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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 154 | Noviembre 1994
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Nicaragua

Descolectivización: reforma agraria

No son los desalojos violentos, no son las vías legales. La realidad está mostrando que los campesinos pierden sus tierras porque las venden. ¿Y por qué lo hacen? Para frenar está contrarreforma agraria es necesario cambiar el enfoque: defender a los propietarios más que a la propiedad. Escuchar a los productores: qué quieren hacer ellos con las tierras que recibieron.

Equipo Nitlapán

La permanente presión de los campesinos nicaragüenses por acceder a la propiedad de la tierra logró que en los últimos 13 años más de 200 mil familias campesinas obtuvieran 2 millones y medio de manzanas de tierras a través de la reforma agraria. De ellas, más de medio millón fueron transferidas al finalizar la guerra a campesinos que combatieron en la Resistencia y en el EPS.

La reforma agraria logró cambiar profundamente la desigual distribución de la tierra que existía en Nicaragua y que era uno de los principales obstáculos estructurales para un desarrollo sostenible de la economía nacional. Los cambios en la estructura agraria tuvieron un efecto importante al reducir el latifundio ocioso y las grandes fincas de monocultivo, muy dependientes de insumos importados y de subsidios públicos y más sesgadas al consumo de los excedentes.

La nueva estructura agraria le ha abierto a Nicaragua una oportunidad única en su historia para intensificar la producción agropecuaria sobre la base del trabajo campesino subempleado y sobre las racionalidades económicas campesinas, que son las que potencian mejor el uso de los recursos nacionales.

Las tierras de la reforma agraria a la venta

A pesar de logros tan trascendentales, la tendencia actual es hacia un retroceso de la reforma agraria. Aunque es muy difícil cuantificar la cantidad exacta de tierras del sector reformado que han sido vendidas por campesinos beneficiarios de la reforma agraria, estudios en cuatro departamentos del país (Boaco, Chontales, Masaya y Rivas) permiten estimar que el 14% de la tierra recibida ya se ha vendido. Estos estudios revelan que en algunas regiones ganaderas (Nueva Guinea, Camoapa, Acoyapa), donde se asentó a familias desmovilizadas de la Resistencia, casi un tercio de la tierra recibida ha sido vendida a un precio que va entre los 75 y los 150 dólares por manzana, lo que evidencia que el mercado es sumamente desventajoso para los que venden.

Los principales compradores de estos "regalos" han sido algunos de los 300 grandes clientes privilegiados por los créditos del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), y que son connotados antisandinistas y también connotados sandinistas. Directivos del BANADES reconocen que la mora en la que hoy está gran parte del 40% de sus créditos se debe al "desvío" de créditos productivos para la compra de estas tierras a precios de "guate mojado".

No es de interés nacional que estas tierras, adquiridas ahora por estos grandes propietarios, vuelvan a ser explotadas en forma extensiva en ganadería tradicional y a costa de una excesiva dependencia del crédito público. Se perderían así las ventajas que tendría para el país la consolidación de fincas pequeñas y medianas. El drama no es que los campesinos vendan sus tierras sino que en ellas se organicen producciones que son menos eficientes para la economía nacional. Y la tragedia es que estos cambios de propiedad no se dan porque los que compran son económicamente más eficientes, sino porque son clientes privilegiados por el crédito de la banca estatal.

Reforma agraria "desde abajo"

En Nicaragua no hay quien no piense o quien no diga que el problema de la propiedad es crucial para la estabilidad y la reactivación económica del país. La preocupación ya es de todos. Pero el enfoque es diverso. La opinión pública urbana y el gobierno lo que más temen es un eventual conflicto entre los propietarios que fueron afectados por la reforma agraria y los campesinos que fueron beneficiados por ella. Y ése no es el problema principal. Son insignificantes los casos en que estos conflictos se hayan agudizado y desembocado en desalojos o confrontaciones violentas.

El problema central en la cuestión de la propiedad agraria, oculto para los políticos y que afecta directamente al desarrollo económico nacional, es otro. Es la inseguridad que sobre su propiedad tienen miles de campesinos poseedores de las tierras de una "nueva reforma agraria de iniciativa campesina". ¿En qué consiste ésta? En la parcelación en propiedades individuales que han hecho los campesinos en las tierras que recibieron de la reforma agraria en propiedad colectiva. El estimado es que el 90% de las tierras entregadas en propiedad colectiva en todo el país se han parcelado así, por iniciativa campesina. Pero esta reorganización hecha por los propios campesinos no les posibilita aún a estos beneficiarios de la reforma agraria el desarrollarse como finqueros. Existen bloqueos políticos que están impidiendo hacer definitiva la parcelación y los campesinos no obtienen escrituras de propiedad individual y no pueden cercar sus fincas.

