Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 144 | Diciembre 1993
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

México

TLC: algo más que libre comercio

Detrás del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se esconden los intereses militares y de seguridad nacional de Estados Unidos. Detrás está la sed del petróleo mexicano.

John Saxe-Fernández

La política internacional de Washington se ordena desde hace años a asegurar el petróleo que el país consume y los minerales esenciales de los que el país carece. La enorme deuda externa mexicana y el agobiante pago de sus intereses fueron utilizados por Estados Unidos para doblegar a México. Mayor integración de México a la economía mundial significa alto grado de incorporación de México a Estados Unidos. Y no sólo en lo económico.

Por el TLC, Estados Unidos ajustó la política comercial mexicana a sus necesidades y a su agenda. México ocupa el cuarto lugar mundial en reservas de petróleo. Estados Unidos es el país que más petróleo consume pero el octavo en reservas. Los bancos acreedores de México son principales accionistas de las compañías petroleras de Estados Unidos. Está claro la deuda se pagará con petróleo. El Tratado de Libre Comercio es un viejo proyecto, de la más pura cepa monroísta. Lo nuevo es que el gobierno mexicano comparte hoy las pretensiones de Estados Unidos.

Todos estos son temas a tener en cuenta en la discusión sobre el TLC, debate en el que existe una fuerte tendencia a la parcialización y atomización de las complejas y múltiples variables que están presentes en el fenómeno. Si ello obedeciera a vicios epistemológicos o, simplemente, a deficiencias en la formación profesional, el asunto se reduciría a las tendencias autodestructivas de algunos profesionales o grupos de analistas de hacer el ridículo en público. Pero es más grave si esas "desvinculaciones" o disociaciones forman parte de una política deliberada por parte de quienes representan los intereses que no consideran conveniente o apropiado relacionar el tema comercial con los fenómenos político-militares, con la soberanía nacional o incluso con los derechos humanos.

La necesidad de ser poderosos

Un ejemplo típico de esta línea argumental, planteada por voceros oficiales y de la cúpula empresarial la presenta un analista económico, que se quejaba así:"En la prensa y en muchos seminarios y foros aparece el tema de la soberanía para tratar temas económicos como el del mercado común Canadá-Estados Unidos- México. Se me hace muy aburrido". Se trata de una línea de pensamiento que, además de artificial y frívola, cree evitar problemas y obstáculos cercenando la realidad.

Las "desvinculaciones" adquieren un carácter más práctico y amenazante en momentos en que la violación a los derechos humanos en México y las irregularidades de los procesos electorales en nuestro país se han intensificado. Alan Stoga, brazo derecho de Henry Kissinger y especialista en asuntos latinoamericanos de la influyente empresa consultora privada Kissinger Associates, consideró oportuno recalcar, pocos días después de que se diera a conocer el informe de Americas Watch sobre crecientes violaciones a los derechos humanos en México, que "el gobierno de Estados Unidos no tiene preocupación alguna en torno a los derechos humanos y las elecciones en México".

Los procesos e intereses económicos y político-estratégicos, presentes en las relaciones entre México y Estados Unidos desde que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, han sufrido modificaciones usualmente contingentes a las necesidades y retos que han venido enfrentando ambas naciones, con un peso mayor - y consecuentemente con ventajas - para Estados Unidos.

La crisis petrolera de 1973, que a nivel estratégico logró su expresión más álgida con el éxito del embargo impuesto por la OPEP en contra de la política estadounidense en el Cercano Oriente, indicó que la constelación histórica del poder hegemónico estadounidense había entrado en un proceso de declive, también anunciado un poco antes por la derrota en Vietnam. Simultáneamente, la competencia por los mercados se amplió mientras las necesidades de recursos naturales por parte de las naciones capitalistas altamente industrializadas como Japón, Estados Unidos y el área europea se ha agudizado y en la actualidad sólo puede satisfacerse con depósitos minerales -y especialmente petroleros- localizados fuera de sus fronteras nacionales.

Paralelamente, la predisposición e inclinación a la utilización de instrumentos financieros y político-militares para garantizar el acceso privilegiado a los mercados y recursos se ha venido intensificando. La tendencia para las Américas era percibida así a principios de los 70: "El impulso hacia la hegemonía hemisférica bajo la dirección de los Estados Unidos se hace aún más fuerte en la actualidad que en cualquier otro período de la historia del siglo XX. A medida que la recuperación de Europa de la segunda guerra mundial se convierte en un verdadero ataque al dólar por parte de Europa, y que otros mercados económicos caen bajo el dominio del capital japonés, los Estados Unidos, por pura necesidad, empezarán a racionalizar su imperio económico en términos de un marco hemisférico".

