Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 133 | Diciembre 1992
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Guatemala

¿Rigoberta para Presidente?

El 16 de octubre, a las cuatro de la mañana, cuando empezaron a sonar los cohetes en las calles aún oscuras de la ciudad de Guatemala, celebrando el Premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú, el presidente Jorge Serrano debió sentir el peor dolor de cabeza de su vida.

Equipo Envío

El gobierno de Serrano Elías había luchado contra viento y marea con una campaña de desprestigio para impedir que el más codiciado premio internacional, el Nobel de la Paz, fuera entregado a una mujer indígena llamada Rigoberta Menchú. Y ahora tenía que tragarse todo lo dicho, hasta las declaraciones hechas esa misma semana por el vocero del Ejército, insistiendo en que no merecía el premio. Tendría también que felicitarla y disimular su disgusto.

Parece que Serrano no se recuperó de este dolor de cabeza en todo el día y quizás no se recupere nunca. No llegó por la noche a la recepción diplomática ofrecida a Rigoberta por todas la embajadas extranjeras. El único representante del gobierno guatemalteco que estuvo presente fue el vicepresidente Gustavo Espina. Llegó acompañado de un alto militar con cara de quien acaba de tragarse una avispa.

Guatemala patas arriba: mujeres con trajes indígenas en un mar de diplomáticos

En la recepción, un mar de elegantes trajes en distintos tonos de gris y negro, sólo hablaron tres mujeres indígenas: dos señoras de CONAVIGUA - la organización guatemalteca de viudas, que acompañaban a Menchú - y la premiada, las tres en sus coloridos trajes tradicionales. Sólo la imagen de estas tres mujeres indígenas sentadas en una plataforma frente al mar de diplomáticos, hacía creer que el mundo se había puesto patas arriba en Guatemala. Rigoberta empezó, como suele hacer, leyendo un poema suyo y terminó diciendo que lo único que lamentaba en aquel día era que su madre y su padre no pudieran celebrar el premio con ella porque habían sido asesinados por el ejército. Al final de su discurso, llegó la Primera Dama, Magdalena de Serrano, disculpando a su marido: no había podido asistir porque, lamentablemente, estaba indispuesto.

Al día siguiente, miles de guatemaltecos de todos los sectores marcharon y después se reunieron en un parque de la capital para escuchar a la galardonada. Buses y camionetas llenos de indígenas de distintos departamentos llegaron para celebrar con ella el premio. Todavía es pronto para juzgar el impacto del Nobel dentro de Guatemala porque la mayoría de los millones de indígenas que siguen viviendo en aislamiento y pobreza extrema, ni siquiera conocen a Rigoberta.

Esta mujer, tan conocida a nivel internacional, era una desconocida dentro de su país hasta hace poco, incluso para muchos prefesionales, como fruto de la represión y la censura de años. Sin embargo, el Nobel es un espaldarazo internacional muy importante a toda la población indígena, que sufre represión desde hace 500 años. Al recibir el premio, Rigoberta anunció que creará una fundación para ayudar a la población indígena y que llevará el nombre de su padre, Vicente Menchú, quien murió quemado en el incendio provocado por los militares en la embajada española en Guatemala en 1980.

"Mujeres, malditas mujeres"

Al gobierno guatemalteco le ha ido mal durante los dos últimos meses con algunas mujeres. Antes de que Rigoberta fuera premiada, se anunció que Helen Mack, la hermana de Myrna Mack - antropóloga asesinada en septiembre/90 - había ganado el premio "Right Livelihood", conocido popularmente como "el Nobel alternativo "o "el premio Vida Justa". Mack recibió el premio "por su persistencia en la búsqueda de la justicia y en contra de la impunidad," según el jurado sueco. Helen Mack ha llevado el caso judicial en contra de Noel Jesús Beteta, ex-especialista del Estado Mayor Presidencial, acusado de asesinar a su hermana, en condiciones sumamente riesgosas.

"Rigoberta y yo ganamos estos premios porque somos víctimas de la represión del ejército. Si aquí hay una industria de derechos humanos es porque los militares han creado un mercado", explicó Mack al recibir el premio.

El 13 de octubre, en la vista pública del caso, Mack pidió una pena máxima de 30 años para Beteta y anunció que estaba abriendo un juicio en contra del General Edgar Godoy Gaitán, ex-jefe del Estado Mayor Presidencial, como autor intelectual del crimen. Es la primera vez en la historia de Guatemala que una simple ciudadana toma medidas de esta magnitud contra un militar. El visiblemente disgustado general dijo a un telenoticiero que la acusación era "una canallada" y que está considerando demandar a Helen.

