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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 152 | Septiembre 1994
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Nicaragua

Ambiciones políticas y negligencia económica

¿Qué hay detrás del escándalo de las millonarias deudas del Ministro Roberto Rondón y del paro del transporte? Lo que hay es una política crediticia y una política de impuestos, ambas recesivas, condicionada al extremo por el pesado yugo de la deuda externa.

Equipo Nitlápan-Envío

Dos años antes de las elecciones, las ambiciones políticas personales más inmediatas se desatan a diario. Mientras los que tienen suficiente capacidad económica preparan ya a sus hijos para vivir y competir en el extranjero, los que no pueden ni pretenderlo, ni siquiera imaginarlo, la inmensa mayoría, se resigna a verlos crecer sin futuro, sin oportunidades, en un país desesperante.

Concentración de la riqueza: ¿cuántos?

Ni siquiera los estratos económicos más acomodados, los que concentran el capital financiero, las haciendas, las pocas empresas industriales que aún funcionan y la formación académica están conformes con lo que hoy sucede: un sistema social nepótico y clientelista que sólo permite el enriquecimiento acelerado de un puñado de individuos favorecidos por las relaciones familiares y políticas.

No es éste un fenómeno totalmente nuevo. Lo que vemos hoy es el natural resultado de las políticas excluyentes que han marcado de forma indeleble a las sociedades latinoamericanas. El neoliberalismo no ha hecho más que acentuar los rasgos del retrato, haciéndolo caricatura. Según la revista norteamericana Forbes, en el México del "reinado" del Presidente Salinas, la fortuna de las 13 personas más ricas del país creció en 1993 en un 40%. Esto significa que aumentó en más de 9 mil millones de dólares. Según la misma revista, los 24 supermillonarios más ricos de ese país poseen una fortuna de 44 mil millones de dólares, lo que representa más de la tercera parte de la deuda externa de México y el 15% de todo el producto interno bruto anual de ese país. Mientras, 40 millones de mexicanos viven en extrema pobreza.

Hace falta que una investigación similar revele la realidad del enriquecimiento y la concentración de privilegios que se ha producido en Nicaragua en estos años de chamorrismo. Hasta entonces, la realidad ya salta a la vista. Y las fuertes disensiones políticas entre los grupos económicos más acomodados son una clara señal de que la pequeña torta de este pequeño país se reparte sólo en los círculos de las élites más exclusivas.

Somocismo: una cultura

Aún en los sistemas sociales más excluyentes de la antigüedad, donde las reglas familiares y políticas se confundían al ejercer y traspasar el poder, existía la conciencia de que el gobierno tenía cierta responsabilidad para con el desarrollo económico de la colectividad y para lograrlo, fomentaba las energías individuales, aunque fuera bajo formas de esclavitud.

Más cerca de nosotros, el General Somoza, por muy nepótico que haya sido su sistema político, tenía una política de fomento y desarrollo y muchos nicaragüenses - que no sufrieron su represión política - recuerdan hoy la prosperidad económica de aquellos años, convirtiendo este recuerdo en añoranza política, sin medir adecuadamente lo mucho que las condiciones nacionales e internacionales han cambiado.

Fue precisamente el haber iniciado, después del terremoto de 1972, una voraz competencia "desleal" contra el hasta entonces complaciente y cómplice sector empresarial no somocista, lo que provocó la ruptura en las filas del bloque dominante. Posteriormente, se produjo la disidencia de una parte de los sectores acomodados, que pasó a la oposición activa, y esto contribuyó decisivamente al derrocamiento de la dinastía.

El somocismo como sistema político es en la Nicaragua de hoy una simple figura retórica, que los grupos políticos más opuestos utilizan, en el mismo sentido abstracto, en la guerra de imágenes vacías que caracteriza la presente campaña electoral no declarada. Unos se oponen a la vuelta del "somocismo" y justifican cualquier paso político que dan en esta oposición. Otros reclaman como herencia propia los aspectos positivos que en lo económico y en la estabilidad tuvo esa etapa histórica. Pero ninguno de los bandos se atreve a darle un contenido real y objetivo al "somocismo".

Si por somocismo se entiende un modo de gobierno que aprovecha muy bien las relaciones clientelistas en vez de fomentar consensos basados en debates democráticos, puede decirse que este rasgo profundo de la cultura política nicaragüense - que los Somoza supieron utilizar muy bien para gobernar en su provecho - está muy presente hoy en Nicaragua, pero no es propiedad de ningún grupo político en particular. Todos actúan "somocistamente", en el gobierno y en la oposición.

Teoría y realidad

Dentro de la actual y permanente guerra de imágenes, los políticos del gobierno, apoyados por un grupo de tecnócratas insensibles, tratan de convencer a las élites pensantes de la nación de que estamos en la prometedora vía de la "modernización" del país. La fórmula para llegar a esta meta la tienen ellos. El país "está mal", pero "va bien": liberando las energías individuales, el mercado lo irá arreglando todo.

