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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 138 | Junio 1993
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Honduras

Rasguños a la corrupción

Como en otros países latinoamericanos Crece en Honduras un clamor generalizado para que se castigue a los funcionarios corruptos.

Mario Posas

El 29 de abril el Banco Central de Honduras (BCH) decidió elevar el encaje bancario en dos puntos: uno en mayo y otro en junio, con lo que se desplazó del 34 al 36%. En encaje bancario es un fondo que el banco central de un país forma con el porcentaje que retiene de los ingresos diarios de la banca privada. Eso significa que de cada 100 lempiras que entran a cada banco privado, 36 deben ser trasladados diariamente al BCH.

El lempira se devalúa

El objetivo de la medida fue reducir el circulante, para detener la tendencia alcista del dólar frente al lempira. En el último trimestre, el dólar mantuvo una tendencia a la alza. Cuando el BCH tomó esta decisión, el lempira se cotizaba a 6.27 por dólar y ha continuado subiendo hasta colocarse un poco más allá de 6.30. Durante el segundo semestre del 92, el lempira se mantuvo estabilizado en torno a 5.95 por dólar.

Estos movimientos del tipo de cambio de la moneda local pueden parecer insignificantes en otro país, pero no lo son en Honduras, donde no ha existido una tradición de devaluación de la moneda, donde buena parte de lo que se consume es importado o contiene componentes importados y y donde el gobierno ensaya una severa política de contención salarial. Este aumento del encaje bancario coloca a Honduras en la posición de ser, según informes locales, el país centroamericano con las tasas más altas del istmo.

La protesta contra el aumento del encaje bancario surgió fundamentalmente del sector empresarial. A nombre del sector bancario, Sidney Panting, Director del Banco del País - un banco de capital local de reciente fundación -, declaró que la elevación del encaje bancario sacará de circulación unos 100 millones de lempiras, lo que tendrá un impacto restrictivo en el crédito, en la inversión y en la producción en general. En la misma dirección se pronunció Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), quien calificó el alza del encaje bancario como una "medida proteccionista, dañina y negativa para la inversión y la producción". Por su parte, Mario Argüello Lacayo, Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), organismo de cúpula del sector empresarial hondureño, afirmó que el aumento del encaje bancario "contraerá la inversión, aumentará las tasas de interés y podría desencadenar una ola inflacionaria".

Buscando chivos expiatorios

Las declaraciones de Argüello Lacayo, pronunciadas el 30 de abril, fueron premonitorias. El 21 de mayo los bancos privados aumentaron la tasa de interés entre 3 y 4 puntos, con lo que llegaron al 25%. Este aumento representa un severo golpe a las aspiraciones de los empresarios locales, que trataban de obtener una reducción de las tasas para mejorar su posición competitiva con vistas a la anunciada integración económica centroamericana. Los empresarios locales, sobre todo los industriales, han venido exigiendo al gobierno la reducción del encaje bancario, de las tasas de interés, de las tarifas de la electricidad y de la Empresa Nacional Portuaria.

Los empresarios en general, y los industriales en particular, sostienen que estas cargas impositivas, que consideran sumamente altas, los colocan en franca desventaja frente a los industriales de los demás países centroamericanos. Los industriales locales también han solicitado el apoyo del Estado para la reconversión de sus empresas, pero el Presidente Callejas, un convencido de la dogmática de la libre competencia y de la integración centroamericana, ignora estas demandas y los acusa de no querer abandonar el regazo del proteccionismo estatal.

Buscando chivos expiatorios, el gabinete económico gubernamental acusó a las casas de cambio de ser responsables en buena medida de la tendencia alcista del dólar en el mercado cambiario local. Las casas de cambio, que habían estado disfrutando de un régimen bastante liberal para establecer el precio de compra y venta de dólares, fueron intervenidas por el Banco Central de Honduras el 20 de mayo. En adelante, las casas de cambio - lucrativos negocios establecidos a la sombra de las medidas neoliberales del régimen callejista - deberán vender el 20% de los dólares que capten del público al BCH y no podrán fijar el precio del dólar a su arbitrio.

Los dueños de las casas de cambio reaccionaron molestos por la decisión del BCH de regular, supervisar y controlar sus actividades. Las casas de cambio manejan alrededor del 28% de los dólares que se negocian en el mercado local. Y si bien es cierto que las casas de cambio han especulado con el precio del dólar, el problema de fondo es una real escasez de divisas originadas entre otras cosas en la política de libre comercio impulsada por el gobierno, en el patrón de consumo ostentoso de los beneficiarios del ajuste económico, en la baja en el precio y en la demanda de los principales productos de exportación, en los requerimientos de un sector industrial que importa bienes de capital y materia prima industrial y en la sangría que representa el pago de la deuda externa.

