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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 150 | Julio 1994
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Guatemala

El país que "cambia" y el país real

Las conversaciones de paz URNG-Gobierno dan la imagen de que el país es otro. Pero la Guatemala real es la misma: sigue imperando el terror y sigue mandando el ejército.

Trish O' Kane

Por las noticias internacionales, pareciera que muchas cosas están cambiando aceleradamente en Guatemala. El 23 de junio, en Oslo, Noruega, y después de varios días de discusión y de una fuerte presión internacional para evitar el rompimiento del diálogo, la URNG y el gobierno guatemalteco acordaron crear una Comisión de la Verdad. Este paso, que costó mucho dar, se ha presentado como un augurio de que el conflicto militar terminará pronto y como prueba de que el proceso de paz va sobre rieles.

La comunidad mundial no deja de autocongratularse por estos logros. Jean Arnault, el mediador francés de Naciones Unidas para el proceso, se ha asegurado ya un lugar en la historia diplomática por sus incansables esfuerzos en favor de la paz. Y es Guatemala, el país del terror institucionalizado, el que después de El Salvador y el Medio Oriente entra en la lista de éxitos del actual esfuerzo de pacificación internacional.

El país es real es otro

Pero para quienes vivimos en este país, esa Guatemala de la que hablan con tanto entusiasmo parece estar en otro planeta. Dentro del país, las violaciones a los derechos humanos siguen su ritmo histórico, permanente, a pesar del acuerdo sobre derechos humanos firmado en marzo. Y el ejército guatemalteco está utilizando el proceso de paz para garantizar en el futuro su dominio sobre la sociedad civil.

La institución armada se siente tan segura que está decidida a ocupar nuevos espacios, lanzando la candidatura de una docena de militares retirados para las elecciones del Congreso en agosto. Entre ellos, de cinco ex-generales. Y entre ellos, del General Efraín Ríos Montt, conocido autor intelectual de horrendas masacres.

"Lo más grave es que la negociación se está trasmutando y está pasando a ser un instrumento de legitimación del proyecto que impulsa la actual cúpula militar, cuyos objetivos más importantes son la derrota política de la URNG, la no integración de una Comisión de la Verdad real, la autodefinición de su propia reconversión - sin participación civil - y el mantenimiento de la institución armada como principal factor de poder del Estado. Y lo están logrando", advirtió el analista Danilo Rodríguez en un editorial del 30 de junio en el diario Siglo Veintiuno.

Desfile lleno de señales

Cada 30 de junio se celebra en Guatemala el Día del Ejército, y las Fuerzas Armadas salen a desfilar gloriosas por las calles de la capital. En esta ocasión exhiben siempre su mejor maquinaria de guerra. Este año, y durante varias horas, tanques, camiones y miles de botas tronaban por el centro de la ciudad, mientras helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea hacían piruetas en el cielo. Desfilaron también la caballería y los perros entrenados. Y hasta un niño, que apenas tenía edad de caminar, iba disfrazado de "kaibilito". Los Kaibiles son una fuerza élite - del estilo de los "boinas verdes" gringos -, temida y famosa por su brutalidad.

Pero lo que este año llamó más la atención en el desfile, marcando una diferencia con los de otros años, fue la impresionante participación de miles de civiles desarmados. Eran miembros de las patrullas de autodefensa civil - las cuestionadas PAC - y superaban en número a la tropa. Todos vestían de civil y muchos lucían el colorido traje típico indígena de su región. Participó también en el desfile una carroza, desde donde la Reina del Ejército saludaba a la población como mágica hada madrina. En la misma carroza se veía una escuelita y un soldado atendiendo a una familia indígena bajo estas leyendas: "Trabajos de apoyo a la comunidad" y "El ejército de Guatemala: bastión en el desarrollo del país".

El mensaje era evidente: aunque el ejército enfrenta una inevitable reducción, está preparado para el futuro y sus tentáculos están sólidamente extendidos en todas las esferas de la sociedad. "Podemos esperar un ejército menor en cantidad pero mayor en calidad, mejor equipado y con mayor tecnología, eficiente para cumplir la misión constitucional asignada y capaz de enfrentar los nuevos desafíos que le ofrece el ambiente de paz", anunció el Presidente Ramiro de León durante la ceremonia.

Sin armas, pero millonarios

El desfile resultó una prueba de fuerza en una coyuntura formalmente crítica para los militares. De León anunció ese día el fin del reclutamiento forzoso - ahora será "voluntario" - y el aparente fin de las patrullas civiles con la firma de la paz. Otro importante cambio que anunció sería la creación de un cuerpo de inteligencia civil. Hasta ahora, la única inteligencia que existe en Guatemala depende del ejército.

