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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 143 | Noviembre 1993
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Nicaragua

¿Un país a la deriva?

Mientras todo los que tienen algo que decir y hacer en esta crisis no emprendan la tarea de encontrarle soluciones al sistema económico, Nicaragua irá la deriva, al vaivén de los vientos de la ingobernabilidad política.

Equipo Envío

La profunda crisis que viene padeciendo Nicaragua tiene dos expresiones: La inviabilidad del modelo económico y la ingobernabilidad política. Desde el primer funcionario del gobierno de Estados Unidos hasta el último ciudadano nicaragüense: todos acepan este diagnóstico. Todos concuerdan también en la medicina: un entendimiento nacional. Qué significa entendimiento y qué significa nacional: es ahí donde se multiplican las diferencias.

Cualquiera podría derrocar al gobierno

Inviabilidad del modelo económico significa la conjunción de varios y complejos índices macroeconómicos que sólo los especialistas logran entender y casi nunca explicar "La torta es pequeña y el gobierno debe decidir cómo repartirla": esta simple definición resume la tensión actual.

La definición de lo que significa en este momento la ingobernabilidad política se oye en la calle: "Este gobierno está tan débil y tan íngrimo que cualquiera lo podría bota. Pero nadie quiere hacerlo. Y eso es lo único que lo salva."

Lo "bueno" de esta crisis es lo grave que ha llegado a ser. El diálogo se ha impuesto. Eso refleja sensatez, madurez, realismo. O como diría el poeta Machado, refleja "esa humildad que cede/sólo a la ley de la vida/ que es vivir como se puede". Hay que dialogar. Ni la UNO ni el gobierno ni el FSLN pueden seguir viviendo en esta Nicaragua de hoy si cada fuerza no tienen en cuenta los intereses de las otras dos. Ninguna de estas tres fuerzas por sí solas puede hacer gobernables la ingobernabilidad nacional.

El consenso es generalizado sobre este punto y eso es un avance. Lo que ya no está tan claro es que exista consenso en estas tres fuerzas sobre las renuncias económicas que tendría que hacer cada una para que Nicaragua sea viable económicamente.

Porque viabilidad económica para la nación quiere decir para todos los ciudadanos y no que sea más "viable" la economía de los dirigentes que dialogan y de los grupos de interés que representan. La torta es pequeña y cuesta esfuerzos y responsabilidad hacerla crecer. Pero los intereses de una gran mayoría de los líderes políticos son grandes y crecen cada día, en un país donde ser político y hacer política se ha convertido en un empleo seguro y en un negocio rentable.

Un abismo que se agranda

Por otra parte, los problemas económicos requieren siempre de soluciones más de fondo, más estructurales. No son tan relativamente sencillos de enfrentar como el cambio de personas o la redacción de leyes. Requieren no sólo de dinero.
Principalmente, necesitan de ejecutores cercanos a la realidad, de instituciones eficientes, de administraciones honestas. Además, los "tiempos" económicos tienen un ritmo que no coincide siempre con el de los "tiempos" políticos. Mientras se armaban y desarmaban mesas de diálogo político se perdió la siembra de postrera, a pesar del buen invierno. Mientras se traba y destraba el diálogo, va a empezar el ciclo cafetalero sin señales claras para los productores.

El abismo entre las super?analizadas propuestas para un entendimiento político y las apenas tenidas en cuenta propuestas para un proyecto económico nacional se agranda cada día más.

La brecha entre las mesas de los diálogos políticos llenas de interesadas agendas y las mesas vacías de alimentos de quienes esos políticos dicen representar es profunda. La distancia entre la Managua política y la Nicaragua rural se agranda.

Y esa es otra dimensión de la actual crisis: el escepticismo generalizado sobre cuándo se rellenará ese abismo y sobre quiénes lograrán hacerlo.

USA se define

Un hecho clave para entender la presente coyuntura es que, después de casi un año de indefinición, el gobierno demócrata de William Clinton rompió su silencio sobre la crisis política de Nicaragua. El 6 de octubre, y compareciendo ante el Subcómite de Asuntos Hemisféricos que depende de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el Secretario adjunto para Asuntos Interamericanos ?es decir, el Vicecanciller para América Latina?, Alexander Watson, expresó claras posiciones sobre el tema. "Nicaragua enfrenta hoy ?dijo? una crisis política, militar y económica. Las tres principales fuerzas políticas: el gobierno de la Presidenta Chamorro, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Unión Nacional Opositora han desarrollado un mutuo antagonismo, hasta el punto de producir una parálisis nacional". Lo que es una forma de señalar la ingobernabilidad política.

Para los analistas más optimistas, al admitir la existencia ?legitimidad- de estas tres fuerzas, Estados Unidos estaría pasando de una política de fomento de la polarización ?alentando el antisandinismo de la UNO? a una política de neutralidad constructiva.

Buscando poner en pie a ese paralítico que es Nicaragua para alinearla con el resto de países centroamericanos y latinoamericanos que en esta "singular oportunidad histórica" "comparten los valores estadounidenses", Watson define la estrategia: expresa su "pleno respaldo" al gobierno Chamorro y llama a las otras dos fuerzas, UNO y FSLN, a restaurar "entre ellas y con el gobierno un consenso básico." Un claro llamado al diálogo tripartito.

Mensajes de Watson para la UNO: no deben creer que "los problemas de Nicaragua se resuelven en Washington" ni suponer que mostrando más "intransigencia" recibirán más apoyo de Estados Unidos. A la idea central de la ultraderecha criolla y norteamericana de que la UNO ganó las elecciones pero perdió el gobierno y que el "pecado original" del gobierno Chamorro ha sido co?gobernar con los sandinistas, sale al paso Watson, refiriéndose "a la convicción de la señora Chamorro de que había que terminar con los ciclos de desavenencias entre los partidos. En términos prácticos, esto significó que la coalición UNO, que había respaldado su candidatura, no gobernaría a la poderosa minoría sandinista, sino que gobernaría con ella".

El mensaje para el FSLN es precisamente ése: reconocer su poder. Admitir por fin, la realidad ? y eventualmente la legitimidad ? del poder que conservó el sandinismo, incluso perdiendo las elecciones. La insistencia de la administración Clinton en que en Nicaragua el poder militar se someta al poder civil ?elemento que también destacó Watson ? trata de neutralizar el más visible de los poderes que conservó el sandinismo: el de las armas en manos de un ejército y una policía que surgieron del pueblo y enfrentaron por una década y con éxito al imperialismo norteamericano.

