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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 142 | Octubre 1993
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Nicaragua

Acuerdo con el FMI: doble cinismo

Los políticos del gobierno, los de la UNO y los del FSLN critican como nunca antes la intransigencia del programa impuesto por el FMI. Pero detrás de muchos de esos discursos se camufla aquel dicho: "Hay que cambiar algo para que las cosas no cambien nada".

Equipo Nitlápan-Envío

El paro de transporte rompió el hermetismo de las cúpulas políticas. Después del paro, el discurso de éstas cambió. Largas reuniones y acuerdos bilaterales entre el FSLN y la UNO, reuniones tensas a altas horas de la madrugada entre la bancada sandinista y Daniel Ortega sin acuerdos sustanciales, exigencias de todos lados sobre una renovación del gabinete, anuncios de una nueva política económica... Los políticos del gobierno de la UNO y del FSLN critican como nunca antes la intransigencia del programa impuesto por el FMI.

¿Quiere el FMI eficiencia económica?

Es muy fácil -y está cada vez más de moda- criticar las políticas del FMI. Más difícil es responder a las justas demandas del pueblo de que exista un programa económico de mayor eficiencia y eficacia. Más difícil aún es mejorar la eficiencia y audacia de los empresarios y del gobierno.

Aunque haya cambios en el gabinete, no se vislumbra una nueva política económica. Se habla de un nuevo gabinete más democrático, que represente el triunvirato FSLN, UNO y al Ejecutivo Chamorro/Lacayo. Un alto dirigente sandinista dijo del acuerdo FSLN-UNO que era "un buen acuerdo de papel con serias dificultades de implementación". ¿Se trasladarán las divisiones irreconciliables de la Asamblea Nacional al seno del Ejecutivo? ¿En una coyuntura tan inestable, tomarán en serio las instituciones financieras internacionales al gobierno, que por primera vez hace la petición de una verdadera negociación en torno al nuevo acuerdo a punto de firmarse?

El FMI es una institución multilateral que recibió entre 1988 y 1992 un flujo neto de 6 mil 700 millones de dólares desde los países del Sur. La deuda de estos países con el FMI es tan impagable como la de un campesino ante un usurero: la tasa de interés efectiva que el FMI ha cobrado en estos años a los países pobres es de un 26%. Desde los años 80, el FMI y el BM están acumulando y los países pobres desacumulando a causa de los acuerdos que firman con estas instituciones. Entre 1990 y 1933 el flujo neto a favor del BM y del FMI en sus relaciones con Nicaragua ha sido de 98 millones de dólares. Con la firma de un auténtico programa de ajuste estructural para 1994, el flujo neto del FMI y del BM se revirtiría y se abriría la posibilidad de que los recursos externos se dirigieran por fin hacia los sectores productivos generadores de desarrollo.

Nicaragua firmando su propio suicidio

¿Por qué firman los países pobres acuerdos que les son tan negativos? ¿Es un juego de cúpulas económicas o existe algo más? La realidad es que sin firmar con el FMI, ni Nicaragua ni ningún otro país pobre puede negociar el resto de su deuda con los otros financiadores. (La deuda de Nicaragua con el FMI y el BM sólo representa un 15% del total de su deuda internacional). Son el Banco y el Fondo quienes actúan como semáforos para llegar a la mesa de negociaciones con los países ricos del Club de París. Si un país pobre no firma con el FMI, se secarán pronto todas sus otras fuentes de financiamiento. No firmar con el FMI es para cualquier nación un suicidio económico.

Pero, si Nicaragua firma con el FMI un acuerdo cuya condicionalidad represente la continuación de la actual política económica recesiva, no equitativa y desestabilizadora, tambien estaría firmando su propio suicidio.

La verdad de fondo de cualquier análisis es que el país, después de su primera firma con el FMI en 1990, no ha podido pasar de las políticas de estabilización - léase política que busca sólo parar la inflación - a un programa de ajuste estructural y reactivación de la producción. La verdad es que el país ha malgastado los 2 mil 500 millones de dólares de ayuda externa que ha recibido en este período en expandir las importaciones de bienes de consumo sin reactivar la exportación. El resultado ya está aquí: la bancarrota gubernamental y, al terminar el año, una brecha financiera de 200 millones de dólares que no se cierra. Los programas de privatización de la banca y del comercio interno no han funcionado. No hay crédito para los productores viables y la banca privada no es otra cosa que un canal para la fuga de divisas. El comercio interno privatizado sólo funciona para llenar los mercados y las vitrinas de las tiendas de bienes importados y resulta incapaz de ofrecer servicios eficientes o esquemas de precios que incentiven a los productores nacionales.

Acuerdo con el FMI: doble cinismo

Detrás de la firma del nuevo acuerdo Nicaragua-FMI, se esconde un doble cinismo. En primer lugar, el cinismo del gobierno, que sabe de sobra que no tiene capacidad de gestión del acuerdo firmado. Como un administrador de una empresa que firma un contrato de crédito, sabiendo que no puede garantizar la eficiencia de la empresa ni cumplir con los compromisos. Cuando llega el momento de pagar, el administrador aduce que es sólo un empleado de los dueños y busca empleo en otra empresa. En este caso, la empresa es Nicaragua y sus verdaderos dueños son o deben ser los ciudadanos.

El segundo cinismo es el del FMI y el del BM, que saben también que el gobierno no tiene ninguna capacidad de gestionar el acuerdo de ajuste estructural. Por la inestabilidad política y por un factor aún más importante: el dominio que el grupo empresarial privilegiado e ineficiente de importadores y banqueros privados ejerce sobre la economía del sector industrial, de los microempresarios, de los finqueros y de los campesinos. Este grupo parasitario entorpece la aplicación efectiva del ajuste estructural. Cínicamente, los organismos multilaterales aplican su receta aún sabiendo que el gobierno no tiene ni la voluntad ni la capacidad de gestionar un cambio de política económica para iniciar un ajuste estructural. Calificar la gestión de reformas estructurales de este gobierno -como lo hace el BM- con las palabras "un comienzo importante" representa al menos una falta de objetividad. La consigna que esconden es: "¿Por qué negociar con gente de poca seriedad? Que firmen y que paguen su deuda. ¿Acaso Nicaragua es un país importante del Tercer Mundo?"

