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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 149 | Junio 1994
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Guatemala

¿Quién marca el paso en el baile de la paz?

El proceso de paz se ha acelerado y la sociedad civil está participando en él. ¿Qué puede esperar de negociaciones urgidas por la comunidad internacional? ¿Se podrá ir a la raíz del conflicto? ¿Qué espacios tendrá Naciones Unidas? El ritmo acelerado es una espada de doble filo.

Trish O' Kane

La Comunidad Internacional ha decidido que 1994 sea el año en que se cierre el capítulo "Centroamérica" con la firma de un acuerdo de paz en Guatemala. La decisión tiene que ver con intereses económicos, particularmente con el Tratado de Libre Comercio. El interés del bloque del norte de formar un bloque continental pone a Guatemala en una posición estratégica por tener fronteras con México.

"Desde enero, el proceso de paz ha tenido un ritmo rápido, muy diferente al anterior. La comunidad internacional está marcando el paso", confirma Argentina Cuevas, de la Conferencia de Religiosos de Guatemala (CONFREGUA). Cuevas ha sido una de las más activas impulsoras de la participación de grupos populares en las negociaciones. Según ella, la aceleración del ritmo negociador tiene ventajas y desventajas para la sociedad civil. Las ventajas de la presión internacional se manifestaron en el acuerdo general sobre derechos humanos firmado el 29 de marzo, por el que el gobierno y el ejército aceptaron la presencia en el país de una misión de verificación internacional de las Naciones Unidas y acordaron discutir el espinoso tema de una Comisión de la Verdad.

Asamblea de Sectores Civiles: una gran novedad

Fuentes diplomáticas afirman que la misión verificadora llega en agosto. Será más numerosa de lo contemplado al principio: unos 200 extranjeros, técnicos en materia de derechos humanos. La misión tendrá sus oficinas en el interior del país, en las zonas en donde existen más denuncias de violaciones a los derechos humanos. Si el proceso de paz sigue sobre rieles, la misión podría llegar a tener hasta mil personas, incluyendo a militares extranjeros y a policías, que tratarían los aspectos técnicos de la desmilitarización y de la reinserción de los ex-combatientes de la guerrilla en la vida civil.

Otra ventaja del aceleramiento del proceso y un fruto del acuerdo de marzo fue la creación de la Asamblea de Sectores Civiles (ASC), espacio en donde participan representantes de una amplia gama de organizaciones, sin precedentes en el país. La ASC quedó instalada el 17 de mayo y dará apoyo a las negociaciones, presentando propuestas para que la URNG y el gobierno tomen en cuenta la opinión de la sociedad civil.

"La ASC es una apuesta a ver qué puede ganar la sociedad civil. Una apuesta con mucha debilidad, porque la ASC no está vinculada directamente al proceso de negociaciones. Pero moralmente las partes no pueden dejar de lado a la ASC. A la comunidad internacional le interesa involucrar a la sociedad civil y la Asamblea tiene mucha fuerza moral", opina Cuevas, que participa en el Comité Organizador de la ASC.

La ASC esta presidida por Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, que durante años participó como conciliador en las negociaciones. Once sectores están representados en la ASC: partidos políticos empresarios, religiosos, sindicatos, organizaciones populares, mayas, periodistas, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, mujeres y centros de tutela y promoción de los derechos humanos. A última hora hubo que ampliar la participación para incluir a las mujeres, una novedad en este país, donde el movimiento de mujeres es muy incipiente.

Cinco delegados titulares y cinco suplentes representan a cada sector en las distintas comisiones de trabajo, hasta conformar un total de 67 personas. La instancia tuvo su primera prueba de fuego en mayo, cuando después de una discusión de dos días logró consenso en su primer documento, sobre el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas.

"Cacifes" quedan fuera

El documento plantea el acceso a la tierra de los reformados, la desmilitarización de las zonas de retorno, el reconocimiento de los desarraigados como población civil y la creación de una Comisión de la Verdad. Para garantizar que ésta aplique la justicia, el documento pide al gobierno asumir el compromiso de que una vez determinadas las responsabilidades, los organismos del Estado no concederán amnistías, indultos u otras disposiciones que impliquen el dejar en la impunidad a los violadores de los derechos humanos.

A principios de junio, la Asamblea se preparaba para la discusión del segundo tema: la identidad y los derechos del pueblo indígena. Las cuatro agrupaciones mayas del país formaron una coordinadora especial para participar en la Asamblea. En Guatemala, el movimiento maya tiene tradición de profundas divisiones. Por esto, representa un hito histórico que en esta ocasión todos los grupos se hayan unido para participar y hayan estado de acuerdo sobre un documento único, para la Asamblea.

