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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 147 | Abril 1994
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Panamá

¿Qué hereda quien gane las elecciones?

Quién será el próximo Presidente? Es más desafiante y productiva esta pregunta: cómo hará ese nuevo Presidente para desarrollar al país con justicia y sin corrupción.

Ricardo G. Montenegro

A las puertas de las elecciones del 8 de mayo, se queman los últimos cartuchos de la campaña electoral, buscando todos los partidos la mayor eficacia, aunque no necesariamente la mayor elegancia. La radio y la televisión pasan continuamente cuñas sumamente agresivas - financiadas por presuntos comités cívico-políticos - que han generado una amplio debate. Hay quienes abogan porque la verdad sea dicha, "aunque pique". Están los que temen una ola de violencia política. Otros sostienen que hay que decir la verdad, "pero con responsabilidad" y critican solamente que los comités que financian la propaganda carezcan de una personería jurídica que los identifique claramente dentro del escenario político.

El PRD (Partido Revolucionario Democrático)ha sido denunciado por agredir a una caravana de la Democracia Cristiana. Los Arnulfistas han dicho que si el PRD intenta agredirlos "se defenderán". Todo esto ocurre ante la impotente mirada de la Comisión de Justicia y Paz, organismo creado por la Iglesia Católica, que vela por el cumplimiento del pacto ético-electoral firmado por todos los partidos políticos en 1993.

Elecciones polarizadas

El panorama político se ha esclarecido. Las encuestas evidencian un proceso de polarización entre las dos principales fuerzas: la coalición "Pueblo Unido", encabezada por el PRD con Ernesto Pérez Balladares como candidato y la alianza "Cambio 94", presidida por el ex-Contralor Rubén Darío Carles. El resto de los candidatos aceptan esta innegable polarización de fuerzas, pero afirman que se dará entre el PRD y cada uno de sus respectivos partidos.

El candidato de la alianza "Concertación Nacional", Samuel Lewis Galindo, reconoció que analizando los contenidos de las diferentes propuestas de gobierno, se ve claramente que existen pocas diferencias sustanciales en cuanto al planteamiento económico y que las divergencias principales pueden encontrarse en las orientaciones éticas de los discursos de los candidatos, en cuanto a la pobreza, el desempleo, la delincuencia y la corrupción. (Este es el orden de las cuatro respuestas que dio el público a la encuesta de Dichter & Neira, publicada el 25 de marzo, a la pregunta: Entre los siguientes asuntos, ¿cuál es el más importante a solucionar para el próximo gobierno?)

Una papa caliente

Independientemente de la intención real de los candidatos de cumplir o no sus promesas electorales, caerá en manos de cualquiera de ellos la crítica situación socioeconómica del país, una auténtica papa caliente.

Con un PIB que en 1990 alcanzaba los mil 868 millones de dólares y un PIB per cápita de 773 dólares, Panamá se vanagloría de ser uno de los países con mayor tasa de crecimiento económico de América Latina. Pero a pesar de este optimismo, se estima que el 65% de la población panameña vive en estado de pobreza y que un 44% de éstos vive en condiciones de pobreza extrema.

EL 20% de la población más pobre obtiene sólo el 2.84% del total de los ingresos del país, mientras que el 20% de la población más rica se queda con el 49.36%. Eso coloca a Panamá en el segundo lugar entre los países latinoamericanos con la más desigual distribución de ingresos.

En 1993, la población panameña era de 2 millones 529 mil 918 habitantes. Población urbana: el 54%. La concentración de la población en el área metropolitana - que hoy abarca el 76% del total de la población urbana del país - se debe a la histórica orientación de la economía hacia el sector servicios, que en los últimos años viene generando más del 70% del PIB nacional. Acentúa este problema la ausencia de políticas serias de urbanización. Se estima que el déficit habitacional a nivel nacional ronda las 200 mil viviendas.

En el campo los problemas son diferentes, aunque no por ello menos graves. Se calcula que 6 de cada 10 familias que viven en zonas rurales son pobres - en las ciudades el porcentaje es algo menor: 5 de cada 10 -. La evidente falta de voluntad gubernamental para incentivar el sector agropecuario, los altos costos de producción, la liberación de precios de los productos agrícolas, los acaparamientos de tierras, las políticas del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) - que no sólo no apoyan efectivamente, sino que obstaculizan el trabajo de los pequeños productores -, hacen que el joven campesino con deseos de superación sueñe con realizarlos en Ciudad Panamá. Y emigra.

