Pueblo, ejército, unidad: ¿garantía de la victoria?

Violeta Barrios de Chamorro recibió de Daniel Ortega la banda presidencial el 25 de abril. En el Estadio Nacional, un parque de béisbol convertido en escenario del acontecimiento, pudo palparse la realidad de una Nicaragua profundamente dividida.

Equipo Envío

Más allá del ambiente polarizado del día de cambio de gobierno, grandes incógnitas flotaban sobre el futuro del país. Sin embargo, pocos pensaron que el ritmo de los conflictos internos entre las fuerzas sociales de la nación, fuera tan acelerado desde las primeras semanas de gobierno.

Economía: otra operación quirúrgica sin anestesia

Durante el primer mes, una vez más se ha sometido la economía nicaragüense a una operación quirúrgica sin anestesia. Esta vez el cirujano fue el nuevo gobierno, cuya campaña se basaba en las esperanzas populares para un alivio inmediato de su sufrimiento económico, el fin de la guerra mediante la desmovilización de la contrarrevolución, y el apoyo financiero de los Estados Unidos. Devaluaciones de la moneda en mayo por más de un 180%; tasas de inflación de más de un 150% en el mismo mes; reajuste salariales inferiores a la inflación y caída de salario real de los empleados públicos en un tercio; tasas de interés al sector productivo superiores al resto de la región en un 20%; plana de despidos masivos en el sector público y de privatización de las fincas estatales; decretos de revisión de confiscaciones, reformas al Código de trabajo en favor de los patrones, etc., son tan sólo algunos de los acontecimientos del primer mes.

Este no es solo su paquete sin pueblo como los recetados por el gobierno sandinista allanando el camino a la UNO, sino un paquete anti-pueblo. Sin embargo, se equivocan quienes piensan que el nuevo gobierno no ha calculado su implementación desde un lógica económica. Es el mismo paquete anti-pueblo que todos los gobiernos de la región y del tercer mundo van instaurando con el arsenal técnico sofisticado de las instituciones financieras multilaterales. Su lectura no debe hacerse exclusivamente desde nuestros conflictos políticos locales sino desde la avalancha del capital contra el trabajo que define la coyuntura internacional.

Nuevos decretos atentan contra el Protocolo de Transición

Los nuevos decretos socavaron el "Protocolo de Transición" firmado entre el gobierno saliente y el entrante, y provocaron mayor inestabilidad social durante las semanas cruciales previas a las siembras en un país que, como el nuestro, es fundamentalmente agrícola.

Era de esperar que el gobierno devaluara la moneda porque, la falta de una devaluación sustancial desde enero, había alterado los precios relativos. También había aumentado la brecha entre la tasa oficial y el mercado, generando tendencias especulativas en la economía que, el gobierno anterior, logró contener antes de la recta final de las elecciones, aún sin apoyo financiero internacional. Lo que no era de esperar en esta operación quirúrgica era su carácter de "shock", su estilo confrontativo, y el hecho de que los Estados Unidos no apoyara el paquetazo con ayuda sustancial inmediata.

Tras ocho días de la fuerte huelga que estalló en los empleados públicos como respuesta a las medidas económicas, la presidenta pidió al Presidente Bush, en conferencia telefónica, que los Estados Unidos le concediesen 40 millones de dólares en forma inmediata para enfrentar la primera crisis de su gobierno. Bush indicó que no podía ofrecer un préstamo puente con el argumento que Nicaragua no ofrecía garantías de poder repagarlo. No fue hasta tres meses después de haber sido electa Violeta Chamorro, que el Congreso aprobó 300 millones de ayuda a su gobierno. La demora de la ayuda norteamericana ha sido un factor determinante en la coyuntura económica y política de este mes y obligó al nuevo gobierno a devaluar la moneda sin capacidad de anestesiar el impacto de su primer paquete económico con copioso financiamiento externo.

Qué hay detrás de los primeros conflictos

Detrás de los conflictos del mes de mayo, hay cinco interrogantes fundamentales en esta coyuntura que Envío intenta contestar en este análisis:

1) ¿Por qué el gobierno de la UNO optó por impulsar una política económica de "shock" a la economía del país, intentando hacer todo a la vez, sin tener a la mano un paquete de financiamiento internacional suficiente para apoyar las medidas?
2) ¿Por qué la ruptura del "Protocolo de Transición" y el estilo de confrontación y de mano dura es lo que ha sellado la primera iniciativa del nuevo gobierno en el campo económico?
3) ¿Cuáles han sido los resultados del movimiento de los empleados públicos, que desbordó las expectativas del gobierno y tomó la iniciativa al FSLN?
4) ¿Qué posición ha adoptado inicialmente el FSLN en su nuevo rol de oposición?
5) ¿Cuál ha sido la postura de la contra ante su desmovilización y el influjo de Estados Unidos en las primeras posiciones del nuevo gobierno al no dar ayuda inmediata?
6) Desde los límites de nuestra economía y las posibilidades de ayuda extranjera, ¿qué podemos esperar durante los 100 primeros días del gobierno de Violeta Chamorro?

¿Por qué una política de shock?

El Plan Económico y la burguesía algodonera

Nadie puede culpar al Gobierno de la UNO por devaluar la moneda. Hubo una necesidad urgente de empezar a cerrar la brecha entre la tasa oficial y el mercado negro, reordenar los precios relativos para incentivar la exportaciones, y de seguir el camino iniciado por los sandinistas en 1988 para detener la espiral inflacionaria que tanto daña a los sectores populares.

De lo que sí se puede culpar al gobierno es de que, para estabilizar a la economía, haya optado por una política de shock, provocando con ella un clima de confrontación en torno a las demandas de los empleados públicos. Se podría haber optado por una política de devaluaciones más graduales, la que probablemente hubiera tendió un mejor impacto sobre nuestra economía. ¿Por qué recurrir a la política de shock, especialmente cuando se pudo haber esperado los fondos de los Estados Unidos, con los cuales esa política hubiera logrado un impacto más favorable sobre la economía?

La razón de fondo está en los contratiempos del plan de estabilización del Banco Central y su búsqueda de financiamiento internacional para eliminar la mora con el BID, el Banco Mundial, y negociar la deuda externa de Nicaragua. Para esto, el nuevo gobierno tiene que demostrar al mundo que es capaz de elevar rápidamente su exportaciones. La palanca principal es la recuperación del sector algodonero, el único espacio donde el gobierno puede obtener su doble propósito de garantizar a corto plazo excedentes para la burguesía y mayores exportaciones para el país.

La reactivación del café y la ganadería tiene ritmos impuestos por la naturaleza. La reconversión industrial, programa estratégico del gobierno, tampoco puede realizarse a un ritmo que impresiona a los donantes. El plan del Banco Central y las presiones de los gremios burgueses de exportación, se confabularon para implementar devaluaciones fuertes y una política de "shock". El problema en esta coyuntura, para los gremios de agroexportación, es que todavía hay que cancelarles toda la cosecha de este año a los algodoneros y una parte de la cosecha de los cafetaleros. Sin una devaluación fuerte sus ganancias hubieran sido mermadas y el nuevo gobierno no hubiera podido lanzar su plan de negociación con las instituciones financieras multilaterales en Roma dado señales posibles de reactivación económica. Sin garantizar las ganancias a la burguesía algodonera no habría posibilidad de expandir el área de siembra, lo cual presenta problemas especiales porque la gestión de los insumos para la meta de cien mil manzanas empezó muy tarde.

