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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 142 | Octubre 1993
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Nicaragua

Transportistas desnudan el plan económico

El pueblo le atinó al error más grave del plan económico: una política fiscal recesiva y anti-productiva. La huelga del transporte fue la expresión social del colapso del modelo económico.

Equipo Envío

El paro nacional de los transportistas, a mediados de septiembre, ha sido el acontecimiento social más importante de los más de tres años de gobierno Chamorro. Por primera vez, un movimiento de la sociedad civil logró quebrar el aislamiento de las cúpulas de los partidos políticos y afectar los intereses de los importadores empresariales, de la banca privada y del FMI, colocándose como protagonista en la discusión de la política económica del país. El paro de transporte fue también la expresión social del colapso del modelo económico.

Managua: de nuevo las barricadas

El 20 de septiembre amaneció el país paralizado. Se iniciaba así la huelga nacional de los transportistas, que ya habían decretado paros parciales y de forma escalonada en la semana anterior. Desde horas muy tempranas de la mañana, se veían en Managua largas filas de personas que caminaban extensas distancias para llegar a sus trabajos. En las principales calles de la capital y en las salidas hacia los departamentos los huelguistas habían colocado "tranques".

"Ningún vehículo encontré y tuve que caminar 12 kilómetros para llegar a mi trabajo", decía una mujer. En el aeropuerto, los turistas contrataban carretones de caballos para trasladar sus equipajes a los hoteles más cercanos. A las 11 de la mañana ya era visible la actividad de jóvenes, hombres y mujeres de los distintos barrios de Managua que hacían cadena para levantar adoquines de las calles y construir barricadas. Otros se dedicaban a ser simples espectadores de las actividades de los huelguistas. Pronto, el humo que se apreciaba en los cuatro puntos cardinales de la capital, era señal de que había comenzado la quema de llantas en las barricadas. También comenzaron acaloradas discusiones entre los huelguistas y algunas personas a las que se les impedía el paso de sus vehículos. Muchos - aunque apoyaban el paro - tenían temor a ser despedidos de sus trabajos.

Reacciones del pueblo

Se puede calcular que un 20% de la sociedad civil de Managua apoyó la huelga. El resto era espectador pasivo en los barrios. Los que apoyaron activamente lo expresaban así: "No sabemos lo que saldrá de aquí y tal vez nos matan de un tiro, pero es mejor morir de un solo viaje que como ahora: estarnos muriendo de hambre poco a poco". Y los pasivos: "Este país no se compone, no se puede vivir aquí, tendremos que irnos". Unos y otros reflejaban dos opciones que van quedando a los pobres: emigrar o morir.

La intransigencia y manipulación del gobierno para dividir a los transportistas fue una constante en la tensa negociación para poner fin a la huelga. Para el gobierno los únicos grupos representativos de los transportistas de Nicaragua eran FETRACANIC y FETRACOLNIC, ambos grupos dirigidos por empresarios sandinistas y apegados a la línea gubernamental. El gobierno quiso negociar con ellos, dejando al margen a las 25 uniones de transportes y a las 257 cooperativas de transportistas, que aglutinan a 30 mil miembros, el 80% de la totalidad de este gremio.

La cerrazón gubernamental fue un importante factor para que mucha gente que apoyaba "pasivamente" el movimiento se dedicara a dar su apoyo activo en las barricadas. En la noche del primer día de paro aumentaron las barricadas por la dureza del gobierno. Esa misma noche fue destruida una vez más la ultraderechista Radio Corporación. Poco a poco el movimiento fue tomando más fuerza. En los barrios orientales mujeres y niños repartían café, pan y cigarros a los hombres que trabajaban arduamente en la construcción de nuevos tranques.

El 21 de septiembre, segundo día de paro, el enfrentamiento armado entre un grupo de huelguistas y la policía provocó una tragedia: dos personas muertas - el Subcomandante de la Policía Saúl Alvarez y la señora Rumelda Martínez, originaria de Siuna -y cinco heridos más. La Presidenta Chamorro regresaba de un viaje a Guatemala, de una reunión con los presidentes centroamericanos y la policía recibió órdenes de limpiar de barricadas la Carretera Norte para darle paso. Los policías fueron desbordados por los enardecidos huelguistas, que incluso les arrebataron algunas de sus armas. La sangre derramada hizo que las cúpulas comenzaran a tomar en serio las demandas populares.