Chispa de combustible

El 12 de mayo, el empresario Carlos Chaín, Ministro de Economía hizo dos anuncios: un nuevo incremento en el precio de la gasolina y su "liberalización parcial". Esta liberalización significa que a partir de ahora el aumento en los precios de los derivados del petróleo será anunciado, previa consulta con el gobierno, por los representantes de las dos empresas dedicadas a su importación: la TEXACO - subsidiaria de la multinacional - y la compañía PETROTELA, de capital local.

También anunció que a partir de agosto se liberalizará totalmente el precio de los derivados del petróleo. Esto significa que el Estado se abstendrá totalmente de intervenir - con controles y con subsidios - en los precios de los derivados del petróleo, que serán fijados por el oligopolio que controla la importación de combustible, de acuerdo con las fluctuaciones internacionales del precio del producto. Después de ponerse de acuerdo, las dos compañías importadoras de petróleo decidieron incrementar el precio de la gasolina en un lempira, con lo que resulta ligeramente superior al de la gasolina de Costa Rica y El Salvador.

Estas medidas han generado una viva controversia en el país. Los diferentes sectores sociales coinciden en calificarlas como "una nueva agresión al bolsillo popular". Más específicamente, Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), las rechazó enfáticamente porque colocan al país "al arbitrio de las empresas multinacionales" y porque incrementarán la inflación, pues los empresarios tendrán que trasladar estos aumentos al precio final afectando al consumidor. También señaló que estas medidas forman parte de los compromisos con que el gobierno complace al Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Callejas está dejando de ser el regulador de la economía nacional para convertirse en "un coyote que está a la expectativa del conejo", que no es otro que el pueblo hondureño.

Hablan los candidatos

El Presidente Callejas, que reconoció que el aumento al precio de los combustibles representa un nuevo "trancazo" para la deteriorada economía de las capas medias urbanas y para los sectores populares en general, ha rechazado estos señalamientos argumentando que el impacto de estas medidas no será muy fuerte, ya que el diesel - el combustible más utilizado para el transporte de carga y pasajeros - continúa subsidiado. Para evitar protestas de los usuarios del transporte público, Callejas ordenó subsidiar a los taxis colectivos, que recientemente habían recibido autorización para incrementar su tarifa.

Las medidas sobre el combustible han generado gran controversia entre los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios. Carlos Roberto Reina, candidato del opositor Partido Liberal, aprovechó la coyuntura para acusar al gobierno de empobrecer a la gran mayoría del pueblo hondureño a través de su programa de ajuste económico neoliberal y para exhortar a los electores a emitir un voto de castigo en contra del candidato del gobernante Partido Nacional. Por su parte, Oswaldo Ramos Soto, del mismo partido que Callejas, ha reconocido que el aumento del precio de la gasolina y la eventual liberalización total del precio de los derivados del petróleo pueden incidir negativamente en sus posibilidades electorales y ha instado al gobierno a no dejarse "impresionar por el FMI".

Ramos Soto había declarado en sus discursos propagandísticos que las medidas de ajuste económico ya habían terminado. Ahora, la liberalización de los precios de los combustibles ha desmentido su propaganda. Para poner su discurso a tono con el que recientemente han comenzado a manejar los organismos financieros internacionales y algunas agencias de las Naciones Unidas, Ramos Soto había anunciado la hora del desarrollo social y de la inversión en capital humano. Está por verse el impacto que puedan tener estas últimas medidas económicas sobre el ánimo de los electores que concurrirán a las elecciones el último domingo de noviembre, pero se prevé que puede ser muy significativo en los centros urbanos, aunque insignificante en las áreas rurales.

Por la desmilitarización

Los diferentes sectores de la sociedad civil hondureña han seguido reiterando sus cuestionamientos contra las fuerzas armadas, exigiendo el cierre de la DNI, la desmilitarización de la policía - que funciona bajo control militar desde 1963 - de otras instituciones estatales que también están bajo control militar, como la Dirección Nacional de Población y Política Migratoria, la Dirección General de Aeronáutica, el Instituto Geográfico Nacional y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Exigen también la reducción del presupuesto y el tamaño de las fuerzas armadas.

Los empresarios piden que los militares frenen su creciente intervención en la actividad económica del país, lo que los ha convertido en propietarios, como institución corporada, de una fábrica de ropa y de otra de objetos de lona y de zapatos, de una compañía de seguros, de un banco, de una funeraria, de una radioemisora y de una de las dos cementeras del país, la que les entregó el gobierno actual en una muy cuestionada operación privatizadora. Todos los sectores exigen con beligerancia el cese de la impunidad que ha cobijado tradicionalmente a los militares hondureños.