El Sr. Vittorio Corvo, que asesoró al gobierno en la devaluación de enero/93, declaró entonces: "La brecha externa se amplió a la par que se profundizaba el ajuste fiscal. Tantos sacrificios no logran el objetivo del programa de ajuste estructural, que es mejorar la posición externa del país". Y concluyó: "No hay ningún país del mundo menos capacitado para iniciar un ajuste que Nicaragua." Otro cinismo oculto está en el hecho de que se firmen acuerdos tan onerosos como si Nicaragua no hubiera sufrido una guerra de 11 años y los embates de una serie de desastres naturales que ya nos están ganando el apodo de "país de Sísifo".

El Banco Mundial considera "excepcionalmente altas" las afluencias netas de ayuda externa, que representaron en 1991 y 1992 un 29% y un 34% del PIB de estos dos años. Sin embargo, el BM nunca se refiere comparativamente a los flujos externos que se le dieron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial ni al impacto de 9 años de guerra sobre la economía de Nicaragua. Para el Banco Mundial, los grandes problemas extra-económicos son las recientes sequías, el puñado de millones de dólares dedicados a la compra de armas de los ex-combatientes y la violencia de las bandas de rearmados rurales, cuando todos estos factores tienen un impacto insignificante si se los compara con el devastador efecto que la guerra tuvo sobre las exportaciones y el desarrollo industrial del país.

En el análisis del BM, "la ausencia de garantías adecuadas al derecho de propiedad" es la causa principal que fomenta la violencia rural. Pero lo que de verdad fomenta esa violencia es el recorte de créditos al sector rural. Lo que frena la inversión privada de los campesinos beneficiarios de la reforma agraria y de los empresarios beneficiarios de la contrarreforma agraria es la ausencia de garantías adecuadas al derecho de propiedad. Pero el grueso de la inversión privada que podría venir de los finqueros ha sido sistemáticamente obstaculizado por otro factor: la nula política crediticia.

El problema de Nicaragua no es sólo la presión del FMI y de la ultraderecha norteamericana, sino la irresponsabilidad de sus cúpulas políticas, la ineficiencia gubernamental y la incapacidad inversionista de sus empresarios. El paro de los transportistas puso al desnudo este doble cinismo, que puede convertir a Nicaragua no sólo en el único país del mundo cuyo PIB per cápita es menor en 1993 que en 1960, sino llevarla a ser la única Somalia de América Latina.

En la actualidad, el riesgo es muy grande: que el gobierno siga aferrado a las metas de la estabilización pero no pueda -o no quiera - realizar las necesarias transformaciones que recomienda el ajuste estructural para pasar de la estabilización al crecimiento. El país necesita, y lo necesitará por mucho años, recursos externos. Sin embargo, sin las transformaciones estructurales requeridas para impulsar la producción y una decidida política de fomento, es probable que instituciones como el FMI y el BM puedan seguir brindando los recursos requeridos sólo para apoyar la estabilización, pero en cantidades cada vez más decrecientes. Seguir dándolos a cambio de un ajuste fiscal que será cada vez más drástico y que no logrará la recuperación de la producción.

¿Están estas instituciones dispuestas a colaborar con la sociedad nicaragüense para realizar las transformaciones estructurales que son indispensables y para apoyar a su gobierno a fortalecer el marco institucional requerido para ellas? Urge elaborar un programa de mediano plazo en el que el país pueda crecer y a la vez tenga mayores posibilidades de pagar en el futuro su deuda. Urge llegar a este consenso: Nicaragua es actualmente un pozo sin fondo para la cooperación internacional, que requiere de un ajuste estructural responsable, diseñado en forma competente y apoyado decididamente por los sectores que tienen el mayor potencial de desarrollo: las capas medias de los productores del campo y la ciudad.

Hay que aprender del ejemplo de los países del Sudeste de Asia, que se desarrollaron gracias a decididas políticas de apoyo y fomento a la producción nacional. Fomentar no siempre quiere decir trasladar subsidios, sino procurar que las reglas del mercado no jueguen siempre a favor de los mismos oligopolios nacionales y extranjeros. Si estos países tenían una estructura de distribución del ingreso menos polarizada que países como Nicaragua, es porque previamente habían invertido en programas de transformaciones estructurales para favorecer el surgimiento de mercados menos concentrados y más eficientes. El argumento del Banco Mundial de que Nicaragua no es capaz de aprovecharse de la experiencia del Sudeste asiático y de que "esos tiempos de los años 60 ya pasaron" es condenar a Nicaragua y a otros países centroamericanos a un perpetuo subdesarrollo.

Política fiscal: único eje del plan económico

El paro del transporte fue un movimiento de desobediencia civil contra la política fiscal, que ha sido la piedra angular de toda la política económica desde marzo de 1991 hasta el día de hoy. Fue también una reacción en contra de una política económica en la que no existe más que esa piedra angular.

Todo el esquema de la política fiscal que ha administrado el Ministro Emilio Pereira no ha sido parte de un programa coherente, sino que ha respondido únicamente a tres objetivos fundamentales:

- Priorizar la lucha contra la inflación y bajar el déficit fiscal, como única meta del programa económico, aunque esto produzca recesión económica en el sector industrial y en el agropecuario. Esta prioridad, tan ceñida, parcial e inconsistente para lograr la reactivación de la economía, tiene sus raíces en la ineficiencia gubernamental y en la incapacidad empresarial para responder a la camisa de fuerza que le impone a Nicaragua el FMI. Para detener la inflación, el FMI prohibió la emisión inorgánica de dinero con el fin de congelar el gasto público en educación, salud y crédito al sector productivo. Para mantener los niveles del gasto público permitió únicamente el incremento de impuestos a la población y el uso de donaciones internacionales al país.

- Hacer compatible la política fiscal con las obligaciones
de pagar el servicio de la deuda externa de Nicaragua al FMI y al Banco Mundial. Mientras que Nicaragua no podía utilizar el crédito internacional para programas de crédito a sus finqueros, transportistas y empresas constructoras, fue obligada a gastar un 40% de esa ayuda en pagar la deuda a las agencias multilaterales.

- Reducir la protección arancelaria a la producción nacional de un 80% a un 20%. El objetivo de esta apertura a la competencia internacional fue decidida supuestamente para mejorar la productividad y competitividad de la producción nacional. Pero en realidad, el resultado fue el cierre de innumerables fábricas y talleres y la eliminación de ramas industriales enteras, como la textil. La consecuencia fue el incremento de las tasas de desempleo y subempleo, particularmente en la pequeña industria y en el sector de los microempresarios.

