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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 147 | Abril 1994
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México

Chiapas pone en crisis la "democracia" mexicana

En las próximas elecciones, más que definir al nuevo Presidente de México, se definirá si el tránsito a la democracia será pacífico o violento.

Enrique Flota Ocampo

La noche del 6 de julio de 1988, inquieto por la inesperada catástrofe electoral que se avecinaba para su partido, el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari anunció el fin de la era del "partido prácticamente único". En aquel momento, las informaciones mostraban un arrollador avance de Cuauhtémoc Cárdenas en la contienda por la Presidencia de la República y obligaron a un inesperado discurso democratizador al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El tema volvió a aparecer con fuerza en el Cuarto Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1 noviembre/1992). El Presidente reconoció: Vivimos tiempos nuevos en el país, que generan situaciones inéditas". Y más adelante: "La forma de mantener la conducción política del país, y por tanto, su soberanía respecto al exterior, es mediante el fortalecimiento de nuestro sistema político democrático, de un sistema de partidos en un esquema competitivo. No puede haber regreso al partido prácticamente único, como no hay regreso al aislamiento de la dinámica mundial". Tenía toda la razón. Los acontecimientos posteriores mostraron que le faltó fe en sus propias palabras.

PRI: "Carro completo" durante 60 años

Con el eufemismo "partido prácticamente único" aludía Salinas al peculiar sistema político mexicano, cuyos orígenes se remontan a los inicios de este siglo. La revolución mexicana de 1910 dejó tras sí un buen número de caudillos militares y de fuerzas políticas regionales. La institucionalización de la revolución obligaba a centralizar el poder y a subordinarlo al mando civil. A esta necesidad respondió la creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecedente del actual PRI.

El PNR permitió asegurar el control político sobre caudillos y partidos locales, subordinándolos al poder presidencial. Posteriormente, durante el período presidencial del General Lázaro Cárdenas (1936-1940), el PNR -entonces con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana - incorporó a su estructructura el control corporativo de las masas populares, creando centrales nacionales y afiliándolas forzosamente al partido: la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para los obreros y la Confederación Nacional Campesina (CNC) para los campesinos. Los militares fueron excluidos -como sector - del partido, en la culminación de un proceso de institucionalización de las fuerzas armadas y de su sometimiento al poder presidencial.

Poco después se creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), para agrupar dentro del partido a un mosaico de sectores que iba desde empresarios hasta habitantes de barriadas. Desde entonces - hasta los inicios del sexenio salinista - el partido oficial operó con estos rasgos: simbiosis partido-gobierno, presidencialismo, corporativismo.

El PRI nunca fue un partido político en el estricto sentido de la palabra. Nació por iniciativa estatal y funcionó como aparato político electoral del gobierno. En México nunca ha habido un auténtico sistema de partidos políticos. Los partidos de oposición siempre compitieron electoralmente, pero no contra otro partido, sino contra toda la estructura del Estado, expresada para efectos electorales en el PRI. Esto permitió que durante 60 años el partido oficial ganara todas las elecciones presidenciales, todas las gobernaturas de los estados, casi todas las presidencias municipales y casi todas las senadurías y diputaciones, al grado de acuñarse la expresión "carro completo" para designar las elecciones en las que el PRI gana absolutamente todos los puestos en disputa.

Salinas: hiper-presidencialismo

Las elecciones presidenciales de 1988 marcaron el principio del fin de esta realidad. Todavía hoy se discute quién ganó esas elecciones. Muchos indicios - entre ellos la "caída" del sistema de cómputo a la hora del recuento de votos - apuntan a que el verdadero triunfador fue Cuauhtémoc Cárdenas y no Carlos Salinas. Pero nada se pudo ni se podrá ya probar. En una decisión tan intempestiva como generadora de sospechas, los legisladores del PRI votaron un decreto que ordenaba incinerar las urnas que contenían los votos de esa elección, hasta entonces resguardadas por el ejército. Pese a todo, la jornada electoral de julio de 1988 mostró el agotamiento del sistema de control político del Estado y obligó, a lo largo del sexenio salinista, a ajustes para recomponer las fracturas del sistema.

