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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 144 | Diciembre 1993
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Nicaragua

FMI: Crónica de una visita anunciada

En el río revuelto de los diálogos, los reacomodos políticos y las reformas constitucionales, la ganancia fue para los "pescadores" del FMI, que se salieron con la suya.

Equipo Envío

El 15 de noviembre llegaron a Nicaragua los primeros emisarios de las misiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Su visita y la de los funcionarios que vinieron después estuvo cargada de secretismo, salpicado por declaraciones siempre optimistas de los ministros del gobierno de Nicaragua. El único dato hecho público fue que el FMI demandaba al gobierno un presupuesto más austero que el presentado por el Ministro de Finanzas.

El final nada feliz de esta visita será probablemente una claudicación del gobierno a las demandas del FMI para así llegar con el apoyo del Fondo a la Conferencia de los Países Donantes, (Managua, 14-15 de diciembre). En la Conferencia, el gobierno podría buscar el apoyo de los países más amigos para volver a rediscutir con el FMI y el BM en enero/94.

Cuando el 3 de diciembre la misión de los organismos financieros abandonó el país el Ministro Lacayo declaró: "Cada vez se acercan más nuestras posiciones". Y anunció que los acuerdos se firmarán en 1994.

El gobierno ha presentado como un éxito el paso de las misiones del FMI y el BM para negociar el ESAF y el ERC-II. También anuncia como éxito el haber conseguido en préstamos internacionales para 1994 por lo menos 700 millones de dólares - habla en ocasiones hasta de 900 millones - y el haber salido de la crisis de divisas que padeció en 1993.

De nuevo las imágenes oficiales son alentadoras. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esas imágenes? ¿Qué significa para el país firmar el ESAF? ¿Y el ERC-II? ¿Hubo negociación con el FMI y el BM o hubo sencillamente una claudicación de Nicaragua ante las exigencias del FMI? ¿Está solucionada ya la crisis de la ayuda externa?

El ESAF: más de lo mismo

Las siglas ESAF significan, traducidas del inglés, Servicio Ampliado de Ajuste Estructural. Firmado este acuerdo, el FMI otorgará a Nicaragua un préstamo de 20 millones de dólares, concebido como un "servicio" ampliado, o extendido, para que Nicaragua ajuste su estructura productiva, haciéndola más competitiva en el mercado internacional.

Si el ESAF produjera este resultado, la austeridad que propone valdría la pena. Sin embargo, tras la retórica de la libre competencia y el libre mercado, existen en nuestra economía mecanismos ocultos que hacen del ESAF, por bien intencionado que sea, un programa que actúa sobre un mercado administrado y que por eso, sólo beneficia a minoritarios grupos nacionales y a los organismos financieros que promueven el acuerdo.

En este panorama, el "servicio" del ESAF es una oferta del FMI, que sabe que Nicaragua no puede pagar el dinero ya prestado. Es una oferta que traza una estrategia de ganancias financieras para el FMI y el BM, destinado a cobrarle al país los intereses de su deuda en un período extendido. El FMI es un banquero astuto, que no cuenta con recuperar el principal de sus préstamos, sino que busca cobrar intereses, haciendo nuevos contratos que le aseguren que el flujo de dinero de Nicaragua al FMI y al BM sea superior a la cantidad de los nuevos préstamos que le otorgará a Nicaragua. En 1994, el FMI nos prestará 20 millones de dólares y el Banco Mundial 130 millones, y recibirán a cambio 226 millones de dólares en pago por los intereses de la deuda, quedándose con un excedente de 76 millones de dólares.

El FMI no es sólo un banquero astuto. Es también poderoso: si Nicaragua no firma el ESAF, el FMI no dará luz verde para que Nicaragua se siente a la mesa del Club de Donantes para renegociar su deuda con el BM, con el BID y con los países que le dan dinero a nuestro país y así conseguir el financiamiento que necesita para que la economía sobreviva un año más.

En el acuerdo ESAF, el FMI impone condiciones a Nicaragua para asegurar que el país destine sus excedentes a pagar los intereses de su deuda en vez de gastarlos en las necesidades de la producción y de la población.

Todo esto da al FMI la imagen de un usurero que vive de las desgracias y la necesidad de su cliente. Pero este usurero no obliga al pobre a aceptar su "servicio". Le hace una oferta legal y le deja actuar de forma totalmente libre. El problema es que el pobre no tiene otro palo en el que ahorcarse.

El mismo FMI responde siempre a estos argumentos afirmando que sus programas producen crecimiento económico y que la amarga medicina que receta conduce a sus pacientes enfermos a la salud del ajuste estructural. En el caso de Nicaragua, si fuera así, si la economía mostrara cualquier signo de ajuste estructural o de reactivación económica y de mayor competencia internacional, la firma del ESAF sería un verdadero servicio el país. Sin embargo, tras dos años del primer Programa de Ajuste Estructural, no hay ni una seña de reactivación económica ni de ajuste estructural. El logro de la estabilización monetaria y del control de inflación no han sido acompañados por la reactivación y el ajuste, como argumentamos ampliamente en envío de octubre/93. Dada esta situación, el ESAF será solamente más de lo mismo. De este Servicio Ampliado de Ajuste Estructural no saldrá nada de ajuste estructural y por eso, no tiene nada de servicio. Lo que sí es ampliado: ampliará el desempleo y profundizará el estancamiento de la economía nacional.

