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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 142 | Octubre 1993
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Guatemala

Depuración del Congreso: una caja de sorpresas

A finales de septiembre, el Presidente Ramiro de León Carpio seguía enfrentando una aguda crisis de ingobernabilidad. El proceso de depuración que inició para luchar contra la corrupción endémica en el Estado, se convirtió en un atolladero. Corrieron rumores de que el nuevo Presidente quería irse. En julio, De León había amenazado ya con renunciar.

Emma G. Martínez

A finales de septiembre, el gobierno del Presidente Ramiro de León Carpio seguía enfrentando una aguda crisis de ingobernabilidad. El proceso de depuración que inició para luchar contra la corrupción endémica en el Estado, se convirtió en un atolladero. Los poderes del Estado se declararon en guerra abierta y la burocracia estatal se estancó. Mientras tanto, la violencia seguía el rumbo "normal" en Guatemala, con su cuota casi diaria de cadáveres torturados, amenazas a líderes populares y bombas.

Corrieron rumores de que el nuevo Presidente quería irse. En julio, De León había amenazado ya con renunciar si continuaban las presiones de los diferentes sectores, aunque nadie le hizo caso. El sector empresarial se alarmó ante la posibilidad de una renuncia que tendría un fuerte impacto negativo en el ámbito internacional. Las fuentes diplomáticas insistían en que se trata de un mecanismo de presión del Presidente para obligar a los diferentes sectores a apoyar la depuración.

En busca de popularidad

Para los que creían que el ex-Procurador de Derechos Humanos convertido en Presidente sería un especie de caballero del honor montado en caballo blanco, la depuración del Congreso se ha convertido en un buen ejemplo para comprender qué fuerzas y qué factores le impiden hacer cambios reales.

¿Por qué De León decidió levantar la bandera de la depuración en este momento? Según varios analistas, la decisión tuvo que ver más con la inminente caída de su popularidad que con cualquier otra razón. El cambio de roles - de Procurador que desafía a los militares a Presidente y Comandante del Ejército - afectó su popularidad, que empezó a descender, especialmente en agosto, cuando De León apareció en una reunión de miles de miembros de las patrullas de autodefensa civil en Huehuetenango, en donde los alabó por su lucha contra la insurgencia.

Fue entonces que algunos asesores muy cercanos, vinculados al sector privado y a poderosos medios como el diario Siglo Veintiuno, le recomendaron lanzarse a la depuración del Congreso. Los hechos demostraron que los asesores tenían razón. La popularidad del Presidente subió rápidamente y su propuesta encontró amplio respaldo entre una población hastiada de la corrupción de los políticos.

Pero la depuración, que parece tan fácil en teoría, no funciona cuando la corrupción es masiva. El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia hacia abajo, está infiltrada por diferentes mafias y eran estos tribunales de dudosa honestidad los que debían iniciar los juicios a los legisladores, también mafiosos. Legalmente, De León no puede desaforar a nadie y las renuncias de los diputados tienen que ser voluntarias.

Los asesores no tomaron en cuenta estos factores ni previeron que la depuración podría escapárseles de las manos hasta convertirse en una ola incontrolable, en la que se verían arrastrados destacados miembros del sector privado, que han sobornado a varios congresistas. La realidad es que algunos empresarios que al principio apoyaron la depuración, sólo querían la renuncia de 16 congresistas, entre ellos algunos cabezas de mafias. Con esta depuración parcial quedarían en el Congreso los diputados que apoyan la privatización de las empresas estatales, un tema de sumo interés para los empresarios del CACIF. Los "cacifes" presionaron fuertemente a De León para que pidiera sólo la renuncia de los 16 "depurables" y no la de todos.

En agosto, el empresario Pedro Lamport había afirmado entre sonrisas: "Hemos platicado con el Presidente y creemos que pronto va a cambiar de idea. No va pedir la renuncia de todos".

El narco-poder

Pero no fue así. El movimiento popular y la población en general exigieron la renuncia de todos los diputados, y De León cedió a la voz del pueblo. De este modo, la depuración se escapó de las manos del sector privado y de las del Presidente, y condujo al país a una aguda crisis política.

Como era de esperar, los 116 congresistas se negaron a renunciar, como exigió De León en agosto. En septiembre, el hemiciclo era un ring de boxeo, donde congresistas de bandos opuestos peleaban con el telón de fondo de las protestas populares. Al final, los diputados se negaron a asistir a las sesiones plenarias y el Legislativo llegó a un estancamiento total.

