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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 138 | Junio 1993
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Nicaragua

En la indefinición está la clave

La ultraderecha nicaragüense no está derrotada ni sus padrinos en los Estados Unidos han abandonado la lucha. Estados Unidos mantiene aun muchas coincidencias con los grupos ultraderechistas criollos.

Equipo Envío

El estallido -supuestamente accidental- de un vehículo cargado de explosivos sobre un oculto arsenal de armas en el barrio Santa Rosa de Managua en la madrugada del 23 al 24 de mayo se convirtió en horas en el hecho más "sonado" de la coyuntura de este mes. Pero no fue un hecho anecdótico. El "buzonazo", que descubrió bajo un real taller de mecánica automotriz un enorme buzón de armas de la guerrilla salvadoreña, abrió un sinfín de preguntas y trajo y traerá repercusiones para el gobierno, para el sandinismo y también para el FMLN de El Salvador.

La explosión - que dejó un muerto y varios heridos leves y que destruyó unas 20 casas del barrio contiguas al taller - se escuchó en toda Managua. Sin embargo, las armas del arsenal nunca llegaron a estallar, lo que hubiera sido mucho más trágico.

¿De quién es el arsenal?

De inmediato, el FSLN declinó cualquier responsabilidad en la existencia del buzón, condenando por "irrresponsables" a quienes tenían semejante arsenal en plena ciudad. De inmediato, el gobierno señaló como dueños de las armas a las FPL, una de las cinco organizaciones del FMLN, identificando también como dueño del taller automotriz que encubría el arsenal a "Miguel Larios", un vasco residente hace años en Nicaragua, con pasados vínculos con la organización separatista ETA. La ultraderecha también señaló de inmediato como responsables al FSLN - a todo el sandinismo - y especialmente a las instituciones armadas del anterior gobierno sandinista.

Dos días después del "buzonazo" llegaron a Managua dos máximos dirigentes de las FPL, Salvador Samayoa y Facundo Guardado, quienes conversaron con las autoridades gubernamentales, negando públicamente toda responsabilidad en el arsenal, pero aceptando en privado que efectivamente el buzón de armas estaba bajo de sus estructuras. El gobierno Chamorro, a través del Ministerio de Gobernación, aceptó esta posición y dijo sentirse satisfecho con las declaraciones públicas de los salvadoreños, a la vez que continuaba con la investigaciones.

Al día siguiente, el General Humberto Ortega - en declaraciones muy fogosas - alejó al Ejército de cualquier responsabilidad en el buzón, declarando que sí era propiedad de las FPL, a las que calificó de "irresponsables y mentirosas" y de "traidoras" a la solidaridad que el gobierno del FSLN había tenido con la guerrilla salvadoreña. Era lógica la posición del EPS: la cantidad y calidad de las armas halladas en el arsenal - 19 misiles tierra-aire, lanzagranadas múltiples y todo tipo de armamento de infantería y explosivos - indicaba que de no ser propiedad de la guerrilla salvadoreña, solo podían ser del EPS. Hacía sólo dos meses el EPS había entregado el inventario de todo su armamento a la OEA y semejante arsenal escondido - el mayor de los hallados en Nicaragua después de terminar la guerra - dejaba en muy mal lugar al EPS.

Crisis en El Salvador

Para defender justamente a la institución militar, el General Ortega calificó imprudentemente a una de las organizaciones ex-guerrilleras salvadoreñas, lo que causó al interior de El Salvador un impacto muy negativo. Por una parte, el gobierno de Cristiani usó estas declaraciones para cuestionar el cumplimiento que el FMLN hace de los acuerdos de paz y llegó a afirmar que la depuración de los más altos oficiales del ejército salvadoreño sufriría retrasos. Siendo Facundo Guardado, segundo dirigente de las FPL, posible candidato a la vicepresidencia de la República en las elecciones de marzo/94, también fue cuestionada su candidatura y hasta la vigencia de las FPL dentro de un partido político, que por ley no puede estar "armado".

