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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 149 | Junio 1994
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Nicaragua

¿La calma antes de la tempestad?

Desde 1990, no termina de cohesionarse una nueva columna vertebral del poder. El ESAF y el desgaste nacional, ¿consolidan el liderazgo de Antonio Lacayo o el de Arnoldo Alemán? Mientras, un amplio consenso social aparece más lejano que nunca.

Equipo Nitlápan-Envío

El 24 de mayo, en el 15 aniversario de CONAPRO, los Ministros del gabinete económico del gobierno Chamorro expusieron a los profesionales de esta asociación los avances logrados con la firma del ESAF. Era evidente la satisfacción que expresaban, una tras otra, las ponencias de cada uno de los funcionarios gubernamentales. "El efecto positivo de contar con mayores recursos para los próximos tres años al haber alcanzado el acuerdo con el FMI, significa mejor clima para la inversión con recursos propios del sector privado, más producción y, por ende, más empleos", reafirmaron y repitieron.

Casi todos los sectores del país real se permiten poner en duda la seriedad del optimismo oficial. En su homilía del domingo 5 de junio el Cardenal Obando se declaró preocupado por una situación que calificó de peligrosa. "La sociedad se está tensionando cada día más", dijo, vaticinando mayores disturbios en el futuro porque "el hambre es mala consejera".

Para cualquier analista nicaragüense, para cualquier observador extranjero, es evidente que la situación económica de las mayorías ha alcanzado un nivel de deterioro sin precedentes. Para las mayorías, no hay duda: padecen el país real y ya no escuchan el optimismo oficial. Las divergencias surgen cuando se trata de dar una explicación a la crisis y más aún, cuando se trata de proponer soluciones.

El ESAF y el Congreso del FSLN

Los eventos recientes de mayor peso en la agenda económica y política nacional fueron la firma por el gobierno de la Carta de Intenciones con el FMI y el Congreso del FSLN.

Con la firma del ESAF, el gobierno agregó una vértebra más a la débil columna del poder que ha venido estructurando lentamente desde 1990. Con el Congreso, el sandinismo aumentó sus divisiones internas, perdiendo así capacidad de influir en la búsqueda de salidas consensuadas a la crisis nacional. Mientras, y como acontecimiento relevante pero silencioso, se mantiene, como telón de fondo, la capitalización que del desgaste económico y político hace el Partido Liberal y su líder Arnoldo Alemán.

El que la firma del ESAF sea una vértebra en la nueva columna del poder, no significa que sea la solución idónea para enfrentar la crisis económica. No lo es. El programa económico del gobierno puede ser criticado tanto desde el ángulo de la lógica económica que prevaleció en su diseño (falta de mecanismos de compensación social, falta de gradualidad, irracionalidad de las medidas de apertura comercial, etc.), como desde el ángulo de las limitaciones estructurales de la economía que pueden hacerlo fallar y que en el programa no se contempla decididamente cómo enfrentar.

Las críticas técnicas al programa económico conducen a la conclusión de que Nicaragua necesita de un programa de ajuste estructural, adaptado a las características y a las limitaciones del país. Pero estas críticas técnicas no tienen en cuenta directamente la crítica que está en la boca de los nicaragüenses: esto no funciona, esto no se compone, hay en Nicaragua un problema político y tanta inestabilidad asusta a los inversionistas extranjeros, y los nicaragüenses que tienen su dinero fuera no quieren traerlo y hasta los mismos medianos productores, los finqueros y los medianos empresarios de la ciudad no quieren arriesgarse, no se atreven a meter más reales en su actividad productiva, porque nada ven seguro, peor en el campo, con esa inseguridad en cualquier camino y es por eso que no hay empleo, que hay pobreza, que no surgimos...

Ciertamente, las tensiones políticas se alimentan de la miseria, de la crisis económica y de la exclusión social que ha caracterizado estos últimos años. Pero no se puede proponer un programa económico que enfrente los problemas de la producción y el empleo, sin tener en cuenta las múltiples líneas de fractura que hoy existen en el tejido político nacional y las críticas frontales que se han hecho al ESAF se quedan en el terreno de los buenos deseos económicos.

Pero decir que el problema es político, aun con la sabiduría habitual del sentido común, no es suficiente. Es necesario explicar qué es lo que se entiende por estabilidad política, cómo podrían incidir en ella los diferentes actores y evaluar los escenarios cuya evolución parezca más probable, interpretando las señales que nos ofrecen los acontecimientos más recientes.

Qué significa estabilidad

No se puede definir la estabilidad de manera absoluta. La vida es movimiento y lucha, la estabilidad total sólo existe en la muerte. Una situación estable sería aquella en la cual la mayoría de los ciudadanos sintieran y creyeran que el país es viable, que hay en él oportunidades tanto para los trabajadores como para la pequeña y mediana empresa o para el gran capital nacional y extranjero.

Asumiendo que los temores de los posibles inversionistas son el principal síntoma a corto plazo del estancamiento económico, la estabilidad se vuelve la primera condición para posibilitar la reactivación económica del país. Es preocupante que la revista de cultura empresarial The Economist inglesa haya clasificado recientemente a Nicaragua entre los siete países más riesgosos del mundo para los inversionistas. Asumiendo que la mayoría del pueblo está cansada por la situación de inseguridad, no sólo laboral sino también física, la estabilidad es también un factor clave para la reconstrucción de las expectativas populares en torno a la viabilidad del país.