Los organizadores del paro se vieron también desbordados en varios lugares y ocasiones, incapaces de controlar a ciertos grupos. En algunas barricadas se cometieron abusos con personas que justificadamente pedían paso para sus vehículos y fueron agredidas. Las acciones delictivas fueron muy frecuentes. Incluso, se cometieron actos irracionales como el de cortar enormes y viejos árboles con motosierras para colocarlos como barricada.

Qué fuerzas sociales

Un cálculo estimado sobre quiénes participaron en las barricadas: un 20% eran dirigentes sandinistas de base, mayores de 30 años, con experiencia en estas situaciones, que imponían calma y "cabeza fría". Un 30% eran transportistas (buseros, taxistas, etc.) y mujeres y hombres de los barrios, elementos de la sociedad civil que apoyaban su lucha. Un 15% eran jóvenes de los barrios, animados por la novedad de la situación. Y un 35% eran jóvenes pandilleros, que causaron muchos problemas de violencia innecesarios. De los 212 arrestados durante la huelga, 109 tenían récord policial por robo.

Después de las acciones violentas de la Carretera Norte el ambiente era de temor y preocupación. Los alimentos escaseaban ya y los precios de la canasta básica comenzaban a dispararse. Tres días más de huelga paralizaron el país y al igual que otras veces, el gobierno terminó negociando, como siempre, cuando ya estaba al borde el abismo.

Atizar y frenar

La actual política de estabilización sin ajuste, sin reactivación productiva y sin mejoras en la eficiencia gubernamental ha provocado a lo largo de los más de tres años de gobierno Chamorro importantes movimientos contestatarios. En 1990, la lucha sindical de mayo y la semi-insurrección de julio, también con barricadas en las calles de Managua, buscaron y lograron frenar el Plan Mayorga.

1991 estuvo atravesado por una persistente oposición al Plan Lacayo/Pereira, con huelgas de hambre de militares desmovilizados, de enfermeras, de profesores y de otros gremios. En 1992 fueron las tomas de ciudades y pueblos del interior del país por recontras, recompas o revueltos, y los dos meses de huelga y lucha estudiantil contra el recorte inconstitucional del presupuesto universitario decidido por el Ministerio de Finanzas. En 1993, prolongadas huelgas de prácticamente todos los gremios y rearmados rurales de los más diversos signos mantuvieron en jaque al país. Septiembre trajo el organizado y conmocionante paro del transporte.

Muchos de los episodios de resistencia al programa de ajuste conómico fueron atizados parcial o totalmente por el FSLN y luego controlados a mecate corto por el mismo FSLN. Huelgas, movilizaciones y protestas no tuvieron impacto sobre la política económica por carecer de objetivos claros, al darse en ellas una insana mezcolanza de objetivos gremiales de sectores de la sociedad civil con objetivos políticos del FSLN. El papel desorganizador del FSLN -atizar y restringir por fines políticos- ha sido clave en la debilidad de los movimientos contestatarios al plan económico lanzados por la sociedad civil. Fue éste uno de los aspectos más lamentables del co-gobierno, hasta que se produjo el paro del transporte.

La fuerza de la sociedad civil

La rápida victoria de los transportistas es el anuncio de la presencia y de la creciente consciencia de una nueva fuerza social que irrumpe en el escenario nacional. El centro de esta fuerza no son los pobres urbanos sino productores y agentes de servicios de las capas medias. No fueron pobres, ni tampoco empresarios nacidos de las familias de renombre de Granada o León, ni mucho menos políticos los que condujeron el paro desde sus comienzos hacia su final feliz. El sindicato de transporte colectivo "Parrales Vallejos" tampoco cubre con precisión a los miles de transportistas que garantizaron la unidad, coherencia y carácter no violento del movimiento.

El discurso y la autoidentificación de esta fuerza social permite calificarlos como "populares", pero no en el mismo sentido que al FSLN. A fin de cuentas, los transportistas nunca han estado identificados con el sandinismo. La contraparte en el campo de los protagonistas de esta "insurrección económica" serían los pequeños y medianos finqueros. Ellos, junto a las capas urbanas medias de la producción y los servicios, fueron excluidos por el somocismo, después por el sandinismo y ahora por el gobierno chamorrista de cualquier participación en la definición del destino del país.

