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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 155 | Diciembre 1994
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Guatemala

Tres mujeres necias decididas a enfrentar la impunidad

En Guatemala se siguen violando los derechos humanos. Hoy, está la ONU en el país observando esta realidad. Y los derechos humanos se violan con impunidad. Tres mujeres: Helen Mack, Karen Fisher y Jennifer Harbury han decidido enfrentar esta realidad.

Trish O' Kane

Ocho meses después de que la ONU acordara mandar una "inmediata" misión verificadora a Guatemala, la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) empezó por fin a trabajar en el país el 21 de noviembre. 220 observadores de derechos humanos, 60 policías extranjeros y 10 oficiales militares integran la misión. Tendrán que verificar el cumplimiento de los acuerdos firmados durante el proceso de paz entre la URNG y el gobierno guatemalteco.

No con palabras ni con promesas

La misión cumple un mandato de Naciones Unidas hasta marzo, pero se espera que su estancia se extienda por lo menos 6 meses más. A nivel mundial, est es la cuarta misión a la que la ONU encomienda la verificación de los derechos humanos en una nación. Durante noviembre y diciembre los observadores siguieron llegando en pequeños grupos. Los funcionarios de la ONU estiman que la misión arrancar a trabajar de lleno en febrero. MINUGUA abrir 13 oficinas en todo el país, algunas en zonas conflictivas como el Quiché o Ixcán. "No ser sólo con palabras y promesas que lograremos ganar la confianza del pueblo guatemalteco - dijo Leonardo Franco, director de MINUGUA, al inaugurar formalmente los trabajos de la misión -. Trabajando en el campo tenemos que demostrar que tenemos la capacidad de llevar a cabo un proceso de verificación eficaz e imparcial".

La ONU ha tardado mucho en la instalación y contratación del personal de MINUGUA. Todo indica que existe cierta renuencia a trabajar en Guatemala. Según una fuente diplomática, la ONU teme también que las negociaciones entre la URNG y el gobierno se empantanen e incluso que el proceso se rompa, lo que dejaría a la ONU en una posición difícil. De hecho, a la llegada de MINUGUA las negociaciones estaban en un punto muerto en el tema de los derechos y la identidad indígena, después de tres rondas de pláticas en octubre y noviembre.

MINUGUA: enormes retos

Los retos de la ONU en Guatemala son enormes. "¿Cómo crear un estado de derecho en un país donde la impunidad es prácticamente la regla? MINUGUA no puede reemplazar a la autoridad judicial. Es una visión errada pensar que MINUGUA puede arreglarlo todo", declara Franco. La misión tendrá menos de la mitad de los observadores que tuvo ONUSAL en El Salvador, siendo el territorio guatemalteco cinco veces más grande y estando las carreteras y las comunicaciones en peores condiciones, lo que dificultará la movilización de los miembros de la misión. Otro problema es el ejército guatemalteco, el más experimentado de la región y el más sofisticado en contrainteligencia y campañas de desinformación. Los observadores de la ONU tendrán un gran trabajo sólo tratando de verificar la información que reciben.

Un solo ejemplo de las dificultades con que MINUGUA ha tenido que empezar a operar es el de la instalación de las líneas telefónicas que usará la misión. GUATEL, la empresa estatal de teléfonos, se caracteriza por su ineficiencia y según la prensa local, la intervención de las líneas telefónicas de miles de políticos, extranjeros, periodistas y activistas de derechos humanos, es práctica común en la empresa. GUATEL no respondió a MINUGUA cuando la misión le solicitó una línea. Y finalmente, los funcionarios de la ONU tuvieron que acudir directamente al Presidente de la República para lograrla.

A pesar de su instalación el 21 de noviembre, la misión sigue trabajando desde un hotel de lujo de la capital porque tampoco ha podido encontrar una sede adecuada. El gobierno le ofreció para este fin el edificio del Comité de Reconstrucción Nacional (CRN), un ente estatal que ha atravesado serios conflictos laborales en los últimos meses y que estaba tomado por los trabajadores a la llegada de MINUGUA. Los funcionarios de la misión rechazaron la oferta gubernamental explicando que el lugar no reunía las condiciones adecuadas.