El ERC-II, según sus siglas en inglés, significa Segundo Préstamo de Recuperación Económica. Este lo otorga el Banco Mundial. No es un apoyo fundamental a la recuperación económica porque está condicionado por el ESAF.

¿Acuerdos negociados?

Un acuerdo significa una negociación. Hasta ahora nunca ha habido negociación entre Nicaragua y el FMI y el BM. Y los pronósticos de que ahora se dé una negociación verdadera son mínimos. No son ni el FMI y ni el BM los responsables o culpables de esto, sino el gobierno y la oposición política de Nicaragua. Estos organismos multilaterales tienen capacidad, habilidad y disposición para negociar pero no encuentran en Nicaragua una contraparte capaz de hacerlo.

¿Qué debe haber sobre la mesa de negociación? Por el lado del FMI y del BM, es lógico que esté el deseo de recuperar los recursos financieros prestados, como sucede con cualquier banco. Por el lado del gobierno está el interés de acceder a un flujo continuado de financiamiento. Pero esto sólo tiene razón de ser si el financiamiento se va a utilizar para invertirlo en la producción y no sólo en la estabilización, como quiere el FMI. Si Nicaragua no defiende este derecho a obtener más recursos externos para la producción, esto sólo nos llevará a un mayor endeudamiento, creándole a la economía una dependencia estructural, permanente y nociva.

Programación financiada

El gobierno Chamorro no tiene capacidad de negociación. No es capaz siquiera de presentar una programación financiera para 1994 alternativa a la que sugiere el BM y el FMI. Este es el punto crítico y clave del acuerdo ESAF, porque la programación financiera es el instrumento principal que el FMI utiliza para garantizar sus medidas de austeridad. Lo que el gobierno firma en el ESAF es precisamente eso: una programación financiera, que garantiza un presupuesto público austero y lleno de recortes en función de garantizar que Nicaragua pague su deuda externa.

¿Por qué no puede el gobierno debatir la programación financiera que viene a imponerle el FMI? En primer lugar, el gobierno no puede hacerlo porque no tiene elaborado un presupuesto nacional alternativo a partir del cual hacer esa programación financiera alternativa. Los propios asesores del FMI saben que el presupuesto que les presentó el Ministerio de Finanzas tiene un carácter elástico, que cambiará según los vaivenes económicos del país. Y sabe también que el Ministerio de Finanzas no actúa todavía con adecuada transparencia ante la nación. Naturalmente, al FMI no le importa esta falta de transparencia, siempre y cuando el presupuesto asegure recortes en los gastos del gobierno e incremento en los impuestos. Incluso, le agrada al FMI que la Asamblea Nacional no tenga autoridad real para revisar y aprobar el presupuesto nacional, así se abrirían las puertas a un presupuesto expansivo que pondría en peligro el pago de la deuda externa nicaragüense.

En segundo lugar -y esto es quizás más importante- el gobierno no es capaz de presentar alternativa porque es rehén de la ideología neoliberal, que cree que el mercado hace todo por sí sólo y que no es necesario un Estado que rectoree el proceso de ajuste estructural. Una ideología que llega a creer con una peligrosa fe ciega que la receta del FMI para la reactivación y el ajuste económico es tan milagrosa como la receta que ya aplicó y dio resultado para el control de la inflación y la estabilización económica. Cuando se tiene esta fe, el gobierno delega sus responsabilidades y es el FMI el que pasa a rectorear al país y al gabinete económico, sin darle ninguna libertad, metiéndolo en una camisa de fuerza.

El "mercado" en Nicaragua

La realidad contradice estos dogmas de fe. La realidad es que nuestro mercado está en construcción y en crisis. Está segmentado, no tiene libre acceso a la información y está debilitado por controles oligopólicos. El Estado facilitador -que ha sido un factor fundamental para los relativos éxitos del ajuste estructural en Chile y en mucho menor grado en México y Costa Rica- no existe ni por asomo en Nicaragua. La construcción de ese Estado es en Nicaragua una tarea de mediano y largo plazo. El gobierno actual ni siquiera ha comenzado esa tarea. Los conflictos políticos le han dado la excusa para no iniciarla. La causa de fondo está en la escasez de capital humano para la construcción de un Estado eficiente, con coherencia política y con un proyecto propio. Y en la negligencia del gobierno en patrocinar programas que formen ese necesario capital humano.

