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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 146 | Marzo 1994
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Nicaragua

La carreta y los bueyes: márgenes de maniobra

Puesta en orden la "carreta" política, hay que atender los "bueyes económicos". Será necesario mucho esfuerzo de los gobernantes, de los productores y de los diputados que representan al pueblo para lograrlo.

Equipo Envío

Sólo unas horas antes de cumplirse cuatro años de aquella noche del 25 de febrero, que dio un vuelco a la historia de Nicaragua y a la historia personal de todos los nicaragüenses, el gobierno ponía "punto final" a la guerra de los recontras. La firma de un acuerdo de paz con el Frente Norte 3-80, jefeado por José Angel Talavera (Chacal), y con base social en la zona de Quilalí, parece cerrar la oposición al gobierno Chamorro por la vía político-militar. Iniciada la paz en el Norte y lograda una significativa distensión política en la Asamblea Nacional, queda más despejado el paisaje. Y se dibujan en él con mayor nitidez y urgencia los complejos conflictos que tienen al país sumido en una prolongada parálisis económica.

El Chacal: ¿último capítulo?

Oficialmente, la guerra de los contras y el EPS terminó en Nicaragua en junio de 1990, con la desmovilización y desarme de unos 22 mil miembros de la Resistencia Nicaragüense. Las diversas incoherencias del gobierno en los planes que diseñó para la reinserción económica de estos ex-combatientes y después, las fallas en el cumplimiento de lo que prometió, unidas a las tensiones políticas entre la UNO y el gobierno Chamorro, crearon muy pronto el caldo de cultivo para el rearme de miles de ellos. Ya en octubre del 90, 200 realzados - pronto se llamarían recontras - se tomaron Waslala. El fenómeno creció aceleradamente y la violencia armada no cesó nunca, fue problema de todos los días. También en el 90, en nombre de la autodefensa y por no encontrar tampoco espacios económicos para reinsertarse, aparecieron los recompas, muchos de ellos desmovilizados de un ejército en acelerado proceso de reducción.

A mitad de 1992, el EPS calculó que el número de los realzados era nada menos que de 21 mil 900 hombres, casi la misma cifra de los que se habían desmovilizado al iniciarse "la paz". En este número se incluía toda la amplia gama de rearmados que había entonces: recontras (antiguos contras o no), recompas (antiguos miembros del EPS o de la Policía o no) y delincuentes. Después de cada nueva negociación y de nuevos compromisos gubernamentales, el número se reducía. Y se incrementaba cuando las promesas no se cumplían. El gobierno usó también el método de comprar a los realzados sus armas como medio para hacerlos desistir de la violencia.

En 1992, las crecientes tensiones entre los políticos de la UNO y el Ejecutivo transformaron a varios grupos de recontras en una especie de "brazo armado" de los políticos más ultraderechistas de la coalición. Ya desde entonces, el FN 3-80 fue el grupo mejor armado - disponían hasta de cohetes tierra -aire Red Eye - y también el que planteó con más insistencia demandas políticas, a la cabeza de las cuales aparecía siempre la destitución del Jefe del Ejército, General Humberto Ortega y del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, coincidiendo así con el principal reclamo que ha tenido la ultraderecha política hasta casi finales del 93. El Frente Norte 3-80 basaba también su fuerza en claras y estrechas vinculaciones con grupos económicos de Miami: nicaragüenses somocistas y cubanos anticastristas.

Muertos de "otra guerra"

En los 90, la violencia armada en el campo no ha sido solamente un remanente de la guerra de los 80, su secuela, las hilachas que quedaban de tan prolongado conflicto. Fue realmente "otra guerra". En los mismos escenarios, con los campesinos como protagonistas y víctimas, con acciones de menor escala y más esporádicas, y con un clima más anárquico, confuso e incierto que el de los años 80. Guerra al fin. Con un alto componente económico - los rearmados de todos los colores pedían siempre tierra, techo y trabajo - y también con fuerte acento político en las demandas y estilos de uno y otro bando. En los primeros 9 meses de 1993 y según datos del EPS, esta guerra causó 384 muertos, 145 de ellos civiles, y más de 500 heridos. El EPS, reducido a 15 mil 200 hombres, dedicó en 1993 el 78% de sus efectivos a enfrentar a los rearmados.

La crisis de los secuestros (agosto/93) y las amnistías-desarmes con que concluyeron, redujeron cualitativa y cuantitativamente el conflicto, al menos tal como se venía presentando. Y lo delimitaron cada vez más al enfrentamiento entre el EPS y el grupo del Chacal, unos 200-500 hombres según las fuentes, al que se le dio un ultimátum en octubre/93. Según el EPS, en enero de 1994 y en las zonas cercanas a Quilalí se produjeron los combates de mayor envergadura desde el cambio de gobierno.