Hay varias opciones de política económica y varios modelos de desarrollo en los que poder enmarcarlas. Incluso, los grados de eficacia de estas políticas económicas alternativas para generar empleo y crecimiento a corto plazo y sostenibilidad a largo plazo, pueden variar. Pero, independientemente de las políticas económicas, la estabilidad política es una condición indispensable para motivar al capital en un contexto de expectativas populares favorables.

Aun con una política económica seriamente deficiente como la actual, con estabilidad se podría producir cierta reactivación económica. La estabilidad crearía la seguridad - o el sentimiento de seguridad - en todos los tipos de empresarios y los empujaría a invertir, posibilitando un funcionamiento más normal de las actividades productivas.

En definitiva, hay estabilidad en una sociedad en la que se ha disminuido significativamente el factor de "riesgo social" para el capital (protestas urbanas, bandolerismo rural) y donde la mayoría de la población no experimenta un sentimiento de caos y de inseguridad. Hay estabilidad donde se ha logrado reducir la violencia a los niveles desorganizados de la delincuencia común e incluso ésta se ha contenido entre márgenes soportables. Hay estabilidad donde los conflictos son de una intensidad que no obstruyen la reactivación.

Una estabilidad así se puede lograr por diferentes vías. Porque las clases populares, trabajadores y desempleados, perciben más viabilidad en un país estable y esperan de esa situación un empleo más seguro, o simplemente un empleo. O porque están cansados de protestar y de correr con los costos de una "guerrilla política" que no les trae ningún beneficio y se rinden a la evidencia de que deben canjear beligerancia estéril por estabilidad tal vez fecunda. O porque la represión ha sido lo suficientemente eficaz como para que consideren con temor el seguir participando en reivindicaciones arriesgadas o violentas.

Columna vertebral del poder

Después de las elecciones de 1990, no se ha podido reconstruir plenamente en Nicaragua una columna vertebral del poder que tenga legitimidad y dé operatividad a ciertas normas básicas del juego político y del funcionamiento económico. La división entre las instancias tradicionales del poder - grupos económicos, gobierno, fuerzas armadas, autoridades religiosas, partidos políticos - desvertebró la columna que existió hasta antes del 25 de febrero de aquel año.

Una columna vertebral del poder supone un conjunto de instituciones políticas, culturales, sociales, jurídicas, militares y religiosas que guardan entre ellas un consenso esencial y una organización funcional coherente, lo que les permite poner orden en la vida ciudadana. Cuando existe una desintegración de las fuentes esenciales del poder se provoca la parálisis del Estado: no hay un vértice desde donde se imponga una lógica general de principios y normas de gobierno.

La columna vertebral del poder representa la capacidad de diversas instituciones del Estado y de la sociedad de compartir los términos básicos de las reglas del juego nacional. El objetivo es canalizar de manera coherente las funciones de cada una de las instituciones, para garantizar a los ciudadanos un sistema de organización económica, política y de estatus social que sea aceptado o al menos tolerado o respetado por la mayoría. La columna vertebral es sólida cuando soporta conflictos que son resueltos sin trastocar la médula más profunda o estratégica, sea ésta moral, de organización económica o de autoridad administrativa.

Cuatro escenarios

El punto de partida del análisis de la situación actual es que en Nicaragua esa columna se desarticuló. Diferentes instituciones controlan importantes recursos de poder y los utilizan para fines contradictorios. El gobierno actual encabeza un Estado cuyos aparatos represivos e ideológicos no concuerdan en su quehacer estratégico. El resultado es un Estado débil, que no da seguridad ni a los empresarios ni a los trabajadores y que no tiene los medios reales para llevar a cabo las políticas que se propone o que promete.

En el número anterior de Envío, se delinearon 4 escenarios posibles, por los que podría enrumbarse un proceso de estabilización política duradero.

1) Antonio Lacayo se fortalece en base a los resultados económicos positivos logrados, en un clima de estabilidad social recuperada y de tregua popular.

2) Arnoldo Alemán se fortalece, capitalizando a su favor la descomposición del actual gobierno, en un clima de protestas crecientes y de desgobierno.

3) Antonio Lacayo se recompone e impone su plan económico, reprimiendo con mano dura las protestas.

4) Se compone y consolida una fuerza de centro basada en un programa económico y social de consenso articulado alrededor de la pequeña y mediana empresa como un importante sujeto económico.

El rumbo actual

En junio, después que el gobierno acordó su programa económico con la comunidad internacional y después que la principal fuerza de oposición, el FSLN, celebró su Congreso - un evento trascendental para su autodefinición -, el horizonte nacional debería estar más despejado y las expectativas, tanto de la población como del gobierno, deberían empezar a concretizarse. No ha sido así. Las nubes negras que se están formando permiten augurar que lo que vivimos no es más que la calma antes de la tempestad.

A pesar de lo amargo del trago del ESAF, casi no hubo cuestionamientos serios al programa que el gobierno - bajo el liderazgo de Antonio Lacayo - inició en mayo, con el apoyo de los organismos financieros internacionales y a cambio de la obtención de nuevos préstamos.

Esto abrió al Ministro de la Presidencia una coyuntura favorable para liderar una salida en aspectos cruciales de la economía: la reactivación y la reinserción de Nicaragua en la comunidad financiera internacional, mientras continuaba consolidando la política seguida desde 1990: mercado, privatización, competencia, menos Estado, dependencia del mercado y del sistema político mundial.

Lo más importante para Antonio Lacayo sería que, pese al carácter socialmente excluyente de su política económica, tuviera la capacidad de construir un eje de consenso o respaldo entre las instituciones de mayor influencia en el país (Asamblea Nacional, Ejército, Corte Suprema, Iglesia, gremios empresariales, partidos políticos) y en el extranjero: la administración norteamericana, los organismos multilaterales, los gobiernos de los principales países donantes.