La oposición también ha mostrado poco interés en negociar estos acuerdos. El conflicto sobre la política fiscal - surgido a raíz del paro del transporte en septiembre - está en el mismo centro de la agenda de negociación de los acuerdos. Sin embargo, ni los diputados ni los políticos cuestionan desde ahí el presupuesto que el Ministro de Finanzas presentó este mes a la Asamblea Nacional y olvidaron casi por completo este tema central, cediéndole espacio al tema de la privatización. Hoy, como desde hace tres años, tanto el FSLN como la UNO siguen priorizando el problema de la propiedad sobre el problema del desempleo y el desarrollo.

Por estas y por otras razones, el BM y el FMI no encuentran contrapartes adecuadas para negociar el acuerdo ni en el gobierno ni en la oposición política.

Primer acto: crisis de divisas

Varios son los actos del drama que ha precedido la visita de la misión que prepara ahora a Nicaragua para que firme el ESAF y el ERC-II.

En 1993, la ayuda externa descendió drásticamente. Aún más importante fue el cambio que se produjo en la composición y en las fuentes de la ayuda externa que Nicaragua recibía.

En primer lugar, se redujeron las divisas líquidas que el gobierno usa para pagar la deuda externa, para acumular reservas internacionales netas y para financiar las importaciones, sobre todo petróleo y bienes de consumo. El despilfarro de grandes cantidades de divisas líquidas que el gobierno propició en 1990, 1991 y 1992 es una de las raíces de la actual crisis económica (envío, agosto/93). Sin divisas líquidas, cualquier gobierno se encuentra debilitado ante al FMI porque no puede pagar los intereses de su deuda ni puede mantener la estabilidad de su moneda nacional ni controlar la inflación. Sin divisas líquidas, el gobierno está debilitado también ante la población porque no puede garantizar el abastecimiento de petróleo y combustibles ni la importación de otros insumos para la producción y de bienes de consumo que el país requiere.

Pero no sólo se redujeron las divisas líquidas. Las fuentes de la ayuda externa cambiaron también significativamente en relación a los tres primeros años del gobierno Chamorro. Entre 1990 y 1992, el monto principal de la cooperación externa venía en donaciones bilaterales de Estados Unidos y de otros países. Por lo menos 200 millones de dólares de la ayuda externa total provenían de esta ayuda bilateral. La principal dependencia de Nicaragua en cuanto a ayuda externa era frente a Estados Unidos. Ahora ya no es así. El monto fundamental de lo que llega proviene de préstamos multilaterales del FMI, el BM y el BID. Esta nueva dependencia da a estos organismos internacionales un enorme poder sobre Nicaragua.

El gobierno necesita los nuevos acuerdos con el FMI y el Banco Mundial - el ESAF y el ERC-II - para acceder al financiamiento de estos organismos, esencial para mantener el flujo de recursos externos en divisas líquidas, esenciales para mantener a flote su plan de estabilización. Sin los préstamos de estos organismos, no podría cumplir con el pago de la deuda, no podría acumular reservas para mantener el tipo de cambio actual ni podría cubrir la demanda de importaciones, amplísima en un país con la producción nacional en quiebra.

Segundo acto: casi colapso

La brecha de divisas líquidas se arrastra desde inicios de 1993, cuando ya era de 140 millones de dólares. El gobierno empezó el año económico 1993 sin garantías de culminarlo.

Esperaba el gobierno que esta brecha sería cubierta por la Comunidad de Donantes en el Club de París (abril/93). Pero no fue así. En aquella reunión no logró más que recibir presiones para que resolviera los problemas políticos internos como pre-condición para el otorgamiento de este volumen - e incluso menor - de recursos externos.

A esta crisis se sumó en junio el congelamiento de 48 millones de la ayuda norteamericana, hasta que el gobierno de Nicaragua demostrara estar desvinculado del terrorismo internacional - caso del buzón de armas en el barrio Santa Rosa de Managua - y mostrara control civil sobre el poder militar.

El mes de agosto cerró sin que las condiciones de operación corriente de la economía estuvieran aseguradas. El gobierno estaba en una encrucijada: decidido a cumplir a toda costa con sus compromisos de pago de la deuda, tendría que reducir reservas e importaciones, lo que anunciaba una devaluación de la moneda y el fin de la época de las vitrinas llenas de artículos importados.

Tercer acto: el FMI no viene

A esta constelación de situaciones desfavorables se sumaba que el FMI no respondía a la petición del gobierno de Nicaragua solicitando que enviara al país una misión para preparar un nuevo acuerdo.

El FMI no mostraba interés en iniciar un nuevo acuerdo por dos razones. En primer lugar, esperaba los frutos de las presiones de Europa para una reconciliación política y de Estados Unidos para el desplazamiento del sandinismo y la ruptura del co-gobierno. En segundo lugar y sobre todo, para el FMI resultaban aún insuficientes los serios recortes efectuados a lo largo de 1993 por el gobierno en el gasto público, en el circulante y en el crédito interno.

