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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 147 | Abril 1994
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Guatemala

El Estado de Derecho en estado de coma

A menos de un año del "serranazo", el Presidente De León Carpio piensa en imponer el estado de excepción. Los retrocesos son evidentes y siguen reinando la violencia y la impunidad.

Emma G. Martínez

El martes 29 de marzo, después de seis años de negociaciones y casi un año de estancamiento total, la URNG y el gobierno guatemalteco lograron firmar un acuerdo general sobre los derechos humanos. El punto más importante fue la aceptación del gobierno de una misión verificadora de las Naciones Unidas. El ejército guatemalteco estaba férreamente opuesto a esta concesión. Pero lo que firmaron los comandantes de la URNG y el equipo negociador del gobierno en un elegante hotel de México tiene muy poco que ver con la realidad guatemalteca. Mientras la comunidad internacional se autocongratulaba de los frutos de su intensa presión sobre ambos bandos, el país se desmoronaba.

Trágico mes de marzo

En marzo hubo cambios en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional, que significan que estas entidades civiles vuelven a militarizarse después de haber logrado cierta autonomía del ejército en los primeros meses del gobierno de Ramiro de León Carpio.

También en marzo se inició una campaña en contra de los extranjeros, que culminó en ataques a tres norteamericanos. El último, el martes santo, el mismo día de la firma del acuerdo.

Este año los escuadrones de la muerte decidieron trabajar durante la Semana Santa, tomando a muchos por sorpresa. Epaminondas González Dubón, Presidente de la Corte de Constitucionalidad, fue asesinado a quemarropa frente a su casa el viernes santo, sólo dos días después de la firma del acuerdo de paz.

La Corte de Constitucionalidad es la autoridad legal mas importante del país. Durante el golpe de Serrano, en mayo de 1993, González jugó un papel clave cuando declaró que el golpe era ilegal. Fuerzas interesadas en desestabilizar al gobierno le habrían pasado la cuenta.

Acuerdo de la discordia

El acuerdo firmado no es el producto de un verdadero entendimiento entre dos contrincantes, sino el resultado de la presión internacional. Según fuentes diplomáticas, los "países amigos" están cansados de tanto desorden en este país centroamericano y quieren cerrar el capítulo guatemalteco. Dicen que la URNG ha perdido mucho prestigio a nivel internacional por los problemas en Chiapas y que esto ha afectado el apoyo financiero que recibe. Además, su estancia en México y su seguridad allí se vuelven cada vez más problemáticas por la creciente coordinación entre la inteligencia guatemalteca y la mexicana. Se ha incrementado también la presión del gobierno norteamericano sobre la URNG, preocupado Washington por los problemas mexicanos. El gobierno guatemalteco tampoco escapa del tornillo de la presión internacional. Washington no piensa admitir a Guatemala al "paraíso" del TLC mientras exista un conflicto armado en este país.

En este contexto, la guerrilla cedió en un punto tan controversial como el de la llamada Comisión de la Verdad, posponiendo la discusión de este tema, a pesar del disgusto de los grupos populares que dentro de Guatemala representan a las víctimas de la violencia. Por su lado, el gobierno cedió en el punto de la verificación internacional inmediata, concesión que seguramente provocó cólera entre los poderosos sectores del ejército. Los militares siempre han argumentado que Guatemala no es El Salvador y que la URNG no es una fuerza beligerante y que por lo tanto, no hay necesidad de ninguna ONUGUAT.

El gran logro de las pláticas fue la creación de este organismo de la ONU. En los próximos tres meses, una delegación de Naciones Unidas llegará a Guatemala para evaluar las condiciones para la instalación de una misión verificadora. Según el acuerdo, la misión de la ONU podrá moverse libremente en todo el territorio, entrando a dependencias del Estado -incluidas bases militares - y a campamentos de la URNG sin notificación previa. La misión tendrá un mandato de un año, con posibilidad de renovación, y será un apoyo del Procurador de los Derechos Humanos y del Sistema Judicial, pudiendo evaluar y criticar su actuación.

Extranjeros solidarios

En el mismo mes en que se firmó el acuerdo que permitirá la presencia de los observadores extranjeros de la ONU se inició en el país una oscura y sin precedentes campaña en contra de la presencia extranjera. En los próximos tres meses, la ONU vendrá a analizar "condiciones". Las actuales son las peores, gracias a la gran creatividad de alguna cabeza pensante dentro del ejército.

