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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 151 | Agosto 1994
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El Salvador

Todos los caminos llevan a la impunidad

Los escuadrones de la muerte están sufriendo una metamorfosis: evolucionan hacia la delincuencia y la organizan a la sombra de la impunidad. Los intereses de los gremios empresariales y de los grupos populares convergen hoy contra esa impunidad.

Juan Hernández Pico, SJ

Varios acontecimientos políticos han hecho girar al país una vez más alrededor de la seguridad, la impunidad y la administracion de la justicia. La Asamblea eligió a la nueva Corte Suprema de Justicia. El Grupo Conjunto - que ha investigado los crímenes políticos y las estructuras que los cometen - entregó su informe, que refuerza las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Y ONUSAL entregó también su informe sobre irregularidades en la Policía Nacional Civil. Existe hoy en El Salvador una pugna enconada entre las estructuras de la impunidad y las fuerzas interesadas en desafiarla, pero la división de la izquierda no le permite aprovechar adecuadamente tan singular oportunidad.

Corte Suprema: del impasse al consenso

Como era de esperar, ARENA no aceptó de ninguna manera entregar el cargo de Presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia a Abraham Rodríguez, del PDC, porque podría transformar esta institución en su trampolín para lanzarse como candidato a la Presidencia en 1999. Más en el fondo, temía que Abraham Rodríguez, ex-miembro de la Comisión ad-hoc que propuso la depuración de la Fuerza Armada reviviera el pasado al frente de la Corte. Pero ARENA tampoco consiguió romper la postura de la oposición, determinada a impedir que ARENA quedara al frente de este poder del Estado. Fueron inauditos los esfuerzos para quebrar la unidad de la oposición. El más importante, intentando aprovechar la división interna del PDC entre los partidarios de Fidel Chávez Mena y los de Abraham Rodríguez. Pero la maniobra no funcionó.

El prolongado impasse sólo podía romperse alrededor de un jurista de bajo perfil y sin afiliación orgánica a ningún partido político. El 27 de julio, el Doctor José Domingo Méndez logró el consenso. Parece tratarse de un abogado independiente y con reputación de honestidad. La fórmula de consenso revela el carácter transicional de la nueva Corte Suprema. Cinco magistrados fueron electos por 9 años, otros cinco por 6 años y otros cinco por 3 años. El Presidente Méndez fue electo por 3 años. "Esta Corte - dijo en sus primeras declaraciones - no llega con propósitos políticos, vamos a tratar de resolver los problemas de delincuencia y crimen organizado". Unos días después habló también de "erradicar la impunidad".

Una oportunidad única

Si el proceso de elección de la nueva Corte no se hubiera polarizado políticamente tanto, ésta habría podido quedar conformada con más excelentes personalidades. Sólo dos magistrados - René Hernández Valiente, en la Sala de lo Constitucional, y Aronette Díaz vda. de Zamora, en la de lo Contencioso Administrativo - tienen filiación orgánica con partidos políticos, ARENA y Convergencia respectivamente. Se puede afirmar que se ha logrado una Corte con relativa independencia política.

También se puede decir que es equilibrada: hay aproximadamente el mismo número de magistrados de los presentados por ARENA y de los que propuso la oposición. Y ninguno de los candidatos "inaceptables" para ARENA o para la oposición quedó en la Corte. Funcionó, pues, aunque con mucha dificultad, el procedimiento de elegir la Corte Suprema por consenso de los diputados, sin que este consenso haya sido conseguido "por fuerzas extrañas", eufemismo usado para referirse a "votos comprados". Es primera vez que las mujeres - dos - ocupan magistraturas en la Corte.

Todo esto no es poco en el proceso de democratización. Tampoco es de poca monta lo no conseguido: la corte no será independiente del capital financiero dominante en el país. Para ello, El Salvador tendría que contar con un gremio de abogados diferente al que hoy predomina. Durante tres años se le abre a El Salvador la oportunidad de mejorar sustancialmente la administración de justicia y de luchar contra la impunidad. El Consejo Nacional de la Judicatura acaba de concluir una evaluación de todos los jueces del país, sobre la que debe actuar ahora esta nueva Corte Suprema. El CNJ - electo por la Asamblea anterior sobre las listas propuestas por las Asociaciones de Abogados y que tuvo conflictos agudos con la anterior Corte Suprema - fue otro de los logros importantes de los Acuerdos de Paz de 1992.