Elemental, mi querido Watson...

Según Watson, el FSLN tiene ante sí para elegir entre dos caminos: "su pasado dictatorial" y "un futuro democrático". A Nicaragua se le abren también dos opciones: o consenso o ruina. O entendimiento entre las tres fuerzas o reducción cada vez mayor del apoyo económico, no sólo estadounidense, sino también internacional.

En el realismo y madurez con el que los dirigentes políticos nicaragüenses buscan entenderse ha influido poderosamente el mensaje de Watson. John Maisto, nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua ?que presentó credenciales el 8 de septiembre? ha repetido este mismo mensaje a políticos de todos los colores, a alcaldes, a funcionarios, a empresarios y a medios de comunicación, haciendo declaraciones en las que no puede ser más evidente la presión por el diálogo. Lo que demuestra que aunque los nicaragüenses no deben pensar en resolver sus problemas en Washington, Washington sí sigue pensando en resolver los problemas de los nicaragüenses. Es elemental, mi querido Watson: el que tiene plata, platica... y obliga a platicar.

Un juego para tres

Los tiempos han cambiado, pero deben cambiar aún más. Los problemas políticos de Nicaragua se deben solucionar en terreno nicaragüense y entre nicaragüenses. Y si es realidad que la política exterior norteamericana hacia Nicaragua se está empezando a distanciar de la de Reagan?Bush ? atizar las contradicciones políticas con fines políticos ?Nicaragua necesita ver aún más cambios en el gobierno Clinton.

Lo que necesita Nicaragua es que Estados Unidos deje de jugar en el actual juego político ? que es sólo para tres ? y concentre su injerencia en encontrar soluciones al problema económico nicaragüense, actuando ante la comunidad internacional, y especialmente ante los organismos financieros.

Todos los nicaragüenses queremos que el gobierno norteamericano juegue este papel. Es tiempo de que Estados Unidos reconozca su historial en Nicaragua y se ponga de parte de nuestro país en sus negociaciones con la comunidad internacional, en vez de movilizar a la opinión internacional para sus propios objetivos en Nicaragua.

La nueva política exterior anunciada por Clinton aboga por la democracia y el mercado. Hace falta que Estados Unidos favorezca la construcción por los propios nicaragüenses de una política económica que haga viable el mercado interno y se abra al mercado internacional con un programa de exportaciones. Esto exige de Estados Unidos un golpe de timón: apoyo más decidido para reactivar la economía y mucho menos apoyo a radios, sindicatos, partidos y gremios "democráticos" a través de los tan conocidos "programas de respaldo a la democracia", que sólo atizan las contradicciones políticas. Hace falta apoyar el mercado implementando programas de fomento de las exportaciones, priorizando la búsqueda de soluciones tecnológicas orientadas a aprovechar mejor los recursos ecológicos renovables y diseñando planes para la formación de capital humano que hagan viable el desarrollo de pequeños y medianos productores. Si los tiempos han cambiado, el timón estadounidense debe orientarse en esta dirección.

¿El centro, tema central?

¿Queda algo del llamado Diálogo Nacional que el gobierno convocó en mayo y que en julio había consumido mil horas sin resultados? Sólo queda el gobierno, cada vez menos promotor de ese diálogo global y cada vez más espectador de múltiples diálogos parciales.

El diálogo tripartito (Gobierno?UNO?FSLN), nacido al calor y al temblor del doble secuestro de agosto y patrocinado por el gobierno, que buscó para ello el respaldo de la OEA y de los cancilleres centroamericanos, fue un aborto.

Pero desde entonces hasta hoy se han desgranado incontables rondas de diálogos políticos bilaterales públicos, con agendas que se superponen unas sobre otras en las diferentes mesas. Más incontables ?y tal vez con agendas más marcadas por lo económico? parecen estar siendo las rondas bilaterales, o hasta tripartitas, que no se hacen públicas.

El 7 de octubre, y por primera vez, dirigentes del FSLN y de la UNO iniciaron un diálogo. Los más optimistas proclamaron que se iniciaba en Nicaragua algo así como una nueva era. Después de tres rondas, el diálogo se rompió el 18 de octubre. El PLC adujo primeramente razones referidas a desacuerdos sobre la Ley de Organización Militar. Después, la UNO en su conjunto justificó la ruptura en que el FSLN estaba dialogando a la par con los parlamentarios del "grupo de centro". A pesar de la ruptura del diálogo, ambas partes, FSLN y UNO, hablaron de "avances".

Al negarse en septiembre a participar en el tan anunciado diálogo tripartito, la UNO inició un diálogo bilateral con el gobierno. Ese diálogo se rompió pronto, al exigir la UNO al gobierno que hiciera "renunciar" a los diputados del grupo de centro. Los políticos de la UNO y desde Cochabamba, el ex?Viceministro Antonio Ibarra han acusado siempre al Ejecutivo de haber sobornado a "cañonazos" ?dinero, privilegios, viajes vehículos? a los diputados del centro, para que abandonaran la UNO. Según la diputada democristiana de la UNO, Azucena Ferrey, cuando la UN planteó a la Presidenta Chamorro que destituyera a los de centro, ésta confirmó la versión al contestar: "Cuando los soborné me criticaron ustedes por eso. ¿Y ahora quieren que vuelva a hacerlo?"

El tema de los diputados de centro ?10 diputados de 4 partidos de la UNO que se fueron separando de la coalición y de sus planteamientos intransigentes a partir de la crisis en la Asamblea Nacional? se ha convertido en un tema central, en el pretexto más permanente de la UNO para dialogar o para dejar de dialogar, para poner plazos fatales al diálogo o para presionar en uno o en otro sentido. Es evidente que la preocupación de la UNO por este grupo no se debe a razones éticas, sino a matemáticas políticas. El centro hizo perder a la UNO la mayoría de votos en el Legislativo, algo tan inaceptable para esta coalición ? desplazada ya del Ejecutivo ? que en 1993 la UNO no ha querido ni acudir al Parlamento.