Se trata de un envase ideológico que encubre y justifica la irresponsabilidad creciente del gobierno y su entrega a intereses particulares cortoplacistas. En esto, como en tantas otras cosas, estamos desfasados. Mientras los políticos criollos siguen proclamando el nuevo paradigma de la modernización y fomentan la descomposición de las instituciones para su mejor enriquecimiento individual, en gran parte del resto del mundo, los grandes defensores de esta filosofía económica ya están cuestionándola, tanto por sus postulados científicos como por sus trágicas consecuencias sociales y ecológicas.

La esencia del pensamiento económico neoliberal está en el supuesto de que los mercados funcionan perfectamente. Siendo así, se postula que se convierten en la mejor manera para asignar recursos y para fijar precios adecuados. Tratándose de los mercados de bienes, tal perfección no es nada evidente.

Un ejemplo: en Nicaragua, el azúcar es producida y comercializada por unas pocas empresas que tienen la capacidad de entenderse como monopolio para fijar el precio que les conviene, un precio de hecho muy superior al que reciben en el mercado internacional. Además, estas pocas empresas tienen fuerza política suficiente para evitar que importaciones de azúcar vengan a hacerles competencia. Esta realidad - que cuestiona la teoría - es aún más clara cuando se trata de los mercados de trabajo y de capital.

Enfatizando las imperfecciones de los mercados de trabajo y de capital, Robert Lucas - uno de los economistas neoliberales más famosos y más conservadores - expresa en un artículo muy crítico a la teoría neoliberal que no se puede seguir afirmando que los trabajadores mexicanos pueden percibir el mismo salario en los Estados Unidos que en México." Afirmar esto es seguir una teoría que predice, pero que está en contra de la evidencia demostrada por millones de mexicanos", comenta. El mismo autor explica que si los capitales extranjeros afluyeran masivamente a los países pobres esto aumentaría los niveles de remuneración de la fuerza de trabajo en estos países, lo que disminuiría la rentabilidad de esos nuevos capitales.

Para los inversores, es entonces preferible tratar de obtener ventajas monopólicas sobre los mercados - la exclusividad de representación de una firma comercial extranjera, por ejemplo - o legislaciones especiales, como las de las zonas francas. Dicho de otra manera: el problema de la teoría neoliberal no es la teoría en sí sino que no se corresponde con la realidad. La realidad desmiente a diario a la teoría.

Los devastadores efectos sociales y ecológicos de las políticas neoliberales ya no hace falta demostrarlos. El mismo Banco Mundial está plenamente consciente de estos desastres. Más aún, ha llegado a la conclusión de que ni siquiera están demostrados los supuestos beneficios económicos de estas políticas.

¿Qué ha hecho el gobierno?

Analizando retrospectivamente la trayectoria del gobierno de Violeta Chamorro y de su yerno Antonio Lacayo en los últimos cuatro años, es ahora obvio que su inicial imagen de eficiencia y honradez - que les ganó muchas simpatías - está ya muy deteriorada por la mezcla de negligencia ante la economía nacional que muestran los políticos en el gobierno y por la incompetencia e insensibilidad de los tecnócratas, que sólo ha traído beneficios a una muy reducida clase de allegados y parientes del círculo gobernante.

Es cierto que terminar con la guerra y con la hiperinflación fueron tareas positivas y necesarias. También lo fue el restablecer relaciones con las instituciones financieras internacionales y el comenzar un programa de ajuste, de cambios en la estructura de la economía y en las instituciones. También es cierto que en 1992 y en 1993 la insistencia de los sectores más recalcitrantes del Congreso norteamericano en hacer zozobrar a la nación nicaragüense retrasando la ayuda al gobierno, y la inestabilidad política expresada en la violencia rural fueron factores que afectaron negativamente al gobierno Chamorro, al limitar la inversión privada nacional y extranjera y dificultar más la recuperación económica del país.

¿Dos años perdidos?

Pero este análisis queda cada vez más atrás. Y hoy se ha vuelto evidente que, pese al anhelo de reconciliación que tienen los nicaragüenses, que desean posiciones de consenso sobre los temas de fondo para la recuperación económica, la mayoría de la clase política se lanza descaradamente en una campaña electoral prematura que sólo contribuye a agudizar las contradicciones entre caudillos y que sobre todo, impide que los esfuerzos de las instituciones se canalicen hacia la construcción y la implementación de un programa económico de desarrollo, de inclusión social y de recuperación ecológica.