Con su viejo dogmatismo, la izquierda los etiquetará como pequeña burguesía incapaz e indecisa, una clase a la que no le queda más que sumarse o al programa de los empresarios o al de los trabajadores asalariados. Pero tienen su propio perfil y hubieran ganado su batalla contra el Ministerio de Finanzas con o sin "el apoyo" de Daniel Ortega, cuestión que está fuera de discusión, a pesar del peso de la autoproyección del ex-Presidente en el conflicto y de la fuerza real que en términos militares y económicos representa su hermano en el país. Lo que es innegable es el "eco popular" que lograron los transportistas. En los barrios se escucharon críticas a los sandinistas y a los jóvenes desempleados con expedientes policiales que actuaron con violencia en algunas de las decenas de barricadas que cubrieron Managua, pero no a los transportistas. Aún en las barricadas, los transportistas tuvieron más autoridad para frenar a los jóvenes pandilleros que los experimentados militantes sandinistas.

La política del Secretario General del FSLN Daniel Ortega, de atizar y frenar la protesta popular, aunque tuvo una recepción positiva entre segmentos importantes de los sectores populares empobrecidos y excluidos por el plan económico, quedó desnudada esta vez con más claridad por las nuevas condiciones políticas y económicas del país y por el mismo carácter del movimiento de los transportistas.

En primer lugar, la gastada táctica lució mucho más amenazante por el distanciamiento que el FSLN ha querido marcar con el gobierno desde la última celebración del 19 de julio. En segundo lugar, el colapso del modelo económico - que han apoyado conjuntamente el FSLN y el gobierno desde 1991 - obliga a un enfrentamiento cada vez más intenso entre los fines del gobierno y las demandas de los agentes económicos. En tercer lugar, el carácter cívico del movimiento de los transportistas logró impedir el intento de Ortega de bautizarlo con colores rojo y negro.

Después de la firma del acuerdo entre el gobierno y los transportistas, en la madrugada del 24 de septiembre, el Ministro de Finanzas Emilio Pereira comentó: "En este acuerdo no hay ganadores ni perdedores". No es cierto. Durante tres años toda Nicaragua ha sido perdedora por causa de la política fiscal llevada adelante por Emilio Pereira. Ahora, el acuerdo resultaba una clara victoria de la sociedad civil con la que iniciar un proceso de cambio de la política económica.

Política fiscal: centro del debate

"El gobierno quiere sacar sangre de cuero seco", dijo de los nuevos y altos impuestos decretados por el Ministro Pereira, de los transportistas Gustavo Aguiluz. Para entender la resistencia de los transportistas a la continuación de la ya desgastada política fiscal de Emilio Pereira, es importante recordar una ley general sobre recesión económica, desempleo o inflación.

Cuando el gobierno recauda más impuestos indirectos -por ejemplo, el IGV-, todos los ciudadanos pierden poder de compra. Al perder ese poder de compra, la producción sufre por falta de demanda y el resultado es más recesión y más desempleo. Es lógico que el pueblo resienta el incremento de impuestos indirectos decretados por el Ministro Pereira. ¿Por qué, entonces, ha aceptado pasivamente durante tanto tiempo tanto desempleo y recesión? La respuesta a esta pregunta es que, según esta ley económica, cuando aumenta el desempleo, baja la inflación. Y el pueblo tiene aún muy presente las incertidumbres de la hiperinflación y las permanentes devaluaciones que llenaron el período 1988-1991. Es decir, hasta el paro de transporte la ciudadanía había aguantado, de forma más o menos consciente, tanta recesión y desempleo para evitar la inflación.

Ahora el pueblo intuyó el impacto inflacionario que tendrían los nuevos impuestos indirectos sobre vehículos, placas, combustibles y transporte en general, decretados intempestivamente por el Ministro Pereira. La realidad es que el plan Lacayo/Pereira ha logrado controlar la inflación sólo por el flujo de una abundante ayuda externa. Cuando a principios de 1993 este flujo descendió y luego, al trabarse la ayuda norteamericana, se creó una brecha financiera para el gobierno de 200 millones de dólares, este logro empezó a tambalearse. Es ésta la causa principal del actual colapso del modelo económico.

