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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 153 | Octubre 1994
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Nicaragua

La hora de la transparencia

La elaboración del presupuesto, la evaluación de la ayuda externa, la renegociación de la deuda y un programa económico quinquenal. Son cuatro iniciativas, cuatro oportunidades para poner a prueba si hay voluntad de consenso y de transparencia.

Equipo Nitlápan-Envío

En Nicaragua nos hemos acostumbrado a vivir en un permanente escenario de enfrentamiento. La clase política, los partidos - y sus múltiples facciones y fracciones - viven en continua guerra verbal, tratando unos de destruir las posiciones de los otros. De vez en cuando, los más radicales se cobran alguna víctima. Y aunque la violencia rural ya no tiene la intensidad que tenía durante la guerra, el espectro de la década bélica sigue dificultando la reconciliación de los nicaragüenses. Por supuesto, las polarizaciones importadas en los tiempos de la guerra fría sirven muchas veces de bandera para uno y otro bando, pero esas banderas se colorean con múltiples matices ideológicos y - a falta de posiciones teóricas muy definidas - aparecen siempre en primero o en segundo plano las aspiraciones y las disputas personales.

Hacia dónde y cómo avanzar

Las disputas ocupan el tiempo y las energías, en primer lugar, de los partidos políticos. Particularmente, se dan en la propia cancha del gobierno. Pero trascienden a otros espacios de la sociedad, sobre todo al de los medios de comunicación, que se encargan de ampliar - hasta deformarla - la imagen de una sociedad profundamente dividida y polarizada. Desde los enfrentamientos sangrientos en el campo o las bombas contra algunos monumentos, hasta los inflamados discursos de los comentaristas de radio: todo contribuye a la imagen de un país en el que todos están contra todos.

Se refuerza así la imagen internacional de un país inseguro y poco atractivo, tanto para el turista como para el inversionista. Los países donantes y las agencias de cooperación bilateral o gubernamental tienen cada vez más serias dudas sobre la eficacia de la generosa ayuda que dan año tras año a Nicaragua, pero no llegan a formular la posibilidad de reducir sustancialmente esa ayuda por temor, precisamente, a provocar una mayor escasez, que desencadenaría un caos social aún más generalizado y difícilmente controlable. El mismo sentimiento de no poder retroceder sin provocar mayores trastornos y de no saber para dónde ni cómo avanzar - que parece compartir la mayoría de los nicaragüenses y que percibe cualquier observador al ver la actuación de la clase política o el incendiario discurso de los medios - lo tienen también los países donantes.

Delincuencia y corrupción

En el plano de la economía, las cosas no van mucho mejor en cuanto a dar una imagen de cohesión social y de búsqueda en común de una salida hacia el desarrollo. El Ejecutivo, amparado en el derecho constitucional, continúa con su tradición de secretismo. Los sectores con capital buscan las formas más rápidas y menos arriesgadas de enriquecimiento. Los pocos sectores con alguna capacidad de organización para poder defender sus intereses gremiales - cafetaleros, transportistas... - lo hacen con más o menos éxito.

Las grandes mayorías de pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad tratan únicamente de sobrevivir. Aunque carecen de capital para invertir y de formación para dirigir adecuadamente su proceso productivo en el mercado nacional o extranjero y tienen un alto grado de desocupación, son ellos los que contribuyen a generar la mayor parte de la escasa producción de riqueza del país.

Otros sectores - tradicionalmente beligerantes en la sociedad nicaragüense -: los estudiantes, los obreros y empleados, agobiados por el desempleo o por su espectro cercano, han caído en una gran anomia. Pocos son los que se sienten representados en las contiendas de la clase política y menos aún, los que esperan algo del futuro y del gobierno. A ellos - a quienes con mucho cinismo recomiendan los ideólogos neoliberales: "no esperen nada del gobierno, encárguense ustedes de ustedes mismos" - nadie los escucha, aunque muchos pretendan hablar en su nombre.

¿Será que, entre la delincuencia de los de abajo y la corrupción de los de arriba, Nicaragua perecerá? La delincuencia - tanto urbana como rural - se presenta como la contraparte popular de la corrupción que afecta a las clases acomodadas ligadas a los círculos nepóticos del gobierno. Esta corrupción y la avidez destructora del medio ambiente que caracteriza a los muchos empresarios nacionales y extranjeros, abandonados a su ambición por un gobierno que ha renunciado a cumplir su principal función: - resguardar a los intereses de todos por encima de los intereses particulares -, sumada a la violencia individual, pueden fabricar el ataúd de una sociedad que no logra establecer las bases del contrato social para hacerse viable como nación.