De esta situación se derivan para ellos muchos problemas. No pueden combinar la ganadería con la agricultura. No se trasladan a residir a sus fincas. No diversifican sus producciones ni siembran árboles para disminuir los riesgos climáticos. No logran estabilizar su empleo, asegurar su alimentación y diversificar sus mercados. No hacen inversiones en trabajo: construcciones, un pozo... Las mujeres no logran sacarle partido a su trabajo con aves y cerdos e incorporarse a los trabajos productivos. Con incertidumbre miran el futuro: ¿serán esas tierras realmente su patrimonio familiar?

En el caso de las deudas que pesan sobre las tierras de propiedad colectiva hipotecadas, ningún socio individualmente se hace responsable y así, la deuda crece y crece, hasta que el problema se resuelve con la venta del patrimonio colectivo.

La inseguridad y el aumento de las necesidades en las que viven les están empujando a prácticas perjudiciales. Hacen una explotación "minera" de la tierra y continúan dependiendo del monocultivo, del uso excesivo de insumos químicos y de la mecanización motorizada. Otras prácticas son aún peores: la tala irracional de los árboles y el abandono de las tareas de reproducción de los suelos. Todas estas prácticas aumentan su fragilidad económica y los hacen aún más incapaces para enfrentar y adaptarse a los cambios del mercado. Mientras persista esta situación, la reforma agraria retrocederá, se reducirá la capacidad de los campesinos de vender sus tierras a buen precio y disminuirán las posibilidades de reactivación económica de ellos y con ellos, de todo el país.

Los propietarios, no la propiedad

Las fincas campesinas que tienen su propiedad en situación normal están resistiendo mejor los efectos del entorno económico desfavorable, valorizan mejor los recursos que contratan con los programas de financiamiento rural y se insertan con más diversificación de productos en los mercados locales.

Los campesinos propietarios individuales y las cooperativas que han conseguido consolidar la parcelación son hoy los que menos venden sus tierras. Las cooperativas que tienen tierras en propiedad colectiva son las que están vendiendo. En muchos casos, la venta de la tierra se negocia esencialmente entre el comprador y los directivos de la cooperativa.

Hay casos excepcionales de cooperativas de propiedad y de producción colectiva que se han consolidado. Pero normalmente se trata de cooperativas pequeñas, muy bien dotadas de medios y de ventajas económicas y cohesionadas por vínculos familiares. Obviamente, la falta de financiamiento y de otros servicios agrícolas representa también un serio bloqueo a la reactivación en el campo. También es evidente que la consolidación de las nuevas propiedades de "la reforma agraria de iniciativa campesina" no traerá por sí sola una reactivación económica acelerada ni creará mecánicamente las bases estructurales del desarrollo agrícola. Pero sí liberaría las energías de muchas familias campesinas, les haría superar sus resistencias económicas y fomentaría su creatividad, permitiendo que valorizaran mejor los recursos con los que ya cuentan.

La realidad nos está mostrando que más que desalojos violentos o que pérdida de tierras por vías legales, la reconcentración de la tierra se viene dando principalmente por la vía del propio mercado. Por esto, el problema de la propiedad en el campo debe tener otro enfoque: la defensa de los propietarios y no de la propiedad. La contra-reforma agraria avanza contra los que no pueden competir económicamente y no contra las propiedades repartidas por la reforma agraria.

Quieren la descolectivización

Desde 1984 se hicieron claras las serias limitaciones que tenía una reforma agraria que coaccionaba a los campesinos a organizarse en cooperativas donde todo era "colectivo". Fue la resistencia campesina a estas formas de organización - expresada en el incremento de las actividades de la contra en el interior del país, en la deserción de socios de las cooperativas, en la crisis económica de éstas y en el descontento creciente de los campesinos en algunas regiones del Pacífico - la que obligó al gobierno sandinista a flexibilizar su política agraria. A partir de entonces, una parte de las tierras comenzó a entregarse en parcelas individuales, aunque casi todas siguieron tituladas como propiedad colectiva.

A finales de los 80 fueron los campesinos los que iniciaron la parcelación de las cooperativas de producción. En el voto de los socios de muchas cooperativas contra el FSLN hay que leer su rechazo a las formas de colectivización que implementó el sandinismo. Con la derrota del FSLN en las elecciones de 1990, los productores aceleraron la descolectivización.

Este proceso de descolectivización refleja, por un lado, un fenómeno político. Y por otro, un fenómeno económico: la presión de los mercados sobre los productores para que se adapten técnica y organizativamente a otras condiciones. En la práctica, donde ha habido descolectivización los cambios no se han dado sólo en las formas de cooperar entre los productores, sino que abarcan las producciones y las técnicas de producción. En Masaya, los campesinos que han puesto cercas a sus propiedades y se han trasladado a residir a sus fincas, han diversificado su producción y han aumentado en cantidad y calidad el trabajo familiar, en forma que contrasta mucho con lo que consiguen las cooperativas colectivas de producción o los que parcelaron su cooperativa pero continúan sin poner cercos y con títulos de propiedad colectiva.

