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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 150 | Julio 1994
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El Salvador

La seguridad, la impunidad, la justicia

El nuevo gobierno tenía sus planes y jugaba con la delincuencia: para no disolver la Policía Nacional y para que el Ejército volviera a asumir tareas de orden publico. Un sonado asalto a un vehículo blindado de un banco cambió las reglas del juego.

Juan Hernández Pico, SJ

Dos problemáticas han protagonizado los primeros 30 días del nuevo gobierno presidido por Calderón Sol. La Inseguridad causada por el crimen organizado, realidad enquistada en la antigua Policía Nacional y en las estructuras de la Fuerza Armada. Y la elección, duramente disputada y aún no resuelta, de la nueva Corte Suprema de Justicia.

La persistente crisis de la economía, que afecta a las mayorías y la redefinición partidaria, que absorbe sobre todo a la izquierda, completan el escenario, aunque aparecen en un horizonte de plazo más largo.

El clamor por la seguridad

Desde comienzos del mes de junio los dirigentes de la iniciativa privada reclamaron al gobierno acciones más serias e inmediatas para detener asaltos, secuestros, asesinatos y toda una extensa gama de violencia delincuencial. El Occidente del país y los empresarios y terratenientes estaban siendo los más afectados. La proliferación en estos últimos tiempos de los secuestros evocaba aquellos sucios negocios de extorsión que practicaron durante la guerra miembros inescrupulosos de la Fuerza

Armada colocados en puestos de influencia. La hipótesis con que el gobierno Cristiani y la empresa privada han jugado desde que acabó la guerra es que esta práctica venía ahora de ex?militares dados de baja y de ex-miembros de cuerpos de seguridad disueltos, a quienes se les permitió conservar sus armas de guerra. Los ojos oficiales seguían cerrados, sin querer mirar en otra dirección: las estructuras de criminalidad e impunidad, presentes según la Comisión de la Verdad, en organismos de inteligencia de la Policía Nacional y el Ejército y los mecanismos de corrupción instalados en esas fuerzas.

Al final del gobierno de Cristiani se renegoció con ONUSAL y el FMLN la permanencia de la Policía Nacional hasta su definitiva disolución en marzo de 1995. Y con el nuevo gobierno volvió a crecer el clamor - ya iniciado con Cristiani - que pedía la intervención del Ejército en el combate contra la delincuencia. El Alcalde de Santa Ana, la Sociedad de Comerciantes e Industriales y el Presidente de la Asociación de Industriales -uno de los gremios más influyentes del país - hacían mas clamoroso el clamor.

Un juego bien calculado

Desde que los acuerdos de paz retiraron al Ejército la función de garantizar la seguridad interna, se ha sospechado que la ineficiencia de la Policía Nacional y la tardanza en capacitar y desplegar a la nueva Policía Nacional Civil respondían a un calculado plan del gobierno de jugar con la inseguridad ciudadana. ¿Objetivo? Provocar una corriente creciente en favor de que la Fuerza Armada volviera a ser responsable y garante de la seguridad interna.

El nuevo Viceministro de Seguridad Pública, el empresario de la línea de alimentos Hugo Barrera, que trabaja desde el Ministerio de Interior con el mandato de la empresa privada de poner fin a tanta inseguridad, comenzó su gestión expresando que habría sido una equivocación suprimir de golpe a la Guardia Nacional y a la Policía de Hacienda, pese a su record de violación de los derechos humanos. Su supresión - dijo - llevaría necesariamente a un vacío en la seguridad interna del país. También el Vicepresidente de la República, Enrique Borgo - máximo representante en el gobierno de los intereses del dominante capital financiero-comercial - expresó preocupación por la seguridad interna, haciendo declaraciones en el mismo sentido y al más alto nivel.

Parecía claro que entre la ansiedad creada en la población por la delincuencia y la angustia por el empeoramiento de la economía - delincuencia y crisis económica son las dos máximas preocupaciones de los salvadoreños -, la delincuencia había sido seleccionada por el gobierno como primera meta a enfrentar. Y parecía claro que los medios preferidos iban a ser una creciente intervención de la Fuerza Armada y el fortalecimiento de la Policía Nacional hasta su disolución el próximo año, con la intención de trasladar después a un significativo número de los efectivos de la PN a la nueva PNC.