Un resultado de este colapso es que la ley que relaciona desempleo e inflación no funciona ya en esta coyuntura económica. Y aunque el Ministro Pereira afirma que tiene que cobrar más impuestos y reducir los empleos y el gasto público para controlar la inflación, el resultado de estas medidas es ya el contrario: más inflación. El corazón del debate sobre el cambio de política económica es simple: mientras el Ministro Pereira pregona que hay que seguir con una política fiscal restrictiva para controlar la inflación, el pueblo intuye que no tiene razón y lo enfrenta, no aceptándole más impuestos.



Tres distintos escenarios económicos

Se pueden evaluar tres escenarios económicos distintos:

1) Quiénes perdieron y ganaron en el paro de transporte.
2) Quiénes habrían ganado y perdido si Nicaragua hubiera aceptado los nuevos impuestos del Ministro de Finanzas sin protesta.
3) Quiénes habrían sido los ganadores y perdedores si el gobierno hubiera expandido sus programas FISE, dando trabajo a los desempleados para reparar los daños causados por el paro.

El escenario 1 muestra quiénes hubieran sido los ganadores y perdedores si la maniobra del gobierno de dividir a los transportistas y de triunfar sobre sus reclamos hubiera sido exitosa. En este caso, el PIB hubiera descendido en 24 millones de córdobas en lo que resta del año, con pérdidas de 20 millones para los trabajadores y de 14 millones para los empresarios. El Ministerio de Finanzas hubiera sido el único ganador: 10 millones de córdobas en impuestos indirectos (indicador 4) y un total de 30 millones en ingresos totales (indicador 8, que es la suma de impuestos indirectos e impuestos directos recaudados).

El consumo del pueblo hubiera bajado en 49 millones de córdobas y hasta las ventas de los importadores hubieran sufrido una recesión de unos 23 millones de córdobas. En esencia, el plan del Ministro Pereira era aumentar el circulante del gobierno a costa de todo el mundo. Es un fenómeno económico que se llama "ahorro forzado", porque el gobierno ahorra en base a una política que reduce los ingresos del resto de todos los sectores de la sociedad.

Este plan parece duro pero racional hasta que se entiende que los 30 millones que pensaba acopiar el Ministerio de Finanzas le servían para controlar la inflación (táctica número uno del FMI) y para garantizar apoyo fiscal al programa de pagos de la deuda al FMI y al Banco Mundial (objetivo número uno del FMI).

Quiénes ganaron y quiénes perdieron

Pero las cosas no sucedieron así. ¿Cuál fue el impacto del paro de transporte? Como se aprecia en el escenario 2, el PIB descendió en 52 millones de córdobas. ¿Pero quiénes perdieron y quiénes ganaron? Los salarios de los obreros y las ganancias de los empresarios se redujeron casi en los mismos niveles a los que hubieran bajado sin el paro. Realmente, fueron el Ministerio de Finanzas y el FMI los que perdieron con el paro de transporte. Es por eso que habitualmente, el FMI empieza a flexibilizar sus condiciones cuando sus programas en los distintos países son cuestionados con asonadas sociales.

Con el paro, el consumo de los hogares y las ventas de los importadores sufrieron mayores reducciones, pero el efecto global del paro fue positivo, al enviarse con él una señal muy clara al FMI y al Ministerio de Finanzas de que ellos también van a perder si no hacen cambios en la política económica.

El escenario 3 es revelador del efecto que tendría una política fiscal activa que crea empleo e incrementa los salarios. Con mejores salarios productivos se produce más demanda ejecutiva, lo que podría estimular la producción y la capacidad productiva ociosa.

Después del paro, las pérdidas por destrucciones urbanas fueron estimadas en 60 millones de córdobas. Si el FISE hubiera contratado a un sector de los desempleados sólo para reparar los daños causados por el paro - dejando al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán y a otros alcaldes continuar con sus programas urbanos -, los efectos positivos de disminuir, al menos temporalmente, el desempleo hubieran cancelado los 52 millones de pérdidas en el PIB producidos durante el paro y se hubieran agregado otros 50 millones de córdobas al PIB. Desde esta perspectiva, parecería racional el destruir la infraestructura con el fin de disminuir los niveles de desempleo. Nada podría ser más demostrativo de lo absurdo de la actual política fiscal y de la urgente necesidad de que el país adopte una política fiscal expansiva.

