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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 152 | Septiembre 1994
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Internacional

Banco Mundial y FMI en el banquillo

En el 50 cumpleaños del FMI y del Banco Mundial surge un clamor universal por cambios democráticos en estas instituciones. ¿Qué se les exige en el tema de la deuda externa? ¿Qué se les reclama en las obras de infraestructura que financian?

Equipo Envío

En 1994 se cumple el quincuagésimo aniversario de la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), instituciones que son blanco de crecientes críticas por su papel en el financiamiento y la promoción de un desarrollo internacional sin equidad, ambientalmente perjudicial y no participativo.

Campaña internacional ¡50 años bastan!

Centenares de organizaciones populares, nogubernamentales religiosas, ambientales y de desarrollo de los más diversos signos de Estados Unidos y Canadá y de toda Europa se han unido bajo la consigna ¡50 años bastan! para concientizar a la opinión pública de los países del Norte sobre el desastroso historial social, ambiental y económico del Banco Mundial y del FMI. Dada la continua resistencia de estas dos instituciones de Naciones Unidas a emprender un cambio profundo y significativo, el propósito de esta campaña universal es limitar el poder promover una exploración pública de las posibilidades de crear nuevas estructuras o modificar las existentes para asegurar un apoyo más adecuado y apropiado al verdadero desarrollo en los países del Sur y en todo el mundo.

Se eligió la frase ¡50 años bastan! como consigna de la campaña, con el fin de expresar la convicción y el hastío de un creciente número de personas en todas partes del planeta: no debe permitirse que continúe el tipo de desarrollo que el Banco Mundial y el FMI han promovido y promueven y que actúa a diario en contra de los pobres y del medio ambiente.

envío aporta a esta campaña, publicando el planteamiento que las organizaciones que la integran hacen sobre la deuda externa del Tercer Mundo y la crítica que formularon al último informe del Banco Mundial sobre infraestructura. Ambos documentos tienen una interesante relación entre sí.

Deuda externa: países en bancarrota

La deuda de los países subdesarrollados del planeta ha llegado a ser de 1 mil 700 billones de dólares. El 17% de ella es deuda con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Las naciones más pobres del mundo - la mayoría, en el Africa subsahariana - no tienen ninguna capacidad de pagar sus deudas. Y para países como Nicaragua, Perú, Jamaica o Filipinas - considerados en mejor situación -, el peso de la deuda es tan gravoso que ha estancado el desarrollo económico.

La crisis de la deuda, que surgió durante el libertinaje financiero de los años 70, se incrementó a finales de la década al dispararse las tasas de interés por las decisiones tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. Para los países endeudados se hizo aún más difícil el pago de la deuda: a la vez que aumentaban los intereses, caían en picada los precios de sus principales productos de exportación.

Mucho del dinero que se prestó en la década de los 70 fue a dar a las manos de regímenes dictatoriales, que usaron gran parte de él en proyectos grandiosos pero inútiles y en sus presupuestos militares y represivos. El uso improductivo de los préstamos y la corrupción vinculada a ellos exacerbó la crisis de la deuda, que se arrastra desde hace más de diez años. A diferencia de empresas y particulares, las naciones no se declaran en bancarrota, pero es un hecho que muchas de las naciones endeudadas están hoy en una ruina no declarada.

FMI y BM: reservas multimillonarias

El interés de las instituciones financieras multilaterales y las naciones acreedoras en asegurarse que la deuda siguiera siendo pagada, llevó al Banco Mundial y al FMI a imponer a los países endeudados los programas de ajuste estructural. La presión de la deuda y el colapso de los precios de gran parte de sus exportaciones, combinados con los planes de exportación que diseñan el BM y el FMI en sus planes de ajuste, ha encerrado a la mayoría de los países deudores en un círculo vicioso de crisis, los ha forzado a poner en venta su patrimonio, ha destruido sus recursos naturales y ha eliminado de su horizonte cualquier esperanza de mejoría económica.

