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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 155 | Diciembre 1994
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Nicaragua

El juego se está cerrando

La desenfrenada rivalidad entre los caudillos políticos y las pugnas por la sobrevivencia de los grupos económicos, buscando todos enriquecerse rápidamente antes de que el juego se cierre, es lo que está cerrando el juego.

Equipo Nitlápan-Envío

Al iniciar 1994, dos realidades marcaban la economía y la política nicaragüenses.En la economía, la bancarrota. En la política, el reacomodo de fuerzas. La señal más evidente de la bancarrota estaba en las arcas del Banco Central: apenas quedaban 5 millones de dólares de reservas externas, menos de tres días de importaciones. Un reacomodo de fuerzas políticas se acababa de dar en la Asamblea Nacional, donde había surgido un nuevo y amplio consenso en torno a varios asuntos. Entre ellos, la necesidad de introducir reformas a la Constitución. Se superaba así la parálisis en la que el Legislativo había estado sumido a lo largo de dos años.

Bancarrota y nuevo consenso: economía y política

La bancarrota era el inevitable resultado del desempeño económico del año 1993, un año perdido, durante el que a duras penas y gracias al flujo todavía abundante de la ayuda externa líquida, se había conseguido mantener la estabilidad de los precios y el control del tipo de cambio alcanzados con las políticas de estabilización en años anteriores. Pero sólo eso. No se había logrado pasar de la estabilización al crecimiento.

La brecha del desempleo se seguía profundizando y el desequilibrio externo sólo se compensaba mediante el inmoderado uso de la ayuda externa, creando así más dependencia y más deuda. Las restricciones que el Senado norteamericano impuso en 1992 al desembolso de una cuantiosa suma del programa de ayuda a Nicaragua mostraron la absoluta fragilidad de la política económica y sus escasos márgenes de maniobra.

Durante todo el año 1994, la Asamblea Nacional estuvo absorbida prioritariamente por las reformas constitucionales, dejándole al Ejecutivo la cancha libre en su terreno predilecto: la política económica, los convenios con los organismos internacionales y la gestión de la deuda externa.

Al menos, 1994 se inició con un avance positivo, al superarse la estéril discusión que llenó 1993, entre los que afirmaban que el problema de Nicaragua era "económico" y los que insistían que era "político". Entre los que proclamaban: "es la política económica del gobierno la que es mala y por eso no hay crecimiento económico" y los que reaccionaban: "no hay inversión privada porque no hay estabilidad política ni un marco jurídico que respete a la propiedad privada". Ambas percepciones eran ciertas, pero no por separado. No se trataba de realidades excluyentes. Se reforzaban y se alimentaban mutuamente.

Lo que hunde el barco

En una economía de mercado no es posible llevar a cabo una política económica "correcta" - la que promueva un crecimiento con equidad, un aumento del empleo y del nivel de vida de la población, a la vez que la reducción de los desequilibrios externos, manteniendo a la vez la estabilidad de los precios y revirtiendo la degradación del medio ambiente - sin un conjunto de instituciones adecuadas. Estas instituciones adecuadas no sólo son los organismos públicos y los no gubernamentales o los bancos. Son también las leyes y las normas de funcionamiento que rigen a la sociedad y hacen posible su misma existencia, la convivencia de un conjunto de individuos que tienen intereses contradictorios.

La sociedad tiene la capacidad de reformar y mejorar sus propias instituciones, de regularse conscientemente a ella misma. Pero ni la reforma ni el funcionamiento adecuado de las instituciones es posible si no existe cierto consenso político. Este consenso es aún más necesario cuando las instituciones heredadas del pasado son débiles, inadaptadas o insuficientes para el funcionamiento de una sociedad moderna. Más necesario aún es el consenso cuando la sociedad se ve obligada a integrarse cada vez más y cada vez más rápidamente a un sistema mundial en plena reorganización, en el que la guerra económica y la internacionalización financiera han reemplazado a las antiguas diplomacias.

La desenfrenada rivalidad entre los caudillos políticos y la pugna por la sobrevivencia de los grupos económicos en un país donde parece que no hay lugar para la voracidad de todos porque todos quieren enriquecerse rápidamente antes que el barco se hunda, es justamente lo que puede hundir el barco. En un ambiente así es muy difícil lograr la transformación de las instituciones y hasta su mismo funcionamiento y es casi imposible tener una política económica activa y promotora de los esfuerzos privados. Es como estar al mando de un vehículo donde las ruedas no responden al timón.