El caso Myrna Mack

Hubo nuevos avances en el caso Mack. Cuando el 28 de octubre por la noche se reconstruyó el crimen, salió de la oscuridad un muchacho de unos 20 años, quien dijo ser testigo del asesinato y dio una descripción detallada de los dos asesinos. Explicó que estaba paseando en la calle cerca de las oficinas de AVANCSO - donde trabajaba Myrna - la noche del asesinato, pero no se había atrevido a hablar hasta aquel momento.

El caso sigue, sin embargo, tropezando con dificultades. Aparece un nuevo testigo y desaparece otro. El 25 de noviembre, Rember Haroldo Larios Tobar, ex-jefe del Departamenteo de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional, se exilió en Canadá tras haber recibido amenazas de muerte, según Helen Mack. Larios había ayudado a elaborar un informe policial clave que identificó a Beteta como el principal sospechoso. Después de testificar en 1991 en el proceso, Larios fue removido de su cargo y meses después le dieron la baja de la institución.

El 24 de noviembre, el Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, responsabilizó por el crimen al Estado de Guatemala, y concretamente al gobierno del ex-presidente demócrata cristiano Vinicio Cerezo. Carpio explicó que los estudios que Myrna Mack realizaba fueron vistos como "desestabilizadores" por las fuerzas de seguridad y añadió que sólo los organismos del Estado, principalmente los encargados de la seguridad nacional, tenían la capacidad de montar un aparato de vigilancia y seguimiento de la magnitud del operativo previo y posterior a la muerte de Mack. Hasta ahora, Vinicio Cerezo, quien no acudió a la última citación para testificar en el proceso, había insistido en que se trataba de "un crimen común".

El "caso de la guerrillera"

Otra mujer que sigue causando problemas al gobierno es Maritza Urrutia, miembro de la URNG, quien fue secuestrada en la capital en julio/92 por las fuerzas de seguridad. El ejército trata de manejar su secuestro y posterior liberación como una supuesta deserción y amnistía de una guerrillera, lo que fracasó ante una campaña nacional e internacional por su liberación. Después de dos meses de exilio en los Estados Unidos, Urrutia testificó ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en Washington que había sido secuestrada y que sufrió tortura psicológica en manos del ejército guatemalteco.

Las revelaciones provocaron otra crisis entre el gobierno y la Iglesia Católica, pues Urrutia había pedido protección de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado y fue esta oficina la que la ayudó a salir del país en agosto. El Procurador de Derechos Humanos admitió también que supo del secuestro. Ambas instituciones dijeron que no transmitieron esta información al gobierno a solicitud de Urrutia, por miedo a represalias en contra de su familia. La Presidencia de la República reaccionó con enojo a través de su vocero, declarando que las dos instituciones habían cometido probablemente un delito al no compartir información con el gobierno.

En consecuencia, el arzobispo metropolitano, Próspero Penados, fue llamado a un tribunal para declarar sobre el caso. Como consecuencia del testimonio de Urrutia, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA llegó a Guatemala en noviembre en una visita de cinco días para indagar sobre éste y otros casos, como el de Myrna Mack. La Comisión no hizo declaraciones sobre el secuestro de Urrutia, aunque criticó la situación de los derechos humanos en general.

Antes de iniciarse esta visita, se había anunciado en la prensa guatemalteca que la Comisión recorrería algunas Comunidades de la Población en Resistencia (CPR) en Ixcán, para investigar las denuncias de estos grupos indígenas acerca de bombardeos realizados por el ejército sobre sus comunidades. La Comisión envió una carta a la URNG, avisando que volaría en helicóptero sobre la zona, para que los guerrilleros no atacaran la aeronave, pero el viaje de la CIDH tuvo que ser cancelado después de que el Ministro de Defensa, General José García Samayoa, advirtió públicamente que sería peligroso por las condiciones militares de la zona. La Comisión renunció al viaje, aunque se reunió con representantes de las CPR en la capital y anunció otro viaje para inicios de 1993.

Miembros de la Comisión negaron que el viaje hubiera sido cancelado por presión del Ministerio de Defensa. Sin embargo, activistas de los derechos humanos vieron en este hecho una victoria temporal del ejército, al poder impedir que la Comisión hiciera una investigación en el terreno de la situación de las CPR.