En Estados Unidos falta petróleo

Estados Unidos entró en un período histórico de enorme vulnerabilidad estratégica en materias primas esenciales: petróleo, manganeso, níquel, platino, estaño, zinc, bauxita, cromo, cobalto, mercurio, titanio y cobre, entre muchos otros. La incertidumbre en la disponibilidad de estas materias primas esenciales y lo cambiante de sus precios añadieron necesariamente características conflictivas al comportamiento político internacional de Washington. Después del cruento proceso de desestabilización política que se esgrimió en contra del régimen de Salvador Allende que - entre otras medidas importantes - dificultó seriamente el acceso irrestricto de las empresas estadounidenses a los vastos yacimientos cupríferos de ese país, la situación ha empeorado.

El trauma estratégico que experimentó Estados Unidos en los 70 quedó sintetizado por el ex-Secretario del Interior, Rogers C.B. Morton, quien el 13 de febrero de 1975 hizo de conocimiento público lo que hasta ese día era un alto secreto de Estado: que las reservas estadounidenses de gasolina eran tan bajas "que Estados Unidos no podría asumir su propia defensa en caso de que se declarara una guerra en estos momentos". Luego añadió: "Si hoy Estados Unidos se viera envuelto en una guerra nos quedaríamos sin gasolina antes de que pudiéramos defendernos. No tenemos los abastecimientos ni las fuentes que nos apoyen en caso de una gran confrontación".

De acuerdo con Edward J. Dyckman, especialista en materias primas del Centro de Investigación y Desarrollo Naval de Estados Unidos, ya desde 1974 las dificultades financieras y los altos costos imposibilitaron la construcción de nuevas instalaciones industriales. La falta de una capacidad productiva adecuada y el incremento general en los costos de los materiales y de la energía crearon escaseces desde las industrias más grandes a las más pequeñas. En su enumeración de las causas significativas de ese estado de cosas mencionó, en primer término, "la dependencia de la nación de productos extranjeros para la elaboración de una alta proporción de los materiales industriales básicos y procesados, en los que Estados Unidos está en fuerte desventaja porque las materias primas abandonaron los precios controlados del mercado interno en busca de precios más altos en el exterior".

Desde ese momento, la actividad diplomático-militar y financiera se orientó a subsanar tal vulnerabilidad. Paralelamente el interés estadounidense en los mercados y materias primas del hemisferio empezó a articularse. Se presionó de manera especialmente intensa a Canadá y México. En 1979, la firma de Wall Street, Blyth, Eastman Dillon Investment Research, sintetizaba así la postura estratégico-empresarial de Washington respecto a sus dos vecinos: "Nuestra dependencia de las importaciones de petróleo crudo del Oriente Medio no tendría razón de ser si contáramos con una política norteamericana de energía que reconociera la disponibilidad de recursos energéticos suficientes en nuestro continente que -ausentes las diferencias nacionales entre Canadá, Estados Unidos y México- pudiera satisfacer casi todos los requerimientos legítimos de energía de esos tres países durante los próximos años. Lo que se necesita es una especie de Mercado Común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte, mediante un sistema eficiente de distribución, al mismo tiempo que dé cabida a las aspiraciones de estos países al libre comercio entre ellos".

La cosa empezó en 1982

El uso de instrumentos político-militares y de inteligencia para articular e intensificar el proceso de "integración" encontró, sin embargo, que el camino monetario era el que más promesas contenía, ya que en ese renglón las vulnerabilidades mexicanas eran - y son - profundas. Fue así como se reavivó el interés secular de los círculos dominantes de Estados Unidos por utilizar la deuda externa de México y su servicio a fin de doblegar a la nación e "incorporarla" de lleno.

Hoy en día, cualquiera que analice en detalle los programas de acción aplicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en México, concluirá que el proceso que lleva al Tratado de Libre Comercio, así como a la privatización y venta a extranjeros de la reserva mineral, la banca y partes sustanciales de la industria petroquímica y petrolera, arrancó con la firma de la Carta de Intención firmada con el FMI en 1982.

Paulatinamente, el proceso de toma de decisiones en materia de política económica se ha desnacionalizado. La política de inversión extranjera y de comercio exterior, así como la desnacionalización y desincorporación de empresas públicas, no han sido procesos que respondan a criterios, modalidades y ritmos endógenos sino a las necesidades temporales y materiales de Washington, expresadas por medio de "sugerencias" hechas con gran fuerza persuasiva por medio del FMI y el BM. La apertura comercial instaurada durante el gobierno De La Madrid se realizó dentro de ese "caldo de poder", enmarcada dentro de la condicionalidad acreedora.