A diferencia de lo que ocurría en 1993, algo se avanzó en 1994. Ha sido un avance en caminos paralelos y hay todavía mucho que hacer para unir esfuerzos del camino político con los del camino económico, pero no habrán sido en vano estos esfuerzos si de aquí a las elecciones de 1996 no reaparecen en el camino nuevas "nubes negras" que vengan a arrasarlo todo. Al concluir 1994, resaltan algunos avances, se despejan algunas debilidades y se vislumbran algunas perspectivas, no todas halagüeñas.

ESAF: el hecho del año

El acontecimiento económico más relevante del año fue, obviamente, la firma en abril del acuerdo ESAF entre el gobierno y los organismos financieros internacionales. Aunque el ESAF ha sido criticado en varios puntos o en su totalidad por los sectores que rechazan la política del gobierno sin tener un programa alternativo coherente, la principal crítica que hay que hacer al ESAF es su carácter limitado: no relaciona la concesión de nuevos recursos externos para los próximos tres años con la obligación de llevar a cabo cambios estructurales y de implementar una política de desarrollo que fomente el crecimiento y garantice la posibilidad de poder pagar mañana los préstamos de hoy.

Pero no se le puede pedir al ESAF que sea aquello para lo cual no fue concebido. El ESAF es un financiamiento muy blando que otorgan las instituciones financieras internacionales a los países pobres para que sigan sosteniendo los logros de la estabilización de su economía. En Nicaragua, firmar el ESAF era la única manera que tenía el gobierno de salir a corto plazo del hoyo en el que se encontraba: con 5 millones de dólares de reservas internacionales, no había espacio para ser exigente ni había tiempo de sobra. Además, el ESAF era la condición necesaria para acceder a una renegociación más de fondo de la deuda externa con los países ricos.

Las condiciones firmadas con el compromiso del ESAF son más precisas en lo que se refiere a mantener los equilibrios macroeconómicos, a exigir un mayor rigor fiscal y una mayor apertura al comercio internacional y a disminuir la intervención del Estado en la economía que en lo que se refiere a promover cambios estructurales profundos y a exigir un programa de desarrollo. Esto es lógico, por el doble papel de las instituciones financieras internacionales: procuran que los países pobres paguen su deuda externa en vez de seguir importando más de lo que exportan y fomentan el incremento del comercio mundial eliminando las barreras nacionales.

El ESAF y la banca

¿Son éstas las vías más adecuadas para ir creando un nuevo orden internacional más sostenible y equitativo? Evidentemente no. Pero en la Nicaragua de 1994 no se podía discutir sobre principios. Lo grave es que no se discutió ni sobre principios ni sobre casi nada y que se perdió - según la costumbre - la posibilidad de informar a la nación para motivar un debate transparente. Se perdió la posibilidad de utilizar el ESAF - mal necesario a cambio de recursos tan necesarios - para impulsar cambios estructurales compatibles con el programa firmado, aunque no contenidos explícitamente en él.

Un ejemplo. En el ESAF se crítica el desempeño de la banca estatal por su ineficiencia. Pero hasta ahí. No se entra a considerar que, aunque es cierto que la banca estatal no fomenta el desarrollo y, más aún, no es siquiera una verdadera banca comercial, porque su política de préstamos obedece más a criterios políticos de corruptela - presta a familia ricas que evitan así arriesgar el dinero de sus propios bancos privados -, no es simplemente privatizándola como se resolverá el problema de la masiva necesidad de financiamiento que tienen los pequeños productores. El problema bancario y el de los créditos requiere de una solución más integral que la que el ESAF plantea.

ESAF: ¿no deja espacios?

¿Puede hacer algo el gobierno en el sentido de esa solución integral? Puede hacer bastantes cosas. Puede subastar la mora de los grandes prestatarios, más públicamente cuanto más "personajes" políticos sean para así fomentar realmente "la revolución de la honradez". Puede diseñar mecanismos financieros que incluyan la recompra de la mora colectiva, que puede ser canalizada hacia instituciones de crédito no convencional. Y puede fomentar las instituciones de crédito no convencional, que pueden jugar un papel decisivo en el financiamiento del desarrollo rural y urbano en sectores donde los escasos y cautelosos bancos privados no se arriesgarán fácilmente.