Diálogos engendran diálogos

Después de recibida la señal de Washington, con el mensaje de Watson, la UNO volvió al diálogo con el gobierno y creó dentro de él tres comisiones: una para ampliar el Consejo de Ministros poniendo a su cabeza al Vicepresidente Godoy, que sigue sin funciones en el gobierno; otra para analizar temas sobre el Poder Judicial; y otra para evaluar el programa de gobierno de la UNO en 1990 y su ejecución o no por el actual gobierno. Las dos partes que dialogan hablan de "avances".

Estas han sido las bilaterales más publicitadas. Pero también ha habido otras rondas: COSEP-Gobierno, Gobierno?FSLN, grupo de centro?FSLN, Gobierno?grupo de centro... Y líderes del centro con líderes de la UNO y líderes de la UNO con los del FSLN...El 28 de octubre, los socialcristianos de la UNO, que integran la Unión Demócrata Cristiana (UMDC), presentaron una propuesta que llamaron Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, con una agenda política muy concreta en la que no faltan plazos, fechas y detalles. El documento generó nuevas rondas bilaterales: UDC?UNO, UDC?FSLN, Gobierno?UDC, centro?UDC, Maisto?UDC... Y también trilaterales: Centro?UDC?FSLN, la más significativa.

La violencia como método para solucionar problemas es válida en determinadas circunstancias. Pero su uso requiere de discernimiento. Porque el medio puede convertirse en fin y en ese caso, la violencia termina engendrando violencia. Igual podría decirse del diálogo como método para solucionar problemas. Un exceso o un abuso pueden desgastar el mecanismo y el medio confundirse con el fin. Que el diálogo engendre más diálogo no es negativo en sí mismo, pero dadas las trágicas condiciones en las que viven la mayoría de los nicaragüenses, un diálogo que sólo traiga más diálogo es ofensivo y podría ser fatal. Profundizaría el escepticismo de la mayoría de la gente, ese yo?que?pierdismo en el que faltan las esperanzas y que no es piedra con la que se construye ninguna democracia. Y lo que es peor: deslegitimaría el diálogo por ineficaz, abriendo de nuevo las puertas a la "eficacia" compulsiva de la violencia.

Fisuras en gobierno y FSLN

El proceso de estos diálogos ? los públicos y los privados ?, a la par que ha extendido el consenso de que "hay que ponerse de acuerdo", ha profundizado desacuerdos en las tres grandes fuerzas. Fisuras que podrían llegar a ser rupturas en las tres.

En el gobierno siempre han existido tensiones, además de descoordinaciones evidentes. El estilo del Ministro Lacayo y la preponderancia que en el gobierno Chamorro tiene el Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, y el gabinete económico, están en la raíz de esas fisuras. La crisis irreversible del modelo económico y del modelo político, que está obligando al gobierno a dialogar realmente ? a ceder o a plantearse qué y dónde ceder ? está haciendo más amplias o evidentes las diferencias que ya existían.

En el FSLN también se profundizan las tensiones. Desde la derrota electoral, la frontera empezaron a marcarla las expresiones más grandes de "la piñata", el "y a ése, ¿qué le quedó?" Se trazó entonces una importante línea divisoria entre sandinistas acomodados y sandinistas palmados. Hoy, las tensiones pasan por caudillismos personales, pero fundamentalmente nacen de la gran contradicción que desafía al FSLN: "conciliar las exigencias de la democracia política de corte liberal y mercantil con las necesidades de una democracia económica en condiciones de extrema pobreza", según señala el sociólogo sandinista Orlando Núñez.

Las fisuras en la bancada de diputados del FSLN

Grandes tensiones tienen que ver con los métodos de lucha, con distintas apreciaciones sobre el cómo y el por qué debe el FSLN organizado apoyar a desautorizar, alentar o frenar, conducir o abortar las luchas del pueblo no organizado y hambriento.

La fisura más pública y visible se dibuja hoy entre los parlamentarios sandinistas, con Sergio Ramírez, jefe de la bancada del FSLN al frente, y los sindicalistas del FNT y algunas bases del FSLN, con Daniel Ortega al frente. En septiembre, durante la huelga del transporte, la tensión se perfiló claramente. Mientras los diputados luchaban por mediar para negociar cuanto antes la congelación temporal del impuesto causante de la huelga, los otros se sumaban a las barricadas de los transportistas prolongando el paro cuanto fuera necesario hasta lograr su total derogación.

A comienzos de noviembre, un proyecto de ley introducido por la bancada sandinista para regular el proceso de privatización que el gobierno ya viene realizando, en cada una de las próximas privatizaciones, y especialmente la privatización de los servicios públicos (agua, luz, comunicaciones, etc.) ? que hoy exige el FMI
?, llevó las divisiones más lejos que otras veces, en gran medida por el altavoz que le pusieron al pleito los mismos medios sandinistas.

Los diputados alegan que sin ninguna ley ?como ha sucedido hasta ahora, cuando el gobierno ha privatizado ya el 60% de las empresas estatales?, el Ejecutivo continuará privatizando y lo hará unilateralmente, sin ningún control ni transparencia, sin rendir cuentas a nadie. Sindicalistas y bases opuestas al proyecto de ley responden que legislar, aunque sea para regular, es ya legitimar y que la única legislación que cabría es la que prohibiera totalmente la privatización de los servicios públicos, y en primer lugar la salud y la educación, actualmente en vías de privatización por diversos mecanismos de cobros parciales.

En esta disputa están bastante claras las posiciones y los dirigentes que se ponen a uno y a otro lado de la línea divisoria. Lo que no queda tan claro es qué y cuántos intereses económicos y empresariales mueven a unos y a otros. En cualquiera de los casos, no deben ser ni parecer contradictorias la ley y la pensión popular. Ambas son igualmente necesarias en la lucha por la transparencia democrática y por la democracia económica.

El hambre justifica los medios

Los dirigentes del FSLN han insistido en que el problema de Nicaragua es fundamentalmente económico. Y en eso hay consenso en el sandinismo y hay una identificación sandinismo?pueblo. Pero ¿cómo resolver o ayudar a resolver ese problema económico? ¿Desde el parlamento o en las calles? ¿Con leyes o con huelgas? ¿Con diálogos o con desobediencia civil? Ese "problema económico" es ya tan serio, la recesión es tan profunda, que el tema de los métodos de lucha se vuelve crucial. Porque la lucha por la sobrevivencia económica en la base se ha vuelto desesperada, es a vida o muerte.