Huelga del transporte

Durante los primeros diez días de noviembre Guatemala se vio sacudida por una ola de violentas protestas en contra de una arbitraria alza en la tarifa de los buses urbanos. La crisis - que pudo haber sido resuelta en breves días - puso claramente en evidencia la incapacidad y la debilidad del gobierno de Ramiro de León Carpio, que tuvo que recurrir al ejército para restaurar "el orden", como lo hacía su antecesor Jorge Serrano Elías.

La raíz del problema es la falta de un sistema de transporte público en Guatemala. Los buses urbanos pertenecen a transportistas privados, que tienen que aceptar ciertos controles del gobierno municipal para obtener la concesión que les permita desarrollar su trabajo. Durante varios meses los transportistas habían amenazado con incrementar las tarifas unilateralmente. Según ellos, después de la liberalización de los precios de la gasolina a principios del 94, no obtenían ganancias. Los transportistas dieron al gobierno de plazo hasta el 31 de octubre para que les concediera alguna exención de impuestos.

Oscar Berger, alcalde de Ciudad Guatemala, intentó resolver el problema presentando al Congreso para su aprobación un proyecto de exenciones. Pero los congresistas rechazaron la propuesta, al parecer por conflictos políticos entre el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) - liderado por el ex-General Efraín Ríos Montt - y el Partido de Avanzada Nacional (PAN). El alcalde Berger es panista y los ríosmontistas habrían votado en contra de la exención para perjudicar la imagen del PAN.

Después de la paralización total del transporte urbano y de varios días de motines - empezaron el 2 de noviembre con la quema de 20 buses en la Universidad de San Carlos y en los días siguientes se generalizaron en las calles de la capital, dejando varios muertos y muchos heridos y detenidos -, el gobierno municipal y los transportistas lograron un acuerdo: los transportistas bajarían la tarifas y a cambio obtendrían una exención de impuestos. El 14 de noviembre el servicio de transporte se normalizó con las tarifas reducidas. EL gobierno municipal acordó también liberalizar los precios del transporte en enero/95.

El alcalde de Guatemala insiste en que para entonces ya estará funcionando un servicio municipal de transporte público y ya no habrá problemas porque los precios estarán fijados por el libre mercado. Pero según los analistas, el servicio público no logrará cubrir la demanda y el "libre mercado" dejará a muchos guatemaltecos a pie. Todo indica que la crisis sólo se resolvió de forma coyuntural y que en 1995 se reanudarán las protestas.

Aparecen las maras

La crisis del transporte se convirtió en una seria crisis de credibilidad para el gobierno de De León Carpio. Según el politólogo Gabriel Aguilera Peralta, estas protestas son la primera fase de la lucha contra la privatización de los servicios públicos en Guatemala. "Tradicionalmente - dice Aguilera - los movimientos populares se han opuesto a cualquier incremento en las tarifas del los buses porque esto simboliza un alza en todo el costo de la vida. La gente quema los buses porque piensa que si pierde el derecho a un transporte accesible, después el gobierno le quitará las escuelas y los hospitales. Si sube el precio del azúcar o de la electricidad, ¿qué puede hacer la gente? Pero quemar buses es una reacción bien concreta".

Mientras pasaban los días, la violencia aumentó por la ineptitud de la policía y del gobierno municipal y por la presencia masiva de maras (pandillas) en las calles de la capital. Durante varias noches, los noticieros locales mostraron imágenes de bandas de adolescentes que sin ningún control quemaban llantas y vehículos y saqueaban tiendas. La policía estaba ausente o huía cuando aparecían las cámaras. Aguilera opina que la presencia de las maras en los motines no es algo gratuito ni tampoco una coincidencia, sino que se trata de una estrategia contrarinsurgente.

"Es cierto que a veces los grupos populares pueden ser violentos. Pero es curioso que cada vez que los grupos y organizaciones de derechos humanos deciden protestar, llegan de repente las maras a saquear y atacar gente y vehículos. Esto no es más que una táctica oficial para infiltrar las protestas populares, para confundir a la población y para que ésta tema después cualquier marcha, cualquier manifestación pública. Usan la violencia para deslegitimar al movimiento popular", opina Gabriel Aguilera. Otros analistas especulan que algún grupo político y/o elementos dentro de las fuerzas de seguridad podrían estar pagando a las maras y valiéndose de ellas para crear más inestabilidad.