Descolectivización no es sinónimo de egoísmo o de individualismo cerrado. Descolectivizar la propiedad y la producción de la tierra no significa romper los vínculos de cooperación económica y organizativa que existen entre los campesinos. Entre los que ya se han descolectivizado se desarrollan centenares de nuevas iniciativas de cooperación: en los servicios financieros, en la difusión de consejos técnicos, en los servicios de comercialización... ¿Qué es lo que está frenando actualmente todas estas iniciativas campesinas, que presionan hacia una reorganización de la propiedad de tierras que fueron o siguen siendo colectivas? Son varios los frenos.

Cooperativas: imposición política del FSLN

La orientación sandinista de la reforma agraria en los años 80 -concebida como una operación fundamentalmente política destinada a frenar a la contra y a sumar simpatizantes a la revolución -está en gran medida en la base de los pobres resultados económicos que tuvo un paso tan transcendental como la reforma agraria. Está también en la base de la inseguridad que tantos campesinos sienten hoy sobre la propiedad que recibieron.

Las cooperativas de reforma agraria fueron vistas básicamente por sus promotores como aparatos de organización política y como palancas de la intervención estatal en la sociedad rural. Los campesinos fueron vistos por los técnicos y por los dirigentes políticos como beneficiarios de ayuda y como receptores de "modernas" y racionales orientaciones económicas y productivas. Nunca se les consideró sujetos económicos auténticos agente del progreso nacional.

Desde este limitado enfoque el desarrollo se priorizó a un "moderno" sector estatal y se subestimó por completo el potencial económico de la fincas familiares pequeñas y medianas. Pero no sólo se subestimó su importancia económica, sino que sancionó moralmente su racional económica, tachándola de individualista, egoísta incompatible con el "hombre nuevo". Sobre las técnicas tradicionales de producción campesina se hicieron muchos más juicios de valor que aproximaciones técnicas y económicas al por qué de ellas. Se ignoró la racionalidad técnica y social de las formas cooperación tradicionales: las ayudas entre familias, la "mano vuelta" y otras, todas ellas adaptadas al tipo de producción y a las condiciones de cada familia.

Cooperativas: mitos económicos

La cooperación que hacen entre sí los productores rurales tiene racionalidad: los campesinos la practican en las actividades en las que encuentran claras y duraderas ventajas económicas y sociales. Tradicionalmente, los productores rurales desarrollan siempre algunas actividades individualmente y otras colectivamente. La colectivización total de la producción y de la propiedad no tiene ninguna virtud moral ni ventajas o eficacia económica si los participantes no están convencidas de ellas.

La consecuencia lógica del enfoque politizado e ideologizado de la colectivización de la producción agropecuaria fue un profundo intervencionismo del gobierno y de las autoridades gremiales y partidarias en las decisiones productivas y organizativas de las cooperativas. Prevalecieron mitos económicos como las supuestas excelencias de las economías de escala o la presunta viabilidad de los programas de tecnificación. Estos mitos crearon enormes endeudamientos de los que hoy son más responsables los promotores que los mismos campesinos.

La base del control institucional de las cooperativas fueron, en gran medida, los recursos de poder político y económico que tenían las directivas de las cooperativas y sus prácticas verticalistas de gestión. Hoy, son muchos los casos de cooperativas en las que existen conflictos abiertos o velados entre los socios - que reivindican cambios en la propiedad - y los directivos - que se oponen a ellos -. Muchos dirigentes gremiales locales, en vez de respaldar un diálogo desideologizado, descalifican la actitud de los socios e insisten en que es contraria a los intereses políticos de los campesinos, al restarles capacidad para resistir a los terratenientes.

Una visión de este tipo promueve aún profundas distorsiones en la interpretación que los mismos campesinos hacen de sus propios problemas. Permanentemente se les presenta el problema como una crisis de la organización gremial o política por la ruptura de los vínculos que los mantenían colectivizados. Es éste un enfoque ideologizado y una explicación equivocada y tal vez interesada. En cualquier caso, no abre un camino constructivo.

Aún son pocas las voces que en el campo se atreven a dar un respaldo moral, intelectual y político a la "reforma agraria de iniciativa campesina" ya desarrollada y a otras iniciativas de los productores rurales que "desde abajo" buscan reorganizar de otra forma la cooperación agraria para resistir económicamente y recuperar valores morales y culturales tradicionales que pueden contribuir a la unidad rural y también al desarrollo del país.