Medidas como éstas no las considera ni las promueve el ESAF, pero no son incompatibles con él. Responden a una lectura posible del señalamiento que - con mucha razón - hace el ESAF sobre las ineficiencias de la banca estatal. Y aunque el ESAF no impone soluciones, la ocasión del ESAF podría haber sido aprovechada para encontrarle una solución nacional a un problema trascendental para nuestra economía, sin perjuicio de la filosofía que implica el acuerdo firmado.

Otra de las recomendaciones del ESAF, supuestamente más estricta, es la eliminación obligatoria de las exoneraciones y otras exenciones arbitrarias en la aduana, limitándolas a las que contempla la ley. La realidad es que bien poco se ha hecho en esta dirección y el sistema tributario sigue modelándose a capricho de los grupos económicos más poderosos y de los personajes más influyentes.

ESAF: un mal necesario

Pese a sus limitaciones - tanto en su contenido como en su implementación -, el ESAF fue un mal necesario. Mantenía las bases de la estabilidad y daba un respiro al gobierno. Abrió las puertas para una más amplia negociación de la deuda externa y para una efectiva reducción de su servicio. Sin el ESAF, el equilibrio logrado en 1994 sería más frágil aún en 1995 y las metas del propio acuerdo serían cada vez más difíciles de alcanzar. Pero este mal necesario pudo haberse aprovechado para un bien urgente: para fomentar acciones nacionalmente concertadas que mejoraran las estructuras productivas y financieras y para elaborar un plan nacional de desarrollo.

El gobierno Chamorro ha comenzado a hablar con insistencia de la necesidad de elaborar e impulsar un plan nacional de desarrollo. ¿Será realmente un plan en el que se escuche a los sectores que, aunque son los más numerosos son los que tienen menos voz para hacer valer sus demandas? En todo caso, por muy bueno que sea el plan, llevarlo a cabo exigirá instituciones que no actúen como freno sino como motor del desarrollo.

Reformas constitucionales: un bien necesario

Por ser la Constitución la institución máxima de la sociedad, la que crea el marco en el que se rigen todas las demás, su adaptación a los cambios ocurridos en la sociedad es indispensable para que las visiones superadas de los legisladores del pasado no la transformen en un lastre. Las reformas aprobadas ya en diciembre, y que deberán ser confirmadas a principios de 1995 en una segunda legislatura, ratifican algunos logros sociales muy importantes: la gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria, la supresión del servicio militar obligatorio y la obligación gubernamental de financiar a la educación universitaria y al Poder Judicial con una proporción fija del presupuesto.

Adicionalmente, las reformas establecen nuevas reglas del juego para el gobierno: se disminuye su carácter presidencialista - casi una dictadura constitucional, según la Carta Magna del 87 -, se previene la reconstitución de los aspectos más visibles del nepotismo político prohibiendo la sucesión de parientes en el trono presidencial, y se devuelve al Legislativo el papel que le pertenece en materia fiscal y de ratificación de tratados económicos internacionales, como establecen todas las Constituciones democráticas.

También se fijan nuevas reglas para la representación democrática: la votación en dos vueltas en los comicios nacionales si ningún partido alcanza en la primera el 45% de los votos, lo que previene la posibilidad de que un partido obtenga el Ejecutivo sin tener una mayoría confortable y obliga a los pequeños partidos o fracciones de partidos a hacer alianzas para no desaparecer del mapa político. Otro aspecto importante es la obligatoriedad, para los representantes locales, de ser habitantes de su circunscripción electoral, lo que evita que los partidos utilicen el "paracaidismo" de figuras nacionales en los lugares donde la contienda electoral se prevé difícil para ellos, en vez de dedicarse a ganar a los electores con un trabajo político efectivo desarrollado a partir de los líderes locales y de los problemas concretos.

Reformas constitucionales: sólo un primer paso

Las reformas a la Constitución representan sólo un primer paso en el profundo proceso de modernización que debe experimentar el Estado nicaragüense en todas sus dimensiones: reestructuración de las diferentes dependencias del Ejecutivo para disminuir su burocratización y mejorar la agilidad y calidad de sus servicios, impulso a una ley de servicio civil y carrera administrativa para propiciar un reclutamiento de los funcionarios públicos más profesional y menos basado en el amiguismo, modernización de las finanzas públicas para lograr un sistema fiscal más transparente y menos sujeto a las arbitrariedades, descentralización y reforzamiento de las funciones municipales y de su presupuesto.