Esquizofrenia nacional

Termina 1994 y la dinámica pre-electoral continúa siendo la principal preocupación de la clase política, aunque la economía del país siga postrada, aunque los conflictos sociales y políticos se sucedan en una espiral sin fin, aunque nuestras oportunidades de lograr consensos o aprovechar el acceso a nuevos recursos externos sean desperdiciadas. Hay como una especie de esquizofrenia, muy dañina para toda la nación. Por un lado, están las dinámicas pre-electorales, con su secuela de alianzas, pactos, disensiones y reagrupamientos de los grupos políticos y partidarios. Desde hace un tiempo, esta dinámica incluye a la banca estatal, que exige enormes pagos en mora a clientes que son también grandes empresarios. Les recuerda así a los potenciales adversarios de Antonio Lacayo lo costoso que podría ser ponerle obstáculos a las ambiciones presidenciales del Ministro.

Por otro lado, todos los restantes productores, unidos, claman porque se les dé apoyo real para sacar adelante el país. La falta de crédito, el encarecimiento de los insumos y la inseguridad rural dificultan sus esfuerzos por producir. Los finqueros y los medianos productores son los más afectados por esta tríada de problemas.

Ante estas profundas contradicciones, los donantes externos empiezan a dar signos de cansancio. Ven a Nicaragua como un barril sin fondo y no aprecian que su cooperación se refleje en el comportamiento de la economía. La sociedad civil, por su parte, aparece fragmentada y en gran parte exhausta. La población vive cada vez más angustiada por la falta de empleo, los bajos ingresos, el riesgo de la delincuencia y la violencia. Sobre todo, por la falta de esperanzas realistas que le den ánimo para seguir adelante. Nicaragua es un país que funciona a varias velocidades, no sólo discordantes entre sí, sino frecuentemente dirigidas hacia vías opuestas.

No habrá ganadores

¿Ninguna esperanza entonces? Tal vez de la profundidad del drama pueden surgir elementos para su superación. Cada vez es mayor la conciencia de que en el actual juego, y tal como vamos, no hay ganadores. Sea quién sea el ganador en las elecciones de 1996, lo que no se haga hoy por despolarizar el país y por reactivarlo, le será cobrado a cualquiera en esa fecha. No se puede sacar ningún beneficio en una casa dividida y en bancarrota. Esto puede facilitar el que se empiece a razonar ahora, cuando el país aún se encuentra al borde del precipicio.

Ojalá fuera cierta la utopía de los neoliberales más radicales, ojalá el libre juego de cada una de las fuerzas individuales condujera a la máxima ventaja de todos. Ojalá no sucediera lo que a diario vemos en los semáforos de Managua, cuando se va la energía eléctrica durante cuatro horas en ese sector. ¿Es que cada ciudadano sabe cómo hacer y actúa responsablemente, dejando pasar a los demás para no obstaculizar los cruces? ¿O los cruces se convierten en un campo de batalla donde, al querer pasar todos al mismo tiempo, el paso de todos queda taponado? Si el neoliberalismo tiene tanta confianza en sus propios planteamientos, ¿por qué se sigue cobrando impuestos para hacer funcionar los semáforos, en vez de dejar actuar libremente en los cruces las energías individuales de los conductores?

Pero no todos son o se hacen tan ingenuos. Hay muchos que están convencidos de que el juego social necesita de instancias donde se establezcan reglas, donde se las haga respetar y donde se busque hacer coherentes las normales divergencias de intereses que surgen entre los diferentes grupos sociales. Hay muchos que piensan que estas reglas y estas instancias no entorpecen los impulsos individuales y que, aunque pueden frenar la voracidad de algunos, tienen como principal fin dar a las mayorías la confianza necesaria en un entorno lo suficientemente estable para canalizar sus energías creativas. Los que así piensan deben aprovechar todos los espacios posibles que ayuden a forjar las bases del consenso social y a fortalecer las instancias que contribuyan a ello.

