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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 149 | Junio 1994
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Honduras

El servicio militar obligatorio quedó atrás

El Presidente Reina ha ordenado una investigación sobre el eventual enriquecimiento ilícito de los gobernantes que le precedieron. Con ella se abre su prometida "revolución moral". Muchas cosas suceden hoy en Honduras, pendiente de otras promesas y ansiosa de cambios.

Mario Posas

El presidente Reina está iniciando una nueva era en las tradicionales relaciones de subordinación del poder civil al poder militar. Durante décadas, el Presidente de la República y todos los demás órganos representativos del poder civil del país han hecho lo que los militares les han dicho que debían hacer. No se atrevían a desafiar a los uniformados por temor a provocar sus iras y así, pendía siempre sobre el poder civil la amenaza abierta o velada de un golpe de Estado de los militares. Las cosas están empezando a cambiar.

Primera batalla contra los militares

Ningún tema importante relacionado con cuestiones militares fue aprobado en los últimos años sin el visto bueno del alto mando castrense. Hoy este muro empieza a desmoronarse. A ello han contribuido sustancialmente la nueva posición de los Estados Unidos ante los ejércitos latinoamericanos y la creciente pérdida del miedo que durante tanto tiempo paralizó a la sociedad civil hondureña frente a las poderosas fuerzas armadas.

La primera batalla exitosa se dio en torno al servicio militar, que obliga a todos los hondureños varones entre 18 y 30 años. En sus campañas electorales, los candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional levantaron la bandera de la eliminación del servicio militar. Reina fue más específico: prometió sustituirlo por un servicio militar voluntario y educativo.

El rechazo generalizado de la sociedad hondureña al servicio se arraiga en los métodos brutales que los militares han empleado tradicionalmente para reclutar a los jóvenes. Ha sido habitual ver a grupos de militares deteniendo vehículos de transporte colectivo en la ciudad o el campo para capturar a los jóvenes que viajan en ellos y llevarlos a la fuerza a los cuarteles. Lo mismo hacían a la salida de los cines, de los estadios de fútbol, de los billares o en las entradas y salidas de los barrios. A los muchachos así reclutados - la mayoría de las clases populares - no se les permitía ni enviar un mensaje a sus familias para avisarles de lo ocurrido y del lugar a dónde los llevaban. Los militares llegaban a disparar a los jóvenes que huían de esta forma de reclutamiento e hirieron y mataron a algunos. Son numerosas las quejas y evidencias sobre el trato brutal e inhumano que se ha dado en los cuarteles a los jóvenes reclutados por esta vía. El sesgo del servicio militar ha sido siempre abiertamente antipopular, pues casi nunca tocaba a los "hijos de papá".

Al calor del debate nacional que se abrió contra el servicio militar, surgieron mil y una querellas adicionales. Tenían que ver con la prepotencia de los militares, con su involucramiento en la corrupción, en el contrabando, en el narcotráfico y en la ejecución sumaria de ciudadanos.

Huelga de hambre

Desde que Reina asumió el poder, varias organizaciones sociales comenzaron a presionar al Presidente y al Congreso Nacional, dominado por el Partido Liberal, para que cumpliera la promesa de eliminar al servicio y promovieron eventos para recoger firmas que hicieran más masiva la presión.

El 20 de abril, 10 hombres y mujeres iniciaron una huelga de hambre que prometieron concluiría cuando el Congreso aprobara el decreto para eliminar el servicio militar. Los huelguistas formaban parte de un grupo amplio y pluralista, el Movimiento Cívico, Cristiano y Popular, y se instalaron en la Plaza La Merced, en las cercanías del edificio del Congreso.
La huelga de hambre, que tuvo amplias muestras de apoyo de diferentes sectores de la sociedad - con mensajes y visitas de solidaridad -, obligó al gobierno a pisar el acelerador en el tema y ayudó a fortalecer la decisión del Presidente.

El 27 de abril, Reina anunció en cadena nacional de radio y televisión que estaba enviando al Congreso un proyecto de decreto para eliminar el servicio militar obligatorio. En todo momento, Reina y Carlos Flores Facussé - Presidente del Congreso - tuvieron la gentileza de informar a los huelguistas sobre el rumbo de las conversaciones orientadas a la redacción de este proyecto.

Algunos legisladores del opositor Partido Nacional, que tuvieron inicialmente dudas en el tema, decidieron apoyarlo después de reuniones con representantes de las fuerzas armadas locales. En ellas constataron que la defensa del servicio militar que hacían los militares era confusa y muy poco estructurada. Percibieron también que, dado el ambiente generalizado en el país, sería políticamente costoso el defender el servicio. Los diputados del Partido Nacional enviaron incluso una comisión a visitar a los huelguistas de hambre para expresarles su apoyo moral, lo que sorprendió a todos.