Shafick Handal, Coordinador del FMLN, calificó de "irresponsable" al General Ortega por sus declaraciones, mientras Joaquín Villalobos, dirigente del ERP - en histórica pugna con la FPL por la hegemonía dentro del FMLN - se presentó en Managua para deslindarse de cualquier responsabilidad en el asunto, siendo elogiada públicamente su posición por el General Ortega.

Pagan tres vascos-nicas

Las declaraciones de Ortega y un segundo comunicado del FSLN llamando "fraternalmente" a las FPL a reconocer públicamente su responsabilidad, dio a la organización salvadoreña impulso para admitir que el arsenal era de ellos. Añadieron que no lo habían usado desde noviembre/91 - antes de la firma de la paz - y que sospechaban "mano criminal con fines políticos" en la explosión del vehículo a través de la cual fue descubierto el buzón. Era de elemental solidaridad con el FSLN, el EPS y el pueblo de Nicaragua que las FPL hicieran este reconocimiento y pagaran con ello el precio político que corresponde a una acción tan cuestionable como la de tener instalado semejante arsenal de armas en un barrio tan poblado. Se les podría exigir incluso que pagaran también el precio económico por los daños materiales causados a los vecinos del barrio.

Pero las cosas no quedaron ahí. El gobierno Chamorro utilizó el "buzonazo" para detener a varios ciudadanos salvadoreños y a un suizo -a quienes implicó sin pruebas- en el taller-arsenal, en el que aparecieron además de armas grandes cantidades de documentos que hablarían de una red de secuestradores internacional. Detuvo también a tres ciudadanos vascos nacionalizados nicaragüenses que no tenían nada que ver con las armas, a no ser su amistad con Larios, el dueño, que nunca apareció. A pesar de que se comprobó en los interrogatorios que los tres vascos-nicas eran ajenos al buzón, se les mantuvo prisioneros, violando el hábeas corpus y la disposición del juez ejecutor que ordenó su libertad.

Los servicios de inteligencia españoles - España asesora desde hace más de un año a la Policía nicaragüense - señalaron que los tres eran antiguos militantes de la ETA y sin mediar solicitud alguna de extradición, el gobierno de Nicaragua decidió entregarlos a España. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos tomó toda las medidas para impedir la deportación si no se cumplían los trámites legales. Todos fueron obviados por el gobierno, que despojó de la nacionalidad nicaragüense - sin mediar juicio ni decreto ni ningún documento - a los tres vascos-nicas y los entregó a la policía española, que sin ningún trámite migratorio los montó en un avión que España envió aceleradamente a Nicaragua. Todo se hizo bilateralmente entre el Ministerio de Gobernación español - donde los tres detenidos tenían un viejo expediente policial ya vencido por antigua vinculación a actividades de ETA, de la que según informaciones españolas ya estaban separados - y el Ministerio de Gobernación de Nicaragua, que sin ningún respeto al Estado de Derecho buscó complacer a los españoles.

Atentado a la soberanía

El resultado final fue un incidente, aún inconcluso, que puede ser calificado de "secuestro por autoridades españolas, que actuaron extraterritorialmente con la anuencia del gobierno de Nicaragua que colaboró capturando, apresando y entregando ilegalmente a ciudadanos nacionalizados nicaragüenses". En el sinfín de argumentos con que el gobierno Chamorro, a través de su Ministro de Gobernación, Alfredo Mendieta, brindó sobre los hechos, el único asidero lógico, no para entregarlos de esa manera, pero sí para iniciar el procedimiento de anulación de la nacionalidad nicaragüense fue el uso que dos de los vascos-nicas (Javier Aspiazu y Sebastián Echániz) hicieron de nombres falsos para obtenerla. Con el tercero, Javier Larreategui no había esta excusa.

El gobierno Chamorro ha pregonado tanto como una de sus prioridades el respeto al Estado de Derecho que lo ocurrido no es una anécdota política más, sino un grave síntoma de una situación de anarquía institucional, donde los quiebres de la legalidad son cada vez más habituales. Es difícil creer que todo estuviera únicamente en las manos del Ministro de Gobernación. La celeridad con que Nicaragua entregó a España a los tres vascos-nicas deja también a nuestra nación en vergüenza frente al mundo. La prepotencia del gobierno español y el servilismo del gobierno nicaragüense atentaron contra la soberanía nacional y la dignidad de todos.