En los últimos años, cientos de extranjeros de diversos países han jugado en Guatemala un papel clave como acompañantes y observadores de una realidad muy dramática. En base al principio de que matar a un extranjero sería muy costoso políticamente a nivel internacional para el ejército, estos extranjeros - de organizaciones como Brigadas de la Paz, Testigos de la Paz y otras - han servido como un escudo humano que protege al movimiento popular, a los refugiados y a las Comunidades de Población en Resistencia.

Extranjeros perniciosos

En diciembre de 1993 se observaron indicios de que el ejército ya se estaba hartando de esta injerencia en favor de los derechos humanos. Unos refugiados recién retornados a Ixcán, Quiché, decidieron marchar a un destacamento para protestar por la presencia en esa zona de los militares. Los refugiados pidieron acompañamiento internacional para asegurar que los soldados no dispararían contra la gente, como ha ocurrido en otras ocasiones (Santiago Atitlán, 1990). La estrategia funcionó y la marcha fue un éxito.

Al día siguiente de la marcha, la vocera del ejército hizo declaraciones culpando a los extranjeros y diciendo que la marcha había sido organizada por ellos. Un editorial titulado "Extranjeros perniciosos fuera del país" en el influyente diario Sigloventiuno se hizo eco de la vocera en un tono visceral en contra de los acompañantes internacionales:

"La provocación directa - decían - en la que participaron como agitadores un sinnúmero de extranjeros de reconocidos vínculos en América Latina con movimientos revolucionarios y terroristas, viene a demostrarnos a los guatemaltecos el irrespeto hacia la vida y la dignidad que estos señores tienen... Harta obligación tiene el señor Presidente de ordenar su expulsión, que abandonen el país, que se vayan, que se larguen... Los internacionalistas han causado grandes males en nuestros países... Lo cierto es que la generalidad de los guatemaltecos piensa diferente, y no como los incautos de otras latitudes, que se dejan sorprender por falsedades y mentiras..."

La primera víctima: Carol Larson

Este fue el principio de una campaña que arrancó la calurosa tarde del 7 de marzo, cuando Melissa Carol Larson, una turista hippy del estado de Nuevo México, estaba tomando un jugo de papaya en el parque central del sureño pueblo de Santa Lucía Cotzumalguapa. El pueblo, de 12 mil habitantes, se destaca por unas ruinas mayas que Larson había venido a visitar, sin imaginarse que sería la primera víctima de una trampa maestra.

Un par de semanas antes de la llegada de Larson, circularon en este pueblo pacífico rumores de que los gringos estaban robando niños para vender sus órganos vitales en el exterior. "Decían" que se habían encontrado cadáveres de niños descuartizados con billetes de 100 dólares dentro de sus estómagos y mensajes escritos en inglés que decían: "Gracias por su colaboración".

De hecho, el tráfico de niños guatemaltecos para "adopciones legales" es un problema real y resultado de la injusta situación económica internacional. La ley del mercado se ha impuesto a todos y a su sombra todo se convierte en mercancía, incluso los niños. Los ciudadanos de los países ricos del Norte, con demanda, pueden venir a comprar los niños de los países pobres del Sur, siempre que haya oferta. Sin embargo, en términos médicos es prácticamente imposible extraer un órgano en un país y enviarlo a otro, sin haber hecho antes pruebas de compatibilidad. El trasplante es una operación delicada que hay que hacer generalmente in situ.

Pero aquel día, nadie en el pueblo de Santa Lucía cuestionaba la veracidad de los rumores ni a quienes les habían desaparecido sus hijos. Pueblo pequeño, infierno grande. En él entró Larson, como uno de los miles de turistas que pasan por estos lugares. Larson es artista, vegetariana y turista solidaria que trabajó en Nicaragua en 1989 construyendo casas. Vino a Guatemala para conocer la cultura de los mayas y jamás imaginó que saldría apenas con su vida y después de permanecer en prisión 19 días. Otros no tendrían tanta suerte.

Dos horas después de tomar el jugo, estaba en la cárcel de Santa Lucía, rodeada por una masa enardecida que quería lincharla. La policía la mandó de cárcel en cárcel y de ciudad en ciudad para garantizar su seguridad. "Lo que aprendí de esta experiencia es el poder de la mentira. Es patético, pero se mueve mas gente por una mentira que por una verdad. Es la ley del mundo. Éste fue un ataque racial, porque soy extranjera. Sólo Dios sabe por qué", dijo Larson, después de varios días de permanecer en una cárcel capitalina.