El 3 de mayo fue un día histórico. Después de dispensarle dos de los tres debates que exigen las leyes del país para la aprobación de un proyecto de decreto, los diputados lo aprobaron por unanimidad. Modificado el artículo 276 de la Constitución Política, se elimina el servicio militar obligatorio en tiempos de paz, sustituyéndolo por un servicio militar "educativo, social, humanista y democrático". Para entrar en plena vigencia, este decreto deberá ser ratificado en 1995 por las dos terceras partes de los diputados.

El Presidente Reina calificó de "sabia" la decisión de los diputados, por aprobar el decreto en forma tan expedita. Los huelguistas de hambre celebraron el hecho como un "triunfo del pueblo".

Tres señales positivas

Otro hecho que refleja un cambio en las relaciones entre el poder civil y el militar es el nombramiento del nuevo gerente de HONDUTEL, la empresa nacional de telecomunicaciones. Desde hace años, HONDUTEL ha estado dirigida por un militar de alto rango en servicio.

Siguiendo esta tradición, el alto mando militar envió a inicios del mes de mayo una terna de oficiales de alta graduación al Presidente Reina para que de entre ellos escogiera al nuevo gerente de HONDUTEL. Pero el 7 de mayo, en otra histórica decisión, Reina ignoró la terna y nombró para el cargo a Mario Maldonado, un coronel en retiro que participó activamente en la campaña de Reina y que en la década del 70 fue uno de los patrocinadores del golpe militar que llevó al poder al reformista General Oswaldo López Arellano (1972-1975).

En los 80, Maldonado fue embajador de Honduras en Nicaragua. El nombramiento de Maldonado fue un segundo desafío de Reina al alto mando militar. El primero se produjo al inicio de su gobierno, cuando el alto mando le envió una terna para el nombramiento del Jefe de la Guardia Presidencial. Reina seleccionó para el cargo al Coronel Alvaro Romero - que no estaba en la terna - y lo ascendió a General. Romero fue también embajador de Honduras en Nicaragua y es conocido por sus "veleidades reformistas", lo que le hizo acreedor de la animadversión del alto mando, que lo destinó a Nicaragua como una forma de purga.

Otra señal positiva en las relaciones entre el poder civil y el militar fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de investigar un cementerio clandestino ubicado en un poblado del oriental departamento de El Paraíso en busca de los cadáveres de algunos de los hondureños asesinados por los cuerpos paramilitares durante la fatídica década del 80. Ninguno de los seis cadáveres inhumados esta vez - con muestras de haber sido ejecutados sumariamente - correspondía a los desaparecidos por quienes ha venido clamando el Comité de Familiares de Desaparecidos.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos y el Fiscal General de la República han expresado su decisión de esclarecer definitivamente el paradero de los desaparecidos. En este empeño todas las pistas llevan a los militares.


Tres pesadillas

Si en este sentido tema de los militares hay avances, no se puede afirmar lo mismo de los temas económicos. El severo déficit fiscal (11.2 % del PIB) que le heredó el régimen de Callejas y las medidas que ha tomado hasta ahora para reducirlo, le han dado al gobierno Reina la imagen de un régimen neoliberal, continuador del de Callejas. Y su adhesión al que él llamó "liberalismo social y con rostro humano" no pasa hasta ahora de ser retórica.

"La posición neoliberal del nuevo gobierno se demuestra claramente al definir como los problemas centrales de los que parten sus propuestas económicas el déficit fiscal, el déficit en la balanza de pagos y la inflación", sentenció categóricamente el Colegio Hondureño de Economistas el 21 de abril.

Son varias las medidas tomadas hasta ahora para reducir el déficit fiscal. La subida del Factor de Valoración Aduanera (FVA) de 6.20 a 7.27 lempiras por dólar en febrero fue una de ellas. El FVArefleja el valor oficial del lempira frente al dólar y fija los impuestos de las mercancías importadas. El incremento del FVAha estimulado la devaluación del lempira, que se cotiza a 8.20 por dólar, lo que ha incrementado la inflación y la especulación.

Es difícil decir en qué proporción la inflación que actualmente abate al país es producto de los reajustes de precios por la devaluación de la moneda o de los ajustes especulativos de empresarios inescrupulosos. Sea lo que sea, la devaluación, la inflación y la especulación son hoy las tres pesadillas que le quitan el sueño a la mayoría de los hondureños.

