Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 137 | Mayo 1993
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Reactivación: la última oportunidad

La alianza de la alta burocracia estatal, militar y política se resiste a cambiar de rumbo la economía. El grupo dominante del FSLN es pieza esencial de esta alianza y de esta resistencia.

Oscar Neira, Adolfo Acevedo y Angel Saldomando

El centro de la atención de todo el país está en una economía al borde de la quiebra. Han pasado tres años de promesas y no hay reactivación ni mucho menos despegue. Lo único que se reactiva a diario es el desempleo, el latifundio y el desierto. Rodeados del desastre social y del desastre ecológico, no es fácil hacerle lugar a la esperanza, aun cuando para encontrar salidas se haya convocado a un Diálogo Nacional. Cada vez convergen más los pliegos de demandas de todos los sectores reclamando al gobierno una rectificación de su errada política económica. O mejor, de la irresponsable aplicación que ha hecho de la política económica que le diseñaron y nos impusieron los organismos internacionales. Esa es, en resumen, la actual coyuntura de Nicaragua. Este mes analizamos esta coyuntura desde tres puntos de vista en tres artículos complementarios.

Hablamos del FSLN.

En nombre de la estabilidad política del país, el FSLN ha aceptado pasivamente desde hace tres años la inestabilidad social y económica del país y de la mayoría del pueblo. En abril, cuando parecía que la dirigencia sandinista había logrado separarse de esta errada opción y la Asamblea Sandinista iba a estudiar, discutir y lanzar un plan de lucha frontal contra el plan económico, cuando ya se había anunciado así, todas las expectativas se vieron frustradas y se hicieron humo.

Hablamos sobre la ayuda externa.

Durante todo 1992, la excusa del gobierno para su dogmática e inflexible aplicación del plan de ajuste fue la falta de recursos externos. La retención de la ayuda norteamericana, provocada por las gestiones de la ultraderecha nacional y estadounidense, dio buena base a este pretexto. En abril, y después de la reunión de las instituciones financieras internacionales y los llamados Países Donantes en París, el gobierno anunció como un triunfo económico, y sobre todo político, que había recibido 750 millones de dólares y que el país podía salir de su crítica situación. ¿Sucedieron así las cosas? ¿Es tanta la ayuda que se recibió en París? ¿Y es mucha o poca la recibida en estos años? ¿Y si es mucha, para qué se está empleando y para que se piensa emplear la que ahora llega?

Hablamos de alternativas.

"Estamos mal, pero vamos bien" es la consigna repetida a diario por el gobierno, en hechos y palabras. "No hay más salida que seguir por donde vamos": dicen y quieren hacernos creer los neoliberales del mundo y también los de Nicaragua. ¿No hay salidas, no hay alternativas? Sí las hay, y son muchas. Tenemos que pensarlas. Pero imaginarlas y encontrarlas depende de a quién se oiga o a quién se quiera favorecer. En el segundo artículo, sobre el Programa "Finquero" presentamos una propuesta alternativa muy concreta. Buena, bonita... y barata.

Las razones del FSLN

Según hemos sabido, el Ministro Antonio Lacayo conoció - porque la Dirección Nacional se lo dio a conocer de previo - qué se iba a plantear y discutir en esa sesión extraordinaria de la Asamblea Sandinista, cuál era el cuestionamiento de fondo que se iba a hacer a la política económica. "Esto desestabiliza políticamente, las consecuencias serán graves", fue el alerta de un Lacayo inconforme. Y en consecuencia, el cuestionamiento de fondo que había sido elaborado - y hasta comentado públicamente - por Henry Ruiz se engavetó. A cambio, la Asamblea Sandinista hizo público un reiterativo, genérico y nada original listado de 18 medidas correctivas al plan económico - parches ni tan nuevos sobre un tejido ya desgastado -, elaborado por Jaime Wheelock. ¿Cuáles fueron las razones de fondo para frenar el cambio de timón que el pueblo, sandinista o no, necesita? ¿Y cuál era el cuestionamiento económico de fondo que iba a hacer el FSLN?