Aquí se encuentra también la lógica económica de los nuevos decretos sobre la reforma agraria. El decreto No. 10-90 intenta estimular el arrendamiento de tierras para la preparación de la siembra de más algodón y su posterior privatización (hay que recordar que el arrendamiento ha sido históricamente más importante en el occidente; y costumbres de la burguesía, en su conjunto, la posibilidad de recuperar "para la producción" sus tierras expropiadas.

Por responder al gremio algodonero y a las demandas de las instituciones financieras multilaterales, el programa de "shock" cargó un nuevo peso sobre las espaldas del pueblo nicaragüense. Y no sólo a los obreros y consumidores; sino también al campesinado, los pequeños y medianos productores agropecuarios, los artesanos y la pequeña industria, quienes abastecen al pueblo con productos de consumo interno. Todos estos últimos, ya discapacitados por los paquetes económicos anteriores, entraron el nuevo ciclo nuevamente castigados, en un grado u otro, por la drástica devaluación. Sólo los algodoneros, otros agroexportadores y la burguesía industrial entraron en el nuevo ciclo en situación más favorable.

La gestión internacional y el apoyo a la burguesía agroexportadora, piedra angular del nuevo gobierno, explica la aparente falta de prudencia en la primera iniciativa del gobierno en el campo económico.

¿Por qué el cambio de estilo?

De la negociación política a la guerra económica

Si el apoyo de los sectores más influyentes del nuevo gobierno hacia la burguesía algodonera y otros exportadores explica la opción por una devaluación drástica que cayó sobre el pueblo trabajador, no explica y mucho menos justifica el estilo confrontativo del nuevo paquete. La gestión internacional financiera tampoco es suficiente para explicar esta confrontación que revela el carácter real de este gobierno y las tensiones de clase que su programa trae para Nicaragua.

Las fuertes devaluaciones del gobierno sandinista en 1988-1989 se hicieron sin finanzas internacionales. La única salida racional era buscar una concertación con la burguesía para lograr una mínima estabilidad que permitiese que su devaluación funcionara por lo menos a medias. El gobierno de la UNO debía haber hecho lo mismo, buscando mantener el "Protocolo de Transición" y abrirse a la negociación con los trabajadores, por lo menos hasta que tuviera divisas suficientes para apaciguar los efectos de su política económica. Se podía haber devaluado sin provocar la huelga, Hay que recordar que el gobierno sandinista pagó tres meses de subsidio en su "compactación" de 1988-89. Los cálculos demostraron que, los beneficios de la reducción en términos del déficit fiscal, eran mucho mayores que los costos del subsidio.

Sin el apoyo financiero de Estados Unidos, la única manera de parar la inflación es recortar el presupuesto del gobierno. Los únicos recortes importantes y posibles son el presupuesto militar o los despidos masivos de empleados públicos. Sin embargo, mientras no se lleve a cabo la desmovilización de la contrarrevolución el gobierno tendrá dificultades en recortar el presupuesto militar sin abandonar por completo el "Protocolo de Transición". Eso aboca al despido masivo de empleados públicos.

Las demandas de los empleados públicos, al igual que la de otros sectores populares, son de hecho un reclamo de mínima justicia. Tal como Envío ha argumentado durante 1988-90, la justicia social en las ciudades se basa en la capacidad técnica y económica de crear fuentes de trabajo rentables dentro de un programa de reactivación de la economía que utiliza el máximo, y potencia, las ventajas comparativas de la economía campesina y de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Apoyar estas fuerzas productivas rurales más allá de los paquetes compensatorios y clientelistas indicados en el programa del nuevo gobierno, no sólo es necesario para garantizar al pueblo la producción del consumo interno, sino sobre todo para aumentar las exportaciones sin las costosas importaciones de insumos, maquinaria, y equipo, que exige la producción agrícola empresarial. Obviamente no se puede reubicar los empleados públicos despedidos en el campo, pero la eliminación del sesgo urbano de la economía nicaragüense y la reactivación del agro, es un paso imprescindible para fundamentar cualquier programa urbano y la reconversión industrial.

Sin embargo, Nicaragua no requiere un programa del carácter polpotiano. Existe una amplia gama de artesanos, servicios del Sector Informal Urbano y micro-empresas urbanas, que puedan proveer eficientemente bienes y servicios al pueblo. Estos productores son la fuente de empleo productivo para las filas de desempleos que aumentarán con las políticas restrictivas del nuevo gobierno. Hace falta un banco de la pequeña producción urbana y no sólo las facilidades para la zonas francas dentro de la reconversión de la industria y de los servicios urbanos. Si el nuevo gobierno pudiera concertar con el pueblo productor y no sólo con las capas empresariales, las instituciones multilaterales y el capital internacional, no tendría que confrontarse con el pueblo productor y no sólo con las capas empresariales, las instituciones multilaterales y el capital internacional, no tendría que confrontarse con el pueblo.

Las perspectivas de tal concertación, sin embargo, no son alentadoras. Si el FSLN pecó por sobrepriorizar la producción empresarial pública y privada a expensas de la mayoría de población económicamente activa (campesinos, artesanos y la pequeña producción en general), se prevee que el nuevo gobierno acentuará ese error. Toda la problemática que encierra la ausencia de una estrategia coherente de concertación económica del nuevo gobierno es parte del trasfondo de los conflictos de Mayo.

Pudiendo evitarla, el nuevo gobierno optó por una confrontación con los empleados públicos porque son los intereses políticos a mediano plazo de los empresarios y de su gobierno los que prevalecieron en la decisión de abandonar el estilo de concertación con el sandinismo.

Al buscar las razones de esa opción, una primera hipótesis - que no consideramos acertada -, se expresa en las especulaciones de que la presión de Estados Unidos y los sectores más conservadores de la UNO, han aislado y carcomido la hegemonía del grupo de Violeta Chamorro dentro del gobierno y que la política gubernamental se deslizó hacia la posición representada por el vicepresidente Godoy. En la misma línea hubo rumores acerca de presuntas diferencias entre el Presidente del Banco Central, Francisco Mayorga, y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, basadas en un supuesto "vacío de poder y de estrategias" en que Mayorga y el Ministro de Trabajo, Francisco Rosales, pudieron dar un tinte godoyista al paquetazo y a la confrontación.

La segunda hipótesis, que consideramos acertada, considera que existe una unidad suficientemente firme en el sector Chamorrista - hegemónico en el nuevo gobierno - y de que este conflicto representa, por tanto, la primera batalla táctica en una estrategia del gobierno tendiente a socavar la capacidad política del FSLN como representantes de los sectores populares. Como un subproducto, el núcleo central del gobierno. utilizó el conflicto e incrementó el tono de confrontación, para apaciguar y mediatizar a los sectores más reaccionarios al interior de la UNO y a los Estados Unidos.

El carácter político y confrontativo con que el gobierno ha sellado su primer paquete no debe sorprender a nadie. Fue un estilo anunciado, hace meses, en el programa económico de Violeta Chamorro como en candidata a la presidencia "Agenda para el Rescate de la Economía". La primera fase de ese programa, la cual abarca el año 1990, promete múltiples agresiones contra el FSLN, la privatización y el "entusiasmo popular en respaldo a la autoridad moral del nuevo gobierno". Aún cuando Mayorga, el autor principal del documento, planificaba tener fondos norteamericanos para arrancar su programa, pensaba imprimirle un fuerte carácter político contra el FSLN en el período post-electoral, el de mayor debilidad de cualquier partido que deja de ser gobierno y el de mayor fuerza para un gobierno entrante.