Al día siguiente, el pueblo seguía caliente. "Decían" que la policía había aceptado un soborno de 135 mil dólares de "la gringa" para liberarla. La masa - ya crecida con agitadores de otros pueblos aledaños - quemó la estación de policía y atacó a los agentes con armas, piedras y palos. Los policías salieron corriendo del pueblo en escenas que fueron televisadas y que asombraron y alegraron a muchos guatemaltecos, cansados de una larga historia de abusos, sobornos e incapacidad de parte de las fuerzas de seguridad civil. Como en una película, ante la retirada de los policías, entró a Santa Lucía el glorioso ejército, con tanques y para restaurar el "orden". El saldo fue de más de 50 detenidos y de 32 policías heridos. Todo esto sucedió en uno de los pueblos de Guatemala más conocidos por su tranquilidad y el carácter pacífico de sus gentes.

Gringos roba-niños

Durante dos semanas la prensa guatemalteca se dedicó a publicar reportajes sin fundamento sobre niños robados y sobre el tráfico de órganos de niños, lo que desencadenó una histeria colectiva. Empezaron a aparecer pintas en la capital diciendo: "Gringos roba-niños" y los extranjeros sentían el impacto de la campaña cada vez que pasaban cerca de un guatemalteco con su niño y veían cómo el padre o la madre trataba de esconderlo ansiosamente. Lo que no publicaron los medios fue lo que averiguó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y fuentes diplomáticas: entre los detenidos y los agitadores que quemaron la estación de policía, había dos agentes de la inteligencia militar y varios colaboradores de la base militar de Santa Lucía.

La semana siguiente al incidente la embajada norteamericana empezó a recibir amenazas telefónicas: matarían a los niños gringos como venganza por el robo de niños guatemaltecos. El gobierno norteamericano pidió a la comunidad residente en Guatemala y a los turistas que mantuvieran "un bajo perfil" y evitaran aparecer en público con niños. Mientras, el gobierno guatemalteco ignoraba el problema. Y el 21 de marzo, cuando le preguntaron a De León qué iba a hacer para dar seguridad a los extranjeros, dijo que se estaba "exagerando" el fenómeno en el exterior.

La segunda víctima: una periodista

Ocho días después, a mediodía, June Weinstock, una periodista de 52 años, del estado de Alaska, comía cicharrón con limón en el mercado central del pueblo de San Cristóbal, Alta Verapaz, en el norte del país. Weinstock, ambientalista y defensora de los derechos indígenas en su país, viajaba sola y en el mercado tomó fotos a algunos niños.

De repente, una mujer indígena gritó que su hijo había desaparecido y de inmediato, un grupo de pobladores empezó a golpear a Weinstock, llevándola arrastrada hasta el juzgado comarcal. Momentos después, la madre que había dado la alarma trató de detener al grupo: su hijo se había extraviado para mirar una procesión religiosa de Semana Santa y ya había aparecido. Pero era demasiado tarde para razonar.

A pesar de la intervención de un obispo, de policías, del auxiliar local de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de periodistas, y de gente del mismo pueblo, nadie pudo salvar a June Weinstock. El grupo, de unas 500 personas, la desnudó y la apedreó hasta dejarla inconsciente, la violaron con un palo y la dejaron cuando la dieron por muerta. Según el informe del Ministerio Público, tres horas después llegaron trabajadores estatales de caminos con camiones llenos de piedras y de gasolina para quemarla viva. El ejército llegó cinco horas después de que comenzara todo, cuando Weinstock yacía en un charco de sangre. La justificación del comandante de la base local fue increíble: los militares querían dejar que los civiles resolvieron el problema antes de intervenir.

Campaña bien armada

A principios de abril, June Weinstock seguía en estado de coma y la campaña en contra de los extranjeros continuaba. Otros incidentes más pequeños de agresiones contra extranjeros se produjeron en distintos puntos. El miedo se apoderó de la comunidad extranjera residente en el país. El Cuerpo de Paz de Estados Unidos concentró a todos sus voluntarios en la capital por tiempo indefinido. Acompañantes, periodistas, religiosos y extranjeros que trabajan en ONGs empezaron a cancelar sus viajes a zonas rurales y a reconsiderar su estancia y su capacidad de seguir trabajando en condiciones tan peligrosas. La campaña resultaba todo un éxito.