Un asalto revelador

El 22 de junio la preocupación colectiva por la delincuencia subió a los niveles más altos y en pocos días el gobierno tuvo que cambiar totalmente de enfoque y de juego. Sobre las 9 de la mañana, un vehículo blindado que llevaba fuertes sumas de dinero se detuvo ante la agencia del Banco de Comercio de la calle Rubén Darío, arteria central de San Salvador. Aunque es incierto el número - algunos hablan de más de 40 -, al menos más de 10 personas con uniformes de la Policía Nacional y armas de guerra de los cuerpos de seguridad salvadoreños (fusiles M-16 y G-3) asaltaron el vehículo, disparando a matar tanto a sus custodios como a la seguridad interna del banco. Dejaron tras sí cuatro cadáveres y dos heridos gravísimos, que murieron más tarde, y escaparon con 2 millones de colones, en un espectacular y directo golpe al capital financiero.

Coincidencias cruciales. Un equipo de El Noticiero (Canal 4 de TV) pasaba por el lugar y filmó los hechos en un video. Otro equipo, del Diario Latino, con oficinas a la vuelta de la esquina, realizó un reportaje fotográfico. Casi inmediatamente fueron apresados dos heridos de bala que habían ingresado a hospitales capitalinos el día del asalto, despojados ya de los uniformes. Eran ex?miembros de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional.

Dos días después, en conferencia de prensa, el Viceministro Barrera anunció que se había detenido como sospechoso del asalto a un teniente de la Policía Nacional, Rafael Corea, director del Departamento de Investigación Criminal, cuyo rostro parecía identificarse en el video de la TV. Tanto el Ministro de Defensa como el Coronel Director de la Policía Nacional unieron sus voces a la de Barrera, afirmando que se llegaría hasta el final en la cadena de responsabilidades. Días más tarde se anunció que un fusil usado en el asalto pertenecía a un capitán de la Fuerza Aérea, cuyo nombre no se dio a conocer.

Un hito histórico

El reconocimiento de que un oficial de la Policía es presunto responsable de un delito como este asalto marca un hito en la historia del país. En boca del pueblo estuvo siempre la participación de muchísimos elementos de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de Seguridad en crímenes políticos. Los tribunales - en el caso de los jesuitas - y la Comisión de la Verdad - en ése y en otros casos - dejaron comprobada esta responsabilidad. En boca de muchos ha estado desde hace tiempo la participación de oficiales y ex-militares en el crimen organizado. Ahora, la investigación de este asalto está a punto de comprobarla.

Se insinúa ya una conclusión intolerable para la empresa privada: dentro de la Policía Nacional y en niveles aún inciertos del Ejército existen focos de oficiales que además de llenar de muerte la vida cotidiana del pueblo, conspiran contra el capital salvadoreño. Se trata de un escándalo en cierto sentido equivalente al que en su momento supuso la revelación de que había sido la Fuerza Armada la que había asesinado a los jesuitas de la UCA. ¿Será el teniente Corea el único chivo expiatorio en el caso o se irá más arriba hasta descubrir todas las conexiones? En los días que siguieron a la conferencia de prensa del Viceministro de Seguridad, varios altos oficiales de la Policía Nacional intentaron quitarle a Corea su clavo ardiendo proporcionándole una coartada, pese a la elocuencia de las imágenes televisadas.

Pero no lograron evitar su detención, hecho que apunta hacia la verosimilitud de otras y más altas conexiones. Tampoco es inverosímil que la iniciativa privada presione para que se desmantelen todas las estructuras delictivas, aunque estén en los más altos niveles. Durante la guerra, algunos empresarios toleraron el crimen organizado como un subproducto del esfuerzo bélico y aun del "necesario" crimen político. Pero ahora, en tiempos de paz, los negocios de la guerra ya no tienen máscaras y aparecen como lo que son: narcotráfico, extorsión, secuestros, asaltos y asesinatos.

¿Irán hasta el fin?