"El hambre es mala consejera", dice el refrán. "El hambre justifica los medios", piensan cada vez más sandinistas o no sandinistas que tienen hambre y quieren luchar para no morir antes de tiempo. También seguramente lo pensaron así al cruzar alguna esquina peligrosa de su conciencia los desempleados que optaron ya por esa violencia que es participar en el narcotráfico, dedicarse a la delincuencia o vivir de engañar al prójimo.

Las fisuras de la UNO

En la coalición UNO también se han profundizado las divisiones como consecuencia de esta marea de diálogos y de este clima de realismo que nace de los mensajes de advertencia llegados desde el Norte.

En las posiciones más intransigentes ?contra el FSLN y contra el gobierno?, están los liberales del PLC de Arnoldo Alemán, el PAN de Duilo Baltodano, Elí Altamirano y su Partido Comunista, los conservadores del PNC en el que milita Adolfo Calero y Alfredo César (socialdemocracia del PSD). Con algún menor grado de radicalismo estaría el PLI de Virgilio Godoy. Las posiciones más flexibles las ha tenido siempre la Unión Demócrata Cristiana. Los siguen los conservadores de la ANC (Miriam Argüello) y los socialdemócratas del MDN. Siempre hay imprecisiones al tratar de "rayar el cuadro" de este maleable espectro político. La mejor línea divisoria la traza la dosis de antisandinismo que tiene cada grupo o cada dirigente.

Después del claro mensaje de Alexander Watson a los más intransigentes de la UNO, remachado en Managua por Maisto, éstos han persistido en sus actuaciones, sin variaciones ni en posiciones ni en discursos. Lo que la definición del gobierno Clinton sí desactivó en buena medida fue el discurso de estos partidos ultraderechistas a favor de su expresión político?militar, el Frente Norte 3?80 con "El Chacal" al mando. La acción ofensiva y defensiva del ejército de Nicaragua contribuyó también, haciendo que "los chacales" perdieran su consistencia como grupo irregular armado y se disgregaran, cuando su jefe buscó refugio en Honduras.

No se ha desactivado aún el frente político de la ultraderecha, que mantiene el clima de confrontación con el gobierno y especialmente con los sandinistas. Al no lograr antes del 90, con la guerra, una ruptura por la vía militar ni después del 90, con la victoria electoral, una ruptura política, intentan ahora una ruptura jurídico?legal, apuntando todas sus baterías a la Constitución, convertida hoy en campo de batalla de la propaganda política de los intransigentes de la UNO.

¿Reformas o Constituyente?

El plan neoliberal tiene desde hace casi tres años polarizada a Nicaragua entre una minoría beneficiaria de ese plan y una inmensa mayoría víctima de los ajustes, a la que no le ajustan ni la comida ni los salarios ni el crédito ni nada. Esa es la verdadera polarización. Unos pocos con todo, desde caviar hasta jacuzzi. Otros pocos en el medio, siempre endeudados y con la cobija cada vez más justa. Y casi todos sin los tres tiempos de comida, pidiendo un chelín o un puño de sal por las calles de Managua o de León o muriendo de cólera todos los días.

Sin embargo, desde que el país entró en estos tiempos de diálogo, bastantes políticos y algunos medios de comunicación ?especialmente, los intransigentes de la UNO- pretenden hacer creer ?¿a quién?? que en Nicaragua la línea divisoria la marca la posición de los ciudadanos ante la Constitución. Por un lado, los que quieren reformarla y por otro, los que quieren que se redacte una nueva. Pretenden hacer creer algo aún más irreal: que la mayoría de los nicaragüenses piensan que la solución de los problemas del país empieza por convocar a elecciones para seleccionar a los diputados que redactarían esa nueva Carta Magna.

Los sectores más intransigentes de la UNO están cualitativamente debilitados por la nueva posición de Estados Unidos.

Cuantitativamente están debilitados desde que la UNO perdió el poder que le daba a la coalición tener mayoría en la Asamblea Legislativa. (Hoy, sobre 92 diputados, la UNO tiene 42 votos y el FSLN 39). Las posiciones más flexibles de la UDC y de otros partidos de la UNO son también señales de aviso de eventuales debilidades futuras. En estas circunstancias, tan tenaz reclamo por una Constituyente es más una batalla por un reacomodo político vía elecciones que por nuevas definiciones de filosofía política.

La UNO más radical sabe que no tiene mayoría para imponer su punto de vista en las reformas constitucionales. Pero calcula que en unas nuevas elecciones para diputados a la Constituyente, el antisandinismo que enarbolaría sí le daría una clara victoria. Con una mayoría recuperada gobernarían a corto plazo ? los constituyentes son además de legisladores, un gobierno de transición ?, a la vez que trazarían el gobierno del futuro, haciendo cambios drásticos en los principios constitucionales, a lo que también apuntan. Un ejemplo: existe un consenso general sobre el cambio en la Constitución del nombre de Ejército Popular Sandinista ? y el propio EPS ya ha hecho la propuesta de que se adopte el nombre de Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el que llevaron los hombres del General Sandino en los años 20 ?, pero la UNO radical plantea un objetivo drástico: la abolición total del ejército.

Una Constitución violada

Es el Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán (PLC), seguro de su carisma populista, con el que ya se proyecta como candidato a Presidente de la República, el que parece tener más optimismo en esta jugada política. En el respaldo económico de los exiliados somocistas y de los riquísimos cubanos anticastristas vinculados a Jorge Mas Canosa en Miami se basa también su triunfalismo. La Constituyente es propagandizada también por los radicales de la UNO como un camuflaje de elecciones anticipadas, con las que retirar del mando cívicamente a Violeta Chamorro y a Antonio Lacayo, una especie de plebiscito sobre su gestión. En el creciente descrédito del gobierno ante el pueblo asienta también su optimismo la UNO.

Recientes y repetidas encuestas cuestionan este optimismo, al trazar así el actual mapa de las preferencias políticas de los nicaragüenses: un 50% no quiere saber nada de los partidos políticos. Y la otra mitad está dividida exactamente por el medio, o con mínimas variaciones, entre el FSLN y la UNO. El optimismo, venga de donde venga, es un espejismo.