Logrando eso, lograría suficiente estabilidad política. Podría entonces aplicar plenamente su programa y ser el líder de un lento y complicado proceso que armara una nueva columna vertebral del poder, superando el desorden y la ingobernabilidad que, desde la toma de poder de doña Violeta, se ha transformado en causa de mucho peso en la crisis económica.

Cuatro nubes negras

El método de Lacayo, su imposición del ajuste económico con espacios de negociación y tolerancia, sus ambiguos acercamientos a las cúpulas de uno y otro color, su discurso cercano y lejano, realista y fantasioso, estaría por fin rindiéndole frutos políticos.

Pero, ¿qué muestran los acontecimientos? ¿Se consolida la vía hacia la estabilidad política bajo el liderazgo de Lacayo? Cuatro realidades recientes parecen querer entorpecer esta posibilidad:

-Los resultados del Congreso sandinista, que orientan a asumir una política de oposición al gobierno más abierta y beligerante.

-La presión de los empleados de los servicios públicos en contra de la privatización, que usan y anuncian que usarán medios de protesta que ahondan el clima de inestabilidad.

-El recrudecimiento de la delincuencia rural - combates, secuestros, robos, asesinatos - y la destacada importancia que estos hechos tienen en los medios informativos.

-La presión del Congreso de Estados Unidos para que el gobierno indemnice a los confiscados durante la revolución.

El Congreso del FSLN

En el Congreso del FSLN no se discutieron opciones alternativas de programa económico, institucional y social , porque ninguna de las dos corrientes tenía, ni presentó, un programa propio. El evento concluyó dando la mayor cuota de poder a la corriente de Izquierda Democrática, que proponía una posición más beligerante de oposición al gobierno y al neoliberalismo. La corriente de las Mayorías - que tiene un discurso renovador pero pocas bases y que mantiene una matizada posición de acercamiento al gobierno, sin cuestionamiento radical a su programa económico - salió con una cuota de poder reducida en el control de las estructuras del FSLN.

El resultado del Congreso puede significar que el gobierno Chamorro no encuentre en la Dirección Nacional del FSLN un interlocutor capaz de concertar ni capaz de contribuir a limitar los alcances de las protestas populares contra las privatizaciones que se avecinan. Y aunque el discurso del reelecto Secretario General, Daniel Ortega, ha sido más matizado, en las tesis programáticas del FSLN - y sobre todo, entre los congresistas y algunas bases -, ha ganado terreno claramente una oposición decidida a la política gubernamental.

Trabajadores vs privatización

Las pintas aparecidas este mes en los muros y paredes de Managua indican que los trabajadores organizados no están dispuestos a dejar pasar todo el paquete privatizador de la política gubernamental sin protestar. En protestas anteriores emplearon métodos que crearon un ambiente de caos: barricadas, bloqueo de tráfico, confrontación armada. Y aunque un debate que sí se ha dado entre los sandinistas es el referido a los métodos de lucha y existe un consenso contra la violencia, muchos dirigentes obreros han llegado a otro consenso: no se consigue nada con protestas demasiado "cívicas" o suaves.

Hasta ahora, el gobierno ha tenido una actitud vacilante frente a las protestas. Ignorar al principio, entrar tarde a la negociación y luego negociar con dureza, ejercer a la par un grado moderado de represión, ceder bastante a lo último, para finalmente no cumplir mucho. Esta actitud, y la misma realidad, han hecho que hasta ahora los conflictos se hayan ido por cauces que fortalecen el caos y la inestabilidad.

Cada conflicto amplifica la percepción de desorden, inseguridad e ingobernabilidad, hasta grados tales que termina afectando seriamente los objetivos de la política económica del gobierno. Especialmente, influyen en la actitud de los grandes empresarios - supuestos protagonistas del crecimiento económico -, que siempre son más susceptibles a las señales de caos.

El Congreso sandinista reafirmó la oposición beligerante contra el ESAF. En vísperas de la privatización de las telecomunicaciones, del servicio de energía, de las minas, los dirigentes del FNT llamaron a tomar carreteras y a paralizar los servicios públicos si no se detienen los planes de privatización. Todo indica que las protestas serán activas y que el gobierno se verá ante la disyuntiva de enfrentar el conflicto a fondo, para que no dañe la estabilidad en formación, o de correr el riesgo de contemplar cómo se crea un clima nefasto para el buen funcionamiento de su plan económico.

Propiedad: un enfoque jurídico y pragmático

Es una evidencia para todos los observadores y estudiosos de la cuestión nicaragüense que el tema de la propiedad es un factor central para la estabilidad o inestabilidad del país.

Un buen ejemplo de la importancia que se le da a este tema se puede ver en la atención que le dedica el último y extenso diagnóstico del Banco Mundial. Pero detrás de una presentación técnico-jurídica del tema se esconden realidades sociales diferentes, hábilmente mezcladas en todos los discursos, sean éstos a favor o en contra de cualquiera de las soluciones. En el fondo, confluyen en este asunto tres problemas diferentes:

* El de las reformas agrarias rurales y urbanas.

* El de los confiscados, ex-somocistas o no, norteamericanos legítimos o de última hora, o nicaragüenses.
* El de la "piñata" (legalización de traspasos de bienes raíces de muy alto valor a connotados sandinistas en la transición de gobierno de 1990).

