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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 136 | Abril 1993
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El Salvador

La amnistía: una ofensa a los pobres

La amnistía otorgada en El Salvador después de hacerse público el Informe de la Comisión de la Verdad es una ofensa a la justicia. El modo caprichoso, no consensual, indiscriminado y con visos de ilegalidad de la Ley de Amnistía no reconciliará a nuestra sociedad.

José María Tojeira

La amnistía otorgada en El Salvador después de hacerse público el Informe de la Comisión de la Verdad es una ofensa a la justicia. Pocas personas dudan en El Salvador de la necesidad de buscar mecanismos de perdón legal después de la guerra civil de más de una década de duración, pero el modo caprichoso, no consensual, indiscriminado y con visos de ilegalidad de la actual ley de amnistía, obliga a pensar en una burla de la justicia que consigue todo, menos la reconciliación de la sociedad.

Pena de muerte para los pobres

Esta ley de amnistía es, en primer lugar, una ofensa a los pobres de El Salvador. Reafirma la idea de que la vida de los pobres ni vale ni interesa en el país. Es más importante evitarle a un militar la vergüenza de enfrentar sus crímenes, aunque finalmente sean perdonados, que resarcir, de alguna manera, la memoria de víctimas inocentes. Los más de cien niños asesinados a sangre fría en El Mozote no merecen ni siquiera una petición de perdón oficial de parte de la institución que propició esa masacre. Se quiere, por el contrario, obligar a que los pobres olviden el pasado para que unos muy pocos, en el poder, no tengan que asumir ninguna responsabilidad por crímenes de franca atrocidad.

ARENA, el partido de gobierno en El Salvador, había propiciado no hace mucho más de un mes, la ampliación de la pena de muerte en el país para cierto tipo de delitos comunes. Se produce así una terrible injusticia comparativa. Los delincuentes comunes a los que la ley alcanza - mientras los dueños de la corrupción oficial permanecen intocables - son en su 99% gente de escasos recursos, a las que el ambiente de pobreza y de violencia generada por la guerra ha llevado a la violación de la ley. Para ellos se pide un endurecimiento de las penas. Para quienes han cometido delitos de orden político "y conexos", que generalmente han disfrutado de educación, de dinero y de poder, que han sido responsables de velar por un orden constitucional que nunca han respetado, para ellos, el mismo gobierno pide un olvido absoluto de los crímenes y un perdón irrestricto de todo tipo de responsabilidad.

En segundo lugar, la aprobada ley de amnistía tiene claros visos de ilegalidad: el artículo 244 de la Constitución salvadoreña afirma que no puede ser amnistiado ningún funcionario de gobierno por delitos cometidos durante el período del Presidente al que sirvieron. Si tenemos en cuenta que todos los militares con grado de coronel son funcionarios del gobierno, se hace evidente que la presente ley de amnistía trata de asegurar que no puedan ser juzgados, entre otros, los más de diez coroneles que aparecen mencionados en el caso de los jesuitas de la UCA. Habiendo cometido estos militares sus delitos durante el período del Presidente Cristiani, la ley de amnistía viola al menos el espíritu de la Constitución, cuando no directamente su letra.

Serias contradicciones

Aparecen así serias contradicciones. Mientras el gobierno se escuda en la Constitución para no cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, emite leyes que la violan. Y no hablamos ya de la violación del derecho - primero humano y después constitucional - de la vida, que se ha violado y ante el cual se quiere afirmar, con la ley de amnistía, un "aquí no ha pasado nada", sino de un párrafo bien concreto de la Constitución que se ha saltado con toda tranquilidad y a la ligera.

En tercer lugar, para justificar esta ley de amnistía el gobierno de El Salvador ha acudido a la mentira pública y a la manipulación sistemática de la información. Se han montado en el país auténticas campañas para desprestigiar a los tres Comisionados que integraron la Comisión de la Verdad. Campañas orquestadas por medios de comunicación, como El Diario de Hoy entre otros, que sirvieron, en su tiempo, para preparar el caldo del cultivo de los asesinatos de Monseñor Romero, de los jesuitas de la UCA y de tantos otros asesinados por pensar de un modo distinto a los verdugos de El Salvador.

Miembros de los poderes del Estado de El Salvador han calumniado e insultado a los Comisionados que redactaron el Informe de la Verdad. En ningún momento se ha respondido al informe - titulado "De la locura a la esperanza" - con un esfuerzo por investigar y aclarar los puntos oscuros que deja el texto, por ejemplo el referido a los escuadrones de la muerte. Al contrario, el gobierno ha preferido atacar a los Comisionados, cerrar los ojos a la verdad y denigrar a todo el que dé credibilidad al informe. Frente a la consistencia interna del informe, el partido de gobierno reacciona con la prepotencia y el desprecio por la verdad del pandillero dueño de un territorio.

Miembros del gobierno han insistido en la ley de amnistía como un deber cristiano. Frente al deber cristiano de construir la convivencia sobre la justicia y visitar después cárceles y encarcelados - realidad esta última que en nada ha interesado al actual gobierno -, se nos quiere convencer de que el olvido de los valores humanos más hondos en una virtud. Hay que olvidar que la guerra entigrece las almas, hay que olvidar la costumbre racional de pedir perdón públicamente por delitos públicos, hay que olvidar las enseñanzas de la moral, que nos dicen que quienes tienen responsabilidades públicas tienen también mayores responsabilidades ante la sociedad.

Y esta actitud gubernamental se produce no frente a una posición de venganza o de resarcimiento irracional, porque todos en El Salvador hablamos de la necesidad de buscar mecanismos racionales de perdón legal, de asegurar la pacífica convivencia para el futuro, de construir una nueva sociedad, desterrada la guerra y sus causas, sobre un proceso de verdad, justicia y perdón. No hay dos "extremas" en El Salvador en este momento. Hay simplemente un afán de reconciliación en la verdad y por otra parte, el intento gubernamental de sepultar la verdad en el olvido.

Mecanismos de perdón

Injusticia, violación de leyes, mentira... Todo esto, ¿por qué? Sólo hay dos respuestas lógicas, no excluyentes la una de la otra. O existe una clara supeditación a los verdugos señalados en el informe, o hay complicidad con los mismos.

La posición alternativa a la amnistía y a la tensa situación propiciada por la misma sigue siendo la que hemos venido señalando desde hace tiempo: es necesario profundizar en la verdad para que podamos cambiar estructuras y actitudes que dañan a todos los salvadoreños. Es de suma importancia que haya justicia para que la sociedad pueda, a través de sus instituciones, sancionar formal y oficialmente los crímenes cometidos, evitando así el riesgo de su repetición. En este terreno, nosotros proponíamos la confesión del delito cometido ante un juez, para poder acogerse después a algún tipo de indulto.

Debe también haber mecanismos de perdón legal para que en este país pequeño, donde el mundo de lo personal incide tanto en el desenvolvimiento institucional, se pueda convivir y construir sin traumatismo una nueva sociedad democrática, participativa, con un estado de derecho pleno, y atenta especialmente a las graves necesidades de las mayorías empobrecidas. El fiel cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad ofrece un excelente camino para lo que proponemos.

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