Dos matrices

La actividad militar desplegada por el EPS, unida a la presión de los sectores de derecha por un cese al fuego (propuesta del Cardenal Obando y Pablo Antonio Cuadra) y la nueva distensión política en el país, desembocaron finalmente el 24 de febrero en la firma de la paz entre el gobierno y los hombres del Chacal. Estos renunciaron a sus persistentes demandas políticas y obtuvieron varias demandas socioeconómicas e importantes demandas de seguridad. "Vemos que existe un poco más de espacio político en Nicaragua y que ya el General Humberto Ortega ha dejado de dar declaraciones llenas de fanfarronería". Así explicaba días antes de la firma de la paz Esteban, hermano del Chacal, la posposición de sus reivindicaciones políticas para "cuando volvamos a la vida civil". "En Nicaragua hay cabida para todos", dijo el Chacal el día en que se desarmaron los primeros 100 hombres de su grupo.

¿Paz definitiva? El fenómeno de los rearmados tuvo su matriz política en el complejo, inesperado y ambiguo proceso de transición, marcado por el co-gobierno Chamorro FSLN. Hoy, los reacomodos políticos han parido un nuevo escenario y los rearmados - recontras y recompas - buscan en él un nuevo espacio. Pero esta realidad tuvo también una matriz económica en el adverso y antipopular marco creado por el gobierno con su modelo neoliberal. La recesión económica ha afectado a todos: ha marginalizado y excluído a miles de productores y no ha permitido reinsertarse en la producción a los que salían de la guerra.

En estos años, la crisis económica no se ha traducido en Nicaragua en una mayor organización sino en una mayor descomposición, tanto en el campo como en la ciudad. Los rearmados delincuenciales no han firmado la paz y siguen y seguramente seguirán actuando: robos, secuestros, emboscadas en los caminos, etc. Los "rearmados económicos" - los que demandan titulación de tierras, créditos, oportunidades -, ¿encuentran un escenario de paz? La recesión en el campo es la misma, tan profunda que todos los gremios de productores hablan de "emergencia". Las mejores armas no han sido entregadas ni vendidas y la tentación de sacarlas de sus escondites y levantarlas para presionar con ellas al gobierno por mejoras económicas puede ser demasiado fuerte.

Primeras escaramuzas

También se firmó desde hace ya dos meses la "paz" en la Asamblea Nacional. En este caso, paz entre una nueva mayoría de legisladores - al menos dos tercios del total -, que tienen entre sus metas y según sus declaraciones, el comenzar a recortarle al Ejecutivo las extensas atribuciones que le concede la Constitución, especialmente en materia económica.

Ya han empezado a desarrollarse las primeras escaramuzas en esta "guerra" entre los dos Poderes del Estado. Son de máximo interés en la actual coyuntura, en la que una gran pregunta es: la despolarización política contribuirá o no a la desparalización económica ¿Paz definitiva ?acuerdos políticos duraderos - en la Asamblea - ¿Enfrentamiento eficaz de los diputados unidos con consecuencias económicas que beneficien a las mayorías? Todo está aún por ver.

Al iniciar esta nueva etapa del Legislativo "pacificado", Sergio Ramírez,jefe de la bancada del FSLN (39 diputados sobre el total de 92), declaró que los legisladores priorizarían, entre otras, la discusión y aprobación de la Ley de Organización Militar, del nuevo Código del Trabajo, de la Ley de Protección del Medio Ambiente y de una llamada Ley de Punto Final, que cerraría definitivamente el polémico tema de la propiedad.

La propuesta de Ley de Organización Militar, elaborada por el EPS en medio de grandes expectativas nacionales, estaba ya casi lista para su discusión cuando tuvo inesperados retrasos. Sin embargo, la Presidenta Chamorro, al celebrar el cuarto aniversario de su triunfo electoral, afirmó que "las suspicacias, las desconfianzas y los malos entendidos" entre el Ejecutivo y el Ejército ya "han quedado atrás".

El nuevo Código del Trabajo ya empezó a debatirse en la Asamblea Nacional. Y la ambiciosa Ley de Medio Ambiente y la que será trascendental Ley de Punto Final esperan pronto su turno.

Pero además de estas legislaciones mayores, la nueva mayoría parlamentaria trabaja en otros temas - Ley de Propiedad Administrativa, Ley del Consumidor, Código Fiscal, Ley sobre Drogas - y ha empezado ya a incursionar en otros asuntos económicos que han provocado tensiones con el Ejecutivo.

El Ejecutivo ni veta ni aprueba

Como un símbolo, en una de las primeras sesiones del mes de enero, los diputados aprobaron por unanimidad el exonerar de impuestos las medicinas de la lista básica y los útiles escolares, desde los de primaria a los universitarios - en vísperas del inicio de las clases -, con lo que los precios de estos productos se reducirían para la población en un 40%. La disposición legislativa anuló los dos decretos del Ejecutivo que gravaban estos productos.

