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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 143 | Noviembre 1993
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Guatemala

El Presidente De León en su laberinto

El plan de paz lanzado por Ramiro de León Carpio refleja posiciones duras y presiones del Ejército. El Presidente está perdiendo su gran oportunidad para lograr la paz.

Emma G. Martínez

El rumor del mes de septiembre fue que el Presidente Ramiro de León Carpio iba a renunciar. En octubre, el rumor era la inminencia de un golpe de estado. Por fin, tras cinco meses de nuevo gobierno, se produjo un "intentito" de golpe: una facción del ejército llegó a "tocar las puertas" del Presidente, la versión del asesor presidencial Héctor Rosada. Mientras, seguía la guerra política entre los poderes del Estado, provocada por la campaña de depuración promovida por el Presidente.

Ejecutivo vs. Legislativo

Cuando después de un largo y total estancamiento en el Congreso, los diputados depurables volvieron a las sesiones, en vez de definir el sí o el no de su renuncia colectiva, decidieron discutir propuestas para reformar la Constitución.

Guatemaltecos de diversos sectores concuerdan en la necesidad de reformar la Constitución. La inmunidad parlamentaria y otras trampas legales que tienen su base en artículos de la Carta Magna se han convertido en cobija legal para las mafias que operan abiertamente dentro del Estado. Pero ninguno de los sectores que quiere reformas-con la excepción del Congreso - está de acuerdo en que los cambios que deben hacerse queden en manos del Congreso.

Mientras los diputados - a quienes la gente llama siempre "rateros", "serpientes" y cosas más fuertes - utilizan como escudo la tarea de reformar la Constitución para no renunciar, De León siguió con su proyecto de hacer una consulta popular sobre este asunto.

La consulta del 28 de noviembre no obliga alos diputados a la renuncia, tendrá sólo un valor moral. Unicamente se pregunta al pueblo si está de acuerdo o no en que los diputados renuncien, pero el resultado no los obligará a renunciar.

Organizaciones populares e indígenas criticaron, junto a otros sectores, la consulta. Quisieran que se ampliaran sus contenidos para incluir temas de más importancia, como la existencia de las patrullas civiles y de los destacamentos militares. El Presidente se ha negado a ampliarla y así, se gastarán millones de quetzales en una consulta que sólo tocará un tema que ya está hastiando a los guatemaltecos, el de la depuración.

"Tocan las puertas"

A principios de noviembre, la Iglesia Católica se ofreció a mediar entre el Congreso y el Presidente. Los diputados parecían estar más interesados en un diálogo que el Presidente, que respondió que insistiría en pedir la renuncia de los congresistas y que no cancelaría la consulta. La Iglesia y otros sectores temen que si continúa la crisis de ingobernabilidad, los sectores más derechistas del ejército y el sector privado provoquen un golpe para restaurar el "orden".

Ya hay señales de mucho descontento en el ejército y el sector privado a causa de esta prolongada crisis política. Mientras la cúpula del ejército continúa aliada al Presidente, cuadros medios que están en los frentes de combate y algunos generales retirados con aspiraciones presidenciales estudian cómo aprovecharse de la inestabilidad.

Según el asesor presidencial Héctor Rosada, varios comandantes de frentes de combate llegaron a "tocar las puertas" de la Presidencia en torno al 19 de octubre. Representan a quienes dentro del ejército no están dispuestos a negociar con la URNG bajo ningún punto de vista. Aunque Rosada declaró que la crisis se había superado, admitió que la situación era compleja y que hacía falta un trabajo de convencimiento dirigido a los cuadros medios. "La lógica del ejército es no perder políticamente lo que ganaron militarmente. A los mandos medios no les agrada tener que transar con los que creen derrotados. Cuesta convencerles de la necesidad de negociar. Allí está el problema", explicó Rosada.

¿Plan de paz?