El programa de liberalización de los derivados del petróleo en el que se ha embarcado el régimen reinista ha hecho más angustiosa esas pesadillas. En abril y mayo, el precio de los derivados del petróleo se incrementó en tres ocasiones. Los especuladores han respondido a cada incremento con un aumento desmesurado en los precios de los productos de consumo básico, lo que genera decepción por el nuevo gobierno, que aparece incapaz de poner en cintura a los que se aprovechan de la situación. La persecución y el encarcelamiento de los especuladores y de los corruptos de toda laya se ha convertido en un reclamo generalizado que hacen los hondureños a un gobierno que levantó como bandera la "revolución moral".

Difíciles negociaciones

A reforzar la imagen de que Honduras sigue viviendo en el neoliberalismo han contribuido las negociaciones del gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el Banco Mundial (BM) y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que debían haber concluido en abril, pero que se prolongarán por varios meses más.

Los miembros del equipo negociador del gobierno - ninguno tiene reputación de neoliberal a ultranza - han aceptado la exigencia de reducir el déficit fiscal, pero han rechazado hacerlo creando nuevos impuestos que recaigan directamente sobre las mayorías. Para aumentar los ingresos fiscales, los organismos internacionales sugirieron que el impuesto al consumo subiera del 7 al 10 %. El gobierno hizo contrapropuestas: mejorar los sistemas de captación de impuestos, cargar con el 7% de impuestos a varios servicios como, por ejemplo, la televisión por cable y crear impuestos selectivos al consumo de las clases de altos ingresos.

El gobierno ha aceptado eliminar algunos subsidios, pero se niega a eliminar el que da al transporte público por temor al potencial explosivo de esa medida. También se ha comprometido a reducir las inversiones del Estado y el presupuesto de sus principales instituciones en un 10% para hacer descender el abultado déficit fiscal heredado.

Se ha negado el gobierno a reducir drásticamente los empleados estatales - unos 70 mil - mediante el cierre y/o la fusión de varias secretarías de Estado. Y ha aceptado un programa moderado de reducción del personal del aparato estatal por la vía de una reforma administrativa.

La reducción del empleo estatal es un tema sumamente sensitivo por los compromisos clintelísticos del régimen actual, parcialmente insatisfechos por la falta de recursos financieros, que le impiden pagar las prestaciones sociales, incluso a los adherentes del partido político opositor, que fueron contratados con similares criterios clientelísticos por el régimen de Callejas.

¿Neoliberalismo o no?

Se espera que las conversaciones que actualmente se sostienen con el BID, el BM y el FMI concluyan en julio con la firma de una carta de intenciones, que garantizaría a Reina durante los cuatro años de su mandato unos 600 millones en préstamos y donaciones. En con estos fondos que el gobierno espera financiar un conjunto de proyectos, sobre todo en el área social, que le permitirán establecer una frontera entre el neoliberalismo a ultranza de Callejas y el pregonado neoliberalismo con rostro humano de la campaña electoral.

La posición negociadora del gobierno ante los organismos internacionales es débil, entre otras cosas, por el gravoso peso de la deuda externa, que asciende a unos 3 mil 600 millones de dólares. En su discurso del 10 de mayo, el Presidente Reina confesó al pueblo hondureño que la deuda externa absorbe más del 35 % de las exportaciones y más del 30% del presupuesto nacional. Y reveló que hasta enero el país tenía un atraso de 143 millones de dólares en el pago de su deuda.

En los círculos políticos e intelectuales del país no se ha discutido todavía con seriedad si el actual neoliberalismo reinista es sólo pragmatismo político coyuntural o es algo más de fondo. Hasta ahora, ningún funcionario del gobierno ha defendido la política neoliberal con la unción y el ardor con los que la defendió y alabó el gobierno Callejas. De hecho, el equipo económico de Reina ha rehuido todo tipo de discusión doctrinal en materia de política económica.

Un país a medio vapor

Reina dirige un país que en los últimos tres meses funciona a medio vapor, debido a la severa crisis en el abastecimiento de energía eléctrica. Los cortes de fluido eléctrico en amplias zonas del país son de unas cinco horas diarias, a causa del racionamiento.

La principal fuente de generación de electricidad del país, la represa Francisco Morazán - antes conocida como El Cajón - trabaja por debajo de su capacidad. Puede generar unos 300 megavatios y sólo alcanza unos 212 a causa del notable descenso del nivel del agua que abastece a las turbinas generadoras. La escasez de agua se debe a la escasez de lluvias en la cuenca de los ríos que abastecen la represa y ésta se debe a la escasez de árboles, a la severa deforestación en las cuencas. Uno de esos trágicos círculos viciosos a los que conduce a la falta de una política ecológica definida.