Deudas, inseguridad legal, gastos

Enfrentar el problema de la propiedad rural supone voluntad política y apoyo económico. Y claridad sobre lo que hay que hacer: hay que enfrentar el problema de las deudas pendientes, hay que resolver un serio y postergado asunto legal y hay que asignar recursos.

Muchas cooperativas parceladas tienen deudas o hipotecas bancarias en forma colectiva, y aunque existen capacidades individuales diferenciadas para pagar la deuda de manera individual, ningún socio paga ante el riesgo de que, a pesar de algunos pagos, la propiedad colectiva continúe hipotecada y cerrada en el banco la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos.





Es un círculo vicioso: los que pueden pagar su deuda individual no pagan porque de todas maneras sus créditos estarían bloqueados por el endeudamiento colectivo y así, el endeudamiento colectivo continúa creciendo por los intereses financieros y por la descapitalización productiva.

Otro problema - aún más grave - es el de la inseguridad legal. Gran parte de las haciendas que fueron afectadas por la reforma agraria, no fueron nunca inscritas a nombre de los nuevos titulares en los registros públicos de la propiedad. Legalmente, se encuentran aún a nombre de sus antiguos dueños y legalmente, podrían ser reclamadas por éstos.

En la propuesta de reformas a la Constitución que se debate en la Asamblea Nacional se consigna que no habrá en Nicaragua más confiscaciones. Y aunque para el futuro el planteamiento es correcto, en este momento y legalmente, esto podría significar un total bloqueo al proceso de escrituración de las propiedades de todos los beneficiados con tierras, pero cuyas fincas aún se encuentran a nombre de los antiguos dueños confiscados. Un reciente estudio jurídico estima que un 76% de las tierras expropiadas por la reforma agraria estarían en ese riesgo.

Finalmente, la parcelación supone gastos: en mediciones topográficas, en servicios jurídicos y en impuestos. Las cercas con las que delimitar la propiedad representan también un costo material importante. Hoy, una gran mayoría de campesinos tiene voluntad de gastar lo que sea para obtener por fin su escritura de propiedad individual, pero la iliquidez rural y el empobrecimiento generalizado, les impiden disponer realmente de los recursos mínimos.

La reforma agraria de los 80 subestimó totalmente el potencial económico de las fincas pequeñas y medianas y tachó la racionalidad económica de estos productores rurales de individualista y de egoísta. Un 76% de las tierras expropiadas por la reforma agraria están hoy ya a nombre de los antiguos dueños confiscados. Con el NO constitucional a las confiscaciones, ¿se bloqueará el proceso de escrituración de estas propiedades?

Reforma Agraria: un cambio fundamental

La permanente presión de los campesinos nicaragüenses por acceder a la propiedad de la tierra logró que en los últimos 13 años más de 200 mil familias campesinas obtuvieran 2 millones y medio de manzanas de tierras a través de la reforma agraria. De ellas, más de medio millón fueron transferidas al finalizar la guerra a campesinos que combatieron en la Resistencia y en el EPS.

La reforma agraria logró cambiar profundamente la desigual distribución de la tierra que existía en Nicaragua y que era uno de los principales obstáculos estructurales para un desarrollo sostenible de la economía nacional. Los cambios en la estructura agraria tuvieron un efecto importante al reducir el latifundio ocioso y las grandes fincas de monocultivo, muy dependientes de insumos importados y de subsidios públicos y más sesgadas al consumo de los excedentes.

La nueva estructura agraria le ha abierto a Nicaragua una oportunidad única en su historia para intensificar la producción agropecuaria sobre la base del trabajo campesino subempleado y sobre las racionalidades económicas campesinas, que son las que potencian mejor el uso de los recursos nacionales.

Las tierras de la reforma agraria a la venta

A pesar de logros tan trascendentales, la tendencia actual es hacia un retroceso de la reforma agraria. Aunque es muy difícil cuantificar la cantidad exacta de tierras del sector reformado que han sido vendidas por campesinos beneficiarios de la reforma agraria, estudios en cuatro departamentos del país (Boaco, Chontales, Masaya y Rivas) permiten estimar que el 14% de la tierra recibida ya se ha vendido. Estos estudios revelan que en algunas regiones ganaderas (Nueva Guinea, Camoapa, Acoyapa), donde se asentó a familias desmovilizadas de la Resistencia, casi un tercio de la tierra recibida ha sido vendida a un precio que va entre los 75 y los 150 dólares por manzana, lo que evidencia que el mercado es sumamente desventajoso para los que venden.

Los principales compradores de estos "regalos" han sido algunos de los 300 grandes clientes privilegiados por los créditos del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), y que son connotados antisandinistas y también connotados sandinistas. Directivos del BANADES reconocen que la mora en la que hoy está gran parte del 40% de sus créditos se debe al "desvío" de créditos productivos para la compra de estas tierras a precios de "guate mojado".