Los funcionarios mexicanos encargados de esa negociación actuaron -y actúan- no desde el marco de referencia del "interés nacional", sino de aquel explícitamente delineado por los acreedores. En otras palabras, la negociación y la definición de asuntos vitales para cualquier economía contemporánea, como el comercio exterior, se ha venido realizando en el contexto de la proyección de poder de Estados Unidos y en mucha menor cuantía de la de los otros acreedores.

Cogobierno con el Banco Mundial

¿En qué consistió específicamente esa relación de poder y cómo se manifestó en la dimensión económica y comercial? En primer lugar, desligando la política comercial de los determinantes y condicionantes internos en el nivel económico y social. Es decir, desligándola del aparato productivo nacional y de las necesidades de la población mexicana. A la condicionalidad del FMI -que se refleja más que todo en la dirección macroeconómica- se añadió el manejo de las ramas económicas y empresas de mayor interés para los acredores por medio de préstamos condicionados del BM. Se manejó desde la política comercial y la de exportaciones, la minería y la petroquímica hasta programas para construir carreteras, puertos y ferrocarriles.

Entraron programas de política municipal, de desarrollo tecnológico, de transporte urbano, de extensión agrícola, mantenimiento de carreteras, adiestramiento de mano de obra, "reestructuración" del sector acerero, agrícola y de fertilizantes, rehabilitación portuaria, construcción de viviendas, diseño de programas para promover esa política económica, de asistencia social, de combate a la pobreza extrema, de desregulación financiera, administrativa e industrial y de transporte de personal y bienes, entre muchos otros.

En cada una de estas ramas, participa activamente el BM con préstamos condicionados y, desde luego, con misiones técnicas de evaluación, control y vigilancia. Entre 1982 y 1990 los préstamos sectoriales del BM ascendieron a más de 11 mil 500 millones de dólares, lo que permite a esa institución un gran margen de influencia, ya sea en política comercial y agraria, como de finanzas e industria.

Virtualmente, todas las Secretarías de Estado, direcciones y subdirecciones, empresas públicas -muchas privadas-, tienen alguna relación directa o indirecta con el BM, ya sea de evaluación y supervisión, como de control o vigilancia. Se trata de un gobierno paralelo o, como lo ha sugerido James Petras, de un "cogobierno". Quizá el concepto resulte demasiado generoso, dado el grado de subordinación que se ha dado en esa "convergencia", al menos durante los dos últimos gobiernos.

Los préstamos del Banco Mundial costaron caros

Parte de la tarea para entender este vasto y complejo proceso de relaciones e interrelaciones, influencias y cruces en líneas de mando, consiste en descifrar el lenguaje técnico y, de manera especial, las metáforas que se usan para referirse a los aspectos políticamente más delicados. Por ejemplo, cuando los documentos mencionan "una mayor integración de México a la economía mundial" es necesario entender que se trata de una virtual "incorporación" a Estados Unidos, y no sólo en lo económico. Esto es así por la colindancia geográfica y muy alto grado de dependencia y concentración de nuestros flujos comerciales, financieros, de inversión y migratorios hacia Estados Unidos. Pero esto siempre ha existido. Lo nuevo es la convergencia, de 1982 en adelante, de dos tendencias en este proceso de "integración": docilidad de los mexicanos y determinación de los estadounidenses.

Por una parte, la disposición de los dos últimos gobiernos mexicanos de aceptar - y adoptar como suyos - los lineamientos de política económica contenidos en las Cartas de Intención y en el programa de préstamos del BM. El llamado programa de "ajuste estructural" tuvo como piedra angular la transformación de México en una economía tributaria de Estados Unidos por medio del servicio de la deuda externa, a cuyo pago se da todavía prioridad sobre cualquier consideración política, social o incluso constitucional.

La "condicionalidad cruzada" BM-FMI tiene importantes consecuencias políticas, entre las que destaca la "desnacionalización" del proceso de toma de decisiones vitales. El programa de préstamos sectoriales tiene esa explícita misión: llenar el vacío que se generó por el destino de más del 50% del presupuesto federal para pagar el servicio de la deuda. Se inició así - y se fue intensificando posteriormente -, el traspaso de vitales líneas de mando. O dicho de otra forma, por medio de los préstamos sectoriales, el BM logró incidir de manera determinante en la estructuración de programas económicos específicos y asumir, funciones de evaluación, supervisión, control y vigilancia muy extensas.