Los tres procesos - reformas en la propiedad, confiscación y "piñata" - han sido legales. Es decir, se hicieron dentro del marco de la autoridad del gobierno. La legitimidad o no de un gobierno no es tema a tener en cuenta para juzgar a posteriori el valor jurídico de actos soberanos ya realizados. Lo que hoy está en tela de juicio es la moralidad de estos procesos. Y esto supone un juicio de valor relativo, dependiendo a las apreciaciones subjetivas.

La regla de solución debe ser fijada entonces por el gobierno, dentro de la facultad de arbitrio que le confiere su cargo, de acuerdo con el bienestar de la nación y no según las apreciaciones subjetivas de uno u otro grupo minoritario. De acuerdo con la regla de que la propiedad de los nuevos dueños no es menos legal que la de los dueños anteriores y con la regla de que el carácter moral o inmoral de la nueva propiedad depende del significado que esta nueva propiedad tenga para la estabilidad política y el crecimiento económico y no del carácter de propiedad bien o mal habida.

El tema de la reforma agraria y urbana es el más trascendental, aunque el más sencillo. Es lamentable que el gobierno sandinista haya considerado las reformas hechas a la propiedad como un asunto "de caridad pública" y como un compromiso con los grupos sociales que participaron en la lucha política contra la dictadura y la haya utilizado en la práctica como medio de control y de clientelismo partidario. Es lamentable, porque esto no contribuyó a fomentar en la cultura nacional la idea de la reforma agraria como un saneamiento económico, como la construcción de una base para el crecimiento y el desarrollo, pese a los múltiples y valiosos ejemplos históricos que había de ello: desde los resurgimientos económicos de las civilizaciones griega y romana en la antigüedad, hasta los nacimientos de los "nuevos países industrializados" del Este asiático.

Más cerca aún de nosotros, es significativo que el propio dictador Pinochet no haya revertido las reformas agrarias hechas por demócrata cristianos y socialistas en Chile, sino que las haya profundizado por la vía de la descolectivización, lo que le garantizó, en el campo, uno de los baluartes civiles más sólidos de su prolongado gobierno.

El caso de los confiscados debería ser tratado con firmeza, aunque ofreciendo un mecanismo de compensación justo y obligatorio en el que los bonos sean adecuadamente revalorizados dentro de los márgenes permitidos por la política de ahorro fiscal. Dado que hasta los mismos Estados Unidos parecen no impugnar la legitimidad de los decretos 3 y 38 sobre las confiscaciones a los somocistas, para los cuales no hay indemnización posible - porque esto iría en contra de las aspiraciones de la nación y la letra de su Constitución -, en el resto de los casos, no pueden establecerse excepciones para los naturales y los extranjeros, porque la ley de la Repúlica debe ser la misma para todos.

En el caso de la llamada "piñata", no existe diferencia significativa entre una propiedad en manos de un empresario nicaragüense o extranjero y el mismo bien en manos de un connotado sandinista. En este caso, la mayor legalidad de una u otra propiedad no puede ser defendida por la razón de Estado y el gobierno tiene que sopesar, en términos de su impacto sobre la estabilidad política y el bienestar nacional, cuántos casos de "piñata" serán suficiente revertir para satisfacer la demanda simbólica de los confiscados, que piden fundamentalmente se les reconozca públicamente su estatus de legítimos propietarios y sea público el oprobio moral sobre los "piñateros", de tal manera que la contribución a la estabilidad obtenida por esta vía predomine sobre los factores eventuales de inestabilidad provocados por la lesión de los derechos de los nuevos propietarios. Desde otro punto de vista - no jurídico sino político - la "absolución histórica" para todos los casos de "piñata" estaría en que el capital o los bienes "piñateados" se inviertan en Nicaragua - no en el extranjero - y en proyectos productivos - no especulativos o comerciales -, que apoyando a medianos y pequeños contribuyan a un desarrollo nacional con democracia económica.

Crece delincuencia rural

En las zonas rurales del interior del país vienen aumentando día tras días los secuestros de finqueros, los asaltos a medios de transporte colectivo y el ambiente general de bandolerismo. Esto tiene efectos fatales para el funcionamiento de la producción agropecuaria y para las expectativas de inversión de los productores. La confrontación armada - que aún conserva matices políticos - y la delincuencia rural afectan particularmente a los campesinos más pobres.

Los medios de información dan mucha y permanente cobertura a este aspecto del país real, que tanto contrasta con los discursos y las imágenes del país oficial, donde el gobierno presenta, también permanentemente, dudosos datos sobre el crecimiento del sector agrario, o sobre el espíritu emprendedor y oportunidades para negocios de unos pocos empresarios.

La presión de Estados Unidos

La enmienda González-Helms, que condiciona la ayuda económica de Estados Unidos a la devolución o indemnización de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos, ha creado una nueva controversia entre la administración Clinton y el gobierno de Nicaragua en momentos en que la firma del ESAF y el rol en favor de la reconciliación del nuevo embajador John Maisto parecían bendecir a la administración Chamorro y al programa Lacayo.

Los Estados Unidos han mantenido con firmeza la exigencia de no diferenciar entre estadounidenses "de verdad" y "gringos caitudos" (nicas nacionalizados estadounidenses después de la revolución). El problema de los estadounidenses expropiados es general en todos los países ex-socialistas y las dificultades políticas y jurídicas son similares. Según el congresista demócrata Torricelli, los "caitudos" que malhubieron las propiedades que después les fueron confiscadas podrían ser juzgados conforme a las leyes estadounidenses y quedar fuera de lo establecido en la enmienda González-Helms.