Pero este primer paso ya se está dando y es un logro importante. Logro también el amplio consenso que las reformas tuvieron en la Asamblea Nacional y en la mayoría de la clase política y según los sondeos, en una amplia mayoría de la población. Aunque algunos ven sus intereses políticos inmediatos lesionados y se oponen a ellas, el curso de las reformas parece difícil de parar.

En esta oportunidad y en un tema de tal relevancia, también se podría haber hecho mucho para fomentar una cultura de transparencia en el país. Pese a algunos esfuerzos puntuales de algunos medios de comunicación informando de su contenido, cuáles son las reformas y cuál es su sentido ha quedado muy confuso para la mayoría de los ciudadanos. Las reformas también han sido usadas por algunos medios como ocasión para la desinformación y el engaño. En estas carencias influyeron las tensas condiciones en las que llegaron las reformas al debate parlamentario y la celeridad con la que fueron debatidas y aprobadas.

Habrá que esperar a la próxima legislatura, a principios de 1995, para que las reformas sean definitivamente aprobadas. Hasta entonces pueden darse muchos arreglos y reacomodos en torno a ellas. Hasta entonces puede hacerse también un mejor trabajo de divulgación masiva. De la firmeza que mantenga la Asamblea y de la transparencia que logre en este "segundo round" depende el que conserve el crédito y el respeto que ha empezado a ganarse en 1994.

Obstáculo: políticos y elecciones

Una vez que los problemas políticos y económicos han ido entrecruzándose, los grupos y partidos políticos, los agentes económicos privados, del gobierno y de los financiadores internacionales se han ido influenciando más y más. "En el nuevo juego, cada quien tiene que poner de su parte al mismo tiempo", decíamos en envío en enero/94. Ha pasado un año y todavía está pendiente la creación de un verdadero mecanismo institucional que organice la programación económica en estrecho consenso con los actores privados. Un mecanismo que promueva expectativas de confianza en la estabilidad de la economía y de la moneda, y en el que se involucrarían los financiadores externos para coordinar entre ellos y con las demandas nacionales sus acciones de cooperación.

Es comprensible la lentitud con la que este mecanismo podrá eventualmente implementarse, dadas las mismas limitaciones institucionales, las contradicciones entre los agentes económicos y las divergencias entre los financiadores. Hoy por hoy, la mayor dificultad está en la clase política y en sus caudillos, en la "cercanía" de las elecciones y en la priorización casi inevitable de los intereses electoralistas por sobre toda otra consideración.

La fiebre electoralista

Como las diferentes fuerzas políticas no tienen programas económicos alternativos sustentados y discutidos públicamente, es probable que, en ausencia del debate de ideas, veamos surgir otro debate: el de las disputas por ganar más votos. De hecho, algunas de estas prácticas ya se están dando. Hay ya síntomas de "entrismo": "entrar" en organizaciones locales, gremiales o religiosas utilizando la fibra partidaria de sus líderes auténticos, para polarizarlas y terminar transformándolas de "cantera de conciencia" en "cantera de votos", parasitando así de estructuras que otros organizaron.

Hay también ya otras formas de parasitismo: responsables políticos que se apropian de fondos de cajas locales de ahorro y crédito campesino para "ir financiando" la campaña electoral. Los fines parecen una vez más justificando los medios. Pero, aun cuando esto fuera cierto, ¿qué es lo que justifica los fines?

Escucharemos pronto - ya se escuchan - discursos baratos llenos de promesas insostenibles. La pregunta es si ganando las elecciones con estos métodos somocistas, un partido puede esperar gozar de cierto margen de gobernabilidad después de las elecciones. En la época de Somoza, la gobernabilidad la garantizaba la Guardia Nacional. Y aún así, esto no duró para siempre. Algunos tratarán también de hacer lobby en el extranjero para sentirse más seguros dentro, pero todo indica que los métodos más tradicionales de compra de activistas, el boli y el nacatamal - modernizados o auténticos -serán las tácticas más probablemente utilizadas.