De inmediato, el Ministro de Finanzas amenazó con vetar la ley, alegando que atentaba contra tratados de integración comercial centroamericana y violaba también la Constitución, que aún no está reformada y por esto, no le da facultades a la Asamblea en materia de impuestos. Después de un mes, la Presidenta cuestionó la ley y la competencia de los legisladores en materia fiscal en una carta "insultante", según algunos diputados. Ni la vetó ni tampoco la aprobó, buscando crear un impasse.

La diputada sandinista Dora María Tellez, que preside la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, aprovechó esta escaramuza en la "guerra" Legislativo-Ejecutivo para llamar una vez más a una "concertación tributaria", con la que crear un consenso nacional en torno a los impuestos, cada vez más numerosos e impagables. Tan impagables, que diferentes gremios de comerciantes y de productores - incluidos los del COSEP - amenazan con declararse en "desobediencia civil" y no pagar ninguno. "Cuando hablamos de créditos, el gobierno nos dice que no tiene reales. Si nos habla de impuestos, nosotros tampoco tenemos reales", dijo David Robleto, dirigente de los cafetaleros en protesta, advirtiendo al gobierno sobre una "huelga fiscal".

Por impuestos no pagados - pero en otro sentido - se originó otra tensión Legislativo Ejecutivo. La Ley de Pesca, aprobada en el Parlamento en octubre/93 fue ratificada en febrero por los diputados de la nueva mayoría. De inmediato, fue vetada por la Presidenta Chamorro. En respuesta, los legisladores, también por unanimidad, rechazaron el veto presidencial y decidieron promulgarla. La Presidenta "inventó" entonces una Comisión de Pesca, pasando sobre los establecido en la ley.

Esta ley establece control sobre las licencias para pescar en aguas nicaragüenses. Hasta ahora, el gobierno las ha otorgado unilateralmente y uno de los principales beneficiados es un hermano del Ministro Lacayo, que acapara unas 40, para pescar en las riquísimas aguas de la Costa Atlántica, obteniendo enormes ganancias al administrar las licencias a su favor, pero sin pagar ningún impuesto a los gobiernos autónomos de la Costa ni cumplir con otros compromisos.

La actividad pesquera es una de las pocas que ha experimentado un importante crecimiento en los años de este gobierno y quizá la que más ganancias deja a quienes la controlan. Pero, por no estar reglamentada, los "quienes" son un selecto grupo de empresarios vinculados al Ejecutivo y la consecuencia está siendo un saqueo irracional de los recursos nacionales en favor de empresas extranjeras y de estos sus socios nacionales. Aunque el resultado final de esta otra escaramuza Legislativo vs. Ejecutivo no está aún clara, el eco de la misma fue sonado.

El 25 de febrero, la Presidenta Chamorro anunció que en marzo enviaría a la Asamblea el proyecto de reformas a la Constitución que propone el Ejecutivo. ¿Coincidirán o no con las reformas consensuadas entre la UNO y el FSLN y muy centradas precisamente en el recorte de los poderes que en materia económica tiene hoy el Ejecutivo?

El "momento económico"

¿Qué pueden hacer realmente los diputados para enrumbar la economía, para rectificar el rígido modelo económico en el que está atrapada la nación? ¿Qué pueden hacer otros sectores? ¿En que "momento económico" está hoy Nicaragua?

Estamos en el último año "normal" antes de las elecciones. El ciclo agrícola está por empezar y los productores deberían estar preparándose para el cercano invierno, unos procurando tierra para sembrar, otros ajustando para comprar la semilla y los insumos necesarios, otros revisando su maquinaria y su infraestructura.

Desde hace varios meses el gobierno trata de negociar con el FMI el acuerdo que garantizaría el apoyo financiero de este organismo para 3 años. El país vive al día, en la incapacidad de implementar una política económica, hoy totalmente supeditada a la firma de ese acuerdo. Además si no se logra esa firma, tampoco el Club de París se reunirá en junio para renegociar la deuda externa nicaragüense, que pesa tanto sobre nuestra economía.

En febrero, los productores de diferentes gremios y organizaciones, grandes, medianos y pequeños, los más ricos y los más pobres, decidieron unirse en un Comité Nacional de Emergencia, que tiene como reivindicación principal el crédito. Los productores no pueden elaborar solos una propuesta económica global que sea viable, en el marco de los estrechos márgenes de maniobra que tiene el país. Pero algo proponen. Sin embargo, el gobierno, incapaz de integrar sus demandas, prefirió repetir que el "culpable" es el FMI, que le ha impuesto al país una política tan recesiva.

La realidad es que el FMI todavía no ha impuesto nada y que el gobierno tiene una pésima capacidad negociadora ante los organismos multilaterales. ¿Incapacidad del gobierno o negligencia para defender los intereses del país, por parte de los funcionarios que integran las comisiones negociadoras? Todo es posible. Lo que es más cierto es que se trata, sobre todo, de un gran desamparo. El gobierno está solo. No tiene confianza en la sociedad civil y por eso, no es capaz de presentarle alternativas que susciten su apoyo consensual.