Aunque fuera un nuevo desgaste y se incrementara el riesgo de más explosión social, perder estos dos años que nos separan de las elecciones en campañas previas podría tener cierto sentido si se garantizara que, con las elecciones, la nación conseguirá un gobierno competente y preocupado por el bien público antes que por el interés de sus más altos funcionarios. Siendo así, hasta valdría la pena adelantar esas elecciones. El drama es que es ilusorio pretender cambiar la política intercambiando los políticos. No basta con ganar el gobierno, no basta con estar en el gobierno. Transformar el Estado supone construir nuevos espacios de participación democrática para consensuar las políticas y compartir la conducción razonada de la economía entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

Los partidos y personalidades políticas que no tienen ninguna propuesta concreta de cómo abordar los problemas económicos y los retos de las transformaciones institucionales de la nación, están obligados a vender imágenes para mantenerse en el poder o para conquistarlo. Pero las imágenes no son materia para un debate sobre los problemas de fondo.

Las "burbujas políticas" - este mes las más grandes son los pleitos en torno a las reformas constitucionales - siguen acaparando la atención de la camarilla política, mientras en el país real, los problemas de los transportistas, de los impuestos y del crédito amenazan - junto a la sequía en el campo - con acabar con el tímido crecimiento anunciado por los vendedores de sueños. Hay soluciones a la mano, pero no hay manos que las quieran tomar.

Reformas a la Constitución

El lanzamiento prematuro de la campaña electoral de varias personalidades de la escena política ha hecho que la polarización de la sociedad política crezca en vez de disminuir, lo que aleja aún más al país de la búsqueda de soluciones de consenso. Los únicos consensos que se buscan y se encuentran parecen ser los que tienen que ver con arreglos preelectorales.

Es el caso de las más de 100 reformas que se han discutido durante meses para hacerle a la Constitución vigente, la de 1987. Son transformaciones muy importantes. Entre otras, darán al Parlamento la facultad de legislar en asuntos fiscales y un mayor control sobre la ejecución presupuestaria. En general, todas son modificaciones bastante progresistas en relación al sesgo excesivamente presidencialista de la Constitución actual.

Pero los temas de fondo que plantean las reformas pasan a un segundo plano, opacados por la polémica alrededor de la reelección o la inhibición para los parientes del Presidente de la República que aspiren a ser candidatos. Los opaca también la polémica al interior del FSLN, agria, nada clara en los intereses que encubre y con potencialidad para provocar una división, tal vez irreversible.

Las cambiantes posiciones de unos y otros partidos sobre reelección o no, inhibición o no, son producto de cambiantes tácticas de alianzas políticas orientadas a las elecciones de 1996. A todos los políticos, a todos los partidos, les resultará difícil, casi imposible, convencer al pueblo de que sus intereses inmediatos pasan por estas disputas a veces incomprensibles, basadas en papeles y en debates de leguleyos. Tal vez el que muchos políticos sean abogados de profesión refuerza esta tendencia crónica de la política nacional, observable desde el siglo pasado, a pasar mucho más tiempo cambiando unas leyes por otras leyes que tratando de aplicarlas, reforzando y mejorando las instituciones públicas.

En todo caso, es evidente que todos estos juegos politiqueros no benefician al país ni a la mayoría de sus ciudadanos, aunque sí a los involucrados, que han hecho de la política una rentable profesión en vez de un ministerio al servicio del bien público. La noción misma de bien público está seriamente afectada por la actual corriente de privatización del Estado: el juego político parece exclusivamente puesto al servicio de los intereses privados. Y esta realidad propicia más los juegos politiqueros.

Código Militar

Como contrapunto, se ha logrado bastante consenso para aprobar un Código Militar que constituye un real progreso en relación a la tradición autoritaria del país y de la región. Sin duda, el hecho de que la ley permita al ejército tener empresas hace sombra a ciertos sectores empresariales, no acostumbrados a las reglas de la competencia, por el manejo corporatista y nepotista que han hecho de la economía nacional en las décadas pasadas. En todo caso, si el ejército tiene capitales - y los tiene - lo más justo sería que los invirtiera en actividades productivas en Nicaragua en vez de tenerlos en los bancos de Gran Caimán o de cualquier otro paraíso financiero.

El financiamiento de la institución castrense debería estar en parte asegurado por esta vía, en vez de depender totalmente de la recaudación de impuestos. En cualquier caso, lo más importante del nuevo Código es que establece que las orientaciones estratégicas y la dirección del ejército estarán sometidas a los poderes civiles del Estado.

Empresas del Ejército

Por otro lado, el que el ejército - una institución pública - pueda tener empresas demuestra el poco sustento que tienen las posiciones extremas en favor de una privatización total de Estado. La importancia de las empresas públicas en economías mixtas - como son las de todos los países industrializados - no está en la aplicación de unos o de otros criterios de gestión. La rentabilidad empresarial es lo que cuenta y si las empresas públicas no gozan de privilegios heredados, no hay razón para que sean menos eficientes que las privadas, siempre y cuando produzcan bienes similares a los que producen empresas privadas de la misma rama de actividad.