Represión "brutal"

El 11 de noviembre y en medio de un ambiente de anarquía generalizada en la capital, el Presidente de la República dio orden al ejército para que patrullara las calles. Una fuerza conjunta de policías y militares - la llamada Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) - salió también a reprimir las protestas. Y lo hizo con brutalidad. Un universitario murió y la policía invadió la Universidad de San Carlos, violando la autonomía universitaria.

La noche anterior, el 10 de noviembre, una camioneta había pasado por la universidad abriendo fuego contra cuatro estudiantes e hiriendo seriamente a uno de ellos. En protesta por un ataque que calificaron de estilo paramilitar, los estudiantes empezaron a quemar llantas y a bloquear el tráfico en una avenida cercana a la universidad. El FRI llegó poco después, iniciándose entonces una batalla campal entre policías y estudiantes. Los policías lanzaban gases lacrimógenos y los estudiantes respondían con cocteles molotov y morteros caseros. Cuando los policías abrieron fuego, los estudiantes se dispersaron refugiándose dentro de la universidad.

Mario López Sánchez, un estudiante de leyes de 21 años, fue herido de bala gravemente en una pierna y se desangraba hasta que unos estudiantes lograron subirlo a un vehículo para llevarlo al hospital. Pero al tratar de salir de la universidad, los policías detuvieron la camioneta, sacando a López y tirándolo al suelo. Según los testigos, varios policías patearon a López en el estómago, que yacía inconsciente en el pavimento. Murió poco después de llegar al hospital.

El 14 de noviembre, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Mario García Laguardia, condenó "la brutalidad" de las fuerzas de seguridad y denunció que autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles estaban recibiendo amenazas y que policías vestidos de civiles vigilaban a los estudiantes heridos en varios hospitales de la capital. El Procurador pidió la inmediata destitución del Ministro de Gobernación y del Jefe de la Policía Nacional.

Prisionero en su palacio

"Me da pena decirlo, porque estoy convencido de que Ramiro de León tiene muy buenas intenciones. Pero es un hombre aislado en su palacio, un prisionero rodeado de militares, que tienen su propia agenda", afirmó Christian Tomuschat, experto internacional en derechos humanos durante su visita a Guatemala en noviembre. Hasta 1993, Tomuschat fue encargado de la ONU en Guatemala para el tema de derechos humanos.

El caso que mejor demuestra la impotencia del Presidente y que prueba que la impunidad impera en Guatemala, involucra a su propia familia. El 3 de julio de 1993 fue asesinado Jorge Carpio, primo hermano del Presidente y político de prestigio y trayectoria. Carpio viajaba por una solitaria carretera en la militarizada región del Quiché cuando su caravana fue atacada por un grupo de aproximadamente 25 hombres que se cubrían las caras con pasamontañas y usaban armas de grueso calibre. Mataron a Carpio y a tres de sus acompañantes.

El asesinato ocurrió sólo un mes después de que De León asumiera la presidencia y sólo seis días después de que, como nuevo Presidente, hiciera significativos cambios en la cúpula militar, sustituyendo a un Ministro de Defensa de línea dura por uno más moderado.

Son varios los analistas que creen que el asesinato de Jorge Carpio fue un mensaje que la línea dura del ejército enviaba al nuevo Presidente. La familia de Carpio insiste en que fue asesinado porque, como líder del Congreso, encabezó una campaña para rechazar una propuesta de amnistía para los militares que habían apoyado el serranazo de mayo/93.

"El 5 de junio, el Ministro de Defensa, General José García Samayoa, llamó tres veces a Jorge Carpio presionándolo para que diera a sus diputados la orden de votar SI a la amnistía. Jorge se negó porque la veía como una monstruosidad legal y porque incluía un perdón para Noel de Jesús Beteta, el asesino de la antropóloga Myrna Mack", explica Karen Fisher de Carpio, secretaria personal y nuera de Jorge Carpio.

¿Investigación?

La investigación gubernamental para esclarecer el asesinato de Carpio y todo el proceso legal del caso han estado marcados por contradicciones, anomalías y hasta por hechos siniestros. Los informes de las necropsias desaparecieron misteriosamente, al igual que las fotos que la policía tomó a los cadáveres. Los informes policiales sobre el caso sufrieron alteraciones y se perdieron otras evidencias claves. Muchos testigos no se atrevieron a declarar por amenazas y un investigador de la policía fue asesinado. De cinco oficiales militares de alto rango llamados a declarar, sólo uno acudió a los tribunales.