La facilidad con la que no pocos ricos de este país miraron para otro lado y aceptaron la amnistía, cuando la Comisión de la Verdad tocó a la Fuerza Armada y exigió la investigación de los escuadrones de la muerte, se ha desvanecido. Ahora miran más de frente el problema y exigen que se acabe con estos focos del crimen organizado. ¿Irán hasta el fin? ¿Hasta demandar castigos y el fin de la impunidad? ¿O se conformarán con la disolución de la Policía y con que se aparte a los culpables de las instituciones?

Después del asalto al Banco, el gobierno de Calderón Sol anunció que la disolución de la PN se adelantará a diciembre/94. Además, el 5 de julio se dio de baja a 500 policías nacionales del Departamento de Inteligencia. Admisión implícita de una grave irregularidad: porque después de los acuerdos de paz, sólo la Presidencia de la República tenía autoridad legal para colectar información a través del Organismo de Inteligencia del Estado.

Lo ocurrido esclarece la enorme importancia que tiene para El Salvador el lograr que la nueva Policía Nacional Civil se convierta en un cuerpo de seguridad capaz de investigar realmente el delito y capaz de poner una primera barrera a la impunidad, abriendo así para todos los salvadoreños auténticos espacios de democracia.

Los hechos tienen más relevancia aún porque ocurrieron precisamente en el momento de la toma de posesión del nuevo Director de la PNC, Rodrigo Avila, de quien se espera una actuación honesta y seria, sabiendo que se opuso a la infiltración en cargos directivos de la PNC de miembros de la unidad antinarcóticos de la PN. Más significativos los hechos porque ocurren poco antes de que ONUSAL presente al gobierno la lista de irregularidades que ha detectado en la antigua PN y en la conformación de la nueva PNC.

Corte Suprema: hora crucial

En este contexto, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Nacional adquiere aún mayor trascendencia. De las reformas constitucionales pactadas en los acuerdos de paz y ya realizadas, una de las más importantes fue la que aumentó de mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados) a mayoría calificada (dos tercios) el número de votos necesarios para que la Asamblea Nacional eligiera a los miembros de la Corte Suprema.

Esta reforma impide que las mayorías electorales logradas en el Ejecutivo y el Legislativo se reflejen automáticamente en una politización del Poder Judicial. Además, la Constitución reformada establece también que para la elección de la Corte se parta de listas propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura y que en éstas la mitad de los nombres sea aportada por asociaciones de abogados del país.

Mucho se está jugando en esta primera elección de una Corte Suprema después de los acuerdos de paz. En El Salvador, la desigualdad social, la represión histórica y la reducción y bloqueo de los espacios políticos han sido reforzados siempre por una jurisprudencia politizada y llena de leguleyismos con los que se ha burlado en la letra el espíritu de las diversas Constituciones. Fueron precisamente la falta de una función social de la propiedad, la violación de los derechos humanos y la intransigencia política las causas de la guerra que desangró al país durante 12 años.

La oposición unida

Los nuevos diputados contaban con un máximo de 61 días para elegir una Corte adecuada al espíritu de las reformas. Pasó el plazo y no lo hicieron. No lograron superar en ese tiempo el enfrentamiento entre los grupos partidarios. "Si no queremos que se politice la Corte, tenemos derecho a que su Presidente sea de ARENA", dijo la Presidenta del Legislativo, Gloria Salguero, de ARENA. Y para disimular esta insostenible lógica, añadió que ése era el "deseo del pueblo", remitiéndose a los resultados electorales. También es obvio que la oposición a ARENA no puede aspirar a que se logre el consenso de dos tercios de los diputados alrededor del candidato que propusieron para Presidente de la Corte: Abraham Rodríguez, militante del PDC, que estuvo a punto de ser el candidato de la izquierda en las elecciones.

Lo más admirable de esta coyuntura - aún no finalizada - es que el bloque opositor a ARENA se haya mantenido firme. En el pasado, estos "bloques" se rendían o ante "cañonazos" de dinero o ante protagonismos personales o ideológicos. Fue precisamente la mezcla de un afán de protagonismo personal y la convicción ideológica de la necesidad de la izquierda de moverse hacia el centro, lo que dividió hace dos meses al FMLN en la primera sesión de la Asamblea.