Excepto un reducido círculo, ortodoxo y oficialista, todos hablan de lo insoportable de la crisis y de la necesidad de encontrar alternativas. Hace apenas un año no existía este aparente consenso. Las condiciones para un recambio eran entonces más favorables: el "éxito" estabilizador del gobierno y la promesa de cierta compensación social a los afectados por el ajuste neoliberal.

Sólo algunas voces aisladas prevenían ya entonces sobre las dimensiones que alcanzaría la crisis si no se daba un giro urgente a la política económica. Pero estas posiciones se consideraban alarmistas y sin fundamento. Por eso es asombroso que en sólo un año los más declarados defensores de la política económica tomen distancia del gobierno y critiquen sus resultados. ¿A qué obedece esta sorprendente mutación de percepciones?

¿Todos dicen lo mismo?

Por un lado, se ha dado una grave pérdida de credibilidad en las promesas gubernamentales de reactivar el país y generar empleos. Todas las promesas reactivadoras han fracasado. El desempleo y la pobreza no se han reducido, se han ampliado y profundizado a niveles sin precedentes.

La recesión ha alcanzado tal magnitud, que no afecta exclusivamente a los sectores populares - como hasta hace poco -, sino también a los grandes empresarios. Todo esto ha dado lugar a una presión generalizada porque se cambie la política económica. Esto se refleja en el aparente consenso que se da alrededor de la recuperación productiva del país. Casi por instinto, la clase política ha olfateado los vientos de cambio, y se ha plegado a las nuevas señales que le llegan de prácticamente toda la opinión pública. Así, la búsqueda de alternativas - hasta hace poco vista con menosprecio - se ha convertido para los políticos en una necesidad para legitimarse, ante el pueblo.

Cambio económico = cambios políticos serios

Si en realidad se busca una solución, esto implicaría serios cambios en el sistema político y en la convergencia de intereses en que se sostiene. Por esto, los grupos dominantes ofrecen una enconada resistencia a cualquier alteración del rumbo. Significaría una redefinición del equilibrio logrado. Cuando este equilibro se apoya en una estrecha base social y en un país prácticamente destruido, mantenerlo a toda costa se convierte en una descomunal barrera para poder encontrar soluciones constructivas. Un verdadero cambio de rumbo implicaría para el gobierno reconocer el fracaso de su política estabilizadora, que es el eje de cohesión del gabinete de gobierno y es la única carta de legitimación del gobierno ante los organismos financieros internacionales. Para el grupo dominante dentro del sandinismo el cambio de rumbo significaría recomposición o ruptura en la densa red de vínculos y compromisos que el FSLN ha adquirido en la distribución de cuotas de poder. ¿Qué ganan el gobierno y el grupo dominante del FSLN impidiendo la búsqueda de salidas reales a la crisis? Esa es la pregunta de fondo.

En la convergencia de intereses que existe entre gobierno y sandinismo pesa la inercia. Siempre, las inercias se prolongan más allá de las circunstancias que dieron vida a alianzas por intereses comunes. El caso gobierno-FSLN, la base material de la que nació esa alianza eran recursos externos para ser utilizados en el sector comercial y financiero - para la estabilización - y la prometida compensación social. La alianza se dio entre la alta burocracia estatal, militar y política y algunos sectores empresariales.

Se suponía que esta alianza sería suficiente para doblegar las resistencias a la política de estabilización. La ganancia esperada era garantizar espacios de poder e influencia a los integrantes del grupo dominante (grupo Lacayo, sector dominante del FSLN). La supuesta utilidad de este arreglo era ayudar a estabilizar el país, neutralizando los extremismos de derecha e izquierda. Había que pagar cualquier precio con tal de lograr la estabilidad política de Nicaragua.

FSLN en alianza con Lacayo

Sin embargo, la estabilidad política no es un elemento independiente de la estabilidad social y material de la población. En aras de este esquema estabilizador, se apoyó la aplicación de un paquete de reformas neoliberales que han minado las posibilidades de una estabilización sostenible y con base social amplia. Los perdedores en este arreglo son los sectores excluidos: la baja burocracia estatal, militar y política, los sectores medios, los pequeños y medianos productores, los obreros, el campesinado y el sector informal, las mujeres y los ex-combatientes de uno y otro bando. La profundización de la crisis en 1993 ha hecho que el sector empresarial empiece a ser afectado, haciendo más frágil la alianza y el sostenimiento de su política.