La diferencia estriba en el uso de los beneficios, después de garantizar la reposición del capital utilizado y las nuevas inversiones necesarias, y no en los procesos de producción ni en los criterios de gestión. Si las empresas públicas no gozan de privilegios desleales, no tienen por qué ser "malas" por principio. En una situación donde los empresarios privados grandes u organizados en asociación tratan siempre de obtener privilegios desleales - a título individual o como grupo -, el ideal de la privatización no tiene fundamento moral y no debería influir en las leyes nacionales, cuyo objetivo es el bien público.

Obviamente, el Código Militar aprobado no es del agrado de los sectores políticos más extremistas por razones ideológicas. Y por razones coyunturales, en esta candente y prematura pre-campaña electoral. Pero existe una gran distancia entre el discurso electoralista recalcitrante - que cultiva como mejor imagen los sentimientos de fuerte antisandinismo de una parte importante de la población - y la realidad de los arreglos institucionales que se harían después de las elecciones, en los cuales el ejército sabrá sin duda jugar su papel constitucional, cualquiera que sea el sector político que asuma el gobierno.

Roberto Rondón y los transportistas

Todos piensan en 1996 pero ninguno se preocupa de cómo llegar hasta entonces en mejores condiciones para el país. Quieren comer venado antes de haberlo cazado. Pero la economía real nos recuerda insistentemente que la situación de la mayoría es dramática y eventualmente explosiva. Un escándalo como el que involucra al Ministro de Agricultura, Roberto Rondón, y el forcejeo de los transportistas con el gobierno en el prolongado paro del transporte son muestras relevantes de la difícil situación que vive el país. También son dos muestras de que el actual sistema político no sólo es incapaz de resolver los problemas fundamentales de la nación sino que es capaz de empeorarlos.

Ambos hechos - el paro de los transportistas y la espectacular revelación de la "facilidad" con la que el Ministro Rondón obtiene préstamos de la banca estatal de fomento agrícola - no son independientes. Detrás de estos dos hechos centrales del mes, existe una relación fundamental que los une estrechamente: la política crediticia y la política fiscal están igualmente limitadas por el sobrepeso que la carga de la deuda externa representa para el erario público y para la inversión privada. Aunque sea poco conocido el sobrepeso que la deuda externa ejerce sobre nuestra economía y sea tan negativo el rol asumido por la clase política ante este tema, hay una gran interdependencia entre estos elementos, como siempre la hay entre economía y política.

Deuda externa: pesado yugo

Algunas cifras básicas. El presupuesto fiscal ejecutado en 1993 y gastado internamente - sin contar el pago de los intereses de la deuda externa - fue de 359 millones de dólares. El servicio total efectivo de la deuda de mediano y largo plazo pagado por el gobierno y el Banco Central - sin incluir la capitalización de intereses ni la deuda comercial - alcanzó los 194 millones, un 54% del presupuesto fiscal.

Por supuesto, la amortización del principal fue cubierta con nuevos préstamos. En 1993, sólo en concepto de intereses de la deuda externa, se pagaron 102 millones, lo que representa un 28% del gasto público Estas cifras hablan de un problema de fondo: el servicio efectivo de la deuda externa representa una carga agobiante para el presupuesto nacional, carga que se traduce en la necesidad permanente de aumentar los ingresos fiscales y de disminuir otras partidas del presupuesto: el gasto social, la inversión en infraestructura y hasta el mismo funcionamiento de las instituciones públicas.

Ante este pesado yugo, y dada la imposibilidad de financiar el gasto interno recurriendo a la emisión monetaria indiscriminada - porque esto causaría un retorno a la hiperinflación que se vivía antes de las drásticas políticas de estabilización aplicadas en 1990 y 91 -, no queda más remedio que afectar las partidas internas del gasto, reduciendo el gasto social, el número de funcionarios y la oferta de crédito y tratar de aumentar a toda costa los ingresos por vía de impuestos.

Política crediticia restrictiva

La sobrecarga de la deuda afecta la disponibilidad de crédito. Como el sistema financiero recibe menos fondos prestables del Banco Central tiene que emplear sus recursos para pagar una parte del servicio de la deuda externa.

Conviene recordar que los bancos comerciales - privados y estatales - aumentaron su cartera en 1993 en una suma equivalente apenas a 88 millones de dólares, de los que sólo un tercio procedía de los recursos del Banco Central, mientras que otro tercio fue respaldado por los recursos externos, directamente contratados por los bancos o intermediados por la estatal Financiera Nicaragüense de Inversiones. El tercio restante correspondió al aumento de los depósitos del sector privado en el sistema financiero.