Al principios de octubre, De León presentó la versión final de su plan de paz con la URNG. Muchos esperaban que éste, por ser proclamado por quien fue un buen Procurador de los Derechos Humanos, significaría un avance hacia la paz. Sin embargo, el Plan Rosada - llamado así por su autor, el asesor presidencial Héctor Rosada -, provocó airadas críticas de muchos sectores. La URNG lo rechazó de inmediato, lo que podría anunciar un incremento de la guerra.

El plan Rosada es la versión final de la propuesta anunciada por De León en julio. Ya entonces, organizaciones populares y la guerrilla criticaron la propuesta porque separaba las negociaciones técnicas para un cese al fuego de las negociaciones sobre temas socio-económicos y políticos, que son las que están en el origen de un conflicto que dura ya 33 años.

Según aquella propuesta, la URNG y el gobierno acordarían el fin de la guerra en México, mientras en Guatemala todos los sectores civiles participarían en un diálogo nacional discutiendo los temas socio-económicos. Los sectores civiles - que representan una amplia gama de organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas, religiosas, etc.- el proceso de paz salvadoreño exigían la participación directa en todas las pláticas y evocaban.

Algo novedoso en la propuesta de julio fue el ofrecimiento de un salvoconducto a los comandantes de la guerrilla para que participaran también en el diálogo nacional. La propuesta contemplaba también la mediación y verificación directa de la ONU.
Después de anunciar en julio su propuesta, De León se reunió con diversos grupos en busca de sugerencias para la versión final, que anunciaría en octubre. Todo indica que aceptó únicamente las sugerencias del ejército y del sector privado, porque el plan Rosada no incluye ninguna de las sugerencias hechas por las organizaciones populares y es más inflexible.

"Este plan viene del sector más recalcitrante del ejército y representa un retroceso enorme. Fue formulado para ser rechazado. Es el mismo objetivo que tuvo el plan Serrano: la rendición incondicional de la URNG, dejando en el aire la solución de los graves problemas socio-económicos, políticos y etno-culturales que causaron el conflicto", dijo el líder sindical Byron Morales, que encabeza una coalición de organizaciones populares que exige la participación popular directa en las negociaciones.

Marginan a Quezada

Según Rosada, ante la insistencia del ejército y de la poderosa asociación empresarial CACIF, se decidió retirar la oferta del salvoconducto y ofrecer una amnistía, que ha sido siempre rechazada por los comandantes insurgentes. La mediación de la ONU también fue eliminada del plan, aunque se mantiene que el organismo internacional sería observador del proceso.

"La mediación de la ONU implicaría que aquí hay un conflicto entre dos Estados y que ambos son beligerantes. El CACIF no acepta eso. Esta fue la situación en El Salvador, donde el FMLN logró el control de un territorio, pero la URNG no controla aquí ningún territorio", explicó Rosada.

El plan margina al conciliador, Mons. Rodolfo Quezada Toruño, mediador durante los cinco años que ha durado el proceso de paz. La URNG, la Iglesia Católica y otros grupos cívicos demandaron que Quezada continuara ejerciendo su papel. Antes de que De León lanzara el plan Rosada, Quezada había propuesto su propio plan de paz y éste recibió apoyo entre muy variados sectores, pero fue ignorado por el gobierno. Según analistas, el ejército no quiere que Quezada continúe siendo mediador porque en el pasado acusó públicamente al gobierno y al ejército de no tener voluntad de negociar.

Ni garantías ni voluntad

Otra crítica que se hace al plan es que no ofrece ninguna garantía seria para el respeto de los derechos humanos, en un país que sigue al frente de las naciones latinoamericanas en las violaciones de estos derechos. En el documento no se menciona siquiera el papel del ejército, obviando la responsabilidad que tiene en la muerte de miles de guatemaltecos en los años 80. Tampoco incluye el plan la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad al estilo de la salvadoreña.

Antes de que se suspendieran las pláticas de paz, a raíz del "serranazo" del 25 de mayo, el gobierno y la URNG discutían la posibilidad de firmar un acuerdo sobre derechos humanos. El plan incluye una vaga declaración sobre este tema, pero no está respaldada en ninguna garantía concreta. En cuanto a las patrullas civiles, el gobierno promete no organizar nuevas patrullas "siempre y cuando no existan hechos que lo motiven", lo que permitiría al ejército seguir formando nuevas unidades paramilitares.