Es muy temprano aún para medir a las fuerzas políticas y evaluar la eficacia de cada una en el uso de los diferentes métodos electoralistas. Tampoco es fácil saber hasta dónde sus respectivos pesos económicos les permitirán asegurarse la ventaja en una contienda donde el uso de costosos métodos de propaganda y de compra de adeptos estará a la orden del día. Al menos esto tendrá una ventaja para el pueblo: la política dará "empleo temporal" a bastantes.

El fenómeno más relevante y la mayor dificultad que enfrenta la clase política cada día más volcada hacia las elecciones, es su tendencia a la atomización. Los partidos se fraccionan y mientras más se acerquen las elecciones, más puede acelerarse este proceso de fisión, como en una reacción nuclear. Ojalá el calor político liberado no provoque una explosión social de mayor envergadura.

El Cuñado y el Alcalde

Un breve repaso por las fuerzas políticas más organizadas ofrece un panorama desolador. Los pleitos entre los miembros de la familia conservadora se parecen cada vez más a las disputas del mercado. Los hermanos sandinistas se descalifican con parábolas sobre la traición que carecen de sentido histórico o con etiquetas de renovación que nunca llenan de contenido, mientras unos y otros pierden legitimidad y autoridad moral entre los más de 300 mil que se inscribieron como sandinistas sin corriente.

Detrás de su pregonado proceso de unificación, los liberales se lanzan sutiles dardos envenenados en caricaturas o en cuidadosos discursos que delimitan cuotas de poder. ¿Cómo esperar que el pueblo sea cívico ante una clase política tan descaradamente anticívica? Repasando a algunos de los caudillos, la situación no es mucho mejor. Vemos a un Cuñado que, fortalecido por el retorno de sus amigos a la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, entra gallardamente en campaña con gran despliegue publicitario. Pero, ¿quién puede creer en la sinceridad de su preocupación por la nación y en su capacidad para forjar consenso? Vemos a un Alcalde que, confiado en su carisma, "cumple" a nivel local y viaja periódicamente a Miami, esperando su hora. Pero su populismo carismático molesta aún a muchos adinerados y a no tan adinerados.

El Yerno, el Secretario y el General

Vemos a Caudillos conservadores que no logran convencer siquiera a sus propios correligionarios. ¿Cómo convencerían a la nación? Vemos a un Secretario General que no sabe renunciar a una concepción de partido de vanguardia - sólo uno puede tener la razón porque la razón es una sola - y no se decide a forjar un partido de consenso que contribuya a una nación de consenso. Pero, cuando ya casi nadie cree en las vanguardias, ¿será la vanguardización del partido el método más acertado para afianzar un proyecto político?

Finalmente, vemos a un Yerno, frustrado en su ambición personal por los recientes cambios constitucionales, lidereando a un grupo de políticos a los que compró y con los que busca comprar un partido. Pero, ¿no es él ya un cohete mojado por las intrigas, no es el suyo un proyecto quemado por la imagen de su gobierno, corrupto e ineficiente?

En el camino, surgirán seguramente otros líderes, tal vez más auténticos. Una gran incógnita es el papel que querrá jugar el futuro ex-General. ¿Utilizará su inmensa fortuna personal para invertir en Nicaragua, creando empresas productivas y generando empleo, demostrando así en la práctica que es un empresario más patriótico que los demás y que la inversión no sólo debe ni puede ser extranjera? Como gran empresario, lograría un gran apoyo en los círculos dominantes y siendo patriótico de verdad lograría labrarse una nueva imagen política entre las mayorías. Pero aún es demasiado pronto para despejar esta incógnita.

A pesar de la política económica

Mientras el año pre-electoral 1995 se vislumbra lleno de incertidumbres respecto al comportamiento de la clase política y de sus líderes, la economía envía señales contradictorias. Por un lado, hay cierto aumento en la producción agropecuaria y en las actividades extractivas, aumento que se traduce en un repunte de las exportaciones. Pero la principal razón del aumento en las exportaciones de 1994 se debe al mejoramiento de los precios internacionales, en particular el precio del café. Así, la economía crece a pesar de la política económica.

Como en los dos próximos años, los precios internacionales de los bienes agropecuarios que exporta Nicaragua serán previsiblemente buenos y como existe un flujo de ayuda que garantiza el ESAF, el país no debería enfrentar restricciones externas, al menos antes de 1997. Pero si las autoridades se complacen ante los indicadores superficiales del crecimiento y no están atentas a la profundización de la desigual distribución del ingreso, las debilidades estructurales de la economía permanecerán.