El efecto tan positivo de una eventual participación del FISE se debe en parte a que son actividades que tienen un bajo componente importado. Es decir, que agregan valor sin endeudar al país con el exterior. Este es un criterio muy importante a la hora de diseñar un nuevo programa económico. Otro criterio de mucha importancia es que una política económica viable no depende de una única medida como es la de la expansión de salarios y demanda, como en el escenario 3.


Diálogo político: temas complejos

En la agenda del diálogo entre las tres fuerzas políticas - UNO, FSLN, Gobierno - están presentes varios temas centrales. Una recomposición de alianzas en la Asamblea Nacional que refleje la evolución de las divisiones que se han ido produciendo tanto en la UNO como en el FSLN. Cuestiones no resueltas sobre el problema de la propiedad. Los cargos de Antonio Lacayo y de Humberto Ortega y las presiones norteamericanas sobre estos dos políticos. La reforma de la Corte Suprema de Justicia. El adelanto de las elecciones. La convocatoria a una Asamblea Constituyente o reformas a la Constitución. Y la política económica.

En un proceso de negociación, las reglas no válidas son las reglas de cúpulas. La modernización del Estado, de la que tanto se habla, requiere crear un contrapoder al FMI y al Ministerio de Finanzas, facilitando a los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional un poder efectivo sobre la política fiscal, como existe en todas las democracias. No ha existido un debate público serio sobre la política fiscal del Ministerio de Finanzas desde diciembre de 1990 y esto ha tenido un costo demasiado alto para Nicaragua, donde movimientos de la sociedad civil - como el organizado por los transportistas - tienen que evolucionar con independencia de los canales de representación en la Asamblea. La única solución a este problema es dotar a la Asamblea Nacional de un poder real sobre la aprobación del Presupuesto anual y obligar a un acuerdo antes del desembolso de los salarios de los empleados públicos en enero.

El General Humberto Ortega

El caso del General Humberto Ortega es sumamente complejo porque en él interviene activamente el Senado y la ultraderecha norteamericana. De hecho, la injerencia norteamericana ha "permitido" probablemente prolongar el tiempo de Ortega en su cargo como General del EPS. El reto más difícil de Nicaragua como nación es hoy separar este caso de las presiones norteamericanas porque la modernización del Estado es una tarea de los nicaragüenses y no de la ultraderecha norteamericana.

En términos de la modernización del Estado es preciso lograr dos metas. La primera es no ceder a la presión norteamericana, que intenta pasar a retiro no sólo a Ortega, sino a todo el Estado Mayor del EPS, alterando así las estructuras institucionales del ejército. Esto sólo abriría la puerta a un período de inestabilidad que socavaría cualquier posibilidad de reconciliación política y tendría costos económicos inaceptables para la mayoría de los nicaragüenses. Le toca a Nicaragua defender su soberanía de los juegos del poder imperial, en los que el pobre vale menos que un par de sandalias.

La segunda meta es garantizar una efectiva modernización del EPS. Humberto Ortega es el obstáculo principal a esa modernización, porque en esta encrucijada de democratización de la política económica y de creación de contrapoderes efectivos en la institucionalidad nacional no es posible que el Jefe del ejército sea hermano del dirigente del principal partido de oposición y el caudillo de un complejo militar-agroindustrial-comercial que probablemente tiene ya un peso en nuestra economía similar al del poderoso consorcio OCAL y al tradicional capital de los Pellas.

Los Estados Unidos quieren la remoción de Humberto Ortega porque es sandinista. Hay amplios sectores del sandinismo que quieren que Ortega pase a la sociedad civil porque ha dejado de ser sandinista, al participar tan abundantemente a través de su consorcio económico de los beneficios de la política fiscal del neoliberal Pereira. Los Estados Unidos quieren el retiro de Humbero Ortega porque piensan que esto debilitará al sandinismo. En el terreno nacional no se comparte esta perspectiva. El paso a la sociedad civil del General Ortega fortalecería al FSLN y particularmente a la tendencia de los sandinistas desposeídos dentro del Frente. Existen también opiniones en torno al costo político que la presencia al frente del EPS de Humberto Ortega significa para su hermano Daniel. Una crítica creciente que se hace al Secretario General del FSLN es su tendencia a no tener en cuenta las opciones hacia la democratización dentro del FSLN, tentado a apoyarse más en su estrecha relación con su hermano y con el poder militar que en el movimiento sandinista que surge de la sociedad civil.