Mientras muchos bancos comerciales y países acreedores - incluidos los Estados Unidos - están de acuerdo con algunas reducciones y reestructuraciones de la deuda externa de los países subdesarrollados, el Banco Mundial y el FMI rechazan la reducción o la reestructuración de la deuda pendiente con ellos, argumentando que esto afectaría negativamente su imagen y por tanto, su capacidad de captar fondos para préstamos. Pero, tanto el Banco como el FMI tienen abundantes reservas de capital - 17 mil millones y 35 mil millones respectivamente -, que podrían ser usadas para cancelar esas deudas.

El Banco Mundial concedió abiertamente préstamos a gobierno como el de Ferdinand Marcos en Filipinas, el de Mobutu en Zaire o el de Somoza en Nicaragua. Según análisis internos del propio Banco Mundial, un 35% de los proyectos que ha financiado el Banco no han tenido éxito.

Sin embargo, el Banco no asume responsabilidad financiera por estos proyectos fracasados y no contempla la reducción de las deudas pendientes por ellos, a pesar de que aboga por la reducción de la deuda con los países industrializados y los bancos comerciales. Por su parte, el FMI ha sometido a los países empobrecidos a programas de estabilización y ajuste que en casi todos los casos los han llevado a una severa recesión y han incrementado aún más sus deudas.

Cuatro propuestas alternativas

Las soluciones que estas instituciones imponen para enfrentar la crisis de la deuda - medidas de austeridad y créditos para el ajuste estructural que incrementan la incapacidad de pago de las naciones, afectan a los pobres y destruyen el medio ambiente - no van a la raíz del problema y deben ser rechazadas.

La campaña ¡50 años bastan! tiene varias propuestas básicas para la reducción de la deuda de los países subdesarrollados con el Banco Mundial y el FMI.

- El Banco Mundial debe usar las reservas que ha acumulado por beneficios - estimadas en 17 mil millones de dólares - para cancelar el 100% de la deuda pendiente - incluidos los atrasos - que las naciones clasificadas como SILIC (Severely Indebted Low-Income Countries), con un ingreso per cápita por debajo de los $675, tienen sobre los "préstamos duros" que les hizo el Banco Mundial a través del BIRF (Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento). Entre estas naciones se encuentra, en primer lugar, Nicaragua. A los países clasificados como SILMIC (Severely Indebted Lower-Middle Income Countries), con un ingreso per cápita entre $675 y $2,695 anuales, se les deben cancelar sus deudas con el BIRF en un 50%.

- Los préstamos del Banco Mundial para proyectos que han resultado un fracaso económico, particularmente los que tienen graves impactos negativos sobre los pueblos y el medio ambiente, deben ser suprimidos. Y el Banco Mundial, al igual que cualquier banco comercial, debe asumir su responsabilidad por el fracaso de los proyectos que ha diseñado y financiado. Un cambio así en sus políticas contribuirá también a introducir más transparencia en la institución y a mejorar la calidad de sus prácticas financieras.

- El Banco Mundial ha reconocido el fracaso de un considerable número de sus proyectos. Los créditos ya desembolsados para estos proyectos deben quedar bajo el escrutinio de un tribunal internacional, escogido por el Consejo de Directores Ejecutivos del Banco, que determine medidas justas para la cancelación de la deuda vinculada a estos proyectos y deslinde la responsabilidad que en su fracaso tiene el Banco y quienes recibieron el préstamo. Este Tribunal podría también establecer criterios para valorar los fallos en los proyectos ya concluidos, al igual que justas medidas de cancelación de la deuda relativa a ellos.

- La deuda pendiente de los países SILIC con el FMI debe ser cancelada totalmente, al igual que el 50% de la deuda que los países SILMIC tienen con esta institución. A la par que se logra esta reducción de la deuda, deben suprimirse todos los proyectos ESAF, orientados al ajuste estructural en los países subdesarrollados.

¿Y las deudas futuras?

La campaña ¡50 años bastan! tiene también propuestas sobre los criterios con que el BM y el FMI deben hacer sus préstamos en el futuro. Además de condonar las deudas, deben darse pasos para asegurar que cualquier futuro endeudamiento de estos países esté basado en el consenso de sus ciudadanos, que deben estar informados sobre la deuda que asumen y aceptar su pago. Un proceso como el que proponemos obligaría a los gobiernos y los prestamistas a llegar a acuerdos sólo cuando exista un claro y libre compromiso de pagar las deudas.