¿Y los escuadrones?

A fines de 1993, cuando recrudeció el crimen político, especialmente contra militantes y cuadros del FMLN, se constituyó - por fuertes presiones internas e internacionales - lo que se llamó el Grupo Conjunto. Debía cumplir con una de las más serias recomendaciones del Informe de la Verdad: investigar a los escuadrones de la muerte. Debía investigar la criminal estructura dentro del Estado, el Estado de impunidad dentro de lo que pasaba como Estado Constitucional de Derecho.

La comisión que haría esta investigación la formaron - a instancias del FMLN - el Gobierno de El Salvador y ONUSAL. Por eso se llamó Grupo Conjunto. La integraron el Procurador de Derechos Humanos, el Jefe de la División de Derechos Humanos de ONUSAL y dos abogados nombrados por el gobierno, uno de los cuales falleció poco antes de finalizar el informe. El informe debería haber sido entregado al ex-Presidente Cristiani, pero el Grupo pidió una prórroga hasta el 31 de julio.

Lo más importante del informe presentado ahora por el Grupo Conjunto es que ratifica todas las conclusiones del informe que hace año y medio hiciera la Comisión de la Verdad y no niega ninguna de ellas. Afirma que continúan existiendo grupos armados que actúan con motivación política, conformados por miembros de los escuadrones y ex-miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad ya disueltos, pero formados también por miembros dados de alta en la Fuerza Armada y en la Policía, por miembros del partido ARENA y por personeros del Estado.

Señala el informe que estos grupos han sufrido una metamorfosis: de clandestinos y con objetivos políticos exclusivamente han pasado a especializarse también en el delito delincuencial común organizado a la sombra de la impunidad. Puntualiza el informe que los antiguos aparatos de inteligencia de la Fuerza Armada y de la PN han continuado ejerciendo esta función - reservada por ley desde los Acuerdos de Paz exclusivamente al Organismo de Inteligencia del Estado, dependiente directamente de la Presidencia de la República - y que han usado esta información para apoyar al crimen organizado.

Consejos y silencios

Las recomendaciones que el informe del Grupo Conjunto hace al gobierno son excelentes.La primera es que se debe institucionalizar la investigación y el juicio del crimen político. Esto se logrará creando dentro de la PNC una unidad de investigación del crimen político, desvinculada tanto de la Unidad Antinarcóticos como de la antigua Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, y designando jueces especiales para encargarse de tales crímenes.

La segunda recomendación demanda la supresión inmediata de la Policía Nacional, la depuración de los jueces y una vigilancia adecuada para que no se desvirtúe la recolección de inteligencia.

El Grupo Conjunto no esclareció ninguno de los casos principales para los que fue creado. El informe usa un lenguaje tímido para referirse a los militares implicados en el crimen político - habla de "miembros" de la Fuerza Armada y no de "oficiales" o "altos oficiales" - y no responsabiliza al Estado por su pasividad ante al crimen político. Por deficiencias del Grupo Conjunto en ganarse la confianza de la gente o porque el temor a hablar permanece enraizado, los nombres concretos que aparecen en el informe se dan sólo en base a fuertes indicios, pero no en base a pruebas convincentes. Por esto, los nombres fueron entregados en un anexo al Presidente Calderón y al Secretario General de la ONU, pero no se hicieron públicos.

Aún con estas limitaciones, la ultraderecha - que se expresa en El Diario de Hoy - rechazó el informe del Grupo Conjunto con la misma visceralidad que expresó contra los informes de las Comisión Ad hoc y de la Comisión de la Verdad. "Recogen inmundicias - dice esta ultraderecha - para arrojarlas sobre la Patria, pero nunca reconocen el ataque del comunismo foráneo causante de toda la sangre derramada en el país".

La nueva Policía

ONUSAL entregó este mes al gobierno y al FMLN su informe sobre irregularidades en la nueva Policía Nacional Civil. En él señala lo que ha sido central en el intento de desnaturalización de esta pieza clave de los Acuerdos de Paz. Se trataría de quitar poder dentro de la PNC a la Unidad Especial Antinarcóticos (UEA), que fue transferida en forma completa y sin ninguna depuración desde la Policía Nacional a la PNC durante el último año del gobierno Cristiani. Esto implica una militarización importante de la PNC. Porque todas la estructuras de la Policía Nacional están montadas según el antiguo esquema en el que los mandos de la Policía son los oficiales de la Fuerza Armada. Pero supone además un grave peligro: infiltrar a la nueva PNC de la corrupción del narcotráfico.

