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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 147 | Abril 1994
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Honduras

El gobierno Reina después de 100 días

El Presidente Reina quiere una sociedad civil fuerte, un sector privado fuerte y un Estado fuerte. Esto requiere de una gran decisión política y de una amplia capacidad de maniobra. Hasta ahora, no hay señales de que el nuevo gobierno disponga de estas herramientas.

Mario Posas

Carlos Roberto Reina y el equipo que con él gobierna Honduras desde el 27 de enero, enfrentan desde ese día una crítica situación de estira y afloja con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La situación económica que heredaron del régimen anterior es crítica y delicada y apenas les deja un estrecho margen de negociación con los todopoderosos organismos de crédito internacional.

Una pesadísima herencia

El gobierno neoliberal de Callejas dejó en herencia al de Reina una deuda externa que pesa gravosamente sobre todas las decisiones que deben tomarse en materia de política económica. A pesar de que se le condonaron más de 500 millones de dólares, Callejas incrementó la deuda externa del país en más de 200 millones de dólares. La deuda actual, un poco mayor de 3 mil 500 millones de dólares, sigue siendo una carga para la capacidad exportadora del país y para el presupuesto nacional: más del 40% de las exportaciones y del presupuesto se dedican al pago de los intereses.

Reina recibió también en herencia un déficit fiscal calificado por un conocido banquero y economista local como "pavoroso". Callejas se había comprometido ante el FMI a reducirlo a un 3.8% del Producto Nacional Bruto al término de su mandato, pero al irse era de un 10.6%.

Aprovechando la vulnerabilidad financiera e institucional que crean estas realidades, los organismos internacionales - especialmente el FMI - tratan de imponer al nuevo gobierno la versión más dura de sus recetas neoliberales, mientras éste forcejea y resiste. Reina, por ejemplo, se niega a aceptar la propuesta del FMI de incrementar el impuesto de ventas del 7 al 10%. Aceptarla significaría traicionar la promesa que hizo al pueblo hondureño asegurándole que no aprobaría nuevos impuestos que hicieran más dura su vida cotidiana. El FMI exige también que se eliminen los subsidios, que se cobre peaje en las carreteras y que se eleven las tarifas de los servicios públicos de luz y agua.

Reina y su gabinete económico han aceptado eliminar algunos subsidios - el que el gobierno da al cemento, al café y al trigo -, pero se niegan a eliminar el subsidio al transporte urbano. "Un aumento en el transporte urbano puede botar a un gobierno", declaró Reina. Sin embargo, tuvo que aceptar el cobrar peaje en las carreteras y se comprometió a un eventual incremento en el costo de los servicios de agua y luz.

Orden: privatizar

El FMI, el BM y el BID exigen al gobierno Reina que privatice HONDUTEL, la empresa estatal de telecomunicaciones; SANAA, el servicio de acueductos y alcantarillado; y ENEE, la empresa de energía eléctrica. Reina y su gabinete económico se han avenido a privatizar HONDUTEL, pero se niegan a hacerlo con el SANAA y la ENEE.

La privatización de HONDUTEL se ha convertido en tema de debate de diaria primera plana en el país. El millonario Jaime Rosenthal- uno de los líderes de gobernante Partido Liberal -sostiene que la venta de HONDUTEL en unos 800 millones de dólares podría servir al país para reducir el gravoso peso de su deuda externa. Los militares hondureños - que administran HONDUTEL a nombre del Estado desde la década del 60 y que han venido luchando por la privatización de HONDUTEL a su favor - han tenido que aceptar a regañadientes la eventual venta de HONDUTEL a una empresa transnacional, pues no disponen de tanto capital.

El empresario Juan Ferrera, actual Ministro de Hacienda, declaró que los militares hondureños han administrado HONDUTEL con criterios políticos clientelísticos y con un alto grado de corrupción. Y los desafió públicamente a que desmintieran sus declaraciones, encontrándose como respuesta con el olímpico silencio del alto mando militar.