El salario mínimo decretado en 1993 es de 200 dólares mensuales para los funcionarios de la capital y de 150 para los del resto del país. Pero el costo de la canasta básica familiar en mayo/92 era de unos 220 dólares. La canasta de bienes y servicios básicos se calculaba en 426, con clara tendencia a seguir aumentando. Los niveles de desempleo alcanzan un 20% según el gobierno, pero la cifra real parece ser mucho mayor.

Crece la inseguridad

Esta situación económica tiene consecuencias sociales alarmantes. El nivel de delincuencia se ha incrementado tanto que el tema de la seguridad pública es uno de los puntos centrales de la agenda política electoral. Las cárceles se encuentran repletas, el sistema penitenciario es deficiente y frecuentemente aparecen acusaciones de violación de los Derechos Humanos. Los altos índices de delincuencia juvenil, de atracos, de distribución y consumo de drogas, de posesión ilegal de armas, van configurando un país cada vez más inseguro.

El Sistema Judicial ha demostrado ser ineficiente. La Fuerza Pública cuenta con recursos tan exiguos que le dificultan cumplir sus funciones. La Policía Técnica Judicial se ha visto inmersa en varios escándalos por uso excesivo de fuerza y hasta por asesinatos. El negocio de agencias de seguridad privadas ha crecido vertiginosamente en los últimos años, pero son pocas las que cuentan con personal verdaderamente capacitado, lo que provoca en ocasiones accidentes lamentables.

Crece la corrupción

Pero no es sólo que el empobrecimiento aliente la violencia de los de abajo. La corrupción gubernamental ha alcanzado extremos tales que sobrepasan los mínimos niveles de tolerancia. Prácticamente, el Estado panameño no realiza ningún tipo de inversión si antes - y como requisito sine qua non - los responsables de dar el visto bueno no reciben una coima. El narcotráfico - justificación de la invasión de los marines en 1989 - no sólo no ha sido erradicado, sino que se ha incrementado y en más de una ocasión se acusa a altas figuras del gobierno de participar en actividades de comercialización de la droga y de lavado de dinero.

Esta situación de descomposición social crea una gran inseguridad sobre la utilización y criterios de distribución que se hará de los recursos que el país recibirá a raíz del desmantelamiento paulatino de las bases militares norteamericanas ubicadas en las riberas del Canal de Panamá y de una serie de áreas no militares de gran valor, que desde 1980 han ido revirtiendo al país.

En vista del visible deterioro en que se encontraban las instalaciones ya devueltas y de la inminente entrega de nuevas instalaciones de mayor valor, el gobierno creó en 1993 la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), ente "autónomo y político" encargado de administrar, mantener y distribuir los bienes revertidos y por revertir antes del año 2000, cuyo valor total se calcula en más de 30 mil millones de dólares, entre los que no se incluye el valor del propio canal y las instalaciones de esta vía interoceánica.

Únicas respuestas

El sentimiento de frustración, rabia y desconfianza de los panameños ante una situación tan adversa ha provocado en los últimos años un resurgimiento de movimientos sociales que plantean demandas reivindicativas. El despertar ha tenido dos momentos. En el primero, las movilizaciones nacieron como consecuencia de la lenta o nula respuesta gubernamental a los problemas socioeconómicos generados por la invasión norteamericana. En el segundo, han nacido como una reacción contra las medidas de ajuste económico que tanto han afectado al pueblo. El gobierno ha sido constante en su desinterés por buscar y hallar soluciones a las demandas populares. La arrogancia, la intransigencia y, en no pocas ocasiones, la fuerza, han sido sus únicas respuestas. Dos típicos exponentes de esa actitud fueron el Ministro de Educación, Marcos Alarcón, y el hoy candidato Rubén Darío Carles, cuando ejercía de Contralor General de la República.

Como prueba de la permanente insensibilidad social del actual gobierno - aun en tiempos de campaña - está en el caso ocurrido a mediados de marzo en Felipillo, un barrio marginal de la capital. Un grupo de residentes protestaba pacíficamente por la deficiencia del sistema de servicios públicos en el área, en especial del agua potable, y fue reprimido por agentes del orden público de forma desproporcionada, dejando un saldo de una persona muerta y varios heridos. Las autoridades afirmaron campantemente que no hubo víctimas.