El retraso de la visita de las misiones del FMI y el BM para negociar nuevos acuerdos se debía fundamentalmente a la intransigencia de estos organismos, que querían asegurar más austeridad y ortodoxia monetarista y no estaban seguros de poder conseguirla: el intento del Ministro de Finanzas de implementar la nueva austeridad requerida - más y nuevos impuestos - provocó en septiembre un estallido con el paro nacional del transporte.

Cuarto acto: el show de los economistas independientes

Para romper el cerco de todas estas presiones, políticas y económicas, el gobierno montó una serie de eventos que proyectaran una imagen de unidad nacional en torno a los temas económicos. Al fracasar el diálogo político tripartito, lo sustituyó por el diálogo con los economistas independientes. Pero ninguna de las reuniones con los economistas fueron serias y muchos de los invitados nunca llegaron.

Desesperado por conseguir la visita de una misión técnica del FMI para firmar el acuerdo, el gobierno invitó por su parte a 20 especialistas del BM y del FMI para que se reunieran con los economistas independientes y con el gabinete económico. El escenario fue diseñado para que el BM convenciera a los economistas no gubernamentales de la necesidad de aceptar la versión fondomonetarista del ESAF. Fue entonces cuando se hizo el primer anuncio del ESAF. Varios de los economistas independientes rechazaron participar en el encuentro indicando que no necesitaban ninguna lección sobre las recetas del FMI/BM sino un espacio de debate. El mensaje de los organismos internacionales en aquella oportunidad fue claro: "más austeridad en un período de ayuda externa en descenso".

Quinto acto: la venta del trago amargo

Cuando al fin se consiguió la llegada a Nicaragua de la misión del FMI, el gobierno montó una campaña propagandística para preparar a la población ante el nuevo paquete económico y se aplaudió la misión como un éxito logrado por el país.

El Ministro Lacayo anunció que 1994 sería por fin el año del despegue y de la reactivación económica. El Ministro Pereira profetizó un crecimiento de la economía en un 2.5%. Varios funcionarios se refirieron a aumentos significativos en el crédito a la producción - especialmente a medianos y pequeños productores - y la dedicación de más recursos para la inversión pública y la creación de más empleos productivos. Y se lanzó a bombo y platillo la llamada Agenda Social. Pero de esta visita y de este acuerdo no saldrá nada nuevo. Sólo una intensificación de la austeridad y una prolongación durante otros tres años de las mismas políticas recesivas que conocemos. Las condiciones que imponen los acuerdos con el FMI y el Banco Mundial indican que todo el optimismo gubernamental no es sino un nuevo espejismo con el que disimular este nuevo trago amargo.

Monetarismo tres años más

La propia lógica del ESAF y el ERC-II impiden el cumplimiento de todas las promesas optimistas. Los acuerdos consagran la política económica de 1991-92.

A diferencia de los anteriores, que eran por períodos más cortos, estos nuevos acuerdos son por tres años (1993-1995). Vienen además amarrados a una impresionante condicionalidad cruzada. Esto significa que el cumplimiento de las condiciones impuestas por los acuerdos con un organismo es, a su vez, condición para el desembolso de los préstamos del otro organismo, y viceversa.

Con estos acuerdos se inicia un período de mayor inflexibilidad en el rumbo de una política económica nada flexible, centrada en la estabilización monetaria. Dentro de la concepción del FMI, inflexibilidad significa que el gobierno tendrá que ajustar permanentemente el exceso de gasto en la economía con mecanismos de austeridad: reduciendo el consumo de la población, el gasto público y las inversiones. Esto hará aún más agobiante la asfixia financiera de la economía y provocará que se beneficien de ella grupos cada vez más minoritarios del gran sector privado.

¿Hay que aplaudir?

El gobierno enfatiza el valor de estas negociaciones afirmando que sin pasar por ellas, no entrará dinero al país. Los préstamos asociados al ESAF y al ERC-II totalizarán 220 millones de dólares (130 del Banco Mundial, 70 del BID y 20 del FMI), junto a otros préstamos (30 millones de Taiwán), que podrían ser desembolsados a fines de 1993 o a inicios de 1994. A ellos hay que sumar los 48 millones retenidos por los Estados Unidos y destrabados según anuncio personal de Clinton el último día del mes de noviembre, y los nuevos fondos estadounidenses para 1994, ya anunciados como mucho menores que nunca: unos 65 millones.

Aunque los acuerdos son onerosos, el gobierno los aplaude: el flujo en divisas líquidas, aunque inferior al de 1992, es muy superior al de 1993. Según el Ministerio de Cooperación Externa, las divisas líquidas que en ayuda internacional entraron al país fueron: 476.8 millones de dólares en 1992 y 197.3 millones en 1993. Para 1994 se calculan 350 millones.