La debilidad con la que Carlos Salinas tomó posesión de la Presidencia se tradujo, paradójicamente, en la exacerbación del presidencialismo. Al inicio de su sexenio, y apoyado en el ejército, demostró su voluntad de poder al ajustar cuentas con quienes le regatearon su apoyo. Este ajuste de cuentas llevó a la cárcel a la hasta entonces poderosísima dirigencia del sindicato petrolero, y provocó un reacomodo de fuerzas al interior del partido oficial. La cúpula del sindicalismo oficial - con el eterno Fidel Velázquez a la cabeza - perdió influencia y fue puesta a la defensiva ante las políticas económicas neoliberales del régimen.

Luego, el presidencialismo se proyectó a través del Programa Nacional de Solidaridad, que exaltaba populistamente la generosa figura del titular del Ejecutivo. La definición de nuevas relaciones del Estado con la Iglesia - su reconocimiento jurídico, por ejemplo - permitió aprovechar esta otra fuente de legitimación presidencial y explotar hasta la figura del Papa en beneficio de la imagen del Presidente. El éxito fue indudable. Para mediados del sexenio la popularidad presidencial había alcanzado niveles espectaculares.

Crisis en el Partido de Estado

La contrapartida de este éxito afloró en el mismo seno del partido. Se consolidó el presidencialismo, pero se debilitó la función del PRI. Con visión de futuro, se intentó adecuar el partido a los nuevos tiempos y así, estando Luis Donaldo Colosio al frente del PRI, el partido intentó renovarse en su XIV Asamblea Nacional, introduciendo, entre otras medidas, mecanismos democráticos para la selección de sus propios candidatos a puestos de elección popular, reduciendo la injerencia presidencial en las decisiones del partido y suprimiendo la afiliación forzosa. Pero el intento no prosperó y los cambios quedaron en el papel. Las resistencias al cambio fueron más poderosas que los tibios intentos de convertir al PRI en un auténtico partido político.

Sin embargo, ya nada fue igual. A lo largo del sexenio salinista se presentaron, como nunca antes, pugnas internas y deserciones. Los sectores tradicionales del partido - obrero, campesino y popular - fueron reestructurados y perdieron sus tradicionales cuotas de poder. Los políticos profesionales fueron desplazados por los tecnócratas en la toma de las decisiones fundamentales. Una creciente fuerza de la oposición orilló al gobierno a negociar resultados electorales aun a costa de sacrificar a candidatos príistas presuntamente triunfadores. Los nuevos aliados del régimen - la cúpula de la iniciativa privada, la cúpula de la jerarquía católica encabezada por el nuncio, etc. - ocuparon espacios antes reservados a la cúpula partidaria.

Pese a todo, el salinismo llegaba al fin de su sexenio con optimismo. Los logros macroeconómicos - reducción de la inflación a un dígito, superávit fiscal, reducción de la carga de la deuda pública - hacían aparecer como manejables los conflictos. No era así. El reclamo democrático ya había echado raíces. Y el estallido de la rebelión en Chiapas se encargó de ponerlo en evidencia.

Chiapas: depongan al dictador

El 1 de enero apareció en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). En una acción tan audaz como inesperada los zapatistas ocuparon cuatro ciudades del Estado de Chiapas, en el sureste mexicano: Ocosingo. Altamirano, Margaritas y la más importante, San Cristóbal de las Casas. Ese mismo día dieron a conocer la Declaración de la Selva Lacandona, en la que explican la causas de su movimiento, centrado en estas demandas: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.

Desde su declaración inicial se advierte que el contenido de la lucha del EZLN no es solamente reivindicativo. El punto central de la Declaración de la Selva Lacandona es una declaración de guerra: "Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente declaración de guerra al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo: Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra pedimos a los otros poderes de la nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador".