Por eso, la necesidad del plan económico gubernamental de reducir el déficit fiscal e incentivar a los exportadores, se juntó con su programa político de debilitar al sandinismo. El gobierno encontró en los empleados públicos el banco adecuado para llevar a cabo tanto la primera fase de su programa económico como su programa político.

Todos los planes del nuevo gobierno y su anuncio de un "milagro económico" están fundamentados sobre dos pilares: la ayuda económico internacional y una victoria política que debilite sustancialmente, y después elimine, al FSLN como representantes de los intereses populares y neutralice a la clase trabajadora y al campesinado como actores reales en la economía nacional.

La opción de oscurecer el esquema de negociación y concertación por parte del gobierno no sólo es irresponsable en términos de una paquete económico efectivo sino en términos de la estabilidad política. Es provocar más polarización y conflicto. La huelga de los empleados públicos vino a demostrarlo.

La huelga de mayo: posiciones y perspectivas

La Unión Nacional de Empleados (UNE), máximo organismo gremial de los trabajadores del Estado, de carácter pro-sandinista, reaccionó a las medidas económicas del gobierno decretando una huelga escalonada que finalmente se volvió total.

En los primeros días de conflicto la paralización de las actividades burocráticas de los misterios tuvo poco impacto sobre la resolución del gobierno de romper la huelga. Sin embargo, cuando se incrementó la combatividad de los empleados públicos y cerraron los bancos, paralizaron el aeropuerto, cortaron los teléfonos y otros servicios públicos, el gobierno cedió en menos de 48 horas - amenazando y usando paralelamente la fuerza pública- porque esas acciones empezaron a afectar a la economía en forma directa. También estaba fuertemente amenazada la estabilidad política.

Para reprimir a los huelguistas el Ministro del Trabajo amenazó con utilizar al ejército, dirigido por el general Humberto Ortega cuya ratificación en su cargo había causado fuertes tensiones en la UNO. Si el Ejército Popular Sandinista se resistía, el conflicto político -militar estaba a la orden del día en el país. El Ministro del Trabajo añadió que antes este panorama, si él fuera miembro de la contrarrevolución armada, no se desarmaría. Sin embargo posteriormente el gobierno reemplazó parcialmente al Ministro de Trabajo en las negociaciones con los empleados públicos, en el noveno día del conflicto, y bajó su tono confrontativo para salir de la crisis y seguir con su política de otra manera.

En el acuerdo firmado al terminar la huelga, se acordó un aumento del salario de un 25% sobre el 60% que el gobierno estaba dispuesto a dar antes de la huelga. Además, la promesa de un alza atada a la inflación de la canasta básica de 53 productos para las últimas tres semanas de Mayo. En las negociaciones los representantes de los empleados habían tratado de conseguir para el final de mes un aumento del 200%, buscando garantiza la capacidad de compra real que sus salarios tenían el último mes del gobierno sandinista: Hubo concesiones mutuas.

En esas mismas negociaciones con los empleados públicos, el gobierno acordó reglamentar la Ley de Servicio Civil de acuerdo con los trabajadores. Más aún, el proceso de reglamentación de ley iba a ser, según el acuerdo firmado, parte de una negociación entre el gobierno y los sindicatos prosandinistas. Además el gobierno se comprometió a no despedir a ningún trabajador hasta que la ley tuviese reglamentada. Finalmente, el acuerdo estipuló que el gobierno reintegraría a todos los empleados públicos despedidos desde el 25 de abril.

El conjunto de los acuerdos eran una victoria para la Unión Nacional de Empleados, pero nada de esto se cumplió. Tras el acuerdo de reglamentar la ley, la UNO, en la Asamblea Nacional, modificó sin consulta la misma Ley de Servicio Civil; hizo cambios significativos en el Código de Trabajo restaurando, entre otras medidas, los números 116 y 119 que permiten despedidos de empleados sin preaviso y sin recurso legal; la promesa de reintegro laboral no se cumplió; los despidos siguieron e incluso aumentaron.

Con la huelga, la fase inicial del programa de estabilización del Banco Central sufrió un leve atraso. Como indicó el Dr. Emilio Pereira , Ministro de Finanzas, el acuerdo significó unos 180 millones de córdobas lanzados a la calle sin respaldo y aun aumento del 10% del déficit fiscal. Los cálculos oficiales exageraron las pérdidas a la economía como efecto de la huelga con estimaciones que van de 10 a 30 millones de dólares. En realidad la huelga empezó a ocasionar costos significativos a la economía sólo en sus últimos días, con la afectación de los servicios públicos.

Burlándose de los acuerdos, el gobierno de la UNO repostó a los trabajadores. Por una parte fue obligado a negociar con los huelguistas perdiendo una batalla de imagen política significativa, pero por otro, ha logrado golpear mediante los despidos las estructuras de UNE, e iniciado la creación de sus propios sindicatos. El conflicto no ha terminado. Tan sólo comienza. El 29 de mayo el Frente Nacional de Trabajadores (FNT), organismo que agrupa al conjunto de organismos gremiales pro-sandinistas, realizó una marcha a la Casa de la Presidencia para demandar el estricto cumplimiento de cinco puntos: desmovilización inmediata e incondicional de la contrarrevolución, respeto a los acuerdos suscritos entre UNE y el gobierno tras la reciente huelga, reintegro de más de 200 empleados despedidos con posterioridad a los acuerdos, respeto a los medios de difusión opositores al gobierno y la no implementación de las leyes para privatizar el APP.

La respuesta a la burla gubernamental ha sido pues el incremento de las demandas de los trabajadores, ampliándolas al aspecto militar y al agrícola. En los meses de junio y julio estaremos pues, probablemente, ante la continuación del conflicto en donde se verá el efecto real que tuvo la huelga en el gobierno. Veremos si prevalece la concertación o la confrontación. De hecho los primeros pasos ha sido negociadores pero el proceso no será fácil. La Conferencia de donantes en Roma y la necesidad de garantizar el inicio del ciclo agrícola pensaron mucho en la decisión del gobierno para reiniciar la negociación con los gremios.

El gobierno no pudo romper la huelga y ganar una batalla importante contra el movimiento popular porque la mayoría que les dio su voto es una mayoría silenciosa y pasiva mientas que el FSLN, a pesar de las debilidades causadas por su verticalismo, cuenta con una capacidad significativa de movilización. Frente a la movilización de los gremios pro-sandinistas, el gobierno sólo puede depender de la policía para guardar el orden público. Mientras el gobierno no sea capaz de montar una movilización popular propia, como alternativa al pueblo revolucionario organizado, se encuentra con un desventaja estratégica frente al FSLN.

Su único recurso es la amenaza de la inestabilidad, antesala a la ingerencia de Estados Unidos por medio de la contra (guerra civil) o en forma directa. SI el gobierno no logra montar esa movilización popular podría recurrir a la formación de bandas paramilitares poniéndose al margen de la ley e iniciando un camino en el que probablemente termine perdiendo estabilidad política y económica. De hecho, mientras se desarrollaba la huelga de empleados estatales, circularon fuertes rumores de que los sectores más extremistas de la UNO estaban creando fuerzas de choque callejero encabezadas por ex-guardias somocistas.

