sin lugar a dudas, una suerte de policía política del régimen Ortega-Murillo, calificada por alguien, no sin sentido, como la Gestapo nicaragüense.


La CIDH ha llamado a las fuerzas de choque represoras “fuerzas parapoliciales”. Sin embargo, por su naturaleza y por el despliegue táctico y operativo con el que funcionan son en esencia fuerzas paramilitares, que a pesar de ser entrenados y armados por la Policía, tienen capacidad militar y no se subordinan orgánicamente a los mandos policiales, aunque en ocasiones quienes dirigen los operativos que realizan son policías de civil y ex-policías, siempre acompañados por ex-militares “históricos” y apoyados por francotiradores de las fuerzas especiales de la Policía.

El informe de Amnistía Internacional es claro al señalar que “es una obligación del Estado de Nicaragua desmantelar las estructuras represivas, los grupos parapoliciales y los terceros armados que están actuando en el país, las cuales deben ser investigadas y sometidas a la justicia, así como recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho”.

En su desvergüenza, el régimen Ortega-Murillo niega la existencia de estos grupos, a los que mantiene y facilita armas de todo calibre con municiones (fusiles AK-47, escopetas, pistolas y revólveres), así como vehículos con combustible (camionetas Hilux doble cabina y motocicletas), que circulan sin placas por todo el país sembrando el terror, al mejor estilo de los terroristas de ISIS.

“EN NICARAGUA NO EXISTEN FUERZAS DE CHOQUE”


El Informe de Amnistía es también claro al señalar que “con base en la información recopilada durante su misión de investigación, considera que entre los días 19 de abril al 12 de mayo de 2018, no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que además considera que con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales. Esta grave violación de derechos humanos, que es también un crimen de derecho internacional, hace referencia a las muertes causadas intencionalmente por las fuerzas de seguridad del Estado o por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por éste”.

A pesar del Informe de la CIDH y del informe de Amnistía Internacional y de las incontables evidencias (testimonios orales, denuncias, vídeos, fotos…), en un alarde de cinismo y desfachatez, el régimen Ortega-Murillo asegura en un documento oficial publicado el 31 de mayo que “en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno”.

EL TERRORISMO DE ESTADO


En abril, y de forma casi inmediata, lo que inició como protestas universitarias por las reformas a la Seguridad Social, se convirtió, en un inesperado giro estratégico, en un alzamiento nacional demandando justicia por los asesinados y la democratización del país. Esto significaba el fin del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el subsecuente desmantelamiento del Estado ortegamurillista y la construcción de una nueva institucionalidad, una auténtica institucionalidad democrática.

Desde la lógica de Ortega y Murillo, la única respuesta ante la insurrección ha sido el empleo de fuerzas paramilitares para infundir terror entre la población, como una táctica perversa y criminal para desgastar y disuadir a quienes participan en las manifestaciones, en las trincheras y en los tranques y a quienes piensen en participar. De hecho, esto los convierte en terroristas.

Los paramilitares terroristas son una fuerza irregular y anárquica cuya misión es sembrar el terror entre la población asesinando, secuestrando y torturando. Y en sus “tiempos libres” actúan como bandas de delincuentes comunes dedicadas al robo, asaltos y saqueos, utilizando las armas que les proporciona la Policía y los vehículos que el gobierno central, instituciones gubernamentales y las alcaldías les facilitan. Lo hacen porque se sienten y son impunes, al servicio del régimen que les protege. Y lo son abiertamente.

¿ES NEUTRAL EL EJÉRCITO?


En la medianoche del 12 de mayo, cuatro días antes de iniciarse el Diálogo Nacional, y cuando Masaya recibía el primer ataque de las fuerzas policiales acuerpando a las fuerzas de choque, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua hizo público un comunicado sibilino, en el que a lo más que se arriesgaron fue a hacer “un llamado a detener la violencia y las acciones que nos desestabilizan”, pero sin señalar a los autores intelectuales de esa violencia y a sus brazos ejecutores.

El comunicado también soslayaba que la Policía y los paramilitares les habían arrebatado el monopolio de la fuerza y, al parecer, el Ejército se sentía muy cómodo en su nuevo rol de espectador silente. Los militares aparentaron tomar distancia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se solidarizaron con las familias de los asesinados y respaldaron el diálogo y la labor de “mediadores y testigos” de los obispos de Nicaragua.

Este comunicado estuvo precedido por las declaraciones del jefe del Sexto Comando Regional (Jinotega y Matagalpa) del Ejército, en las que el militar aseguró que la institución armada no dispararía contra quienes se manifestaban pacíficamente. Y horas antes de hacerse público el comunicado del 12 de mayo, el vocero del Ejército aseguró que no había “un solo soldado involucrado en hechos de represión”.