Una convención internacional debe establecer los criterios para las obligaciones de deudas futuras, con el fin de que éstas sean legítimas y reclamables según la ley internacional. Esta convención podría exigir:

- La publicación de los documentos y detalles básicos del acuerdo de préstamos para que puedan ser analizados por la opinión pública 60 días antes de su firma.

- Foros públicos y abiertos en los que se soliciten los aportes de la ciudadanía.

- Aprobación del acuerdo por el Poder Legislativo.

- Firma pública del acuerdo por los funcionarios responsables.

- Uso de los créditos para los objetivos que fueron dados a conocer públicamente.
- No facilitar créditos a los gobiernos que hayan sido señalados por instituciones internacionales y regionales de derechos humanos como vinculados a una grave y sistemática violación de los mismos.

Los financiadores internacionales estarán obligados a asegurar que estos criterios se cumplen y cuando un determinado tribunal de justicia establezca que una deuda fue contraída al margen de ellos, ésta será considerada inválida.

Un nuevo informe equivocado

El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) de 1994, elaborado por el Banco Mundial sobre la infraestructura que la institución financia en los países del Sur, refleja la falta de voluntad del BM para reconocer sus errores y para acoger alternativas a sus erradas políticas.

Resulta incomprensible que el Banco - el mayor financiador multilateral del mundo de proyectos de infraestructura - piense que puede abordar esta problemática sin reconocer su propia responsabilidad en la perpetuación de condiciones que hacen que millones de pobres tengan un acceso inadecuado a los servicios de infraestructura.

Si bien el propio Presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, en la introducción del Informe sobre el Desarrollo Mundial, reconoce que "por supuesto, tener servicios de infraestructura más eficientes, más accesibles y menos costosos es también un elemento esencial para una reducción más efectiva de la pobreza", en repetidas ocasiones la entidad ha dejado de lado las oportunidades que se le han presentado para traducir esa visión en una práctica efectiva.

La persistencia del Banco Mundial en financiar megaproyectos y su rechazo a recoger opciones alternativas ha hecho que el Banco juegue un rol significativo en la exclusión de muchos pobres del mundo de adecuados servicios de infraestructura.

"El IDM emplea todas las palabras de moda sobre la necesidad de encontrar nuevas maneras, que sean más inventivas, más eficientes, sensibles a los usuarios y amigables al medio ambiente, para cumplir con las necesidades del pueblo en servicios de infraestructura. Desgraciadamente, las alternativas a las grandes y costosas inversiones en infraestructura hacen parte del vocabulario del Banco, pero no de sus prácticas de préstamos. Rara vez el Banco ha encontrado un proyecto destructivo social y ambientalmente que no quiera financiar", señala Owen Lammers, Director Ejecutivo de la Red Internacional de Ríos, y miembro de la Campaña ¡50 años bastan!

La introducción de principios comerciales en la atención de los servicios públicos - como propugna el IDM - puede teóricamente propiciar un desarrollo económico sostenible, combatir la pobreza, dar a la gente mayor control sobre el desarrollo industrial y agropecuario local y mejorar los servicios.

Sin embargo, en la práctica, el tipo de privatización y de comercialización de la infraestructura pública que hoy impulsa el Banco Mundial ha tenido como resultado, en la mayoría de casos, una masiva concentración de la riqueza y una menor obligación de rendir cuentas públicamente.

Financiar la privatización de caminos, telecomunicaciones, agua y electricidad ha mejorado estos servicios para una minoría, mientras que los sectores pobres y medios pagan mayores tarifas, han visto reducido su acceso a estos servicios y han enfrentado el deterioro de otros servicios básicos importantes.