La Constitución de 1987 no es suficientemente conocida por el pueblo de Nicaragua, a pesar del esfuerzo que el gobierno sandinista hizo para debatirla en centenares de masivos cabildos abiertos y para difundirla después ampliamente. El cambio de gobierno en 1990 provocó que bastantes la conocieran mejor y hasta la estudiaran. Los más optimistas pensaron entonces que la Constitución sería "la trinchera legal" desde la que se defenderían los intereses populares. Fue una vana ilusión. El gobierno chamorrista, sin necesidad de cambiarla ?ni siquiera habló ni habla hoy de eso?, la ha violado permanentemente en gran parte de su articulado. Y se sintió muy a gusto en ella, porque tomó de la Constitución del 87 su carácter presidencialista y llevó este rasgo al extremo de un permanente decretismo. El actual Ejecutivo gobierna y tiende a gobernar por decreto. Esta actitud es amparada por la Constitución, que no fija suficientemente los contrapesos del Legislativo.

Dos temas básicos

Este sería un tema básico en una reforma constitucional. Tal vez uno de los más básicos desde el punto de vista institucional. ¿Para ir hacia un parlamentarismo? La realidad latinoamericana reciente indica la peligrosidad de esta fórmula en países como los nuestros, secularmente empobrecidos, controlados permanentemente por el chantaje que la dictadura económica internacional ejerce ? por el mecanismo de la deuda y por los nuevos mecanismos de los ajustes ? y con un "pluralismo político" que se agota en múltiples partidos que no son más que distintas etiquetas sobre el mismo envase político, sólo para consumo en tiempos electorales. Si el presidencialismo puede convertirse en autoritarismo y dictadura, el parlamentarismo podría no ser más que un circo inmanejable. No hay fórmulas fijas, sí un objetivo claro: lograr un balance democrático entre Ejecutivo y Legislativo.

Desde una perspectiva realmente democrática, el más básico de los temas es, sin embargo, cómo garantizar a nivel constitucional ?y sobre todo, cómo implementar en el día a día? la necesaria complementación entre la democracia representiva de la que todos hablan, y la democracia participativa, de la que hablan menos, tal vez temiendo que se haga realidad.

La viabilidad económica

A la par que se desarrollaban las agitadas mesas del diálogo político, el gobierno firmaba el pre?acuerdo para los próximos dos años con el FMI, después de varios encuentros con economistas nacionales independientes, críticos de su gestión. De una primera reunión, más franca y prometedora, estos encuentros derivaron después a sesiones meramente formales. Posteriormente a la firma del pre?acuerdo, el gabinete económico presentó a la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional para 1994. En estos momentos de paralización y polarización, ambos hechos tendrían que reflejar pistas serias de que se trabaja en la dirección de superar la inviabilidad económica.

Pero no es así. Para negociar realmente con el FMI ? y no para aceptar simplemente su receta ? el gobierno debe elaborar creativamente un presupuesto realista. Para hacerlo, debe estar claro de cómo quiere "repartir la torta" y para qué. Ambas cosas siguen pendientes. Es más: su presupuesto debe ser consistente, contener todos los elementos de una política macroeconómica y sectorial, lo que significa haber elaborado un primer proyecto de presupuesto a más tardar en octubre, lo que tampoco se hizo.

En la viabilidad económica de Nicaragua intervienen tres actores principales: el sector privado, el gobierno y los organismos financieros internacionales junto a otros donantes. La tesis que afirma que el problema de fondo del país es un problema político ? político?cultural dicen algunos ? es compartida por muchos sectores políticos y por representantes de los organismos internacionales y de la cooperación bilateral y con razón. Es obvio que el que las cúpulas políticas sepan ya que deben ponerse de acuerdo y no se decidan a hacerlo, contribuye en gran medida a la inviabilidad económica.

Por un lado, la inseguridad no atrae las inversiones extranjeras, aunque tampoco la repatriación de capital nicaragüenses en el exterior, lo que es más inmoral, pues estos nicaragüenses sólo parecen serlo por su pasaporte. Por otro lado, la beligerancia de los sindicatos ?que se ven empujados a luchar por cuotas de poder político en vez de aportar a la negociación de soluciones económicas globales? incide negativamente en el ánimo inversionista de los empresarios privados. Desgraciadamente, los sindicatos siguen siendo instituciones políticas y no representan bien los intereses fundamentales de los obreros, al igual que el COSEP no representa los de los empresarios. En esta limitación de los sindicalistas incide el caudillismo y asistencialismo que caracteriza la cultura política en la que han vivido tradicionalmente las mayorías pobres y que fue estimulada por el gobierno sandinista.

La otra cara de esta moneda

Pero esto es sólo una cara de la moneda. Hay muchas razones objetivas y económicas ? no políticas ? de la parálisis. Los inversionistas no invierten porque la demanda interna está demasiado contraída y porque la demanda externa es insegura al estar tan poco diversificadas las exportaciones. No se diversifican las exportaciones por decreto. Esto implica un apoyo tecnológico y de mercadeo que el gobierno no da y no está en capacidad de dar. Los sindicatos defienden soluciones puntuales y cortoplacistas porque no tienen otros cauces.

No existe una mesa de negociación económica que los incluya. El gobierno carece de un planteamiento económico global y coherente que se pueda discutir y del foro donde hacerlo. Si los pobres esperan un milagro, si esperan que les caigan las soluciones desde arriba, si creen que, mágicamente, cuando los políticos se entiendan ellos tendrán empleo, es porque durante siglos su experiencia ha sido que el esfuerzo propio pocas veces logra su fruto. La estructura política y los sistemas educativos han trabajado para mantenerlos en la sumisión y en la falta de iniciativa. Todo esto, que es de fondo, tampoco se resuelve con el voluntarismo más voluntarista de los tres que juegan el juego político. Hoy los problemas son esencialmente problemas del sistema económico y social y por ser así requieren de soluciones sistémicas, soluciones que aborden y transformen el sistema.

Mientras todos los que tienen algo que decir y hacer en esta crisis no emprendan la tarea de encontrar esas soluciones sistémicas, el sistema económico irá a la deriva, al vaivén de los vientos de la ingobernabilidad política. El gobierno tiene en esto la mayor responsabilidad, pues es al gobierno a quien le toca organizar el foro donde se emprenda la búsqueda de esas soluciones o sea, es al gobierno al que le toca gobernar.