La euforia del gobierno es engañosa. De todos estos fondos líquidos para 1994, nada menos que 226 millones serán para el pago de la deuda, lo cual reduce sensiblemente los que estarán disponibles para reservas e importaciones. Con el agravante de que con ese resto se debe reponer la pérdida de reservas de 1993, que podría ser de 50 millones al finalizar el año. Sólo quedarán entonces unos 64 millones de dólares en divisas líquidas para 1994. Muy pocas comparadas con los 200 millones anuales de los que el país disponía en 1991 y 92. Además, los acuerdos estipulan que con ese resto el gobierno debe acumular nuevamente reservas de divisas para 1994, equivalentes a varios meses de importación.

La propaganda gubernamental engaña: habla con optimismo y triunfalismo. Pero el FMI dice la verdad: no oculta nunca que hay menos financiamiento internacional y que esto exige más austeridad.

Una camisa de fuerza

El primer resultado de los acuerdos será más recesión económica y desempleo. Se calcula 13 mil nuevos desempleados a corto plazo. La condicionalidad del FMI impone un recorte para 1994 del gasto público en un 4.6% del PIB. Dados los severos recortes del gasto ya hechos y los niveles extremos de recesión que estos recortes han originado, contrayendo la demanda, un recorte adicional de esta magnitud representará una presión recesiva intolerable.

El ajuste estructural ha sido en Nicaragua extremadamente recesivo, por basarse exclusivamente en el recorte del gasto del gobierno. Los cálculos del Banco Central indican que un recorte en 5% del gasto real del sector público producirá una caída del PIB en 1.3%, permaneciendo constantes todos los demás indicadores.

En la situación a la que empujan al país los acuerdos, continuará la aguda falta de dinero en circulación y el estrangulamiento financiero de la economía. Los acuerdos mantienen a Nicaragua metida en la inflexible camisa de fuerza de la programación financiera. Obligadas las autoridades de Nicaragua a acatar hoy metas de crédito interno y de gasto del gobierno basadas en pronósticos efectuados a veces casi un año antes, se verán forzadas a lo largo del año a aplicar una política mucho más restrictiva y a hacer recortes del gasto mucho mayores en caso de que dichas proyecciones se incumplan. Es lo que ya pasó en 1993.

Las implicaciones de tener al país sometido a esta camisa de fuerza son inmediatas. Si se produce cualquier acontecimiento que varíe la programación del año y que signifique o pueda significar pérdida de reservas internacionales, el gobierno estará obligado por la programación financiera acordada a incrementar sus medidas de austeridad. El Banco Central emprenderá una política "compensatoria" de contracción del crédito a los productores mayor a la prevista, en previsión de la pérdida de reservas que podría producirse. Y el gobierno lo mismo: estará obligado a hacer recortes adicionales de sus gastos.

Lo absurdo del ESAF es que impone un enorme sacrificio al país, sin resolver el problema al que pretende dar solución: conservar la estabilización y lograr un ajuste fiscal que elimine la brecha externa e interna de la economía. Hasta ahora, con los recortes del gasto público y la asfixia financiera, recetadas desde fuera, sólo se ha obtenido una ampliación de la brecha externa, más y más recortes del gasto público y, con ello, una producción en quiebra y a la deriva. Este es el cinismo cruel del ESAF: es medicina que no cura el mal para el que está diseñada, sino que crea nuevas enfermedades. Y ésta es la irresponsabilidad del gobierno: negociar en secreto un acuerdo tan crucial para el país.

Los amargos frutos del 93

Ya en 1993, la lógica de la actual programación financiera, desafiada por la disminución de los niveles de cooperación externa, y especialmente por la disminución en divisas líquidas, condujo a:

1) Una mayor contracción de los créditos. En septiembre de 1993, el crédito interno del Banco Central a los bancos comerciales se había contraído en un 50% con respecto a 1992.

2) Una mayor reducción de la inversión pública. Se redujo ésta en casi 40% respecto a 1992. También se recortó el gasto corriente del Estado en casi 17% respecto a 1992.

3) Una mayor contracción del dinero circulante. Hubo un 33% menos con respecto al que circulaba en diciembre de 1992.

Todo esto significó un agravamiento masivo, abrupto y vertiginoso de la recesión y el aumento de los niveles de desempleo y subempleo, estimados ya por encima del 60% de la población económicamente activa. Y radicalizó el escenario de ingobernabilidad, que se expresa no sólo en las a veces artificiales tensiones de las cúpulas políticas sino sobre todo en peligrosos procesos de descomposición social. Los resultados de 1993 se repetirán en 1994, porque la programación financiera será una camisa de fuerza aún más severa.


Agenda social: nublada por la agenda monetaria

La condicionalidad cruzada que caracteriza los nuevos acuerdos permite al BM la revisión y control de los programas de inversión pública, incluyendo en ellos los programas de viviendas sociales e incluso otros programas, los de la misma Agenda Social, garantizando que éstos no se ejecuten si requieren contrapartida monetaria nacional. En Bolivia y Venezuela actuaron estos mismos reglamentos, y para evitar cualquier brote de inflación proveniente de colocar más circulante en manos de la población, el BM determinó que los programas públicos de construcción y otros programas sociales - recomendados por el Programa de las Naciones Unidas como un puntal de la reactivación económica y el empleo - no se realizaran.