No es de interés nacional que estas tierras, adquiridas ahora por estos grandes propietarios, vuelvan a ser explotadas en forma extensiva en ganadería tradicional y a costa de una excesiva dependencia del crédito público. Se perderían así las ventajas que tendría para el país la consolidación de fincas pequeñas y medianas. El drama no es que los campesinos vendan sus tierras sino que en ellas se organicen producciones que son menos eficientes para la economía nacional. Y la tragedia es que estos cambios de propiedad no se dan porque los que compran son económicamente más eficientes, sino porque son clientes privilegiados por el crédito de la banca estatal.

Reforma agraria "desde abajo"

En Nicaragua no hay quien no piense o quien no diga que el problema de la propiedad es crucial para la estabilidad y la reactivación económica del país. La preocupación ya es de todos. Pero el enfoque es diverso. La opinión pública urbana y el gobierno lo que más temen es un eventual conflicto entre los propietarios que fueron afectados por la reforma agraria y los campesinos que fueron beneficiados por ella. Y ése no es el problema principal. Son insignificantes los casos en que estos conflictos se hayan agudizado y desembocado en desalojos o confrontaciones violentas.

El problema central en la cuestión de la propiedad agraria, oculto para los políticos y que afecta directamente al desarrollo económico nacional, es otro. Es la inseguridad que sobre su propiedad tienen miles de campesinos poseedores de las tierras de una "nueva reforma agraria de iniciativa campesina". ¿En qué consiste ésta? En la parcelación en propiedades individuales que han hecho los campesinos en las tierras que recibieron de la reforma agraria en propiedad colectiva. El estimado es que el 90% de las tierras entregadas en propiedad colectiva en todo el país se han parcelado así, por iniciativa campesina. Pero esta reorganización hecha por los propios campesinos no les posibilita aún a estos beneficiarios de la reforma agraria el desarrollarse como finqueros. Existen bloqueos políticos que están impidiendo hacer definitiva la parcelación y los campesinos no obtienen escrituras de propiedad individual y no pueden cercar sus fincas.

De esta situación se derivan para ellos muchos problemas. No pueden combinar la ganadería con la agricultura. No se trasladan a residir a sus fincas. No diversifican sus producciones ni siembran árboles para disminuir los riesgos climáticos. No logran estabilizar su empleo, asegurar su alimentación y diversificar sus mercados. No hacen inversiones en trabajo: construcciones, un pozo... Las mujeres no logran sacarle partido a su trabajo con aves y cerdos e incorporarse a los trabajos productivos. Con incertidumbre miran el futuro: ¿serán esas tierras realmente su patrimonio familiar? En el caso de las deudas que pesan sobre las tierras de propiedad colectiva hipotecadas, ningún socio individualmente se hace responsable y así, la deuda crece y crece, hasta que el problema se resuelve con la venta del patrimonio colectivo.

La inseguridad y el aumento de las necesidades en las que viven les están empujando a prácticas perjudiciales. Hacen una explotación "minera" de la tierra y continúan dependiendo del monocultivo, del uso excesivo de insumos químicos y de la mecanización motorizada. Otras prácticas son aún peores: la tala irracional de los árboles y el abandono de las tareas de reproducción de los suelos. Todas estas prácticas aumentan su fragilidad económica y los hacen aún más incapaces para enfrentar y adaptarse a los cambios del mercado. Mientras persista esta situación, la reforma agraria retrocederá, se reducirá la capacidad de los campesinos de vender sus tierras a buen precio y disminuirán las posibilidades de reactivación económica de ellos y con ellos, de todo el país.

Los propietarios, no la propiedad

Las fincas campesinas que tienen su propiedad en situación normal están resistiendo mejor los efectos del entorno económico desfavorable, valorizan mejor los recursos que contratan con los programas de financiamiento rural y se insertan con más diversificación de productos en los mercados locales.

Los campesinos propietarios individuales y las cooperativas que han conseguido consolidar la parcelación son hoy los que menos venden sus tierras. Las cooperativas que tienen tierras en propiedad colectiva son las que están vendiendo. En muchos casos, la venta de la tierra se negocia esencialmente entre el comprador y los directivos de la cooperativa.

Hay casos excepcionales de cooperativas de propiedad y de producción colectiva que se han consolidado. Pero normalmente se trata de cooperativas pequeñas, muy bien dotadas de medios y de ventajas económicas y cohesionadas por vínculos familiares. Obviamente, la falta de financiamiento y de otros servicios agrícolas representa también un serio bloqueo a la reactivación en el campo. También es evidente que la consolidación de las nuevas propiedades de "la reforma agraria de iniciativa campesina" no traerá por sí sola una reactivación económica acelerada ni creará mecánicamente las bases estructurales del desarrollo agrícola. Pero sí liberaría las energías de muchas familias campesinas, les haría superar sus resistencias económicas y fomentaría su creatividad, permitiendo que valorizaran mejor los recursos con los que ya cuentan.