Tampoco tiene legitimidad para hablar en nombre de la sociedad civil. Porque la legitimidad se gana con acciones capaces de movilizar el apoyo del pueblo, tanto de los empresarios como de los desempleados o de las amas de casa. Y esto no lo ha hecho.

Esta desconfianza no es totalmente nueva. El gobierno sandinista invirtió cuantiosas sumas de la ayuda externa en hacer una gran lechería estatal muy tecnificada cerca de Managua, "para garantizar la leche a los niños de la ciudad". No tenía confianza en los ganaderos del interior del país. En ese tiempo, la solución era: más Estado. Ahora es: más capital extranjero. La raíz es la misma: el gobierno no cuenta con las fuerzas productivas nacionales.

La desconfianza del FMI

El FMI no quiere aprobar un próximo paquete de ayuda para tres años porque no tiene garantías de que esos fondos apoyarán realmente el despegue, o al menos, la recuperación económica del país.

El gobierno no tiene capacidad de darle garantías serias al FMI ¿Cómo podría hacerlo si no tiene la legitimidad necesaria para hablar en nombre de la sociedad civil? Pero, por otro lado, las condiciones que el FMI trata de imponerle al gobierno - aún antes de haber firmado cualquier acuerdo - restringen aún más su margen de maniobra y terminan de restarle la poca legitimidad que aún podría tener, y que el mismo gobierno se encarga de suprimir declarando que el "culpable" es el FMI. Si es así, ¿para qué existe un gobierno? El drama es que estamos encerrados en un círculo vicioso que nos atrapa a todos, pero que a quien más hace sufrir no es al gobierno ni a los organismos internacionales, sino al pueblo.

Márgenes de maniobra

A la comunidad internacional no le conviene que Nicaragua - ni ningún país tan pobre como el nuestro - colapse y se hunda. Es preferible ayudarle a salir de su dramática situación para que pague aunque sea un 10% de lo que debe al resto de los países y a los bancos comerciales o internacionales, a que caiga en total bancarrota y no pueda pagar nada. A nadie le conviene una Somalia en Centroamérica.

Pensándolo bien, hay en esta conveniencia un margen de negociación. Pero mucho más margen que esta dialéctica, basada en temores e intereses extranjeros, daría un acuerdo entre las fuerzas sociales y políticas nacionales, un consenso en torno a la producción, sin el que todo lo demás serán simples escaramuzas o declaraciones de buena voluntad.

Está claro para todos, incluso para el FMI, que la polarización política y su expresión más aguda, la lucha en torno a la propiedad, bloquea las iniciativas productivas de la sociedad civil. Pero el problema de la propiedad es complejo y no se limita a la afectación que sufrió un pequeño grupo de propietarios confiscados durante la revolución. Gracias a la reforma agraria realizada por el gobierno Chamorro - como prolongación de la llevada a cabo en los 80 -, con la parcelación de las cooperativas y la entrega de miles de manzanas a los desmovilizados de ambos bandos, existe hoy una capa de pequeños productores potenciales, que aún no han logrado serlo porque la inseguridad en la tenencia de su tierra no los hace sujetos de crédito.

Al lado de los tradicionales ganaderos sin tierra, son "ganaderos sin ganado", como dijo uno de ellos en el primer Foro de Reconciliación Campesina celebrado el 27 de febrero. No le conviene a Nicaragua que estos productores en germen se vean obligados a desprenderse de sus tierras en condiciones desfavorables, pues pasarían a engrosar las filas de los desempleados, mientras que los ricos que les compran sus lotes inmovilizarían allí un capital que emplearían mejor haciendo producir las tierras que ya poseen. En situaciones conflictivas - como la de la Nicaragua de post-guerra - la mayoría de las instituciones sensatas reconoce que aceptar el estatus quo es un camino preferible al del revanchismo y al de darle "otra vuelta a la tortilla". En su informe sobre el desarrollo mundial en 1993, lo reconoce así el mismo Banco Mundial.

La mayoría de los confiscados se va a ir acogiendo a la medida de los bonos estatales con las que el gobierno ha decidido compensarlos. Esto restará fuerzas a los sectores menos interesados en la reconciliación nacional. Es un nuevo elemento que contribuirá a distensionar la coyuntura política, tan polarizada durante tantos meses.

¿Quién romperá el círculo?

Que la despolarización traiga una mejoría rápida a la situación general del país, marcada por la crisis económica, sólo será cierto si se sacan frutos de los acuerdos antes de que se desgaste la alianza que los propició. Esto requiere de una concertación económica en torno a un programa que motive a los mismos organismos financieros a aportar su colaboración. La pregunta clave del actual momento económico es: ¿quién convocará esa concertación que todos anhelan? ¿Quién tendrá la osadía de romper el empate y superar la desconfianza?