¿COMPLICIDAD PASIVA O COMPLICIDAD SOLAPADA?


¿Por qué el Ejército tomó y ha seguido tomando una aparente distancia del régimen Ortega-Murillo?

Lo primero que debe subrayarse es que en su comunicado del 12 de mayo la Comandancia General del Ejército no condenó explícitamente la represión criminal. Lo segundo, en consecuencia, es que la posición asumida por los militares puede calificarse, tal como lo hace Luis Carrión, uno de los nueve miembros de la dirección nacional del FSLN en los años 80, como una “complicidad pasiva”.

Esta complicidad pasiva más bien podría denominarse “complicidad solapada”. Varios hechos lo evidencian. Los cito. El innecesario sobrevuelo de dos helicópteros del Ejército sobre las instalaciones del seminario, cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo asistieron a la instalación del Diálogo Nacional. Videos que muestran a paramilitares entrando y saliendo de las instalaciones del Hospital Militar. La agresión a un joven por paramilitares, cuyo padre reconoció entre ellos a dos militares.


Otros hechos fueron el sobrevuelo de un avión Antonov 26 de la Fuerza Aérea del Ejército el 12 de junio sobre focos críticos de la insurrección cívica en Managua antes de ser atacados por fuerzas de la Policía y paramilitares; el vuelo de avionetas en varias ciudades del país rociando cipermetrina, un veneno de contacto, neurotoxina que causa que los canales de sodio de las células nerviosas ya no se cierren, lo que produce impulsos nerviosos incontrolables; aunque no es mortal para el ser humano, puede producir efectos crónicos como vómitos, mareos permanentes, vértigo y migraña. Y la fotografía tomada por jóvenes autoconvocados en Nagarote de un efectivo en uniforme azul oscuro con una ametralladora PKM, arma de guerra de uso exclusivo del Ejército.

De todos estos casos, el Ejército sólo dio una explicación a medias del caso de los vehículos en el Hospital Militar. El vocero de la institución armada sólo se refirió a la entrada, asegurando que trasladaban policías heridos a los que se les requisaron sus armas (fusiles AK-47) que luego entregaron, dijo, con acta, a la Policía. En el resto de los casos, el Ejército ha guardado un silencio sospechoso, cómplice. Estos casos ponen en duda la neutralidad de los militares, la que implícitamente contenía el comunicado del 12 de mayo.

EL RIESGO DE SER EL PODER MODERADOR


Si el comunicado del Ejército fue visto, al decir de Luis Carrión, como “una declaración positiva”, algunos sectores han ido más allá. Demandan que el Ejército intervenga para poner fin a la crisis.

Quizás por la desesperación o por limitaciones de sus análisis, los partidarios de la intervención de los militares tienen una visión obnubilada, extremadamente cortoplacista y no han reparado en los serios peligros que esa intervención significaría para el futuro de la democracia en Nicaragua. Darle a los militares el rol de árbitros de la crisis, llamarlos a actuar como el moderating power (el poder moderador) es un grave riesgo advertido desde 1962 por Samuel E. Finer en su provocativa obra The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics (El hombre a caballo: el papel de los militares en política).

Igualmente debe tenerse presente, y esto es crucial, que si el Ejército, como afirma Carrión, desarmara a los paramilitares, también tendría que desarmara a la Policía, ya que ambos son los brazos ejecutores de las órdenes criminales de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Sin los paramilitares y sin la Policía el régimen quedaría desarmado y sin poder. Colapsaría, porque ambas fuerzas son las que les mantienen en el poder. En consecuencia, el Ejército se convertiría de hecho en el “poder moderador”, lo que daría a los uniformados un poder político que por su naturaleza no les corresponde y que jamás deben tener. Las puertas a la militarización de la sociedad quedarían abiertas de par en par, y la democracia quedaría atrapada en los cuarteles, sometida a la voluntad de los militares. Es un gran riesgo darle al Ejército un poder que no le corresponde y que nunca deber tener en sus manos. La medicina sería peor que la enfermedad.

OTRA PERSPECTIVA
DEL DESARME DE LOS PARAMILITARES


Visto desde otra perspectiva, lo planteado por Luis Carrión (“ya no es sólo la Policía reprimiendo ella sola, sino con grupos a los que no podría llamar menos que terroristas, a los que el Ejército está obligado a desarmar”) podría tener algo de sentido si establecemos una analogía entre el desarme de los paramilitares hoy y la persecución y combate que ha desarrollado durante años el Ejército contra los grupos de rearmados con motivaciones políticas que operaban y operan en zonas rurales del Norte y del Caribe.