Hay que hacer algo

A pesar de todo, la difícil situación actual es una coyuntura favorable. Se están dando grandes oportunidades, que no se podrían haber logrado en el pasado y que no hay que dejar pasar. Pese a la negativa imagen nacional que pintan a diario los medios de comunicación, existe en todos los sectores sociales y políticos el sentimiento de que "hay que hacer algo". Hasta los que tienen la capacidad económica de enviar a sus hijos a estudiar fuera para que puedan ir a trabajar en otros países, recuerdan que Nicaragua es su patria y que la cuna de sus padres debería seguir siendo la de sus nietos. El resto - la mayoría -, los que no pueden irse - a no ser como braceros a Costa Rica o como lavacarros a Estados Unidos -, espera contra toda esperanza que la situación mejore. Pero no tienen por sí mismos la capacidad de cambiar la situación económica que los rodea y los ahoga.

Si los mismos banqueros privados - sin duda, el sector económico más acomodado del país - consideran que la situación global no ofrece condiciones de seguridad para apoyar la inversión productiva nacional, si su correcta lógica microeconómica les lleva a preferir hacer inversiones financieras en el exterior - están en su derecho -, entonces, ¿cómo esperar que los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los profesionales, los empleados, todos aquellos a los que con costo les ajusta para vivir, depongan su actitud pasiva y empiecen a comportarse como si la economía estuviese floreciente?

Nadie cree en el córdoba

Si la elemental prudencia financiera de los banqueros privados - que captan más dinero del público en dólares que en córdobas, porque los sectores que tienen ahorros financieros en este país consideran la divisa norteamericana como un valor más seguro y no sólo como un medio de hacer transacciones comerciales con el exterior - les impide convertir en córdobas para préstamos este ahorro en dólares, ¿cómo esperar que los sectores económicos menos acomodados se pongan a invertir y a trabajar sin temores?

Si las mismas autoridades monetarias del país muestran que no tienen confianza en la moneda nacional al tomar la paridad del dólar como índice de precio de los préstamos que otorgan al sistema financiero, ¿cómo esperar que el público en general tenga confianza en una moneda en la que no creen los que la emiten?

Aquí está el meollo de la asfixiante política monetaria que el gobierno sigue imponiendo al país: es cierto que no existe una gran inflación, pero sólo a costa de que no exista suficiente dinero. Las causas de la inflación no han desaparecido. Según los asesores de la política monetaria - los que por cuenta de los organismos financieros internacionales vigilan nuestra política económica -, no se pueden cambiar las actuales reglas recesivas de política monetaria porque esto provocaría de inmediato el retorno a altas e incontrolables tasas de inflación, con lo que se perdería todo lo que a duras penas se ha logrado en materia de estabilización en los últimos años. Reconocen así que la inflación esta ahí, aunque sólo agazapada y al acecho.

Estos asesores y el gobierno tienen miedo de que si otorgan de nuevo muchas facilidades de crédito a empresarios y consumidores, éstos comenzarán a querer proteger el poder adquisitivo de este momentáneo exceso de capital transformando los córdobas que reciben en dólares, presionando así sobre la divisa. Y como la divisa - el dólar - no es sólo este "medio de refugio", sino también un insumo de la producción y un signo para fijar las expectativas de precios de los agentes independientes, por cualquiera de estas tres vías, y una vez agotadas las reservas de divisas públicas, podríamos regresar a la hiperinflación. Ya lo sabemos por experiencia. Para los monetaristas, nuestra disyuntiva está clara: o morimos de hiperinflación o morimos de asfixia por estancamiento.

Reformar las instituciones

En algo tienen razón los economistas neoliberales: el mercado nos rige. Aunque más apropiadamente sería decir: los mercados. Si queremos que funcione la economía en la que estamos inmersos no será escapando del mercado sino mejorándolo. Los agentes económicos toman sus decisiones en función de las señales que el mercado les envía. Y la realidad es que en la Nicaragua de hoy las señales del mercado no son nada alentadoras para nadie. Si debemos esperar que el sector privado - constituido por miles y miles de agentes individuales - se mueva por sí mismo y como un único cuerpo hacia una mejor situación económica, podemos esperar hasta el día del juicio final. Porque la imagen que este sector privado se envía a sí mismo le impide objetivamente emprender las acciones que lo harían cambiar.

¿Un círculo vicioso interminable? No. Porque para superar esta profunda contradicción, las sociedades humanas han generado instituciones. El gobierno constituye la cabeza más visible de todas ellas. El problema de fondo es que esas instituciones no se crean de la noche a la mañana: se heredan del pasado y - con todas sus debilidades - reflejan los avances y las distorsiones acumuladas por la sociedad a lo largo de su historia.