El politólogo Gabriel Aguilera Peralta, de FLACSO comenta: "Ahora Ramiro tiene el mismo problema que llevó a Yeltsin a ejecutar su golpe. ¿Qué puede hacer un poder del Estado para limpiar a los otros poderes si diputados y magistrados no quieren renunciar? Hay algunos diputados que saben que en el momento en que renuncien van a la cárcel porque tienen procesos abiertos. Los poderes del Estado están infiltrados masivamente por mafias criminales, entre ellas el narco-poder. Son los que están impidiendo la depuración. Enfrentar el narco-poder en cualquier país es muy difícil y Ramiro no tenía la estructura para hacer eso. Optó por no pactar con partidos políticos y no tiene apoyo organizado. Lo que tiene es capacidad de dirigirse al hombre de la calle, pero eso tiene límites. Tomó la decisión de luchar contra las mafias sin medir el balance de fuerzas y abrió una caja de Pandora que ahora no puede cerrar".

Mientras se peleaba en el Congreso, una serie de bombas estallaron en centros comerciales y otra en la oficina de un grupo de abogados que trabajan con el movimiento popular, con lo que empezó lo que parece ser una nueva campaña desestabilización del gobierno, lo que suele suceder cuando se intenta reiniciar las pláticas de paz con la guerrilla.

La penúltima carta

En medio de este complejo escenario y ante el rechazo de los diputados a renunciar, De León apeló el 27 de septiembre al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque a una consulta popular sobre la renuncia de todos los diputados y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De León había esperado un mes antes de solicitar esta consulta, la penúltima carta que le queda para presionar a los diputados a renunciar.

Aunque muchos sectores apoyaron esta propuesta -incluyendo al movimiento popular, a la Iglesia Católica y al Ministro de Defensa-, también se preguntaban acerca de cómo, cuándo y con qué recursos se llevará a cabo la consulta. El TSE estima su costo en por lo menos 3 millones de dólares, con los que no cuenta el país. La consulta tampoco resolvería el problema de fondo del Congreso, porque si los diputados actuales renunciaran, quedarían los suplentes, algunos de los cuales están involucrados en los mismos negocios sucios.

Nery Barrios, del Foro Multisectorial Social (FMS), que representa a una amplia gama de organizaciones del movimiento popular manifestó: "La consulta popular convocada por el Presidente adolece de las fallas de fondo que tiene en Guatemala cualquier iniciativa para depurar, reformar y reestructurar políticamente al país. Muchos de los campesinos ni siquiera están empadronados y se requiere tiempo para hacerlo. Además, la consulta debería ser hecha en 23 idiomas, para tener la mínima certeza de que recoge la aspiración popular. La solución no es la simple sustitución de un rostro por otro. Esa es sólo la salida para la actual crisis de institucionalidad".

El FMS propuso como alternativa un diálogo entre los tres poderes del Estado que se hallan en conflicto con miembros de la sociedad civil, para llegar a un acuerdo político de transición. Según el FMS, es necesario realizar la consulta, pero preguntando al pueblo sobre las reformas constitucionales y la reestructuración de las tres instituciones del Estado. En cuanto a la renuncia de los diputados la consideran innegociable.

¿Co-gobrnando con mafias?

"Ahora hay cuestionamientos a todos los sectores y a eso hay que agregar las bombas y amenazas, que nadie sabe con precisión de dónde proceden. Existe una situación de anarquía. El Congreso no funciona, el Ejecutivo está confrontado con dos poderes del Estado. El gobierno está perdiendo su legitimidad. Y el proceso de paz está paralizado. Es el ambiente típico previo a un golpe del Estado, que es muy poco probable por temor a la reacción internacional. Pero no descarto esa posibilidad", opina Aguilera.

Otra alternativa que sugiere Aguilera y que cobró fuerza entre sectores políticos a finales de septiembre consiste en que De León juegue su última carta: renunciar. La lógica de esta renuncia sería que De León saldría del gobierno gozando aún de la simpatía de la población y podría presentarse como candidato presidencial seguro en 1995, para un período de 5 años.

De León podría argumentar que no quiere seguir "co-gobernando" con las mafias del Congreso y de los otros poderes estatales y que quiere regresar como Presidente elegido popularmente, con un nuevo Congreso. En esta fórmula, el Vicepresidente Arturo Herbruger, quien se opone a la depuración y cuenta con el apoyo de la línea más dura del ejército, quedaría como Presidente. Sería una salida temporal a la crisis política, aunque con un costo enorme para el país en cuanto a imagen internacional.