Mientras que la política arancelaria del Ministro de Finanzas asfixiaba la producción nacional, abrió la puerta a ganancias extraordinarias a los importadores de productos internacionales. Muchos observadores de nuestra economía han señalado además la inestabilidad de los niveles arancelarios, que bajan un poco durante una quincena y luego suben de nuevo. Esta volatilidad de los aranceles ha respondido a peticiones que empresas particulares hacen periódicamente al Ministro de Finanzas con el fin de incrementar un poco más sus ganancias. La turbia conexión del Ministro Pereira con consorcios de importadores explica esta extraña volatilidad de los aranceles.

Y detrás de la política fiscal...

Hasta el paro de los transportistas, Emilio Pereira, Ministro de Finanzas, ha podido mantener un perfil bajo en medio de las interesadas e irresponsables luchas protagonizadas por las cúpulas políticas del país. Ni el FSLN, ni el centro político chamorrista que lidera Lacayo, ni la frágil coalición de la UNO, tienen suficiente hegemonía político/social para establecer los términos de la necesaria reconciliación nacional. Estas tres fuerzas políticas carecen también de la voluntad política y de la capacidad técnica necesarias para plantear una alternativa de política económica que reactive realmente la economía. Aquí están las dos raíces principales de la crisis institucional que padece el gobierno desde que estalló a finales de 1992 la crisis de la Asamblea Nacional. En este río revuelto, el Ministro de Finanzas ha ido concentrando cada vez más poder, controlando la política económica del país. (Historia de su ascenso en envío, agosto/93).

Hasta las jornadas de septiembre, el Ministro de Finanzas pudo proyectar la imagen de un técnico encargado por la Presidencia para controlar la inflación. En los medios masivos, la propaganda de su Ministerio, pagada con los impuestos de los nicaragüenses, repite constantemente el lema "Juguémosle limpio a Nicaragua".

Con el decreto 6-93 y el aumento de los precios de los combustibles, Emilio Pereira buscaba desesperadamente mantener su ciega y cortoplacista política de reducir a cualquier costo el déficit fiscal. El colapso del modelo económico obligaba al Ministro a hallar una solución rápida, fácil y segura en la que los contribuyentes no pudieran evadir los impuestos. Seleccionó entonces equivocadamente la "gallina gorda" del transporte y los precios de los combustibles. Su pretensión hizo estallar el movimiento de los transportistas, que lograron captar y canalizar la conciencia cívica de que los nuevos impuestos al transporte sólo servirían para estimular la inflación.

¿QUIÉN ES EMILIO PEREIRA?

El paro del transporte empezó a mostrar ante los nicaragüenses la verdadera cara de Emilio Pereira. En círculos muy reducidos de políticos y de empresarios nicaragüenses, ya era bien conocido este Ministro en su doble papel del representante ineficiente e incapaz del FMI en Nicaragua y hábil asesor y representante del consorcio empresarial OCAL, que tiene sus orígenes en la oligárquica familia granadina de César Augusto Lacayo.Los distintos escenarios de política fiscal frente al paro del transporte (ver en artículo de coyuntura en este mismo número) y la sinopsis de los ejes centrales de esa política dan la medida de la importancia del papel que tiene el Ministro Pereira como representante en Nicaragua del FMI. Las relaciones entre Pereira y el consorcio los OCAL ilustra la necesidad de modernización que tiene el Estado nicaragüense si se quiere rectificar esa política fiscal, incrementar la independencia de Nicaragua frente a las presiones del exterior y crear las bases de una reconciliación política.Al igual que en el caso del General Humberto Ortega, el problema no es el individuo sino la dualidad y confusión de papeles. Hay otros casos notorios de altos funcionarios estatales en los que también se confunden los papeles, lo que dista mucho de la modernización estatal que Nicaragua requiere, pero es difícil encontrar dos casos tan significativos que tensionen tanto la actual encrucijada nacional.Cuando Somoza despidió a uno de sus Ministros a causa de un desfalco público que se detectó por la construcción de una mansión lujosa e inversiones empresariales demasiado visibles, le explicó que merecía el castigo por la violación de una de las leyes sagradas de la dictadura: "Cuando se come la gallina, no hay que botar fuera las plumas". El que come gallina, que esconda las plumas.Emilio Pereira ha sido muy hábil en no botar las plumas. En su uso del poder público, han sido "los OCAL" los que botan las plumas pero no queda ninguna sospecha de que Pereira come gallina con ellos y con otros importadores de productos internacionales.Quizás el símbolo más llamativo de la nueva Nicaragua "democrática", donde las tiendas están llenas de todo tipo de mercancías importadas mientras que el cólera y la desnutrición avanzan sobre el creciente número de los hambrientos desempleados, son los Supermercados La Fe. Carlos Reynaldo Lacayo, líder del grupo de "los OCAL", es el dueño de esta cadena. Su hermano, Augusto César Lacayo II, es el empresario que organiza los conciertos de los cantantes más populares y los concursos de belleza. El consorcio OCAL controla más de 20 empresas distintas, entre las que se incluyen las de importación de autos y la de mediación de contratos estatales para las distintas licitaciones. Uno de los casos más sonados fue el de la elaboración de los nuevos pasaportes, en el que la oferta de los OCAL era la más cara y fue la aceptada. Un caso altamente revelador de la irresponsabilidad de Pereira fue su intento de apoyar desde su cargo al grupo OCAL en el plan de representar al ron Bacardí en Nicaragua. El plan de la poderosa empresa de capital cubano radicada en Puerto Rico fue entrar en Nicaragua vendiendo su ron a precios por debajo de sus propios costos(dumping) para así quebrar a los rones nacionales Flor de Caña y Ron Plata. Resultado: los OCAL hubieran quedado con lucrativas comisiones, el Ministerio de Finanzas con más impuestos fiscales por ser este ron un producto importado, Bacardí con todo el mercado nacional y los obreros de Flor de Caña en el desempleo. Los Pellas -dueños de Flor de Caña - tuvieron suficiente poder y conexiones para parar el plan de Pereira. En la industria de cerveza, Pereira ha sido más exitoso. Nicaragua bebe ya la cerveza Miller de Milwaukee, aunque en latas que llevan la marca nacional Victoria. La Toña, otra cervercería nacional, decidió resistir y expandir su producción.Los OCAL han podido trabajar con todos los gobiernos nicaragüenses y Emilio Pereira ha sido siempre su asesor. Expandieron su consorcio bajo Somoza, reemplazaron a los Mántica durante el sandinismo y lograron colocar a su permanente asesor como Ministro de Finanzas en el gobierno chamorrista. El FMI y la Presidenta han hecho una mala selección, dotando a Pereira de tanta autoridad para manejar la política de estabilización y ajuste económico.