Desde 2010 el Ejército combate a esas agrupaciones a las que denomina “grupos delincuenciales”. Guardando las necesarias distancias entre los campesinos rearmados por motivaciones políticas y los paramilitares terroristas, sería lógico que los militares desarmaran a paramilitares que portan armas ilegalmente, incluso fusiles de asalto AK-47, de uso restringido de acuerdo con la Ley 510, lo que automáticamente los convierte en grupos delincuenciales que deben ser desarmados, capturados y entregados a la autoridad competente, es decir a la Policía, para llevarlos ante la justicia. Sin embargo, en esta hipotética situación, ¿cómo podría la Policía procesarlos si sus efectivos realizan “operativos conjuntos” con estos delincuentes?

EL JUEGO DEL EJÉRCITO:
QUEDAR BIEN CON AMBAS PARTES


Ante esta confusa y peligrosa realidad, es preciso preguntarse: ¿A qué juega el Ejército? ¿Cómo se explica su complicidad solapada?

Una lectura crítica y a profundidad del comunicado de la Comandancia General del 12 de mayo ofrece posibles respuestas e hipótesis. Una es que los militares piensan que la complicidad solapada les permite quedar bien con las dos partes. Con el régimen porque no condenan la represión sangrienta y lo apoyan de forma solapada. Y con la población, porque creen que la gente les reconoce su pretendida neutralidad. Si el Ejército tiene esta visión comete un craso error analítico y político porque en las redes sociales han circulado profusamente evidencias de su participación y su silencio sobre esas evidencias los delata. “El que calla, otorga” reza un aforismo popular.

Pero no es la ignorancia, ni un análisis errado lo que lleva al Ejército a apostar por quedar bien con las dos partes. Es el cálculo político y financiero el que la gente les lleva a jugar al “equilibrista”. Sobre todo, el cálculo financiero. La crisis está poniendo en riesgo los millonarios intereses de la corporación militar, administrados por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), a los que se suman los intereses individuales de la cúpula castrense. No sólo se trata de sus inversiones en Nicaragua, que son considerables, sino, y quizás más importante, sus inversiones en el extranjero, en Estados Unidos en particular.

Si apoyaran abiertamente al régimen Ortega-Murillo se pondrían en la mira del gobierno y del Congreso de Estados Unidos. Los activos del IPSM podrían ser bloqueados y no podrían realizar transacciones en Estados Unidos. Y a la cúpula militar se les denegarían visas para ir a Estados Unidos. Las inversiones del IPSM podrían ser congeladas y el régimen de seguridad social de los militares experimentaría una estrepitosa caída de sus recursos, lo que reduciría considerablemente los beneficios de los que gozan sus afiliados, o más bien, la oficialidad, desde el grado de teniente hasta el de general de ejército.

UNA ENCRUCIJADA HISTÓRICA PARA EL EJÉRCITO


La crisis sociopolítica ha colocado al Ejército de Nicaragua en una encrucijada. O abandona su complicidad solapada y se decanta por colocarse abiertamente al lado del régimen Ortega-Murillo. O condena la represión criminal, pero sin intervenir en la solución de la crisis. Intervenir políticamente en la crisis le corresponde únicamente a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que representa los intereses y aspiraciones de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense.

Si los militares escogen el primer camino no sólo serán cómplices del genocidio y se mancharán las manos de la sangre inocente derramada por policías y paramilitares y pondrían en situación de alto riesgo los intereses corporativos de la institución y los de la cúpula militar.

Si optan por el segundo camino, a mi juicio la salida menos deshonrosa que les queda, tendrían el reconocimiento del pueblo de Nicaragua y de la comunidad internacional y recuperarían el monopolio de la fuerza. La Comandancia General, el Estado Mayor General y el Consejo Militar tienen la palabra. El futuro de la institución está en sus manos.

EL COSTO POLÍTICO DE LA ESTRATEGIA DEL RÉGIMEN


Al organizar, armar y apoyar logísticamente a las fuerzas paramilitares y al ordenarles desatar una estrategia de terror, Daniel Ortega y Rosario Murillo pensaron que pronto sofocarían la insurrección cívica.