La necedad de dos mitos: la legitimidad del gobierno y la capacidad del sector privado

Hace falta desenmascarar dos mitos en los que se insiste con terca necedad. El primero es que sólo por el hecho de ser gobierno, de haber sido electo y de haber nombrado a sus funcionarios, el gobierno ya sabe gobernar. Los sectores políticos que luchan hoy por mayores cuotas de poder, reprochan al gobierno el que no los representa políticamente, pero tampoco tienen la menor idea de cómo gobernar la economía. Intuyen que si llegasen a tener más poder ejecutivo no tendrían más remedio que apoyarse en la misma tecnoestructura existente y por eso no quieren gobernar. Les basta con no dejar gobernar: eso les da ya espacios de figuración y hasta espacios económicos. Se lucran de la crisis.

El segundo mito es el sector privado. En el credo neoliberal se opone por su naturaleza al gobierno. Pero esta oposición que se presenta como esencial, es en realidad una definición práctica y metodológica y encubre realidades muy serias que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el sector privado es muy amplio, hay dentro de él grupos de intereses muy divergentes. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, los nicaragüenses que no quieren traer su capital del extranjero y los empobrecidos pequeños productores o artesanos que esperan soluciones desde arriba? En segundo lugar, en Nicaragua, como en el resto de América Latina, los gobiernos no representan por igual los intereses de todos los ciudadanos.

El principal sector privado

El principal sector privado en Nicaragua es una fracción mayoritaria de familias rurales y urbanas que tienen un gran potencial económico, que no tienen alternativas de inversión en el exterior, que pueden generar los mayores niveles de exportaciones que el país requiere, financiando las importaciones que para ello necesitan. Familias que pueden dar empleo a los más pobres y contribuir así a aumentar sosteniblemente la demanda interna que los inversionistas requieren para animarse y ver la rentabilidad de sus inversiones. Familias que pueden abastecer el mercado nacional de productos que hoy son importados o donados y que, por todas estas características, pueden contribuir a aumentar el nivel de ingresos que el gobierno necesita para financiar su gasto social y las inversiones públicas que el sector privado no sabría o no podría realizar.

Existe un amplio sector privado que puede sacar al país adelante, pero el gobierno no se decide a emprender la tarea de tenerlo en cuenta, jugando un papel activo en la economía. La economía nicaragüense necesita que el gobierno juegue ese papel, pues el conjunto de sectores privados que hay dentro del mítico "sector privado", con sus discrepancias y la debilidad que resulta de sus divisiones ? falta de interés de una minoría y falta de medios de la mayoría ? no puede resolver solo los problemas económicos. Esto no quiere decir que el gobierno deba resolverlos en su lugar, como lo pretendieron los dirigentes sandinistas.

Facilitador o facilista

En la teoría económica "moderna" hay una corriente de ideas que pretende que el sector privado está compuesto por entes (empresas, individuos), totalmente capaces de prever todo lo que los demás van a hacer, incluyendo al gobierno y a la economía internacional.

Con fórmulas matemáticas y "anticipaciones racionales" demuestran cómo el sistema económico, puestas ciertas condiciones, evoluciona infaliblemente hacia un estado ideal que, a su vez, era el ya previsto y seguido por todos los agentes económicos, incluído el mismo gobierno, quien no tiene por, esto, nada que regular porque todo se va regulando solo. Es una posición totalmente idealista y determinista que, llevada a sus últimas consecuencias, hace innecesaria cualquier política económica.

¿Será ésta la filosofía de los gobiernos que no guían o la de los que los aconsejan? ¿Será que esta especie de dogma, que pide al Estado no meterse en nada, calza de maravilla con los gobiernos a los que les resulta más cómodo no hacer nada? ¿No será que en vez del gobierno "facilitador" esta teoría propicia al gobierno "facilista"?

No hay que discutir el principio de si el Estado es bueno o malo por naturaleza, pero sí es necesario argumentar que la realidad no se corresponde en absoluto con los supuestos que estos teóricos admiten de forma abstracta y tratan de demostrar. El sector privado y el mercado en Nicaragua, más aún que en países donde existen numerosas instituciones civiles que intervienen en la economía (asociaciones de productores, de consumidores, de empleados, etc.) necesitan de una lúcida intervención del gobierno.

La mejor prueba práctica de esto es que los mismos organismos internacionales envían regularmente a Nicaragua sus equipos técnicos, para que hagan las veces de un órgano de gestión macroeconómica nacional y tomen las decisiones que corresponde tomar. Lo hacen desde la visión de especialistas que sólo conocen el país superficialmente, que no saben nada de la producción real ni de sus ritmos ni de sus mecanismos concretos. En cierto sentido, vienen a gobernar. ¿Cómo y por qué se va a desentender de esa tarea el propio gobierno nacional?

Salud: ¿privada o pública?

Esto no quiere decir que el gobierno deba encargarse de aspectos de la economía que el sector privado puede atender mejor. Tal vez no sea necesario que todos los hospitales sean públicos. Los numerosos médicos que trabajan en algunos de ellos, a cambio de un sueldo que no reconoce el valor de su trabajo, podrían dirigir la gestión hospitalaria y participar económicamente en su inversión y por eso, no tendrían necesariamente que dejar de atender a los más pobres.

Los médicos privados que aplican una tarifa diferente según la posición económica de sus pacientes lo saben bien. Al gobierno le correspondería dedicar una parte de su presupuesto a la salud preventiva que, por esencia, es una actividad social y que, como todos saben, tiene un mayor impacto sobre la población más pobre.

Existen otras áreas económicas, donde entra en juego, por ejemplo, el futuro ecológico del país. Areas donde la rentabilidad no es inmediata, como podría ser la actual fase de investigación?desarrollo del sustituto nacional del diesel ?de esto hablamos en otro artículo de este mismo Envío-.

En casos así, la inversión privada difícilmente tendrá la necesaria visión de futuro. En el fondo, la contradicción esencial no está ? como quieren hacernos creer ? entre privado y público. En el mundo desarrollado, las grandes empresas, muchas veces transnacionales, invierten, por su visión de futuro, sumas multimillonarias en la investigación?desarrollo.

En Nicaragua, el capitalismo chapiollo no tiene la envergadura necesaria para hacerlo. El gobierno debe dejarle al sector privado lo que conviene dejarle. Pero la medida de esta conveniencia hay que estudiarla, pensarla, discutirla, hay que estar en contacto con la realidad concreta para decidir con acierto.