Secretismo debe terminar

Obviamente, hay momentos en los que se vuelve necesario cambiar las instituciones o, al menos, adaptarlas a las nuevas circunstancias. En la coyuntura actual de Nicaragua ha llegado el momento de reformar una de las principales instituciones de cualquier país: la Constitución Política. El Presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán, señalaba recientemente que en Nicaragua, uno de los principales frenos a la inversión extranjera - y privada en general - no sería tanto la violencia política, que no ha sido mayor que la de los países vecinos, sino la alta discrecionalidad que afecta a las débiles instituciones de la República. El nepotismo y la corrupción que estas instituciones siempre han permitido, contribuyen sin duda a dificultar la capacidad de regulación que la sociedad nicaragüense necesita para desarrollarse en el marco de una economía de mercado.

Aún cuando las reformas constitucionales constituyan una necesaria llave para introducir más transparencia en los cimientos de la sociedad, no representan un fin en sí mismas. Más allá de ser un medio para impedir la elección o reelección de unos o de otros o de usarse como un as en el intercambio de favores y zancadillas - juego diario de la clase política -, las reformas son una inesperada oportunidad. Deben servir de ocasión para empezar a establecer nuevas reglas de funcionamiento en el manejo de un instrumento clave que tiene la sociedad para avanzar: la política económica.

Está suficientemente demostrado que ningún gobierno puede prescindir de una política económica activa. Menos, en las condiciones de acelerada transformación que caracterizan hoy a Nicaragua. Está también demostrado que este gobierno no tiene la capacidad de llevar a cabo por sí solo una política económica diferente y que el secretismo que lo ha caracterizado hasta el momento - roto por primera vez pero por poco tiempo cuando se firmó el ESAF en abril - ya no funciona.

No importa si este secretismo se impuso y se practicó para esconder la incapacidad de los tecnócratas - tarde o temprano, ha salido a relucir en los foros internacionales -. No importa si fue para encubrir el nepotismo y la corrupción. O simplemente, si lo instaló la inexperiencia en el empleo de los mecanismos que estimulan la participación de la sociedad y la transparencia en los asuntos públicos. Lo que importa es que este estilo de gobierno ha llegado a su fin, que la nación entera reclama transparencia y que las mismas instituciones que componen el Estado están dispuestas a reformarse para lograrla.

Tal vez porque ya no hay nada que robar o tal vez porque ha quedado a luz pública que la construcción activa de mecanismos de consenso sobre los temas principales de la política económica es una necesidad de emergencia nacional, lo cierto es que hay señales de que crece la convicción de que los asuntos de todos son responsabilidad de todos y deben manejarlos todos.

En la actualidad existen, al menos, cuatro iniciativas clave para comenzar a poner en práctica nuevas reglas de funcionamiento en la sociedad:
- La elaboración y discusión del Presupuesto de la República.

- La evaluación y posible reorientación de la cooperación externa.

- La renegociación de la deuda externa.

- La construcción de un programa económico quinquenal, realista y compartido por todos los sectores sociales.

Elaboración del presupuesto

Antes de que el presupuesto general del gobierno para el año 1995 fuera presentado a la Asamblea Nacional, ya se daban las primeras escaramuzas en torno a él. Como en una primera ronda cada una de las instituciones del Estado tiene que elaborar su propuesta y enviarla al Ministerio de Finanzas - que debe conciliarlas todas para enviar a la Asamblea una propuesta global -, ésta es la oportunidad que tiene cada institución de pedir un aumento. Al final, como el aumento total depende de la condicionalidad de la política monetaria, cualquier aumento para algunos se traduce en menor aumento para otros.

Es muy temprano aún para poder evaluar y comparar las diferentes partidas del gasto. Lo que es de vital importancia es abandonar la idea de que el presupuesto público es como el presupuesto de cualquier hogar: un asunto privado que sólo incumbe al ama de casa, una guía que le indica que sólo puede gastar los ingresos previstos de la familia, eventualmente menos, pero no más. El Ministerio de Finanzas es otra realidad. Tiene la responsabilidad de elaborar simultáneamente un presupuesto de gastos y de ingresos, con el que afectará indirectamente a todo el país y no sólo a las instituciones estatales que dependen directamente de él. Se trata, por esto, de un "presupuesto económico" y no sólo fiscal. Y por esto, debería ser concertado con todos los sectores económicos, para que sea más realista y para que tenga el respaldo de todos.