Todavía no hay pruebas claras de quiénes están detrás de la campaña, aunque según Claudio Porras, investigador del Ministerio Público, está claro de que se trata de una campaña bien preparada y planificada, por una institución con capacidad para actuar en diversas zonas del país y que cuenta con una red de colaboradores que difunden rumores e instigan a la población. La única institución con la capacidad de llegar a cualquier rincón del país con este mensaje aterrador es el ejército, que cuenta con una red de comisionados militares y medio millón de patrulleros. Si no, serían las Iglesias.

Según varios analistas, detrás de esta campaña existen múltiples motivos que la hacen coincidente con la coyuntura política. Los primeros objetivos son los mas obvios: hacer la vida imposible a los extranjeros y eventualmente, a la futura misión verificadora de la ONU. Otro motivo podría ser el desviar la atención de quienes realmente son los responsables del robo de niños en Guatemala.

Chapines roba-niños

Aunque actualmente en Guatemala hay dos norteamericanos que han sido acusados de participar en adopciones ilegales, en general la participación de extranjeros en este negocio sucio es mínima en comparación con la que tienen algunos guatemaltecos poderosos, según el Procurador General Telésforo Guerra Cahn. Según sus informes, las dos norteamericanas atacadas son inocentes.

"Uno de los traficantes de niños más importantes del país es el actual Presidente de la Corte Suprema, Juan José Rodil Peralta. Hemos tratado de procesarle pero es inútil, porque él controla el sistema judicial y goza de inmunidad parlamentaria. Es un ejemplo de la crisis de nuestro sistema", explica Guerra.

En enero y febrero, los medios guatemaltecos y la policía empezaron a investigar a fondo quiénes están detrás de las redes de este negocio. En febrero, la esposa de un importante Coronel del ejército fue detenida por estar administrando una casa-cuna ilegal en la capital. La detención de María Azucena Hurtarte Samayoa causó revuelo en Guatemala, aunque no era la primera vez que familiares de militares aparecían involucrados en este tan lucrativo negocio. Hurtarte está libre bajo fianza. La hermana del General Mejía Víctores, jefe del gobierno militar en 1983, también fue detenida por el mismo delito.

Quitarle una muleta

Otro importante objetivo de la campaña anti-extranjera es deteriorar aún más la relación entre el gobierno norteamericano y el gobierno de De León. En Guatemala se bromea afirmando que el Presidente camina con dos muletas: el ejército y la embajada estadounidense. Según una fuente diplomática europea, esta percepción - no sólo percepción, sino realidad - ha creado mucho resentimiento dentro del ejército y el sector privado.

Recién llegada, la nueva embajadora de Estados Unidos, Marilyn McAfee, dirigió uno de sus primeros discursos al sector privado, insistiendo en que pagaran sus impuestos. Después de Haití, Guatemala es el país de América Latina donde menos impuestos se pagan, lo que es una de las razones principales de la crisis económica del Estado, y en particular de la crisis de los servicios públicos que ofrece. McAfee presionó también en cuanto a las violaciones de los derechos humanos. Esto provocó una ola de editoriales criticando a "la Barbie" - como la llaman popularmente - por hacer señalamientos tan directos al ejército y a la G-2 (inteligencia militar).

Los militares ven que el Presidente depende demasiado de los dictados de la embajada de siempre y algunos anhelan aquellos años 80 en los que Guatemala se aisló del mundo y el ejército logró autonomía económica, cuando Estados Unidos le cortó la ayuda militar. La actual campaña anti-gringos sirve para dañar la relación de De León con Estados Unidos y para enemistarlo con su principal aliado.

"La nueva política gringa hacia la región es debilitar a los ejércitos centroamericanos. Ellos quieren ser los policías de Centroamérica a través de la DEA, que actúa impunemente. Pero el ejército guatemalteco no es cualquier ejército. Tenemos mucho orgullo y no permitiremos que metan las narices aquí como hacen en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y en otros lados. Si nosotros tuviéramos más poderío militar, seríamos Iraq", comentó un militar.

Estado de excepción

En marzo, la situación política del país sufrió un gran deterioro. Tanto, que a principios de abril el gobierno contemplaba la posibilidad de declarar el estado de excepción. A menos de un año del golpe de Serrano, De León pensaba tomar medidas similares, suspendiendo las libertades civiles y militarizando al país. La justificación es la violencia en contra de extranjeros y guatemaltecos y el argumento de siempre: "imponer el orden". Algunos advierten que tales medidas, lejos de aliviar la situación, debilitarán aún más lo poco que aún queda de un estado de derecho ya en estado de coma, como June Weinstock.