En los últimos dos meses, dos hechos parecen alentadores, aunque sin poder constituir por sí solos la alternativa institucional que la situación requiere. Uno es esas incursiones de la Asamblea Legislativa en el terreno económico. El otro, el Consejo Nacional de Emergencia constituido por todos los productores del país.

Asamblea Legislativa: su rol económico

En un panorama económico tan complejo y tan trabado, el Legislativo necesita apoyarse en una asesoría técnica adecuada para dar más fuerza a sus planteamientos, incluso para penetrar mejor los resortes escondidos de la política económica. Sería muy útil que la Asamblea incursionara en temas que hasta ahora han sido de dominio exclusivo del Ejecutivo, como es el de la negociación de la deuda externa y particularmente, en el de la deuda de gobierno a gobierno, que es sin duda la que requiere de una actuación más política. Es sólo un ejemplo de los terrenos a los que hay que penetrar con decisión.

La Asamblea debería intervenir en la creación de leyes reguladoras de la actividad económica, poniendo especial cuidado en todo lo que tiene que ver con la privatización de la explotación de los recursos naturales - pesca, minas y bosques -, para dar preferencia a los inversores nacionales sobre las compañías extranjeras, que por lógica elemental tendrán menos interés que los nacionales en una explotación racional, ecológica, que garantice la reproducción de los recursos explotados. También debería la Asamblea crear un marco regulador que limite o impida el acceso de las compañías extranjeras a la propaganda en los medios de comunicación estatales - incluyendo los municipales - cuando sus productos compiten con los de producción nacional.

Debería también ser tarea de los diputados el solicitar al gobierno una información clara y confiable sobre la situación de las empresas públicas que se pretende privatizar y sobre las ganancias - reales o supuestas - que se obtendrá al hacerlo. Pedir también diagnósticos claros e imparciales sobre la situación de la salud y la educación pública. No hay duda que ambos servicios no están funcionando de manera óptima, pero declararlos ineficientes cuando su presupuesto se ha reducido tanto, es un simplismo. Un maestro sin libros o sin acceso a cursos de superación docente no es eficiente. Lo mismo puede decirse de un médico sin medicinas y sin equipo. Y no se gana en eficiencia mandándolos al desempleo.

La crisis de los servicios sociales es muy compleja y requiere de un análisis de fondo. Es un hecho, por ejemplo, que muchos alumnos de clase media han tenido que abandonar, por falta de recursos, las escuelas privadas, para ir a las públicas, presionando aún más sobre ellas, ya sobrecargadas. Pero esto no se resuelve invocando a "Santa Competitividad" para que nuevas escuelas privadas vengan a suplir o a complementar a las públicas. A menos que se tratara de escuelas privadas financiadas por el gobierno, como sucede en los países desarrollados, que saben perfectamente que la escuela primaria que jamás ha sido una actividad microeconómicamente rentable es, sin embargo, el nervio de la productividad laboral que la empresa privada requiere. Y por eso las financia el Estado.

Es necesario revalorizar, a todos los niveles, el papel de lo legislativo frente a la consolidación de las capas tecnocráticas, de las nuevas aristocracia de la competitividad y el mérito, que por su formación académica y su trayectoria profesional están más alejadas del sentir de la sociedad civil que los representantes que el pueblo eligió.

Productores en emergencia

La iniciativa de los productores, creando el Comité Nacional de Emergencia, tiene su base en la reconciliación alcanzada entre los campesinos de la UNAG y los desmovilizados de la Resistencia, unida al caudal de los empresarios organizados por rubros de producción. Constituye otra oportunidad que el gobierno Chamorro no debe dejar pasar. Como sucedió en los tiempos del algodón, es el sector agropecuario el que marca el ritmo de la economía de nuestro país y sus reivindicaciones resultan cruciales para la orientación y promoción del crecimiento económico.

No se puede hacer tampoco un análisis simplista y unilateral del problema de la producción y pensar que sólo porque se distribuyan créditos flexibles y baratos a todos se obtendrá proporcionalmente un aumento de la producción. Hay que poner un orden de prioridades a los problemas. La falta de titulación de las tierras es un problema que tardará varios años en resolverse, aún cuando se den las mejoras condiciones. Pero si se espera que se haya resuelto para empezar a producir, ya estaremos todos muertos de hambre. A la par, hay que crear las condiciones que permitan la recapitalización del aparato productivo, haciendo que la Banca Nacional de Desarrollo juegue un papel dinamizador, sin convertirse en una distribuidora de subsidios.