El FSLN aceptó este esquema de estabilización porque lo consideró el único escenario posible. Vio esta estabilización política hecha desde arriba como el mejor pasaporte para ganar legitimidad, reconocimiento internacional y para llegar con nuevos ropajes a las elecciones del 96. También lo aceptó porque impide que el liderazgo del grupo Lacayo en la derecha sea sustituido. Esta alianza impide también que en el FSLN se abran brechas para los críticos que quieren cambiar la dirección y la política del partido.

Cuotas de poder del FSLN

Todo indica que la alianza será tenazmente defendida. Se valora que el costo de abrir el juego político a partir de cambios en materia económica sería demasiado alto. Porque llevaría a una redefinición completa de las relaciones entre los grupos sociales y políticos. Esto explica que los intentos del Ministro Lacayo por efectuar cambios en la actual política económica a fines de 1992 no hayan prosperado.

Al final, las medidas de inicios de 1993, con el anuncio de la "reactivación solidaria", no fueron otra cosa que más de lo mismo, ahora con la hoja de parra de la compensación social. Más recientemente, en marzo, el cuestionamiento de la política gubernamental que hicieron algunos miembros del FSLN y que refleja el documento "Por una salida nacional a la crisis" se redujo al final a un plan de lucha mínimo (los 18 puntos), para no afectar las relaciones y cuotas de poder establecidas entre el grupo Lacayo y el sector dominante dentro del FSLN. Una vez más, la excusa para no promover cambios de fondo en la política económica fue la debilidad del gobierno, y la fragilidad de la estabilización alcanzada. Usar estos argumentos es reconocer el fracaso del esquema aplicado. Lo más grave es que la miseria del pueblo y la descomposición social a que hemos llegado pesen tan poco en la balanza política.

Recientemente, se ha introducido un nuevo heecho en la arena política: los dirigentes políticos de la UNO siempre interesados en modificar la actual alianza política, pero sin cuestionar el modelo económico, se han montado sobre el descontento del pueblo y del empresariado, para aparecer como los abanderados del cambio de rumbo de la política económica. Con esta demagogia tratan de capitalizar el descontento de la población, para debilitar las oportunidades electorales de sus adversarios.

¿Hay voluntad política para cambiar?

Esta visión desde el poder, no mide en toda su magnitud los costos políticos que tiene el continuismo. La alianza dominante, especialmente el gobierno, se hace más frágil al reducirse su base social. El repetido fracaso de la política económica en lograr la reactivación crea fisuras y divisiones dentro del propio gabinete. Al marchar tan mal las cosas, la necesidad de hacer cambios en el gobierno y de buscar programas alternativos se ponen aún más a la orden del día. Con más o menos fragilidad, la magnitud de la crisis la que hace imposible mantener la "estabilidad" política sin usar cada vez con más frecuencia la represión y sin ignorar cada vez más cruelmente las demandas de la población.

Aunque parezca increíble el grupo Lacayo y el grupo dominante en el FSLN están convencidos - y tratan de convencernos - de que la actual situación es la mejor de las posibles y no queda más que navegar entre los escollos, preservando este esquema de estabilización. La realidad es que a medida que avanza el tiempo, esto se hace cada vez más difícil. Crece la ingobernabilidad y crece el número de los que quedan fuera. Se acumulan los conflictos y el país en su conjunto pierde oportunidades de rehabilitar y reactivar su economía, al menos a los niveles a los que otros países centroamericanos, también con graves problemas, lo han hecho.

Al borde del colapso

1992 terminó en un clima de descrédito de la gestión gubernamental. La economía siguió en recesión. Los conflictos sociales y las interminables querellas políticas, agravadas por los escándalos de corrupción, y el panorama más que incierto sobre la llegada o no de recursos externos, configuraron una situación de crisis política y económica que por ser tan aguda ha terminado por banalizarse.. La descomposición social en forma de delincuencia, prostitución o narcotráfico es el pan cotidiano que resulta de la política económica aplicada por el gobierno y avalada por el grupo dominante en el FSLN. En los primeros cinco meses de 1993 no hay señales de que este panorama vaya a modificarse, más bien se está profundizando a niveles intolerables.