El gran ausente en este proceso de participación, enriquecedor y novedoso, ha sido el sector privado. Los dirigentes del CACIF no asistieron a las primeras reuniones de mayo, alegando la poca representatividad de la Asamblea, y decidieron tratar de abrir su propio canal de comunicación con los comandantes guerrilleros a través de una delegación empresarial que viajó a México el 19 de mayo.

Una incoherencia sorprendente: al mismo tiempo que los "cacifes" esperaban resolver algunos problemas tomando tragos con los comandantes en México, en Guatemala mandaban una carta abierta al Procurador General de la Nación pidiendo que se iniciara un juicio contra los jefes guerrilleros de la URNG. Si los comandantes se hubieran prestado al juego de estos grandes empresarios, habrían puesto en peligro a la Asamblea de los Sectores Civiles. Como era de esperar, la URNG rechazó reunirse con el CACIF.

A finales de mayo, los dirigentes empresariales anunciaron de forma definitiva que no participarían en la ASC porque ésta no representa a la sociedad civil. El 26 de mayo, en una entrevista con el diario Siglo Veintiuno, Luis Reyes Mayén, dirigente del CACIF y Presidente de la Cámara del AGRO, descubrió el fondo real de la decisión: "Es equivocado hacer una ecuación entre paz y tierra. Efectivamente, habrá que buscar mecanismos para dotar del acceso al recurso tierra a algunos guatemaltecos, pero no debe hacerse a una cantidad indiscriminada. Nos preocupa que dentro del programa de repatriación se insista mucho en la ubicación de los retornados en ciertos lugares, en los que se les pueda dar tierra".

Mayén explicó que para dar tierras a toda esta gente tendría que ampliarse la frontera agrícola, en detrimento del bosque, señalando que esas tierras sólo producen por uno o dos años. "Hay que buscar otras oportunidades para el desarrollo de los guatemaltecos y no insistir políticamente y demagógicamente en que el recurso de la tierra es la condición necesaria para que los guatemaltecos puedan salir de la pobreza", concluía.

Guatemala es el país con la distribución de la tierra más injusta de toda América Latina: el 70% de la tierra está en manos del 2% de la población. No puede entonces sorprender que los representantes del 2% no quieran sentarse en la misma mesa con quienes representan al 70%. "La Asamblea va a tener mucha dificultad, porque el ejército, el gobierno y el poder económico no están de acuerdo con esta instancia. La Asamblea es fruto de los deseos de algunos sectores de la sociedad, de la URNG y de la Iglesia Católica y es un espacio importante para reunir a los indígenas y a las mujeres, que son los sectores del futuro", opina Cuevas.

El disgusto de los sectores que monopolizan el poder en el país con este novedoso esfuerzo unitario se expresó, como es habitual, de forma violenta: el 31 de mayo, una bomba explotó en la puerta de la casa de Fernando Quezada Toruño, hermano del obispo Quezada, que preside la Asamblea. El ejército culpó a la guerrilla, pero quienes participan en la ASC interpretaron la bomba como uno de los muchos mensajes anónimos que han recibido a lo largo de los años.

Difícil ajedrez

El nuevo ritmo del proceso implica riesgos. "Acelerar significa sacrificar contenidos ¿Cómo se puede, por ejemplo, discutir y resolver la temática de la tierra en un mes?. También pude pasar que de tanto presionar a los dos lados, se pare totalmente el proceso. La prisa es una espada de doble filo", advierte Argentina Cuevas. Esto se hizo evidente con el estancamiento que el proceso tuvo en mayo al abordar el tema de las poblaciones desarraigadas. A pesar de la presión internacional, las dos partes salieron de las reuniones del 21 al 24 de mayo en México sin ningún acuerdo.

Ambos bandos se echaron la culpa por el fracaso de las pláticas. Según el gobierno, el proceso se trabó porque la URNG se opuso a la propuesta de un cese al fuego parcial en la zona de retorno, en Ixcán. Y la guerrilla acusó al ejército de haber lanzado una nueva ofensiva militar precisamente en esa zona.

El tema de un cese al fuego parcial en Ixcán no estaba contemplado originalmente en la discusión sobre las poblaciones desarraigadas. Es más, según la calendarización de los temas a tratar en el proceso que fue acordado por las partes en enero, el tema del cese al fuego no sería tocado hasta el mes de septiembre.

Hace varios meses, el Ministro de Defensa ya había propuesto un cese al fuego en esa área de conflicto. En mayo, el ejército promovió la idea con más fuerza y la llevó a la mesa de negociaciones. Desde el punto de vista humanitario, se trata de una excelente idea, que ha encontrado eco a nivel internacional y nacional. Pero, como explican los analistas, un proceso de paz no es una discusión humanitaria. Es un juego de ajedrez entre dos contrincantes, es una guerra a nivel político, en la que hay que analizar con suspicacia cualquier propuesta "inocente" que surja de cualquiera de las partes.