¿Qué presupuesto exigir?

La Asamblea Nacional debe conocer el presupuesto, modificarlo y aprobarlo. Sin embargo - y así como sucede incluso en los países más desarrollados -, el presupuesto que se ejecute después en la realidad dependerá de las circunstancias económicas concretas en las que se encuentre el país en el momento de la ejecución y no sólo de la letra de lo que fue aprobado. Pero como este margen de libertad en la ejecución deja abierta la puerta a las arbitrariedades, es necesario que la programación sea lo más realista posible para poder limitar éstas.

Como prevención a esta "enfermedad" de las arbitrariedades, la Asamblea debe exigir del Ejecutivo un presupuesto lo más sustentado posible y no una simple programación de ingresos sin justificación, como ha sido costumbre elaborar en años anteriores. Y debe tener esta precaución porque es lógico que el Ejecutivo no quiera autolimitarse en sus márgenes de maniobra.

El caso de la discusión gobierno - cafetaleros expresa bien la disyuntiva en la que se encuentran las autoridades económicas. Por un lado, proclaman "menos Estado" y por otro, buscan fuentes de ingresos adicionales para el Estado. Sin embargo, por una vez que se trata de cobrar un impuesto directo - que favorece la justicia social - sobre una actividad de exportación - las que más contribuyen a la concentración del ingreso - resulta discutible la oposición que ha presentado el gremio cafetalero a pagar el impuesto. ¿Cómo se puede pretender que el gobierno se encargue de resguardar el Norte de las bandas de delincuentes y también de la reparación de los caminos para sacar la cosecha y al mismo tiempo no apoyar el principio según el cual la inesperada, pero al parecer duradera, sobreganancia de los cafetaleros por la bonanza de los precios internacionales beneficie a toda la nación por la vía de los impuestos?

Si no aceptamos esto, caemos en la misma hipocresía que prevalece en el uso engañoso de las cifras que hiciera recientemente un alto funcionario del Banco Central, al señalar como un gran logro nacional cierto repunte observado en las exportaciones. Esto - afirmó - viene a mejorar la perspectiva de la balanza comercial al finalizar el año. No es tan cierto. Dada la concentración del ingreso tradicionalmente asociada a las actividades exportadoras, este repunte sólo será un verdadero logro para la economía nacional si va acompañado de un aumento del ingreso de los sectores que más consumen productos nacionales o si se traduce en reinversiones productivas. Si no fuera así, es socialmente preferible y económicamente necesario que el Estado eleve los impuestos que cobra sobre los ingresos generados por las actividades exportadoras para financiar con ellos inversiones fijas o desarrollo del capital humano.

Evaluar cooperación externa

La elaboración y discusión del presupuesto no es el único momento del año en que el Ejecutivo debería de garantizar la coherencia entre los diferentes aspectos de su política económica y una discusión transparente con los sectores económicos. Evaluar y reorientar la cooperación externa: he ahí otra ocasión. Un análisis de la eficacia que ha tenido la abundante cooperación externa recibida en los últimos años muestra que las cosas no andan bien.

Los donantes externos han dado muestras de agotamiento al ver los magros resultados de la evolución económica y política de Nicaragua, este "país de Sísifo" que nunca corona sus metas. Por desgracia, la ayuda externa en Nicaragua se ha vuelto un elemento indispensable del funcionamiento de la economía, cada vez más dependiente de la cooperación internacional. Como promedio, la cooperación externa efectiva ha representado en estos 4 años el 35% del PIB.

Mientras por razones geoeconómicas del "nuevo" orden mundial, los montos de la cooperación tienden a declinar, el país no da ni muestras de reactivación ni de capacidad de ser menos dependiente de la ayuda. De acuerdo a las proyecciones hechas para la firma del ESAF, el monto total anual de la cooperación disminuirá un 4% como promedio anual entre 1994 y 1997. Más dramática es la reducción del componente líquido de la ayuda, estimada en un 11% promedio anual en ese mismo período.