El mensaje central del documento

El IDM hace la dudosa afirmación de que los pobres se beneficiarán con los incrementos en las tarifas de trenes, agua y electricidad. Pero no hace recomendaciones para garantizar que los ingresos adicionales por estos incrementos se gasten de tal manera que beneficien a la gente de bajos ingresos. "Si el Banco está tan preocupado por los pobres, ¿por qué no propone subir los impuestos a la propiedad y a los ingresos de la gente de altos ingresos a fin de utilizar estos recursos para garantizar mayor acceso de los pobres a los servicios de infraestructura, en lugar de incrementar las tarifas a los usuarios, lo que afectan por igual a ricos y pobres?", observa Walter Hook, Director Ejecutivo del Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo.

El IDM es un documento pesado y contradictorio, que exige una lectura cuidadosa a fin de poder analizar su mensaje central, que es éste: las obras de infraestructura son las que ayudan a integrar a los países en desarrollo a la economía global, al asegurar a través de una infraestructura de "alta calidad" su acceso a los mercados de exportación de los países desarrollados. La inversión en infraestructura - a la par de las olíticas de liberalización del comercio, también promovidas por el Banco - no aparecer así motivada por las necesidades de los pobres sino por los deseos de los inversionistas, que hoy buscan oportunidades y altos márgenes de ganancia en el Tercer Mundo y en Europa del Este.

Esto contradice una de las explícitas premisas centrales del IDM, al afirmar que el desarrollo de infraestructura debe estar motivado por la demanda. La realidad es que los pobres carecen de recursos y de peso político para exigir el tipo de infraestructura que responda a sus necesidades. La liberalización y otras políticas de ajuste estructural impuestos a los países del Sur por el Banco Mundial reducen diariamente el poder de influencia de los pobres para orientar tales inversiones en su favor. En este sentido, las preocupaciones del Banco sobre la reducción de la pobreza y la afirmación del IDM que el desarrollo de infraestructura favorece a los pobres, suenan poco convincentes.

El tratamiento que da el IDM a la cuestión de la participación contribuye también a reforzar este escepticismo. La participación se reserva y se limita a los proyectos de infraestructura a nivel comunitario, y no se hace ninguna mención del derecho de los ciudadanos a influenciar las decisiones sobre las inversiones nacionales que deben hacerse en sectores estratégicos: electricidad, agua, transporte. Decisiones sobre en qué invertir, dónde invertir, e incluso si invertir o no.

A través de la retórica y del financiamiento simbólico de escasos programas "de vitrina" en el plano social y ambiental, el Banco Mundial quiere hacer creer que es una institución reformada. En la práctica, el Banco continúa violando sus propios principios, proclamados públicamente, e ignorando las oportunidades para fomentar un desarrollo sostenible, participativo y respetuoso del medio ambiente. Pasando una breve revista a algunos de los proyectos y políticas sostenidos actualmente por el Banco Mundial se demuestra la contradicción entre lo que el IDM dice y lo que el Banco Mundial hace.

Agua: proyectos antiecológicos

Más de 1 mil 200 millones de personas no tienen acceso al agua potable y más de 1 mil 700 millones carecen de servicios de alcantarillado y sanitarios. La UNICEF estima que más del 80% de estas personas podría tener servicios de agua potable y servicios sanitarios utilizando tecnologías sencillas, un tercio más baratas que los sistemas convencionales.

Sin embargo, en los años 80, más de la mitad de los 35 mil millones de dólares prestados por el Banco para proyectos relacionados con el agua se dedicaron a apoyar proyectos de gran escala. Solo el 0.4% de ese dinero se destinó a pequeños proyectos de irrigación, sólo el 0.6% al manejo de las cuencas de aguas y sólo el 2.3% a la conservación de aguas.

Desde 1948, el Banco Mundial ha invertido 54 mil millones de dólares en más de 500 represas en 93 países, a pesar de la evidencia contundente de que estos proyectos son antieconómicos, de que a menudo son los menos eficientes y a pesar de que todos tienen un amplio y negativo impacto social y ambiental.

En abril de 1994 el Banco aprobó un préstamo de 460 millones de dólares para la construcción en China de la represa hidroeléctrica Xiaolangdi, cuyo valor es de 3 mil 500 millones de dólares y que, por su diseño, tendrá una vida útil de sólo 20 años.