Según el informe de ONUSAL, lo mismo se ha hecho con la antigua Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, insertada en la PNC intacta, sin ninguna depuración, a pesar de que la PNC cuenta ya con la nueva División de Investigaciones Criminales. También se refiere ONUSAL a la necesidad de equilibrar cargos jerárquicos dentro de la PNC, rompiendo la actual hegemonía que tienen los mandos procedentes de la Policía Nacional. Las recomendaciones de ONUSAL tocan además la reforma de los programas en la nueva Academia Nacional de Seguridad Pública y el cumplimiento de normas para el ingreso en la Academia.

Descarrilamiento

Hay evidencias de que la coyuntura internacional es muy favorable para que se logren avances en la institucionalización de una seguridad pública civil e independiente en El Salvador. El jefe de ONUSAL, el diplomático venezolano Enrique ter Horst, afirmó el 25 de julio que "el principal problema pendiente" para la pacificación del país "se puede resumir en una palabra terrible: impunidad" e indicó que "había que encarrilar nuevamente el proceso de una manera enteramente conforme a los Acuerdos de Paz".

Reveló que el 15 de julio habían entregado el informe sobre la PNC al gobierno y que éste está obligado a cumplir sus recomendaciones, dirigidas fundamentalmente a revertir "el proceso de militarización" de la PNC, siendo precisamente esta militarización el aludido cambio de carriles.

Dos palancas

Ninguna de estas declaraciones podrían haberse hecho si el jefe de ONUSAL no se sintiera fuertemente respaldado por el Secretario General de la ONU, por el Consejo de Seguridad y por los países del Grupo de Amigos, especialmente Estados Unidos. Tanto el nuevo director de la PNC, Rodrigo Avila, como su superior inmediato, el nuevo Viceministro de Seguridad Pública, el empresario Hugo Barrera, acogieron muy bien las recomendaciones de ONUSAL. En la nueva Corte Suprema y en la PNC se tendrían a partir de ahora las dos palancas más fuertes para luchar contra la impunidad del crimen organizado.

Detrás de la expresión "crimen organizado" está la "reconversión" de muchas actividades de criminalidad política, hoy transformadas en auténticos negocios de criminalidad delincuencial. Los delitos principales son el robo de vehículos y el narcotráfico. El asalto a bancos y a vehículos que transportan dinero y los secuestros se unen a estos dos negocios principales.

El asalto a plena luz del día el 23 de julio del Banco Hipotecario indica que el caso ocurrido en junio con el Banco de Comercio no fue nada excepcional. Se trata de operaciones "comando" en las que no existe ningún escrúpulo de matar. En ellas, se está trasladando a la delincuencia la organización y el "espíritu" de la guerra. Este capital delincuencial, acostumbrado al negocio de la guerra, a la justificación del crimen por los propios intereses fanáticamente defendidos y a la impunidad, se enfrenta hoy a los sectores dominantes del capital legal.

Todos contra la impunidad

El 26 de julio, los empresarios de la ANEP convocaron a todas las fuerzas vivas del país a fusionarse en un frente nacional contra la delincuencia y a denunciar los delitos ante las autoridades policiales o judiciales. Que el Presidente de la ANEP haga esto, que el Viceministro de Seguridad Pública sea un empresario y muestre tan firme disposición a combatir el "crimen organizado", que el director de la PNC esté en la misma línea y que el Presidente Calderón Sol ordene anticipar a fines del 94 la supresión de la Policía Nacional y fortalecer cada vez más a la PNC, indica que todo es favorable no sólo a nivel internacional sino también a nivel nacional para la nueva fuerza de seguridad pública de El Salvador.

Sin embargo, no todo está ganado y son muchos los intereses contrapuestos. Lamentablemente, la división del FMLN le impide aprovechar creativamente la actual coincidencia de intereses de los gremios empresariales y de los grupos populares en quebrantar la impunidad. Le impide convocar a un frente activo, verdaderamente nacional, que se organice, luche y venza esta lacra histórica nacional.

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