La guerrilla ha afirmado una y mil veces que no hablará de abandonar las armas hasta que se discuta lo sustantivo: cómo resolver las raíces socioeconómicas que están en el origen del conflicto armado. Pero el ejército y el gobierno quieren obligar a un cese al fuego, saltando por encima de los tres temas sustantivos ya incluidos en el temario de la negociación: identidad y derechos de los indígenas (a discutir en junio según el calendario), aspectos socioeconómicos y situación agraria (julio) y fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática (agosto).

"Si la URNG aceptara un cese al fuego ahora, ya claudicó. Esa propuesta trata de debilitar a la URNG. Ixcán es el único lugar donde la guerrilla tiene una fuerza permanente. Un cese al fuego parcial allí sería también un golpe subjetivo de carácter determinante para los combatientes", explica un analista internacional. Por todo esto, no fue sorpresa para nadie que la URNG rechazara la propuesta tajantemente y que eso caldeara los ánimos entre los dos equipos negociadores.

Cese al fuego... e incremento de la presencia militar

A la vez que el ejército proponía un cese al fuego parcial en Ixcán, incrementaba su presencia militar en esa estratégica zona, aumentando hasta en un 25% sus efectivos, según admitió a la prensa local el propio Ministro de Defensa, General Enríquez. Desde marzo, las Comunidades de Población en Resistencia han venido denunciando el incremento de tropas en la zona, con las que el ejército los mantiene cercados.

En entrevista con Siglo Veintiuno el 12 de mayo, el general Enríquez comentó: "Quitamos el destacamento de Cuarto Pueblo de donde estaba porque las CPR salieron cerquita, y lo metimos a la frontera con México. Ahora dicen que los tenemos rodeados porque estamos en Mayaland, en Mónaco, en Xalbal. Pero así es la vida..."

Existen otros indicios de una creciente militarización en el país. En el último fin de semana de mayo se dio un masivo reclutamiento forzoso para el servicio militar, según denuncias que llegaron de varias regiones. En el oriente, soldados acompañados de policías sacaron a unos 200 jóvenes de buses y vehículos, "con brutalidad y lujo de fuerza", según las denuncias.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, declaró que era "sumamente preocupante" la serie de reclutamientos que hubo en por lo menos cuatro departamentos del país. Estas acciones constituyen una violación al acuerdo global de derechos humanos del 29 de marzo, que estipula que el reclutamiento no debe hacerse a la fuerza. El General Enríquez declaró que hubo "algunos problemas" con el reclutamiento de finales de mayo, admitiendo que sólo en la ciudad de Quezaltenango se había reclutado a 150 menores de edad. ¿Así es la vida?

El caso del asesinato de Jorge Carpio

A casi un año del asesinato del político Jorge Carpio, primo hermano del presidente Ramiro de León Carpio, el caso dio un repentino giro hacia la justicia. En mayo, las autoridades dejaron en libertad a los indígenas que fueron acusados inicialmente de cometer este crimen, que sacudió a Guatemala, afirmando que eran inocentes. Desde un principio, la familia de Carpio y los mismos acusados declararon que se trataba de buscar "chivos expiatorios" y de montar un show para encubrir a los verdaderos culpables.

El 31 de mayo, la policía capturó a tres presuntos autores materiales del asesinato: el jefe de la patrulla civil de San Pedro Jocopilas, Quiché, el ex-gobernador departamental del Quiché y el actual alcalde de San Pedro Jocopilas. Un peritaje balístico permitió acumular evidencias para solicitar la captura de los tres.

Los patrulleros civiles de San Pedro Jocopilas tienen fama en toda Guatemala. Este pueblo vive sitiado por las patrullas y según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. existen más de 30 denuncias en contra de ellos por violaciones a los derechos humanos, por asesinatos, capturas ilegales, torturas y acoso a la población.

Marta Arrivillaga, viuda de Jorge Carpio, declaró a la prensa local que eran las patrullas civiles (PAC) y la inteligencia militar (G-2) los responsables directos del crimen. Según Arrivillaga, hace meses, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado había acusado a las PAC de ser los hechores, pero el gobierno intentó minimizar esta acusación. Los nuevos capturados argumentan ser nuevos "chivos expiatorios" y afirman que su detención es parte de un complot político. Los tres son miembros de la Democracia Cristiana, la mayor fuerza política en el Quiché.

La noticia de las capturas causó revuelo en Guatemala y fuentes diplomáticas creen que esta vez la investigación va por buen camino. Estos últimos avances se deben a una investigación independiente hecha por el Arzobispado y por la familia Carpio. Después de obtener coincidencias en sus diferentes investigaciones, tanto el Arzobispado como la familia y la comunidad internacional presionaron al gobierno para que actuara. "Parece que por fin están llegando a los autores materiales del crimen. Ahora falta llegar a los autores intelectuales, que son militares", nos dijo una fuente diplomática.

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