200 mil personas se verán obligadas a desalojar el área que ocupará la represa y aunque ésta traerá beneficios en el control de inundaciones, el propio consultor del Banco Mundial reconoce que el estimado de esos beneficios es superficial, puesto que no tuvo acceso a los datos económicos necesarios para realizar un análisis completo.

En julio de 1994, el Banco Mundial consideraba el financiamiento de otro gran proyecto hidroeléctrico antieconómico: el Arun III en Nepal. Su valor es de 1 mil 75 millones de dólares, equivalente a 3 veces el presupuesto nacional de este país. Costará 4 mil 300 dólares por kilovatio instalado, de 2 a 3 veces el costo de las tecnologías hidroeléctricas de pequeña escala que se desarrollan ahora en todo ese país y que son promovidas por muchos nepaleses como alternativas al Arun III.

El Banco está tan preocupado por el reciente apoyo que en Nepal están encontrando estas propuestas alternativas que, contraviniendo sus propias políticas de información, está dificultando el acceso a los documentos públicos sobre el proyecto Arun III.

Energía: proyectos ineficientes

En los países del Sur, la generación de energía es el sector más intensivo en capital y el que absorbe entre un cuarto y un tercio de todas las inversiones públicas. Desde su creación, el Banco Mundial ha prestado más de 55 mil millones de dólares para proyectos relacionadas con la energía.

A pesar de sus propias conclusiones de que medidas de eficiencia en el uso final pueden reducir drásticamente el uso de corriente eléctrica y ahorrar miles de millones de dólares a los consumidores y al gobierno, el Banco continúa financiando proyectos energéticos ineficientes: grandes represas hidroeléctricas y plantas que usan carbón. Estas instalaciones rara vez alcanzan su plena capacidad de generación eléctrica, son aprobadas con poca o ninguna consulta o participación local y han causado enormes costos ambientales y sociales.

Entre 1980 y 1990, menos del 1% de los préstamos energéticos del Banco se destinó a financiar medidas para una mayor eficiencia en el uso final y la conservación de la energía, capaces de reducir la necesidad de construir nuevas y costosas instalaciones generadoras.

Proyectos que desplazan a millones

El IDM señala que, por sus efectos desintegradores y empobrecedores, el desplazamiento involuntario de las personas debe ser evitado o minimizado. Sin embargo, 134 proyectos de infraestructura que actualmente financia el Banco obligan al reasentamiento de 2 millones de personas y por lo menos otros 2 millones más serán desplazadas por proyectos que serán aprobados hasta 1996.

A pesar de estudios internos del BM, que no han podido identificar un solo caso donde las personas desplazadas hayan sido rehabilitadas - de acuerdo con las propias políticas que propone el BM -, el número de personas desplazadas por proyectos del Banco sigue aumentando.

El hecho de que el BM ni siquiera pueda cumplir con su propia política de reasentamiento -una de las políticas más antiguas, más revisadas internamente y más sometidas a examen externo - pone en claro la incompetencia operativa de esta institución y la necesidad de una revisión a fondo de la estructura y de la cultura de la aprobación de sus préstamos y proyectos.

Comunicación: grandes monopolios

El Banco Mundial ha impulsado la privatización de los servicios de telecomunicación con fervor ideológico, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada nación. En algunos países, esto ha desembocado en una mayor concentración de la riqueza y ha reducido el acceso al servicio a la mayoría de la población.

En México, la privatización del servicio público de telecomunicaciones, TELMEX, garantizó a los nuevos propietarios un monopolio durante al menos 10 años y permitió servicios a menor costo a las grandes compañías, nacionales y extranjeras. Mientras, las tarifas para el servicio a las pequeñas empresas y para el uso doméstico aumentaron dramáticamente.

La privatización del sector de telecomunicaciones en Argentina ha disminuido el servicio a los consumidores y empresas locales, mientras genera enormes ganancias a sus nuevos dueños. Apoyándose en los consejos del Banco Mundial, el gobierno argentino no fijó límite de tarifas y otorgó a los nuevos dueños un monopolio durante 8 años. Como informó el Chicago Tribune, los precios de las llamadas locales a partir de la privatización se incrementaron vertiginosamente: nada menos que en 96 mil por ciento. En Ecuador, el periódico local Hoy, informó que, con la ayuda de un préstamo del Banco Mundial, el gobierno congeló los fondos de la compañía estatal de telecomunicaciones, EMETEL, con la meta de debilitarla y justificar después su privatización.

