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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 32 | Febrero 1984
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Nicaragua

La diplomacia bélica del informe Kissinger desafía a Contadora

Los avances conseguidos en Contadora, tendientes a encontrar la paz y democracia regional, fueron desafiados unos días después por el plan de diplomacia bélica presentado por la Comisión Kissinger.

Equipo Envío

Los avances parciales conseguidos en la reunión de los cinco países centroamericanos con los países de Contadora, realizada el 7,8 y 9 de enero, tendientes a encontrar la paz y democracia regional, han sido desafiados este mes por el plan diplomáticamente bélico presentado por la Comisión Kissinger (CK) el 11 de enero. Ronald Reagan, presidente norteamericano confirmado como pre-candidato republicano para los próximos comicios, avaló oficialmente el Informe Kissinger el 3 de febrero. La implementación de las recomendaciones de la CK, que guardan una esencial continuidad con la política impulsada hasta ahora por la Casa Blanca, tiene un amplio margen de acción mientras Honduras continúe jugando su carta obstruccionista en el marco de Contadora, impidiendo con esto avances verdaderamente cualitativos en las negociaciones regionales.

Las presiones sobre Nicaragua, que eventualmente pueden intensificarse hasta llegar incluso a una intervención norteamericana en caso de reelegirse Reagan, se hacen sentir tanto sobre el proceso electoral nicaragüense como en el campo de la lucha militar. Un sector de la gran empresa privada y de los partidos políticos derechistas parecen buscar el boicot electoral, exigiendo condiciones que de concedérselas quebrantarían la soberanía nacional. Paralelamente, la contrarrevolución armada nicaragüense, en combinación con las fuerzas armadas hondureñas han comenzado a desarrollar el "Plan Sierra" como una etapa más de la permanente agresión contra Nicaragua.

Mientras se mantienen estas presiones, un factor regional puede, sin embargo, precipitar la crisis centroamericana y la intervención militar estadounidense: la situación salvadoreña. En ese hermano país centroamericano, el FMLN está demostrando un fuerte grado de consistencia en la ofensiva, con el consiguiente deterioro físico y moral del ejército gubernamental. Kissinger y los revolucionarios salvadoreños coinciden en señalar que un "colapso repentino" del ejército es, si no probable en lo inmediato, al menos posible. Al aproximarse marzo -mes electoral en El Salvador- la situación se complejiza, además, por las crecientes tensiones al interior del bloque en el poder. Duarte y D'Aubuisson -candidatos de los norteamericanos y de la oligarquía salvadoreña respectivamente- sintetizan la estrecha disyuntiva electoral que se ofrece al pueblo salvadoreño. De esta manera, aunque la tendencia de Washington a lo largo de 1984 parece dirigirse a sostener una creciente presión sobre Nicaragua y a reforzar al ejército gubernamental y a la economía salvadoreña, en espera de resultados electorales en Estados Unidos, la crisis de El Salvador puede llevar a la aplicación de planes alternativos de carácter interventor.

Las negociaciones se alargan

El 9 de enero, coincidiendo con el primer aniversario de la formación del Grupo de Contadora, los países centroamericanos firmaron una serie de acuerdos en tres áreas: seguridad, política y socioeconómica. Estos acuerdos son el resultado de tres propuestas distintas que fueron puestas en la mesa de discusión por Nicaragua, el bloque Honduras-El Salvador-Costa Rica (Guatemala se autoexcluyó) y el propio Grupo de Contadora.

Mientras Nicaragua promovía su proceso electoral propuso una serie de medidas inmediatas en el área de seguridad: retiro de asesores militares, congelamiento de armamentos, pactos de no agresión, etc. Esa postura -que desconcertó inicialmente a su oponentes regionales e incluso a la Administración Reagan- tuvo la oposición del bloque encabezado por Honduras que, sin poder confrontar directamente los planteamientos de Nicaragua, buscó desvirtuarlos o retrasarlos. Avalar la radical propuesta de desmilitarización nicaragüense, aunque garantizaba la paz en la región, significaba abandonar la opción de doblegar política o militarmente a la revolución sandinista. Es decir, significaba enterrar los verdaderos objetivos de la Administración Reagan.