"El plan representa un claro endurecimiento de las posiciones del ejército y muestra la falta de voluntad para firmar un acuerdo. De León está perdiendo una gran oportunidad para lograr la paz. Como ex-Procurador, él sabe que la causa principal de las violaciones de derechos humanos es la guerra, y él podría haber entrado en la historia logrando un buen acuerdo de paz. Con De León como Presidente y el General Mario Enríquez como Ministro de Defensa, parecía que estaban dadas todas las condiciones para firmar ese acuerdo. Algunos pensaron que Enríquez representaba una línea de más conciliación, pero parece que la única diferencia es que los nuevos líderes militares son más inteligentes que sus antecesores de la línea dura." Es la opinión de Fernando López, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado.

Héctor Rosada: una clave

Inmediatamente después de que el presidente anunciara el plan, la Mayor Berta Edith Vargas, vocera del ejército, lanzó un ultimátum a la guerrilla, declarando que si los comandantes no aceptaban la propuesta, el ejército los desconocería como líderes de la insurgencia.

Los analistas creen que otros dos factores han contribuido a esta crisis del proceso del paz. Uno es el mismo Rosada, influyente asesor del Presidente y autor de la propuesta de julio y del último plan. Rosada es un aliado del ejército y De León lo ha escogido para encabezar el equipo negociador del gobierno en las eventuales pláticas que se desarrollarían con la URNG.

Rosada es un académico que ha dedicado su vida al estudio de las fuerzas armadas. A los 14 años se presentó voluntariamente a la academia militar, pero fue rechazado por su bajo peso. No esconde ni su fascinación por la vida militar ni su cercanía a la institución armada. "Algunos oficiales me invitaron a ser profesor en la escuela de inteligencia militar. Es el nivel más alto de aceptación que un civil puede obtener. Voy a seguir estudiando al ejército porque, como dijo José Martí, "estoy dentro del monstruo y conozco sus entrañas", afirmó Rosada en una entrevista.

El otro factor que contribuye a debilitar el proceso de paz es que el Presidente piensa que sigue gozando de un amplio apoyo popular y de mucha legitimidad a nivel internacional. "De León cree que su credibilidad es tan alta que no tiene que negociar. Cuando el gobierno de Cristiani mantuvo una posición así en 1989 y se negó a negociar, el FMLN lanzó su gran ofensiva y los morteros llegaron hasta la casa del Presidente. Pero la URNG no parece tener capacidad militar para forzar al gobierno a negociar", explica el politólogo Gabriel Aguilera Peralta, de FLACSO.

¿Tiene poder la guerrilla?

La cuestión de la capacidad militar de la URNG es un interrogante para la mayoría de los guatemaltecos. En los últimos años, la guerra se ha desarrollado más a nivel político y diplomático, más en los foros de Ginebra y Nueva York, que en las montañas del altiplano.

Sin embargo, sólo 24 horas después de que De León presentara el plan Rosada, la insurgencia y el ejército tuvieron el más encarnizado enfrentamiento armado de los últimos dos años. En el departamento de San Marcos, un grupo de 20-30 guerrilleros atacaron al ejército y lo combatieron durante varios días. El ejército admitió oficialmente 30 bajas (3 muertos y 27 heridos), y un guerrillero muerto. Extraoficialmente, los periodistas locales comentaban que los heridos del ejército no cabían en los hospitales departamentales. Un vocero del ejército, Coronel Fabriel Rivas, dijo que la guerrilla no combatió con las tropas y que las bajas se debían a la utilización de minas, que fueron colocadas al pie de los árboles.

Según Rivas, los insurgentes sólo representan militarmente "una molestia" pues no pasan de mil los combatientes armados. Aunque reconoció que tienen miles de simpatizantes civiles, en particular entre las Comunidades de la Población en Resistencia en Ixcán y el Quiché.