División en el FSLN ¿desde cuándo?

La dinámica de las divisiones que se producen entre los partidos de la UNO es de carácter político, mientras que el motor de las divisiones dentro del FSLN es económico: el conflicto entre sandinistas acomodados y sandinistas desposeídos.

¿Cuáles son las raíces de la creciente división entre los sandinistas? Aunque es cierto que durante el gobierno sandinista, siempre los empresarios agrarios tuvieron mayor espacio de negociación con el Comandante Jaime Wheelock, ex-Ministro de Agricultura, que el campesinado y los estratos inferiores de los finqueros y que esto fue un primer paso en el "aburguesamiento" del FSLN, retrasando la reforma agraria y atizando la contrarrevolución campesina, las raíces más importantes de la actual división se encuentran en la política de ajuste que el FSLN administró entre 1988 y 1990.

A finales de 1987, la hiperinflación - causada tanto por la guerra como por los propios errores sandinistas en materia de política macroeconómica - obligaron al FSLN a efectuar un giro hacia el mercado. Este giro causó mucha confusión ideológica, en las bases, pero proporcionó una creciente base material a dirigentes sandinistas, que empezaron a aprovecharse de los nuevos espacios que se abrían para la importación de productos internacionales. Algunos personajes "sandinistas" empezaron a aumentar su hegemonía entre la alta dirigencia del FSLN. Un creciente número de sandinistas empezaron a ocupar espacios en los negocios de importación. El ascenso de los importadores internacionales a costa de los productores, problema que hoy tiene colapsada nuestra economía, estaba ya en marcha antes de la victoria electoral de la UNO.

El aburguesamiento del FSLN obteniendo grandes beneficios en el comercio internacional no fue la causa de su derrota electoral, pero sí la condicionó de alguna manera. La piñata fue una prolongación de esta tendencia. La pasividad mantenida por la dirigencia del FSLN ante la política fiscal de Emilio Pereira tiene una clara explicación: los beneficios que han cosechado los sandinistas - aquí a la par de los "Miami boys" - de esa política fiscal. Ha sido tremendamente recesiva para la nación, pero sustancialmente activadora de sus negocios personales.

Tres agendas inconclusas

Con la conclusión del paro del transporte, el país sintió un alivio momentáneo, pero sigue tensionado por el peso de una agenda de largas negociaciones, inconclusas y conflictivas.

Lo prioritario y lo más importante es negociar un nuevo programa económico. Los espacios abiertos para la reactivación de la economía son mínimos en términos estrictamente económicos debido al desgaste producido por la política económica recesiva que ha rectoreado el Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, concentrando para ello tanto poder.

En la primera movilización de los transportistas frente a la Casa de Gobierno, las demandas eran la derogación del Decreto 6-93 sobre el Impuesto de Tenencia Vehicular, la rebaja del precio de los combustibles y la remoción de Emilio Pereira. Las alzas e impuestos decididos por Pereira fueron parches en el desgarrado paño de su política económica y era previsible que provocarían una ola de "desobediencia civil", justa, legal también y necesaria.

El Ministro Pereira es el máximo responsable del colapso económico de Nicaragua y del despilfarro de 2 mil 500 millones de dólares que en ayuda externa ha recibido el gobierno chamorrista. Además, ha ocupado el cargo de Ministro representado a intereses particulares y no a los de la nación.

Aunque no puede acusarse a Emilio Pereira de ninguna corrupción económica específica - como fue el caso del ex-Viceministro de la Presidencia, Antonio Ibarra - la corrupción estructural que ha protagonizado Pereira ha desgarrado al tejido social del país de tal forma que hace insignificantes el millón de dólares robado por Ibarra y el desgaste de imagen que su acción provocó al gobierno. Una rectificación de la política económica y la reactivación - sistemáticamente negadas por la fidelidad de Emilio Pereira a las recetas más dogmáticas que ha aplicado el FMI en toda América Latina - pasan necesariamente por el cambio del gabinete económico y el primero y más obvio ajuste sería el nombramiento de un nuevo Ministro de Finanzas, capaz de comprender la urgente tarea de la reactivación económica y de colaborar a ella.