Los préstamos del BM en el área de política comercial (Trade Policy Loans) (TPL) se encaminaron a impulsar el proceso de "integración con Estados Unidos garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Carta de Intención del FMI. Se fomentó así una creciente liberalización del comercio que se caracterizó por la ausencia total de reciprocidad - por parte de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos -, siendo además un proceso que no obedeció a las necesidades del aparato productivo mexicano, sino a las dictadas desde afuera, precisamente por medio de los TPL. Estos son concebidos en su esencia como instrumentos para diseñar, determinar y aplicar la política comercial del país."

El proceso de liberalización unilateral fue "apoyado" por el BM por medio de las siguientes operaciones: TPL1 (Préstamo 2.745-ME), TPL2 (Préstamo 2.882-ME), y dos préstamos para las exportaciones. Según la oficina del director del BM, los resultados de estos instrumentos "son prometedores". Las barreras a las importaciones ya se han reducido de manera pronunciada para los principales insumos agrícolas - maquinarias, pesticidas y otros productos de alta tecnología-.

Por medio de esos préstamos, que totalizaron mil millones de dólares, Estados Unidos ajustó la política comercial mexicana - que ahora desemboca en el TLC - a sus necesidades y a su agenda. Se eliminaron tarifas, se montó un programa de reducciones arancelarias drásticas con una fecha límite impuesta por el BM en octubre de 1988 -, año en que se logró bajarlas más - en 4,900 fracciones arancelarias - y eliminar las licencias de exportación.

Todo se decide desde Washington

El país no negoció con la "economía mundial", sólo con Estados Unidos. La apertura comercial fue unilateral, producto de los préstamos del BM y del FMI destinados a "reestructurar" nuestro comercio según las necesidades de una economía como la de Estados Unidos, plagada de inmensos déficits comerciales y fiscales. "El gobierno mexicano - dice oficialmente el BM - cumplió sus obligaciones y compromisos según las operaciones estipuladas en ambos préstamos. Liberalizó más de tres cuartas partes de su producción interna y de las licencias. Menos de una cuarta parte se mantiene bajo control (algunos productos agrícolas y alimentarios, el petróleo y sus derivados, automóviles, ciertos productos electrónicos, farmacéuticos y otros).

La presidencia del BM añade luego significativamente que el préstamo para la política comercial fue un quiebre de gran envergadura. Por medio de él, el BM logró financiar la introducción del proceso de reforma comercial. El segundo préstamo se orienta a mantener el ímpetu aperturista dentro de los parámetros establecidos por el primero y tiene una serie de metas que el gobierno mexicano debe cumplir. De no ser así, nose liberalizarían los fondos de la segunda fase del mismo.

Los préstamos condicionados permiten el establecimiento de un sistema coherente de control. Decisiones vitales son asumidas así por burocracias localizadas en Washington. Por ejemplo, las descentralizaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que respecta a ciertas autorizaciones en materia comercial hacia ciudades como Toluca, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y La Paz. O la "descentralización" en la capacidad de toma de decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo que respecta a las oficinas y servicios aduaneros; o el establecimiento de privilegios a firmas altamente exportadoras (ALTEX); o la modernización de los procedimientos de licencia de importaciones y exportaciones de la SECOFI; o la simplificación y registro, de acuerdo con los criterios del BM, de, por ejemplo, el Padrón Nacional de la Industria Farmacéutica, o las "mejorías" en los sistemas de inspección respectivos. Todo desde Washington.

Objetivo: petróleo y petroquímica

A diferencia de sectores industriales como el de fertilizantes, microcomputadoras, petroquímica, metalmecánica y electrónica, la desregulación y liberalización comercial sobre la industria automotriz, casi totalmente de propiedad extranjera, se realiza tomando en cuenta una serie de metas para lograr ajustes, a fin de que los resultados no sean traumáticos. Se aplica así un programa para la liberación gradual de las importaciones de automóviles, camiones ligeros, medianos y pesados, tractores, trailers y autobuses. La liberalización de importaciones de automóviles contempla una reestructuración de las leyes nacionales "para 1991", mientras que el BM muestra satisfacción porque ya el gobierno mexicano procedió a la desregulación de los bancos comerciales, a la racionalización de los bancos de desarrollo, y prácticamente ha eliminado todos los créditos para subsidiar las industrias.

La "desregulación" de los sectores estratégicos, y de manera especial la de la petroquímica, ha procedido según las indicaciones, calendarios y necesidades. Ese programa, montado en 1986, tuvo como una de sus metas principales la participación del sector privado, nacional y extranjero, en la petroquímica básica, constitucionalmente reservada al Estado.