El General Mario Enríquez, Ministro de Defensa, lanzó un discurso sombrío, instando a los soldados a mirar hacia el futuro. "Como lo percibe la nación guatemalteca, aun cuando causa suspicacias en algunos incrédulos, puedo decir con mucha satisfacción que el ejército está preparado para encarar el futuro. Estamos preparados para la época post-enfrentamiento, asumiendo nuevas y variadas tareas", dijo.

Al igual que sus homólogos centroamericanos, los militares guatemaltecos hablan ahora de sus nuevas tareas en la etapa de post-guerra: el combate al narcotráfico, la conservación del medio ambiente, el apoyo a la infraestructura nacional, etc. El sector más modernizante del ejército guatemalteco - conocido como el de los "institucionalistas" - reconoce que en la post-guerra el nuevo campo de batalla en Guatemala será el económico y que los fondos internacionales serán canalizados para proyectos de desarrollo y no para armas.

Dentro de la nueva estrategia de los institucionalistas cabe el eventual desmantelamiento de las patrullas civiles. En 1993, el Ministro de Defensa anunció que cuando se firmara la paz, las patrullas civiles se convertirían en "comites de paz y desarrollo". De hecho, esto ya está ocurriendo en diferentes partes del país, pero hasta ahora sólo han cambiado el nombre y su función sigue siendo la misma.

Las violaciones a los derechos humanos y los abusos de las PAC no han cesado. Según el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García La guardia, en el Petén el ejército está obligando a la población a organizarse en los nuevos comités, violando el acuerdo general de derechos humanos firmado en marzo.

Los defensores de los derechos humanos temen mucho a la futura "conversión" de las PAC, porque una canalización a través de ellas de fondos de desarrollo sólo fortalecería a estos cuerpos paramilitares. No cabe duda que el desarme de estos grupos será un avance, pero si sólo se reemplazan sus armas por millones de dólares y no se desmantelan totalmente sus estructuras, mantendrán el poder local que tienen y seguirán siendo fuente de conflictos.

Una Comisión debilitada

"Es un paso positivo para que recuperemos la memoria de tantos hechos terribles. Es un instrumento, una sanción moral, para evitar que estos hechos ocurran en el futuro", opina Carlos Aldana, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Muchos activistas de los derechos humanos alabaron el acuerdo URNG-Gobierno que estableció una Comisión de la Verdad, a la vez que expresaban descontento por su debilidad. La Comisión no señalará a individuos concretos como responsables de crímenes, sino sólo a instituciones. No tendrá poder judicial. Y los miembros que la integren tendrán sólo un año como máximo para investigar 30 años de violaciones a los derechos humanos, desde que a principios de los 60 se inició el conflicto armado.

"En un plazo de tiempo así se hace imposible investigar todas las violaciones. Hay que tener un escepticismo crítico y no ser demasiado optimista. Es casi una especie de amnistía previa, que puede amparar la impunidad", opina Aldana. Varios dirigentes populares insisten en que defensores destacados de los derechos humanos a nivel internacional formen parte de la comisión, y propusieron a los argentinos Adolfo Pérez Esquivel y Ernesto Sábato, pero fueron rechazados por el ejército guatemalteco.

La Comisión estará conformada por un representante de la universidad, por un miembro "independiente" de la sociedad guatemalteca y por Jean Arnault, el mediador de Naciones Unidas. Arnault escogerá los otros dos miembros, con la aprobación de las dos partes. Todavía no se sabe cuánto será el personal del apoyo ni cómo será escogido.

A pesar de la debilidad legal de la comisión y de la poca presencia internacional que habrá en ella, este último acuerdo alcanzado en el proceso de paz provocó reacciones negativas entre algunos militares. "Que no se confundan aquellos que buscan victorias en la mesa de negociaciones o los que buscan revanchas o venganzas, pues carecen de condición moral para impulsar acciones que nos perjudiquen. Deberán recordar que el ejército es inquebrantable," afirmó tajante el General Víctor Manuel Argueta en la ceremonia de despedida en que pasó a retiro.

Para algunos, que el ejército aceptara una Comisión de la Verdad fue sorprendente. Había sido proverbial su férrea oposición a la misma, como proverbial es la decisión de la institución armada de encubrir las atrocidades que ha cometido. A pesar de todas sus debilidades, la Comisión no tendrá más remedio que señalar al ejército como el mayor responsable de los más de 100 mil desaparecidos y asesinados desde 1960, en la guerra "sucia" más larga y sangrienta de América Latina.