Demandas sociales y políticas

A pesar de sus ricos y abundantes recursos naturales - agricultura, ganadería, petróleo y potencial hidroeléctrico -, Chiapas es el Estado más pobre del país. Del total de 3 millones 210 mil habitantes, su población rural asciende al 59.6% - el doble de la media nacional - y vive dispersa en 16 mil 422 localidades a lo largo de los 73 mil 887 km2 que conforman el territorio del Estado. Su tasa de crecimiento poblacional es de 4.5% - 2% es la media nacional -. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad, el 44% tiene menos de 14 años. El grado de analfabetismo es de 30% - la media nacional es 12.4% -. El 20% de la población es indígena. Tzeltales: 43%, Tzotziles: 27%, Choles 26%. El 16% no habla español.

Del territorio del Estado, el 15% es agrícola y el 33% pecuario. Los principales cultivos son maíz (66%), café (15%) y frijol (7.8%). El 58.1% de la población con trabajo, labora en el sector agropecuario. De las personas que trabajan, el 40% percibe menos de un salario mínimo. El salario mínimo nacional es de unos 4 dólares diarios. Hay un médico por cada 1,500 habitantes. Según cálculos extraoficiales, 15 mil personas mueren al año a causa de enfermedades curables.

Aunque Chiapas genera el 60% de la energía hidroeléctrica que se consume en todo el país, el 31% de las viviendas chiapanecas carecen de energía eléctrica.

A estos datos hay que sumar una historia secular de discriminación y de explotación de la población indígena. Se tiene así el contexto que explica el surgimiento de una rebelión armada con demandas de justicia social, pero que reclama también democracia. Porque hay un contenido social y también un contenido político en el origen de la insurrección, por más que el contenido político resultara soslayado por el curso de los acontecimientos posteriores.

El alzamiento zapatista es un alzamiento contra las condiciones de extrema pobreza y opresión de los indígenas de Chiapas. Pero es también una rebelión contra la falta de democracia en el país, contra el sistema de partido de Estado y contra sus consecuencias.

Una guerra que no empezó

La toma de las cuatro ciudades chiapanecas respondió a un objetivo más político que militar. Todo indica que al EZLN no le interesaba retener las ciudades ni combatir en ellas. Sin embargo, la ocupación representaba la posibilidad de llamar la atención de la opinión pública, como en efecto sucedió.

El conflicto armado duró sólo once días. En ese lapso, aparte de esporádicos intercambios de disparos, sólo hubo propiamente dos combates. Uno de ellos, el ataque al cuartel militar de Rancho Nuevo, situado a unos cuantos kilómetros de San Cristóbal. Hasta hoy no se sabe exactamente qué ocurrió allí. Unas versiones hablan de que se trató de un hostigamiento sin mayores alcances por la firme defensa del ejército. Otra versión habla de que los zapatistas lograron penetrar y recuperar una buena cantidad de armas, ayudados por la deserción de soldados de esa guarnición. El otro combate fue en Ocosingo, donde parte de los zapatistas ocupantes resistió la entrada del ejército, con un saldo desfavorable para el EZLN.

La estrategia militar zapatista consistía en replegarse rápidamente a la zona de la selva lacandona y esperar allí la embestida del ejército, donde planeaban resistir con ventaja. Es un terreno escabroso, de montañas y cañadas, que dominan y en en el que habían preparado previamente sus posiciones defensivas. El ejército tuvo que acumular gran cantidad de tropas y pertrechos antes de decidirse a penetrar. Pero los combates nunca empezaron. El 11 de enero el gobierno decretó el cese unilateral del fuego.

"Después de la toma de San Cristóbal - dijo después el Subcomandante Marcos - no pensamos que ésta había tenido tanto éxito en todo el país. Tampoco que el pasamontañas se había hecho famoso. Nos dábamos de santos con la cuota de muertos con la que habíamos salido, más baja de lo que esperábamos. Y nos estábamos preparando para una guerra de atracción cuando el enemigo se te va encima y lo comienzas a desangrar".

El Ejército Zapatista conservó prácticamente intacta su fuerza, calculada por algunos en 20 mil combatientes, entre miembros del ejército y milicianos. Por su parte, el ejército federal acumuló alrededor de 25 mil hombres en el cerco que tendió alrededor de la zona controlada por los zapatistas.