Aunque es loable la actitud del gobierno de Nicaragua de ampararse en el derecho internacional sobre el tema y no aceptar la presión norteamericana, esta política de la administración Clinton crea inestabilidad en la consolidación de la vía Lacayo hacia la estabilidad.

Por cansancio o por represión

Descartada la estabilidad por un consenso social amplio, a causa del carácter excluyente de la política económica gubernamental, sólo le queda al Ministro Lacayo una alternativa para fortalecerse como eje integrador de la nueva columna vertebral del poder y para aumentar sus posibilidades de ganar la Presidencia en 1996. En este escenario, las nubes negras no serían señal de tormenta, sino sólo de chubascos pasajeros. Este es ese escenario hipotético:

* La nueva dirección del FSLN - reafirmada en el Congreso - mostraría su cara conciliadora, la que ya perfilan algunas declaraciones de Daniel Ortega.

* Las protestas contra la privatizaciones se debilitarían, al representar intereses demasiado focalizados y al no contar con mucho respaldo del pueblo en general ni del FSLN.

* La delincuencia rural se mantendría, pero a niveles tolerables y la reactivación - conseguida en el campo por los programas financiados por la cooperación internacional - sería suficiente para reanimar la economía finquera y con ello aumentar el empleo en el campo, lo que restaría bases objetivas a la delincuencia.

* Las presiones norteamericanas se diluirían en las negociaciones y la administración Clinton se decidiría por evitar una prueba de fuerza con Nicaragua en torno al problema de la propiedad.

En este escenario se fortalecería la imagen de un gobierno, dirigido por Antonio Lacayo, que habría logrado traer al país la estabilidad anhelada por todos - o por casi todos -.

Pero si las nubes no se disipan y se hacen más densas y la tempestad arrecia, la estabilidad de la vía Lacayo sólo se podría lograr reprimiendo con mano dura las protestas sindicales y el bandolerismo rural. Al hacerlo, Lacayo ganaría el apoyo de los sectores de la población que demandan estabilidad "a cualquier costo". Reprimiendo las protestas y el bandolerismo rural, el Ejecutivo reforzaría su imagen con el empresariado organizado.

Sin duda, la Iglesia y el ala moderada del FSLN considerarían esta actitud con reservas y harían llamados a la cordura, pero la Iglesia ya clamó hace dos años en una carta pastoral porque el gobierno tuviera "un brazo ejecutante" y al final, terminaría prevaleciendo una percepción global de que el gobierno tiene decisión y solidez política, sobre todo en los medios internacionales, lo que enviaría señales positivas a los potenciales inversionistas.

El alemanismo se fortalece

En un escenario de violencia popular sin una decidida respuesta por parte del gobierno, se fortalecería aún más la imagen de un Arnoldo Alemán capaz de poner orden en la casa y de fomentar la estabilidad y la justa recompensa a los esfuerzos productivos de quienes anhelan ese orden.

Esta percepción del controvertido Alcalde de Managua se debe en parte a su paciente táctica política. No se ganan bases comprando "votos caros" (dando privilegios a grandes empresarios), práctica habitual de la oligarquía, sobre todo en tradición conservadora. Se acumula en la base con hechos. Las realizaciones de la Alcaldía en barrios populares y en lugares públicos de Managua pesan más a su favor que su corruptela real o sospechada.

Fuera de Managua, en el resto del país, le suma mucho a Alemán la sólida red de clientelismo de las clases medias de cultura y tradición liberal. Sin duda, tanto en Managua como en el interior le resta su radicalismo, con el que se le asocia con el revanchismo y el espectro del regreso de la guerra.

A la derecha empresarial oligárquica le asusta la emergencia del Partido Liberal, que tiene antecedentes históricos de populismo y de figuras carismáticas en el gobierno (Zelaya, Somoza García) o contra el gobierno (Sandino, Rigoberto López Pérez). Le asusta su fuerza de convocatoria, basada en un clientelismo apegado a las redes sociales y a la distribución del capital social entre finqueros, maestros o "notables" en general.

El sector oligárquico empresarial, que concentra gran parte de la riqueza nacional y controla tradicionalmente gran parte de sus flujos por la vía del comercio internacional, pero que no ha podido articular un gobierno consistente con sus intereses y dotado de todos los aparatos de poder necesarios, sólo tiene una alternativa: o disputarle el liderazgo del Partido Liberal a Arnoldo Alemán o apoyar el "centro "de Lacayo o el de otros "centros" en boga. Sin duda, esta disyuntiva se reflejará en la escena política de los próximos meses.

La posibilidad de una opción o de otra dependerá de cómo el gobierno Chamorro responda a las reacciones populares al actual programa económico y de cómo sortee los escollos más importantes que tiene colocados hoy en el camino: protestas populares, negociaciones sobre el Código Militar, reformas constitucionales y el crucial y siempre postergado tema de la propiedad. En los recientes acontecimientos sólo hay todavía señales hacia posibles caminos. En ellos, aparecen tres principales actores: el FSLN, el gobierno y la clase política en general.

FSLN sin programa económico

Cuando el FSLN, después de perder las elecciones de 1990, declaró que gobernaría "desde abajo", más de alguna persona bien intencionada se imaginó un FSLN renovado, renunciando a su estilo verticalista de conducir las "masas", obligado a construirse como un partido político, después de haber sido sucesivamente vanguardia revolucionaria y partido-Estado.

Más de alguno esperó un partido forjando su nueva identidad a la escucha de los intereses de las mayorías, con capacidad propositiva,discutiendo y elaborando paso a paso un programa económico alternativo, una estrategia de reactivación productiva menos excluyente que la de las cúpulas empresariales, a partir del cual argumentar técnicamente la necesidad de una mejor distribución de los costos de las transformaciones estructurales que el país necesitaba.