El Presidente Reina ha convertido los acuerdos y desacuerdos con el FMI, el BM y el BID en temas centrales de su programa económico. Esto se evidenció en su comparecencia ante la radio y la televisión nacional el 7 de marzo. En esta ocasión, Reina informó sobre su decisión de recortar el gasto estatal por la vía de la reducción del 10% del presupuesto de las instituciones centralizadas y descentralizadas del aparato estatal y por la vía de la reducción de la inversión estatal en obras de infraestructura.

El Presidente señaló como elementos medulares de su programa económico el mejoramiento del sistema de recaudación de impuestos y la solución a la severa crisis de energía eléctrica que atraviesa el país, autorizando a nuevas empresas privadas que se constituyan para brindar este servicio.

La elevación del FVA

No todo ha podido ser resistencia y forcejeo en estos primeros meses, antesala de que Honduras firme de la Carta de Intenciones con el FMI. Para lograr de los organismos financieros internacionales - y sobre todo el FMI - una posición más flexible, el gabinete económico de Reina decidió el 11 de febrero elevar el Factor de Valoración Aduanera (FVA) de 6.20 a 7.27 lempiras, para aumentar los ingresos del Estado y contribuir así a la reducción del déficit fiscal. El FVA es el valor oficial del lempira frente al dólar y se emplea para cobrar impuestos de importación en las aduanas del país. Cada vez que se ha incrementado el FVA, el lempira se devaluó en relación al dólar en unos 100 puntos o más.

Para evitar que esta vez fuera así, el Directorio del Banco Central de Honduras acudió a una amplia gama de medidas de control, que no evitaron que en el mercado negro el lempira se devaluara en unos 50 puntos. Obviamente, el incremento del FVA ha actuado como un nuevo factor de inflación, encareciendo la vida a la mayoría de los hondureños.

La decisión de elevar el FVA se tomó en forma paralela a la de reducir la inversión estatal en obras de infraestructura y a la de mejorar los sistemas estatales de control en la recaudación de impuestos, para evitar la evasión y la defraudación fiscal. Se estima que el gobierno deja de percibir más de mil millones de lempiras anuales por estas dos lacras. El banquero Jorge Bueso Arias - uno de los asesores económicos del nuevo gobierno - estima que un control estricto de la defraudación y la evasión fiscal harían innecesario el aumento o la creación de nuevos impuestos, que es lo que propone el FMI.

El gabinete económico del Presidente Reina tomó también la decisión de reducir el encaje bancario en dos puntos: pasó del 36 al 34%. A mediados de 1993 el encaje bancario llegó a elevarse hasta el 42 %. Se espera que con la reducción del encaje bancario y con nuevas reducciones graduales que ya se anuncian, las tasas de interés de la banca privada puedan bajar, lo que servirá de estímulo a la actividad financiera y productiva del país.

Congreso: nuevo actor

La atención preferente que el gobierno ha dado a la cuestión del encaje bancario ha llevado a los adversarios de Reina a calificar su gobierno como defensor de los intereses de los banqueros. Ciertamente, hay importantes banqueros en el nuevo gobierno. Bueso Arias es uno de ellos. Gerente del poderoso Banco Atlántida, afiliado al Chase Manhattan Bank, es el coordinador del gabinete económico del Presidente Reina. El que Bueso combine ambos trabajos ha sido motivo de severas críticas. El incremento del FVA por parte del gabinete económico introdujo en el escenario de las decisiones económicas a un actor que había sido eliminado o sometido por sumisión en el gobierno anterior: el Congreso Nacional.

El régimen callejista indujo al Congreso Nacional a trasladar muchas de sus responsabilidades constitucionales en materia económica a los funcionarios del Poder Ejecutivo y, específicamente, a los del gabinete económico: el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Economía y Comercio y el Presidente del Directorio del Banco Central de Honduras.
El 17 de febrero, Carlos Flores Facussé, Presidente del Congreso Nacional, introdujo en el seno del Legislativo una iniciativa orientada a restituir a los parlamentarios la potestad de decidir en cuestiones económicas, en las relativas a las finanzas y en particular, al FVA. Fue aprobada de inmediato.