Varias razones explican la gravedad de la situación. En 1993 se ha reducido el monto global de la cooperación externa y, sobre todo, su componente en divisas líquidas, en dinero en efectivo. La situación es tan grave que si el gobierno no consigue los $150 millones en divisas líquidas que necesita para cerrar la brecha comercial o si tarda en conseguirlas, la lógica de la actual política económica llevará a 1) mayor contracción en los créditos, 2) mayor reducción en la inversión pública y en el gasto social, 3) menor dinero en circulación y 4) más recesión, con aumento del desempleo y del subempleo.

La reducción de los recursos externos, y especialmente del dinero en efectivo, ha disminuido el margen de maniobra financiero del gobierno. Además de las cuatro calamidades señaladas, las necesidades de operación de la economía ya no están garantizadas. En 1993, sólo las importaciones de petróleo y el pago del servicio de la deuda -priorizado por el gobierno- están aseguradas. En estas condiciones, de no llegar al país rápidamente los recursos externos esperados -los destrabados US$50 millones de Estados Unidos- la economía se encontraría al borde del colapso. Pero aún si llegaran, no modificarían en nada la recesión que espera a Nicaragua en 1993. Sería sólo un respiro, no un cambio.

Una política agotada

Las falsas expectativas creadas por el gobierno después de la reunión de abril en París, evidencian la necesidad que tiene de aparecer optimista sobre la viabilidad de su política económica. Sin embargo, no logra ocultar dos hechos claves. Primero: lo obtenido en París no resuelve los problemas. Porque en París no logró los recursos financieros necesarios para cubrir la brecha de divisas líquidas que requiere para 1993. Mucho menos pudo mejorar las perspectivas de financiamiento futuro. Segundo: la política económica está ya agotada y no alcanza sus proclamados objetivos de reactivación. La política económica está agotada precisamente porque dependía totalmente de la continuidad de ayuda externa flexible y del relevo de la misma por una rápida afluencia de inversiones privadas y por una acelerada recuperación de las exportaciones. Esta fórmula fundamentó la actitud irresponsable del gobierno, que se sentó a esperar una milagrosa recuperación, en vez de promover activamente la misma.

En 1993 se puso en evidencia el tiempo perdido y la ineficacia con que se utilizaron los recursos externos para preparar la rehabilitación y la reactivación productiva del país. El panorama es otro al que el gobierno esperaba:
1) la inversión extranjera no asume el relevo de la ayuda externa,
2) la inversión nacional es insuficiente,
3) las exportaciones se han reducido,
4) la recesión resulta ya intolerable para todos los sectores empresariales y laborales,
5) la creciente desesperación e ingobernabilidad del país es consecuencia del enorme desempleo y marginación social de las mayorías,
6) el modelo es totalmente incapaz de responder a los 780 mil desempleados y subempleados y a los 45 mil jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa.

En este escenario, ni las promesas de reactivación ni las presiones para lograr empleo y producción, tienen una base real si continúa la misma política gubernamental. En abril, mes clave para el ciclo agrícola, las señales son negativas. No sólo se profundiza la falta de dinero en circulación sino que las propias alternativas que formulan los productores encuentran oídos sordos. Hasta los sectores que se beneficiaron de la fiebre importadora y comercial, comienzan a sentir el agobio de la falta de dinero y de la recesión.

Cada vez es más difícil salir del pozo

La profundización de la recesión compromete no sólo las perspectivas de 1993. Quiebra además las posibilidades de una recuperación futura. Porque al profundizarse el pozo de la recesión, aumenta el esfuerzo para salir de él. Si para recuperar el PIB per cápita del año 1990 en el año 2000, necesitaríamos crecer a partir de 1993 a una tasa promedio anual de 4.4%, toda postergación no hará mas que aumentar las tasas de crecimiento necesarias para salir del pozo, por encima del 5 o 6% promedio anual.