Para ayudar a los militares a salir del apuro, Callejas decidió dar un curso institucionalizado a los aspectos menos escabrosos de esta confrontación y el 1 de marzo creó una Comisión Ad-hoc, integrada por representantes del Poder Ejecutivo - entre los cuales incluyó a funcionarios gubernamentales y a miembros del Alto Mando Militar -, por representantes de los partidos políticos legalmente inscritos, por representantes de los medios de comunicación y por un representante de la Iglesia Católica, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, quien fue nombrado coordinador. A esta Comisión Ad-hoc se le dio un plazo de 30 días para proponer recomendaciones sobre la DNI y el Poder Judicial.

La Comisión Ad-hoc

El 12 de abril, en cadena nacional de radio y televisión, Monseñor Rodríguez leyó el informe final en que la Comisión Ad-hoc recomendaba la creación de un Ministerio Público y de un Departamento de Investigaciones Criminales (DIC), para sustituir a la DNI. El Ministerio Público estaría bajo la dirección de un Fiscal General de la Nación, quien velaría por el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales, investigaría los delitos y descubriría los responsables, iniciaría acciones judiciales contra los servidores públicos que falten a la ley y velaría por la protección del ecosistema y las etnias hondureñas. Este Fiscal General de la Nación debería disfrutar de todos los derechos e inmunidades que se acuerdan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y solo podría ser separado por el Congreso Nacional. Del Fiscal General de la Nación dependería el Departamento de Investigaciones Criminales (DIC), que estaría bajo la conducción de un Director.

En su informe, la Comisión Ad-hoc no se pronunció -como se esperaba- sobre el traspaso de la policía de la jurisdicción militar a la civil. Lo que se recomendó fue trasladar esta decisión a un Grupo Nacional de Estudio y Asesoría de los Cuerpos Policiales. Este grupo colaboraría en una evaluación de todo el personal de la policía, prepararía un programa para su capacitación técnica, cívica y moral, estudiaría y recomendaría los cambios necesarios para la organización y funcionamiento de la policía, prepararía una tabla de puestos, salarios y un programa de previsión una vez cumplidas estas funciones y debería pronunciarse sobre "el encuadramiento definitivo de las fuerzas de policía en el aparato del Estado".

En cuanto al poder judicial, la Comisión Ad-hoc propuso la creación de un Comité de Probidad Judicial encargado de investigar las denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito de jueces y empleados del Poder Judicial, así como la elaboración de un Código de Etica Judicial de observancia obligatoria. Propuso también la creación de una Auditoría Técnica Judicial, encargada de levantar un inventario de todos los juicios y procesos que se encuentran paralizados o en trámite, para acelerarlos.

Ha sido proverbial en el país la lentitud con que se celebran los juicios y se emiten las sentencias. Para lograr que la ciudadanía se involucre en el respeto y la aplicación de la ley, se sugiere también crear un programa de educación jurídica popular. La Comisión se pronunció en contra de la impunidad, por el pronto esclarecimiento de los crímenes que han conmovido a la sociedad hondureña, por el mejoramiento del sistema penitenciario del país y por el reforzamiento del Despacho del Comisionado de los Derechos Humanos.

Callejas cumplió

El Presidente Callejas se comprometió públicamente a apoyar todas las recomendaciones de la Comisión Ad-hoc y ha cumplido. Recientemente nombró a los integrantes de la comisión de juristas de alto nivel que se encargarán de redactar la exposición de motivos y el proyecto de decreto para la creación del Ministerio Público y a los integrantes del Grupo Nacional de Estudio y Asesoría de los Cuerpos de Policía. A mediados de marzo, a petición de la Comisión, Callejas había nombrado una comisión para intervenir la DNI.

El informe de la Comisión Ad-hoc ha originado una ardiente controversia. Quienes la apoyan sostienen que si se aplican correctamente sus recomendaciones habrá un mejoramiento sustancial en los cuerpos de policía y en la administración de la justicia. Los críticos están de acuerdo en esta apreciación pero reprochan a la Comisión no haber aprovechado tan buen momento para ir mucho más allá. También le critican el que no haya tomado partido en el tema de la desmilitarización de la policía y la ausencia de una clara línea de demarcación entre la DNI y la DIC, temiendo que la DIC no sea más que una DNI depurada de sus cuadros más represivos y brutales.