Ante esas posiciones el Grupo de Contadora buscó una postura intermedia. Retomó muchas de las propuestas de Nicaragua, alargando un poco el tiempo de su posible aplicación para tratar de conseguir la adhesión honduro-norteamericana y postergó los temas más difíciles para un mediano plazo. Propuso, por ejemplo, como acciones a un corto plazo, la moratoria en la adquisición de armamentos en el área a partir del 29 de febrero, la elaboración de un calendario para la reducción gradual de asesores militares extranjeros, la promoción de legislaciones que fortalezcan los procesos electorales, etc. Contadora, sin embargo, no logró el consenso de los países centroamericanos, única forma realista de llegar a acuerdos eficaces. Las nacionales del istmo -exceptuando Nicaragua- no aceptaron, por ejemplo, la moratoria en la adquisición de armamentos.

Sin embargo, Contadora logró avances parciales. En Asuntos de Seguridad se acordó la elaboración de un inventario detallado sobre instalaciones militares, armamentos y efectivos, con el objeto de fijar posteriormente criterios para la implementación de una política de control y reducción y posterior eliminación de asesores militares foráneos; la identificación, para su erradicación, de fuerzas irregulares que buscan desestabilizar gobiernos, etc. En Asuntos Políticos se acordó, principalmente, promover la reconciliación nacional sobre bases de justicia, libertad y democracia, tendientes a la realización de comicios electorales honestos. En Asuntos Económicos y Sociales se acordó intensificar los programas de ayuda a los refugiados centroamericanos, gestionar conjuntamente recursos externos, promover el comercio intrarregional e implantar estructuras socio económicas justas para consolidar auténticos sistemas democráticos. En cada una de esas tres áreas: (seguridad, política, socioeconómica) se formará una comisión integrada por los distintos países centroamericanos con la presencia del Grupo de Contadora, con el fin de preparar estudios, proyectos jurídicos y recomendaciones, tendientes a avanzar efectivamente en lo acordado. Cada comisión deberá presentar sus respectivos calendarios y programas de trabajo antes del 29 de febrero de 1984.

Los resultados de la reunión de Cancilleres son, por tanto, un avance parcial que, al menos, dificulta un mayor deterioro inmediato de las relaciones entre los países del istmo. Pero, como contrapartida, no representan un avance verdaderamente cualitativo, pues el trabajo de las tres comisiones en formación hacen prever muchas discusiones y por largo tiempo. En consecuencia, queda un margen propicio para la continuidad de la ofensiva de la Administración Reagan contra Nicaragua.

Kissinger propone dos vías de agresión

La lectura del Informe Kissinger, avalado oficialmente por el Presidente Reagan, nos indica el camino que buscará seguir la Casa Blanca. En lo que a Nicaragua respecta, la CK presenta dos opciones básicas. Una de ellas -la que recomienda en lo inmediato- busca ejercer una serie de presiones económicas, políticas y militares, con el objetivo de doblegar los principios de la revolución nicaragüense, forzándola a la negociación. "Como planteamiento general -dice el informe-, no creemos que sería prudente de nuestra parte renunciar a las ofertas y presiones actuales sobre el régimen de Managua, excepto en el caso de que hayan pruebas de un proceso de negociación". La segunda opción, viable si el pueblo norteamericano reelige a Reagan o la situación salvadoreña se deteriora sustancialmente, es la intervención militar estadounidense aun cuando el saldo de muertos y heridos por las partes del conflicto sea importante. "Nicaragua -dice la Comisión- debe saber que la fuerza queda siempre como un último recurso. Los Estados Unidos y los países de la región se reservan esta opción". La presunta amenaza que representa Nicaragua para la seguridad nacional de Estados Unidos, en el marco del conflicto Este-Oeste, es la razón aducida por la CK para justificar esta posición.

Este es el verdadero proyecto republicano que el grupo latinoamericano de Contadora, al insistir en el diálogo y no en el avasallamiento como forma de solucionar los conflictos, ha logrado, hasta el momento, contener. No en vano el presidente panameño De la Spriella y el Canciller mexicano Sepúlveda, han declarado que en junio y noviembre del 83 lograron evitar conflictos bélicos a gran escala "que ya estaban planificados" (Véase: "Hacia la guerra" envío No. 25 "A las puertas de la invasión" en envío No. 29). Por eso la posición de la CK sobre Contadora es particularmente clara: "Los Estados Unidos de América no pueden emplear el proceso de Contadora como un sustituto para su propia política", pues "los intereses y las actitudes de esos cuatro países no son idénticos, ni tampoco concuerdan siempre con los nuestros". Eso no niega que se deba seguir apoyando verbalmente a Contadora, y se la aproveche para mantener presiones diplomáticas sobre Nicaragua a través de los otros países centroamericanos, mientras los Estados Unidos continúan su agresión.