Naturalmente, hay que felicitarse porque las exportaciones crecen y, más aún, es correcto hacer políticas para incentivarlas y para que crezcan más, pero no hay que descuidar la distribución de los beneficios de ese crecimiento o las ventajas de inesperadas bonanzas en el mercado mundial. Si se quiere el desarrollo del país, las utilidades así generadas deben tener impacto en la formación de ahorro interno y en la inversión productiva.

No servirá de nada al desarrollo nacional que los cafetaleros - o una fracción de ellos ligada al beneficiado y a la exportación del producto - obtengan grandes ganancias en divisas si las utilizan para importar vehículos nuevos para uso privado. Porque cuando haya pasado la bonanza de los precios internacionales, habrá que buscar cómo "incentivar" nuevas exportaciones para financiar el extra que en importación de petróleo y de repuestos se necesitará para que estos vehículos sigan funcionando. Es éste un caso extremo, pero es también un caso posible.

¿Quién debe ganar?

El tema del incentivo a las exportaciones está desde hace tiempo sobre el tapete. Como se parte de que es necesario exportar más para financiar el crecimiento - entendiendo éste como importación de los insumos, equipos y bienes de consumo que el crecimiento exige - pareciera que fuera necesario "incentivarlas" a toda costa favoreciendo a los exportadores. La forma más burda de hacerlo es devolver a todos los exportadores una parte de los impuestos sobre la renta que declaran, en una proporción equivalente a los montos exportados. Pero este sistema es lo mismo que pagarle a los exportadores un precio más alto por sus productos que el que reciben en el mercado internacional.

Un sistema así, de subsidio generalizado a los exportadores, pese a que son uno de los sectores más privilegiados de la sociedad, es el que eligen los políticos defensores del "libre" mercado y de la no intervención del Estado en la economía. Afirman estos políticos que un sistema alternativo - como sería una ley para promocionar temporalmente determinadas exportaciones - sería decidir arbitrariamente cuáles exportadores deben ganar y cuáles no. Pero, ¿no es peor decidir arbitrariamente que todos los exportadores - los ganadores de siempre en un país tan articulado al mercado internacional como Nicaragua - deben ganar más?

No por más sabios

En Nicaragua debe llegar pronto el momento en que este tipo de leyes y mecanismos - que tienen que ver con la cuestión tributaria - sean discutidos en la Asamblea Nacional. No porque los diputados sean necesariamente más sabios y estén mejor informados que los funcionarios del Ejecutivo, pero sí porque existirían garantías de mayor transparencia en las decisiones y espacios más abiertos para que los agentes económicos y los grupos sociales que lo deseen puedan intervenir y enriquecer las discusiones y decisiones. Y para que la ciudadanía tenga acceso a información, explicación y también a participación. Para que se abra el juego.

Se cierra el juego

La política tributaria se vislumbra hoy como una de las mayores limitaciones para transformar un eventual crecimiento económico en desarrollo. O mejor dicho: para pasar de un crecimiento accidental y frágil, dependiente de las lluvias y de los precios internacionales y siempre a favor de unos pocos, a un crecimiento sostenido y con mayores niveles de equidad social. En el tema de los impuestos - complejo y amplio -, que abarca tanto el monto de la tributación como las decisiones sobre los que tributan y la naturaleza de los diferentes instrumentos tributarios utilizados, la Asamblea Nacional tiene que informarse debidamente y solicitar las debidas explicaciones al Ministerio de Finanzas.

Otro de los grandes problemas económicos del país, que cierra bastante el juego, es la creciente fragilidad de la ayuda externa sobre la que descansa la economía del país y que el momentáneo auge de ingresos de divisas por las exportaciones de café no debería hacer olvidar. Aunque el ESAF garantice un flujo de recursos externos por dos años más y aunque pueda ser renovado más adelante, la realidad es que la mayor parte de los recursos líquidos que provee este acuerdo sólo sirven para pagar el servicio de la deuda externa.

Aunque la estrategia de renegociación de la deuda externa sea exitosa, es más probable que se obtengan logros en la reducción de los montos de las deudas que no se sirven actualmente y de los atrasos, que en la reducción del servicio actual. Este seguirá creciendo y absorbiendo la mayor parte de los fondos liberados por el costoso ajuste fiscal al que se somete al país.