El inicio de la huelga fue una sorpresa para el gobierno. Este estaba buscando apoyo financiero en el ámbito intencional mientras en el nacional favorecía a los agroexportadores. Ante la naciente huelga, pensando dominarla con cierta facilidad, vio una oportunidad inigualable para la necesaria reducción del déficit fiscal. Esa acción sería, al mismo tiempo, una victoria política sobre los trabajadores y el FSLN- Venciendo a los huelguistas, aprovechando el conflicto para lanzar decretos privatizadores en el agro, cuestionando la autonomía universitaria mediante nuevas leyes, etc., podía sellar una brillante victoria en su primer mes. Así se lo decía su percepción triunfalista, propia de todo gobierno entrante. Después, la virulencia de la huelga, combinada con ofertas de negociación, le hizo ver al gobierno que la victoria política no estaba a la mano y que la desestabilización social atentaba contra su plan económico. Ahora bien, si la huelga alteró los planes del gobierno, también alteró los del FSLN.

Una situación nueva: el reacomodo del FSLN

La política de shock del gobierno de la UNO, la andanada de decretos inconstitucionales impuestos desde la Presidencia sin pasar por la Asamblea Nacional (5 de los 12 primeros decretos del nuevo gobierno no han cumplido los requisitos constitucionales), la gravedad de algunos de ellos tendientes a iniciar una contrarreforma agraria mediante la privatización de las tierras estatales y su devolución a somocistas, la política de enfrentamiento con los trabajadores del Estado, el uso de la policía en intentos de represión al movimiento huelguístico, etc, parecieron tomar desprevenido al FSLN.

Al parecer la Dirección Nacional del FSLN esperaba una política de mayor moderación por parte del nuevo gobierno acorde con el "Protocolo de Transición" firmado entre el gobierno saliente y el entrante el 27 de marzo, en el cual se desechaban posiciones extremistas por parte y parte. Desde esa perspectiva y preparándose para una lucha democrática larga, el FSLN priorizó para los primeros meses la desmovilización de la contrarrevolución. El final de la guerra era condición necesaria para iniciar una nueva etapa en el país.

Desde esta perspectiva se evitaría conflictos socioeconómicos significativos que tensionaran innecesariamente a la nación. Eso, por una razón de fondo y dos razones coyunturales. La razón de fondo es que el FSLN busca fortalecer el actual marco constitucional del país impulsando así una estabilidad básica. Mediante esa vía podría retornar al poder por vía pacífica en las próximas elecciones, ante las fuerzas para ese momento desgastadas - como sucede a todos lo partidos que llegan al poder en la actual situación económica de América Latina -, que conforman la Unión Nacional Opositora.

Las razones coyunturales para evitar conflictos iniciales tenían una vertiente militar y otra ideológica. La militar era par evitar que la contrarrevolución invocara nuevos pretextos para no desmovilizarse; la ideológica era para mostrar a un 30.0% de quienes votaron en favor de la UNO, pero de una forma vacilante, la demagogia económica del nuevo gobierno que había prometido mejoras sensibles para la población en un plazo de tres meses. A partir de ese momento, los organismos gremiales y el FSLN buscarían incidir más activamente en la marcha del país, de acuerdo a sus objetivos gremiales o políticos y en el marco constitucional. Para ese momento, además, las estructuras organizativas de estas fuerzas podrían estar en consonancia básica con su nuevo rol en la oposición.

Nada de eso sucedió. Las demandas económicas y la combatividad gremial de los empleados estatales - en su mayoría sandinistas- ante las bruscas medidas tomadas por el Banco Central, puso al partido FSLN en una situación no prevista. Ciertamente no quería una confrontación con el gobierno que abortara sus cálculos políticos previos, pero tampoco podía dejar de apoyar demandas justas llevadas a cabo por quienes, desde el gobierno, lo habían apoyado por muchos años percibiendo suelos sumamente bajos. Buscando una síntesis de esas contradicciones, el FSLN apoyó la huelga demandando al mismo tiempo un diálogo entre las partes beligerantes. Su diario oficial, Barricada, abundó en sus editoriales de esos días en llamados a la concertación.

Cuando el gobierno se cerró al diálogo y lanzó en respuesta nuevos y fuertes decretos contra logros revolucionarios, el partido FSLN había sido retado. Lo que había comenzado como lucha gremial pasó a ser entonces estricta lucha política. La lucha gremial, apoyada ahora con firmeza por el FSLN, subió su intensidad. Mientras la paralización estatal se volvía total, la Dirección Nacional - por medio de su coordinador, Daniel Ortega - llamaba a un doble diálogo: de los gremios con su contraparte gubernamental para resolver los problemas laborales - con los resultados antes dicho - y del FSLN con el gobierno de Violeta Chamorro para resolver los problemas políticos en la lógica del "Protocolo de Transición" - con resultados no públicos, y medianamente distensionadores en sus resultados.

Un sordo rumor crítico se sintió en sectores del partido sandinista y de sus simpatizantes. Para algunos el FSLN estaba mediatizando la combatividad de sectores populares en beneficio de un entendimiento básico con el sector pragmático del gobierno de la UNO. ¿No era esa lógica de "unidad nacional" la que había llevado a concesiones excesivas que culminaron en la derrota electoral? ¿no era esa misma lógica la que había impedido políticas económicas de sesgo más popular cuando el sandinismo era gobierno? ¿prefería el FSLN un diálogo de cúpulas de poder a ponerse sin vacilaciones al frente de las demandas populares? . En fin... ¿no sería conveniente un proceso de democratización general en las estructuras partidarias para renovar o confirmar a sus dirigentes en los diversos niveles partidarios, fortalecer otros mecanismos democráticos, y replantear la estrategia a seguir?

La problemática de conjunto ciertamente es válida y debe ser debatida. Dos factores se deberán tener en cuenta: A) Los momentos de derrota son momentos propicios para la división de partidos políticos. El mismo FSLN se dividió en la década de los 70 tras la ofensiva, temporalmente exitosa, que lanzó la Dictadura Militar Somocista en respuesta al ataque sandinista a la residencia de José María Castillo en 1974. Este factor puede eventualmente agudizar en el FSLN por la juventud de gran parte de sus miembros. Incorporados en gran medida en la fase de ascenso revolucionario contra la dictadura en 1978/79, no fue hasta las elecciones de 1990 cuando conocieron por experiencia propia lo que significa una derrota estratégica y comienza a conocer sus efectos psicológicos y políticos.

El diálogo interno deberá conjugar el empuje con la experiencia, con plena conciencia de que una eventual división cerraría con seguridad las puertas del sandinismo para a retomar al poder. Entonces sí a Nicaragua volvería a ser colonia de Estados Unidos y la causa de los sectores populares quedaría indefinidamente pospuesta. La dialéctica, esencia del método revolucionario para abordar la realidad, tiene que ser recreada en la dinámica actual superando tentaciones unipolares en el camino a seguir. Tan errado sería defender a ultranza una política de "unidad nacional" como hacerlo de forma contrapuesta en favor de una "unidad popular" excluyente. El sandinismo es la juntura de nación y clases populares, y es a partir de esa dialéctica, y no en su contraposición excluyente, que se deben encontrar los caminos de solución. Corresponderá a los miembros del FSLN llevar a cabo a este debate con madurez, mirando hacia el futuro principalmente, y tratando de evitar que ese fructífero debate interno ceda espacios políticos al gobierno de la UNO en los próximos meses.