Ahora, el gabinete económico y los representantes de los organismos internacionales tendrán que incluir en sus conversaciones y negociaciones a un invitado más: el Presidente del Congreso Nacional, que tendrá ahora un protagonismo en cuestiones económicas que nunca tuvo. La iniciativa de Flores Facussé responde no solamente al interés de este dirigente del Partido Liberal de contribuir a darle al gobierno Reina una imagen más creíble en materia de política económica y social. Responde también a un cierto descontento partidista por el desdén con que el Ejecutivo estaba respondiendo a las demandas de Flores Facussé y de sus seguidores, que pugnan por una nueva repartición de puestos públicos en el aparato estatal y que no han tenido más alternativa que atrincherarse en el Congreso Nacional para luchar desde allí por este objetivo. Flores Facussé aspira desde ahora a ser el candidato oficial de los liberales para las elecciones de noviembre de 1997.

¿Sigue el neoliberalismo?

¿Podrá el régimen reinista apartarse sustancialmente del neoliberalismo a ultranza practicado por el régimen callejista. Con una economía tan débil y con tan fuertes presiones internacionales esto parece casi imposible. Asumiendo como posición básica de negociación la negativa a imponer nuevas cargas tributarias a la gran mayoría del pueblo hondureño, los funcionarios del nuevo gobierno tratan de diferenciarse del gobierno Callejas tratando de apoyar a algunos de los sectores sociales que fueron postergados por el radical neoliberalismo que éste aplicó y que sólo sirvió para enriquecer al Presidente y a sus amigos, empobreciendo a la gran mayoría de sus compatriotas.

Bajo el liderazgo del Ministro de Recursos Naturales y del titular del Consejo Superior de Planificación Económica, el nuevo gobierno se ha comprometido también a promover un programa de seguridad alimentaria que garantice a los hondureños los alimentos de su dieta básica. El pivote del programa es el diseño de una política de crédito preferencial a los pequeños y medianos productores del campo. Hasta ahora se trata de un proyecto y sus frutos sólo podrán verse en los próximos meses. Mientras tanto, y para superar la relativa escasez de arroz, el gobierno tuvo que autorizar una masiva importación de arroz del Lejano Oriente.

Aunque Reina no se ha comprometido públicamente a hacer una reforma agraria, sí se ha mostrado abierto a pactar cambios concertados en la controversial Ley de Modernización Agrícola que aprobó el gobierno Callejas en marzo/92. Entre los aspectos más polémicos de esta ley están las regulaciones que protegen las tierras ociosas de los terratenientes, que antes de la ley eran parte del fondo de tierras adjudicables a los campesinos.

Las estipulaciones que permiten la venta de tierras de los campesinos del sector reformado a cualquier postor serían también objeto de reformas. Han desarticulado al movimiento campesino del país, pues un centenar de grupos campesinos han vendido ya sus tierras a empresarios locales y extranjeros. Para paliar la situación de abandono en la que el régimen de Callejas dejó los servicios sociales públicos, el nuevo gobierno se ha comprometido a invertir el 35% del presupuesto nacional en estos rubros. Hasta ahora, hay promesas y proyectos. Pero Reina no encuentra aún el camino para neutralizar la severa inflación que agobia a la mayoría de los hondureños, que ven con angustia cómo sus salarios resultan insuficientes para mantener una vida digna, con lo básico asegurado.

Hasta ahora, al Ministerio de Economía y Comercio no se le ha ocurrido otra cosa que suscribir una tregua con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para que se congelen temporalmente los precios de ocho de los principales bienes de consumo de la canasta básica. Esta moratoria de precios tiene como propósito fundamental darle al gobierno y al pueblo un respiro mientras se concluyen las negociaciones con el FMI, el BM y el BID.

La impresión general es que el régimen del Presidente Reina todavía no arranca. En su comparecencia pública del 7 de marzo el Presidente anunció para un futuro indeterminado la suscripción de un pacto social entre todos los sectores del país con el objeto de lograr acuerdos básicos que conduzcan al mejoramiento de la vida de todos los hondureños. Se pronunció a favor de una sociedad civil fuerte, de un sector privado fuerte y de un Estado fuerte. Lograr esto requiere de una alta dosis de decisión política y de capacidad de maniobra que el gobierno actual no ha mostrado todavía.