El cambio de posición de los militares se explica por la debilidad legal que se le ha asignado a la Comisión y por la preponderancia que el sector de los institucionalistas tiene ya dentro del ejército. "Este sector quiere terminar con la guerra y la Comisión de la Verdad era el punto más difícil en las negociaciones. Estos oficiales están mirando hacia el futuro, son muy inteligentes y están viendo cómo preservar el poder militar. Si la Comisión señalara a ciertos generales como responsables de atrocidades, sería muy dañino y dividiría aún más el ejército. Pero ahora los oficiales más jóvenes están subiendo en el escalafón y pueden argumentar que fueron oficiales de otra época los que ordenaron las masacres", explica el analista Fernando López.

Por qué aceptó la URNG

Otro factor importante para lograr el acuerdo fue la intensa presión internacional, particularmente de Noruega y los Estados Unidos. El día en que se firmó el acuerdo, funcionarios del Departamento de Estado norteamericano anunciaron que el Presidente Clinton pedirá al Congreso que descongele unos 6 millones de dólares en ayuda militar a Guatemala. El ex-presidente Bush había congelado la ayuda militar en 1991 por el asesinato del ciudadano gringo Michael Devine.

Con la aprobación del Congreso, el dinero será transferido a un "fondo de paz" para Guatemala. Aunque los oficiales norteamericanos no explicaron cuál será el uso de estos fondos, el ejército guatemalteco ya hace planes para asignarlos a las "nuevas" PAC.

A algunos causó sorpresa y disgusto la anuencia de la URNG a aceptar una Comisión tan débil. Según Rosalina Tuyuc, de CONAVIGUA (Consejo Nacional de Viudas de Guatemala), la guerrilla se doblegó ante la intensa presión internacional. "Este acuerdo no nos complace. Sobre todo, porque sólo va a señalar a instituciones. Nosotros queremos nombres y apellidos. Pero, claro, si la URNG no hubiera aceptado este punto, se habría roto el proceso", declaró.

La posición de la guerrilla también se explica por su debilidad militar y política, si la comparamos con la fortaleza de otros movimientos revolucionarios centroamericanos en el momento en que estaban en negociaciones. El FMLN controlaba zonas enteras de El Salvador y había lanzado una ofensiva militar en la capital, en vísperas de sus definitivas negociaciones con el gobierno.

Desde que fue arrasada, tanto a nivel rural como urbano a principios de los 80, la URNG no ha podido recuperar su fuerza militar. Y desde entonces, ha sido más un "estorbo" que una amenaza para el ejército guatemalteco. Otros analistas creen que los comandantes de la URNG están cediendo en las negociaciones por ambiciones políticas. "Los comandantes están dispuestos a terminar con la guerra si pueden obtener concesiones mínimas. Si quieren participar en las elecciones de 1995, tienen que concluir el proceso lo antes posible para regresar al país y formar un partido político", comenta el analista de FLACSO, Gabriel Aguilera Peralta.

En general, activistas y grupos populares guatemaltecos han expresado escepticismo sobre el impacto real que el proceso de paz va a tener dentro de Guatemala. "El ejército utiliza un doble discurso, tratando de cambiar su imagen ante la comunidad internacional. Pero, dentro del país, sigue utilizando los mismos métodos de amenaza y violencia de siempre, sigue sin respetar la ley", afirma Nineth Montenegro, dirigenta popular.

Los desarraigados

El 15 de junio, la URNG y el gobierno también firmaron en Oslo un acuerdo para beneficiar a las poblaciones desarraigadas. Pero el documento es ambiguo y contradictorio. Dado el incumplimiento del gobierno en acuerdos previos firmados con los refugiados, muchos dudan de las promesas de que ahora se les dará acceso a la tierra y seguridad. Incluso, muchos retornados desconocen el contenido de este nuevo acuerdo.

El país real en las zonas de retorno es muy distinto al de las palabras bonitas de Oslo. Hasta ahora, el gobierno no ha cumplido con sus promesas de resolver los múltiples conflictos de tierras creados por el ejército en los 80. Cuando miles huyeron por las masacres en Ixcán, en tiempos de los Generales Lucas García y Ríos Montt, el posterior régimen del General Mejía Víctores decretó "el abandono voluntario" de las tierras y el ejército acarreó a miles de desplazados para que ocuparan las propiedades de los que fueron asesinados u obligados a huir a México.

Actualmente, con el retorno de los refugiados, la situación en estas zonas es muy tensa y algunos temen que la violencia se desate de nuevo. Tristemente, se está cumpliendo lo que escribió la antropóloga Myrna Mack, antes de ser asesinada por un miembro del Estado Mayor Presidencial en 1990: "El ejército impulsó el asentamiento de nuevas personas -campesinos pobres sin tierra - en las tierras de los que estaban en México o escondidos en la selva. Esta política habría de crear después un escenario para serios conflictos".