Más créditos: espejismo

El hecho de que el gobierno haya sido incapaz de desembolsar casi 200 de los 600 millones de dólares que tuvo disponibles en 1993, indica que no es la falta de recursos la principal limitación sino la programación financiera, que impide contar con la contrapartida monetaria local para desembolsar los recursos externos que vienen atados a proyectos y para financiar el gasto local del proyecto. A esta limitación hay que sumar la incapacidad del gobierno para diseñar y ejecutar proyectos.

El mayor entusiasmo lo ha expresado el gobierno afirmando y reafirmando que en 1994 habrá más crédito para la producción. El impuesto a más de 200 bienes suntuarios, decretado a las puertas de Navidad, se justificó en que todos estos recursos y otros más irán ahora a manos de pequeños y medianos productores.

Se trata de otro espejismo. La condición -planteada en los acuerdos- de "mantener al sistema financiero libre de políticas de crédito dirigido" significa que la banca estatal debe continuar operando estrictamente en base a criterios de banca comercial privada, y que bajo ningún concepto puede operar como Banca de Desarrollo, orientando el crédito hacia sectores productivos de gran importancia o claves desde el punto de vista económico y social, o con un gran potencial futuro, aunque con dificultades en el presente. La banca privada no atiende nunca a estos sectores por considerarlos muy riesgosos o porque no le dan suficiente rentabilidad. La banca estatal está obligada a actuar con similares criterios.

La asignación del crédito en base a estrictos criterios de banca comercial tiende a concentrar el crédito en las actividades que resultan más rentables y menos riesgosas, en las que aseguran una rápida recuperación. Esta es la orientación de toda la banca privada. En 1992, el peso del crédito al sector comercial y los préstamos personales en moneda local fueron el 61% de los créditos otorgados por los bancos privados. Los préstamos agrícolas apenas representaron el 2.8%. Asimismo, los bancos privados concentran los préstamos en el corto plazo. Sólo el 1.3% del total se otorgó a un plazo mayor de 12 meses. El 44% fue para préstamos con un plazo de entre 1 y 6 meses.

Existe también en el ESAF la condición de que se eleve la tasa de interés del Banco Central. Esto significa subir toda la estructura de tasas de interés, que ya se encuentran en niveles prohibitivos. Significa también que el Banco Central - que recibe recursos externos en términos sumamente concesionales - sólo los pondrá a disposición del sistema bancario a esas exageradas tasas de interés, lo que cerrará aún más la llave del Banco Central en su aporte a la disponibilidad global de crédito.

Los acuerdos con el FMI y el BM son también la consagración del actual marco de radical apertura comercial a las importaciones. Este marco imposibilita la más mínima recuperación de la producción nacional y la arrasa. Significa el derrumbe de los precios de la producción campesina por el dogmatismo neoliberal de erradicar el papel de acopio de la empresa estatal ENABAS. Supone la entrega de los servicios públicos de agua, luz y comunicaciones al gran capital privado local y extranjero dentro de una lógica rentista. Y traerá definitivamente una plena "desregulación del mercado de trabajo", facilitando el despido de los trabajadores y promoviendo su sobrexplotación.

¿Algún consuelo?

Mientras todo esto, tan trascendental, se discutía - o se aceptaba sin discusión - en el más completo hermetismo, los diálogos políticos ocupaban más espacio que nunca en la información nacional, bastante desconectados de la crítica realidad económica y del interés de quienes en la nación padecen la crisis. En este río revuelto de los reacomodos políticos, la ganancia fue para los "pescadores" del FMI, que se salieron con la suya.

No parece halagüeño el futuro inmediato. ¿Será algún "consuelo" la llamada Agenda Social? Fue presentada pomposamente por el gobierno el 22 de noviembre y después está siendo masivamente publicitada con muchos recursos.

El gobierno define esta agenda como "destinada específicamente a proteger a la población más vulnerable, que es la que por determinadas razones no puede satisfacer sus necesidades básicas o no tiene en estos momentos fácil acceso a los medios para lograrlo" y a "apoyar a los sectores productivos que están marginados de los mecanismos formales del mercado". Esto, en la práctica, quiere decir que está destinada a la mayoría de la población. Con el ESAF y el ECR-II podría llegar a significar que su destino es la inmensa mayoría de la población.

Casi todos ¿Será entonces que el "proyecto de desarrollo nacional" del gobierno no es otro que el proyecto asistencialista y de caridad pública que representa la Agenda Social? La respuesta a esta pregunta es inquietante.

