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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 146 | Marzo 1994
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Guatemala

¿Quién manda aquí?

El Ejército y la URNG se reunieron en México para continuar el proceso de paz. En vísperas del diálogo hubo grandes tensiones e importantes cambios en el Ejército. Son la clave para entender lo que ocurre y para saber dónde está el poder real en Guatemala. Donde estuvo siempre.

Emma G. Martínez

Los cambios en la jerarquía militar realizados en febrero incidieron en el proceso de paz y tendrán consecuencias para el futuro del país. Son cambios que ponen en evidencia una realidad que no cambia en Guatemala: el poder real sigue en manos del Ejército. El Presidente civil, sea quien sea, es como veleta que gira al ritmo de los vientos que se generan en la institución armada.

Los cambios castrenses hicieron públicas, por primera vez en muchos años, las divisiones que existen en el Ejército e hicieron muy evidente la oposición de poderosos sectores nacionales al proceso de paz.

La historia de Guatemala tiene hitos en los momentos en que las divisiones en las filas castrenses se volvieron incontrolables. En 1954, una división en el Ejército abrió las puertas al derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, poniendo fin a la revolución guatemalteca. En 1960, otra división fue parto del movimiento guerrillero.

Gavilanes y palomas

El Ejército guatemalteco es un animal muy difícil de clasificar, tanto por la secretividad que envuelve a tan poderosa institución como por la tradición conspirativa que existe en el país, donde la especulación es un hábito nacional. A pesar de todo, se puede hacer el intento, observando a la institución desde diversos ángulos: por generación, por promoción o por ideología, entre otros.

Desde hace tiempo, los analistas vienen hablando de por lo menos dos facciones que parecen las más obvias. Una, llamada "institucionalista" por el apoyo que dio a la Constitución y el rechazo con que acogió el golpe de Serrano en mayo/93. Y otra, de "línea dura" que sigue anhelando la vuelta de los tanques a la calle. Las dos facciones también se distinguen por su posición frente al proceso de paz y por las tácticas que priorizan en su enfrentamiento con la guerrilla.

Los institucionalistas son conocidos también como "desarrollistas", o de la línea de Estabilidad Nacional, teoría promovida por el General Alejandro Gramajo, que fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Vinicio Cerezo. En aquellos años este grupo logró cierta hegemonía dentro del Ejército. Han estudiado con mucho detalle la estrategia seguida por la guerrilla en su guerra política desde los 80, y decidieron responderle enfatizando la lucha en el terreno político.

Al igual que para la guerrilla, para ellos la negociación es una extensión de la guerra política y en este campo de batalla se incluyen los círculos diplomáticos y los foros internacionales, empezando por el de Naciones Unidas. Armas de bajo calibre en esta "guerra" son los discursos democráticos y de respeto a los derechos humanos. La vocera de esta facción es una mujer que viste de civil y se pinta las uñas, queriendo maquillar así la imagen de un Ejército que sigue siendo guerrerista.

Cuando Jorge Serrano llegó al poder en 1990, se rodeó de militares de la línea dura, desplazando a los institucionalistas. Los de la línea dura prefieren la guerra militar a la política y creen que la única negociación necesaria es discutir sobre cómo y cuándo los "delincuentes terroristas" van a entregar las armas. No son sutiles en el manejo de los medios de comunicación - como lo institucionalistas - ni les importan tanto las relaciones públicas. A través de los años, estas dos facciones han mantenido un matrimonio conflictivo, pero al fin y al cabo no ha habido divorcio. Algunos analistas hablan de gavilanes vs. palomas, pero lo cierto es que todos tienen plumas y a todos les gusta volar.

Camina con dos muletas

"Nunca he pensado que haya gavilanes y palomas dentro del Ejército. Todos son entrenados para ser gavilanes, pero algunos llegan a pensar como palomas", comenta el asesor presidencial Hector Rosada, experto en asuntos militares. Según otro analista militar, cercano a los institucionalistas, el golpe de Serrano abrió la puerta para que, por primera vez en años, esta facción se lanzara a la ofensiva en la guerra política. "El talón de Aquiles del Ejército en la guerra política son las violaciones a los derechos humanos - dice -. Estos oficiales pensaron que la mejor manera de cambiar la imagen del país sería poniendo a un Procurador de los Derechos Humanos como Presidente".

Actualmente, la cabeza pensante del grupo institucionalista es el Coronel Otto Pérez Molina, de 42 años, quien representa un cambio generacional en el Ejército. Molina goza de credibilidad entre los rangos medios e inferiores por su experiencia como combatiente en la década de los 80 en la zona más conflictiva del país, el Ixcán, Quiché.