Lo que ciertamente debe quedar fuera de toda discusión es la mayor autonomía e iniciativa que, en relación al partido, deben tener los sindicatos urbanos y agrícolas, el movimiento campesino y demás organismos gremiales prosandinistas. La dinámica democratizadora también debe llegar al interior de los mismos gremios. Y eso no por una "concesión" del partido FSLN sino como expresión de una realidad. La huelga lanzada por UNE es un claro ejemplo de ello y es iniciadora, junto con el conjunto de la nación, de una nueva etapa- Ciertamente la contrapartida de estos movimientos populares, los gremios de la burguesía, tienen un amplio margen de autonomía e iniciativa en relación al gobierno de la UNO.

Es curioso que la burguesía nicaragüense sea una gran partidaria de la sepación Estado- partido revolucionario o de la separación Ejército-partido revolucionario, pero sorprende que no le quepa en la cabeza la real, y cada vez más real distinción, entre partido revolucionario y organizaciones populares. Como ha expresado en varias ocasiones el Coordinador del FSLN, Comandante Daniel Ortega en la diálectica entre partido de vanguardia y organizaciones populares, muchas veces las organizaciones populares van y tienen que ir, más adelante. Es sobre esa base, y no contra esa base, que se monta la acción del partido de vanguardia.

Desde esta lógica, la Unión Nacional de Empleados (UNE) alteró los planes del partido FSLN obligándolo a apoyarla. Si el gobierno de la UNO no comprende esta dialéctica y lee la realidad reivindicativa de los organismos gremiales pro-sandinistas en términos de "cumplimiento de órdenes" emanadas verticalmente desde el partido FSLN, estará viendo un "complot sandinista" en cada lucha gremial. Eso la llevaría a buscar el enfrentamiento estrictamente político con el FSLN y éste seguramente no rehuirá la contienda. El resultado será la polarización social, con la consiguiente tendencia al caso generalizado. En ese caso ni el FSLN logrará que el país estabilice para fortalecer el proceso democrático que le permita el retorno al poder por vía pacífica en las próximas elecciones, ni el gobierno de la UNO tendrá posibilidad de salir adelante en su plan económico. Sin avances económicos,, la UNO perdería el débil consenso que tiene sobre la mitad de quienes la eligieron en las urnas, y seguramente vería agudizarse, hasta la ruptura, la pugna que, aún en el período de luna de miel post-electoral, se manifiesta con claridad en su interior.

La desmovilización de la Contra: Estados Unidos al acecho

Los documentos que acuerdan la desmovilización de la contrarrevolución son ya incontables. Los presidentes centroamericanos los firmaron varias veces. El gobierno entrante de Nicaragua repitió el ritual con el saliente. Lo hizo también el gobierno de Violeta Chamorro con los mismo contra, e incluso el gobierno entrante, el saliente y los contras. La ONU y la OEA están presentes en Nicaragua para impulsar la ejecución de dichos acuerdos. El alargamiento de su estancia en el país, ante el retraso permanente de la desmovilización, les ha creado incluso problemas presupuestarios.

Al actual gobierno de Nicaragua no le convine la permanencia de los contras, pues el pueblo lo vería incapaz de conseguir la paz y le sería imposible estabilizar la economía, piedra angular de su proyecto global. Los contras el fueron de utilidad para provocar el desgaste económico del sandinismo y como propagandístico armados en las elecciones. Pero ahora no les sirve. Los sandinistas por su parte ven en la desaparición de los contrarrevolucionarios la principal condición para una paz estable en Nicaragua. Pero... ¿cuál es la posición del gobierno de los Estados Unidos?

Si el gobierno de Estados Unidos deseara simplemente "el retorno de Nicaragua a la democracia" quizás podría darse por satisfecho con la derrota electoral sandinista. Pero los hechos y su dinámica han mostrado repetidamente que su objetivo ha sido destruir a los sandinista por su posición popular y anti-imperialista. Por eso, al gobierno norteamericano todavía le queda bastante trabajo por hacer. Eso implicará, entre otras tarea, la de tratar de desmantelar progresivamente al Ejército Popular Sandinista.

En este contexto se plantea el problema de la desmovilización de la contrarrevolución. Si ésta se desarticula y desaparece, se refuerza el poder del Ejército Popular Sandinista como única fuerza armada del país. Si la contrarrevolución no se desmoviliza estaríamos inmediatamente a las puertas de una guerra civil que, cualquiera que fuera su resultado, obligaría a pagar altos costos al gobierno de Bush. Hace falta tiempo para debilitar al sandinismo y así pagar el menos costo posible para lograr el mayor beneficio. Por tanto el problema para los estrategas de la "guerra de baja intensidad" es: ¿cómo desmovilizar a la contra para no provocar un conflicto inmediato y al mismo tiempo no desmovilizarla para que continúe siendo un instrumento útil ante cualquier eventualidad en el mediano plazo? La respuesta aparece observando la evolución de los múltiples documentos que obligan a la desmovilización de la contrarrevolución.

En el primero de esos documentos, firmado por los presidentes centroamericanos en el proceso de Esquipulas, la contra se dispersaba, dentro o fuera de Nicaragua, recibiendo el apoyo necesario para su reintegración a la vida civil. En el último de los documentos, firmados entre el gobierno de Violeta Chamorro y la contra en mayo/90, los paladines de Reagan se concentran dentro de Nicaragua. En efecto, según el último acuerdo firmado, los contras vivirán dentro de un amplio territorio para ser cultivado (los "polos de desarrollo"), tendrán su policía propia y contarán con fondos proporcionados por Estados Unidos en el paquete ya aprobado de 300 millones. Se trata de una verdadera "república contra", un Estado dentro de otro Estado que, además, tiene la mayoría de sus armas embuzonadas para transformarse, a voluntad, de "productores campesinos" en contrarrevolución armada. De esta manera el gobierno de Bush tendría a la mano un recurso militar interno para presionar y contrarrestar al Ejército Popular Sandinista.

Lo anterior no niega que recientemente ha habido choques y tensiones entre Estados Unidos y la contrarrevolución. Como producto de las luchas internas de los contras, a lo largo de 1989 fueron saliendo forzadamente varios jefes somocistas hasta que, en pleno período electoral nicaragüense, Israel Galeano ("Franklin"), logró desplazar del mando al Coronel Enrique Bermúdez. Galeano era antes de incorporarse a la guerra mediano productor; Bermúdez era oficial somocista.

Los Estados Unidos siempre procuraron mantener como jefes a los somocistas por su fidelidad incondicional, pero cuando el ejército contra entró en declive militar y se agudizaron las tensiones por el reparto de dinero, fue emergiendo el liderazgo de los "comandantes de campo", generalmente de origen campesino, sobre los "comandantes de escritorio" - de origen somocista. Queda por ver si Estados Unidos logrará rearticular su liderazgo sobre Galeano y su Estado Mayor y si las bases campesinas de la contra logran mantener su unidad y concentración al pasar a la vida civil. Pero de lo que difícilmente cabe duda es que Estados Unidos no quiere deshacer su matrimonio con la contra. Como muestra de su amor una parte importante de los 300 millones enviados al gobierno de Nicaragua son para la contrarrevolución. Quizás no sea una casualidad que la primera parte de los 300 millones llegó al país sólo después, e inmediatamente después, de que el gobierno de Violeta Chamorro aceptó las exigencias de Galeano para formar "la república contra".