Las dos últimas fuentes de fondos no pueden ser aumentadas a antojo de la banca. La primera depende de la disponibilidad de capitales externos. Y la segunda, del ahorro financiero interno y de la confianza del público en la banca nacional. Así, algo menos de 30 millones de dólares suplementarios pudieron ser destinados por las autoridades monetarias a la expansión del crédito interno al sector privado, lo que revela los estrechos márgenes de maniobra que deja el servicio de la deuda externa a las autoridades económicas.

Y condicionada desde fuera

La razón de semejante límite en los márgenes de maniobra para expandir la oferta de recursos financieros internos tiene que ver con dos aspectos, muy ligados a la condicionalidad que ejercen las instituciones financieras internacionales sobre la política de países pobres y mal dirigidos como Nicaragua. Estos organismos tienen dos metas muy claras: que se pague la mayor cantidad posible de la deuda y que sólo se gaste en el país lo que corresponde a las divisas disponibles después de pagar la deuda. Consideran estas poderosas instituciones que sólo el dólar vale y que el trabajo nacional de nuestros empresarios y nuestros asalariados no vale.

Dado el rudimentario mecanismo de programación monetaria practicado por las autoridades, que consiste en expandir el crédito interno sólo si hay divisas disponibles para "respaldar" los córdobas emitidos, el servicio de la deuda afecta la disponibilidad de crédito por diferentes flancos. Uno es el mismo uso de divisas que hace el Banco Central para pagar el servicio de la fracción de la deuda de la que es directamente deudor, aproximadamente un tercio del servicio total. Otro: el gobierno compra al Banco Central las divisas necesarias para pagar la deuda externa, con el mismo crédito en córdobas que el Banco le da. Tercero: el gobierno compra las divisas en el mercado, lo que presiona sobre la demanda de divisas de los intermediarios financieros para satisfacer la demanda privada, lo que a su vez presiona en parte sobre las divisas públicas y también sobre los depósitos privados en dólares.

Como el país exporta menos de lo que importa y a pesar de que un 50% de las importaciones se financia directamente con la cooperación internacional, la fuente de divisas públicas es bastante escasa y está esencialmente limitada a las divisas líquidas de la ayuda externa. Se explica así que el crédito interno del Banco Central al gobierno sea muy pequeño: en 1993 el financiamiento neto del BCN al gobierno fue de apenas el equivalente a 10 millones de dólares, además de que no se pudo expandir suficientemente el crédito a las actividades productivas.

¿Sólo vale el dólar?

Las instituciones financieras internacionales consideran generalmente que el ingreso de un país como Nicaragua no vale si no está respaldado por dólares. Teniendo en cuenta que la cooperación internacional tiende a disminuir, para estas instituciones la salud económica de un país se limita a su capacidad para producir divisas. En siglos pasados, salud era equivalente a capacidad de producir oro. Hasta que los economistas clásicos descubrieron que el trabajo es la fuente de la producción de riqueza.

Es notable la incoherencia de la posición que propone a todos producir divisas, exportando más de lo que importan, pues si todos los países del mundo hicieran lo mismo, unos tendrían que ganar y otros que perder, lo que sería el fundamento de una doctrina de guerra económica generalizada, en la que quedaría fuera cualquier planteamiento de cooperación internacional.

Pero hay algo más detrás de este argumento: en esta lógica, la única fuente de riqueza mundial es la emisión monetaria del Tesoro de Estados Unidos, lo que refleja el papel de dominio que este país pretende jugar sobre todo el planeta. Eventualmente, la única palanca de regulación monetaria internacional sería la venta de las reservas de oro del FMI, mecanismo que podría ser utilizado para cancelar la deuda de los países pobres si hubiera voluntad internacional para hacerlo.

El dinero para el crédito

Se podría argumentar que en Nicaragua el crédito interno no tiene necesariamente que ser respaldado por divisas. Asumir que todo gasto interno se tiene que traducir inmediatamente en importaciones por un monto equivalente o por una demanda de divisas, para así proteger de la erosión monetaria el ingreso generado - todo gasto de un agente económico es ingreso de otro -, es olvidar que una parte importante de la producción se hace con ingredientes nacionales - especialmente la mano de obra - y que el ingreso distribuido genera, a su vez, demanda de productos, que son, al menos en parte, nacionales. Otro elemento importante a tomar en cuenta respecto al crédito agrícola es su carácter cíclico. Los ciclos préstamos reembolsos de la mayoría de los productores tienen el mismo calendario anual, debido a la simultaneidad de las actividades agrícolas, impuesta por los ritmos climáticos.

Esta realidad obliga al sistema financiero a inmovilizar sumas importantes de fondos que luego pueden ser congeladas el resto del año. El criterio para la emisión de moneda de crédito no debe ser que tenga un respaldo en dólares sino la producción que generará y la capacidad de recuperación completa de la cartera. La vida de esta moneda no puede ser extendida en el tiempo más allá del ciclo agrícola que le dio origen.