Según documentos oficiales del BM, este programa, se orientó entre otras cosas

1) a limitar el papel de PEMEX -la empresa estatal de petróleo - como el único productor de petroquímicos básicos, por lo cual se requirió la adopción de medidas administrativas para modificar la anterior situación. Hoy puede decirse que Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari cumplieron de manera estricta con esta condición por medio de la estrategia de "reclasificar" petroquímicos básicos para colocarlos en la lista de "secundarios"; también se exige que la política de precios sobre petroquímicos básicos de PEMEX sea "flexible".
2) a permitir al sector privado la importación de petroquímicos básicos, promoviendo incentivos fiscales para ello.

Para el BM, como para la industria petrolera de Estados Unidos y el Departamento de Defensa, PEMEX es un "serio impedimento" estratégico, político, comercial y empresarial. En los documentos oficiales del BM, PEMEX es concebido como un obstáculo "al buen desarrollo de la industria petroquímica", y según la presidencia del BM, el gobierno de México debe afrontar rápidamente el problema que suscita "la posición dominante" de PEMEX en la industria. "Las compañías privadas internacionales" - dicen los asesores y funcionarios del BM - no pueden lograr una integración vertical debido al control de PEMEX sobre la petroquímica básica", mientras que "los planes de expansión de PEMEX" hacen que los posibles inversionistas extranjeros perciban a México como un "mercado de corta duración".

La presidencia del BM afirma que el gobierno mexicano acordó finalmente en 1989 aplicar un programa de acción en este sector, que incluyó las siguientes medidas fundamentales: 1) limitar el derecho exclusivo de la empresa estatal a producir un máximo de 25 petroquímicos básicos y definir una lista inicial de petroquímicos "secundarios" abiertos a la participación del sector privado, y 2) alentar un programa de acuerdos "cooperativos" entre el sector privado y PEMEX, es decir, impulsar una creciente privatización de esta industria. Los préstamos para "la reforma" del sector público (Public Enterprise Reforman Loans) (PERL) se orientan a facilitar y "flexibilizar" al sector, lo que en otras y más directas palabras significa el desmembramiento y privatización de varias grandes empresas que surgirían de la actual PEMEX.

La asfixia de la deuda

Sin usar un solo tanque, soldado o bazuca, se ha procedido con gran dinamismo a la incorporación de México a los Estados Unidos en sectores que, según versiones privadas y oficiales de ese país, son "vitales" para su "seguridad nacional". Como en alguna ocasión lo expresara el distinguido analista Marcus Raskin, es conveniente clarificar que para Estados Unidos, "la seguridad nacional son los negocios y los negocios son la seguridad nacional." Tal desmitificación es bienvenida en toda discusión sobre el TLC. Especialmente después de que, a finales de 1989, y sin mayor conmoción, la prensa mexicana informó, en escueta comunicación de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), que el gobierno mexicano había dado finalmente luz verde a las "coinversioines" entre PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con empresas del ramo de "otros países".

Según cálculos de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la SEMIP, en los próximos 5 años se requerirán inversiones por casi 50 mil millones de dólares para responder a la demanda interna de energía eléctrica, petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos, por lo que ya se tiene preparado un "paquete", en cuyo catálogo de obras destacan la construcción de industrias, plantas de generación eléctrica, productos para petróleo y derivados, así como la perforación de pozos petroleros y de gas.

El "estudio técnico" fue financiado, desde luego, como parte de los apoyos del BM en el área PERL, y argumenta que el país no posee recursos y que, de recurrir a las partidas disponibles, se necesitarían 50 años para realizar los principales propósitos del gobierno. Simultáneamente, la Secretaría de Hacienda dio a conocer de manera detallada por qué no existen esos recursos: México pagó "puntualmente" y "sin excepción", 14.mil 258 millones de dólares durante 1989 a nuestros acreedores internacionales por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa total.

Esa cifra representa el 7.4% del PIB. Por intereses, el país pagó el 62.4% de esa cifra y el restante 37.6% fueron amortizaciones. La década de los 80, y la que va de los 90, se caracterizan por la coincidencia de dos procesos en el área "no-militar", con profundas implicaciones económicas y político-estratégicas: por una parte, se entregó un total de 124 mil 559 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda. Por otra, se acentuó la transferencia a organismos y empresas extranjeras
-fundamentalmente de Estados Unidos- de la dirección económica y las principales empresas de la nación. La privatización y desnacionalización de facto de PEMEX y de la CFE -los sectores más sensibles y de mayor envergadura económico-estratégica- se realizan velozmente y al amparo de procedimientos administrativos auspiciados por los PERL, cuya falta de coincidencia con los preceptos contenidos en la Carta Magna mexicana no parecen representar ningún un obstáculo.