Aún siendo cierto esto, la guerrilla puede seguir causando daños económicos considerables. Según la prensa local, en los últimos 30 meses, la guerra ha significado pérdidas por más de 25 millones de dólares en infraestructura a causa del sabotaje. El día en que la URNG rechazó formalmente el plan de paz, los guerrilleros volaron un puente en la ruta sureña a México, causando daños considerables y colapsando el tráfico.

Es una realidad que en los últimos meses ha habido un incremento de la actividad guerrillera y algunos guatemaltecos creen que los insurgentes planean próximas acciones en la capital. A finales de los 70, la guerrilla tuvo capacidad militar en ciudad de Guatemala, pero el frente urbano fue completamente eliminado por la inteligencia militar en 1981.

"El proceso de paz corre mucho peligro y estamos entrando a otra dimensión. Cuando un lado cuestiona la fuerza real del contrincante, es lógico que éste trate de mostrar su capacidad. Durante años, la guerra no ha llegado a la capital, pero el día que llegue y cada quien la sienta en su propia esquina, serán otras las reacciones", especula Byron Morales.

La conferencia del siglo

El 11 de octubre, dos soldados sentenciados por el asesinato de un ciudadano estadounidense ofrecieron a la nación lo que puede calificarse como la conferencia de prensa del siglo. Los reos, Francisco Solbal y Tiburcio Hernández, que trabajaron con la inteligencia militar (G-2), declararon ante las cámaras de la TV que pertenecieron a un escuadrón de la muerte que operó desde la base Santa Elena en el norteño departamento del Petén entre 1987 y 1991. Los dos fueron sentenciados a 30 años, junto a otros cuatro soldados, por el asesinato de Michael Devine en 1990.

"Recibimos órdenes del alto Mando militar. Estamos cansados de que sólo los soldados tengan que cumplir las sentencias. Ya es hora de que el alto mando esté en la cárcel y cumpla su condena con nosotros", dijo Solbal, un soldado de 27 años.

La improvisada conferencia de prensa se realizó en una sala de reuniones dentro de una prisión capitalina. Periodistas de diversos medios no tuvieron problemas para entrar a la prisión, que es una instalación civil. En Guatemala la prensa tiene acceso a la prisiones del sistema penitenciario civil. Quizás esta conferencia no se hubiera producido nunca dentro de una cárcel militar.

Entre 1987 y 1991, Solbal y Hernández mataron aproximadamente a 50 personas consideradas "subversivas" por el ejército. Describieron cómo las víctimas fueron torturadas con electricidad durante los interrogatorios y después apuñaladas o estranguladas para no dejar huellas.

Se confiesan

"Yo maté a unas 20 ó 30 personas, pero murieron muchas más. Matábamos a todo tipo de gente y si no hubiéramos cumplido con las órdenes, habríamos corrido la misma suerte. Pensamos que lo estábamos haciendo por la patria, pero al estar aquí en la cárcel nos dimos cuenta que era en contra del pueblo guatemalteco", dijo Solbal, que ofreció llevan la prensa a un cementerio clandestino dentro de una instalación militar en el Petén, donde están enterrados más de 200 cadáveres. Añadió que muchos cementerios y cárceles clandestinas se encuentran en bases y academias militares.

Los dos soldados dijeron que cuando comparecieran muy pronto ante los tribunales nombrarían a los altos oficiales - incluyendo a generales- que les dieron las órdenes de matar. Pidieron también protección para ellos y sus familias y una reducción de su condena.

Se retractan

Durante la conferencia, estuvieron acompañados por Jorge Lemus, otro reo condenado por robo de carros y consumo de droga, que era quien dirigía la conferencia. Lemus dijo que era investigador y que tenía meses de estar recopilando testimonios dentro de la cárcel entre los soldados y otros reos, tan conocidos como Noel de Jesús Beteta, sentenciado por el asesinato de la antropóloga Mirna Mack. Lemus está por cumplir su condena y cuando salga desea publicar los testimonios de sus compañeros.