Un golpe al TLC

Los efectos políticos de esta guerra en ciernes fueron muy importantes. Quizá el efecto más sensible para el gobierno mexicano se dio en lo que se refiere a su política exterior. El alzamiento zapatista se produjo el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá, y empañó la exitosa campaña que el gobierno había desplegado para iniciarlo.

El golpe fue duro. Frenó la llegada del esperado flujo de inversión extranjera y ha mantenido a los inversionistas a la expectativa de la evolución que tenga la situación política mexicana. Pero no hubo solamente consecuencias económicas. Lo ocurrido afectó seriamente la imagen internacional que con tanto esmero se construyó el Presidente Salinas y echó por tierra y de golpe su discurso sobre la triunfal entrada de México al Primer Mundo.

A nivel de gabinete, la rebelión trajo la destitución del Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). Este cargo lo ocupaba Patrocinio González Garrido, ex-gobernador del Estado de Chiapas y a él se le atribuyó responsabilidad en el alzamiento, por haber minimizado la fuerza de los zapatistas, de cuya existencia ya tenía conocimiento el gobierno cuando menos desde mayo de 1993. Ese mes, y por casualidad, una patrulla del ejército entabló combate con una columna zapatista.

La destitución del Secretario de Gobernación afectó también al Nuncio Apóstolico, Jerónimo Prigione. Ambos eran promotores de la remoción del obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, a quien identificaban como cabeza de la Iglesia progresista por su cercanía a la teología de la liberación y por su trabajo pastoral plenamente identificado con la causa de los indígenas chiapanecos. El nuncio era el interlocutor eclesiástico privilegiado del gobierno, lo que permitía a Prigione tener una enorme influencia sobre la Conferencia Episcopal. Los acontecimientos de Chiapas obligaron al gobierno a acercarse a Don Samuel Ruiz, aprovechando su influencia en la zona, en búsqueda de una solución negociada. Correlativamente, se produjo un distanciamiento gobierno -nuncio. La situación en la cúpula eclesiástica sufrió entonces un giro: Prigione perdió gran parte de su presencia e influencia y Don Samuel Ruiz - y con él, el Cardenal Corripio, Arzobispo de México y adversario del nuncio - recibieron el apoyo episcopal que no habían tenido un mes antes, cuando se tramitaba en Roma la destitución de Don Samuel.

Una impresionante presión social

La movilización de la sociedad civil y de la opinión pública que Chiapas catalizó no tiene precedentes. La demanda era una solución negociada al conflicto. La figura carismática del Subcomandante Marcos generó una amplísima corriente de simpatía hacia él y hacia el movimiento zapatista, incluso entre amplios sectores de las clases medias y altas, que quedaron fascinadas por este personaje, que oculta su rostro tras un pasamontañas, que fuma pipa y que escribe y habla con la belleza propia de la poesía indígena.

Fue en vano el intento gubernamental de presentar al EZLN como un grupo de delincuentes violentos. El mito guerrillero, unido esta vez al misterio indígena, prendió en la opinión pública. Lo favoreció la amplísima cobertura periodística que tuvieron los hechos.

La presión social obligó al gobierno a tomar medidas para buscar una solución negociada: nombramiento de Manuel Camacho Solís como Comisionado para la Paz y Reconciliación (10 de enero), declaración unilateral de cese al fuego (12 de enero), anuncio de amnistía (16 de enero), aprobación en el Congreso de la Ley de Amnistía (20 de enero). Por su parte, el EZLN suspendió sus operaciones militares y se manifestó dispuesto a negociar la paz.

El mayor impacto político se produjo indirectamente con el nombramiento de Manuel Camacho como Comisionado para la Paz y la Reconciliación. Camacho fue considerado durante mucho tiempo el hombre con más posibilidades para ser candidato del PRI a la Presidencia de la República.Cuando en noviembre/93, Carlos Salinas decidió la candidatura a favor de Luis Donaldo Colosio, Camacho se sintió traicionado por el Presidente y rompió entonces una de las reglas no escritas del sistema: hizo pública su inconformidad y se negó a apoyar la candidatura de Colosio.