Los hechos dejan al gobierno Chamorro moral y legalmente debilitado para demandar a cualquier fuerza política de Nicaragua o a cualquier ciudadano el acato a la legalidad y al Estado de Derecho. Por precipitación y por deseos de complacer al gobierno español - que le ayuda económicamente -, el gobierno sumó una nueva y grave deslegitimación a las muchas que ha ido acumulando en estos años. Y al hacerlo, agravó más la inestabilidad nacional, abriendo más ese resquicio por el que la ultraderecha criolla y la norteamericana proponen una ruptura institucional - realizable por diversos medios - para excluir al sandinismo de los espacios de poder que le garantiza la democracia y la Constitución.

La ultraderecha nicaragüense no está derrotada en Nicaragua ni sus aliados - o padrinos - están derrotados en Estados Unidos. Y esto, porque sigue sin estar diseñada y definida la política hacia Nicaragua del nuevo gobierno Clinton.

Condiciones de Estados Unidos

Independientemente del juego de imágenes políticas y económicas que hizo el gobierno Chamorro con la ayuda económica conseguida en el Club de París e independientemente de los resultados altamente positivos que realidad e imágenes dejaron al gobierno , la derrota de la ultraderecha no es definitiva. No existe todavía estabilidad en la relación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno Chamorro y tampoco es estable la relación del gobierno Chamorro con los dirigentes de la ultraderechista UNO.

Esta ya evidente que la asistencia económica de Estados Unidos a Nicaragua se irá reduciendo de año en año y que llegará con claros condicionamientos políticos. En público y en privado los norteamericanos reconocen los éxitos macroconómicos del gobierno: el control de la hiperinflación y la liberalización y privatización de la economía, la instalación de bancos privados con la reestructuración del sector financiero y la fidelidad en el pago de la deuda externa. Pero, en privado y también en público - en París, por ejemplo - han añadido que quedan aún por resolver problemas políticos "críticos" para que reine la democracia en Nicaragua. Todos los problemas que señala Estados Unidos coinciden "curiosamente" con todos los que ha venido planteando la ultraderecha desde hace meses y con los que la UNO llevó inicialmente a la mesa del Diálogo Nacional ya en curso.

Los norteamericanos identifican tres principales impedimentos políticos para una verdadera "democracia." 1) Debe resolverse el conflicto gobierno-UNO para que la Asamblea Nacional reforme efectiva y representativamente la Constitución y leyes vigentes. 2) Debe establecerse el control civil de las fuerzas de seguridad (EPS y Policía), que deben ser "apolíticas y profesionales". 3) Debe resolverse la inseguridad en el régimen de propiedad, creando un sistema judicial "justo y abierto" - es decir limpio de jueces vinculados al gobierno sandinista - que ayude a captar un flujo de inversiones.

La asistencia de Estados Unidos para 1993 y 1994 estará condicionada a los avances del gobierno Chamorro en todos estos puntos y así lo ha expresado varias veces el gobierno norteamericano.

Ultraderecha: saben lo que quieren

Este discurso estadounidense no suena nuevo en los oídos nicaragüenses, porque ha venido repitiéndose -con algunos matices- desde el cambio de gobierno en 1990. Lo nuevo es que lo haya asumido por entero la nueva administración Clinton en la reunión del Grupo de Países Donantes en París (abril/93). ¿Es la definición esperada del nuevo gobierno demócrata hacia Nicaragua? A pesar de todo, la definición no parece cerrada aún. En una reciente gira a Estados Unidos (mayo/93) dirigentes políticos nicaragüenses (gubernamentales, de la UNO y sandinistas) encontraron que la definición más verdadera es la falta de definición y que ni republicanos ni demócratas consideran importantes los problemas económicos y sociales de Nicaragua, mostrándose sorprendidos cuando se les explica con datos y estadísticas la gravedad de la crisis y su misma lógica.

Todo indica que a los políticos demócratas ahora en el gobierno lo que les preocupa básicamente es lo que la ultraderecha norteamericana pueda influir en la política interna de los Estados Unidos instrumentalizando el caso de Nicaragua.