Pérez se distinguió también por liderar dentro del Ejército un movimiento en contra de Serrano durante el golpe de 1993. El y varios oficiales medios que lo apoyaron fueron sancionados por insubordinación y detenidos. Pero cuando De León asumió el poder, una de sus primeras acciones fue premiar a Pérez, nombrándole Jefe del Estado Mayor Presidencial. La cercana relación entre el nuevo Presidente y Pérez tenía antecedentes. Mientras De León fue Procurador de los Derechos Humanos pidió la colaboración de la G-2 para investigar varios casos de violaciones a los derechos humanos. Así se inició su amistad con Pérez.

De León empezó su mandato sin partido político, sin programa, sin personal y sin base social organizada. A sabiendas de quién realmente manda en Guatemala, le fue fácil entrar desde un comienzo en estrecha alianza con este sector del Ejército. Hoy, la alianza con Pérez y compañía es el principal soporte del Presidente. Por esto, no debe sorprender el cambio de sus posiciones sobre la patrullas civiles y sobre el proceso de paz. Hoy, como dicen en Guatemala, el Presidente camina con muletas. Una muleta es este sector del Ejército y la otra es la embajada de los Estados Unidos.

La punta del iceberg

Durante el mandato de De León, la facción institucionalista ha logrado consolidar considerablemente su posición. La primera señal fue el cambio en junio del Ministro de Defensa: el General Jorge Roberto Perussina, de la línea dura, fue sustituido por el General Mario Enríquez, de la línea institucional. En los últimos meses ha habido otros cambios, en los niveles medios, que garantizan cierto control de las zonas militares. Según un analista, el segundo al mando de todas estas zonas es ahora un oficial de la misma promoción de Pérez Molina. Este control de las zonas de guerra es estratégico para prevenir un eventual golpe de Estado.

En febrero/94 la facción institucionalista avanzó aún más: logró considerables cambios dentro del Alto Mando, lo que le garantiza de momento la hegemonía.

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, General José Quilo Ayuso, segundo en el Ministerio de Defensa, fue destituido, aunque aún le quedaban cinco años de servicio. Este fue el cambio clave. Pero fue sólo la punta del iceberg. Después, se llevó a cabo una cadena de profundos cambios, del Alto Mando hacia abajo. Y por lo menos, la comandancia de seis bases militares en importantes zonas de guerra fue removida.

El cambio de Quilo, el 18 de febrero, fue sorpresivo y estuvo rodeado de rumores de atentados contra el Presidente y de un un golpe de Estado que encabezaría Quilo. En un país donde los rumores de golpes de Estado son el pan de cada día, es difícil saber exactamente qué había detrás del repentino cambio en la jerarquía militar. Lo qué hay por delante es obvio. Con la salida de Quilo, los institucionalistas han logrado neutralizar a la línea dura en el Alto Mando: casi todos los generales de esta facción ya están retirados.

Enojado y lloroso

Quilo no se fue tan callado como se esperaba. En su despedida oficial del Ejército el 25 de febrero, el General, enojado y con lágrimas en los ojos, acusó directamente en su discurso al Presidente de ser el culpable de su destitución. Ante el asombro de De León y de los diplomáticos presentes, Quilo afirmó que el Presidente intentó utilizar a las patrullas civiles para fines políticos durante la consulta popular de enero, instando al Ejército a que les ordenaran a votar por el Sí.

"Me destituyeron por oponerme a que el Presidente manipulara a las PAC en la consulta - dijo -. No me arrepiento de haber interferido y neutralizado las instrucciones giradas por el señor Presidente, para que participáramos en la movilización de ciudadanos, especialmente de las Patrullas de Autodefensa Civil, con ocasión de la Consulta Popular. En ausencia del señor Ministro de la Defensa, giré la contraorden el 15 de febrero a todos los comandantes y jefes, indicando que por razones legales se abstuvieran de involucrarse en dicho evento electoral".

Con cólera, Quilo terminó su discurso haciendo un llamado a "todo aquel elemento de baja o alta" a mantener vigilancia ante una "malévola conspiración" para destruir el Ejército mediante el proceso de paz, en el que - según él - la URNG pretende ganar en la mesa de negociaciones lo que no pudo lograr en el campo de batalla.

De León desmintió de inmediato las declaraciones de Quilo, atribuyéndolas a la "emotividad" que le provocaba tener que abandonar la carrera militar antes del tiempo debido. Un par de días después, el Ejército hizo público un comunicado expresando su apoyo al Presidente y rechazando la versión de Quilo. Las declaraciones causaron revuelo político, pero la táctica del Presidente de ignorar la denuncia funcionó y las aguas volvieron a su cauce. En una entrevista posterior, con la revista Crónica, Quilo advirtió que su salida "generará reacciones" dejando entrever al Presidente y a los institucionalistas que la jugada de febrero podría tener consecuencias impredecibles.