El nombramiento como Comisionado, y su desempeño en este importante cargo, resucitó políticamente a Camacho y lo lanzó a los primeros planos de popularidad, por encima del gris candidato del partido oficial. El 22 de marzo se recompuso la situación, con el anuncio de Camacho de que no mantendría su aspiración a la Presidencia de la República, anuncio que significó para Colosio la luz verde para lanzar realmente su campaña, ya sin la sombra paralizante del Comisionado. Al día siguiente, Colosio fue asesinado.

Zapatistas: 34 demandas

El 20 de febrero se iniciaron en la catedral de San Cristóbal las Jornadas para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, con la presencia de los tres actores principales. La representación del gobierno la asumió el Comisionado Camacho. Fue una representación sin apoyo legal - ni siquiera era funcionario público -, pero con todo el respaldo directo del Presidente Salinas, con quien Camacho mantuvo estrecha y constante comunicación. Por los zapatistas acudieron - bajo la protección del Comité Internacional del Cruz Roja - el Subcomandante Marcos y 18 indígenas, de 4 etnias, integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN. El tercer actor fue el obispo Samuel Ruiz, nombrado mediador por ambas partes. Contra lo esperado, el diálogo se llevó a cabo a puertas cerradas. Por lo que se ha podido saber, las pláticas siguieron un doble curso: en relación al pliego de peticiones de los zapatistas y en relación a los acuerdos de paz.

Al inicio del diálogo, el EZLN presentó un pliego de 34 demandas. La mayor parte de estas demandas se refieren a las condiciones de vida de los indígenas chiapanecos: salud, vivienda y servicios, educación, trabajo. De este bloque, hay que destacar lo referente al problema agrario (punto 8), que es de los más complejos y urgentes. Para todas estas demandas hubo un ofrecimiento gubernamental de recursos y de programas calendarizados.

Otro bloque, muy relacionado con éste, comprendía las demandas de carácter étnico: reconocimiento del uso de las lenguas y costumbres indígenas, autonomía de las comunidades indígenas, etc. En este bloque, el compromiso gubernamental fue en la línea de reformas a la legislación como medio para responder a estas demandas.

Estos dos bloques constituyen la parte más extensa del pliego. Visto en conjunto, parecía una desproporción lanzarse a una guerra para solicitar demandas tan elementales. Pero para los zapatistas no era así. Son beneficios elementales, pero han carecido de ellos durante siglos. Son, sobre todo, expresión de su verdadera demanda de fondo: dignidad. "Si no podemos vivir dignamente, tenemos derecho a morir dignamente", decían al justificar su guerra.

Un tercer bloque era de demandas de carácter político para el estado de Chiapas: reforma electoral, juicio político a los ex-obernadores del Estado, etc. Aquí la respuesta gubernamental fue variada: desde la negativa en lo referente al juicio político, hasta el ofrecimiento de una nueva ley electoral que asumiera los lineamientos demandados por los zapatistas.

Elecciones libres y democráticas

Mención aparte merecen los llamados puntos de la agenda nacional. Desde el inicio de las pláticas las partes acordaron que no se tratarían asuntos de carácter nacional sino sólo los referidos a Chiapas. Así, se excluyó la discusión sobre el artículo 27 Constitucional, que se refiere a la cuestión agraria y que fue modificado en este sexenio con una orientación neoliberal, de modo que la tierra pueda privatizarse.

También quedó excluido un punto central: la democracia nacional. Los zapatistas lo planteaban así en su pliego petitorio:

"Primero

: Demandamos que se convoque a una elección verdaderamente libre y democrática, con igualdad de derechos y obligaciones para las organizaciones políticas que luchan por el poder, con libertad auténtica para elegir una u otra propuesta y con el respeto a la voluntad mayoritaria. La democracia es el derecho fundamental de todos los pueblos indígenas y no indígenas. Sin democracia no puede haber libertad ni justicia ni dignidad. Y sin dignidad nada hay.