El contraataque oficial

Las señales de esperanza de los últimos meses han tenido un costo muy alto para algunos miembros del movimiento popular guatemalteco, lo que evidencia que para que lograr Guatemala cambie muchos tendrán que pagar con sus vidas. Dos semanas antes de que Rigoberta Menchú fuese premiada y en anticipación de posibles protestas en la celebración de los 500 años, empezó una nueva ola de represión contra diferentes sectores.

El 5 de octubre explotó una bomba en las oficinas de la revista Tinamit, que tiene una línea editorial muy crítica al gobierno y al ejército. La misma noche hubo otra explosión casi simultánea en la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos. Los estudiantes creen que el atentado se debe al juicio de la AEU en contra de la fuerza paramilitar, la Hunapú, una fuerza conjunta del ejército y la policía, que mató a un estudiante e hirió a otros seis en abril. Sorpresivamente la Hunapú fue disuelta en octubre.

Una semana después, hubo otro bombazo en la oficina del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización que trabaja con familiares de los desaparecidos. Algunos analistas creen que los tres atentados se debieron al apoyo público de estas instituciones y grupos a Rigoberta Menchú.

La permanencia de Rigoberta en Guatemala trae un respiro

Durante la semana en que Menchú permaneció en Guatemala hubo un respiro, pues los ojos del mundo estaban puestos sobre el país. Pero en cuanto la premiada subió al avión, la represión recrudeció. El mismo día en que se fue, dos mujeres que trabajan con CONAVIGUA fueron secuestradas en la capital. Horas después, sus captores las liberaron, dejándolas golpeadas y desnudas en un callejón de la ciudad, tras advertirles sobre las consecuencias de su apoyo a Menchú. Unos días después, Byron Morales, presidente de la Unión de Acción Sindical y Popular fue asaltado por dos hombres con armas automáticas cuando se dirigía a su casa en su carro. Morales logró escapar. Un fotografo de la agencia británica Reuters estaba en el vehículo con él.

Se produjo otro incidente, éste en contra de los organismos de desarrollo, ONGs. A finales de octubre, la directora de un ONG internacional recibió una amenaza de muerte. El caso pasó inadvertido para la prensa debido a la decisión de la víctima de enfrentarlo por canales diplomáticos, en lugar de luchar mediante una denuncia pública. Pero después de una segunda amenaza abandonó el país. Durante este año ha habido varios casos de amenazas en contra de ONGs que no se han hecho públicas bajo dos argumentos: es más eficaz utilizar canales diplomáticos para presionar y publicar estas denuncias puede alentar a otros grupos a lanzar más amenazas. Pero como se siguen dando estas situaciones, es necesario preguntarse si el silencio está desalentando realmente a quienes amenazan.

En la época de las cavernas

Esta ola de amenazas y atentados ha sido acompañada de una campaña gubernamental para desprestigiar y neutralizar a las organizaciones de derechos humanos. En noviembre, el presidente Serrano y el Ministro de Defensa Samayoa arremetieron contra algunos "desestabilizadores", en particular activistas de los derechos humanos.

"Hay grupos muy interesados en dañar la imagen del país, que buscan a todas luces la inestabilidad nacional. Unas personas que se dicen guatemaltecos viajan a Washington a hablar de torturas en Guatemala como si en este país estuviéramos en la época de las cavernas", declaró Samayoa. El ministro hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa durante la que denunció un supuesto complot, descubierto por la inteligencia militar, para desestabilizar al gobierno de Serrano.

"Turistas" indeseables

Samayoa dirigió sus críticas a Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, y a los hermanos Méndez, Amílcar y Factor, reconocidos activistas de derechos humanos. En noviembre y en un seminario en Washington los hermanos Méndez dieron declaraciones sobre la tortura en Guatemala. Aunque Ochaeta no estuvo en el seminario, mandó a un representante de su oficina.

Samayoa acusó a Ochaeta de estar trabajando paralelamente a la URNG. El general añadió que los defensores de los derechos humanos estaban siguiendo una estrategia guerrillera en "la guerra política" para desacreditar al gobierno a nivel internacional, señalando que esta estrategia había reemplazado a "la guerra en la montaña".

Las declaraciones en contra de Ochaeta fueron tajantemente rechazadas por la Conferencia Episcopal y el arzobispo Penados declaró que apoyaría a Ochaeta "hasta las últimas consecuencias". Después de que Penados y Ochaeta se reunieron con Serrano, la décima crisis del año entre la Iglesia Católica y el Estado pareció bajar de tono. Ochaeta estuvo de acuerdo en llevar todos los archivos de su oficina al Ministerio de Defensa para aclarar cualquier duda sobre la naturaleza de su trabajo.