La carreta y los bueyes

Con las bajas tasas internacionales de interés que hoy existen, se podría crear un fondo mucho más revolvente, rentable desde el punto de vista de la intermediación financiera, que atienda a la gran masa de pequeños y medianos productores que no necesitan de grandes sumas pero sí de una respuesta ágil por parte del banco. Un fondo que no imponga condiciones sobre la forma en que se utilizan los préstamos, aunque sí sobre la obligatoriedad del reembolso. Hay que borrar la imagen que tuvo el Banco Nacional de Desarrollo en la década pasada, cuando el gobierno lo utilizaba para orientar - mediante el condicionamiento crediticio - la actividad de cada sector.

En las extensas regiones de montaña donde la cobertura bancaria es deficitaria y la capacidad de supervisión es casi nula, será necesario probablemente el recurrir a intermediarios financieros que trabajen como "ventanillas del banco". Posiblemente, hasta para atender a los mismos comerciantes, que podrán dar prendas más seguras que los productores de frontera agrícola y que se harán a la vez habilitadores y compradores, pero en situación de mayor competencia en la medida en que sean más numerosos.

El problema del crédito no puede ser abordado de manera unilateral. Con el fin - aunque aún en "veremos" - del desgastante fenómeno de los rearmados, la inseguridad en el campo entraría en vías de resolverse. ¿Y después? "Basta ya de poner la carreta (de los problemas políticos) delante de los bueyes" (los motores de la economía), expresó el dirigente de la UNAG, Daniel Núñez, en un reciente foro sobre problemática nacional de la inversión privada. Tiene razón. Pero los problemas políticos no son solamente debates de ideas. Son luchas por cuotas económicas. En condiciones inestables para la actividad económica, y con un "pastel" de la producción de riquezas tan reducido - como sucede hoy en Nicaragua -, es normal que los grupos económicos también se enfrenten.

Y aunque es cierto que "en el camino se arreglan las cargas", es necesario que en la concertación entre el gobierno y los productores se aborden, de la forma más desapasionada posible, los múltiples problemas que traban actualmente la senda de un crecimiento, aunque sea moderado, lo que dará viabilidad a "la carreta" de los acuerdos políticos.


Pobreza impide crecimiento

Los desacuerdos políticos nacen y se alimentan de la desigualdad. Cuando la desigualdad supera los límites aceptables para el consenso social, la radicalización de los enfrentamientos bloquea el sistema económico. Pese a lo que piensa una mayoría bien intencionada, no es cierto que el problema del crecimiento económico sea independiente del de la distribución de los beneficios de la actividad económica. Tampoco es cierto que el problema de la distribución pertenezca al terreno de "lo social".

No funciona la fórmula de pretender crecer y de ir introduciendo "medidas compensatorias" para los pobres afectados por ese crecimiento. Y no funciona no porque esto sea bueno o malo, sino porque la pura realidad - demostrada muchas veces en la historia, particularmente por el papel de Estados Unidos en el Sureste asiático en los años 50 - indica que una distribución menos polarizada de la riqueza es lo que favorece el crecimiento económico.

Dar acceso a la tierra a una gran capa de pequeños y medianos productores no es una medida social compensatoria. Es crear un contexto económico favorable. Hay que crear este contexto. Porque esta capa de productores, ya liberada de las ataduras de un mercado controlado por el Estado, podría - con los adecuados niveles de recomposición de su capital de trabajo financiero, erosionado primero por la hiperinflación y luego por una estabilización monetaria que no ha sido seguida por la recuperación de los niveles adecuados de liquidez - generar los niveles de oferta, de empleo y de demanda de productos locales que el crecimiento del país requiere.

Como no se les dan oportunidades, estos potenciales productores de riqueza están vendiendo sus vacas reproductoras como animales de descarte para comer - hace rato que vendieron las gallinas -, con lo que ponen en serio peligro el hato nacional, lo que no sólo los afectará a ellos, sino también a los grandes productores que están al final de la cadena de la carne, provocando escasez de animales para el desarrollo y el engorde.

El papel de la Asamblea es complejo y empieza a ser beligerante. Debe serlo más. El papel de los productores es propio de una situación de emergencia. ¿Cuál es el papel del Ejecutivo ante esta nueva coyuntura de beligerancia del Legislativo y de emergencia de los productores? Nada menos que el Director General del FMI, Michel Camdessus, visitó Nicaragua a mediados de marzo, en lo que fue, sin duda, un gesto político límite para encontrarle una salida a la difícil situación que vive Nicaragua.

Pese a que las magnitudes de nuestros problemas económicos son mínimas si uno las compara con las de Venezuela o Brasil, Nicaragua sigue siendo un caso de estudio. Es además el eslabón más débil de Centroamérica, vecina de la zona del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y a nadie le interesa otro Chiapas.