Es poco o nulo el margen de corrección que deja el continuismo gubernamental. Esto se expresa en que la prioridad de la agenda del gobierno para 1993 y los siguientes no es otra que la profundización de las reformas institucionales y económicas, lo que bloquea cualquier intento de elaborar una agenda que tenga como prioridad lo social y la reactivación económica.

La agenda gubernamental ya está definida, independientemente de cualquier Diálogo Nacional o de cualquier proceso de concertación, y no es la que el país necesita. El gobierno es completamente dependiente de lo que ordenen los organismos financieros internacionales y está hecha en función del pago de la deuda externa y de una apertura comercial que no favorece a Nicaragua. Las prioridades nacionales no cuentan. Ni siquiera son consideradas para un posible esquema de renegociación que favorezca la reactivación.

Reactivar la economía: primer paso

El primer paso para desarrollar una política económica con un perfil más expansivo es determinar los márgenes económicos internos. Si éstos existen es posible iniciar una recuperación productiva adecuando a ella el crédito interno y dando asistencia integral en las áreas de la producción y la comercialización. Esto depende más de factores socio-políticos que técnicos. Si no hay margen económico interno, una política expansiva sólo conduciría a más inflación, a la pérdida de reservas y al colapso total de la economía. Esta es la posición del gobierno.

Pero la realidad es que existe margen. Nuestro punto de vista es que la actual super-contracción de la demanda (no hay quien compre) y la iliquidez (no hay dinero) han creado una subutilización de los recursos, de la capacidad productiva y de la mano de obra. Y esto es tan grave que ya ha empezado a traducirse en la destrucción de la misma capacidad de producción. En esta situación, y dado el nivel de la cooperación externa, lo primero para reactivar la producción es recuperar la liquidez de la economía, que circule dinero para habilitar el capital de trabajo de los productores. Después hay que concentrarse en instrumentar acciones directas de rehabilitación y fomento de la producción.

Esto implica generar una cartera coherente de planes inversionistas sectoriales y locales, y de reconversión productiva, todo dentro de una estrategia clara de desarrollo nacional. Es evidente que esta salida significa un cambio de rumbo de la actual política económica, con los costos políticos que tendría tal giro.

Hay otra salida

La posición gubernamental - sobre la que fundamenta el continuismo de su política - es que una mayor liquidez sólo se traducirá en inflación, y que las acciones de apoyo a la producción ya están contenidas en las reformas puramente institucionales de apoyo a los mercados.

Esta opción ha mostrado ya sus límites y su ineficacia como vía hacia el desarrollo. Pero hay que explorar otra salida. Es posible que la expansión adicional del crédito interno se traduzca principalmente en expansión adicional de la producción y el empleo, si existe:

1) Un importante potencial no utilizado (o subutilizado) de ampliación de la producción, con capacidad efectiva de recuperación inmediata.

2) Una disponibilidad adecuada de recursos externos que, los selectivamente para este fin, posibiliten las importaciones adicionales indispensables, tanto de bienes intermedios como de bienes de consumo estrictamente básicos, con los que compensar los cuellos de botella que se creen en la oferta interna.

3) La posibilidad de evitar que la expansión de la demanda - resultante del aumento del empleo y de los ingresos como producto de la reactivación - se traduzca principalmente en una mayor demanda de importación de bienes de consumo no básicos.

Por lo tanto, los márgenes fundamentales de maniobra internos están dados por los potenciales efectivos de recuperación productiva inmediata.

Prioridades y selección: qué criterios

Pero como los recursos son limitados, sobre todo los externos, la recuperación debe llevarse adelante con claras prioridades y en forma selectiva. Se deberán concentrar los esfuerzos de reactivación en los rubros o actividades que cumplan de la mejor manera con estos criterios:

1) Los que tengan posibilidades de recuperación inmediata de los niveles de producción.

2) Los que tengan mayor peso absoluto en la satisfacción de las demandas del mercado interno y externo.

3) Los que produzcan mayor generación o ahorro neto de divisas.

4) Los que generen mayor capacidad absoluta de valor agregado (empleo e ingresos), ya sea directamente o por su capacidad de arrastre de otros sectores (presiones de demanda intersectoriales).