Esto supone la existencia de autoridades monetarias competentes y responsables, que no estén ni atemorizadas ni doblegadas frente a condicionalidades externas que responden a intereses ajenos a los de la nación y frente a la imposición de autoridades financieras internacionales cuyo único interés a corto plazo es que los países pobres paguen sus deudas.

El sistema que da el crédito

Como se sabe que las autoridades fiscales son más propensas a ceder a las inclinaciones "populistas" - en definitiva, a tener eventualmente una política más acorde con los intereses de la nación -, los manuales de los teóricos neoliberales recomiendan siempre que las autoridades monetarias sean independientes del resto del gobierno. Se quiere así volver a la época medieval, cuando los banqueros privados eran los proveedores de fondos de los reyes de Europa. Todavía no se había inventado la política monetaria.

El mecanismo que tiene en cuenta los ritmos del ciclo agrícola - practicado ya en Nicaragua durante los tiempos de Somoza - supone también reglas del juego claras en el manejo financiero y un sistema financiero capaz de llegar hasta el último de los pequeños y medianos productores, cuya producción tiene generalmente un mayor componente nacional y cuya demanda también se dirige más hacia bienes nacionales. Estos productores desafían a los sistemas financieros elitistas y facilistas. Y presentan al operador financiero dificultades que el sistema nacional no está preparado para enfrentar.

Los preferidos del sistema

Este mecanismo supone también un sistema financiero con una cúpula dirigente que no tenga propensión a favorecer a los empresarios con mayor capital social y a sus amigos políticos. Requiere de un gobierno que no ponga a los gatos a cuidar la leche. El escándalo en el cual se vio este mes involucrado el Ministro Rondón, titular de la cartera de Agricultura, es especialmente revelador de una situación doblemente grave para la reactivación económica.

Es simplemente vergonzoso que un Ministro de Estado, pagado por el erario público, no sólo caiga en tan espectacular mora sino que también haya sospechas de que desvió las prendas agrarias. Es decir, que no invirtió las sumas prestadas en lo convenido en su contrato con el banco. Más vergonzoso aún es que la Presidenta de la República no le pida su renuncia si ha sido así, aunque sólo sea por la sanidad moral de su gobierno, como opinó el economista Francisco Laínez, ex-Presidente del Banco Central.

El caso Rondón

En el caso Rondón se revelan dos aspectos nefastos del sistema crediticio en Nicaragua. Uno, el método de adjudicación del crédito, que favorece a allegados, parientes y amigos políticos. Una de las buenas razones para ser socio de un banco privado no son los eventuales dividendos que el cargo pueda reportar, sino el acceso privilegiado que el cargo permite a los recursos financieros.

Siendo la banca estatal la que aún aporta un 90% de la cartera agropecuaria nacional, el capital de relaciones sociales y políticas es el que prevalece para acceder a estos recursos, quedando excluidos la gran mayoría de los productores, no solamente los más pobres - que no tienen títulos agrarios ni activos de respaldo - sino también muchos finqueros acomodados, con capital productivo pero sin el capital social requerido para ingresar en los elitistas círculos de los privilegiados.

El otro elemento revelador es la inmensa concentración de la cartera crediticia. Según el informe anual de la Superintendencia de Bancos, en 1993, el 8% de los clientes de todo el sistema financiero recibió el 73% de todos los montos prestados. Esta proporción es similar en el caso específico del BANADES.

Los 14 clientes del BANADES

También revela el informe que los 14 clientes más grandes de este banco tenían al 31 de diciembre del 93 un saldo promedio en cartera de 8.6 millones de córdobas, sumando entre ellos el 8.3% de la cartera total de este banco, siendo apenas 3 de cada 10 mil de sus clientes. Entre estos 14 privilegiados debe estar el Ministro Rondón.

Obviamente, la limitación de los recursos financieros es una realidad tangible, y el abultado servicio de la deuda los reduce más. Esto es grave, pero no es menos grave la injusta e ineficiente distribución de los recursos. Esta limita aún más seriamente su impacto en términos de generación de ingreso, de empleo y de divisas que la propia limitación absoluta de los recursos.

Repartir mejor lo que hay

Hay pocos recursos y están mal repartidos. Una buena repartición es lo posible y lo más urgente. Porque según la lógica del mercado, es más eficiente una distribución proporcional de los recursos financieros que una distribución altamente concentrada.

Distribuir proporcionalmente supone un cambio de mentalidad en las instituciones rectoras de la política sectorial, y particularmente en la banca de desarrollo agrícola, que debe volver a funcionar como una banca de fomento, lo que no significa subsidiar todo y a todos indiscriminadamente - como en el pasado -, pero sí dejar de subsidiar con un acceso a recursos financieros masivos sólo a los más ricos.

El que para algunos empresarios se haya vuelto una práctica muy rentable comprar una tierra barata, darla en prenda para obtener un crédito, hacer trabajar ese dinero en actividades de rápida rotación y luego no reembolsar el préstamo porque la prenda que pierden vale mucho menos que las ganancias que sacaron del capital prestado muestra que el subsidio por la vía del crédito sigue funcionando. Pero sólo para una minoría.