En el tema militar la otra cara de la moneda en la acción de Estados Unidos es la presión directa sobre el Ejército Popular Sandinistas. Aronson, el subsecretario de Estado norteamericano, visitó Managua en abril y presionó a la Sra. Chamorro para depurar los altos mandos de las fuerzas armadas nacionales. De momento no tuvo éxito. Violeta Barrios de Chamorro mostró una entereza que sorprendió a muchos, pero no a quienes la conocen de cerca. Tras su apariencia suave es una mujer fuerte. Aún sin tener preparación política se acostumbró a pasar dificultades al lado de su esposo Pedro Joaquín.

Pero la capacidad de presión económica de Estados Unidos a un gobierno en bancarrota, que necesita de su apoyo financiero, es gigantesca. El simple retraso en un mes de la llegada de los 300 millones, y los apuros económicos en que puso el gobierno, son una pequeña muestra de ese poder. Sin negar que el retraso se debió en parte a la dinámica de demócratas y republicanos por asuntos internos, el presidente Bush mostró su credencial a la Sra. Chamorro al no otorgarle el préstamo puente que le fue solicitado por 40 millones en el monto más duro de la huelga. Pudiendo sacar una ganancia política en torno al Ejército sandinista por el desembolso económico, no entregó el dinero hasta que logró "la república contra". ¿Qué exigencias vendrán tras cada desembolso parcial?...

Pueblo, Ejército, Unidad, ¿garantía de la victoria?

El retraso de la ayuda económica de Estados Unidos al gobierno de la UNO fue el detonante de la crisis del primer mes de gobierno. En el ámbito civil hizo que la cirugía económica se hiciera sin anestesia desencadenando conflictos sociales; en el ámbito militar incidió en el balance de fuerzas EPS vs. contras. Eso nos muestra que quien quiera entender la realidad nicaragüense rearmándola conceptualmente a partir de la contradicción entre el gobierno de la UNO y el FSLN, probablemente se equivoque. La contradicción fundamental, si bien es cierto que bajo formas muy distintas a las de años anteriores, sigue siendo entre el gobierno de Estados Unidos y los sectores populares de Nicaragua, encabezados por el FSLN.

En este conflicto, como resultado de las elecciones del 24 de febrero, Estados Unidos ha vuelto a recobrar, bajo nuevas formas, la ofensiva estratégica que caracterizó el primer período de Ronald Reagan (1981-1984) y que había pasado a manos de los sandinistas posteriormente (1985-1989). Muchos pueden pensar que le conflicto ha terminado "porque Nicaragua ya no es totalitaria". Quizás muchos sectores piensen así en Estados Unidos y eso no dejará de influir políticamente en sentido favorable para la paz y la democracia. Pero si el gobierno de Estados Unidos es coherente consigo mismo en su posición hacia Nicaragua, solo un ingenuo podría pensar que no va a aprovechar las ventajas que se derivan de la nueva situación, interna e internacional, para lograr que el sandinismo deje de ser una alternativa real de poder. O lo que es lo mismo, para destruir al sandinismo.

Si la "guerra de baja intensidad" ha sido el camino estratégico seguido para lograr ese objetivo con los éxitos conseguidos hasta el momento, seria razonable pensar que la seguirá impulsando desde una posición más ventajosa. La intervención directa y su amenaza es un componente de estrategia, pero solo se llevaría a cabo si hiciera falta y para "coronar" esa labor, en un momento en que los costos políticos y militares fueran los más bajos posibles para Estados Unidos. Ese no es el caso actualmente en Nicaragua, por tanto entramos en una nueva fase de la guerra de desgaste. La mejor victoria que Estados Unidos podría obtener sería lograr el triunfo total del proyecto burgués de la UNO por sobre el proyecto popular del sandinismo, sin necesidad de invasión. La intervención armada sería una opción posible únicamente si la UNO fracasa, pero ese tipo de agresión dependería también de otros muchos factores.

Los objetivos norteamericanos en esta nueva fase, deducibles por la coherencia política, de la realidad, no pueden ser otros que: a) la destrucción paulatina del Ejército Popular Sandinista, factor fundamental del poder del Estado, b) la erosión de la base popular y social del FSLN y c) el debilitamiento significativo en la coherencia de la estructura partidaria del FSLN, logrando dividirlo en la mejor de las variantes. No hace falta razonar mucho para advertir que alcanza el éxito en cualquiera de esos tres puntos daría la victoria definitiva a Estados Unidos.

Por tanto se impone la contrapartida total desde de los intereses del sandinismo. Desde esta perspectiva debe lograrse: a) mantener la integridad fundamental del Ejército Popular Sandinista; b) fortalecer mediante políticas económicas e ideológicas acertadas la base popular y social del FSLN y c) asegurar la unidad de la estructura partidaria sin menoscabo de incrementar aquella democracia interna que permita una mejor reinserción en el pueblo. Un experimentado dirigente agrícola expresaba la nueva situación en una vieja consigna que dice: "pueblo, ejército, unidad, ¡garantía de la victoria!" En esa consigna veía sintetizadas las tareas que, a su juicio, no se deben perder de vista por la complejidad de la coyuntura.

Esa lucha tendrá ahora su principal expresión dentro de Nicaragua: en el choque entre el sector pragmático de la UNO que encabeza Violeta Chamorro y el sector ultraconservcador y desnacionalizado que lidera el vicepresidente Virgilio Godoy; en el conflicto estructural entre ambos sectores de la UNO y el Frente Sandinista, o en el entendimiento coyuntural del FSLN con el sector pragmático para mantener un mínimo de estabilidad en el país. En el primer mes de gobierno la Asamblea Nacional ha sido expresión de estas contradicciones. En todo caso será el gobierno de la UNO, en su conjunto el medio principal por el que Estados Unidos tratará de lograr sus objetivos. El hecho de que Estados Unidos baje su perfil no quiere decir que esté menos presente.

Por eso, el experimentado dirigente agrícola que se guía por la vieja consigna que ve el pueblo, el ejército y la unidad la garantía de la victoria, añadía: "Yo, como dirigente de obreros agrícolas tengo especial obligación con la vertiente "pueblo", una de las personas de esta "santísima trinidad". Y la debo cumplir de una manera nueva, una manera nueva, partiendo de los intereses locales y no por bajadas de líneas sin consultas. Ahí unos compañeros míos andan defendiendo el APP por el APP. Yo creo que no es así: hay que ver cuáles son los intereses concretos y reales de nosotros los obreros agrícolas en esta situación y lugar por eso concretamente. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado... Aquí en mi lugar, por ejemplo, creo que tenemos un nivel de conciencia que nos permite convertir esta APP en lugares de autogestión obrera. Eso nos beneficia, ¡por eso sí estaríamos dispuestos a luchar! Y así habrá que ver en cada lugar la mejor manera. Lo mismo con los campesinos, lo mismo con el sector urbano informal... Vamos a ver qué logran hacer los yanquis si agarramos esta forma, quiero ver si nos aguantan el ácido, pro es necesario que unos compañeros sandinistas de la pequeña burguesía, ellos no tiene la culpa de haber nacido en la pequeña burguesía, dejan ya de estar lamentándose por las elecciones, protestando desde sus escritorios, dejándose vencer por el pesimismo en la lucha interna. Si acaso los yanquis nos van a ganar, lo van a tener que hacer estando nosotros con las botas bien puestas. Digo yo pues.."