El límite: escasas divisas para importaciones

Ciertamente, la recuperación económica con la expansión de los créditos podría ampliar el desequilibrio externo, al incrementar la demanda de importaciones. Dado que los recursos externos son el factor más escaso, la disponibilidad de éstos para asegurar las necesidades de importación de insumos constituye el principal límite a los márgenes de recuperación productiva interna e inmediata y, por tanto, a la decisión de aumentar el crédito interno.

Esto exige actuar para modificar la composición de nuestras importaciones. Para ser consecuente con la reactivación, y dado el carácter crítico de las divisas, existen medidas que permiten una adecuada selectividad. Entre ellas, habría que introducir un régimen de asignación selectiva de las escasas divisas para orientarlas a la importación de los insumos que necesita una recuperación productiva inmediata. Por otro lado, podrían introducirse medidas que aseguren una contención selectiva de las importaciones, para reducir más las que no son necesarias, al menos a corto plazo.

Al mismo tiempo, a fin de hacer más pequeños los riesgos de recesión, los cortes en la demanda deben concentrarse en todo aquello que tenga un mayor componente importado, a la vez que se amplía la demanda de productos nacionales, lo que aumenta las posibilidades de reactivación. Para asegurar que la política de reactivación se traduzca en una efectiva reactivación de la producción para el mercado nacional se deben asegurar medidas que reduzcan la importación de bienes de consumo extranjeros que se produzcan nacionalmente.

Reducir y reorientar el consumo

Al actuar así, se introducen dos factores importantes que reactivan la economía:

1) En la medida en que se reducen las importaciones de bienes no esenciales, se liberan divisas que pueden reorientarse hacia la producción priorizada, hacia la infraestructura vinculada a esa producción nacional y hacia los servicios sociales básicos.

2) En la medida en que se reduce la importación de bienes de consumo sencillos, pero que se producen ya o pueden producirse nacionalmente, no sólo se liberan divisas sino que los consumidores nacionales reorientan su demanda hacia los productores nacionales, ampliando las posibilidades de lograr un mayor nivel de recuperación de la producción interna y de las cadenas productivas intersectoriales.

La reactivación selectiva de la producción para el mercado interno requiere de la protección del mismo, a un nivel y con una duración adecuada hasta que se recomponga, se reactive y sea más capaz de competir con la producción extranjera. Con esta protección se aseguraría que el aumento de la demanda interna se traduzca, ante todo, en una efectiva reactivación de la producción nacional y se evitaría que un aumento en la demanda produzca mayores importaciones de bienes de consumo no necesarios y no productivos.

Gobierno: sin divisas no hay respuestas

La reactivación requiere de un cambio en el uso que ha hecho el gobierno de los recursos externos, extremadamente restrictivo. Para el gobierno, los recursos externos líquidos son los únicos que cuentan, y son los que sirven como único "respaldo" para la oferta de crédito interno y para el córdoba, la moneda local.

La reactivación requiere que los recursos externos líquidos, en efectivo, en conjunto con los recursos que vienen atados a proyectos o a la compra de productos, proporcionen la capacidad de importación de los insumos que requiere la recuperación productiva inmediata. Tiene entonces que cambiar el enfoque del gobierno, que es restringido e incompatible con la reactivación productiva del país.

En el enfoque oficial, si el gobierno no dispone de recursos externos líquidos no tiene respuesta para las necesidades reales de financiamiento o para la iliquidez interna más apremiante. Esta extrema iliquidez interna obstaculiza las posibilidades de recuperación, entorpece la normal operación de la economía y desarticula el funcionamiento de la cadena de cobros y pagos. Eso es lo que está ocurriendo.

Más créditos para más productores

Este enfoque debe ser abandonado si se desea que existan márgenes para financiar la recuperación productiva inmediata. La reactivación requiere de la ampliación del crédito interno, para financiar con ese dinero, de forma selectiva, las necesidades de la recuperación productiva. Emitir ese dinero no debe depender de tener un "respaldo" inmediato en divisas en mano. Y esto, porque el crédito para los productores nacionales no se expande en dólares sino en córdobas. Es la moneda nacional la que moviliza los potenciales de recuperación productiva inmediata.