El verdadero culpable

Los intentos de Ministro Pereira de poner parches a su política fiscal y a un programa de estabilización sin ajuste estructural han llegado a su límite. No se trata de acusar a los OCAL. Todos los empresarios del mundo tienen derecho a negociar sus intereses frente a cualquier gobierno. El verdadero criminal en el campo económico no es ni "los OCAL" ni Emilio Pereira. Es un programa económico que excluye la posibilidad de que los sectores productivos participen a la par de los importadores en la reactivación de nuestra economía. La dominación que ejercen los importadores sobre el rumbo de la economía y un monetarismo desconectado de las reformas estructurales se encuentran en el mismo corazón del colapso económico.

Es preciso señalar que la figura del importador internacional no tiene color político. Falta investigación acerca de si los sandinistas o los anti-sandinistas son quienes tienen la hegemonía en este sector. Falta también investigación más específica acerca de los niveles de fuga de capital que lleva a cabo este sector económico. Lo único que no requiere investigación es el hecho de que muy poco de las ganancias que los importadores obtienen va a la inversión productiva. La poca inversión productiva que hay en Nicaragua procede de familias que siempre estuvieron en los sectores agropecuarios, agroindustriales e industriales. La única excepción a esta regla podría ser hoy el extenso complejo militar-agroindustrial-comercial del Ejército, que hegemoniza el General Humberto Ortega. Y esta es una investigación de interés público, aunque muchas de las empresas fueron privatizadas durante la "piñata sandinista", antes y después de las elecciones.

Los importadores, sean sandinistas o no, están empezando ya a padecer la escasez de divisas y la caída de la demanda por las continuadas iniciativas del Ministerio de Finanzas de balancear la cuenta fiscal con la estrategia recetista del FMI de cortar gasto público e incrementar impuestos. Con los niveles de recesión productiva y el reinicio de la inflación, esta receta se revela cada vez menos eficiente. Empiezan las tensiones entre Pereira y los importadores. Más que cualquier otra razón, es esto lo que explica el previsible despido de Pereira del gabinete. Los nuevos parches propuestos por el Ministro Pereira para continuar con su gastada política fiscal empiezan a chocar con los intereses de los importadores.

El escenario 4 muestra los probables resultados del nuevo plan anunciado por el Ministerio de Finanzas de recaudar ingresos fiscales vendiendo activos del gobierno (vehículos y otros bienes de lujo). Esta opción coloca al mismo Ministerio de Finanzas como competidor de los importadores en el mercado de bienes finales. Es una política fiscal restrictiva, similar a la de subir los impuestos al transporte. El PIB descendería en 21 millones de córdobas y el consumo de los hogares en 42 millones. En este escenario, sólo el Ministerio de Finanzas y el FMI ganarían 7 millones de córdobas, mientras que el resto de la sociedad perdería.

Una política económica alternativa

El gobierno ha errado al enfocar únicamente su política económica en una política fiscal restrictiva. Sería también erróneo pensar que un cambio de 180 grados, centrando la política económica sólo en una política fiscal activa, solucionaría nuestra crisis. La política económica ha beneficiado casi exclusivamente al sector de importadores de productos internacionales y a la banca privada. Una alternativa tendría que buscar la participación de todos los sectores de la economía, incluyendo también a importadores y banqueros, pero insertándolos en un nuevo esquema de competencia leal en el mercado.

Una nueva política económica requiere más integralidad y coherencia que la anterior. Algunos de sus elementos se pueden resumir en 9 puntos fundamentales.

1. UN PROGRAMA PÚBLICO MASIVO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA URBANA E INDUSTRIAL

En el escenario 1 se simula un programa público de construcción de viviendas con inversiones de 300 millones de córdobas en materiales y creación de empleo. Los agentes del programa tendrían que ser empresas privadas que ganen licitaciones con el gobierno y pequeñas empresas constructoras subcontratadas por los ganadores de las licitaciones. Se trata del más positivo de los escenarios, que muestra los beneficios de una política fiscal activa que tocaría directamente a los sectores productivos con capacidad ociosa.

Todos los indicadores suben (el PIB en 303 millones, los salarios en 140 millones, las ganancias empresariales en 95 millones, el consumo de los hogares en 227 millones, la actividad inversionista en 301 millones, las ventas de los importadores en 178 millones). En este escenario de política fiscal activa, hasta los ingresos del Ministerio de Finanzas subirían en 68 millones, bastante más que lo que recaudaría con las políticas fiscales restrictivas de los escenarios 3 y 4.

Una política expansiva de esta naturaleza no provocaría desequilibrio de oferta y demanda ni más inflación. El escenario 1 demuestra que la emisión de 300 millones de córdobas en circulante para el sector de la construcción encontraría 303 millones de córdobas en productos (PIB,indicador 4).

En 1993, el FMI exigió un recorte de 360 millones de córdobas del gasto fiscal, debido a la incapacidad de controlar el crecimiento excesivo de las importaciones. El recuadro demuestra que en vez de recortarlo se podría dirigir hacia la producción sin provocar inflación. Esta opción liberaría por lo menos 25 millones de dólares de la ayuda del BM y del FMI programados para 1994.

La viabilidad de programas de vivienda tiene su base en el efecto multiplicador que tiene la construcción en nuestra economía (ver envío, noviembre/91). La rama de la construcción ha sido objeto de privatización para empresarios y trabajadores. Existe capacidad ociosa y la preparación de proyectos de construcción a nivel de factibilidad es más fácil que el diseño de caminos rurales. Sólo hace falta solucionar el problema de la demanda y reactivar esta industria.