Petróleo abundante y cercano

El proceso de "incorporación" de la petroquímica y de Pemex y lo central del sector energético al aparato empresarial estadounidense - y también al mexicano, aunque como socios menores por nuestra falta de capital y tecnología - además de constituir un objetivo para la seguridad nacional de Estados Unidos, es también un excelente negocio.

Es asunto estratégico porque, México resulta una pieza clave en la estructuración de la estrategia de "seguridad energética" de Washington. Teniendo el petróleo en mente, no es difícil visualizar la dimensión no sólo comercial del TLC, sino también su dimensión de seguridad. El problema estratégico es bien conocido, pero es necesario enfatizarlo. Desde 1987 -cuando las reservas probadas de petróleo dentro de Estados Unidos eran de aproximadamente 26.mil 900 millones de barriles- a la fecha, estas reservas han disminuido drásticamente, al punto de que, aunque a finales de los 80 se percibía abundancia de crudo a precios relativamente bajos, la Secretaría de Energía de Estados Unidos en un informe preparado para el Presidente, calculó que para 1995 Estados Unidos debería dedicar más de 80 millones de dólares anuales a sus importaciones petroleras.

La política energética - parte integral de la estrategia de Estados Unidos - se complica con la conformación de una virtual confederación de Estados europeos, que por la unificación, adquirirán una mayor capacidad de proyectar su poder en el Cercano Oriente, incluso porque en mucha mayor en medida que Estados Unidos dependen de las importaciones petroleras para el funcionamiento de sus economías. Es entonces explicable que Washington, por medio de un mecanismo como el TLC se oriente a asegurar los abastecimientos mexicanos y canadienses.

Es importante recalcar que la importancia comercial y estratégica del petróleo mexicano es muy superior al del canadiense. También hay que llamar la atención sobre el hecho de que Estados Unidos está aplicando instrumentos financieros semejantes a los usados en México para garantizarse un acceso privilegiado a la reserva petrolera venezolana. Según el American Petroleum Institute, las reservas probadas de México están entre las diez primeras del mundo. Arabia Saudita cuenta con más de 166 mil millones de barriles, Kuwait con 91 mil 900 millones, Irán con 48 mil 800 millones, Irak con 47 mil 100 millones, y los Emiratos Arabes Unidos con 33 mil 100 millones. Sigue Estados Unidos con 26 mil 900 millones, luego Venezuela con 23 mil millones y Libia con 21 mil 300 millones.

Como puede apreciarse, México ocupa un lugar prominente, mientras Estados Unidos - el mayor consumidor de petróleo del mundo - está en el octavo lugar. La situación creada por la Europa unida sumada a la total dependencia petrolera del Japón, e incluso de países llamados "en vías de desarrollo", complican la ecuación mundial de petróleo para Washington. Los países que forman la Comunidad Europea deben importar el 64% del petróleo que consumen y los estudios de la Secretaría de Energía de Estados Unidos anticipan un incremento sustancial de las importaciones en lo que resta del siglo y hasta el año 2010, cuando la competencia y la lucha por el control de ese energético será feroz.

La proximidad geográfica de la cuarta reserva mundial petrolera, localizada sobre territorio y aguas mexicanas, y la enorme ventaja estratégica que ofrece - porque entre nuestra reserva petrolera y Estados Unidos no median las largas y vulnerables líneas de comunicación marítimas, tan susceptibles a la interdicción -, ayudan a explicar la insistencia estadounidense en "incorporar" nuestros inmensos recursos petrolíferos y nuestra industria petroquímica en el contexto de las relaciones explicitadas en el TLC y que ya, de todas formas, están siendo sometidos a programas de "desregulación" y privatización.

En los momentos en que el BM aplicaba el programa de préstamos para inducir el proceso de "liberalización comercial" - auspiciando de paso la "homologación" a Estados Unidos de los sectores estratégicos de interés -, la Secretaría de Energía hizo circular en Washington un documento donde se reconoce el peso del crudo mexicano en el mercado estadounidense hasta el año 2010. Los datos dados a conocer por la prensa revelan que Estados Unidos concibe su estrategia de "seguridad energética" sobre la base de su acceso irrestricto a la riqueza petrolera y petroquímica de México, haciendo notar que la aportación del crudo mexicano a su economía ha aumentado en más de 4.300% en los últimos 15 años. "Los cambios que ha experimentado el comercio bilateral entre ambas naciones resultan ilustrativos de la importancia que da el gobierno estadounidense al petróleo mexicano", dicen.