La realidad nos está mostrando que más que desalojos violentos o que pérdida de tierras por vías legales, la reconcentración de la tierra se viene dando principalmente por la vía del propio mercado. Por esto, el problema de la propiedad en el campo debe tener otro enfoque: la defensa de los propietarios y no de la propiedad. La contra-reforma agraria avanza contra los que no pueden competir económicamente y no contra las propiedades repartidas por la reforma agraria.

Quieren la descolectivización

Desde 1984 se hicieron claras las serias limitaciones que tenía una reforma agraria que coaccionaba a los campesinos a organizarse en cooperativas donde todo era "colectivo". Fue la resistencia campesina a estas formas de organización - expresada en el incremento de las actividades de la contra en el interior del país, en la deserción de socios de las cooperativas, en la crisis económica de éstas y en el descontento creciente de los campesinos en algunas regiones del Pacífico - la que obligó al gobierno sandinista a flexibilizar su política agraria. A partir de entonces, una parte de las tierras comenzó a entregarse en parcelas individuales, aunque casi todas siguieron tituladas como propiedad colectiva.

A finales de los 80 fueron los campesinos los que iniciaron la parcelación de las cooperativas de producción. En el voto de los socios de muchas cooperativas contra el FSLN hay que leer su rechazo a las formas de colectivización que implementó el sandinismo. Con la derrota del FSLN en las elecciones de 1990, los productores aceleraron la descolectivización.

Este proceso de descolectivización refleja, por un lado, un fenómeno político. Y por otro, un fenómeno económico: la presión de los mercados sobre los productores para que se adapten técnica y organizativamente a otras condiciones. En la práctica, donde ha habido descolectivización los cambios no se han dado sólo en las formas de cooperar entre los productores, sino que abarcan las producciones y las técnicas de producción. En Masaya, los campesinos que han puesto cercas a sus propiedades y se han trasladado a residir a sus fincas, han diversificado su producción y han aumentado en cantidad y calidad el trabajo familiar, en forma que contrasta mucho con lo que consiguen las cooperativas colectivas de producción o los que parcelaron su cooperativa pero continúan sin poner cercos y con títulos de propiedad colectiva.

Descolectivización no es sinónimo de egoísmo o de individualismo cerrado. Descolectivizar la propiedad y la producción de la tierra no significa romper los vínculos de cooperación económica y organizativa que existen entre los campesinos. Entre los que ya se han descolectivizado se desarrollan centenares de nuevas iniciativas de cooperación: en los servicios financieros, en la difusión de consejos técnicos, en los servicios de comercialización... ¿Qué es lo que está frenando actualmente todas estas iniciativas campesinas, que presionan hacia una reorganización de la propiedad de tierras que fueron o siguen siendo colectivas? Son varios los frenos.

Cooperativas: imposición política del FSLN

La orientación sandinista de la reforma agraria en los años 80 -concebida como una operación fundamentalmente política destinada a frenar a la contra y a sumar simpatizantes a la revolución -está en gran medida en la base de los pobres resultados económicos que tuvo un paso tan transcendental como la reforma agraria. Está también en la base de la inseguridad que tantos campesinos sienten hoy sobre la propiedad que recibieron.

Las cooperativas de reforma agraria fueron vistas básicamente por sus promotores como aparatos de organización política y como palancas de la intervención estatal en la sociedad rural. Los campesinos fueron vistos por los técnicos y por los dirigentes políticos como beneficiarios de ayuda y como receptores de "modernas" y racionales orientaciones económicas y productivas. Nunca se les consideró sujetos económicos auténticos agente del progreso nacional.

Desde este limitado enfoque el desarrollo se priorizó a un "moderno" sector estatal y se subestimó por completo el potencial económico de la fincas familiares pequeñas y medianas. Pero no sólo se subestimó su importancia económica, sino que sancionó moralmente su racional económica, tachándola de individualista, egoísta incompatible con el "hombre nuevo". Sobre las técnicas tradicionales de producción campesina se hicieron muchos más juicios de valor que aproximaciones técnicas y económicas al por qué de ellas. Se ignoró la racionalidad técnica y social de las formas cooperación tradicionales: las ayudas entre familias, la "mano vuelta" y otras, todas ellas adaptadas al tipo de producción y a las condiciones de cada familia.