De ninguna manera significa esto una desconexión entre la expansión financiera interna y los recursos externos, entre córdobas en créditos y dólares en ayuda. Los recursos externos, tanto líquidos como atados, tienen ante todo el papel de asegurar las importaciones que se requieren para activar los sectores con posibilidades de ampliación inmediata de la producción.

En esta perspectiva, el crédito se concibe como un adelanto sobre la producción. Por otra parte, la ampliación de las entregas brutas de crédito, indispensables para la recuperación, no significan necesariamente una expansión equivalente de los techos de crédito interno neto. Si la expansión selectiva de las entregas de crédito da lugar a una efectiva recuperación y a una mejoría en los bolsillos de los agentes económicos, las recuperaciones del crédito se elevarían. La expansión neta del crédito interno sería entonces menor que la de las entregas brutas.

El soberano uso de "la maquinita"

Si persiste un exceso en la demanda de dinero por parte de los agentes económicos, existe un margen adicional, no inflacionario, para expandir el crédito interno. Si la crisis de liquidez que vive el país es real, significa que existe mucha demanda de dinero, como resultado de la drástica reducción de su velocidad de circulación que sigue a la estabilización de precios. Este margen es suficiente para permitir el uso de "la maquinita", de la soberanía que tiene todo Estado en la emisión de dinero nacional para financiar con ella una importante expansión adicional del crédito interno.

El Banco Central de Nicaragua ha impedido la remonetización de la economía para detener el proceso hiperinflacionario. En 1991, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno estimaban conservadoramente que el coeficiente de liquidez global de la economía, o la razón de activos líquidos sobre el PIB, llegaría a 17.5 puntos porcentuales del PIB (en nuestra estimación, 23%). Debido a la rigidez de las reglas monetarias impuestas, ese año apenas se alcanzó un coeficiente de liquidez del 13%. Después de la sensible contracción de los activos líquidos derivada de la devaluación del 10 de enero de 1993 este margen se amplió.

Cuando se impone un régimen de política monetaria demasiado restrictivo al demandado para el normal funcionamiento de la economía, el resultado es que la economía se hunde en una postración recesiva que si se prolonga resulta intolerable. Esto es lo que hoy ocurre en Nicaragua.

Una inflación tolerable

La recuperación del país debe ser consistente con el manejo tolerable de las tasas de inflación. El ritmo de la recuperación productiva inmediata no debe llevar la expansión financiera interna a niveles que originen tasas intolerables de inflación. Por lo tanto, debe establecerse cuál es el nivel de inflación - consistente con las metas de reactivación - que resulta tolerable para nuestra economía. A partir de ella, se deben amarrar los recursos externos con la capacidad de endeudamiento externo de la economía, condicionando el pago de la deuda externa a la meta de reactivación con estabilización.

En un primer escenario (A), donde se quiere rehabilitar la economía para sentar las bases de una reactivación sostenida en 1994 y en los años siguientes, la economía debería crecer en un 3.4% en 1993. En términos per cápita, esto implica sostenerse a duras penas en los niveles de 1992. Y para ello, la actividad agropecuaria y la silvicultura deberían expandirse en 2 puntos porcentuales respecto a 1992. Implica también que se sostenga el programa de inversiones públicas (PIP), para propiciar un repunte del sector de la construcción. Con la reactivación de la agricultura, de la construcción y de la demanda interna, la industria podría alcanzar una recuperación de casi el 6%. para mejorar la posición de la balanza de pagos y dado el crecimiento agrícola, las exportaciones aumentarían en un 19%, reduciendo las importaciones en un 23%.



Austeridad, empleo y reactivación

Todo esto implica un esquema reactivador austero, basado en la generación de empleos y en la rehabilitación de la capacidad productiva. La expansión de la demanda interna es selectiva, para no tensionar los desequilibrios externos. El gasto público, como proporción del PIB, sería ligeramente menor que el de 1992, pero la recuperación económica ayudaría a reducir el déficit público en 4 puntos porcentuales del PIB, en relación a 1992.