Aunque tal vez ni siquiera sirva de consuelo la Agenda. Porque la programación financiera del ESAF y el ECR-II lo abarca todo. También la caridad. Y esa camisa de fuerza prevé y ordena también recortes en la agenda social, si ésta resulta excesivamente "generosa" con los pobres. No parece nada próspero ni venturoso el año nuevo 1994.

DIÁLOGO NACIONAL: ¿PASOS FINALES?


Realismo y sensatez por un lado. La presión de la crisis económica por el otro. Y desde el Norte, la presión-impulso de Washington exigiendo un entendimiento tripartito (Gobierno-UNO-FSLN), apretaron el acelerador de los diálogos políticos y del consenso. Como nunca antes.

Se siguió dialogando en público y en privado y en todas las bilaterales o trilaterales imaginables. La diferencia es que ahora sí hubo avances cuantificables y concretos en el diálogo UNO-FSLN sobre las reformas que podrían hacerse a la Constitución de 1987.

Predominaron las bilaterales. La UNO y el gobierno continuaron dialogando sobre sus muchas diferencias.

A comienzos de diciembre totalizaban ya 12 prolongadas sesiones
-más de 100 horas- y según los interlocutores existen ya importantes acuerdos. Dos son los temas de mayor tensión por el nivel de exigencia de la UNO. El recorte de las excesivas funciones que por decreto y nada más asumir el poder, la Presidenta Chamorro concentró en su yerno, el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo. Y el reclamo que hace la UNO para que se asignen funciones sustanciales de gobierno al Vicepresidente Godoy - no tiene ninguna - y para que sus dirigentes políticos ocupen ministerios importantes en el gabinete puede ser mayor a partir de 1994. Entre ellos piden el de Gobernación, el de Economía y el de Finanzas.

El FSLN y la UNO iniciaron y concluyeron en un tiempo récord de 9 maratónicas sesiones un diálogo más concreto. Revisaron los 202 artículos de la Constitución y lograron consenso para reformar cualitativamente 92 de ellos, quedando pendientes de consensuar sólo algunos temas, menores y mayores.

Una reforma a fondo de la Constitución


El diálogo sobre la Constitución no sólo dará paso a una reforma a fondo de la Carta Magna -que se consumaría en el 94-, sino que dividió virtualmente -tal vez irreversiblemente- a los 10 partidos de la UNO. 6 partidos respaldan tanto el proceso reformador
-hecho necesariamente en conjunto con los sandinistas- como las reformas concretas que se acordaron. Y 4 partidos -las tres facciones liberales (PLC, PLI, PALI) y una de los conservadores (PNC)-, aunque dicen respaldar el proceso y las reformas, no les quieren dar curso. Justifican su negativa en argumentos ideológicos -de los sandinistas nadie se puede fiar-, y en argumentos políticos "legalistas" -previamente a cualquier reforma, la UNO debe recobrar la mayoría en la Asamblea Legislativa y los diputados "de centro" deben abandonar sus escaños-.

Es claro -y cada paso que dan lo demuestra- que la UNO desea prolongar la crisis, multiplicando así el desgaste de permanentes diálogos y tensas reuniones, con el objetivo de que este desgaste y atascamiento logre desembocar en un adelanto de las elecciones del 96. A la par de ellas, podrían convocar - con más legitimidad y dentro del mismo presupuesto -a una Asamblea Constituyente. Para esas elecciones, la UNO cuenta con el voto de los nicaragüenses en el exterior, disposición legal que aún no existe, pero que asegurarían previamente.

Confían los grupos más ultraderechistas de la UNO que el reacomodo de poder que alcanzarían por este camino les sería mucho más favorable que el de las simples reformas. La mayoría arrolladora que esperan obtener sobre el sandinismo les permitiría prescindir de cualquier entendimiento con los sandinistas y con el actual equipo de gobierno.

Existe una clara determinación de los intransigentes de la UNO - acompañados en su intransigencia por sectores empresariales, eclesiásticos y medios de comunicación - de que no se llegue pronto a acuerdos definitivos con el FSLN.

Existe un creciente pragmatismo y decisión en el FSLN y en el sector flexible de la UNO - con menor representatividad social y más reducidas bases que el intransigente - de llegar a un acuerdo nacional, a un proyecto de estabilidad política para la nación, con el que funcionar al menos en los próximos tres años. Las reformas constitucionales serían el primer paso de ese acuerdo.

Existe un equipo de gobierno que, aunque rechaza la convocatoria a una Constituyente y respalda la vía de reformar la Constitución, tampoco deseaba las reformas que se han hecho, pues se verá sustancialmente afectado por ellas, ya que reducen sustancialmente - en favor del Legislativo y de sectores de la sociedad civil - el casi omnímodo poder de la Presidenta y de su gabinete económico para gobernar por decreto.