Nada de eso está escrito en los manuales de economía. Es dudoso, por ejemplo, que un empresario privado se muestre muy interesado en explotar la distribución y cobro del servicio de energía eléctrica en un país donde un tercio de las viviendas que usan este servicio no lo pagan. Por otro lado, no sería correcto que se privatizaran las inversiones públicas ya realizadas en la energía y ahora ya en fase de recuperación. Pero sí sería bueno que se permitieran nuevas inversiones privadas que ampliaran lo que ya existe.

Privatización: caso por caso

La privatización de los ingenios azucareros, por ejemplo, no cambió nada la política de oligopolio que siempre ha habido en el azúcar. Antes, el Estado financiaba la no rentabilidad de las exportaciones de este producto y de un modelo tecnológico que sólo beneficiaba a los tecnócratas que vivían de la ayuda técnica de los "países amigos", manteniendo más elevado el precio nacional del azúcar. Ahora, se manipulan periódicamente las importaciones de azúcar para mantener también ese precio alto y se busca cómo recuperar la rentabilidad a costa de los salarios. En el caso del azúcar, la privatización sólo ha servido para quebrar a los sindicatos.

En el fondo, lo que importa no es el carácter privado o público de tal o cual actividad. Lo que importa es que se concierte cada privatización que se piensa hacer desde una óptica económica objetiva y desapasionada.

Cada caso es diferente. En una privatización así entendida, el gobierno tiene un papel más importante que jugar que el de dejar despedazar su patrimonio. Si bien es cierto que la privatización es un elemento muy importante del ajuste estructural ? que va más allá de la simple disminución por decreto de los gastos presupuestarios ? no se limita a esto el papel del gobierno y su responsabilidad con la economía. ¿Por qué disminuir el presupuesto hasta que nada funcione en vez de concertar la privatización de lo que todavía funciona? El gobierno debe buscar concertadamente las soluciones económicas globales que ninguno de los agentes privados o su conjunto ? por mas superdotados que sean, como lo pretenden "demostrar" algunos matemáticos inconsecuentes ? puede encontrar solo. ¿Pero que ha hecho el gobierno desde que está en el poder?

Gobierno Chamorro: dos años de facilismo

En 1990, el gobierno Chamorro se dedicó a construir su aparato de poder y a asentar su autoridad. En 1991, por medio de mecanismos macroeconómicos concertados ? y con abundante ayuda externa ? logró la estabilización de un sistema económico antes descontrolado. ¿Y luego? No supo utilizar la capacidad de regulación recién recuperada para empezar a gobernar económicamente.

Eligió los caminos más fáciles. Empezó un programa de privatización, acogiéndose al dogma de que bastaba con que fuera privado para que fuera mejor. Y se olvidó que un sistema económico donde domina el sector privado necesita más de la intervención reguladora del Estado que un sistema donde quien domina es el Estado. Fomentó la banca privada, sin siquiera garantizar los medios de control necesarios para que este sistema bancario funcionara a favor del sector privado.

La paradoja de paradojas es que dejó escapar la posibilidad de que la banca estatal, todavía mayoritaria, funcionara a favor de la economía real, exigiendo a los bancos estatales que se comportaran como si fuesen privados y poniendo en su dirección a individuos que carecen de una visión económica nacional. Y después de todos estos crasos errores, hay en el gobierno quienes irresponsablemente piensan que si hoy hay crisis en el sistema bancario es porque no se privatizaron todos los bancos.

En 1993 el gobierno trató de hacer más de lo mismo de lo que ya venía haciendo, pero con menos éxito. Al principio del año remendó el sistema con una devaluación hecha sin lógica macroeconómica, y sólo para recortar nominalmente el presupuesto. Sabía que con la crisis de la balanza de pagos (importaciones?exportaciones) y con la evidente perspectiva de tener cada vez menos ayuda externa, ya estaba tocando el fondo del pozo.

¿Cuál es ese fondo? El gobierno llega a mitad de su período sin haber logrado implementar el ajuste estructural que necesita la economía ni las políticas macroeconómicas que estimularían al sector privado y ya no tendrá suficiente ayuda como para pensar en lograrlo. Perdió su chance. A corto plazo, el blanco contra el que se dirigen las críticas de los organismos internacionales ? a quienes les cuesta cara Nicaragua y con quienes tenemos ya contraída una deuda abrumadora ? es obviamente el gasto público.

En realidad, el problema es otro. Nicaragua gasta mucho más de lo que produce, pero como al gobierno le cuesta decidirse a contraer las irresponsables importaciones que determinadas clases sociales y determinado sector privado demandan, la palanca que le es más fácil mover es la de la reducción del gasto público. Siempre, el camino más fácil.

Pero la palanca se mueve ya contra los que la manipulan: de nada sirve reducir el gasto del gobierno si el gobierno no sabe trasladar sus competencias al sector privado. Lo único que consigue con eso es disminuir la oferta global del país. Cada vez menos demanda, cada vez menos oferta. Oferta y demanda se mueven a la ar. En macroeconomía, como decía Alfred Marshall, las dos hojas de la tijera cortan".

Presupuesto 94: los ingresos

En vísperas de terminar el año, el presupuesto de la nación está de nuevo en la Asamblea, a la par que se avecina la reunión con elequipo técnico de los organismos financieros internacionales. Aunque parezca increíble, es la hora y el gobierno no tiene un programa económico coherente. Y no lo tiene porque no ha sido hasta el momento capaz de concertar una agenda económica y porque hasta las mismas instituciones gubernamentales, supuestamente rectoras de la política económica, son incapaces de concertar entre ellas. Lo primero que requiere el presupuesto, si quiere servir de base a un programa económico para 1994, es ser confiable. El presentado a la Asamblea Nacional no lo es.

Caben algunos comentarios en lo que se refiere a los ingresos del Estado previstos para el próximo año:
En relación a 1993, implicará un serio aumento en los impuestos indirectos y una muy ligera disminución en los directos, lo que acentuará el carácter fuertemente recesivo y antidemocrático que tienen los impuestos en Nicaragua.

Más grave aún es que no hay ninguna referencia en el presupuesto a un marco macroeconómico global, lo que le resta mucho sentido a las mismas cifras. Si los ingresos fiscales se calculan por medio de tasas impositivas aplicadas a determinados valores de consumo, de importaciones (impuestos indirectos) o de ingresos (impuestos directos), ¿cómo puede anunciar el gobierno que lo recaudado por el IGV se elevará a 432 millones, contra los 362 recaudados en 1993 (un aumento del 19%), sin justificar cómo el conjunto de las ventas crecerá también un 19% para poder explicarlo, si es que el IGV permanecerá en 15%?