Segundo:

Para que haya elecciones libres y democráticas verdaderas es necesario que renuncie el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los ejecutivos estatales que llegaron al poder mediante fraudes electorales. No viene su legitimidad del respeto a la voluntad de las mayorías sino de su usurpación. En consecuencia, es necesario que se forme un gobierno de transición para que haya igualdad y respeto a todas las corrientes políticas. Los poderes legislativos federales y estatales, elegidos libre y democráticamente, deben asumir su verdadera función de dar leyes justas para todos y vigilar su cumplimiento.

Otro camino para garantizar la realización de elecciones libres y democráticas verdaderas es que se haga realidad, en las grandes leyes de la nación y en las locales, la legitimidad de la existencia y trabajo de ciudadanos y grupos de ciudadanos que, sin militancia partidaria, vigilen todo el proceso electoral, sancionen su legalidad y resultados, y den garantía como autoridad real máxima, de la legitimidad de todo el proceso electoral". Aunque este punto no se discutió en San Cristóbal, es probablamente el más relevante, tanto por su conexión con el origen de la insurrección zapatista, como por sus implicaciones para el futuro próximo del país.

Tres problemas para la paz

En el punto de los acuerdos de paz - el más delicado y complejo del diálogo - no se han dado a conocer los resultados a los que se llegó. Se sabe, sin embargo, que existe ya una base para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades y que este acuerdo se haría público al momento de su firma. El fin de las hostilidades supone resolver una serie de problemas:

- La amnistía. El gobierno impulsó la aprobación de una ley de amnistía, que impide perseguir legalmente a todos los involucrados en los hechos de Chiapas entre los días 1 y 20 de enero, bajo dos condiciones: la entrega de rehenes - ya se entregaron - y la entrega de las armas. Los zapatistas han manifestado su rechazo a acogerse a la amnistía, pues para ellos supone reconocer que cometieron algún delito sobre el cual actúa la amnistía. El EZLN sostiene que no cometió delito alguno, sino que hizo uso del derecho constitucional a la rebelión contra un gobierno ilegítimo.

- La entrega de las armas. Para el gobierno es fundamental lograr el desarme de los zapatistas, pero éstos saben que las armas son su mayor garantía para que el gobierno cumpla con sus compromisos.

- La verificación del cumplimiento de los acuerdos que se logren. En el documento gubernamental de respuesta al pliego petitorio zapatista se habla de una comisión de verificación: "En los términos que se le requieran, el gobierno apoyará la creación de una Comisión Nacional de Paz con Justicia y Dignidad. Esta Comisión desempeñará un papel clave en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos contenidos en este compromiso político para una paz digna en Chiapas". La creación de una comisión de este tipo supone el acuerdo sobre quiénes la integrarán, cómo funcionará y qué autoridad tendrá.

Asesinato de Colosio y tregua frágil

Al retirarse de San Cristóbal rumbo a la zona bajo su control, los zapatistas insistieron en señalar que lo que hubo fue un diálogo y no una negociación y que, en consecuencia, ellos consultarían con sus bases las propuestas del gobierno. Recalcaron que no se podía hablar de que ya hubiera acuerdos. La consulta a las bases zapatistas se inició a los pocos días de concluidas las pláticas con el Comisionado Camacho, pero se interrumpió con el asesinato de Colosio. No hay ninguna fecha fija para la reanudación del diálogo y los acontecimientos nacionales dificultan como nunca las previsiones.

En Chiapas se vive una tregua entre el EZLN y el ejército federal, fundada en el cese al fuego ordenado por el gobierno y en igual decisión de los zapatistas. Pero es una tregua amenazada por las presiones de otros dos actores. De un lado, los ganaderos y terratenientes - y sus "guardias blancas", escuadrones de pistoleros en proceso de rearme -, quienes ven perder paulatinamente sus privilegios y su poder. Y del otro lado, las organizaciones campesinas e indígenas no zapatistas, que han relanzado su propia lucha, emprendiendo acciones como la toma de tierras, sabedores de que en este momento el ejército no intervendrá en su contra - por la tregua - y de que el EZLN es una especie de garantía contra la impunidad de los terratenientes. Es, pues, una tregua frágil.