2.IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FINQUERO
Y REACTIVACIÓN DEL BANADES

El Plan Finquero propone esencialmente un giro a la institucionalidad elitista que representa el apoyo público que se ha dado a la empresa privada agrícola. El Estado, que hasta ahora ha apoyado sustancialmente a una minoría de grandes empresarios privilegiados pertenecientes a pocas familias y a círculos de funcionarios, debe facilitar el desarrollo de los sectores más eficientes de la empresa privada en el sector rural.

El plan (ver Envío mayo 93), que es el programa más prometedor para reactivar el sector agropecuario, prioriza, por medio de innovaciones en los mecanismos e instituciones, el financiamiento rural para la pequeña y mediana empresa rural finquera (productores agropecuarios, comerciantes-transportistas y procesadores rurales). Ha tenido una buena recepción por parte de la comunidad internacional como una vía para responder a la iliquidez de los pequeños y medianos finqueros. El BID está a punto de aprobar un programa de financimiento no convencional de 10 millones de dólares para finqueros, de 10 millones de dólares para microempresarios urbanos y de 5 millones de dólares en asistencia técnica para el desarrollo de las innovaciones institucionales necesarias para operar estos servicios financieros. La Comunidad Económica Europea iniciará un programa similar en 1994.

En el corto plazo, los finqueros son el sector de la empresa privada nacional que más puede aportar a Nicaragua. Porque el componente importado de su producción es mucho más bajo que el de la de los empresarios agrícolas. Porque tienen normas de consumo más austeras y gastos administrativos menores. Porque sus empresas medianas no los hacen sujetos de programas de compensación social. Al contrario, su solvencia es característica de productores con rendimientos económicos marginales, muy ventajosos para el país. Las fincas medianas son las que tienen más experiencia en producciones agrícolas tradicionales orientadas al mercado nacional, con potencial exportable. Los pequeños y medianos comerciantes-transportistas rurales son los que mejor y más rápido pueden reactivar las redes de comercialización en las regiones más aisladas del país.

Financiarlos no presionaría sobre la aguda escasez de divisas. La decisión del gobierno de restringirles el crédito ha sido la causa principal de la recesión económica y del incremento de la pobreza en el sector rural. La decisión de restringirles el crédito fue acompañada por la decisión de casi cerrar el Banco Nacional de Desarrolo (BANADES), para así estimular a la banca privada. El resultado ha sido que la nueva banca privada prefiere financiar importaciones o fugar su capital a las bolsas de valores extranjeras y los nuevos banqueros no han sido capaces de llenar el hueco dejado por BANADES.



Aunque es cierto que el BANADES era muy ineficiente y con bajas tasas de recuperación, la cura ha sido peor que la enfermedad para la economía del país. El Plan Finquero, orientado aproximadamente a unas 42 mil familias, propone cubrir a un sector de éstas por medio de los servicios bancarios del BANADES, a otro por los circuitos de comercialización (compras de futuro y habilitaciones por parte de las casas comerciales con más de 40 años de experiencia y de un segmento de las nuevas operaciones comerciales, nacidas de la ayuda bilateral y que muestren niveles adecuados de eficiencia), y a otro por medio del fomento acelerado de entidades financieras locales gestionadas por los mismos finqueros.

Estas últimas pueden ser más eficientes por su cercanía y por la adecuación de sus programas a las demandas de los finqueros. Los 40 bancos locales de este modelo que ya existen tienen tasas de recuperación que promedian casi un 90%, financiando la integralidad de la actividad económica rural. Para el país esto es más eficaz que las estrategias financieras de los bancos privados, divorciados de la actividad productiva agropecuaria y que financian sólo a unos pocos grandes empresarios agrícolas residentes en las principales ciudades y a los importadores.

Importantes proyectos públicos de desarrollo rural regional están por iniciar operaciones. El financiamiento rural a los productores es uno de sus componentes más importantes. Las opciones para operar estos servicios financieros podrían ser los del BANADES, con una reestructuración de su estrategia empresarial o el fomento de los bancos locales, aplicando las innovaciones del financiamiento rural por mecanismos no convencionales. Esta última vía implica una acelerada inversión en el desarrollo del capital humano local y el fortalecimiento de la capacidad de diálogo y comunicación entre los organismos de fomento público y los finqueros.

Recientemente, el Banco Mundial ha reconocido el potencial económico de los finqueros. Los costos de confiar en la ideología de privatización total y acelerada de la banca aparecen cada vez más altos. Urge reabrir sucursales del BANADES. A pesar de su ineficiencia, no intermediar crédito a los finqueros sería el peor error en este momento del colapso económico. El uso de la banca pública debe ser temporal y disminuirá en la medida en que avancen las operaciones de crédito de los bancos locales y de las ONGs y en la medida en que mejoren las actividades de las cooperativas rurales.

3. EXPANDIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y EDUCACIÓN
CON GRADUALIDAD Y PRECAUCIÓN POR SUS EFECTOS INFLACIONARIOS

El escenario 2, expansión de servicios en salud y educación, no muestra resultados tan positivos como los que tendrían los programas públicos de construcción. Aunque los ganadores de la expansión del déficit fiscal para mejorar la educación y salud serían los trabajadores y la mayoría de la población del país, los empresarios perderían un poco, al igual que perdería la actividad inversionista. La redistribución de ingreso con una expansión así sería un elemento positivo para el país.

En el recuadro se aprecian los efectos inflacionarios de esta opción. En primer lugar, los ingresos del gobierno subirían sólo en 8 millones de córdobas, mientras que los ahorros gubernamentales se reducirían en 250 millones (indicador 9), lo que casi inmediatamente provocaría inflación. Finalmente, en este escenario, la emisión de 300 millones de córdobas sólo encontraría 215 millones de dólares en productos(indicador 4), lo que también produciría inflación.

No se trata de argumentar contra más recursos dedicados a la salud y a la educación, ni insinuar que la salud y la educación no son productos tanto o más necesarios que las mercancías. Lo que se demuestra más bien es que años de una política fiscal restrictiva y el derroche de los fondos de ayuda externa en importaciones, en vez de en reactivación económica, hacen difícil mejorar la salud y la educación sin correr, en el corto plazo, el riesgo de producir inflación. Así, para poder mejorar los servicios sociales, es prioritario establecer una política fiscal activa que reactive la producción (créditos en el campo y programas de construcción pública en las ciudades),lo que permitiría iniciar avances lentos pero seguros en el campo social en 1994 y expandirlos en 1995.