Perspectivas económicas: el "rescate" de la economía

Según el programa señalado en la Agenda para Rescate de la Economía Nacional, el país necesita entre 500 y 600 millones de dólares provenientes de afuera durante cada uno de los próximos tres años para reactivarla economía. Este cálculo no incluye el tratamiento a la deuda externa del país.

Según el plan de financiamiento que Nicaragua presentará en la conferencia de donantes europeos en Roma durante la primer semana de junio, le país necesita para 1990 unos $907,5 millones de dólares para llevar a cabo su plan de estabilización monetaria Córdoba Oro) y de reactivación económica. Como se ve en el Cuadro 1, Nicaragua necesita 404.8 millones de dólares para el servicio de su deuda y otros 502.7 millones sólo para la reproducción simple o las necesidades operativas mínimas de su economía. Esta ultima cifra subestima las necesidades reales, porque Nicaragua no recibirá 145.6 millones de dólares de sus exportaciones del ciclo agrícola 1989-90, vendidas antes de su producción; ese saldo negativo aparece en el Cuadro 4 como parte de la deuda de Nicaragua que el país pagará inmediata y forzadamente en 1990, por la cantidad de 123.8 millones de dólares (118.3 millones en amortización y 5.5 en interés). Para sobrevivir Nicaragua necesita un total de 626.5 millones de dólares durante ese año. En este momento, Nicaragua tiene garantizadas 584.4.

La gran ironía es que la URSS, el país diariamente castigado en La Prensa durante 10 años, ha sido más generoso que los Estados Unidos para responder a las necesidades inmediatas del nuevo gobierno y del pueblo nicaragüense (ha cedido 288 millones de dólares, comparados con 263 efectos de parte de los Estados Unidos). Aunque el anterior gobierno dejó a Nicaragua con escasas reservas internacionales (1.7 millones de dólares según el documento que Nicaragua presenta en Roma), el sandinismo aseguró la ayuda soviética en insumos, maquinaria y equipo, además de otras importaciones esenciales para la economía en los últimos meses de la campaña.

La URSS ha anunciado el cumplimiento de compromisos con el pueblo de Nicaragua, independientemente de cambio del gobierno. La mayoría de la ayuda soviética ya está en el país; el dinero aprobado por el Congreso norteamericano va llegando cuentagotas. Además, las condiciones del servicio de la deuda soviética son muchos más blandas que la deuda con el campo capitalista, factor de suma importancia para Nicaragua en los años que vienen.

En la conferencia de donantes en Roma, habrá dos comisiones de trabajo. La primera comisión tendrá, como tema principal, el apoyo bilateral europeo para obtener divisas líquidas inmediatas para así cerrar la brecha para las operaciones mínimas de la economía y apoyar la creación del Córdoba Oro. la segunda comisión tratará un tema aún más difícil para Nicaragua: la cancelación por parte de los países europeos de la deuda externa nicaragüense con las instituciones financieras multilaterales. Las perspectivas son complejas en ambas comisiones de trabajo.

Cuadro 1

* 1991: Tipo de cambio nominal fijo; devaluación real por efecto arrastre de la devaluación de 1990

Cuadro 2

* De los 313.7 millones de ayuda norteamericana, 50 millones no pueden utilizarse para el funcionamiento mínimo de la economía nacional.

Cuadro 3

En el Cuadro 3 aparece la propuesta de un Fondo de Emergencia para Nicaragua a la primera comisión por la suma de 350 millones de dólares. Sin embargo las perspectivas reales son para un máximo de 100 millones de dólares. Esta ayuda, según varias fuentes diplomáticas, no llegará a Nicaragua hasta finales de este año y más probablemente a principios de 1991.

Cuadro 4

* Incluye intereses en mora.
** Principal e intereses.

Cuadro 5

Estados Unidos puede ejercer enorme presión sobre el nuevo gobierno

Más importante aún, es que los países europeos prefieren financiar nuevos proyectos que apoyar directamente a la balanza de pagos (para no entregar divisas líquidas sin beneficios a sus propias economías). La estrategia de Francisco Mayorga es presionar a los países europeos para apoyar la balanza de pagos porque, como se ve el cuadro 3, las otras necesidades fuera de ese apoyo están básicamente cubiertas por la ayuda norteamericana (véase cuadro 5).

La presión que puede ejercer los Estados Unidos sobre el gobierno en este momento de crisis de liquidez es enorme. De acuerdo a sus conveniencias, los Estados Unidos podrán presionar, por más apoyo y gestión rápida, los fondos bilaterales de Europa y Japón.

La temática de la segunda comisión de trabajo es preparar una nueva conferencia de donantes, en noviembre de este año, para intentar liberar el apoyo del Banco Mundial, BID y el FMI. Nicaragua quiere obtener unos 110 millones de dólares del FMI y unos 150 millones de dólares del Banco Mundial y el BID. El trato con el FMI será más fácil porque Nicaragua presentará un programa de austeridad que caerá muy fuertemente sobre los trabajadores y sobre los productores de bienes de consumo interno. A partir de Octubre de 1990 puede liberarse un 25% de lo que Nicaragua pide al FMI.

El trato con el Banco Mundial y BID es mucho más difícil para Nicaragua porque, según todas las indicaciones, estas instituciones multilaterales pretenden respetar sus ciclos normales de gestión, y condicionarán su apoyo a la cancelación de la mora que Nicaragua tiene con ellas. Antes de liberar su apoyo a Nicaragua, exigirán que el país consiga más divisas líquidas bilaterales de los Estados Unidos, Japón y Europa para cancelar la mora.

Las presiones del servicio a la deuda externa de Nicaragua son enormes. Nicaragua tiene una de las deudas per capita más altas del hemisferio (véase cuadro 4). La UNO no informó al pueblo de Nicaragua durante su campaña que, ser amigo de los Estados Unidos y reintegrarse en el mercado internacional capitalista, significa que el país tendrá que pagar mucho para poder empezar recibir poco.

Es el pueblo trabajador, y no los empresarios, el que tendrá que sacrificarse para pagar esa deuda. Como se ve en cuadro 1, Nicaragua necesita pagar 404.8 millones de dólares de su deuda en 1990 (294.8 a los multilaterales) en 1990, y 144.8 (114.8 a los multilaterales) en 1991. Para poder recibir más ayuda del Banco Mundial y el BID, el gobierno tendrá que pagar una parte sustancial y de esa deuda y negociar el resto.

Los Estados Unidos tendrán aún mayor capacidad de presionar al gobierno de Violeta Chamorro en esta renegociación de la deuda y el pago del servicio a la misma. No les agrada a los países europeos entregar divisas líquidas a las instituciones multilaterales porque ese tipo de ayuda no genera ningún movimiento en sus propias economías. El plan europeo es financiar nuevos proyectos de inversión y no pagar el servicio a la deuda de Nicaragua. Todo esto indica que Nicaragua tendrá que responder a los dictados de Washington en su relación con la oposición sandinista.