Banqueros y petroleras unidos

La feliz coincidencia entre la "seguridad nacional" y los negocios es particularmente notable. ¿A quién está siendo transferida específicamente la principal riqueza del país? Contestar que a nuestros acreedores quizá resulte un poco grosero y general. Es importante precisar recordando, que el Citibank - el acreedor más importante de México - es el principal accionista en importancia de Continental Oil Corporation, que a su vez fue comprada por uno de los principales interesados en nuestra petroquímica: Dupont. El Citibank también es el tercero y el quinto accionista más importante, respectivamente, de Texaco y Exxon.

El segundo acreedor de México es el Bank of America, dueño de la Standard Oil Company of California, segundo accionista en importancia de Union Oil of California y tercero de la Continental Oil de Dupont. De igual forma, nuestro tercer acreedor, el Manufactures Hannover Trust, es el dueño de los bloques accionarios más grandes de Arco, Exxon y Phillips Petroleum. El cuarto acreedor, el Chase Manhattan Bank, controla la Exxon - es accionista número uno - y la Standard Oil Company of California (Chevron), así como la Mobil Oil. El quinto acreedor del país es el Bankers Trust, dueño de la Continental Oil Corp (Dupont) y de la Mobil Oil.

El sexto acreedor, Continental Illinois, es el cuarto accionista más importante de la multimencionada Continental Oil y el tercero de la Standard Oil of Indiana. La casa Morgan Garanty - nuestro séptimo acreedor - es principal accionista de Mobil Oil, el segundo más importante de Exxon y Gulf y también el tercero en el caso de la Union Oil of California (Unocal) y el cuarto de Texaco. Finalmente, nuestros octavo y noveno acreedores más importantes, el First National de Chicago y el Prudential Insurance, son dueños de los mayores bloques accionarios de Texaco y Standard Oil of Indiana y de Union Oil, Mobil Oil y Arco.

Los cruces entre la "seguridad nacional", los bancos, las empresas y el aparato militar son, desde luego, mucho más complejos, debido a la enorme multiplicidad de interrelaciones entre ellos. Es decir, a la gran "interdependencia" que caracteriza lo que Mills denominó el "triángulo del poder". Se trata de una enorme multiplicidad de interrelaciones entre grupos y empresas con instituciones privadas, bancos, entes y empresas, oficinas del Ejecutivo y el Congreso. Aunque la convergencia-divergencia de interés en lo que respecta al TLC con México es igualmente heterogénea -y no sólo en el nivel federal, sino también regional y estatal-, existen algunos elementos en que coinciden las diversas unidades de poder, proyectando, en consecuencia, bastante capacidad para "influir en los eventos". Este es el caso en dos aspectos centrales del TLC: el petróleo - y la petroquímica - y la "incorporación o absorción" de los estados mexicanos fronterizos a los Estados Unidos.

Existen procesos sociales y económicos en los estados mexicanos fronterizos, como programas especiales de orden financiero en torno, por ejemplo, a ciertas reformas municipales, que han sido auspiciados por el BM a lo largo de los 36 municipios que colindan con Estados Unidos.

Es cierto, como lo afirmaba recientemente un analista mexicano, que "una estrategia de desarrollo nacional basada en el comercio exterior implica una mayor integración internacional, lo cual necesariamente sugiere que la región de la frontera norte, como zona netamente exportadora y con ventajas de ubicación para esas actividades, incrementará su integración al exterior. Si anteriormente no se logró integrarla al resto de la economía nacional, ahora va a ser más difícil. Es probable que el resultado sea precisamente el contrario. Es decir, una mayor integración del resto de la economía nacional a la región de la frontera norte.

Ya no hay fronteras

Existe coincidencia en que las fronteras tienen gran importancia para los estados nacionales y que no se puede pedir a Estado alguno que acepte pasivamente su propia destrucción. El problema es que la actual política económica, al cruzar las líneas de mando, parece articular de manera concreta precisamente eso en áreas tan fundamentales como el sistema bancario, el petróleo, la petroquímica y la minería. Se reduce así de manera amplia el margen de acción para negociar con Estados Unidos.

Si a esto añadimos la creciente militarización a lo largo de toda la frontera de Estados Unidos con México, no es difícil percibir una sustancial disminución en el "campo de maniobra" para la defensa de la soberanía y de la "jurisdiccionalidad" del Estado mexicano en esa región, incluso si existiera la voluntad de hacerlo, lo que por el momento no resulta evidente.