El retorno de la mayoría republicana al escenario político de Estados Unidos y la presencia de Jesse Helms al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado podría contribuir a cerrar más aún los juegos bloqueando la ayuda que Nicaragua recibe de organismos internacionales donde Estados Unidos lleva a la voz cantante o reduciendo aún más la escasa ayuda directa que este país nos proporciona. A esta posibilidad hay que sumar el hecho de que incluso los países cooperantes más generosos con Nicaragua están forjando un consenso: no hacer un juego fácil al electoralismo que se avecina y que ya se siente, no financiar indirectamente las campañas proveyendo fondos que bajo el pretexto de "ayuda social" no serán más que instrumentos de populismo electorero.

Los retos de hoy y de mañana

1995 comenzará en mejores condiciones que 1994. Pero la comunidad internacional y los organismos financieros estarán vigilando más de cerca que nunca el desempeño de nuestra economía y no aceptarán con facilidad una reedición del irresponsable discurso de los políticos de todos los colores que echan la culpa o al FMI o a los sindicatos - según sean sus banderas - intentando justificar la incapacidad de Nicaragua para hacerse cargo de su propio desarrollo.

Incrementar la eficiencia del sector público, reducir la corrupción y los manejos arbitrarios, hacer más efectivas las políticas de gasto social, priorizar la formación de capital humano para asentar el desarrollo sobre un sustrato más sólido, fortalecer la democratización de las decisiones en materia económica y la capacidad de gestión concertada de la economía entre los actores sociales y el gobierno, dotarse de un sistema tributario menos sometido a las arbitrariedades de los grupos de presión y más progresivo, fomentar un sistema financiero flexible y adaptado a la diversidad de demandas existente en el país, son retos muy grandes, que no podrán ser alcanzados de la noche a la mañana. Pero son posibles. Asumirlos implica la participación de la sociedad en el proceso de cambios y un gobierno con una conducción técnica capaz y responsable.

Lo dijo a principios de 1994 el propio director del FMI, Michel Camdessus. "Se necesita - declaró en Washington - una política social acertada y un buen gobierno, no sólo por su valor intrínseco, sino porque esto respalda el ajuste y las reformas. Debe prestarse especial atención al desarrollo de la capacidad técnica para poner en práctica las medidas correctas. Asimismo, los gobiernos deben mantener una actitud abierta al divulgar la información económica y al explicar públicamente las políticas de ajuste y de reformas".

¿A mediano plazo?

Algún día hay que comenzar. El plan económico que el gobierno está elaborando para el mediano plazo contempla estos elementos y otros muchos que habrá que ir abordando paulatinamente para poner a Nicaragua en el camino del crecimiento sostenido y con equidad social. Pero en el mediano plazo todo es posible, especialmente en el papel. Es posible hasta el milagro de una sociedad más cívica, donde las mayorías dejan de esperar el maná gubernamental y la minoría deja de sacar todo el jugo posible a las debilidades y a la pasividad del gobierno.

Encontrar un camino a mediano plazo tiene exigencias en el corto plazo. Las dificultades y las contradicciones del corto plazo no pueden mantener paralizado el sistema. Los espacios sociales donde se elaboren con transparencia las políticas de mañana, respetando los equilibrios de hoy, deben empezar a funcionar ya, pese a la debilidad de las instituciones actuales. Encontrar un camino a mediano plazo supone una clase política que colabore ya con los intereses nacionales y que no priorice el sacar el mayor provecho del poder en detrimento de los demás y del país en su conjunto.

Rehenes de los políticos

Este es uno de los escenarios posibles. Pero hay otro, más deprimente, en el que los intereses partidarios y personales se exacerban en la medida en que el reloj electoral avanza. La nación sería entonces rehén de la clase política y las "nubes negras" volverían a amontonarse en el cielo hasta provocar la tormenta de unas elecciones anticipadas. O escenarios más críticos. La posibilidad está en el ambiente.

Ojalá el patriotismo supere las tentaciones partidarias. El juego que existe entre la economía y la política se está cerrando, es cada vez más cerrado. No quedan muchas opciones ni mucho tiempo para pensarlas. Ni el tecnocratismo frío y tolerante con los abusos de poder ni el populismo electoralista darán resultados positivos en Nicaragua. O volvemos al caos - mayor mientras más se repite esa vuelta - o empezamos a caminar por la senda de un desarrollo más equitativo y consensuado. ¿Quién juega en cada equipo?

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