La gravedad de la situación económica nacional exigía la implementación de un amargo programa de ajustes estructurales y era grande para el FSLN la tentación de refugiarse en el populismo económico, en vez de elaborar críticas constructivas. A pesar de esta tentación, más de alguno esperó que un partido de oposición consecuente con los intereses populares sacara ventaja de su fuerza organizativa y de su importante cuota de participación real en las instituciones nacionales para colaborar en la búsqueda de una salida nacional concertada a la crisis económica.

La realidad de estos años mostró que el FSLN ha estado más preocupado por sus problemas internos y por la defensa de los espacios adquiridos que por cooperar en la búsqueda de una salida nacional a la crisis. La confusión entre la defensa de la reforma agraria y la reforma urbana realizadas en los 80 y el traspaso tardíamente legalizado de propiedades, la defensa de los intereses corporativistas de los trabajadores más organizados de las grandes empresas, el apego al viejo mito de las ventajas del colectivismo, la consolidación de intereses económicos personales en los florecientes negocios de importaciones, se fueron constituyendo en potentes frenos que impidieron que el FSLN asumiera posiciones claras sobre la consolidación de la reforma agraria y la descolectivización, sobre la absurda política comercial del gobierno Chamorro o sobre la confusa privatización de las empresas estatales hecha por la CORNAP.

El desgaste del FSLN

Más allá de éstas y de otras contradicciones, el problema de fondo es tal vez que el FSLN no tiene un programa económico consistente con los retos del desarrollo nacional con el que hacer una crítica constructiva al gobierno de doña Violeta. Se debate entre ofrecer un populismo romántico o aceptar el ajuste neoliberal con retórica populista. Hoy como ayer, su sujeto económico fundamental es el pueblo entendido como consumidor. Hoy como ayer, prioriza el consumo sobre la producción y la ciudad sobre el campo. Estas características de la política económica del FSLN en el poder siguen inspirando su quehacer en la oposición.

Pero no es la ausencia en el Congreso de un debate sobre estos temas de fondo lo único que provoca el real desgaste del FSLN. Mientras en las filas de los simpatizantes sandinistas domina todavía el discurso de achacar todos los males actuales a la política del gobierno - simétrico discurso tiene la derecha, que responsabiliza de todos los males al sandinismo -, el FSLN va perdiendo poco a poco sus espacios institucionales de poder real: Ejército, Policía, Corte Suprema, Asamblea la feroz competencia económica reduce el alcance de sus medios de comunicación y la crisis económica debilita sus empresas.

El ESAF: ¿por qué es insuficiente?

La limitación externa

Con perspectivas netamente decrecientes en cuanto a donaciones y préstamos en condiciones favorables - los préstamos en condiciones normales están descartados -, el abultado servicio de la deuda externa previsto para los próximos años consumirá todos los beneficios del ajuste en materia de reducción del consumo nacional. La mayor parte de la reducción del gasto fiscal suplementaria servirá para pagar la deuda. Si el país tuviera niveles de producción suficientes para que por esta vía se pagara la deuda en un tiempo relativamente corto y para que esta carga fuese significando cada año una proporción menor de la deuda sobre la producción de riqueza, no habría justificación moral para no pagar. Pero no es éste el caso de Nicaragua. La deuda es técnicamente impagable y el abultado servicio que ha sido acordado con los organismos multilaterales es simplemente equivalente al comportamiento de una persona que pretendiera disminuir la salinidad del mar echándole los pocos baldes de agua dulce que tiene para beber.

La limitación institucional

El país requiere de altos niveles de inversión en capital físico y humano. Para llevarla a cabo no se debe priorizar la participación del sector privado a expensas del sector público. Ambas participaciones son necesarias y complementarias y generalmente, la pública es factor de arrastre de la privada y no al contrario. En condiciones de limitaciones de recursos humanos como las que tiene Nicaragua, en donde ambos sectores compiten por los mismos cuadros profesionales, es un dogma absurdo pretender que el sector privado sea por esencia más eficiente que el publico. Hay racionalidades técnico-productivas más acordes con los intereses nacionales que otras, pero la forma de los derechos de propiedad tiene poco que ver con ellas. La capacidad del sector público de presentar y ejecutar proyectos a la comunidad internacional limita la ayuda externa más que la propia disponibilidad de recursos. La del sector privado es más baja aún. El programa económico se queda a niveles de gestión macroeconómica de la crisis, cuando una de las tareas más importantes para el país en estos momentos debería ser la consolidación de un Estado que cumpla con su responsabilidad nacional, en vez de un Estado reducido a mero ejecutante de la gestión del país bajo orden y control de los organismos financieros.

La limitación macroeconómica

Cuando un país consume más de lo que produce, no solamente depende totalmente de la ayuda externa para invertir sino que, además, parte de los flujos externos vienen a financiar la importación de bienes de consumo. Aunque una parte importante de las remesas en dólares que llegan desde Estados Unidos a los hogares de ingresos bajos, estimula este comportamiento de consumo importado, es evidente que la mayor proporción de consumo importado se encuentra en la canasta de los hogares de mayores ingresos. De esta manera, las políticas que favorecen una mayor polarización del ingreso, desastrosamente combinadas con una apertura comercial exagerada y con una moneda sobrevaluada, contribuyen a empeorar la balanza comercial del país, cuando el objetivo número uno del ajuste es precisamente mejorarla. El resultado es que se afectan las posibilidades de crecimiento.