Se equivocaron. La represión, que ha llegado a niveles infamantes -como el incendio de la casa de una familia en un barrio de Managua, en el que murieron calcinadas tres generaciones: abuelos, padres e hijos -una niña de dos años y un bebé de meses-, cuyos autores fueron, de acuerdo a sobrevivientes, familiares y vecinos, policías y paramilitares-, sólo ha incentivado la indignación y los esfuerzos por lograr justicia, democracia y libertad y la salida del gobierno de los artífices de esta estrategia de terror, que está dejando una “montaña de muertos” y “ríos de sangre”, como crudamente graficó el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez en su homilía del 17 de junio.

La estrategia de terror del régimen ha tenido un costo político que quizás nunca imaginaron quienes la organizaron: el repudio de los nicaragüenses sintetizado en tres palabras: Que se vayan. No sólo se equivocaron creyendo que de esa forma aplastarían la insurrección cívica, tal vez jamás se les pasó por la mente los efectos que para su futuro tendrá esa demencial decisión.

EL NEFASTO LEGADO DEL RÉGIMEN


La crisis actual se resolverá, más temprano que tarde, quiéranlo o no Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero dejarán en Nicaragua un peligroso y nefasto legado al que las nuevas autoridades y toda la sociedad nicaragüense tendrán que hacer frente. Dejarán una Policía desprestigiada y aborrecida por los crímenes cometidos y unas fuerzas paramilitares igualmente responsables de esos crímenes.

La Policía tendrá que ser sometida a un profundo proceso de reconversión, a una reforma que obligatoriamente tiene que pasar, en primer lugar, por la depuración de jefes y tropa, determinando las responsabilidades penales individuales por los crímenes cometidos. Y si bien la reforma policial requerirá un desarrollo intenso y complejo, lo más grave del legado de la pareja criminal Ortega-Murillo es el de la violencia política armada, ejecutada por las bandas paramilitares, que inevitablemente se transmutará en violencia criminal común y en una inseguridad que se entronizará en todo el país.

El futuro es incierto. Se irán ellos, pero a lo largo y ancho del país proliferarán bandas de delincuentes armados, algunos con armas de guerra. Delitos de alta peligrosidad e impacto social como los asesinatos, los robos a casas de habitación, comercios y empresas, los secuestros, las violaciones, el tráfico internacional de drogas, el sicariato y el narcomenudeo se multiplicarán a niveles insospechados.

No es una advertencia de tintes apocalípticos. Solucionada la crisis, Nicaragua quedará sometida a la violencia criminal común que Daniel Ortega y Rosario Murillo incubaron y desarrollaron organizando, armando y dándole protección e impunidad a las fuerzas paramilitares. Por ese delito deberán también rendir cuentas ante la justicia.

Nicaragua quedará prácticamente en condiciones similares a las de los países que han sufrido cruentas guerras civiles, con la diferencia de que en Nicaragua lo que hemos vivido es una insurrección cívica desarmada.

¿CÓMO DESARMARLOS?


¿Qué hacer frente a esta nueva criminalidad común organizada? ¿Quién podrá desarmar y procesar a esos criminales y llevarlos ante la justicia si la misma Policía se coludió con ellos, los entrenó y los armó? El mandato de la Comisión de Verificación y Seguridad, creada por los representantes ante el Diálogo Nacional, es demasiado genérico y la comisión no está investida de la autoridad necesaria para emprender esta tarea.

Con Luis Carrión, el economista Edmundo Jarquín también ha planteado que sea el Ejército quien desarme a los paramilitares. Pero no sólo se trata de desarmarlos. También hay que llevarlos ante los tribunales. Insisto: es muy peligroso para el futuro de la democracia nicaragüense dar a los militares facultades que sobrepasan las de toda institución militar: defensa de la soberanía, de la independencia nacional y de la integridad territorial. Como el Ejército no tiene facultades jurisdiccionales, a quien correspondería pro¬ce¬sarlos es a la Policía. Sin embargo, esta institución no solo está desprestigiada y carente de legitimidad, sino que es igualmente culpable de los crímenes cometidos, algunos de ellos de lesa humanidad.

UNA FUERZA DE PAZ DE LA ONU


En este círculo vicioso parece no haber salida, salvo el establecimiento en el país de una Fuerza de Mantenimiento de la Paz (Peace Keeping Force) de la Organización de Naciones Unidas, a la que se le dotaría de facultades jurisdiccionales que les permitan a sus miembros capturar, desarmar y procesar a los criminales de las fuerzas paramilitares.

Este planteamiento no está fuera del campo de las posibilidades. Todo dependerá de la voluntad política de las nuevas autoridades que tenga nuestro país para solicitarlo. Y de la voluntad de la ONU para acceder a tal solicitud.

CONSULTOR CIVIL EN SEGURIDAD,
DEFENSA Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.

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