El pulso con los militares

La mayoría de los observadores nacionales e internacionales pronosticaron que, en materia económica, el país caminaría hacia ese híbrido que se ha dado en llamar neoliberalismo social. No se equivocaron. Hasta ahora las tendencias van en esa dirección. Pero en materia política, todos esperaban otra cosa. Esperaban más. Que el nuevo gobierno demostrara inteligencia y agallas para "civilizar" a la sociedad hondureña sometiendo a los militares a la hegemonía del poder civil, y para luchar a fondo contra la corrupción, que tanto daño ha hecho a la vida institucional del país. En relación a los militares, Reina no hizo muchas promesas claras. Pero sí asumió enfáticamente el desafío de convertirse en el abanderado de una "revolución moral" en la sociedad hondureña en general y en el aparato estatal en particular.

Hasta ahora, el gobierno reinista ha mostrado debilidad ante los militares, al no hacer realidad la promesa que sí planteó: eliminar el servicio militar obligatorio, sustituyéndolo por un servicio militar voluntario y educativo. El alto mando militar presentó una propuesta de servicio militar educativo, pero obligatorio, que hizo quedar mal a Reina. Cómo debe ser un servicio militar voluntario y educativo se ha convertido en tema de aguda controversia entre los civiles y los militares, que se niegan a que la sociedad civil opine y decida en este asunto. El cumplimiento de esta promesa se ha convertido en una importante prueba para la credibilidad de Reina y en una señal de su decisión política de subordinar a los militares al poder civil.

Un servicio militar voluntario daría lugar a una importante reducción de los efectivos y, sobre todo, del presupuesto del ejército, blanco de continuos cuestionamientos. El Ministro de Salud, Enrique Samayoa, se quejó recientemente de que a la salud pública se le asignen 620 millones de lempiras anuales y a los militares mil 200 millones. La decisión final sobre la aprobación del servicio militar voluntario y una eventual reducción del presupuesto del ejército corresponderá al Congreso Nacional, sobre el que hoy llueven todo tipo de presiones en uno y otro sentido.

¿Y la revolución moral?

Hasta ahora, el Presidente Reina y el Congreso Nacional han preferido ignorar otro anhelo histórico de la sociedad civil hondureña, que reiteró en marzo Eduardo Facussé, Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa: que la Dirección de Aeronáutica Civil, la Dirección General de Población y Política Migratoria, el Instituto Geográfico Nacional, la Marina Mercante y otras instituciones estatales - en manos de los militares hondureños desde la década del 60 - vuelvan a ser jurisdicción del poder civil. El deseo generalizado es que sean "desmilitarizadas" y "civilizadas".

El proceso de lucha contra la corrupción institucionalizada apenas está comenzando. Y ningún corrupto ha sido remitido aún a los juzgados del país para exigirle responsabilidades. Un dispositivo para investigar el uso y manejo de los fondos de las instituciones estatales se ha puesto en marcha y el gobierno afirma que en unos dos meses podrán conocerse los resultados de estas investigaciones. Un paso positivo en la lucha contra la corrupción fue el nombramiento como Fiscal General del abogado Edmundo Orellana Mercado, de reconocida honorabilidad.

Bajo la jurisdicción del Fiscal General quedará la Dirección de Investigación Criminal (DIC), el nuevo cuerpo policial del Estado. Los militares hondureños se van acostumbrando a la idea de que deberán ceder la dirección de la policía a los civiles y ya se están dando pasos en esta dirección. Pero no lo aceptan de muy buena gana y han caído en una especie de "desobediencia" que ha incrementado la inseguridad ciudadana: la actual policía se niega a cumplir sus funciones de vigilancia.

La decisión de trasladar la policía al poder civil fue tomada a mediados de 1993 por una Comisión ad hoc nombrada por el régimen de Callejas en momentos en que algunos militares y policías aparecieron involucrados en actividades de carácter delictivo y criminal. La Comisión fue presidida por el arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez.

El nuevo Fiscal General se ha comprometido públicamente a encarcelar a los corruptos. De momento, Orellana lucha porque a la institución estatal que dirige se la dote de un buen presupuesto y a él se le garantice la necesaria inmunidad institucional que su delicado cargo requiere. El pueblo abriga la esperanza de que el trabajo de depuración del Fiscal comience atrapando en sus redes a algún "pez gordo". Hay muchos candidatos.

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