Falta conducción política

No obstante la efervescencia del movimiento social, la falta de una clara orientación política ha impedido alcanzar los niveles organizativos necesarios para mantener las luchas reivindicativas en función de objetivos de mediano o de largo plazo. Esta indefinición política de gran parte de los movimientos sociales reivindicativos ha convertido sus acciones en "llamaradas de tusa", cuya fuerza y capacidad de convocatoria finaliza cuando encuentran alguna solución a sus problemas inmediatos.

El panameño aún no ha alcanzado una verdadera conciencia de clase y, peor aún, las organizaciones que desean contribuir en la construcción de una sociedad nueva conocen esa realidad, pero ofrecen un escaso aporte. Critican los fracasos de los movimientos sociales, pero deben también aceptar responsabilidades en las numerosas derrotas y desaciertos de un pueblo que, aunque solo, ha demostrado tener agallas y dignidad para pelear por lo que considera le corresponde en derecho.

¿Cuánta abstención?

Inicialmente, los panameños se mostraron apáticos ante el proceso electoral. Un sentimiento generalizado de frustración existía ya, al constatar que la alianza que les había ofrecido una alternativa de cambio a la dictadura impuesta por el General Noriega no era esencialmente distinta al régimen anterior.

Hace un año, las primeras encuestas indicaban un alto porcentaje de personas que habían decidido no votar. Hoy, el índice ha disminuido. No sólo el de quienes tenían la intención de no asistir a las urnas, sino también el de los indecisos. En la séptima encuesta de Dichter & Neira, ante la pregunta "¿Qué grado de certeza tiene de que votará en las elecciones presidenciales de 1994? " el 87.7% dijo estar seguro de que votará. Un 4.6% de los encuestados dijo que lo haría probablemente. El 9.6% restante se dispersó. Seguros de que no votarán: 3.1%. Probablemente no votarán: 2.1%: No están seguros o no saben: 4%. Todos estos porcentajes superan en mucho los índices históricos de abstención de Panamá.

La posición de aquellos a los que no suelen llegar las encuestas arrojarían índices superiores. Organizaciones indígenas y campesinas representativas de un 20% de la población con capacidad de votar, declararon en comunicado público, a un mes de las elecciones, que su "partido" sería la abstención. "Lo hacemos porque sabemos que una mala democracia no puede parir hijos buenos. Nuestra decisión no es loca ni antojadiza: Convencidos de esa realidad, reafirmamos nuestro desconocimiento del actual proceso electoral y nuestra decisión de no votar el próximo ocho de mayo", argumentaron.

Participación popular

La razón de estos cambios de actitud se debe, en gran medida, a la enorme campaña publicitaria que se ha desarrollado desde 1993. Una campaña millonaria, sufragada en gran parte con fondos de la AID y de la Comunidad Europea, que repentinamente han mostrado interés por "promover los espacios de participación ciudadana en los procesos democráticos del país".

Obviamente, la participación que promueven no atenta contra la concepción tradicional de democracia: la campaña insiste en que la participación del pueblo es emitir su voto en las urnas. Ultimamente, al darse cuenta de la falta de voluntarios, la campaña hace un llamamiento a los ciudadanos para que también participen inscribiéndose como jurados de mesa en los centros electorales.

Los panameños participarán. Pero no elegirán entre los mejores, sino entre los menos peores, como a menudo se escucha. A la pregunta "¿Tiene usted afiliación política?", de la misma encuesta, un 82% respondió negativamente. El acto de votar aparece desligado de la vinculación con un determinado proyecto político.

A pesar de lo que dicen las encuestas, cada uno y todos los candidatos afirma que ganará abrumadoramente las elecciones porque "el pueblo sabe que sólo él podrá hacer salir a Panamá del enorme y oscuro agujero en el que ha estado aprisionado en los últimos 25 ó 5 años..." Discurso repetido mil veces y que varía sólo en este último matiz de los años, según sea el candidato o partido que exprese su opinión.

¿Quién será el próximo Presidente? Es más desafiante y productivo pensar cómo hará ese nuevo Presidente para implementar un programa de desarrollo integral que satisfaga las expectativas de un pueblo que, al menos, participó dándole sus votos.

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