La realidad es grave, porque hasta ahora la estabilización de precios lograda en 1991 se ha sostenido virtualmente en gran medida por el aporte de la cooperación internacional, con el costo adicional de que ya para 1993 el mantener la estabilización implicó una pérdida de reservas internacionales de 100 millones de dólares. Ese año, la pérdida de reservas estuvo asociada al bajón en el flujo de recursos externos.

La tendencia se puede apreciar mejor si comparamos dos indicadores en términos per cápita. Mientras en 1992 la cooperación externa líquida era de 101 dólares por habitante, el pago de la deuda externa era de 25 dólares por habitante. En 1993, la cooperación líquida por habitante pasó a ser de 34 dólares, mientras que el pago de la deuda externa por habitante fue de 47 dólares. En 1994, la relación de la cooperación externa per cápita es ya igual al pago de la deuda per cápita: por cada 57 dólares que recibimos pagamos 57.

Al país no le queda tiempo que perder para actuar en varios frentes. Tiene que hacer esfuerzos realmente extraordinarios para mantener la cooperación externa, mientras reactiva la economía y mientras empieza gradualmente a depender menos de esta ayuda. Esta dramática situación fue debatida el 27 de septiembre por la cooperación sueca en Nicaragua, a partir de un estudio solicitado por la Secretaría para el Análisis de la Asistencia Sueca para el Desarrollo (SASDA). (Por su importancia y claridad, envío publica íntegro este estudio en un número especial de este mismo mes).

Los catedráticos suecos Jaime Behar y Mats Lundahl y el asesor Rob Vos pusieron el énfasis en que "se concentre la colaboración en resolver el mayor problema de Nicaragua que es su deuda externa, porque la política actual ha mantenido este país en un círculo vicioso de estancamiento". El foro evidenció un consenso básico sobre una serie de temáticas claves e interrelacionadas: el problema de la deuda, el de la cooperación externa y el de la reactivación económica. Problemas que deben ser abordados de manera conjunta por todos los sectores sociales y políticos para encontrar puntos de convergencia mínimos que resuelvan el impasse político y económico en que se hunde el país.

El peso de la deuda externa

Si tanto la política de corto plazo como el uso eficiente de la cooperación externa chocan con la sobrecarga que representa el servicio de la deuda externa, es ineludible emprender un gran esfuerzo nacional para lograr que la comunidad internacional reconozca que Nicaragua jamás podrá ser un país viable si sigue sirviendo una deuda a los niveles de pagos acordados en abril/94 con los organismos financieros.

Aunque los préstamos esperados para 1994-96 corresponden exactamente al monto de deuda que se tendrá que pagar a los bancos multilaterales, y aunque es cierto que estos nuevos recursos serán otorgados en condiciones más blandas que los anteriores, el gobierno no tiene razones para la autosatisfacción que demuestra en este asunto.

Cinco argumentos

¿Por qué? En primer lugar, aunque fue correcto lograr en 1991 que el país volviera a ser de nuevo sujeto de crédito de las instituciones financieras internacionales y aunque también fue correcto garantizar la normalidad de las relaciones con países proveedores de petróleo como México y Venezuela, no es suficiente la estrategia de "pagar para poder pedir prestado" si, a la par, Nicaragua no demuestra a los acreedores cuáles son las posibilidades reales que tiene de entrar en una senda económica por la que pueda, en un plazo razonable, sea cual sea la reducción de su deuda actual, disminuir su deuda restante en relación a su producto y luego, reducirla en términos absolutos, sin necesitar permanentemente de nuevas y nuevas condonaciones.

En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el mismo cansancio que afecta la cooperación externa lo padecen también quienes otorgan facilidades de pago y reestructuraciones de la deuda. Y es que los donantes y los acreedores son en gran parte los mismos países y una estrategia de renegociación de la deuda no tendría mucho más éxito que la estrategia de obtención de recursos externos si no va respaldada por un claro y convincente programa económico que para, ser efectivo, necesita del respaldo y del consenso nacional.

En tercer lugar, el secretismo que ha caracterizado las acciones del gobierno en materia económica - incluyendo las relativas a la renegociación de la deuda externa - no se debe simplemente a una falta de aptitud para la comunicación. Es un deplorable defecto que ha restado credibilidad a este gobierno en el exterior, revelándolo como incapaz de llevar a cabo un programa económico nacional en el contexto de polarización de la sociedad nicaragüense, siendo así que esta polarización sólo disminuirá con un debate transparente de los grandes problemas económicos y con la búsqueda común de soluciones.