Enfrentarse a grupos tan atrincherados en Guatemala como el narco-poder y las mafias que existen en los partidos políticos y en el sector privado, es una tarea gigantesca que está más allá de las posibilidades de cualquier individuo. La personalidad y estilo de gobernar de De León dificultan aún más esta tarea, según opinan allegados cercanos.

"El es muy cauteloso y piensa las cosas durante mucho tiempo antes de tomar una decisión, lo que hace creer a algunos que es miedoso o indeciso. En la Procuraduría reunía a todos para pedir nuestras opiniones antes de tomar cualquier decisión importante. También tiene mucho corazón y es muy difícil para él despedir a alguien porque piensa que le va a afectar económicamente", explica María Eugenia Morales, amiga de infancia de De León, quien trabajó con él en la Procuraduría de Derechos Humanos durante tres años.

Una costosa alianza

Para enfrentar a la clase política corrupta, De León necesitó un aliado poderoso y, paradójicamente, parece haberlo encontrado en el ejército. El Presidente ha hecho una alianza con el sector que algunos analistas llaman "menos duro" o "desarrollista" de las fuerzas armadas.

En varias ocasiones el ejército ha declarado su apoyo al Presidente en cuanto a la depuración y De León ha expresado públicamente su apoyo a las patrullas civiles, contradiciendo las posiciones que tuvo cuando era Procurador de los Derechos Humanos. También ha permitido que el proceso de paz ocupe un tercer o cuarto plano de importancia en la agenda nacional.

"Como no tiene base de apoyo organizado, De León puede pensar que el ejército, particularmente el sector del Ministro de la Defensa Mario Enríquez, está apoyándole decididamente. Los militares están muy satisfechos con el rumbo que ha tomado el nuevo gobierno, sobre todo con el proceso de paz. El gobierno recuperó legitimidad, logró apoyo internacional y la URNG perdió aceleradamente espacios y apoyos externos", comenta Aguilera. Así se explica por qué el proceso de paz ha estado estancado durante cuatro meses después de la toma de posesión de De León.

El costo de la alianza con el ejército ha sido dejar de lado el candente tema de la desmilitarización, que tanto afecta a la mayoría de la población campesina e indígena. Mientras las élites políticas de la capital siguen discutiendo las infinitas sutilezas de los artículos constitucionales, las patrullas continúan sembrando el terror en el campo. El 27 de septiembre, dos miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) fueron asesinados en Colotenango, Huehuetenango. En julio y agosto, los patrulleros civiles asesinaron a cuatro personas en esta región. Los cuatro asesinados rechazaban la existencia de las patrullas y ahora, los miembros del CUC acusan a las patrullas de los asesinatos.

"En la capital se preocupan por el pleito entre los organismos del Estado. La consulta popular es un derecho de los guatemaltecos, pero ante una crisis tan complicada como la que vivimos, hay muchos problemas más inmediatos que resolver en el campo para nosotros, los indígenas. Los dos compañeros asesinados fueron amenazados de muerte desde agosto por las PAC. Decían los patrulleros que iban a matar a cada uno de los que participaron en la manifestación contra las patrullas, y las autoridades locales no hicieron nada. Es necesario que el gobierno, las PAC y el ejército garanticen la vida y los derechos humanos de los campesinos en estas zonas, antes de dar paso a una consulta popular", señala Rosario Puj, de la etnia quiché y miembro del CUC.

La fuga de Beteta, condenado por el asesinato de Myrna Mack

El 23 de septiembre, Noel de Jesús Beteta, condenado a 30 años por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, se fugó de una prisión capitalina junto a otros 36 reos de "alta peligrosidad". La condena a Beteta, un ex-sargento del ejército y especialista del Estado Mayor Presidencial (EMP), había sentado un precedente histórico. Nunca antes se había castigado a un miembro de las fuerzas armadas por un asesinato político.

El Ministro del Interior, Arnoldo Ortiz Moscoso, declaró que la fuga no era "fortuita" y que había pruebas de que Beteta había sido ayudado desde el exterior. Cuando Beteta escapó, estaba fuertemente armado y por lo menos tres de sus acompañantes portaban mini-UZIs, un arma no muy fácil de conseguir, según Ortiz, quien no descartó la posibilidad de que algunos socios de Beteta en el EMP podrían haberle ayudado a fugarse de la cárcel.