A menos que pretenda aumentar el grado de facturación (control sobre impuestos), lo que implicaría más recaudación, pero también mayores gastos administrativos. En el caso de los impuestos sobre los combustibles - de los que se afirma que aumentarán en un 22% - no se puede usar el mismo argumento porque aquí es imposible evadir impuestos. ¿Será entonces que le precio de los combustibles aumentará en un 22%? ¿O se pretende que la actividad económica crezca en esta proporción? En la presentación de las cifras, todos los hilos parecen sueltos.

Tampoco hay en el presupuesto referencias al impacto macroeconómico que tendría la nueva estructura impositiva, por ejemplo en los precios. No sería extraño que el anunciado aumento de los impuestos indirectos nominales provocara un aumento de los precios si el PIB no creciera en la misma proporción.

Los gastos previstos

En lo que se refiere a los gastos, si comparamos el proyecto de 1993 con lo que se ejecutó en 1993 ? y no con lo que se presentó a la Asamblea, pues el presupuesto fue revisado después muchas veces y cambiado siempre unilateralmente, sin contar con la Asamblea ? constatamos:
- Un ligero incremento del gasto operativo.

- Una marcada disminución del pago de intereses de la deuda externa.

- Un aumento en las transferencias al seguro social y al sector privado.

- Un marcado aumento de las transferencias al resto del sector público y de la inversión fija en maquinaria y construcción.

Todo esto merece también algunos comentarios:

También aquí es válida la observación ?hecha acerca de los ingresos? sobre la falta de referencia a un marco macroeconómico coherente. No se sabe con qué niveles de inflación son compatibles las cifras de estos incrementos o disminuciones, lo que les resta mucha validez. Así, ¿cómo pueden los organismos financieros internacionales tener confianza en la seriedad del presupuesto?

El escenario que plantea el presupuesto no es especialmente recesivo. Pese al aumento de los impuestos indirectos, podría ser compatible con un ligero crecimiento de la economía (tal vez 1%), a condición de que la inflación anual no supere el 4?5%, lo cual sería insuficiente para sostener los niveles de recaudación anunciados en la sección de ingresos. ¿Cuáles serán entonces los motores del crecimiento el próximo año? ¿Existe algún plan para promoverlo? No se dice ni una palabra.

Sin duda, es una política sana la de tratar de reducir el déficit fiscal, además de que es la que exigen los organismos financieros internacionales para aprobar los fondos necesarios para la reconstrucción de Nicaragua, que debe a la par seguir pagando la muy pesada carga de su deuda externa. Pero los organismos financieros no creen nada de lo que plantea el presupuesto del gobierno. Tampoco creen en la capacidad del Ministro Pereira para hacer el ajuste fiscal que ellos quieren, mientras la economía no crezca lo suficiente como para soportar estos niveles de gastos.

El único problema para estos organismos es que Nicaragua gaste menos para que les pague más intereses por su deuda. Saben que para lograr esto, Nicaragua debe crecer y no seguir estancada. Pero no les toca a ellos organizar la política macroeconómica de la que nazca este crecimiento. Esto le corresponde al gobierno. Es muy probable que, si no se cambia a tiempo el rumbo de las cosas, 1994 sea más o menos igual a 1993 y a 1992 y el gobierno actúe solamente con más de lo mismo, sólo que en peores condiciones aún.

Primero aprobará un presupuesto más o menos ajustado y luego firmará un acuerdo con los organismos internacionales que implicará, sin duda, fondos externos más reducidos que en 92 y 93. Lo hará a cambio de privatizaciones hechas sin otra lógica que el dogma de que lo privado es mejor que lo público. Finalmente, moverá el tipo de cambio con una devaluación, para lograr con la política cambiaria el ajuste fiscal que no habrá podido lograr plenamente con la votación del presupuesto, burlándose nuevamente de la Asamblea Legislativa.

¿Quieren ser gobierno?

Es urgente que esto no sea así, que esta irresponsabilidad no se repita. Que el gobierno acepte su papel de gobernar y elabore una verdadera política macroeconómica, una política donde se tome en cuenta simultáneamente el gasto fiscal corriente, la política monetaria y cambiaria, la política de impuestos y de protección arancelaria, las privatizaciones, la política crediticia, las inversiones públicas. Una política donde se negocian las perspectivas salariales y de empleo y las posibilidades de oferta de bienes y servicios con los representantes del sector privado ?no solamente con las cúpulas empresariales y con los sindicatos más politizados?, para concretar los programas que la oferta requiere para estimularse.

Urge una política con la que el gobierno se dedique realmente a gobernar, con consenso y sin separar la agenda económica de la agenda política. Una política en la que los diferentes ministerios que componen el gobierno, sin perder su especificidad, empiecen a trabajar conjuntamente por el bien de la nación y por su gobernabilidad, que es lo mismo que decir por la viabilidad del mismo gobierno si es que quiere seguir siendo gobierno.

Nunca es tarde...

Alguien en el gobierno debe asumir la responsabilidad de convocar a las diferentes instituciones que lo componen y provocar a sus especialistas para que se junten y se pongan de acuerdo, antes que nada sobre las cifras necesarias para hacer la síntesis de las diferentes lógicas (fiscal, monetaria, crediticia, etc.), hasta que logren una propuesta de política coherente y aceptable por los organismos financieros. En esta coyuntura, es al Ministro de Finanzas ? que en este momento es Emilio Pereira ? a quien le toca ser ese alguien que convoque y provoque al resto del gobierno.

Es indispensable que esta propuesta comience a elaborarse ya, sin esperar que los organismos financieros fijen la cita, aunque sin duda su participación será de gran utilidad. Todos saben, y ellos los primeros, que Nicaragua necesita por ahora de bastante ayuda externa. Lo que está en juego, crezca o disminuya esa ayuda, es que el gobierno demuestre que tiene capacidad de hacer políticas macroeconómicas y sectoriales coherentes, con las que los financiadores recuperen la fe en que se usan racionalmente los fondos que proveen. Ni el sector privado privilegiado ni el gobierno han podido ganarse esta confianza, pero nunca es tarde para intentarlo... Por Nicaragua.

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