FMI: margen de negociación

Una vez más el Gobierno está en el ojo de la crisis nacional: lo acusan de no haber sabido negociar. Pero, ¿qué es lo que puede negociar? "Ni el Fondo ni el Banco Mundial nos van a poder decir qué es lo que tenemos que hacer. Ellos simplemente nos indican si lo que estamos haciendo es consistente o no con la meta que queremos alcanzar", declaró el Ministro Pereira, en vísperas de la visita de Camdessus. Negar que haya imposición de criterios para no tener que reconocer que no estamos negociando bien es una maniobra hábil, pero que no resiste a los hechos.

Es cierto que el FMI no impone el cumplimiento de criterios formales a los gobiernos, pero sí condiciona su ayuda a que se cumpla con una serie de criterios. Es su derecho. Lo que no tiene es una fórmula mágica sobre la consistencia de una u otra política económica respecto a las metas propuestas. Puede que tenga razón en muchas cosas, pero que se equivoque en algunas.

FMI: en qué se equivoca

Desde que el FMI propone y financia planes de ajuste estructural, se han realizado numerosas evaluaciones sobre su actividad, y no siempre el resultado ha sido favorable. Pocas veces el FMI ha tratado el caso de un país con una infraestructura tan crónica y profundamente dañada como es la de Nicaragua.

Aunque el FMI parezca tener actualmente el monopolio de la "curación" de los males de las economías subdesarrolladas, sus remedios tienen una virtud: no tener competidores. Esto no es ninguna garantía de infalibilidad. Y es allí donde están los márgenes de negociación, si los técnicos nacionales, preparados y armados del conocimiento de la realidad de su país, son capaces de argumentar seriamente con el FMI los diferentes puntos de la condicionalidad. Así lo han hecho otros países. La vecina Costa Rica, por ejemplo.

En la propuesta que hace el FMI sobre "asuntos estructurales" existen elementos sensatos sobre la racionalidad del sistema de impuestos. Pero, a la vez, demanda la privatización de los sistemas de salud y educación, lo que no tiene sentido en el contexto actual. De fondo, lo más grave de su planteamiento es la lógica absolutista con que exige la disminución a toda costa del gasto público para reducir el exceso de consumo nacional sobre la producción. Olvida así una verdad elemental de la economía: que el gasto del sector público es, a la vez, gasto y elemento integral de la producción. Un país no es una pulpería o un hogar, donde sólo se puede gastar lo que se gana más lo que se puede obtener prestado. Un país gana lo que gasta menos lo que importa. Salvo en el caso de una actividad que utilice al 100% mano de obra e insumos importados - lo que resulta imposible -, el gasto de un país también es una ganancia. O sea, que es parte del producto del país.

Muchos economistas suelen creer que la reducción del gasto público se traduce en un ahorro que es disponible para que el sector privado invierta. Esta idea está en la mente de muchos de los que también creen que el sector privado es, por definición o por naturaleza, más eficiente que el público. Pero la realidad es más compleja. No pueden confundirse los medios y los fines. Y aun suponiendo que el sector privado sea generalmente más eficiente que el público, no es del todo seguro que la reducción del gasto público se traduzca en un aumento similar del ahorro privado y que, a su vez, éste se traduzca en inversión.

La lógica del endeudado

¿Por qué no? Primero, porque la inversión privada no depende directamente o solamente del ahorro, sino sobre todo de las condiciones de estabilidad y de las expectativas del mismo sector privado. Segundo, porque el sector privado es generalmente menos capaz de enfrentar inversiones que le reportan pocos beneficios inmediatos, pero que son absolutamente necesarias para la rentabilidad de su capital y complementarias con él. Además, cuando el gobierno actúa con cierta eficiencia en un terreno determinado, pero no tiene un monopolio legal, el capital privado puede invertir en competencia con él o en sociedad mixta, según los casos. Lo malo, lo que sucede, es que cuando se cambia de régimen de propiedad, se hace siempre a expensas del tesoro público: cuando el gobierno privatiza, vende baratos los activos rentables acumulados con el dinero del pueblo. Y cuando nacionaliza, compra caro - siempre con el dinero del pueblo -las ineficiencias acumuladas por el sector privado.

¿Qué lógica hay detrás de todo esto? Si existe alguna, no es otra que la debilidad de los gobiernos frente a los intereses privados más organizados, lo que no tiene nada que ver con la eficiencia o la ineficiencia. En el fondo, detrás del discurso de la eficiencia, la lógica es mucho más sencilla: el gobierno debe y, para pagar sus deudas, tiene que vender sus activos, sobre todo los más eficientes, ¿quién los compraría?. Está en la misma situación del campesino que vende sus vacas para comer. Esta común situación de desgracia debería favorecer una toma de conciencia nacional para una concertación económica que se decida a reanimar a los bueyes económicos antes de que la carreta política se descomponga.