4. EXPANDIR LOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA CONTRA LA POBREZA
NO SÓLO EN LA CIUDAD SINO EN EL CAMPO

En términos económicos, el FISE(Fondo de Inversión Social) ha sido efectivo. Sin embargo, ha trabajado con montos demasiados reducidos. Su expansión en las áreas rurales, en vez de concentrarse en las ciudades, sería un paso positivo. Aunque este tipo de programa no tiene impactos tan positivos como los que tendría el Proyecto Finquero y la reactivación de la industria de la construcción, no contiene los peligros inflacionarios que sí tendría la expansión de gastos en salud y educación.

5. INCREMENTAR LOS ARANCELES PARA PROTEGER SELECTIVAMENTE
A LA INDUSTRIA NACIONAL, PROMOVIENDO ASÍ SU REACTIVACIÓN

Los programas de apertura comercial tienen como objetivo principal el aumentar la competitividad de la industria nacional. En Nicaragua, el resultado no ha sido éste. Ha sido una profunda recesión industrial, el cierre de ramas industriales enteras y la marginación y eliminación de la pequeña industria y de los microempresarios.

El problema no es la validez o no de un programa de apertura sino el uso que se ha hecho de él con el único objetivo de que el Ministerio de Finanzas recaude impuestos. Los expertos recomiendan una reducción gradual de los aranceles. En 1990 existía un nivel de protección de un 80%, que descendió hasta el 30% ese mismo año, y que llegó a sólo al 20% en 1991. Uno de los economistas más respetados del Banco Mundial, R. Dornbusch, recomienda no bajar a más de la mitad los niveles de protección, hasta que la industria nacional se fortalezca. El Ministerio de Finanzas no lo hizo así y optó por una apertura extremadamente radical a la competencia extranjera.

El resultado fue un incremento de las importaciones extranjeras y más impuestos para el gobierno. Gran parte del colapso económico y la escasez de divisas se deben a esta errada política, que requiere de una rápida rectificación. Los otros gobiernos centroamericanos están dispuestos a conceder a Nicaragua un trato de excepcionalidad para incrementar sus aranceles porque reconocen que la recesión e inestabilidad de este país dañan más la integración de la región que un cambio de régimen arancelario.


6. URGENTE REFORMA FINANCIERA PARA CANALIZAR EL AHORRO PRIVADO Y PÚBLICO HACIA LA REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

Uno de los elementos más importantes para una nueva política económica es una profunda reforma financiera, con tres elementos esenciales. Esta reforma es necesaria para superar la separación/ruptura entre la banca y la producción y la ruptura entre el fisco y la producción, serios obstáculos para cualquier programa económico.

El primer elemento de la reforma financiera es reducir las libertades demasiadas amplias que se han concedido a la banca privada. La ideología del libre mercado aplicada al sector financiero ha provocado una crisis profunda en los mercados financieros de Nicaragua. Un indicador claro de las anomalías es el creciente ahorro privado de divisas, cuando el país atraviesa por una profunda crisis financiera y de divisas para garantizar el mínimo funcionamiento de la economía.

En este momento, los bancos privados registran 140 millones de dólares en ahorro privado, pero una parte sustancial de esas divisas no se encuentran en el país. Según la actual legislación, los bancos tienen derecho a sacar fuera del país un 70% de sus depósitos, lo que serían 98 millones de dólares. En una coyuntura de colapso económico, es absurdo que la Superintendencia de Bancos permita esta fuga de capitales y siga permitiendo que los importadores saquen divisas del Banco Central, cuando podrían aprovecharse del capital de la banca privada.

Le toca a la nación defender su economía en vez del libertinaje de los bancos privados. Son absolutamente necesarios nuevos reglamentos financieros que aseguren la repatriación de los ahorros de los ciudadanos a su país. La Superintendencia de Bancos debe exigir que el total del ahorro privado esté en los bancos privados antes del 15 noviembre y con arqueos proceder a certificar sus licencias. Se trata de una medida crucial para disminuir el costo que tendrían que pagar las mayorías por la devaluación que viene pronto y para frenar la inflación en el período post-devaluación.

Hasta el momento, la liberalización financiera sólo ha tenido como efecto el surgimiento de bancos privados que ya captan el 30% de los depósitos corrientes y de ahorro, pero que sólo contribuyen al 2% de los préstamos al sector privado y se aprovechan de las altas tasas de interés para realizar ganancias sin riesgos.

El segundo elemento de la reforma financiera es exigir que entidades del gobierno como el INSSBI jueguen al lado del gobierno y no al lado de los bancos privados. Estas entidades públicas dolarizan y depositan millones de córdobas en los bancos privados, que luego los fugan del país. Antes de negociar cualquier recorte del gasto público con el FMI y el BM, el gobierno debe obligar a las entidades públicas a colocar su liquidez en las arcas del Banco Central.

El tercer elemento de la reforma financiera es una reducción de las tasas de interés. El Banco Central recibe donaciones para Nicaragua a cero costo y préstamos con tasas internacionales de interés y presta a los bancos sin mantenimiento de valor y con tasas favorables para que éstos extiendan luego créditos a un 18% de interés, casi el doble de las tasas de interés que existen en los países industrializados. Es preciso canalizar estos fondos a tasas mucho más bajas y hacia iniciativas de exportación no tradicional y a finqueros y microempresarios con empresas viables pero sin suficiente capital como para recibir fondos en los programas del PAMIC (Programa de Ayuda a la Microempresa).

Es necesario también reducir las tasas de interés y de ahorro para controlar la especulación financiera existente y canalizar fondos hacia la reactivación de la producción. Aunque esta reducción debe ser leve y progresiva, urge un cambio positivo en la política crediticia. La actual política terminará con cualquier posibilidad de negociar condicionalidades con el FMI y de cumplir con el servicio de la deuda al FMI y al BM.

7. EFECTUAR UNA DEVALUACIÓN EN TIEMPO OPORTUNO PARA LOS EXPORTADORES Y LOS CAMPESINOS CON UNA TASA DE CAMBIO FLOTANTE

La devaluación es necesaria para estimular la exportación y frenar la especulación comercial y financiera. Aunque la devaluación es una condición necesaria para reactivar la economía y mantener la inflación a niveles aceptables, no logrará por sí sola ninguno de estos propósitos sin una política económica expansiva. Ninguna de las políticas recomendadas por el FMI (recortar gasto público, subir los impuestos, privatizar INE y INAA) garantizarían los efectos positivos esperados de una devaluación. La única solución es un paquete de medidas que inicie la reactivación económica.