Esta vez, el "bloque" de oposición ?FMLN, PDC, Convergencia y Movimiento de Unidad; en total, 41 de 84 diputados? sabe que sólo en cuestiones para cuya decisión se necesitan mayorías cualificadas (56 de 84 votos) tiene la oportunidad de mostrar su peso, de contar. Y sabe que si no aprovecha la primera vez que se le presenta esta oportunidad, alrededor precisamente de una cuestión tan fundamental, no va a contar nunca.

Tres razones para la unidad

Según fuentes de la oposición, las bases de esta firme postura unitaria del bloque opositor son tres. No se le puede ceder a ARENA el dominio sobre el último poder del Estado aún no estructurado, porque se le daría de hecho un poder dictatorial. No se puede tampoco aceptar ningún continuismo de los anteriores magistrados, sobre los que pesa el juicio de la Comisión de la Verdad, que recomendó su renuncia en pleno. Y no se puede aceptar que ARENA vete ni a Abraham Rodríguez como Presidente de la Corte ni a José María Méndez - ex-Rector de la Universidad de El Salvador - ni a Fabio Castillo, ambos sin afiliación política, como miembros de la Sala de lo Penal y de lo Constitucional.

La oposición ha buscado que su lista esté marcada por la buena calidad profesional de sus candidatos. Y parece estar firme en la ubicación de esos candidatos en las respectivas salas de la Corte y en qué tercio elegiría para tres años y cuáles para seis y para nueve años. Parece obvio que sería alrededor de la candidatura a la Presidencia de la Corte donde podría darse una negociación ARENA-Oposición.

En la lista de candidatos iba también el nombre de David Escobar Galindo, negociador de los acuerdos de paz por parte del gobierno. Su candidatura para la Presidencia de la Corte -rumoreada - sonaba apta para un eventual consenso. Sin ser militante de ARENA, era propiciado por la gente de Cristiani dentro del partido y es respetado por el FMLN. Pero, convencido probablemente por comunes amigos, renunció, dejándole paso en la práctica a la candidatura de Abraham Rodríguez. Pero la mayoría arenera, que no responde a la línea de Cristiani, decidió no entender la señal y presentar otras candidaturas. Hasta ahora, parecen ser las de Hernández Valiente, capaz ex-ministro de Justicia con Cristiani, aunque militante de ARENA; la de Liévano Chorro, no militante partidario, de bajo perfil jurídico, y la de Arbizú Mata, a cargo del bufete del actual Vicepresidente de la República. ¿Cómo terminará definiéndose el duro pulso entre gobierno y oposición? La oposición puede conseguir que ARENA no alcance el poder absoluto del Estado, eligiendo a su gusto la Corte Suprema. Y si sigue firme, también lograría una Corte que empiece a luchar contra la impunidad y a hacer cada vez más costosa la corrupción a los poderosos, especialmente a los que tienen el poder de las armas.

Tareas pendientes

A pesar de la historia empresarial de Abraham Rodríguez en el grupo trasnacional SIGMA, la oposición no está segura de que, desde la Presidencia de la Corte, les garantizaría suficiente inclinación jurídica a favor del gran capital. La mayoría de los juristas de la lista son abogados de la gran empresa privada o incluso ejecutivos de ella. No existe, pues, capacidad política para que con la nueva Corte se reduzca la parcialidad jurídica hacia el gran capital. Lo que demuestra que sólo la sociedad civil - si se renueva el Foro de Concertación Económico-Social o inventando otras instancias de participación y concertación - podrá atender a lo que los acuerdos de paz dejaron pendiente: la transformación económica del país en favor de las mayorías empobrecidas.

Cuanto más se alargue el impasse sobre la Corte, más probabilidades hay de que el problema se resuelva eligiendo una Corte Suprema mediocre con un Presidente débil. En este caso, habría vencido el temor antidemocrático de ARENA de que su gobierno sea controlado desde la juridicidad del Estado. Y probablemente habría vencido también el temor de los militares a que se les investigue con mayor rigor para frenar su impunidad. Si terminan venciendo estos temores, le quedarán más tareas pendientes a la sociedad civil. Tareas que también son ingentes.

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