Pero la crítica más radical es la que considera que el informe de la Comisión no cuestiona la ideología militarista que ha convertido a los militares hondureños en soberbios y prepotentes y que los lleva a considerarse como los mesías del desarrollo económico nacional. El peligro de estas actitudes adquieren una nueva dimensión a la luz de los recientes acontecimientos de Guatemala, que recuerdan que los golpes de estado, apoyados o dirigidos por militares, están lejos de haber desaparecido para siempre del escenario político centroamericano.

Corrupción en aduanas

La Comisión Ad-hoc no es la única creada por el Presidente Callejas. El 13 de enero creó dos comisiones en el marco de una reunión de concertación social en la que participaron representantes del gabinete gubernamental, de la empresa privada y de las organizaciones obreras y campesinas afines al gobierno. La primera comisión fue bautizada con el nombre de Foro de Concertación Económica y Social y la segunda, Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo.

El Foro de Concertación Económica y Social tiene como función lograr acuerdos en materia de políticas económicas y sociales entre el Estado y los principales sectores de la producción. Pero hasta ahora, el Foro no ha tenido ningún resultado concreto aunque los sectores empresariales han presionado, hasta ahora sin éxito, para que lo tenga. En cuanto a la Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo - que debe luchar contra la corrupción gubernamental - presentó el 17 de mayo, en cadena nacional de radio y televisión, un informe sobre la corrupción en las adunas.

El informe reveló, con nombres y apellidos, la defraudación fiscal y el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios. Para probar lo escandaloso de esta corrupción, los miembros de la Comisión contrastaron los bajos salarios de los funcionarios de Aduanas con las lujosas residencias y automóviles que poseen. Esta Comisión tuvo el mérito de mostrar a la luz lo que siempre fue un secreto a voces. Todos los hondureños saben que en su país - donde se ha tolerado y hasta estimulado la corrupción, el contrabando y la defraudación fiscal - conseguir una posición administrativa en una aduana es liberar a un asalariado de su condición de tal para el resto de su vida.

El Presidente Callejas, que compareció públicamente junto a la Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo, se comprometió a despedir a todos los funcionarios involucrados y está cumpliendo. Ya han sido despedidos los administradores y sub-administradores de las principales aduanas del país. Las principales organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública exigen ahora que los corruptos sean juzgados y enviados a prisión, acusados de enriquecimiento ilícito.

Si esto ocurre, sería un importante precedente en la administración pública del país. Hasta ahora, los organismos fiscalizadores del Estado no han llevado nunca a los tribunales, y mucho menos a la cárcel, a ningún miembro importante del partido de gobierno. La opinión pública exige ahora que se investigue el enriquecimiento ilícito de los altos funcionarios del gobierno, civiles o militares. Hay en Honduras - como en otros países latinoamericanos - un clamor creciente porque se castigue a los gobernantes corruptos que ostentan impunemente el fruto de sus fechorías.

¿Movimiento popular?

El movimiento popular hondureño, integrado por organizaciones de obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y maestros, celebró el Primero de Mayo con el júbilo habitual. Hubo marchas, consignas, pancartas y discursos en las calles y plazas públicas de las principales ciudades del país, pero al igual que el año anterior, concurrió dividido a la celebración. Por un lado, las organizaciones populares identificadas con la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras y por otro, las organizaciones populares afiliadas a la oficialista Central General de Trabajadores (CGT).

Las organizaciones identificadas con la Plataforma, el más ambicioso proyecto unitario del movimiento popular que ha tenido el país, criticaron el modelo económico neoliberal que imponen los organismos internacionales de crédito, y al gobierno que lo acepta. "Vivimos peor que hace cinco años", clamaron

La Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras se pronunció por la eliminación de la corrupción estatal, por la desmilitarización de la sociedad y por el control de la inflación y un reajuste general de salarios. También exigió que se dote de medicinas a los hospitales públicos y que cese la intervención del gobierno en la promoción y legitimación de juntas directivas paralelas en las organizaciones populares.

La prensa local estimó en unos 10 mil los manifestantes que desfilaron bajo las banderas de la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras, mientras que la oficialista CGT organizó una minúscula manifestación con unos 500 participantes.

Las celebraciones demostraron que, a pesar de los enormes problemas y de la escasa visibilidad social que muestra el resto del año, el movimiento popular hondureño aún se mantiene vivo y mantiene vivo su espíritu. A su vez, la división de estos últimos años revela uno de los problemas más agudos que lo sacude internamente y que lo inhabilita para actuar como una fuerza de peso en la sociedad hondureña. División que es uno de los indicadores más importantes del éxito de la política antisindical y antipopular del régimen político actual. Para ser realistas, hay que decir que no se advierte en el horizonte ningún signo esperanzador que lleve a pesar que la crisis que actualmente experimenta el movimiento popular hondureño esté empezando a ser superada.

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