Todas las devaluaciones de los últimos cinco años se han hecho después de que los exportadores y campesinos habían vendido sus cosechas a los comerciantes. Estas decisiones nunca fueron casuales: las determinó la influencia que la importación de productos internacionales es tiene en los círculos del gabinete económico. Si se buscara realmente mejorar con la devaluación la posición de los exportadores, urge que ésta se decrete entre el 15 y el 20 de noviembre.

Pero en Nicaragua ninguna modalidad de devaluación tendrá los efectos esperados sin una reforma financiera con las características anotadas. Unicamente si las divisas están controladas con eficacia, habrá suficientes recursos para hacer frente a la especulación de los "coyotes". Si las divisas retornan al país, los mismos ahorrantes utilizarán sus dólares para especular en el mercado negro y esto ejercerá un relativo control sobre la inflación a causa de las propias leyes del mercado. Si los empresarios del país no tienen capacidad de invertir en la producción, corresponde al gobierno crear las condiciones para que estos intentos de especular en el mercado negro controlen parcialmente la inflación y mantengan el valor del córdoba frente al dólar.

No es el FMI quien exige a Nicaragua romper la indexación del córdoba con el dólar. Esto es más bien el efecto de una política fiscal y monetaria que destruye la capacidad productiva del país y estimula la importación. Sin un conjunto de políticas que empiece a cerrar la enorme brecha existente entre exportaciones e importaciones, habrá cada vez más inflación seguida de más devaluaciones. El efecto de la última devaluación de un 20% en enero de 93, fue cancelado casi inmediatamente por la inflación.

8. PEDIR APOYO FINANCIERO Y ASISTENCIA TÉCNICA AL BANCO MUNDIAL Y AL FMI PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE REFORMA ESTRUCTURAL NECESARIOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Hasta ahora, el Estado ha implementado la ideología del FMI aplicando sus recetas ciegamente. Con su gabinete actual y con las fuerzas económicas y sociales que lo sustentan, el gobierno ni es, ni quiere, ni puede ser gestor de ninguna de las reformas que conduzcan a un ajuste estructural que favorezca a los productores más eficientes sobre las especuladores comerciales y financieros.

Toda la gestión de las reformas de privatización, de desregulación y de apertura internacional han tenido un carácter de anti-ajuste estructural. Se han dictado medidas de ajuste desde una ideología de monetarismo ortodoxo, pero la gestión concreta de estas medidas han sido de una heterodoxia insólita en la historia del ajuste estructural en América Latina. Otros programas han generado las mismas tendencias - Chile fue un ejemplo claro - pero los gobiernos y los agentes económicos actuaron para rectificar las tendencias negativas. La verdad es que el gobierno de Nicaragua no ha sido ni siquiera capaz de llevar a cabo un ajuste estructural sin equidad. Mucho menos será capaz de un ajuste con equidad.

En la trayectoria de este ajuste, el país ha quedado sin gobierno y sin Estado. Ante la severa crisis institucional, muchos observadores han comentado: "El problema es que ya no hay gobierno." Las raíces de la crisis gubernamental se encuentran en el declive de la institucionalidad del Estado. La verdad es que ya no hay Estado.

La aplicación del ajuste ha ido acentuando las características más negativas del ajuste y las reformas estructurales hechas por los sandinistas y a la vez ha ido eliminando la capacidad del Estado para ser gestor hasta de los acuerdos que firma con el FMI.


Privatización: más de lo mismo

El programa de privatización ha tenido más impacto en términos de transferencia y especulación en bienes raíces que en términos de reactivación económica. Sin duda, la privatización beneficiará al país en el mediano y corto plazo, pero el problema está en el corto plazo. Analicemos la eficiencia económica de las nuevas privatizaciones pedidas por el FMI y el BM para aceder a los 250 millones de dólares en el segundo Programa de Ajuste Estructural (ESAF)del FMI y al segundo Programa de Crédito para Reactivación Económica(ECR-2) del BM.. La lógica del FMI se guía más por eliminar los 60 millones de dólares deficitarios de INE, INAA y TELCOR -que representan un 3.2% del PIB- que por pensar en la mejora de los servicios de agua, luz y teléfonos en la rentabilidad y viabilidad económica de estas privatizaciones.

No hay duda de que hay que romper con "la cultura de no pagar", pero sí hay dudas sobre cuáles qué serán los resultados de privatizar INE y INAA. Privatizarlos antes de reducir los niveles de desempleo y pensar eliminar con ello al 40% de la población que se conecta ilegalmente a las líneas eléctricas o a los campesinos que sacan agua de los tubos por mangas para que el medidor no registre su uso, es tan improbable como detener la delincuencia. Los costos de la operación no son alentadores y estos nuevos costos sólo caerán sobre las capas medias. Otro escenario posible serían ataques de pobres "cortados" apoyados por sandinistas a las nuevas instalaciones privadas (medidores y hasta plantas), lo que también aumentará los costos para las capas medias. Una alternativa real es un enorme operativo policial, pero esto sólo aumentará el déficit fiscal. Privatizar TELCOR es mucho más racional porque los pobres no tienen teléfonos.

Incapacidad de gestión económica

El Estado no ha intentado negociar condiciones realistas para lograr los objetivos ni del primer programa de ajuste estructural ni de este segundo. Doña Violeta regañó a su gabinete económico: "Ve qué bonito están ustedes, llaman a los economistas hasta la última hora, para que les ayuden resolver los clavos." Hoy cuando el FMI exige reducir el gasto público en 60 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, nadie conoce aún cuál ha sido el deficit fiscal en los primeros nueve meses de 1993.

Sólo Emilio Pereira. Una de las primeras reglas del ajuste estructural es la libertad de información en el mercado. La Asamblea Nacional y el Banco Central no tienen ningún acceso a información sobre las finanzas públicas ni mucho menos control para discutir el Presupuesto Nacional antes de su proclamación por el Ejecutivo ni poderes para revisar su fiel cumplimiento. Hace falta apoyo financiero del FMI para aumentar el gasto público y también para crear un equipo nacional capaz de recibir la asistencia técnica del FMI y del BM.