Por esto, plantean al gobierno de Nicaragua demandas basadas todas en las que la ultraderecha de Estados Unidos maneja permanentemente, al expresar preocupación por la "institucionalidad democrática" nicaragüenses.

La ultraderecha norteamericana tiene bastante claridad sobre lo que quiere en Nicaragua. Los demócratas no tienen claridad y asumen lo que dice la ultraderecha, aunque no dejen de declarar que aspiran a ser neutrales entre los bandos existentes en Nicaragua.

Los republicanos tienen objetivos bien precisos y no abandonan su ofensiva. Sólo ellos tienen un equipo que da seguimiento al caso Nicaragua, equipo que encabeza el ultraderechista Jesse Helms. Mientras este equipo trabaja, todavía no se siente el trabajo del gobierno Chamorro al interior de Estados Unidos, a pesar de que en 1993 la Presidenta y el Ministro Lacayo han hecho ya dos viajes a Estados Unidos y otros importantes funcionarios se han trasladado también allí, aprovechando la llegada de los demócratas al gobierno. Pero no han logrado cambiar la visión que de la Nicaragua post-sandinista tienen los círculos oficiales norteamericanos y la opinión pública de ese país.

UNO: intransigentes

Hasta hoy no existe definición clara de la política Clinton hacia Nicaragua y lo que estamos viendo parece una simple continuación de la política Bush. De hecho, Bernard Aronson no ha sido sustituido y continúa ocupando la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos y es claro que el listado de condiciones que Estados Unidos presentó a Nicaragua en París es obra de Aronson. El que con menos estridencia los norteamericanos planteen los mismos puntos de la ultraderecha nicaragüense explica por qué - a pesar del revés político del destrabe de la ayuda -, continúa demandando vigorosamente más espacio en el gobierno actual.

En el Diálogo Nacional - muy poco eficaz hasta el momento - la UNO no ha dejado de mantener posiciones radicales e intransigentes: no acuden a la mesa del diálogo si no está allí, en todas las sesiones, la Presidenta Chamorro y no ceden a su prioridad absoluta: un entendimiento entre gobierno y UNO en temas políticos estructurales - los ya citados - antes de plantear cualquier otro acuerdo, concertación o arreglo de tipo económico o social con otras fuerzas políticas o sindicales, especialmente con las del sandinismo. Los puntos que la UNO llevó a la única ronda del Diálogo en la que participó tienen que ver más con los intereses políticos de Estados Unidos que con los intereses nacionales, que en este momento son básicamente solución para los gravísimos problemas económicos.

Quitar armas a la UNO

Tampoco el gobierno hace mucho para quitarle armas políticas a la ultraderecha nicaragüense. Y podía quitarle algunas con relativa facilidad.

En abril, el Ejército Popular Sandinista anunció que las reformas a la Ley Orgánica del Ejército ya están elaboradas por la institución castrense y están concluidas y en manos de la Presidenta para pasar de inmediato a ser discutidas en la Asamblea Nacional. En el proyecto de reformas se establece que los mandos del ejército se renovarán cada cinco años. Círculos cercanos al ejército dicen que el proyecto de reformas tendrá un artículo transitorio que especifica que el actual Jefe del EPS, General Humberto Ortega, se retirará de su cargo a finales del 95 o comienzos del 96. ¿Por qué no introduce ya el Ejecutivo esa ley a la Asamblea Nacional para que se definan de una vez los plazos de los mandos del ejército, siendo ésta una de las banderas políticas que más agita la ultraderecha?

¿Por qué si el gobierno reconoce ya la parcialidad con que ha trabajado la Comisión Tripartita responsable de la investigación de la violencia en el campo, no define con más claridad su papel para evitar que sus informes - que han culpado única y sistemáticamente al ejército - aticen más la polarización del país y los muchos resentimientos que aún quedan de la pasada guerra?

Respecto al tema de la propiedad, existe un clamor generalizado para una definición pronta del asunto -ley de "punto final" la llama el FSLN-. En este tema, el gobierno se ha quedado básicamente en palabras y promesas incumplidas. ¿Por qué no actúa con decisión y coherencia?