La cloaca de la verdad

A pesar de todas las diferencias, los Quilo-Gavilanes y los Pérez-Palomas están unidos en un punto: el rechazo a la Comisión de la Verdad. Este fue el tema que puso fin a la luna de miel entre el Presidente y los institucionalistas. Tanto ellos como los de la línea dura estaban disgustados con los resultados de las reuniones preliminares que se dieron en enero y en México entre la Comandancia de la URNG y el gobierno guatemalteco.

En esta reunión, el equipo negociador del gobierno - en el que participan tres militares - acordó reiniciar las pláticas de febrero con la discusión de un acuerdo general sobre los derechos humanos. También se acordó la verificación internacional de cualquier acuerdo. Hector Rosada, jefe del equipo gubernamental, anunció públicamente en enero que la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad sería punto en la agenda de discusión sobre los derechos humanos.

El Alto Mando del Ejército argumenta que una Comisión así -similar a la surgida de los acuerdos de paz de El Salvador -sería utilizada para debilitar a la fuerza armada como institución. En la campaña contrainsurgente de los años 80 y bajo la política de "tierra arrasada" el Ejército hizo desaparecer 440 aldeas, causó más de 100 mil muertos y desaparecidos y medio millón de refugiados y desplazados. En febrero, el mismo Rosada admitió que el Estado era responsable por el 80?85% de todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el país a partir de 1954. "Es una cloaca, una porquería lo que pasó en este país, pero no la podemos destapar. A la hora de culpar a alguien, vamos a tener que meter a toda la institución armada en la cárcel. ¿Y qué logramos con eso? Un golpe de estado", afirmó.

¿Qué esperar?

Sólo la posibilidad de que se discutiera la formación de una Comisión de la Verdad causó descontento entre todos los sectores del Ejército, y especialmente entre los oficiales más jóvenes de mediano rango que apoyan a De León. La Comisión investigaría los crímenes cometidos en los últimos diez años, época en la que estos oficiales estaban en el campo de batalla cumpliendo con las órdenes superiores de "quitarle el agua al pez". En su mayoría, los generales que daban esas órdenes ya están retirados.

"El Presidente cometió un error en las negociaciones aceptando la Comisión de la Verdad. Esta Comisión afectará a los militares activos, a los que estaban obedeciendo órdenes. Por eso se le hizo un ultimátum al Presidente", explicó un analista militar. En pocos días, lo acordado en México tuvo repercusiones dentro de Guatemala en forma de una fuerte presión del Ejército sobre el Presidente. Pronto, la presión se transformó en hechos. A principios de febrero, Rosada anunció que las pláticas con la guerrilla se retrasaban hasta marzo.

Después, la prensa guatemalteca anunció que dos de los tres miembros militares del equipo negociador del gobierno serían reemplazados. Según el mismo analista militar, muchos oficiales ya no confiaban en los generales que habían acudido a la reunión de enero con la guerrilla y que habían acordado discutir sobre una Comisión de la Verdad. Al principio, Rosada negó que fuera cierto que se iba a cambiar a los miembros militares de la comisión negociadora. Después admitió que estuvo reunido durante varias horas con el Presidente, insistiendo en que no se les reemplazara. A finales de febrero, se anunció el cambio. Los dos generales nombrados no son de línea dura, pero ya participaron en las pláticas, cuando iban a paso de tortuga. Con todos estos cambios y con las presiones del Ejército para eliminar la discusión sobre una Comisión de la Verdad, no se esperan avances en las pláticas entre la URNG y el gobierno.

Otra mala señal

La alianza de De León con los institucionalistas parece haber tenido otro costo: la salida del Ministerio de Gobernación de Arnoldo Ortiz Moscoso, un civil reconocido por su honestidad. No fue coincidencia que el mismo día en que el General Quilo fue removido de su cargo se anunciara la "renuncia" de Ortiz, lo que parece haber sido el resultado de una negociación entre palomas y gavilanes.

El que un civil hubiera sido nombrado como Ministro de Gobernación era el único logro que en cuanto a desmilitarización había tenido el gobierno de De León. Activistas de los derechos humanos reconocieron los cambios positivos que se dieron en la policía con la llegada de Ortiz, que también se destacó de anteriores ministros por la franqueza en sus declaraciones sobre violaciones a los derechos humanos. Esto parece haber disgustado tanto a palomas como a gavilanes.

"El Ejército ya no quería a Ortiz. El no renunció, lo sacaron. Era un abogado blandengue de los derechos humanos", comentó un asesor militar. Es otra la opinión de Carlos Aldana, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado: "Lamentamos el cambio del Ministro Ortiz. Desempeñó su trabajo en el marco democrático civil y legal y como funcionario trató de dar lo mejor de sí en su lucha para lograr una buena marcha del sistema judicial".

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