La crisis se debe también al considerable incremento de la demanda de energía que se viene experimentando en los últimos años. Como bien señaló el ex-Presidente Azcona, las muchas empresas maquiladoras que se han establecido por todo el litoral norte del país son una de las más notables fuentes de esta creciente demanda. Según Azcona, el auge de la maquila explica que la represa - se esperaba que abasteciera al país hasta el año 2000 - haya sido rebasada en tan pocos años.

La crisis de energía y los racionamientos están incidiendo negativamente en toda la actividad económica del país. La banca, la industria y el comercio trabajan sólo media jornada y se cierran en cualquier momento por falta de fluido eléctrico. La Asociación Nacional de Industriales (ADIN) señaló que los racionamientos "no sólo significan la interrupción de la producción de manera temporal, sino el trastorno de los programas productivos, el incumplimiento de contratos, el aumento en los costos laborales y de otra índole, el desperdicio de materia prima y otros aspectos que afectan sensiblemente a las plantas industriales".

Lo mismo podrían decir banqueros, comerciantes y amas de casa. Adolfo Facussé, Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), estima que los empresarios del país dejan de percibir unos 20 millones de lempiras diarios y unos 500 millones de lempiras mensuales por los racionamientos.

El gobierno ha comenzado a comprar unos 15 megavatios de energía eléctrica a Panamá y realiza contactos con México para obtener dos plantas que podrían producir otros 60 megavatios. Tiendas, bancos, supermercados y restaurantes de las principales ciudades del país han decido instalar sus propios motores de energía. Con ellos, el centro de Tegucigalpa o de San Pedro Sula se han hecho mucho más ruidosos de lo habitual. El Congreso Nacional aprobó un decreto que rebaja los aranceles de importación de estos motores. Pero nada de esto es suficiente. Y ya se ha anunciado que el programa de racionamiento continuará a lo largo de todo 1994, aún cuando las lluvias de invierno sean abundantes.

¡Gallito, gallito!

El movimiento popular organizado, seriamente debilitado por la agresiva política antipopular de Callejas, ha venido buscando reagrupar sus fuerzas para recuperar lo perdido en estos cuatro años. Su primera asamblea nacional la celebró en San Pedro Sula el 26 de enero. Fue una reunión importante, pionera, donde los dirigentes de las principales organizaciones sindicales, campesinas, de pobladores y de maestros del país, se reunieron por primera vez para deliberar y elaborar una plataforma de lucha para 1994 y para los próximos años. Al final, decidieron enviar una carta pública al Presidente Reina en la que le dan un voto de confianza y simpatía y le expresan un total apoyo a la "revolución moral" que ha prometido.

Además, le exigen un reajuste general de salarios, un plan de emergencia alimentaria, la revitalización del proceso de reforma agraria, el respeto a las organizaciones populares y a sus juntas directivas legalmente constituidas y el diseño de mecanismos capaces de asegurar la participación de los sectores populares en la toma de decisiones de las instituciones estatales. Todas estas demandas han servido de base para las conversaciones que los líderes de las principales organizaciones populares han sostenido después con el Presidente Reina y con otros funcionarios del gobierno.

El énfasis mayor lo han puesto en la urgencia de un reajuste salarial general, capaz de hacer frente al alto costo de la vida. Los bajos salarios y la espiral ascendente de los precios son actualmente las dos cuestiones que crean más desesperanza y frustración entre los hondureños. En marchas masivas en varias ciudades el 22 de abril miles de manifestantes repitieron las mismas demandas al gobierno, sumando a ellas la exigencia de que se cancele la instalación de una refinería de petróleo en la Bahía de Trujillo, pues dañaría gravemente el medio ambiente.

El Primero de Mayo, el movimiento popular organizado volvió a las calles a reiterar sus demandas y los hondureños corearon consignas: "¡Gallito, gallito, mi salario es cada día más chiquito!" (Un gallo rojo simbolizó a Reina en su campaña) "¡Con la revolución moral, ya no tenemos ni para sal!" "¡Voluntario se debe decretar el servicio militar!" "¡Para la protección de la ecología, di no a la refinería"! Hasta ahora, Reina parece sordo a las demandas populares y demasiado receptivo a las de los sectores empresariales. "Hasta ahora se sigue imponiendo la ganancia del productor sobre el interés del trabajador", dijo con acierto un obispo hondureño.

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