En cuarto lugar, aún la estrategia de obtener préstamos más blandos para poder pagar - que siguió a la estrategia inicial de "pagar para poder pedir prestado" - tiene una eficacia limitada. Por ejemplo: en los tres años 1994-96 pagaremos supuestamente 445 millones a los organismos multilaterales y recibiremos, dentro del marco del ESAF, un préstamo por un monto equivalente. Pero hay que recordar que de ese servicio, sólo la mitad corresponde a amortización del principal. Esto significa que seguiremos acumulando deuda para pagar intereses. Que el monto total de nuestra deuda seguirá creciendo en vez de disminuir.

Finalmente, debe recordar el gobierno para reducir su autosatisfacción, que con la firma del ESAF se acordó con la comunidad internacional un programa de servicio de la deuda para los tres años 94-96 superior, en un monto equivalente al 20% de nuestras exportaciones estimadas para este período, a la proyección de pagos que el Banco Central tenía al principio del año 1994.

Mientras tanto, el gobierno está haciendo esfuerzos para reducir una deuda que no se está pagando: la que tenemos con Rusia o la ex-RDA. Obviamente, esto no significa que esos esfuerzos no sean importantes, pero no pueden estar desligados de una estrategia global, donde la meta de una condonación total por parte de los países ricos del Club de París debe ser central.

Para ser alcanzada, esta meta supone una argumentación global de diplomacia económica, que va mucho más allá de la solicitud siempre renovada de un tratamiento "excepcional". Debe incluir formas originales de intercambio de deuda por desarrollo y sostenibilidad ambiental. ¿Está el gobierno en capacidad de desarrollar esa diplomacia y de proponer con originalidad?

¿Un programa quinquenal?

El servicio actual o a corto plazo de la deuda externa no es la única forma en que la deuda sobrecarga de manera insoportable nuestra economía. Contribuye también a desanimar la inversión extranjera y privada, tanto el servicio futuro de la deuda - el empresario advertido ve en esto un serio riesgo para la rentabilidad de sus inversiones -, como el hecho de que los empresarios que operan en Nicaragua no pueden obtener - por el excesivo peso de la deuda - las facilidades de pagos y los prefinanciamientos de proveedores y acopiadores internacionales, indispensables para un funcionamiento fluido del comercio internacional.

Esta realidad - inversionistas y operadores de comercio exterior que tienen serias dificultades para operar en Nicaragua y que ven con riesgo un aumento de sus operaciones en el país - debe poner mucha cautela en los optimistas planes de crecimiento económico que el gobierno está elaborando para los próximos años. Es éste el drama de todas las programaciones económicas tecnocráticas, un drama que se repite en todas las administraciones públicas ineficientes, donde las oficinas se dedican a elaborar planes muy bonitos en el papel pero totalmente voluntaristas e irreales. Las exigencias de los Bancos Centrales y de los Ministerios de Finanzas, que buscan mantener a corto plazo una política económica recesiva y restrictiva, son incompatibles con los hermosos planes de crecimiento a mediano plazo que elaboran las oficinas.

Si a mediano plazo todo es posible, pero a corto plazo nada es posible, nunca se hará nada y el mediano plazo siempre será una quimera en el horizonte, permanentemente pospuesta. Otra razón por la que los planes tecnocráticos nunca pasan del papel que los vio nacer es que no parten de una clara concepción de quiénes son los agentes económicos concretos que constituyen el sector privado. No tienen en cuenta sus limitaciones y expectativas ni mucho menos los involucran en la concepción de los planes.

En una economía de mercado adecuadamente conducida, la transparencia en la concepción de los planes y programas económicos y la consulta con quienes son los actores mayoritarios del desarrollo es indispensable para garantizar que funcionen los planes. Más necesario es esto cuando se trata de promover cambios estructurales en la producción y en la comercialización, como sucede hoy en Nicaragua.

¿Cuántas yuntas de bueyes?

En el sector agropecuario, por ejemplo, el Ministerio responsable del ramo está abocado a elaborar una propuesta de reactivación del sector. Con el patente fracaso del modelo tecnológico desarrollista, basado en la mecanización y el uso inmoderado de agroquímicos - fracaso que ha contribuido a una creciente conciencia ecológica y a la implementación de precios reales en el marco del ajuste estructural -, hasta los funcionarios del Ministerio de Agricultura captan la importancia de los pequeños y medianos productores del agro en la producción sectorial y en la economía global del país.