El obstáculo de los caudillismos

La segunda agenda inconclusa es el proceso de diálogos bilaterales entre Gobierno/FSLN, FSLN/UNO y Gobierno/UNO, en la búsqueda de llegar a un diálogo tripartito para poner fin a más de un año de una crisis institucional y política que ha impedido también que el gobierno chamorrista enfrente el colapso de su modelo económico y responda a los reclamos de un pueblo cada vez más empobrecido.

En el centro de este conflicto está la intervención del Senado estadounidense en los asuntos internos de Nicaragua. El corte de la asistencia económica ya aprobada - en gran medida hasta que el gobierno remueva al General Humberto Ortega como Jefe del EPS - han generado tensiones entre la Presidenta Violeta Chamorro y el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo. El obstáculo principal en este conflicto y en la larga y tensa historia del co-gobierno Chamorro/FSLN ha sido, es, y probablemente seguirá siendo el caudillismo de Humberto Ortega. Caudillismo que dificulta la necesaria aceptación por la derecha del actual ejército y de sus mandos superiores como única solución realista en nuestro país. Caudillismo que es una mancha en un ejército que podría llegar a ser el más civilista y democrático de todo el continente.

La tercera agenda inconclusa está en las divisiones internas al interior de dos fuerzas de oposición política al gobierno. Por un lado, las divisiones son cada vez más profundas en el FSLN y, por el otro, se ha iniciado irreversiblemente una recomposición de la inorgánica coalición de partidos de la UNO. Por un lado, un grupo más abierto que nunca al diálogo y por otro, un grupo más cerrado que nunca.

Un conflicto sordo inmoviliza al FSLN

Hay serias divisiones en el FSLN. La aparición del "Grupo de los 29" contra el pacto económico que la Dirección Nacional venía estableciendo de hecho con la política económica del Ministro de Finanzas, Emilio Pereira, fue de carácter político y estuvo demasiado mediatizada por representantes de Daniel Ortega y de Jaime Wheelock entre "los 29" firmantes. De alguna manera, este movimiento - que busca la recomposición y democratización de las cúpulas del FSLN - es sólo la punta visible del iceberg, reflejo de la creciente fisura que existe entre los sandinistas acomodados y los sadinistas desposeídos. Esta división impide la actuación del FSLN como una fuerza política responsable en estos momentos de máxima crisis nacional. Un FSLN dividido no logra representar con claridad los intereses de las mayorías de productores pobres y medianos, de los obreros y de los gremios de empleados públicos.

El obstáculo principal para resolver el conflicto sordo que inmoviliza al FSLN es el caudillismo de Daniel Ortega, quien actúa independientemente, no sólo de la Asamblea Sandinista sino también de los restantes miembros de la Dirección Nacional. Ese caudillismo es aún más problemático para el FSLN si se tiene en cuenta que en la opinión pública, medida por las encuestas, la popularidad de Daniel Ortega, como máximo dirigente sandinista se mantiene e incluso está en alza. No es una popularidad gratuita. Daniel Ortega está en la calle y en contacto con la gente, participa en las luchas y movilizaciones y su estilo populista conecta con el sentir del pueblo, por más, que su juego de atizar-frenar sea peligroso en la delicada situación actual. Pese a todo, el estilo de Ortega contrasta con el de los diputados sandinistas, que lucen en su mayoría ajenos y distantes del pueblo, incluso del que representan territorialmente.

El nudo gordiano: los hermanos Ortega

La fragmentación e irresponsabilidad de la UNO es mucho peor que la del FSLN. Los partidos de la UNO están aún más alejados de su potencial base social - los productores empresariales - que el FSLN de su base productiva popular. En el campo económico, los gremios productivos del COSEP no se sienten para nada representados por la UNO. Estos gremios han sido más críticos de la política económica gubernamental que la UNO y que el FSLN. Sin embargo, coinciden con los políticos de la UNO en la desesperada búsqueda de desplazar y desgastar políticamente al FSLN. Pareciera que están dispuestos a perder económicamente en el corto plazo si el precio es la liquidación de la hegemonía ideológica y social del FSLN.

Estas tres agendas inconclusas están entrelazadas y es probable que no haya solución adecuada para ninguna de ellas sin la solución de las otras.

El nudo gordiano que ata las tres agendas son los hermanos Ortega y la aceptación tácita que han hecho de la política económica de Emilio Pereira durante estos tres largos años.

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