Los únicos avances en el caso se han logrado gracias a investigaciones independientes hechas por la familia Carpio y por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. A principios de 1994, el Arzobispado anunció que patrulleros civiles de San Pedro Jocopilas (Quiché) - reconocidos entre los más temidos de Guatemala - habían participado en el asesinato. Según el Arzobispado, existen más de 30 denuncias en contra de estos patrulleros por violaciones a los derechos humanos que incluyen asesinatos, capturas ilegales, torturas y acoso a la población civil.

En base a estas investigaciones se elaboró una lista de 20 patrulleros que eran sospechosos del crimen. El 31 de mayo, la policía detuvo a 4 de ellos, pero a los otros 16 no los tocó. Una semana después, el mismo juez que ordenó las detenciones, ordenó la liberación de 3, alegando falta de pruebas. Sólo un patrullero de Jocopilas, Juan Acabal Patzá, está detenido.

"La presión internacional ha sido fuerte y el ejército tuvo que sacrificar a alguien. Patzán debía ser encarcelado por el asesinato de otras dos personas y lo más fácil era sacrificarlo a él", dice Karen Fisher, que encabeza la lucha por esclarecer la muerte de su suegro.

En octubre, uno de los policías que habían detenido en mayo a los 4 patrulleros fue baleado por la espalda por varios hombres armados y murió. El Arzobispado calificó el hecho como una "ejecución extrajudicial". Poco después del asesinato, el investigador de la policía que hizo el trabajo de investigación de campo en el Quiché fue atacado por hombres armados, pero logró escapar ileso.

Karen Fisher, una mujer muy necia

Cuando en junio los patrulleros fueron liberados, Karen Fisher empezó a exigir públicamente que los detuvieran de nuevo. El 26 de junio, hombres armados chocaron con su carro y amenazaron a su chofer, diciéndole que matarían a su patrona, que afortunadamente no iba en el carro. Fisher salió del país y se mantuvo en el exilio hasta que la Organización de Estados Americanos declaró medidas cautelares para su protección.

Desde que Fisher regresó a Guatemala, sigue recibiendo constantes amenazas por teléfono y por correo. El 29 de septiembre, fue amenazada directamente por el Coronel Mario Mérida, Viceministro de Gobernación, que le advirtió que no debería de declarar en el caso porque estaba dañando la imagen del ejército. En una entrevista que le hicieron en noviembre, Karen declaró: "Me dijo que yo era muy necia y que mejor desistiera. Me contó que las patrullas civiles de Jocopilas son las mejores que tiene el ejército en el Quiché y que yo estaba haciéndoles daño. Después me dijo que sería mi `buen enemigo'. Tengo miedo. Tengo pánico por mis hijos. La impunidad sigue y las prácticas del pasado no han cambiado. Nuestra familia pertenece al sector privado, al sistema, pero queremos justicia. Si se atreven a hacer estas cosas con la familia del Presidente, ¿cómo tratarán al resto de la población? Esto tiene que cambiar".

La llamada Unidad Patriótica Anticomunista envió en noviembre otra amenaza escrita a Fisher. La carta le anunciaba la eliminación inmediata de ocho personas vinculadas al trabajo de derechos humanos. Encabezaban la lista tres mujeres: la abogada norteamericana Jennifer Harbury, Helen Mack y ella, Karen Fisher. La carta acusaba a Fisher de haberse convertido en "la Patty Hearst de Guatemala" y de estar trabajando en favor de la URNG.

El 25 de noviembre, hombres armados trataron de asesinar al investigador del Ministerio Público encargado del caso Carpio, abriendo fuego contra su vehículo en las afueras de la capital. "Este acto demuestra a las claras que no existen espacios para la búsqueda de una verdad objetiva en Guatemala", fue el comentario de Mónica Pinto, experta en derechos humanos de la ONU, que llegó a Guatemala en noviembre para evaluar la situación.

Según Fisher, la familia de Carpio ya no tiene esperanzas de resolver el caso dentro de Guatemala. Ni siquiera el hecho de ser parientes del Presidente les ha ayudado. Desde que Ramiro de León llegó a la presidencia no les ha sido posible ni reunirse con él a solas, porque siempre está rodeado de oficiales del Estado Mayor Presidencial. "Su personalidad ha cambiado totalmente", dice Karen, que se ha unido a Helen Mack para llevar ante la OEA tanto el caso Jorge Carpio como el caso Myrna Mack.