Como consecuencia de esta práctica, en 1992 se realizó una condonación de la cartera de la banca estatal por un monto equivalente a 160 millones de dólares. Aunque no se tengan informaciones exactas sobre la distribución de la cartera en mora por estrato de monto, es evidente que la estrategia de no pagar al banco es mucho más fácil para los grandes productores que tienen apoyos que para los pequeños que ya no tienen acceso al crédito y, cuando lo tienen, no pueden permitirse perder la prenda agraria, que es su único capital económico. Además, como semejante condonación se hizo con un bono fiscal, tendrá que ser asumida con nuevos impuestos por las generaciones futuras.

Una política fiscal recesiva

La alta carga impositiva que mantiene el gobierno sobre numerosos bienes claves, que son insumos para la actividad económica - como por ejemplo, los combustibles y los repuestos de vehículos - es también un producto indirecto de la necesidad de pagar un elevadísimo servicio de la deuda externa.

En teoría, la política arancelaria se concibe como una palanca para proteger el ingreso nacional de los empresarios frente a las importaciones que compiten con su producción, sobre todo cuando se trata de productos que son excedentarios en su país de origen o que tienen una productividad más alta, y que se venden más baratos con el mecanismo del dumping.

Si el gobierno prefiere favorecer a los empresarios monopólicos, poniendo por ejemplo barreras aduaneras explícitas o disfrazadas al azúcar, en vez de proteger el ingreso de miles de pequeños productores poniendo esa barrera a las importaciones de granos o fijando un precio justo a la venta de las donaciones, ésa es una decisión política, pero el instrumento empleado es el mismo: los impuestos.

En Nicaragua, el gobierno utiliza los impuestos arancelarios y selectivos sobre determinados bienes en forma no discriminada. Simplemente, los concibe como privilegiada fuente para recaudar sus ingresos. Y es que es más fácil este tipo de recaudación que, por ejemplo, la de los impuestos sobre la renta. A la vez, protege a algunos monopolios privados.

La huelga del transporte

En esta situación, la solución al problema de la huelga del transporte sólo podía lograrse - y provisionalmente - por cansancio y desgaste mutuo. El gremio de los transportistas perdía 370 mil dólares por día y el gobierno perdía unos 460 mil por impuestos no recaudados. El país en su conjunto perdía aún más: unos 2.2 millones de dólares por día.

A estas pérdidas directas hay que sumar el impacto negativo que este tipo de inestabilidad tiene sobre la inversión privada, particularmente sobre la extranjera. Obviamente, estos costos directos e indirectos para la nación hubieran sido menores si el gobierno hubiese tardado menos días en acceder a negociar. Pero sus márgenes de maniobra son tan estrechos que recurre a la simple táctica de desgastar a sus contrincantes para tener que ceder menos al final. Es un cálculo absurdo y cortoplacista, pues a fin de cuentas las pérdidas por ingresos fiscales no percibidos fueron mayores. Los impuestos sobre el combustible representan el 16% de los ingresos tributarios totales, unos 55 millones de dólares en 1993.

El tener que negociar aceptando una disminución del impuesto a los transportistas, por la vía de un bono compensatorio - equivalente al 8% de la recaudación sobre combustibles - fue equivalente el efecto de 10 días de huelga. Empezar por ahí hubiera tenido un costo muchísimo menor para el país. Los transportistas conjugaron unidad y organización. El gobierno habría debido conjugar un manejo político de la huelga con una adecuada asesoría económica. No lo hizo. Apostó sólo a la táctica del desgaste y perdió mucho más.

Populismo o responsabilidad

Existe el serio riesgo de que, al acercarse las elecciones, el equipo gubernamental utilice su posición privilegiada en las riendas de la economía nacional para hacer populismo electoral. Esto aliviaría la situación inmediata de algunos sectores, pero podría echar por la borda la estabilización económica costosamente lograda en los primeros años del gobierno Chamorro.

Durante estos dos años que faltan para las elecciones se pueden hacer muchas cosas en la economía, en un sentido no clientelista. Todavía es tiempo de echar a andar un programa económico coherente de reactivación y de reconstrucción nacional, sobre la base de un consenso ampliamente compartido por los diferentes sectores de la sociedad. Un programa cuyo alcance iría más allá del horizonte de las elecciones y favorecería el actuar del gobierno que resultara electo. A nivel político, esto favorecería una plataforma amplia de gobierno, que evitaría el caer en la tradicional alternancia política latinoamericana, en la que cada gobierno, en vez de trabajar por el bien de la nación, trabaja para enriquecerse en el plazo más breve y para no dejar nada que favorezca al sucesor.