Muchos guatemaltecos están decepcionados con este último acuerdo, pero siguen teniendo fe en los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para esclarecer las atrocidades de las últimas tres décadas. El conjunto de estos esfuerzos, los miles de casos registrados y la investigación de algunos de los casos mas sonados, constituyen la verdadera Comisión de la Verdad de Guatemala.

Pero los últimos acontecimientos, en relación con dos de los casos más famosos, hacen prever que quien busque la verdad en Guatemala, seguirá corriendo el riesgo de pagar la osadía con su sangre. Sólo cuatro días después del acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, varios familiares del mismo Presidente de León tuvieron que exiliarse ante repetidas amenazas de muerte. La salida de Karen Fischer de Carpio y de sus hijos se debió a su insistente investigación del asesinato de su suegro, el político Jorge Carpio, primo hermano de Ramiro de León, asesinado en julio/93.

La familia de Carpio acusó públicamente a varios patrulleros civiles del Quiché de ser los autores materiales del crimen. Según la viuda, Marta Arrivillaga de Carpio, entre los autores intelectuales había agentes de la inteligencia militar. El 31 de mayo hubo un avance significativo en el caso, cuando bajo la orden del juez, la policía capturó a tres presuntos autores materiales: al jefe de la patrulla civil de San Pedro Jocopilas (Quiché), al ex-gobernador departamental del Quiché y al actual alcalde de San Pedro Jocopilas. Una semana después, el mismo juez ordenó la liberación de los detenidos, alegando que no había suficientes evidencias para justificar la detención.

"En Guatemala sigue campeando la impunidad, pues si la Ley se declara incapaz de castigar a los responsables del crimen de un hombre público, con la trayectoria nacional e internacional que tenía Jorge Carpio, ¿qué pueden esperar entonces los familiares de tanta gente sencilla y casi anónima que día a día es asesinada?" escribió un columnista del diario El Gráfico.

Suicidios, videos y datos

Otro caso clave en la lucha contra la impunidad y que sigue avanzando con dificultades es el de Myrna Mack. El reo Noel de Jesús Beteta, miembro del Estado Mayor Presidencial y condenado a 30 años por la muerte de la antropóloga, volvió a ser noticia en junio. En sólo cuatro días, intentó supuestamente suicidarse en dos ocasiones dentro de la cárcel, usando para matarse una toalla.

A finales del año pasado, una "epidemia" de suicidios con toallas se produjo en la misma cárcel donde está Beteta. Pero se piensa que los compañeros de Beteta fueron realmente asesinados para desalentar a Beteta, el reo más famoso de Guatemala, en el caso de que se decidiera a hablar.

Estos últimos hechos ocurren precisamente después de que Beteta empezó a brindar datos sobre el crimen. Desde marzo, Beteta fue entrevistado y grabado varias veces por Jorge Lemus, un ex-reo y compañero suyo en la cárcel. Lemus - conocido popularmente como el Buki por su aspecto -, dice que quiere contribuir a la lucha contra la impunidad. Otros elementos cercanos al caso temen que Lemus podría estar trabajando con un sector del ejército que busca enturbiar las investigaciones.

En las grabaciones, que incluyen un video, Beteta admite haber asesinado a Myrna Mack por ser "parte intelectual de la guerrilla". Afirma que la orden vino del entonces jefe del Estado Mayor Presidencial, el General Edgard Godoy Gaitán. Beteta enfatiza que fue un crimen político, dentro del contexto de una guerra y solicita una amnistía ante la próxima llegada de la comisión verificadora de la ONU y la instalación de la Comisión de la Verdad. El Buki insiste en la veracidad de las grabaciones y en la urgencia de actuar. Pero ante periodistas internacionales, Beteta desmintió todo y muy confiado, insistió en que pronto llamará a una "espectacular" conferencia de prensa para contar "la verdad".

Un dato más que añadir al caso: el 17 de junio, el reo Julio César Soto, conocido como el Flaco, murió en un motín dentro del mismo penal en circunstancias no esclarecidas. El Flaco había servido como camarógrafo a Lemus para hacer el video de la confesión de Beteta. Tres días después, el Presidente de León ordenó "máxima protección" para Beteta. No se sabe cuál será el desenlace final de este caso, que ya costó la vida al principal investigador de la policía y que significó el exilio de seis testigos y amenazas de muerte a más de 30 periodistas. Y no se sabe porque la Guatemala real es la misma de siempre.

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