Chiapas en la coyuntura electoral

La rebelión chiapaneca es realmente una rebelión indígena. Pero no se trata de una sublevación indígena espontánea. El EZLN es una organización forjada a lo largo de diez años, con conciencia política y proyecto estratégico. Su composición indígena es indudable, pero es una torpeza enorme suponer - como lo han hecho algunos voceros del régimen - que los indígenas son incapaces de analizar la realidad y de mirar al futuro por su dificultad para expresarse en un idioma que no es el propio. Sólo el racismo puede ver en esa dificultad una menor capacidad intelectual. Es el racismo que descubre una "manipulación" detrás de cualquier movimiento indígena. Pero la rebelión chiapaneca no se agota en su contenido indígena. Es también expresión de la crisis del sistema político mexicano. Por eso no es gratuito o circunstancial que en el centro de los planteamientos del EZLN esté la cuestión de la democracia.

Desde la Declaración de la Selva Lacandona hasta su pliego petitorio, los zapatistas no han dejado de plantear la ilegitimidad del gobierno de Carlos Salinas, la dictadura del PRI y la necesidad de elecciones libres y creíbles. Estas posturas ligan la crisis de Chiapas con la actual coyuntura electoral. El domingo 21 de agosto habrá en México elecciones para Presidente de la República. Si los resultados no son creíbles, si se mantiene la tradición del fraude electoral, ningún acuerdo de paz previo evitará que los zapatistas se sientan traicionados en una de sus demandas centrales, y nada evitará que vuelvan a levantarse en armas. Desde este punto de vista, las perspectivas son sombrías.

La contienda electoral por la Presidencia de la República parece reducida a los candidatos del PRI y del PRD. Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) es la segunda fuerza electoral nacional, su candidato aparece desplazado hasta la tercera posición. Su cercanía con el salinismo le ha restado fuerza, incluso dentro de su propio partido.

Camacho y Colosio

El PRI llegará a las elecciones con una debilidad nunca antes vista. Es ya evidente la división al interior del partido oficial. La oposición inicial de Manuel Camacho a la candidatura de Luis Donaldo Colosio debilitó significativamente la campaña electoral de Colosio y marcó una clara división entre camachistas y colosistas. A partir de su nombramiento como Comisionado para la Paz y la Reconciliación de Chiapas, Camacho no dejó de especular con la posibilidad de buscar una candidatura a la Presidencia dentro o fuera del PRI.

Esta especulación, basada en la enorme fuerza política que adquirió como negociador de la paz, iba desde intentar la candidatura bajo las siglas de un partido de oposición, hasta la posibilidad de sustituir a Colosio como candidato del PRI. Para muchos príistas, esta última posibilidad fue cuando menos tolerada por el Presidente Salinas, quien presumiblemente habría llegado a la convicción de que se había equivocado al designar a Colosio: Colosio se mostraba como un candidato débil y Camacho aparecía como político exitoso. La aclaración de Camacho el 22 de marzo, en el sentido de que no aspiraría ya a la Presidencia, fue un alivio para Colosio. Para muchos, no era una postura definitiva de Camacho y su definición última se dará en el momento de la eventual firma de los acuerdos de paz en Chiapas, momento en el que Camacho cosecharía todo sus éxitos políticos. El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo enturbió toda la situación. Procovó la muerte política de Manuel Camacho, a quien los colosistas le reprocharon entonces haberle negado tanto tiempo su apoyo el candidato oficial.

¿Quién mató a Colosio?

Las investigaciones del crimen han puesto al descubierto que se trató de una conspiración en la que intervinieron varias personas, algunas de ellas de reconocida militancia príista. Si en los primeros momentos de un asesinato que conmovió al país se sospechaba de los enemigos del régimen - zapatistas o perredistas -, hoy la sociedad observa con estupor la posibilidad de que los presuntos responsables sean miembros del mismo partido de la víctima. En un país en el que la impartición de justicia no goza de mucha credibilidad en la sociedad, las sospechas públicas adquieren un peso relevante.