Occidente en pie de lucha

La insistencia de la mayoría de los nicaragüenses en señalar lo económico como lo prioritario apunta al fondo, a lo estructural, al plan económico neoliberal impuesto desde fuera y acatado sin discusión por el gobierno. Pero también señala lo coyuntural: tiene que ver con el ciclo agrícola 93-94.

En vísperas del ciclo se multiplicaron y continúan expresándose las demandas de los productores de todo el país y de todos los niveles, que exigen al del gobierno una respuesta para sus problemas. Los productores de Chinandega-León y los de Estelí son los que más se han movilizado. Aunque ambas realidades son distintas, apuntan a una misma preocupación: los productores quieren producir y no encuentran en el plan económico del gobierno los estímulos adecuados.

En abril, las principales fuerzas políticas y sociales de León y Chinandega se organizaron en un Comité pro Defensa y Desarrollo de Occidente. 25 dirigentes de los principales gremios de la zona demandaron al gobierno una reunión de emergencia para ver qué respuesta específica daba a la problemática económica de esta región, una de las más golpeadas por el problema del desempleo, por la irreversible crisis del algodón - corazón de la economía regional - y por prolongadas sequías.

El Comité pidió al gobierno decretar emergencia agropecuaria en la región, una moratoria por tres años de la deuda agrícola ya estructurada, financiamiento para 50 mil manzanas de algodón y un cambio en el programa económico gubernamental, modificando su énfasis y poniéndolo no en la estabilidad monetaria sino en el impulso a la producción nacional. El Comité responsabilizó al gobierno por la violencia que se generará en Occidente si no se responde a estos reclamos y anunció protestas cívicas, que no han dejado de realizarse a lo largo de abril, mayo y comienzos de junio.

Todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Occidente - sandinistas o no - están hoy unidas en la preocupación por el Futuro de su región y exigen que se busque una alternativa productiva.

Salvar este ciclo agrícola

En Estelí se pone más el acento en la seguridad y garantías a la vida y la propiedad que exige la producción. La actividad de los grupos rearmados afecta directamente a la producción, a los productores, a la población civil y al tránsito vehicular. Lo fundamental allí, donde la falta de eficacia del ejército y la falta de presencia de la policía, hizo del rearme de recontras y recompas un círculo vicioso, es demandar seguridad.


Inicialmente quienes levantaron la bandera de la seguridad fueron un grupo de productores que politizaron su demanda, pidiendo ser defendidos de los sandinistas, pasando así toda la factura de la inseguridad al FSLN. Pero también en Estelí, y después de entablar conversaciones y construir puentes, logró imponerse lo económico y establecerse una lucha común entre sandinistas o no sandinistas.

En el actual Plan de Lucha del FSLN, el eje central es el enfrentamiento con determinadas políticas económicas del gobierno y la búsqueda del consenso con todos los sectores, sandinistas o no, para hacer eficaz este enfrentamiento y corregir el rumbo económico, en un plazo que aunque no es no inmediato sí es más o menos definido. La eficacia de este plan dependerá de la capacidad que tenga el FSLN en cada territorio para poder lograr ese consenso.

En mayo, lo más inmediato fue sacar de la mesa de Diálogo Nacional que se dedicó exclusivamente el tema del ciclo agrícola - estuvo ausente la UNO - todas las medidas correctivas posibles, con los recursos que hay a disposición en el país, cada vez más escasos. Los 15 acuerdos que salieron de esta mesa no son negativos, pero son tardíos. Se elaboraron y firmaron a mediados del mes de mayo, un mes después de que se preparan las tierras para la siembra. Un buen invierno con buenas lluvias en 1993 haría más grave tanto retraso. Son también acuerdos insuficientes, porque no hay en ellos ninguna provisión que garantice que el ciclo agrícola supere al de 1992, como se acordó. Pero lo peor es que son sólo acuerdos. Y por el estilo ya conocido y probado del gobierno, no existe garantía de que pasen de ser eso, acuerdos. Nada garantiza que sean cumplidos en el tiempo y en la forma requerida. ¿Cuál sería entonces la forma de garantizar su cumplimiento en un plazo tan breve como el que requiere una verdadera incidencia en el ciclo agrícola? Para los sandinistas, la única forma es la movilización en las calles, constante, unida y beligerante de todos los productores afectados. Y en Occidente esas movilizaciones es donde más se sienten.