La postura de Reagan -a través de la CK- también es sumamente clara respecto a Europa Occidental. Los europeos deben apoyar la política de la Casa Blanca o deben callar. "Debemos procurar su apoyo político y diplomático en lo que sea posible, y su reserva en lo que no sea -dice el informe-. Debemos desalentarles con firmeza de su ayuda al régimen sandinista, hasta que éste cambie fundamentalmente su trayectoria".

Entre la institucionalización y el boicot

Una lectura atenta a las propuestas de la CK revela la existencia de dos puntos especialmente importantes en torno a las recientes medidas de apertura nicaragüenses, y especialmente en torno a las elecciones. El primer punto es la desconfianza básica respecto a las proposiciones de Nicaragua. "La Comisión no está en condiciones de juzgar la sinceridad y trascendencia de estos distintos mensajes (se refiere a los anuncios sandinistas sobre elecciones y desmilitarización). Pero es claro que requerirán más extensa elaboración y una expresión más concreta antes de poder afianzar nuestras esperanzas... La disposición de Nicaragua... deberá ponerse a prueba...". El segundo punto es la inclusión de la esencia misma de la derrocada dictadura dinástica, la guardia somocista como agente de democratización en la nueva Nicaragua. Un acuerdo de paz conseguiría a juicio de la Comisión que "los insurgentes en Nicaragua pudieran participar en las elecciones nicaragüenses". Richard Stone, representante del presidente Reagan para Centroamérica, se ha hecho portavoz desde hace algún tiempo de estos dos puntos de vista.

Casualidad o no, esos dos puntos son esenciales en la propuesta de un sector de las fuerzas de derechos nicaragüenses (empresarial y política). El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y los partidos socialcristiano, socialdemocráta y Conservador (fracción democrática), han ratificado a lo largo del mes, en varias ocasiones, la vigencia del documento sobre el proceso electoral que suscribieron a finales de diciembre. Este, en su parte esencial, pedía la "celebración de un diálogo nacional de todos los partidos y movimientos políticos, incluso los alzados en armas, bajo los auspicios y garantías del Grupo de Contadora, tendiente a convenir en la forma y contenido de una convocatoria a elecciones de representantes de una Asamblea Nacional Constituyente, supervigilada por el mismo Grupo de Contadora o por la OEA". (Los subrayados son nuestros).

La concordancia con Kissinger y Stone es clara: el mayor número de los "alzados en armas" son los somocistas. Por "supervigilancia" se entiende en Nicaragua la presencia de un país o grupo de países extranjeros que, haciendo a un lado al Gobierno nacional, se hacen cargo, en calidad de jueces supremos, de todo lo concerniente al proceso electoral. El país o países "supervigilantes" pueden eventualmente disponer de tropa extranjera bajo su mando para hacer cumplir sus dictados. (Ver el otro artículo de este mismo envío). En otras palabras, lo que Estados Unidos y un sector opositor interno plantean como "garantías esenciales para creer al sandinismo", no son más que fórmulas que implicarían el retorno de los miembros del aparato represivo de Somoza y la intervención, bajo capa de "supervigilancia" electoral. Y eso no es todo. Es solamente lo más importante. Este sector de la oposición interna ha comenzado, además, a lanzar ya veladas amenazas de boicot a las elecciones si no se cumplen sus condiciones. Tales presiones, en caso de llegarse a concretar, darían ocasión para que, a su debido tiempo, Reagan impulsara con mayor facilidad su segunda opción: la intervención directa.

Mientras tanto, de acuerdo al calendario electoral establecido por el gobierno nicaragüense el 4 de diciembre, el Frente Sandinista, en su calidad de partido político contendiente, presentó al Consejo de Estado, al igual que otros partidos, su propuesta sobre el carácter que deben tener las próximas elecciones. La Comisión Electoral del Consejo de Estado, con base en las diversas propuestas de los partidos políticos, presentará antes del 21 de febrero, un Anteproyecto de Ley que pasará a ser debatido al interior del Consejo de Estado, organismo colegislativo donde están representadas las diversas fuerzas políticas del país.