Cooperativas: mitos económicos

La cooperación que hacen entre sí los productores rurales tiene racionalidad: los campesinos la practican en las actividades en las que encuentran claras y duraderas ventajas económicas y sociales. Tradicionalmente, los productores rurales desarrollan siempre algunas actividades individualmente y otras colectivamente. La colectivización total de la producción y de la propiedad no tiene ninguna virtud moral ni ventajas o eficacia económica si los participantes no están convencidas de ellas.

La consecuencia lógica del enfoque politizado e ideologizado de la colectivización de la producción agropecuaria fue un profundo intervencionismo del gobierno y de las autoridades gremiales y partidarias en las decisiones productivas y organizativas de las cooperativas. Prevalecieron mitos económicos como las supuestas excelencias de las economías de escala o la presunta viabilidad de los programas de tecnificación. Estos mitos crearon enormes endeudamientos de los que hoy son más responsables los promotores que los mismos campesinos.

La base del control institucional de las cooperativas fueron, en gran medida, los recursos de poder político y económico que tenían las directivas de las cooperativas y sus prácticas verticalistas de gestión. Hoy, son muchos los casos de cooperativas en las que existen conflictos abiertos o velados entre los socios - que reivindican cambios en la propiedad - y los directivos - que se oponen a ellos -. Muchos dirigentes gremiales locales, en vez de respaldar un diálogo desideologizado, descalifican la actitud de los socios e insisten en que es contraria a los intereses políticos de los campesinos, al restarles capacidad para resistir a los terratenientes.

Una visión de este tipo promueve aún profundas distorsiones en la interpretación que los mismos campesinos hacen de sus propios problemas. Permanentemente se les presenta el problema como una crisis de la organización gremial o política por la ruptura de los vínculos que los mantenían colectivizados. Es éste un enfoque ideologizado y una explicación equivocada y tal vez interesada. En cualquier caso, no abre un camino constructivo.

Aún son pocas las voces que en el campo se atreven a dar un respaldo moral, intelectual y político a la "reforma agraria de iniciativa campesina" ya desarrollada y a otras iniciativas de los productores rurales que "desde abajo" buscan reorganizar de otra forma la cooperación agraria para resistir económicamente y recuperar valores morales y culturales tradicionales que pueden contribuir a la unidad rural y también al desarrollo del país.

Deudas, inseguridad legal, gastos

Enfrentar el problema de la propiedad rural supone voluntad política y apoyo económico. Y claridad sobre lo que hay que hacer: hay que enfrentar el problema de las deudas pendientes, hay que resolver un serio y postergado asunto legal y hay que asignar recursos.

Muchas cooperativas parceladas tienen deudas o hipotecas bancarias en forma colectiva, y aunque existen capacidades individuales diferenciadas para pagar la deuda de manera individual, ningún socio paga ante el riesgo de que, a pesar de algunos pagos, la propiedad colectiva continúe hipotecada y cerrada en el banco la posibilidad de acceder a nuevos financiamientos.

Es un círculo vicioso: los que pueden pagar su deuda individual no pagan porque de todas maneras sus créditos estarían bloqueados por el endeudamiento colectivo y así, el endeudamiento colectivo continúa creciendo por los intereses financieros y por la descapitalización productiva.

Otro problema - aún más grave - es el de la inseguridad legal. Gran parte de las haciendas que fueron afectadas por la reforma agraria, no fueron nunca inscritas a nombre de los nuevos titulares en los registros públicos de la propiedad. Legalmente, se encuentran aún a nombre de sus antiguos dueños y legalmente, podrían ser reclamadas por éstos.

En la propuesta de reformas a la Constitución que se debate en la Asamblea Nacional se consigna que no habrá en Nicaragua más confiscaciones. Y aunque para el futuro el planteamiento es correcto, en este momento y legalmente, esto podría significar un total bloqueo al proceso de escrituración de las propiedades de todos los beneficiados con tierras, pero cuyas fincas aún se encuentran a nombre de los antiguos dueños confiscados. Un reciente estudio jurídico estima que un 76% de las tierras expropiadas por la reforma agraria estarían en ese riesgo.

Finalmente, la parcelación supone gastos: en mediciones topográficas, en servicios jurídicos y en impuestos. Las cercas con las que delimitar la propiedad representan también un costo material importante. Hoy, una gran mayoría de campesinos tiene voluntad de gastar lo que sea para obtener por fin su escritura de propiedad individual, pero la iliquidez rural y el empobrecimiento generalizado, les impiden disponer realmente de los recursos mínimos.

Propuestas para apoyar la "reforma agraria de iniciativa campesina"

-Promover un debate desideologizado sobre los cambios agrarios que han tenido y tienen lugar en Nicaragua. En él, privilegiar lo que más convenga a la economía nacional y al interés de los productores beneficiarios de la reforma agraria.-Apoyar el proceso que desemboque en la legalización de la posesión individual de las parcelas. La titulación individual debe ser el primer paso en el apoyo a las iniciativas campesinas. Después deben venir otros pasos que también requieren de apoyo: para lograr consolidarse como finquero no basta ser "individual", hace falta ser competitivo en las nuevas condiciones del mercado.