"Si el Presidente Ramiro de León nos apoya, será un avance tremendo en contra de la impunidad. Si no responde a nuestro llamado, pedimos el apoyo del pueblo de Guatemala. Estamos aburridos de estar aquí. En esta prisión hay aproximadamente 900 criminales. La mayoría están aquí porque trabajan para algún poderoso. Si este esfuerzo de hoy tiene éxito, ellos también están dispuestos a hablar", explicó Lemus al final de la conferencia.

Las declaraciones actuaron como una bomba entre los círculos políticos y las organizaciones de derechos humanos. El mismo día, De León declaró que él "no encubriría ni avalaría a nadie" y pidió aún más protección para los reos. "La denuncia es seria, de mucha gravedad y muy especial en la historia del país", comentó el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia. Un vocero del ejército restó importancia a las declaraciones, afirmando que eran parte de una campaña de difamación de la URNG, y que los reos habían recibido dinero de organizaciones populares como CONAVIGUA.

Para analistas y miembros de organizaciones de derechos humanos no resultó ninguna sorpresa que sólo dos días después, Solbal y Hernández se retractaran públicamente de todo lo dicho, reconociendo que lo habían inventado y que Lemus les había manipulado ofreciéndoles dinero si decían esas cosas. "Pensamos que los dos recibieron amenazas", comentó Fernando López, del Arzobispado.

Lemus se mantuvo en todo lo dicho, declarando que él no tiene dinero para presionar a nadie. El y otros reos confirmaron que miembros del Estado Mayor Presidencial visitaron la prisión el día antes de que Solbal y Hernández se retractaran y que los soldados cambiaron su historia después de recibir amenazas de esos oficiales. El mismo día que los soldados se desdijeron fueron separados de Lemus y trasladados a otro sector de la prisión. Tres semanas después, Lemus fue llevado a otra cárcel.

"Ellos ya dijeron suficiente, ahora sólo hay que averiguar quiénes fueron comandantes de la base de Santa Elena entre 1987 y 1991", declaró posteriormente Lemus temeroso de ser objeto de represalias. El departamento de relaciones públicas del ejército no respondió a cinco pedidos que se le hicieron sobre la lista de esos comandantes. Al menos, un ex-Ministro de Defensa, el General José García Samayoa, se encuentra en una de esas listas.

Horas después de haberse retractado de todo, Hernández dijo a unos periodistas extranjeros que él no había mentido, pero que temía por su vida. Añadió que sólo hablaría si recibía asilo de alguna embajada. "Mientras tanto no podemos hablar, estamos arriesgando el pellejo aquí adentro".

Se "suicidan"

Sólo dos semanas después de esta famosa conferencia, cuatro reos de otra prisión, en la que se encuentra Beteta, fueron encontrados en diferentes días, ahorcados en su celdas con toallas. Cuando aparecieron colgados los dos primeros, el 21 de octubre, el ministerio público afirmó que se trataba de suicidios. Pero cuando a los pocos días se "suicidaron" los otros dos, se realizó una investigación y varios guardias y oficiales de la prisión fueron procesados por asesinato.

"Están matando a la gente que puede dar información sobre los oficiales que en el ejército participan en el narcotráfico y en el robo de carros. Pero es también una clara advertencia a Beteta, porque todos los muertos eran amigos suyos. El mensaje es: no vayás a decir nada, o te va a pasar lo mismo". Esta es la opinión de Fernando López. Los asesinatos también son un mensaje para los mismos soldados que hablaron. En este momento, sería lógico que mataran a Beteta y a los reos del caso Devine por el alto perfil que han logrado a nivel internacional.

¿Se callan?

EL 3 de noviembre una delegación de abogados estadounidenses de una organización internacional de derechos humanos llegó a Guatemala a investigar el asunto de los soldados del caso de Devine y las condiciones existentes dentro de las prisiones. Querían ofrecer la protección de la OEA a los reos a cambio de que hablaran más, pero a excepción de Lemus, que sigue firme aunque atemorizado, los reos ya no tenían nada que decir.

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