"Cuidado con el estado de excepción: podría dar cobertura a la impunidad y a los violentistas", advirtió Jorge García Laguardia, Procurador de los Derechos Humanos. En la misma entrevista televisada, García dijo que estaba pensando en renunciar a su cargo porque el gobierno no acataba sus recomendaciones. "Me siento muy frustrado, débil, e impotente", dijo.

Retrocesos alarmantes

Un hecho que tendrá consecuencias de largo plazo fue la sustitución del Ministro de Gobernación y del Director de la Policía Nacional, ambos civiles, por personeros vinculados al ejército. Según una fuente diplomática europea, estos cambios significan "un retroceso alarmante y la remilitarización de las fuerzas civiles de seguridad".

El nuevo Ministro de Gobernación nombrado es Danilo Parrinello, un ex-diputado con vínculos con un partido de extrema derecha. El nuevo Viceministro es el Coronel Mario Alfredo Mérida, director de la inteligencia militar. "El nuevo Ministro es un títere y el ejército está retomando el control del Ministerio a través de este Viceministro", agregó la misma fuente. Parrinello no tuvo problemas en admitir a los reporteros que no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad y que iba a depender de su Viceministro, añadiendo que utilizaría la fuerza para reprimir si fuera necesario.

Estos cambios representan la pérdida de lo poco que se había logrado en cuanto a la desmilitarización desde que a su llegada al poder De León había nombrado como Ministro de Gobernación a Arnoldo Ortiz Moscoso, un abogado muy respetuoso y defensor de los derechos humanos.

Los pecados de Ortiz

Ortiz trató de depurar a todo el personal militar del Ministerio, reemplazándolo con civiles. También enfatizó la importancia de dialogar antes de reprimir y se rehusó a utilizar gases lacrimógenos, perros y balas, como es costumbre en Guatemala. Nombró como Director de la Policía Nacional a Mario René Cifuentes, que había trabajado en materia de derechos humanos.

El equipo civil de Ortiz y Cifuentes trabajaba en conjunto para lograr cierta autonomía del ejército. Este "pecado" enfureció a los militares y al sector privado, según un analista. "En varias ocasiones, el Ministro de Defensa, General Mario Enríquez, llamó a Ortiz y le dijo que tenía que despedir a Cifuentes. Ortiz se negó y acudió al Presidente para decirle que jamás aceptaría la injerencia de ejército en el Ministerio", según una fuente diplomática.

Ortiz también estableció relaciones abiertas con el movimiento popular. Por primera vez, activistas de los derechos humanos acudían al Ministro de Gobernación para pedirle protección ante amenazas de muerte. Esta nueva relación fue otro pecado que los militares y empresarios no perdonaron, interpretándolo como una señal de debilidad.

El énfasis puesto en dialogar antes que en reprimir fue la gota que rebasó el vaso de los terratenientes. Más de 30 fincas fueron ocupadas por campesinos sin tierras y Ortiz mandó a la policía sin armas para evitar un derramamiento de sangre. En la mayoría de los casos no se logró desalojar a la gente y las fincas permanecen ocupadas. "El problema de la tierra es una bomba de tiempo en Guatemala. Los terratenientes consideraron que Ortiz no estaba dispuesto a defender sus intereses y

Otro pecado fue la determinación esto era un pecado grave", comenta la misma fuente. del Ministro de investigar el asesinato del primo hermano del Presidente, Jorge Carpio, asesinado en julio/93. La investigación apuntaba al involucramiento del ejército a través de los patrulleros civiles. Según un analista gubernamental, estos últimos cambios permitirán al ejército transferir todo su aparato de inteligencia a las fuerzas civiles. Otro objetivo parece ser eliminar archivos y pruebas recopiladas por el Ministerio de Gobernación durante investigaciones que implican a militares en crímenes.

Nadie está a salvo

La justificación para reemplazar a Ortiz y a Cifuentes fue la creciente violencia y el que la situación estaba "fuera de control". Pero enseguida después del cambio del Ministro de Gobernación y del director de la Policía, un asesinato político del más alto nivel demostraba que nadie está a salvo en Guatemala, incluido el Presidente De León Carpio. El asesinato del Presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González, provocó terror en muy diversos sectores, que hasta ahora creían que la posición y los vínculos internacionales les garantizaban cierta protección.

"Quienes están detrás de todo esto quieren provocar un estado de excepción y aislarnos de nuevo del mundo. Es la cara oculta de esta realidad. Quieren volver a aquel pasado en el que todo se componía con un golpe militar. Mucha gente desea un dictador", afirma Claudio Porras, del Ministerio Público.

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