O cambia o lo cambian

La otra lucha, la que hay que hacer para modificar el plan económico del gobierno es a plazo más largo y es compleja, porque el gobierno cambia o lo cambian. Aunque es urgente no abandonar este objetivo, era más urgente abordar de inmediato la lucha a muy corto plazo por salvar el ciclo agrícola, en peligro por falta de medidas correctivas del gobierno.

También con el nombre de Plan "Garantía a la vida y al trabajo", el gobierno decidió hacer frente a las bandas armadas activas en el Norte del país, tratando dar respuesta a la permanente situación de inestabilidad y violencia en esas zonas. Pero a pesar de que son causas económicas las que han llevado a rearmarse a la mayoría de estos grupos, la respuesta ha puesto el énfasis en lo militar: un plan de acción militar del EPS, la reconcentración de los grupos armados en enclaves y el diálogo con ellos para conseguir su desarme pacífico y otorgarles una amnistía. No existen signos ni claros ni precisos de que exista un plan complementario y adicional que dé respuesta a los rearmados en lo económico. Así los que depongan ahora las armas - como muchos de los que ya las han ido deponiendo - seguirán sin garantías para poder producir. Después de lanzado el plan, y hasta finales de mayo, 592 rearmados habían entrado en las zonas de enclave, la mayoría de ellos ex-miembros del EPS o la Policía sandinista, es decir recompas.

Los grupos rearmados continúan activos en el Norte: quemaron camiones del Ministerio de la Construcción, destruyeron una importantísima antena para las comunicaciones telefónicas con Centroamérica, bombardearon plantas de generación eléctrica, etc. Como respuesta al nuevo plan militar del ejército, los rearmados atacan objetivos civiles, lo que viene a recrudecer la situación de inseguridad en la zona. ¿Recrudecimiento temporal? Dependerá de la consistencia del nuevo plan elaborado por el gobierno y el ejército. Una reducción de los grupos armados y un aislamiento de los que son delincuenciales o políticos sería un gran éxito de este plan, que plantea más interrogantes que los resultados que parece ofrecer.

Diálogo: la "mesa política"

Después de concluida la mesa del Diálogo Nacional dedicada al ciclo agrícola, se abrió otra mesa, la "mesa política", que tendrá varias sesiones a lo largo del mes de junio. Se trata de discutir en ella las preocupaciones políticas de las distintas fuerzas nacionales. Pero la mesa empezó coja porque tanto la UNO como el COSEP se excusaron de asistir, La UNO, aduciendo una vez más que previo a cualquier acuerdo entre todos debe darse un acuerdo a fondo entre dos: la UNO y el gobierno. El COSEP, alegando que los empresarios son fuerza productiva y no política.

Se trataría ahora de discutir las posibles reformas constitucionales y todo lo referente al EPS, a la Policía, al Poder Judicial, al Poder Electoral y a la Asamblea Legislativa. Toda la agenda se corresponde casi literalmente con la agenda planteada por el gobierno de Estados Unidos al de Nicaragua. Pero los resultados de esta agenda no tienen por qué ser equivalente. Desde cualquier punto de vista, esta mesa de diálogo sobre problemas políticos es necesaria para estabilizar un país que no es estable desde el cambio de gobierno.

Lo más positivo será que el gobierno aborde sinceramente estos asuntos y logre resultados definitivas. Lo más preocupante es que busque estas definiciones y tome sus decisiones en base a las condiciones externas no en base a las necesidades nacionales.

Lo que más cierra el juego es que mientras no haya una definición de la política oficial de los Estados Unidos hacia Nicaragua es difícil pensar que los resultados de esta mesa sean realmente estabilizadores, a causa de la coincidencia que Estados Unidos mantiene aun con los grupos ultraderechistas criollos.

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