Carreteras: subsidiar a los ricos

De acuerdo con las evaluaciones del propio Banco Mundial, en los años 60 y 70, las grandes inversiones en nuevas redes de carreteras en los países del Sur crearon más infraestructura que la que los gobiernos podían mantener. En los años 90 gran parte de esta infraestructura vial está seriamente deteriorada.

Y aunque el Banco ha empezado a canalizar más recursos para el mantenimiento vial, en 1992 y 1993 siguió aprobando préstamos para la ampliación vial: 177 millones de dólares en Tailandia, 150 millones en Filipinas, 153 millones en la India y 580 millones en China. También está financiando nuevas construcciones en Albania, Polonia, Rumanía y Hungría. Y lo que es peor: la entidad del Banco dedicada a financiar al sector privado - la Corporación Internacional de Finanzas -presta centenares de millones de dólares para inversiones en nuevas plantas manufactureras de automóviles en Europa Central y Oriental.

En los países del Sur, sólo un 5-10% de la población es lo suficientemente rica como para poder adquirir un auto. Considerando que más de la mitad del espacio vial en estos países lo ocupan autos privados, el hecho de ampliar la capacidad vial sin tomar en cuenta la demanda real, que exige financiar vías exclusivas para buses y vías para vehículos lentos, constituye en realidad un subsidio al 5% más rico de la población.

Transporte público: gran olvido

El IDM no hace ninguna mención de la necesidad de incrementar la recuperación de costos de los vehículos que circulan con un solo ocupante y que son los que más usan esas costosas carreteras. Aplicando tarifas apropiadas al uso de las carreteras, se podrían incrementar considerablemente los ingresos fiscales, con la contribución de la población de ingresos medios y altos. Y estos fondos podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura básica de quienes dependen del transporte público y para realizar otras obras de infraestructura que los pobres necesitan y no pueden pagar.

En Argentina, se suponía que la privatización de las carreteras reduciría los costos de transporte. Pero la realidad ha sido otra: una empresa que ganó el contrato para repavimentar y reparar cerca de 10 mil kms. de carreteras se limitó prácticamente a construir puestos de peaje. Un informe del Miami Herald informó que los vehículos que hacen el viaje de ida y vuelta de 900 kms. desde el campo a la capital Buenos Aires tenían que parar ocho veces y pagar un total de 78 dólares en peajes, un monto que reduce significativamente las ganancias de los pequeños agricultores, que necesitan hacer este trayecto.

En Polonia, los pasajes de los autobuses se han incrementado en 61% a causa de las medidas de "recuperación de costos" que impulsa el Banco Mundial, lo que ha repercutido en una reducción en el uso del transporte público de 36 millones a 32.1 millones de viajes por año.

El uso del transporte público en la antigua Alemania del Este se ha reducido en 47% en razón de medidas similares. En la ex-Unión Soviética, como resultado de la reestructuración de las vías férreas, sólo entre 1992 y 1993 la mitad del transporte pesado interno se transfirió del ferrocarril a las carreteras.

Las presiones sobre los gobiernos para que se incrementen las tarifas del transporte público deben cesar si estos incrementos provocan una reducción del uso del transporte colectivo o si no existen a la par políticas que mitiguen el impacto negativo de ese incremento en las comunidades de bajos ingresos. Lo que debe hacerse es alentar el incremento de impuestos a los usuarios de vehículos privados que tengan ingresos más altos.

"El Informe del Banco Mundial de 1994 será recordado no por lo que dice, sino sobre todo por lo que no dice sobre la infraestructura", apunta Karan Capoor, analista político del Enviromental Defense Fund, miembro también de la Campaña ¡50 años bastan!.

"Es otra evidencia clara de que el Banco Mundial o bien no tiene la voluntad, o bien es incapaz de reformar sus políticas erradas".

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