Las propuestas particulares del Frente Sandinista son: 1) Se propone que las elecciones sean para elegir un ejecutivo y un legislativo. El ejecutivo estaría formado por un Presidente y un Vicepresidente. El legislativo sería una Asamblea Nacional con funciones constituyentes legislativas. La Asamblea deberá elaborar la Constitución de la República en un plazo de dos años y luego continuar sólo con su carácter legislativo. El Ejecutivo y el Legislativo serían electos por un período de seis años. 2) se propone que el Presidente y Vicepresidente sean electos por mayoría simple; la Asamblea Nacional constaría de 90 miembros, siendo electo un representante por cada 20,000 electores, distribuidos proporcionalmente según el número de habitantes de cada región. 3) Se propone que puedan votar todos los ciudadanos mayores de edad (18 años), incluidos los religiosos y militares y excluyendo a los condenados por delitos contrarrevolucionarios y delitos comunes. Los militares que se presenten como candidatos deberán ser dados de baja previamente. 4) Se propone que el Estado financie las campañas de los partidos políticos tomando el 0.5% del presupuesto nacional, sin que ello sea obstáculo para que cada partido tenga acceso a otra fuente de financiamiento. 5) Se propone incorporar un código de ética electoral que elimine resabios del pasado: conquistar o comprar votos por medio de obsequios, usar en la propaganda métodos denigrantes que atenten contra la integridad moral de las personas, etc. 6) se propone que tanto la Ley de Medios de Comunicación como la Ley Electoral establezcan plenas garantías que permitan a los partidos políticos inscritos en el proceso electoral el uso de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos una vez que se haya abierto la campaña. 7) Se propone la invitación, en calidad de observadores, a organismos, países y personalidades de prestigio internacional, para que puedan comprobar de manera directa la experiencia electoral de Nicaragua. Entre ellos están: el Grupo de Contadora, Internacional Socialista, Internacional Liberal, Internacional Demócrata Cristiana, Organización de Naciones Unidas (ONU) y Movimientos de los No-Alineados (NOAL).

Otras fuerzas políticas de la derecha nicaragüense (Movimiento Liberal Constitucionalista y Conservador Democráta -fracción legitimista-), o partidos políticos progresistas (Liberal Independiente, Popular Socialcristiano y Socialista), han seguido un camino diverso de las fuerzas que piden retorno de la guardia somocista y la supervigilancia electoral. No han retomado las "condiciones" norteamericanas. Más bien cada partido ha planteado énfasis, debido a las diversas ideologías que sustentan, estos partidos coinciden en exigir todo tipo de libertades para un correcto desarrollo del proceso electoral, en considerar conveniente la presencia de observadores internacionales, en que el Estado contribuya al financiamiento de las campañas partidarias, etc. Sin embargo existen diferencias entre ellos en si la Asamblea Nacional y el Ejecutivo deben ser elegidos directamente, o si solamente debe elegirse una Asamblea que a su vez elegiría al Ejecutivo. También hay discrepancias en la edad mínima adecuada para poder votar (unos prefieren 18 años y otros 21) y en si los militares deben o no votar.

Entre los avances en la institucionalización democrática del país y las amenazas de boicot camina el proceso electoral nicaragüense, cumpliendo con el calendario fijado. El 21 de febrero -50 aniversario del asesinato del Gral. Sandino por alianza del embajador norteamericano y Anastasio Somoza García- será dado a conocer el día exacto de las elecciones. Sólo excesivas presiones militares estadounidenses podrían retrasar el proceso.

Ataques con aviones de guerra.