La limitación microeconómica

Cuando el sector privado de un país ha alcanzado los niveles de descapitalización que conoce Nicaragua - sin incluir la fuga de capital de los sectores que tenían una parte importante de su patrimonio en forma financiera o de los ganaderos que sacaron ganado en pie - es necesaria una política de fomento activo y selectivo para reestimular la oferta. Si bien el subsidio indiscriminado es costoso para la nación y favorece preferiblemente a los sectores que no lo necesitan, la supresión de todo apoyo público es igualmente desastrosa para el país, sobre todo cuando existen amplios sectores que presentan un real potencial de reactivación productiva, consistente con el conjunto de los objetivos macroeconómicos.

Los circuitos de intermediación financiera son claves en este proceso. Lastimosamente, la banca privada tradicional tiene, en un contexto de incertidumbre y crisis, todas las razones para no involucrarse activamente en el financiamiento de la producción o para hacerlo con altos costos para los escasos usuarios, teniendo así un papel acentuador de la crisis, racional desde su punto de vista de empresarios, pero desastroso para la nación. Es una lacra del programa gubernamental basarse en la "ingenua" ficción de que los mercados financieros se arreglarán por sí solos, siempre y cuando el Estado no intervenga en ellos. Esta actitud irresponsable pone en peligro la recuperación económica a la cual el programa apuesta.

Gobierno: plan excluyente

El programa económico del gobierno Chamorro es sumamente frágil. Sus limitaciones en el mediano plazo y sus altos costos sociales en el corto plazo - debido a su carácter excluyente, que aumenta la polarización de la sociedad - no juegan a favor de la estabilidad social. Contradictoriamente, el programa sigue apostando a la estabilidad como factor clave para su éxito.

Un elemento positivo para la consolidación de la columna vertebral del poder, con Lacayo como eje central, es que el gobierno ha venido capitalizando la progresiva pérdida de influencia del FSLN en las instituciones de poder. Tal vez éste no ha sido un proceso tan rápido ni tan profundo como lo hubiera querido la oligarquía tradicional, pero sí ha sido un proceso real.

Todavía le hace falta al gobierno sortear numerosos escollos. Los compromisos con los organismos internacionales suponen un ajuste fiscal más fuerte de lo que ha sido hasta ahora, lo que le restará márgenes de maniobra. El gobierno carece de personal técnico suficiente para llevar a cabo desde el Estado las transformaciones que requiere el ajuste y una mayor reducción del gasto fiscal acentuará este problema. Y a medida que se le vayan reduciendo las posibilidades de hacer populismo electoral, tendrá más razones para recurrir a la represión en la imposición de su política, si quiere preservar el estrecho consenso con que cuenta en la actualidad. Finalmente, tendrá que enfrentar el tema de la propiedad, en interés de los sectores productivos pero sin descuidar la influyente reivindicación simbólica de los confiscados y la de los grandes propietarios contra los "nuevos ricos" sandinistas y contra los nuevos grupos de poder, que compiten contra su estatus social.

En este proceso de afianzamiento de su poder, el gobierno necesita del apoyo abierto de los aparatos represivos: la policía y el ejército. La policía depende totalmente del presupuesto nacional. Pero el ejército tiene, con sus propias empresas, una importante fuente de independencia. Sin embargo, dado el actual conflicto sobre el nuevo Código Militar, y del lugar central que en la polémica sobre el mismo ocupan estas empresas, la institución castrense tendrá probablemente que involucrarse más directamente en una eventual política represiva del gobierno, a cambio de conservar este privilegio.

Aun con todo, el problema de fondo para el gobierno y para su política económica sigue siendo que los sectores dominantes que lo sostienen no controlan la mayor parte de la riqueza del país ni mucho menos la producción de riqueza. La riqueza y su producción se encuentran en gran medida en manos de los estratos medios del campo y de la ciudad, que no tienen mucho que esperar de la actual política económica, aunque se beneficiarían de la estabilidad, impuesta por la fuerza o conseguida por inercia.

La realidad del poder en riqueza en manos de medianos y pequeños muestra que la única vía que daría una solidez real a una columna vertebral de poder alternativo en Nicaragua sería la que hiciera coincidir el poder político con los grupos que realmente tienen en sus manos el control de la economía.

La clase política

Gran parte de las discusiones y pleitos en los que vivimos inmersos giran alrededor de las cuotas de poder político que reclaman facciones o caudillos.

Los conservadores y la oligarquía tradicional quieren recuperar el capital simbólico de su dominio ostentoso de la sociedad. No les basta tener recursos y privilegios, quieren verlos claramente reconocidos, aceptados por todos y defendidos por las instituciones que deben garantizar el orden. La cúpula sandinista no quiere arriesgarse a perder los recursos y los privilegios económicos que adquirió por ser gobierno.

Entre ambos extremos del abanico político - no el de las ideologías sino el de las disputas por el poder - existen sectores reformistas - con retóricas sandinistas o antisandinistas, de izquierda o de derecha - que no respresentan a nadie. La diferencia de sus retóricas no aporta nada a la comprensión de sus posibles programas, aunque sí a entender cómo se clasifican a sí mismas en el abanico político.

Como novedad, surgen ahora movimientos de "centro", que se adjudican la gloriosa ventaja de estar entre los extremos, que pretenden alinearse del lado de la razón y estar apoyados en las virtudes de la moderación. Pero nacen sin el apoyo de los sectores económicos que podrían dar fuerza a su propuesta. Y es que no tienen propuesta. Porque aunque utilicen la retórica socialdemocráta, no defienden realmente la democratización económica ni políticas activas a favor de la redistribución del ingreso ni transformaciones institucionales hacia un menor elitismo de los aparatos, ingredientes fundamentales de todo programa de un centro político que lo sea de verdad y que no sólo esté definido por su equidistancia entre los extremos.