Deuda externa: oídos sordos

Es esta actitud antipatriótica la que parece haber prevalecido en el gobierno en los últimos meses ante una renegociación de la deuda externa. Existe una propuesta independiente para enmarcar las renegociaciones bilaterales de la deuda en un esfuerzo global coherente y condicionado a una estrategia de reactivación económica. Pero el gobierno ha hecho oídos sordos a esta propuesta. Ha preferido continuar con el triunfalismo y el secretismo con el que ha manejado hasta el momento este tema, que parece considerar una de sus muy exclusivas atribuciones.

Y aunque es cierto que el gobierno es el que firma los pagarés de la deuda pública, es la nación la que los paga con sus impuestos, aunque no siempre haya transparencia sobre el uso que se hace de los fondos recibidos en préstamo, que contribuyen a aumentar la deuda.

Es probable que hayan existido algunas presiones internaciones sobre el gobierno para que no emprenda una estrategia renegociadora global, no tanto por la magnitud de los montos en juego - la deuda de Nicaragua es apenas el 2.5% de la deuda total de América Latina - sino por el "mal ejemplo" que podría dar a otros países y el precedente que una decisión así podría crear.

La deuda puede ser la clave

Está demostrado que ni siquiera la condonación de toda la deuda podría constituir por sí sola la varita mágica que resolvería todos los cuellos de botella del subdesarrollo en Nicaragua. Pero en la actual situación del país se ha vuelto una condición absolutamente necesaria aliviar la carga de la deuda logrando un consenso amplio sobre un plan económico que permita el crecimiento.

Se trata realmente de invertir los términos negativos del círculo vicioso de inestabilidad política y estancamiento económico en el que se encuentra Nicaragua y de reemplazarlos por una dinámica positiva, donde el tema de la deuda se convierta en bandera para una amplia gama de sectores sociales. Al servirles este tema de piedra angular para forjar el consenso sobre un programa de reactivación productiva y de inversión social, no sólo se daría luz verde a este consenso sino que se aumentarían notablemente las posibilidades de éxito de la estrategia misma.

Canjear deuda por desarrollo

La sobrecarga de la deuda externa no sólo constituye una traba al desarrollo económico porque su abultado servicio afecta seriamente los márgenes de maniobra para la política fiscal y crediticia. La existencia misma de un monto de deuda tan elevado - en gran parte en mora (50%) - constituye una amenaza siempre pendiente para el futuro. Aunque actualmente no se pague - de hecho, el servicio actual no llega al 20% de lo que se debería pagar -, la amenaza sigue pendiente, restando credibilidad a Nicaragua para hacer operaciones financieras internacionales y contribuyendo a frenar las posibilidades de inversión extranjera.

El cansancio de los países donantes, la escasez de capital extranjero y la intransigencia de los organismos multilaterales podrían destrabarse simultáneamente si los sectores sociales nicaragüenses dieran su respaldo a una estrategia nacional de crecimiento fundamentada en una especie de intercambio, de canje de "deuda por desarrollo".

La lógica de los acreedores

Las lógicas de los acreedores tampoco son monolíticas. Aunque cada país acreedor trata de obtener que Nicaragua le pague la mayor parte de lo que le debe - aunque esto implique que no pueda pagar a otros -, es posible que, sobre todo en foros como el Club de París, pueda aceptarse el principio de que nuestra deuda se debe reducir hasta un nivel compatible con la capacidad de pago del país. Entendiendo por capacidad de pago la suma máxima que se pueda pagar sin que los nuevos préstamos en los cuales se incurrirá en el futuro hagan aumentar el monto de la deuda más rápidamente que el producto del país.

Se está difundiendo entre los acreedores bilaterales la idea de que gran parte de su ayuda a los países pobres sólo sirve para que estos paguen las deuda que tienen con los organismos financieros internacionales, lo que se vuelve cada vez más difícil de justificar ante los parlamentos nacionales de los países ricos, que son los que aprueban esas ayudas.

También manejan estos acreedores la idea de que el gobierno de Nicaragua no es creíble y que seguir condonándole su deuda es otra manera de seguir echando agua en un canasto, entregándole recursos que serían derrochados, como lo fueron los más de 3 mil millones de dólares de ayuda recibida en los últimos 4 años.

Desafío de la sociedad civil

Por todas estas razones resulta aún más necesario que la sociedad civil en su conjunto intervenga y respalde una estrategia de renegociación atada a una propuesta de reactivación económica. No sólo porque no será aceptable por los acreedores la meta de la condonación de la deuda sin el respaldo de un programa económico coherente con el objetivo de mediano plazo de conseguir que Nicaragua salga de su situación de país pobre y sobre-endeudado.

Sino porque sin una activa participación de todos los sectores sociales y el firme respaldo que éstos le den, ni la estrategia negociadora ni el programa económico alternativo tendrán posibilidades reales de tener éxito.

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