Hoy esas sospechas apuntan hacia sectores del PRI y hacia el mismo Presidente Salinas. Es obvio que estas sospechas no son un indicador de una culpabilidad real, incluso es muy poco probable que Salinas tuviera la más mínima participación en el crimen. Sin embargo, el descrédito del régimen es indudable y la opinión popular generalmente no se apega a las reglas del derecho para emitir sus juicios. Si era previsible que el nuevo candidato del PRI se aprovechara del voto sentimental provocado por el martirio de Luis Donaldo Colosio, este voto le puede ser ahora negado si se confirma que se trató de un complot príista el que asesinó a Colosio.

La designación del candidato sustituto, Ernesto Zedillo Ponce de León amplió las grietas que ya existían dentro del partido oficial. Zedillo no es un candidato de los camachistas ni de los colosistas, que ahora resultarán desplazados progresivamente. Es el candidato de Salinas. De ahí el beneplácito de los beneficiarios del actual sexenio, los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, para quienes Zedillo es garantía de continuidad en la política económica neoliberal del actual régimen. En la designación del candidato, el presidente Salinas ignoró las voces que desde dentro del PRI reclamaban un procedimiento menos vertical - el Presidente como único elector - y una consulta real al partido.

La tarea del nuevo candidato oficial se antoja superior a sus fuerzas. No solo tendrá que convencer a los electores, tarea en la que no tiene experiencia previa. Como buen tecnócrata, ha ocupado dos secretarías de Estado, pero ningún puesto de elección popular. Tendrá también que convencer a sus propios correligionarios para salvar la unidad del partido.

Hoy, junto a la potencial fuerza electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Partido de la Revolución Democrática, hay que considerar el debilitamiento del partido oficial. Pero lo más grave es que el problema de las elecciones de agosto no es sólo qué candidato reunirá más votos. Es ante todo un problema de credibilidad.

Escenarios de paz y de guerra

Los escenarios pacíficos serían que Cuauhtémoc Cárdenas ganara las elecciones y le reconocieran su triunfo. O que ganara Zedillo (PRI) y Cárdenas no objetara las elecciones. Hoy, ninguna de las dos posibilidades se ve probable.

Un indicador de la disposición del gobierno a aceptar un eventual triunfo cardenista sería poner todas las condiciones pra que estas elecciones sean excepcionalmente limpias y sin posibilidad de que sus resultados sean manipulados por el gobierno. Pero no hay muestras de esta disposición. La posibilidad de asegurar desde ahora el sometimiento de Cuauhtémoc Cárdenas a los resultados de agosto estribaba en atender a sus demandas de reforma a la ley electoral. De ese modo, no tendría argumentos para impugnar los resultados. En cambio, el gobierno hizo algunas concesiones - reforma de la composición de los órganos electorales, etc. - pero se negó a ceder en puntos sustanciales como el que se refiere a la limpieza del padrón electoral.

Con el PRI debilitado por sus divisiones y con un candidato oficial que llega sin fuerza, se abren muchas dudas sobre el eventual triunfo de Zedillo. La negativa a modificar la ley electoral abre entonces mucha probabilidad para una impugnación post-electoral por parte de Cárdenas y del PRD. Los primeros que se movilizarán en tal caso serán los zapatistas, pero ya no aislados en Chiapas, sino en el contexto de una crisis política nacional, en la que no sería extraño que surgieran nuevos brotes armados en otros rincones del país.

Es muy probable que la tregua en Chiapas dure hasta agosto. Lo que suceda después dependerá de los resultados de las elecciones. Y los datos actuales no permiten optimismos fáciles. La sombra de la guerra sigue presente. El 21 de agosto, más que definir al nuevo Presidente de la República se definirá si el tránsito a la democracia será pacífico o violento. Pudiera parecer que México llega tarde a la era de las revoluciones armadas. En el fondo, a lo que llega tarde es a la democracia.

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