EL CASO DEL ALCALDE DE MANAGUA ARNOLDO ALEMÁN

La gestión de la alcaldía capitalina y la administración de sus bienes comunales vienen siendo cuestionadas desde hace más de dos años por los concejales sandinistas y por un sector de concejales pertenecientes a partidos de la UNO. Aprovechando la situación de reacomodo político que se vive en el país, la concejal del FSLN Mónica Baltodano pasó a una acción más directa y a mediados de noviembre acusó formalmente ante los tribunales al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, por malversación, fraude y peculado en perjuicio de la comuna. El proceso judicial está en marcha siguiendo sus pasos legales, mientras el Alcalde ha iniciado su propio proceso: zafarse del mismo intentando para ello todas las argucias legales. "Esto va para largo", dijo triunfante el Alcalde, después de que frustró el tercer intento de los jueces de sentarlo en el banquillo de los acusados.

Era lógico que en estos momentos de reacomodos en todas las fuerzas políticas, la Alcaldía pasara a ser objetivo estratégico de todos los que en el sandinismo, en el gobierno y en la misma UNO ven con creciente preocupación "la irresistible ascensión" de Alemán. El partido del Alcalde, el Liberal Constitucionalista, ha ido adquiriendo cada vez mayor liderazgo dentro del grupo de partidos más instransigentes de la UNO. Y el mismo Alemán ha ido reforzando hábilmente su liderazgo personal entre los dirigentes políticos de la UNO, en base a su innegable carisma populista plagado de rasgos somocistas y en base a los abundantes flujos económicos que llegan a sus manos.

Desde 1992 Alemán se proyecta como candidato presidencial


Alemán es de hecho el único político nicaragüense que desde 1992 se está proyectando pública y abiertamente como candidato a la Presidencia en las próximas elecciones y lo hace sin pudor y sin temor al desgaste -el resto de políticos se cuida mucho en este sentido-. Esa osadía es ya un signo del poder con el que se siente y con el que cuenta.

Era lógico , igualmente, que el sector intransigente de la UNO transformara la Alcaldía y a Alemán en el principal bastión a defender en estos momentos de crisis. "Es el único reducto que le queda a la UNO. Es la única puerta que queda por derribar en la lucha por la democracia", afirmó con su habitual dramatismo Elí Altamirano, del Partido Comunista, integrado en la UNO. "Estamos en capacidad de paralizar el país y de cambiar el gobierno", dijo en tono de amenaza y con total seguridad el propio Alemán.

Era lógico también que el caso Alemán se convirtiera en estos momentos en un test para marcar de nuevo la línea divisoria dentro de la derecha nicaragüense. Salieron en abierta defensa del Alcalde las personalidades y sectores políticos o sociales más ultraderechistas y antisandinistas. El resto de la derecha guardó distancia o silencio, sabiendo que el caso de los dineros de la Alcaldía es, por lo menos, un asunto turbio. También guarda distancia el gobierno y la propia Presidenta Chamorro.

Los "robos" del Alcalde Alemán


Es norma que el estado de cuentas de las alcaldías sea auditoriado por el gobierno central. En 1993 fueron auditoriadas 92 de las 143 alcaldías del país. Alemán se niega a que el Contralor de la República practique una auditoría en la Alcaldía de Managua, aduciendo que ni él ni la UNO aceptan el nombramiento del actual Contralor ni la destitución del anterior, porque esto se hizo con el voto de la actual directiva de la Asamblea Legislativa, inaceptable para la UNO al dominar en ella el "grupo de centro". A nivel popular se escucha a menudo en Managua este criterio: "El alcalde roba, pero hace cosas. El gobierno roba y no hace nada".

La batalla iniciada para desenmascarar los "robos" del Alcalde en lo que ha hecho o en lo que ha dejado de hacer podrían desembocar en su destitución del cargo. Se trata de una batalla legal y de una batalla política. Por ser legal, puede ser muy larga. Políticamente, es una batalla estratégica pero riesgosa.

Si los negocios de Alemán son turbios, sus conexiones políticas son, además de turbias, cada vez más extensas y diversificadas -en Nicaragua y en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, donde los cubanos anticastristas son tan poderosos política y económicamente -. Alemán hace y sabe hacer alianzas con políticos de los más diversos colores. Esto hace difícil esperar en esta batalla una victoria rápida, limpia y sin secuelas perjudiciales para muchos. Si en caso contrario, la batalla se pierde, Alemán quedaría magnificado como héroe y víctima de una trama injusta y su carisma se adornaría de nuevos oropeles. Si la batalla se prolonga, el efecto podría ser similar, dándole más brillo a su causa y a su persona.

En febrero de 1994 se celebran las elecciones de las máximas autoridades de la Costa Atlántica. El PLC y el propio Alemán participan en estas elecciones con todos los fierros... y con ríos de dólares. El objetivo es alzarse, de cualquier forma, con una victoria. Los comicios del Atlántico pueden considerarse un test válido para medir los espacios que la intransigencia antisandinista y la oposición al gobierno ganan entre el pueblo costeño, especialmente golpeado por la crisis económica. Como un test los considera el Alcalde de Managua.

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