"Esta fuga fue preparada por sectores que podrían verse afectados si Beteta llegara a declarar. El es sólo una pieza del engranaje en la maquinaria que mató a Myrna. Estos grupos militares y paramilitares siguen actuando con impunidad en Guatemala", declaró Helen Mack, hermana de Myrna, a la prensa guatemalteca.

Helen Mack ha encabezado una lucha sin precedentes en contra de la impunidad militar y ahora está intentando llevar a juicio a los superiores militares de Beteta. Mientras tanto, la familia Mack exigió una investigación de la fuga que, por coincidencia, ocurrió sólo un día después de que se inaugurara la Fundación Myrna Mack en la capital. Esta Fundación se propone continuar la lucha contra la impunidad y por la defensa de los derechos humanos.

A pocos guatemaltecos les sorprendió que Beteta escapara de un sistema penitenciario que está tan corrompido como el sistema político. Se sabía ya que el condenado gozaba de privilegios especiales dentro de la prisión, y algunos medios le llamaban "el Escobar Gaviria de Guatemala". Pero la verdadera sorpresa vino el mismo día, unas horas después, cuando Beteta fue recapturado por la policía nacional en circunstancias todavía no muy claras. Según una fuente, cuando De León recibió la noticia de la fuga, "se puso muy mal" y ordenó a la policía nacional encontrarlo de inmediato. Ortiz dejó a la capital casi sin policías para concentrar todas las fuerzas en la búsqueda del reo, que fue encontrado cerca de la carretera Panamericana rumbo a El Salvador.

Según analistas de la Fundación Myrna Mack, la recaptura es una prueba de que la policía nacional, antes dominada e infiltrada por el poder militar, está empezando a responder al poder civil. Dentro de toda la maraña política en que se encuentra el Presidente, la recaptura de Beteta es evidencia de cambios positivos. La fuga y rápida recaptura podría ser también otra señal de las divisiones que existen en el seno del ejército entre la línea dura - que se opone a cualquier proceso legal que castigue a un soldado - y el sector del Ministro Enríquez, que busca limpiar la imagen de la institución armada.

Una llama de esperanza se encendió en Guatemala con la llegada a mediados de septiembre a la capital de 600 miembros de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de Ixcán.

Las Comunidades en Resistencia ya no son un tabú

Los integrantes de las CPR, que han vivido en la clandestinidad durante una década, recorrieron las calles de la capital durante una semana en marchas de protesta. Exigían públicamente que el gobierno de De León les reconozca como población civil y que cese el acoso constante a que en la zona de Ixcán les someten el ejército y las patrullas.

Hasta hace muy poco las CPR eran tema tabú en Guatemala. Algunos creen que Myrna Mack fue asesinada en 1990 por las investigaciones que llevaba a cabo sobre estas poblaciones, consideradas subversivas por el ejército. Dentro de este contexto, era poco menos que increíble ver a los indígenas tomar la plaza central de la capital durante todo un día y montar una feria popular entre los lustradores, predicadores fanáticos y parejas de novios, que son normalmente los dueños de ese lugar. Allí pasaron todo el día levantando sus puños y coreando las consignas "¡Resistir para vivir!" y "¡Ejército asesino!", desafiando las severas miradas de los soldados que resguardan el Palacio Nacional.

En la plaza, alrededor de una enorme fuente, colocaron cientos de cruces de madera, cada una de las cuales representaba a un familiar asesinado por el ejército durante las masacres de la década de los 80. Durante todo ese día cientos de guatemaltecos desfilaron por la plaza, leyendo las inscripciones hechas con lápiz y hasta con carbón en las cruces: "Juan Pax, 30, quemado", "Rufina López, 20, bala"...

Al lado de la cruces, un joven de 22 años de las CPR explicaba micrófono en mano a los guatemaltecos que pasaban cómo había sobrevivido en la montaña desde que tenía 12 años. Los miembros de las CPR trajeron pruebas de la represión del ejército. El joven enseñaba a los estudiantes, a las amas de casa y a todos los transeúntes que quisieron escucharlo las muestras de cosechas quemadas de y herramientas destruidas y los pedazos de bombas y de morteros arrojados por la fuerza aérea. A pesar de todo, lentamente, las cosas empiezan a cambiar en Guatemala.

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