Si es cierto que los programas e intentos por lograr una vinculación funcional y significativa entre la región fronteriza y la economía nacional han encontrado grandes obstáculos internos y externos, especialmente a partir del período de la guerra fría, también lo es que el TLC prácticamente todos los esfuerzos finiquitará e impulsará el proceso de transformación de la economía - y del territorio mexicano - en plataforma de lanzamiento hacia América Latina de los intereses de Estados Unidos.

Esta es precisamente una importante área de "convergencia" entre el actual gobierno de México y el de Washington. Aún más, el esfuerzo oficial y públicamente admitido del gobierno mexicano es por impulsar "la complementación económica del país con los Estados Unidos, bajo la base de generación conjunta de empleos, producción compartida en diversos sectores industriales y acciones para hacer compatible los ciclos agrícolas".

TLC: un gravísimo error de cálculo

De la complementación económica a la "incorporación", no hay más que un signo lingüístico. Según un documento presentado por el SECOFI, en materia de inversión extranjera se dará autorización "automática" para que los proyectos se realicen con mayoría de capital externo en el 70% de los sectores económicos que integran el producto interno bruto mexicano. Asimismo, habrá "afirmativa `ficta' para los proyectos de inversión foránea y se impulsará el ingreso del capital internacional en las costas y áreas fronterizas".

La incorporación de la economía mexicana a la estadounidense se auspicia, además, porque según la SECOFI, "la complementariedad en la producción compartida en diversos renglones industriales, y la unión de la competitividad mexicana y la estadounidense permitirá ganar el mercado internacional".

Todos estos cambios, enmarcados dentro de los programas sectoriales y de "desregulación" del BM, así como en los contenidos de los préstamos PERL, abarca - según la SECOFI - sectores que van desde el azúcar, coco, café, comercio doméstico y telecomunicaciones, hasta la industria petroquímica, la transportación, la acuacultura, la transferencia de tecnología "y otros rubros". Esta información fue dada a conocer por el Secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, en San Diego, California. En este contexto económico y político resulta ocioso discutir sobre los límites superiores de la autonomía, sea de las regiones o del país.

Detrás de estos procesos y problemas económicos y de producción, hay problemas constitucionales, políticos y estratégico-militares más profundos. Es conveniente advertir que términos como globalización o mundialización, si bien tienen como referente procesos reales de interacción global, limitan la percepción de un proceso fundamental para evaluar, en sus dimensiones reales, las implicaciones que tiene la incorporación "de facto" que se está dando entre México y Estados Unidos y su formalización por medio del TLC. El "orden" económico y político-militar montado después de la segunda guerra mundial -Bretton Woods y la OTAN-, con Washington a la cabeza, se está disolviendo en varias subunidades, con crecientes intereses encontrados. Mucho se habla de "liberalización comercial", asumiendo que todavía existe, por parte de Estados Unidos, la capacidad de coordinación global del sistema capitalista. Pero, en realidad estamos en presencia de "bloques comerciales" y "político-militares" en formación.

La competencia por materias primas, por acceso al petróleo, a los mercados y a los recursos financieros tenderán a aumentar los resentimientos y conflictos regionales y nacionales. En medio de este panorama, la línea de subordinación adoptada por el gobierno mexicano desde 1982, pasará a la historia como uno de los errores de cálculo de mayor envergadura que se han cometido. Como lo expresó Alan Stoga, economista de la influyente firma consultora Kissinger Associates, en la que confluyen intereses de las empresas, de los banqueros y de la seguridad nacional: "Por razones estratégicas y comerciales el futuro de América Latina está en Estados Unidos y viceversa. Es necesario empezar a explotar lo que significaría un acuerdo de libre comercio hemisférico. El eje clave es México, Estados Unidos y Canadá. Si ese acuerdo trilateral de libre comercio se desarrolla, se empezaría a alentar el desarrollo de relaciones comerciales que a la larga conducirían a una zona comercial hemisférica".

Tal proyecto y aspiración de dominio no es nuevo. Calza en los lineamientos de la más pura cepa monroísta, con la diferencia de que ahora el gobierno mexicano comparte tales pretensiones.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
FMI: Crónica de una visita anunciada

Nicaragua
Bienvenidas a la Zona Franca

Nicaragua
Lodo de alcantarillas: un negocio sucio

El Salvador
Tras la pista de los escuadrones

Guatemala
El ritmo de los cambios es muy lento

Honduras
Un voto contra el neoliberalismo

México
TLC: algo más que libre comercio

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web