El gobierno anunció también que iba a detener en el aeropuerto a Amílcar Méndez, el líder de las CERJ (Comunidades Etnicas Runujel Junam), cuando regresara de Washington el 23 de noviembre. Se acusa a Méndez ser "subversivo", sobre la base del testimonio de dos hombres que dijeron haber recibido de sus manos bombas panfletarias con propaganda de la URNG, aunque luego, uno de ellos dijo que había sido presionado para hacer la declaración.

Méndez arribó a Guatemala escoltado por el congresista demócrata Peter Kostmayer, por Kerry Kennedy, hija del fallecido Robert Kennedy, y por varios activistas norteamericanos de derechos humanos. A su llegada, Kostmayer anunció que había venido para velar por la seguridad de Méndez, y declaró que creía que los cargos en su contra eran "absolutamente falsos". Méndez fue liberado por un juez el mismo día, aunque tendrá que comparecer ante un tribunal. Al día siguiente, el canciller guatemalteco Gonzalo Menéndez Park denunció "la injerencia extranjera" de los acompañantes de Méndez, añadiendo que "se trata de turistas que no son ninguna autoridad para cuestionar el sistema judicial de Guatemala". Menéndez Park informó que el gobierno estaba considerando qué medidas tomar en contra de los extranjeros.

En Washington se rumorea que Kostmayer, quien termina su período como legislador en enero, está postulado para un trabajo de política exterior en la nueva administración del presidente norteamericano electo, Bill Clinton. La elección de Clinton fue un balde de agua fría para el gobierno de Serrano, que había contado con una victoria republicana. Con Clinton se espera un mayor énfasis en el tema de los derechos humanos y a Guatemala vendrán más "turistas" como Kostmayer.

El retorno incierto de los refugiados

Las Comisiones Permanentes (CCPP), que representan a unos 50 mil refugiados guatemaltecos en México, han anunciado que el primer retorno de unas 826 familias se realizará el 13 de enero de 1993. El 8 de octubre, las CCPP y el gobierno guatemalteco - representado por su Comisión de Refugiados (CEAR) - firmaron un acuerdo básico sobre este retorno. El acuerdo contiene varios puntos básicos: 1) el retorno es voluntario, 2)el derecho a la libre asociación y organización, 3) la exención por 3 años del reclutamiento militar, 4)el acompañamiento internacional de grupos humanitarios durante el retorno, 5) la libre locomoción, 6)garantías a los derechos individuales y comunitarios, y 7) el acceso a la tierra.

Aunque el acuerdo fue aplaudido por las Naciones Unidas, el arzobispo Penados advirtió que "México ya no quiere a los refugiados y las condiciones para un retorno no existen". Apenas firmado el documento, los representantes de las CCPP, empezaron a expresar sus dudas. El acuerdo no incluye la exención de la participación de los que vuelven en las patrullas de auto-defensa civil, ya que Serrano insiste en que tal participación es voluntaria en la Constitución. Pero los refugiados saben, tal como lo denunció Christian Tomuschat, experto en derechos humanos de las Naciones Unidas durante su visita en octubre, que en muchos lugares de Guatemala la participación en estos cuerpos es obligatoria. Las CCPP también están insistiendo en el retiro de todos los destacamentos militares y de los comisionados militares cercanos a las áreas a donde retornarán.

¿Hay tierras para los refugiados que retornen?

Uno de los puntos más difíciles es el que se refiere al acceso a la tierra. Muchos de los refugiados abandonaron sus tierras debido a la violencia y durante su ausencia sus propiedades fueron ocupadas por campesinos desplazados, a veces llevados a esas tierras por el mismo ejército como parte de su campaña contrainsurgente. En el mejor de los casos, cuando el retornado tenga un título legal, si su tierra está ocupada, el gobierno tendrá que negociar con el ocupante durante 30 días para conseguir la desocupación. Según el acuerdo, si el gobierno no tiene éxito en este plazo, es problema del retornado resolver la situación. Según el acuerdo, si el desalojo se vuelve "demasiado gravoso", el gobierno ayudará al retornado a conseguir otras tierras.

Muchos refugiados están preocupados porque este punto podría generar una guerra de tierras en Guatemala, enfrentando a unos campesinos pobres con otros campesinos pobres, mientras las autoridades se lavan las manos. Los refugiados exigen que el ejército se haga responsable por lo actuado durante la década de los 80, cuando engañó a muchos campesinos sin tierra animándoles a crear polos de desarrollo. Debe ser el gobierno quien se encargue de encontrar tierras alternativas para ellos.