En forma paralela a las presiones sobre el proceso electoral, continúan las acciones armadas contrarrevolucionarias. En el mes de enero, las fuerzas armadas sandinistas golpearon con fortaleza a los grupos somocistas que trataron de penetrar en la región cafetalera de Jinotega-Matagalpa. Aunque aún parecen subsistir grupos contrarrevolucionarios significativos, puestos ya a la defensiva, y ha habido acciones menores en Zelaya Norte y Río San Juan, el escenario militar se ha desplazado. La ofensiva principal se ha centrado en Nueva Segovia (especialmente en los alrededores de Jalapa), y en Chinandega (especialmente en Punta Cosigüina -extremo noroeste del litoral pacífico nicaragüense, conlidante con El Salvador y Honduras a través del Golfo de Fonseca). Las acciones sobre el eje Jalapa-Punta Cosigüina son conocidas con el nombre de "Plan Sierra". Puerto Potosí, ubicado en Punta Cosigüina, fue atacado el 6 y 8 de enero por mar y aire; el bombardeo contrarrevolucionario obligó primeramente a la evacuación de niños y mujeres de la zona, procediéndose posteriormente al retiro de los 2.000 habitantes del Puerto. En Nueva Segovia, y especialmente en los alrededores del municipio de Jalapa, se han registrado gran cantidad de combates. Los de mayor intensidad, entre los días 8 y 11 de enero, contabilizándose más de 17 vuelos de helicópteros y aviones militares en apoyo a las acciones de la infantería contrarrevolucionaria. El día 11 uno de los helicópteros militares enemigos que sobrevolaban la zona fue impactado por fuego nicaragüense debiendo aterrizar forzosamente en territorio hondureño a 200 mts. de la línea fronteriza. Posteriormente se supo que el piloto había resultado muerto y que se trataba de un helicóptero del Ejército de los Estados Unidos.

Las acciones de la contrarrevolución, según la mayoría de los miembros de la CK, son apropiados para doblegar a Nicaragua. "La mayoría de los miembros de la Comisión, -dice el Informe- en sus opiniones individuales, cree que los esfuerzos de los insurgentes nicaragüenses representan una de las presiones que favorecen un acuerdo negociado".

El papel que se asigna a las fuerzas armadas hondureñas es similar al que juegan los somocistas. La CK reconoce que, hoy por hoy, Nicaragua no tiene fuerzas para invadir Honduras y tomar Tegucigalpa (Sí las tiene para defenderse adecuadamente). "Es dudoso que Nicaragua tenga capacidad logísticas y otras de las capacidades necesarias para intentar un ataque convencional a través de la frontera", afirma el Informe. Y tan seguros están, que "la Comisión no ha llevado a cabo un estudio con el mismo nivel de detalle (que en El Salvador) sobre los requisitos de defensa en el caso de Honduras". ¿Dónde está entonces -podríamos preguntarnos- el "gran peligro" de la Nicaragua belicista y expansionista?. Y responde el Informe: está en que "su escalada militar tiene como objetivo adquirir esas capacidades". Aun aceptando que la CK confunda las medidas militares de defensa con medidas militares de ataque, ¿por qué entonces no acepta Honduras el congelamiento del armamento propuesto por Nicaragua ante el Grupo de Contadora? Eso evitaría la continuación de la presunta escalada militar. Por el contrario, la CK recomienda el fortalecimiento de la fuerza aérea de Honduras, que ya es la mejor de Centroamérica.

El 2 de febrero seis aviones militares del tipo caza bombarderos A-37 y Push and Pull atacaron una unidad militar del Ejército Sandinista y un Centro de Comunicaciones Civil a 50 km. en la profundidad del territorio, en el noroccidental departamento de Chinandega. Al día siguiente cuatro aviones Push and Pull hicieron un ataque militar similar sobre otra unidad militar en ese mismo departamento. No se trató esta vez de avionetas atacantes pequeñas y particulares, como las que han usado anteriormente los grupos contrarrevolucionarios FDN y ARDE. Es conocido que el tipo de aviones utilizado, particularmente los caza bombarderos A-37, son aeronaves que forman parte de la Fuerza Aérea Hondureña. La calidad de las operciones mostraron también, en opinión del Ministro de Defensa nicaragüense, una alta calificación de los pilotos. ¿Son estos ataques parte de las presiones recomendadas por Mr. Kissinger? ¿Para acciones como éstas recomienda mejor la fuerza aérea hondureña?

El presente mes se ha caracterizado así por una escalada militar significativa. Ante las grandes dificultades de las fuerzas contrarrevolucionarias de infantería -FDN y ARDE han tenido alrededor de 200 bajas-, los enemigos de Nicaragua han incrementado los ataques aéreos. Solo sobre Chinandega hubo en el mes 52 violaciones del espacio aéreo. Lo nuevo de la situación radica en que el tipo de aviación utilizada en los ataques sólo se encuentra en manos de algunos gobiernos centroamericanos -incluído el de Honduras-. Y en que el helicóptero derribado en Jalapa no era precisamente propiedad del FDN... ni siquiera de Honduras. Se han abierto así las posibilidades de ataques de aviones de guerra a puntos militares y económicos en cualquier punto de Nicaragua, incluída la capital.