En el plano de las políticas financieras, el FMI pone con razón el acento sobre la reestructuración, recapitalización y racionalización de la banca estatal, así como en la confirmación del papel del Fondo Nacional de Inversiones como intermediario financiero que canalice recursos a entidades financieras más pequeñas y no preste directamente a los particulares. También el Banco Central debería tener una política selectiva de redescuento que le permita priorizar ciertas carteras (productivas) sobre otras (comerciales).

La contradicción mayor

El punto más contradictorio de las condiciones del FMI es, sin duda, el de la llamada apertura comercial. Pues si el principal "mal" que padece la economía nicaragüense es su abultado déficit de comercio exterior - importamos mucho más de lo que exportamos, y la diferencia es alrededor de 500 millones de dólares anuales -, no está claro por qué las políticas que tienden a reducir la demanda lograrán disminuir esta brecha. Primero, porque la reducción de la demanda afecta en mayor proporción a los pobres que a los ricos y son los ricos los que más importan productos de consumo. Segundo, porque con la apertura comercial se disminuyen los impuestos aduaneros y esto reduce los posibles ingresos fiscales y actúa como incentivo para la importación.

Es en este punto donde se revela seguramente toda la contradicción de la política que se está implementando, aun sin que el gobierno haya firmado el ESAF. Obviamente, al país le interesa, para su desarrollo, hacer un tipo de ajuste que no solamente le permita obtener un mayor y más breve acceso a los capitales internacionales - ajuste que siempre implicará reducir el consumo y aumentar la inversión pública y privada -, sino un ajuste que logre reducir la brecha comercial, controlando las importaciones innecesarias y gravando a las que compiten con la producción nacional.

Márgenes muy estrechos

Los márgenes de maniobra son estrechos. Pero la sensatez de una propuesta bien argumentada y debidamente apoyada por el consenso de la mayoría de los productores - los que tienen en sus manos el porvenir económico del país - puede tener más posibilidad de aceptación internacional que las incoherencias actuales. Hay que dejar de apostar a la inversión extranjera, a la maquila y a la explotación cortoplacista y depredadora ecológicamente de los recursos naturales.

La maquila sólo funciona como enclave y sólo deja en el país los salarios de miseria que está dispuesta a pagar y que son su atractivo. La inversión extranjera, en condiciones de igualdad con el capital nacional - no con los privilegios de una zona franca, que distorsiona las reglas del mercado - no tiene muchas razones para venir a Nicaragua mientras constate la huelga de capital de los propios empresarios nicaragüenses.

Si el gasto del Gobierno representa un 30% del PIB no es porque el gobierno es todavía muy grande. Es porque el PIB privado es muy pequeño. No ha crecido proporcionalmente a la disminución del PIB público, simplemente porque la economía no es un sencillo juego de vasos comunicantes, como aparece en las ecuaciones contables de los libros de economía. No ha crecido así porque los caminos del cambio estructural son lentos, costosos y llenos de trabas. Será necesario mucho esfuerzo de parte de los gobernantes, de los productores y de los diputados que representan al pueblo para armonizar las condiciones de estos cambios, respetando las indicaciones de los financiadores internacionales, pero sin traicionar los intereses y la identidad nacionales.

Así no caminamos

Un modelo económico en el que el gobierno es catalizador de la inversión privada y actúa en las ramas en las que el sector privado no tiene interés, no puede ser descartado simplemente porque el modelo sandinista estatizante no funcionó. Este fracaso tiene raíces profundas en las condiciones tecnológicas, productivas, de mercado y de organización productiva y financiera del país, y no se debe al carácter privado o público de la inversión.

Un sector privado, con una cultura tecnológica y empresarial tan incipiente como la de nuestro país, no puede prescindir de un gobierno fuerte, de un Estado-director de orquesta, capaz de organizar y de coordinar la gestión macroeconómica y de inscribirla en un proceso de programación económica quinquenal. Un Estado que no quiera tocar todos los instrumentos, pero que vaya más allá de los horizontes electorales, e incluso que no actúe como veleta según sea el cambio político que resulta de las elecciones.

Sólo así el capital privado nicaragüense perderá su legítimo temor frente a la doble incertidumbre económica y política. Sólo así se planteará claramente el reto que tiene ante sí la Asamblea Nacional. Y las direcciones técnicas de los diferentes ministerios, los representantes de los productores y los economistas independientes, deben retomarlo muy pronto, con un programa de emergencia para el ciclo agrícola y una clara definición de las reglas del juego para los próximos años, con una decidida atención a los problemas sectoriales, con especial énfasis en los del Norte del país, donde se acaba de firmar una paz que debería ser definitiva.

Los organismos financieros internacionales, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y el Club de París apoyarían una iniciativa de esta naturaleza. Pero, ¿quién se apunta a convocarla?

Puesta en relativo orden la "carreta política" hay que dar atención a los "bueyes económicos". Y hay que agarrar impulso. Las políticas de contención de la demanda global por mecanismos macrofinancieros han demostrado su insuficiencia. Así no caminan ni bueyes ni carreta.

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