Los refugiados dudan también de la capacidad del gobierno de conseguirles tierras y de la misma disponibilidad de tierras en este país, que tiene la distribución de tierra más injusta de toda América Latina. El gobierno basa sus cálculos en la disponibilidad de la tierras que aparece en un controversial estudio hecho por la CEAR. Organismos de desarrollo familiarizados con la problemática de tierras en Guatemala afirman que se trata de un estudio realizado desde el escritorio y que deja mucho que desear, porque un buen porcentaje de las tierras que señala como disponibles ya están ocupadas.

Según este estudio - que todavía no se ha hecho público - hay tierra disponible para unos 35 mil de los 45 mil que retornarán en los próximos años. Esta tierra ha sido calificada mediante un sistema de numeración, que va desde 1 a 8, correspondiendo el 1 a las tierra mas productivas y el 8 a las infértiles. En el estudio, sólo un 10% de la tierra disponible tiene un grado menor de 4 y mas de la mitad tiene una calidad de 6% o inferior.

"Sabemos que las condiciones para un retorno no existen. Venimos a crearlas, a construirlas, a conquistarlas," dijeron los representantes de la CCPP. El 19 de noviembre en la capital, las CCPP denunciaron que el gobierno ya está rompiendo el acuerdo firmado en octubre, al oponerse a sus proyectos de regresar en grupo, en una caravana masiva y organizada. Las CCPP quieren volver en una caravana que haría una gira por el país durante casi una semana pasando una noche en la capital y haciendo manifestaciones, antes de llegar a su destino. También denunciaron nuevas medidas de represión del gobierno y mecanismos de control en las áreas de retorno. El ejército ha construido nuevos destacamentos en dos de esas áreas durante 1992.

Que este dolor no se le quite

En noviembre, después de recibir el Nobel, Rigoberta Menchú anunció su decisión de terminar su exilio y regresar a Guatemala en diciembre. Ya había síntomas claros de que podría postularse como candidata a la presidencia en 1995, lo que provocará que el dolor de cabeza no se le quite nunca a Serrano. Sin embargo, es evidente que antes de que lleguen las elecciones, el gobierno guatemalteco y los grupos derechistas harán todo lo posible para impedirlo. La represión en contra de CONAVIGUA es una señal de lo que viene para los que se atrevan a apoyar a "la Menchú", como la llaman sus detractores.

El 22 de noviembre la oficina de CONAVIGUA fue allanada, llevándose los asaltantes documentos personales de Rigoberta y archivos sobre las víctimas de la violencia. Dado el costo demasiado alto en términos políticos a nivel internacional que tendría un asesinato de Rigoberta, lo más probable es que la derecha tratará de desprestigiarla y neutralizarla políticamente, como lo están intentando con otros líderes como Amílcar Méndez.

Por vos, Rigoberta, todo parece posible

Pero no importa, Rigoberta, porque donde menos sospechás tenés aliados. En un viaje en octubre al Petén, conocí a un señor indígena de Quiché, que ahora vive en una cooperativa en la mera selva del río Usumacinta, frontera con México. Este señor había sido policía de hacienda por 20 años y dejó el "trabajo sucio," - así lo llamó - para cultivar la tierra en esta zona, más habitada por monos y cocodrilos que por humanos. Allí prácticamente las únicas noticias que llegan son que la guerrilla anda cerca o que hubo alguna balacera en la noche entre narcotraficantes. Pero él había conseguido un diario con una entrevista tuya que me mostró con mucho orgullo.

"¿Usted la conoce?", me preguntó. "Ella es de mi tierra, yo conozco su aldea. Pues, quizás algún día usted pueda hablar con ella y darle mi nombre y decirle que cuando sea Presidenta yo quiero trabajar como su guardaespalda. Incluso podría ser su nuevo jefe de policía," me dijo sonriendo. "Yo sé mucho de esto y podría reorganizar esta fuerza para ella. ¿Usted cree que haya alguna posibilidad de que me deje trabajar con ella?" No le quise dar muchas esperanzas pero insistió mucho y para dejarle tranquilo le prometí entregar un papelito con su nombre y dirección a las oficinas de CONAVIGUA en la capital. Porque en la Guatemala de hoy, de repente, y por vos, Rigoberta, todo parece posible.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Todos endurecen sus posiciones

Nicaragua
El rompecabezas de la propiedad

Guatemala
¿Rigoberta para Presidente?

Guatemala
Me llamo Rigoberta Menchú y así comenzó mi lucha

El Salvador
Hablan los dos ejércitos

Internacional
¿Qué podemos esperar de Clinton?

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web