Posiblemente los fondos europeos y de las instituciones multilaterales no llegarán a Nicaragua, en el mejor de los casos, hasta el primer trimestre de 1991. Si el nuevo gobierno baila con la melodía impuesta por los Estados Unidos y la comunidad financiera internacional, el año 1991 podría ser su mejor año. Logrando pasar la crisis económica de 1990, el año 1991 será mejor para Nicaragua.

Dispondrá efectivamente de los fondos que pedía, de Europa, Japón y los multilaterales para 1990, además de los 200 millones de dólares ya aprobados en los Estados Unidos y otros fondos multilaterales y bilaterales para 1991. El problema es cuánta soberanía tendrá que rendir Nicaragua para conseguir estos fondos y la respuesta popular a las medidas económicas.

Los márgenes son muy estrechos para 1990.

Para estabilizar la moneda, para la inflación, y hacer volar el Córdoba Oro, Nicaragua necesita, en términos técnicos estrictos, cubrir sus necesidades mínimas para la operación normal de la economía y, además, mantener en el Banco Central un mínimo de reservas internacionales para permitir el libre cambio de los Córdobas Oro por dólares.

Según el documento que Nicaragua presentará se calcula un déficit fiscal de unos 10 millones de dólares mensuales en los meses que vienen, el mismo nivel que en 1989. La huelga de los empleados públicos y la concesión de incrementos salariales más allá del plan del gobierno, aumentará ese déficit y dificultará levemente la lucha contra la inflación.

Cómo dar estabilidad y valor al córdoba oro

A pesar del atraso en el plan de estabilización causado por la inestabilidad de mayo y las restricciones técnicas, el gobierno podría controlar la inflación y hacer valer el Córdoba Oro en los meses que vienen. El Banco Central podría eventualmente, con grandes costos sociales, cumplir con su promesa de bajar la inflación a un 2% mensual dentro de los cien días porque la ayuda norteamericana de este año permite casi cerrar la brecha para la operación mínima de la economía (brecha que fue del orden de 200 millones de dólares en 1989) y facilita a Nicaragua, por la primera vez en seis años una liquidez real de divisas extranjeras. Si la situación de divisas esta estrecha para 1990, no hay que olvidar que está infinitamente mejor que en los años anteriores debido a los 313.7 millones de los Estados Unidos. Analicemos el paquete de ayuda estadounidense en el cuadro No.5.

La manera en que el Dr. Mayorga podría estabilizar la moneda y controlar la inflación sería la de utilizar los fondos para campesino, desempleados, para apoyar la balanza de pagos . En este sentido el bienestar del Cordoba Oro entra en contradicción con el bienestar del pueblo de Nicaragua y de la Contra. Habrá tensiones entre la política monetaria y crediticia.

Aún en el caso de que convenciera a la AID para reestructurar y postergar su programa de ayuda para los campesinos, y para mejorar la situación en salud y educación, el Banco Central enfrentará graves problemas con los productores que exigen recursos para sus actividades normales. El Banco Central ha prometido cancelar las cosechas de los productores de exportación y de granos básicos en Córdobas oro. Con la escasez de divisas, esto es claramente imposible para los productores de consumo interno. EL año pasado el gobierno no vendió insumos a los productores a la tasa oficial.

El nuevo gobierno venderá insumos en Córdobas Oro a precios del mercado paralelo de divisas, incrementando fuertemente los costos para los campesinos y los pequeños y medianos productores de consumo interno. El año pasado compraron sus insumos a precios indexados a la tasa oficial no a la paralela. Los precios que recibirán por sus cosechas no mejorarán sustancialmente con respecto al año pasado. Estaremos ante un transferencia enorme de excedentes de estos productores a los exportadores, especialmente a los industriales con perspectivas de exportación. Unos 100 millones de los 263 millones de dólares del paquete estadounidense pueden ser dedicados a este sector.

Las tensiones que el plan de gobierno podría producir entre los empresarios industriales y los gremios agropecuarios estarán incrementados por la política crediticia. Los productores agropecuarios están dudosos y han empezado a criticar el plan del Banco Central por cobrarles intereses en Córdoba Oro. Estos oscilan en un 18-20% encima de las tasas de interés del resto de la región.

Los dirigentes del COSEP como Ramiro Gurdián sigue acusando al gobierno de Violeta Chamorro de ser "prosandinista". Detrás de los conflictos políticos existen tensiones económicas. Mientras el gobierno quiere seguirán el control estatal sobre el comercio exterior para poder estabilizar la moneda, el COSEP, y aún los productores más progresistas de la burguesía algodonera, quieren privatizar el comercio exterior para tener acceso directo a las divisas. Por otro lado, los somocistas que vuelven de Miami quieren acceso "al botín del Estado" mientras el gobierno quiere asegurar eficiencia en vez de invitar el gobierno quiere asegurar eficiencia en vez de invitar a una piñata. Por eso, el arrendamiento precede a la privatización para garantizar la producción inmediata. El nuevo decreto estipula en consecuencia, que no se puede sub-arrendar las tierras estatales a otras productores. Los que consigan tierras estatales tienen que demostrar sus credenciales productivas a la vea que las políticas.

Las tensiones con todos los gremios de productores (los industriales y burguesía algodonera de CORDENIC, el COSEP, los que vuelven de Miami, los pequeños y medianos de la UNAG y afuera de ella, y los campesinos) son quizás más graves para el gobierno que su conflicto con los empleados públicos. Las cifras alentadoras de la siembra de la primera que ha desanimado el Banco Central tiene, como consecuencia, futuras tensiones sobre cómo cancelar las cosechas.

Jugar con fuego: ¿única salida para Nicaragua?

Con este fuerte tensionamiento del sector externo de la economía y las presiones desde COSEP, UPANIC y los Estados Unidos, programa económico del gobierno de Violeta Chamorro seguirá siendo un paquete anti-pueblo. Frente a la estrechez, serán las demandas de los empresarios industriales y agroexportadores las escuchadas antes que la de los pequeños y medianos productores de consumo interno. El último lugar será para las necesidades del campesinado pobre y la clase obrera agrícola.

Por otro lado, la combatividad de la clase trabajadora y la resistencia del campesinado a los planes económicos del nuevo gobierno, pueden ser de mayor fuerza que la lucha de los empleados públicos. El período de comienzo de siembras les proporcionan una ventaja coyuntural. Seguramente obreros y campesinos esperarán que el FSLN los respalde en su lucha.

Lo que se avecina para Nicaragua es un período de inestabilidad social y económica. En el centro de la coyuntura están los frágiles acuerdos entre el gobierno y la oposición sandinista, la dinámica entre el EPS y la "república contra", y la difícil y delicada tarea de combinar el proceso de negociación en medio de crecientes tensiones entre las clases sociales.

Se van destapando los conflictos de clase mediatizados efectivamente durante tantos años por el FSLN a causa de su necesaria política de unidad nacional frente a la agresión militar de Estados Unidos. En medio de esta creciente conflicto, el reto del FSLN es responder al movimiento de las masas en su vertiente económica e ideológica, y empezar a transformar su estrategia en una estrategia que prioriza la lucha gremial. Si la burguesía va jugar con fuego, los sectores populares también tendrán que hacerlo. Al mismo tiempo, ambos sectores tendrán que encontrar el punto que sostenga una estabilidad básica.

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