Fomento de las exportaciones

El Estado ha creído que la expansión de las exportaciones es un producto mágico que surge de las libertades que se conceden al estrato más rico de la población. Pero nunca ha sido así ni en los países con una tradición empresarial infinitamente superior a la de Nicaragua. El gobierno chamorrista ha hecho muy poco para promover nuevas líneas de exportación, como hicieron los nuevos países industrializados de Asia. Para ello no se necesita un Estado grande y costoso sino un puñado de funcionarios estatales muy eficientes y asistencia técnica internacional de expertos. En este campo, el FMI podría demostrar su capacidad de cooperar en el logro de un Estado más eficiente.

El problema no es si el Estado como ente abstracto es más o menos eficiente para repartir recursos que lo que lo es el mercado "ideal". El reto concreto es fortalecer la capacidad técnica del Estado, en colaboración con otros organismos de la sociedad civil y las agencias de cooperación que lo deseen, para identificar los cuellos de botella del desarrollo y fomentar el potencial del país, que descansa en ramas tales como la cadena madera y muebles, la cadena cuero y calzado, la pesca y la transformación agroalimentaria, sectores donde amplias fuerzas productivas privadas están a la espera de señales positivas del mercado, y esperan del Estado que cumpla con su función de equilibrar equitativamente las oportunidades, en aras de una mayor eficiencia.

Reforma de la gestión tributaria

Quizás el área más débil del Estado nicaragüense está en su sistema tributario. En los más de tres años el actual gobierno ha insistido en repetir las características más negativas del sistema heredado de los sandinistas. Cada vez más los impuestos indirectos desplazan a los impuestos directos sobre la renta. Además, estos impuestos sobre la renta caen con más fuerza sobre los trabajadores que sobre los empresarios, porque la mayoría de las empresas - incluyendo a las grandes empresas - tienen una estructura familiar de propiedad que facilita la evasión de impuestos.

En el escenario 3 se pueden apreciar los efectos de una política tributaria progresista que pone su énfasis en los impuestos directos aplicados a los estratos de ingresos más altos de entre los funcionarios públicos. Demuestra que el Ministerio de Finanzas pudiera haber recaudado 42 millones de córdobas en impuestos (indicador 8), reduciendo los salarios de los estratos mayores de los funcionarios del gobierno en sólo un 15%. Pudiera haber recaudado así 12 millones de córdobas más que con su plan de impuestos sobre el transporte. Sobre todo, pudiera haber obtenido sus objetivos de respaldar el programa del FMI sin provocar ninguna asonada y sin profundizar la crisis política del país. Las pérdidas en los hogares también hubieran sido mucho menores en este escenario.

Pero la gran lección del escenario 3 es que bajar los salarios de los funcionarios públicos acomodados pudiera ser "solidario", pero no tendría un impacto inmediato de reactivación económica, porque el peso de los impuestos indirectos en los ingresos fiscales es tan enorme que esta medida representaría sólo una gota de agua de mejoría en un mar de ineficiencia. Se necesita asistencia técnica para diseñar una política tributaria que tenga más eficacia y equidad.

En este escenario, el PIB caería en 32 millones de córdobas. Aunque esta medida sería más racional que los impuestos sobre el transporte y los combustibles, es nuestra hipótesis que cualquier política fiscal restrictiva (quitar circulante de la población y reducir su poder de compra) tendría como consecuencia profundizar la recesión económica, aun en el caso en que se acompañe con programas de reactivación y con una ayuda externa de 200 millones de dólares. Lo que hace falta es un leve y eficiente giro en la política fiscal. Se puede iniciar una política expansiva cautelosa sin desarticular completamente el plan de estabilización.

Incapacidad para negociar la deuda externa

El grado de desarticulación de las embajadas del gobierno de Nicaragua ha llegado a tal punto que en muchos casos hacen daño al país y sobre todo, a sus perspectivas de negociar adecuadamente su deuda externa. Hacen falta programas de apoyo al Ministerio de Cooperación y al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar sus esfuerzos con el Banco Central en la preparación de la nueva ronda de negociaciones con el Club de París.

9. NEGOCIAR ESTE PAQUETE CON EL FMI Y EL BM, INCLUYENDO UNA DISCUSIÓN SERIA PARA QUE EL FMI PERMITA A NICARAGUA TENER EL MISMO NIVEL DE DÉFICIT FISCAL QUE COSTA RICA.

Existe suficiente capacidad técnica en el Banco Central, sin o con el apoyo de los economistas no gubernamentales, para razonar de forma cuantitativa este paquete de una política económica de reactivación económica y para no seguir con una política de más recesión e inflación. El Banco Central podría hacer simulaciones de este conjunto de políticas, en vez de hacerlas una por una, como hemos tenido que hacer para evaluar algunos de sus impactos.

El problema es la falta voluntad del Ejecutivo y de los partidos políticos para enfrentar la intransigencia de importadores y de banqueros en la defensa de sus privilegios. Por más que los políticos del FSLN, de la UNO y del Ejecutivo acusen al FMI de intransigente, hace falta la voluntad política y patriótica para acusar a los nicaragüenses que especulan con el hambre del pueblo.

Hasta los técnicos locales del FMI y el BM saben que el obstáculo principal para reactivar la economía no es el déficit fiscal si no la ineficiencia del Estado para distribuir los recursos financieros a los que podrían aumentar la productividad del país y para ahorrar las escasas divisas. Hasta ellos saben que el "clavo" principal es la intransigencia de los importadores y de los que especulan en los bancos, que no aceptan renunciar a sus privilegios.

El clima de pesimismo que reina entre los economistas no gubernamentales se debe a una convicción que tienen ya bien probada: los políticos de todos los partidos y los mismos funcionarios del gobierno se lucran del "no ajuste", porque todos son importadores comerciales y especuladores en los bancos privados.

El doble cinismo de los organismos multilaterales y de los actores políticos define esta coyuntura, en la que el país camina hacia la firma de un nuevo acuerdo, en el que el FMI pide más de lo mismo y cuando los resultados económicos negativos están a la vista. Sin una negociación seria y de fondo entre el FMI y Nicaragua, la única esperanza reside en reacciones de la sociedad civil como la del paro de transporte. Sólo estas iniciativas de presión colectiva desde la sociedad civil, desde los productores y desde los agentes de servicios eficientes podrá cuestionar el cinismo reinante y cambiar el rumbo del país.

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