Lo captan, pero desconocen las lógicas de estos pequeños productores, la forma en que toman sus decisiones y la naturaleza de sus necesidades de inversión. Esta ignorancia hace imposible que traduzcan en cifras concretas lo que implicarán las metas de producción que fijan. Así, las metas no pasan de ser deseos piadosos. ¿Quién sabe medir, por ejemplo, cuántas yuntas de bueyes suplementarias se necesitan para reactivar la economía campesina, cuánto tiempo requerirán para producirse y a qué costo? Sin duda no lo saben los tecnócratas gubernamentales. Y ésta es una razón para que salgan de sus oficinas y se acerquen a los agentes económicos privados.

La transparencia es clave en el momento actual para empezar a construir un nuevo estilo de tomar las decisiones en materia económica, con el respaldo de los agentes privados y dando respuesta a sus expectativas. Lograrlo no implica crear nuevos aparatos administrativos sino mejorar los existentes. A lo sumo, supone crear un pequeño y ágil "consejo de previsión económica" independiente, integrado por técnicos de alto nivel que gocen de la confianza de los políticos sin comer en sus manos, capaz de llenar cuatro vacíos profundos que traban el proceso de decisión económica.

Cuatro grandes vacíos

Cuatro son los vacíos. Uno, el divorcio casi cultural entre los técnicos y los políticos, que no puede ser resuelto por la simple sumisión de unos a otros.

Dos, la desconfianza entre los mismos ministerios que componen el Ejecutivo, heredada en parte del "feudalismo" que caracterizó el gobierno en los años 80, y que no puede ser superada simplemente por el regateo de influencias a nivel del gabinete.

Tres, la rivalidad existente entre los poderes del Estado que, si bien es sana mientras se logra superarla de forma constructiva, puede volverse un estorbo si los poderes institucionales se hacen la guerra o si se convierte en una fuente de inmovilismo y corrupción o si el debate de las diferencias no esclarece su contenido técnico real y sus implicaciones cuantitativas para los diferentes sectores de la sociedad.

Cuatro, la incapacidad de las autoridades económicas de ponerse a la escucha de las propuestas de los sectores económicos y de retroalimentarlas con transparencia, en un proceso de ida y vuelta que garantice la participación de todos y no el tráfico de influencias con los sectores oligopólicos más fuertes, que tienen aún más capacidad de incidir en el curso de la política económica que el gobierno, que es técnica e institucionalmente débil.

Para conducir el proceso de decisión económica hacia una mayor convergencia entre las racionalidades privadas y las del sector público, y para aumentar la capacidad del sector público de prever el resultado de sus acciones y de anticipar los comportamientos de los actores privados en un marco internacional siempre incierto (precios, ayuda, inversión extranjera...), se necesita algo más que la voluntad de algunas personas bien intencionadas. Es necesaria la voluntad de todos los implicados y la construcción de espacios adecuados en las instituciones ya existentes.

Las reformas constitucionales pueden crear un mejor equilibrio entre los poderes del Estado y una mayor transparencia en las reglas de juego entre ellas. Y eso favorecerá el fortalecimiento de mecanismos de consenso en las decisiones económicas. Pero el plazo en el que estas reformas serán efectivas está demasiado lejano. Un impacto inmediato y positivo de las reformas en la política económica y en las expectativas del sector privado no es para mañana ni para pasado mañana. Por eso, la sociedad política debe empezar a conocer, a comprender y a hacer funcionar esos mecanismos que tal vez ni la costumbre ni la Constitución prevén, pero que la vida económica del país necesita ya, hoy, a lo inmediato.

Decidirse por esta vía supone que las fuerzas políticas dejan a un lado los personalismos que las caracterizan. En el caso del Ejecutivo, éste debe dejar de ser una plataforma que funciona en favor de los intereses políticos del Ministro Antonio Lacayo.

En el caso del FSLN, éste debe superar sus divisiones internas, mirando a esos 320 mil nicaragüenses inscritos como base del partido y a los que no les interesan las maniobras politiqueras con el Ejecutivo ni las acusaciones con que unos tratan de achacarle a los otros la responsabilidad por la división. Es hora de transparencia en Nicaragua. A pesar de la crisis, hay muchas energías, muchos vigores dispersos, que esperan una señal creíble.

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