Jennifer Harbury, otra mujer muy necia

El 11 de noviembre, Jennifer Harbury, esposa del desaparecido comandante guerrillero Efraín Bámaca, puso fin a 32 días de huelga de hambre. Harbury ayunaba ante el Palacio Nacional de Guatemala exigiendo que el ejército presentara a su esposo, "desaparecido" en combate en 1992, pero capturado vivo por el ejército, según informaciones de la Central de Inteligencia Americana (CIA).

"Estoy empezando una nueva fase en la lucha por salvar a mi esposo. Dentro de 30 días tengo el derecho de enjuiciar a varios oficiales militares. Según testigos, son ellos los responsables del secuestro y la tortura de mi marido. Por lo tanto, he decidido terminar con la huelga de hambre para viajar a Washington a reunirme con altos funcionarios de la Casa Blanca y luego regresar aquí a emprender el proceso legal contra el ejército guatemalteco", dijo Harbury al terminar la huelga.

Jennifer Harbury dio los nombres de ocho oficiales - incluyendo el de un coronel y el de dos mayores - a quienes piensa acusar. E informó que iniciará también cargos en contra del Ministro de Defensa, General Mario Enríquez, por secuestro y obstrucción de la justicia. La abogada también está decidida a investigar a la CIA y a la embajada estadounidense en Guatemala por haber escondido información sobre su esposo. Según informaciones de la propia CIA, fuentes militares guatemaltecas notificaron a la CIA en 1992 que habían capturado vivo a Bámaca, pero cuando Harbury empezó a buscar a su marido en 1993, funcionarios de la embajada estadounidense insistieron en que no sabían nada de él. En noviembre de 1994, el ejército guatemalteco seguía insistiendo en que Bámaca había muerto en combate en marzo de 1992.

El 11 de noviembre, el mismo día en que Harbury terminó su huelga de hambre, Marilyn McAfee, embajadora de los Estados Unidos en Guatemala, envió una "enérgica" carta a Ramiro de León, pidiéndole información sobre el paradero de Bámaca. El caso Bámaca ha provocado tensiones entre el gobierno estadounidense y el guatemalteco. También ha levantado una ola de xenofobia en los medios guatemaltecos contra Harbury y los extranjeros que trabajan por los derechos humanos. Numerosos editorialistas han dedicado páginas y páginas a acusar a Harbury de estar tratando de hacer carrera en Hollywood y en las editoriales "vendiendo" su historia de amor con Bámaca.

Xenofobia

"Quienes creen que la renuncia de Jennifer Harbury a la huelga de hambre es el final del affaire están equivocados. Fiel a los preceptos progandísticos de la MTV, el fenómeno Harbury fue lanzado al mercado gringo y al guatemalteco con un vasto despliegue publicitario que incluye video, entrevistas, libro, tour y huelga de hambre. Muy a la REM y a la Madonna, la siguiente fase de la protesta de Jennifer incluirá giras por diferentes universidades gringas." Así escribió un editorialista de Sigloveintiuno en un artículo titulado "Harbury a la MTV."

En noviembre, las autoridades de migración giraron una orden por la que sólo se permiten 15 días de estancia en el país a todos los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y España. Al mismo tiempo, se discutía en el Congreso un proyecto de ley que exigirá que todos los extranjeros firmen, a su entrada en el país, un documento declarando bajo juramento que no tendrán injerencia en la política nacional.

En medio de este ambiente hostil, Harbury regresó a Guatemala el 28 de noviembre para empezar el proceso legal contra los miembros del ejército. 24 horas después, Asisclo Valladares, Procurador General de la Nación, anunció que el estado guatemalteco estaba demandando a Harbury por difamación. "No permitiré que ningún extranjero manosee al Estado de Guatemala. Y quien lo ha intentado debe sentir el rigor de la ley", declaró Valladares. El 29 de noviembre, oficiales de MINUGUA y de la Procuraduría de Derechos Humanos inspeccionaron varias bases y destacamentos militares en búsqueda del "desaparecido" Bámaca. Y como era de esperar, no lo encontraron.

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