Los ataques contrarrevolucionarios del FDN-ARDE y del ejército hondureño pueden transformar las actuales presiones militares en avances de una intervención directa. Las maniobras "Pino Grande III", de próxima ejecución, se realizarán en la zona del Pacífico de Honduras. Desde ahí se hace viable a la vez la presión y eventual intervención contra Nicaragua. Desde ese punto se pueden atacar los norteños departamentos de El Salvador, donde la guerrilla mantiene amplias zonas de control y también se puede apuntar sobre la línea militar estratégica de Nicaragua, ubicada en el litoral del Pacífico. Chinandega es la llave de entrada a Managua por el norte. Jalapa, por su ubicación geográfica, puede ser tratada de "liberar" nuevamente como territorio de un gobierno provisional. Esta es la otra dimensión posible del "Plan Sierra" en caso de que la crisis salvadoreña lleve a Reagan a implementar su segunda opinión -la intervención-, a partir de la primera -el doblegamiento político-. Todo lo anterior nos lleva a detenernos brevemente en el Salvador. Lo haremos básicamente siguiendo el análisis del informe de la CK.

La situación salvadoreña

El Informe Kissinger no ha dado datos nuevos sobre El Salvador, aunque sí es nuevo el reconocimiento público de la situación real. Según la CK, el ingreso nacional bruto ha declinado en un 25% en términos reales en los últimos años, el ingreso nacional per cápita está alrededor del nivel que tenía a principios de los años 60 y el costo directo acumulado de la guerra ha sido estimado en más de 600 millones de dólares.

Con una economía en esas condiciones, el Estado salvadoreño no está pudiendo ganar la guerra. "La guerra está en equilibrio", reconoce el Informe. Y lo que es más grave para la Administración Reagan, esta tendencia de la guerra -dice la CK- "a la larga favorece a la guerrilla". Los insurgentes, cuyo número calculaban en 6.000 desde enero del 83, los cifran en la actualidad en aproximadamente "12.000 combatientes entrenados y armados en el campo de batalla". Esto ha sido posible porque pueden entregar armas a quienes antes no las tenían. La CK dice que "existe información de que los sandinistas han reducido su apoyo a la insurgencia en la región, aunque la evidencia está lejos de ser clara". Por tanto, no le queda más remedio que aceptar, a regañadientes, otra versión: "Una explicación podría ser que la guerrilla salvadoreña haya sido capaz de obtener mucho armamento en El Salvador mismo". Los 12.000 combatientes del FMLN se enfrentan a 37.500 miembros de la fuerza armada salvadoreña -eran 24.000 en enero del 83-. "Esto -dice el Informe- le da al gobierno una ventaja menor de 4 a 1 sobre los insurgentes. Una proporción de 10 a 1 es la que se considera generalmente necesaria para una exitosa contrainsurgencia.

El alto mando del ejército salvadoreño ha aceptado recientemente que en tres años de guerra sus bajas (muertos y heridos) suman 18.000. El incremento de los efectivos, según el FMLN, ha debido basarse, pues, en el reclutamiento forzoso de campesinos, trabajadores, estudiantes y aún adolescentes que, obviamente, no tiene la preparación militar, ideológica y moral de un soldado profesional. Los guerrilleros, por el contrario, crecen en experiencia y decisión. La CK se ve obligada a reconocer la consecuencia: "la guerrilla, después de cuatro años de experiencia, demuestra una capacidad creciente de maniobrar, concentrar sus fuerzas y atacar objetivos estrategicos".

Mapa


Ante el avance del FMLN, la CK llega a admitir que "la contundencia de los ataques guerrilleros a las redes de transporte y comunicación en los departamentos orientales ha permitido el aislamiento efectivo de la mayor parte de esta área", abriéndose la posibilidad del "establecimiento de una zona "liberada" como un preludio de la extensión de la guerra a los departamentos centrales". Aunque las bases guerrilleras en San Vicente han sido desorganizadas y el FMLN ha perdido su infraestructura en el occidente, sin haber podido reconstruir sus bases de apoyo en las ciudades, la situación militar es crítica para el ejército gubernamental. En un tácito reconocimiento a su baja moral, la CK afirma que, "dado el creciente daño -tanto físico como político- causado a la economía y al gobierno de El Salvador por los guerrilleros, quienes mantienen su fuerza, un colapso de éste no es inconcebible" (subrayado nuestro). En esa medida la intervención militar norteamericana es factible. Ahora bien: si la situación es tan difícil, ¿esperará Reagan la inminencia del "colapso" para intervenir? ¿Será, por eso, que, según denuncia hecha por el Cte. Daniel Ortega, Kissinger ha recomendado la intervención en El Salvador y Nicaragua en un informe secreto? ¿Permitirá la actual correlación de fuerzas la intervención directa?