-Exonerar de impuestos el proceso de escrituración individual, particularmente cuando se efectúe el traspaso de la propiedad.

-Negociar la individualización de la deuda colectiva de las cooperativas con el BANADES.

-Apoyar económicamente la instalación de los campesinos en las parcelas con un apoyo financiero mínimo para la construcción de cercas vivas perimetrales, lo que fomentarás la diversificación de la producción, las inversiones de mediano plazo y una mayor incorporación del trabajo familiar.

-Crear un banco hipotecario para orientar el mercado de tierras y facilitar que pequeños productores puedan comprar parcelas de los que venden.-Abrir las fuentes del financiamiento rural institucional para apoyar la reactivación de las unidades familiares y a las cooperativas de producción que sí han logrado consolidarse.

Debate: escuchar a los campesinos

En el debate sobre la propiedad rural, el gobierno - al igual que el FSLN - ignoran el problema de la crisis económica de los campesinos porque ésta no estaría siendo causa directa de desestabilización política. Efectivamente, así es. Y ésta es la razón de lo poco que se ha avanzado en la solución del problema. El enfoque predominante de las cúpulas de poder político es esencialmente político. Y el intento de mezclar el problema de los beneficiarios de la reforma agraria con el de la "piñata" sandinista ha creado un serio obstáculo para la búsqueda de un esquema estable de propiedad que reconozca y dé plena legitimidad a este tan importante sector social.

¿Qué quieren los campesinos? En este debate, lo que los campesinos colocan en el centro de su problema es la descolectivización de la propiedad. La descolectivización es el paso indispensable para la reorganización de la producción de acuerdo a sus conveniencias y bajo formas de cooperación escogidas libremente entre ellos de acuerdo a las ventajas económicas y sociales que en esa cooperación encuentren. Desde el punto de vista del interés nacional, defender a los propietarios es apostar por la reactivación económica de Nicaragua, reconociendo el potencial económico que tienen los sistemas de producción y las prácticas económicas de los pequeños y medianos productores rurales si el país se quiere desarrollar.

Argumentar sobre las ventajas de las pequeñas economías familiares y sobre el rol positivo que ellas pueden jugar en el desarrollo nacional, no nace de una posición ética sobre el desarrollo "ideal". La experiencia histórica de varios países del Sudeste asiático - hoy desarrollado - o de la Europa industrializada, dan realismo a este argumento. Los actuales procesos de descolectivización que viven millones de campesinos en la ex-Unión Soviética y en el resto de países que formaron el bloque socialista, en Vietnam y en China, se enmarcan no sólo en convulsionados procesos de cambio político sino en el reconocimiento del potencial económico del campesinado.

Actualmente, sólo Nicaragua entre todos los países de América Latina, tiene tal vez tantas oportunidades para un desarrollo económico sostenible y equitativo. Y esto por los avances logrados en la distribución de la tierra: más de 2 millones y medio de manzanas entregadas y más de 200 mil familias beneficiadas.

Terratenientes y tecnócratas: coincidencias

La reactivación del sector agropecuario depende en gran medida de las posibilidades de que este nuevo sector de propietarios y el sector campesino tradicional logren consolidar y reactivar sus fincas. Su capacidad de generar y ahorrar divisas, de crear empleo, de producir alimentos para la ciudad convierten a estas y a estos nicaragüenses en un sector con un enorme potencial económico. De su consolidación depende el establecimiento de un largo período de paz en el campo. No se trata de excluir a las grandes empresas agrícolas, sino de crear para grandes y pequeños iguales condiciones de participación en el mercado. Se trata de que el Estado fomente a los diversos sectores según lo que aportan a la economía y al desarrollo social.

No todos los beneficiarios de la reforma agraria podrán consolidarse como finqueros. Unos porque no tienen la experiencia productiva ni de organización económica para hacerlo. Otros porque tienen pocos recursos y terminarán vendiendo sus tierras. Pero como la mayoría sólo tiene ante sí la alternativa del desempleo y del hambre, muchos optarán por el camino de buscar cómo consolidar sus fincas.

Está más que demostrada la falsedad del pensamiento de los terratenientes oligárquicos o de los tecnócratas de izquierda que afirma que los pequeños productores son haraganes e incapaces de aumentar su productividad. Lo mínimo que hoy puede hacerse para expresar con obras que esas ideas son rastros del pasado es dar a los pequeños la oportunidad de participar en una economía de mercado transparente y desligada de criterios políticos.

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