La vía hacia un desarrollo basado en la democratización económica parece más lejana que nunca. Un problema de fondo para el porvenir de Nicaragua como nación es que la clase política en su conjunto no está interesada en la nación. Y es que la clase política en su conjunto no tiene un sujeto económico mayoritario que la sustente y al que ella represente.

Resultados del Congreso del FSLN

TEMAS VOTADOS

Como resultado de las votaciones, el FSLN se sigue definiendo como partido "de vanguardia" (243 votos vs. 122), mantendrá en su seno dos categorías - militantes y afiliados -, aunque flexibilizará básicamente los mecanismos de afiliación. La Dirección Nacional - órgano ejecutivo - seguirá llamándose así, pero estará integrada por 15 miembros, en el cargo por un período de 3 años. La Asamblea Sandinista será el máximo órgano resolutivo entre Congresos y estará ahora integrada por 45 cuadros nacionales y 68 cuadros territoriales -proporcionales a la población y la presencia del FSLN en cada departamento-. Se aprobaron los mecanismos para la revocabilidad de todos los cargos dirigentes. Antes no existían.

MUJERES Y JOVENES

El Congreso aprobó cuotas obligatorias para mujeres y jóvenes en todos los cargos de dirección del FSLN. El 30% de éstos será ocupado por mujeres y a partir del próximo Congreso, el 10% por jóvenes de entre 16 a 30 años. El Congreso aprobó que en la Costa Atlántica, el FSLN goce de autonomía en su organización y en la toma de decisiones sobre la situación específica de esa mitad del país.

NUEVA ASAMBLEA SANDINISTA

De los 45 cuadros nacionales electos por el Congreso para integrar la Asamblea Sandinista, 28 son de ID y 17 de las Mayorías. Entre los 68 cuadros territoriales electos, 53 son de ID y 15 de las Mayorías. Del total de 135, 74 son miembros nuevos. Sólo 4 de los electos tiene menos de 30 años. Antes de las votaciones, ambas corrientes hicieron circular, como propuestas, listas excluyentes, donde la corriente contraria no tenía representación.

NUEVA DIRECCION NACIONAL

De los 15 miembros de la nueva Dirección Nacional, 7 ya la integraban: Daniel Ortega, Tomás Borge, René Nuñez, Bayardo Arce, Víctor Tirado, Luis Carrión y Henry Ruiz. Los 8 nuevos son: Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, René Vivas, Lumberto Campbell, Mónica Baltodano, Mirna Cunningham, Benigna Mendiola y Dorotea Wilson. Sergio Ramírez, que fue integrado a la DN en el Congreso de julio/91, no obtuvo el respaldo de los congresistas para continuar en este cargo. Jaime Wheelock - que estudia en EU - presentó su renuncia dos días antes del Congreso.

¿EXCLUSION?

La exclusión de Sergio Ramírez de la DN dio pie para interpretar que la corriente de las Mayorías fue excluída de los cargos de dirección. El 38% de los cuadros nacionales y el 23% de los territoriales en la Asamblea Sandinista simpatizan y trabajan con las Mayorías. En la DN, son 6 sobre 15 quienes han expresado esta adhesión.

DANIEL ORTEGA REELECTO

El Congreso eligió como Secretario General del FSLN a Daniel Ortega, con 287 votos, como Vicesecretario a Tomás Borge y como Tesorero a René Nuñez. Y rechazó por estrecho margen el crear el cargo de Presidente de Honor, para el que se había autopropuesto Tomás Borge un mes antes del Congreso. Henry Ruiz - alternativa a Ortega - obtuvo 147 votos en la elección para Secretario General.

RESULTADOS CUESTIONADOS

Los resultados del Congreso fueron aplaudidos por la ID y aceptados por las Mayorías, aunque los interpretaron muy negativamente como "purga estalinista", "triunfo del pasado", "de los ortodoxos", "suicidio político del FSLN", augurando que el FSLN perdió en el Congreso toda posibilidad de un triunfo electoral en las elecciones de 1996. Sólo Carlos Tunnermann decidió renunciar a su militancia al conocer los resultados. La ID puso el énfasis en trabajar por la unidad. Las Mayorías en seguir trabajando por un cambio del FSLN, pero dentro de sus estructuras.

RESULTADOS POSITIVOS

Respecto a las estructuras del FSLN, principales resultados positivos del Congreso fueron: la mayor representación territorial, de las mujeres, de los jóvenes y de la Costa Atlántica en los órganos de dirección, la inclusión de mecanismos de revocabilidad y de control de la probidad personal de cada dirigente, la flexibilización del proceso de afiliación y la legitimación de espacios internos para que militantes y afiliados debatan según sus afinidades, dentro de un respeto a la disciplina partidaria.

EL FSLN Y EL CAMPO

Respecto al programa del FSLN, lo más positivo fue la aprobación de las Tesis sobre el Campo, más debatidas realmente en las bases campesinas que en el mismo Congreso. Las tesis son autocríticas, unitarias y renovadoras. En otros asuntos programáticos muy polémicos - ética, relaciones con USA, métodos de lucha, propiedad - faltó análisis de fondo y debate transparente, tanto en las bases como en el Congreso, y tanto por parte de la ID como por parte de las Mayorías.

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