En todo caso la situación se complica por las duras pugnas del bloque en el poder. Duarte, candidato de los norteamericanos, y D'Aubuisson, candidato de la oligarquía salvadoreña, corresponsables de al menos 30.000 no combatientes muertos en El Salvador desde el 79 (cifra de la CK), se disputarán el mando en las elecciones del 25 de marzo. Dichas elecciones no serán "supervigiladas". Shultz, en su reciente visita el 1 y 2 de febrereo, buscando suavizar tensiones, ha declarado que Estados Unidos aceptará al candidato que resulte ganador. Al mismo tiempo fue hecha pública una declaración conjunta entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador excluyendo al FMLN de todo diálogo constructivo "a menos que depongan las armas", y profundizando la asistencia militar norteamericana hacia El Salvador pues, los intereses norteamericano-salvadoreños, "sólo pueden satisfacer si termina la subversión comunista". En términos de la CK, "los programas políticos, sociales y económicos (Kissinger propone sustanciales ayudas para El Salvador y otros países centroamericanos), por sí solos no vencen estas insurgencias... la violencia debe ser tenida en cuenta; lo que significa que la situación de seguridad debe mejorar drásticamente".

Conclusiones

La situación de El Salvador resulta clave para la comprensión de lo que puede suceder este año en Centroamérica. Los Estados Unidos han confirmado la opción militar, acompañada con inyecciones económicas, como su postura ante la crisis de ese país. El desarrollo de los acontecimientos mostrará si un mayor reforzamiento del ejército salvadoreño logra avances en la lucha sobre la guerrilla -opción preferencial para Reagan por los menores costos que implicaría en el contexto de las elecciones estadounidenses- o si se hace necesaria la intervención directa con cierto apoyo regional -alternativa costosa para Reagan, pero menos costosos que una victoria guerrillera-. Mientras tanto, continúa el acoso sobre Nicaragua, especialmente en el terreno electoral y en el militar. La prolongación de las negociaciones en Contadora permiten implementar esas agresiones con las que la Comisión Kissinger respalda en lo sustancial, la política republicana, a pesar de su pretensión bipartidista.

El FMLN, por su parte, ha manifestado que continuará impulsando su lucha. Aunque eso aumenta las posibilidades de la intervención directa, es la mejor defensa en caso de que ésta se produzca. A mayor avance guerrillero, mayores costos humanos habrá para Estados Unidos en El Salvador, parecen decir. Paralelamente, el FMLN ha vuelto a insistir, en este mes, en la solución política negociada como la mejor alternativa para todas las partes en conflicto en ese país. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, a través de sus dirigentes, ha hecho ver la conveniencia de resolver las disputas sobre Nicaragua y Centroamérica en el marco de Contadora. Pero también ha señalado, en este mes, que "Reagan puede perder desde ya sus esperanzas de que Nicaragua va a hacer una sola concesión de principios". "En caso de intervención seguiremos el mismo camino de Sandino", han declarado, en una táctica advertencia de que los Estados Unidos tendrían que enfrentar una larga guerra de guerrillas. Han reiterado, además, lo que los dirigentes revolucionarios parecen estar pensando es que, si no hay negociación, se responderá a la intervención con la vietnamización del área.

Este conflicto centroamericano, el del Líbano y los conflictos en torno a la cuestión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus mayores o menores interrelaciones, ciertamente están planteando al mundo situaciones complejas que podrían agravarse si no se produce un diálogo respetuoso en el marco del Derecho Internacional. Es llamativo que el Informe Kissinger sobre Centroamérica no haga alusión a ese Derecho Internacional que el Grupo de Contadora busca promover en el área. Más bien, la diplomacia bélica del Informe Kissinger desafía a Contadora.

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