En este escenario, la miope política de mantener la inflación pegada al piso, no se sostendría. La recuperación paulatina de la liquidez, a niveles que no lesionen la estabilidad de los precios, implicaría una tasa anual de inflación de casi el 38%. Esto lleva a que la devaluación anual del tipo de cambio nominal, tenga que ser del 50% para ganar y mantener una orientación pro-exportadora.



De todas maneras, sólo sentar las bases de la reactivación futura en 1993, con precios internacionales desfavorables y con disminución de la ayuda externa, implica un descomunal esfuerzo productivo, que no sólo involucraría a los productores sino al gobierno, para cubrir la demanda insatisfecha de inversiones, para recuperar la liquidez, para proteger selectivamente el mercado interno y para mejorar la capacidad exportadora del país. Todo esto requiere de una institucionalidad distinta a la actual, de otra política, de un cambio que permita ir cimentando un marco de crecimiento a largo plazo.

El pago de la deuda: más crisis

El segundo escenario (B) mantiene una meta de crecimiento similar a la propuesta por el gobierno para la economía: 2% Aún si el gobierno logra éxito en alcanzar sus metas de producción agrícola, lo que se obtendría es básicamente mantener los niveles productivos de 1992. Y aún suponiendo que se logra aplicar el programa de inversiones original, de modo que hay reactivación de la construcción, en términos per cápita la economía caería en casi un 2%. Para mejorar la posición externa de la economía, se tendría que recuperar lo perdido por la caída de las exportaciones en 1992 y reducir aún más drásticamente las importaciones que en el escenario (A). Pese a todo, si se mantiene el esquema de pago de la deuda externa, la iliquidez externa de la economía se agravaría en 1993, vulnerando decisivamente las posibilidades de que haya un crecimiento futuro.

Aunque se efectuara una reducción del gasto público en relación a 1992, como los ingresos no se recuperan con la misma fuerza, la proporción del déficit público sobre el PIB sólo se reduciría en 2 puntos porcentuales. De todas maneras, este recorte del gasto para mejorar la posición fiscal, dada la meta de devaluación nominal, lograría a duras penas mantener la inflación anual cercana al 30%.

Un sacrificio grande e inútil

En resumen, aún con un éxito al nivel del ciclo agrícola y con el crecimiento esperado por el gobierno, la posición global de la economía en el escenario B resulta más difícil y a costos más elevados que en el escenario reactivador que proponemos, el A. Ni la preciada meta de mantener la inflación pegada al piso podría sostenerse, de modo que el sacrificio con más recortes a la demanda, sería grande... y sería inútil. También cruel, por las grandes necesidades de la mayoría de la población.

Lo más grave es que al no crear las bases para una reactivación en 1994, este año se pierda prácticamente y los esfuerzos de recuperación futura se vuelvan menos probables o más costosos. Las consecuencias de un continuismo en la política económica son mucho más de fondo y más devastadores de lo que se quiere admitir. El solo hecho de perder el actual ciclo agrícola por falta de créditos a los productores vulnera seriamente la meta de crecimiento del gobierno, cercana al 2%. Si esto va acompañado con mayor restricción de la demanda y se mantiene la iliquidez, el país estaría en el fondo de un pozo de recesión del que difícilmente saldrá.

Las consecuencias y costos sociales de optar por hundirnos en ese pozo económico son altos e impredecibles. Ciertamente, harán más frágil aún el tímido proceso democratizador. No habrá bases materiales para la democracia. Tampoco las habrá para que Nicaragua sea viable económicamente como nación.

Los desafíos que enfrentamos no pueden esperar un calendario electoral, ni son resolubles con componendas o diálogos de cúpulas. Requieren de un intenso esfuerzo nacional, bajo un esquema realmente participativo y democrático. Lo que deje de hacerse hoy por recuperar la economía, lo pagaremos pronto con el colapso del país.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Reactivación: la última oportunidad

Nicaragua
Tanta ayuda externa ¿a dónde va?

Nicaragua
¿Qué hacer? Programa "Finquero": una alternativa

Guatemala
"Masacres de la selva": ¿Nunca más?

Internacional
El Sur existe y tiene su teología
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web