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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 133 | Diciembre 1992
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Nicaragua

Todos endurecen sus posiciones

¿Alguien está planteando realmente la caída de un gobierno, cada día más debilitado?

Equipo Envío

George Bush ganó las elecciones en Nicaragua. En el simulacro festivo de elecciones que se llevó a cabo el 3 de noviembre en la recepción que ofreció la embajada de los Estados Unidos en Managua a la élite gobernante nicaragüense, el ganador, por abrumadora mayoría, fue George Bush. Las preferencias y las deudas políticas de estos nicaragüenses quedaron muy claras esa noche.

Para la derecha empresarial, para los políticos de los partidos de la UNO y para los funcionarios del gobierno de Nicaragua allí reunidos, fue un espectáculo triste presenciar la arrolladora victoria de Clinton sobre el candidato republicano y sobre el reaganismo que a lo largo de 12 años mantuvo una posición tan tajantemente anti-sandinista como la de ellos mismos. Con un retraso de años se cumplió aquella consigna: Bush - y Reagan con él - se iban, pero los sandinistas se quedaban en Nicaragua.

Todos interpretaron a su modo la victoria de Clinton

Aunque pasarán meses antes de que la administración Clinton defina su posición con respecto a Nicaragua, el resultado de las elecciones tuvo en nuestro país un impacto inmediato, reflejo del peso enorme que los Estados Unidos mantienen en casi todos los aspectos de la vida nicaragüense.

Cada fuerza política interpretó la victoria de Clinton como un espaldarazo a sus posiciones. El gobierno vaticinó que serían destrabados los fondos cuyo desembolso continúa siendo vetado por los republicanos conservadores en el Congreso. La Presidenta afirmó haber recibido una llamada personal de Clinton cuando ella no estaba en su oficina. Alfredo César se jactó de estar mejor conectado con los demócratas que con los republicanos y un asesor suyo aseguró que en Little Rock, Arkansas, el Presidente electo esperaba la visita de César. Aunque la extrema derecha no pudo disimular su tristeza por la derrota, declaró para consolarse,que Clinton no es ningún Jimmy Carter y que comparte posiciones anti-castristas.

Por su parte, el FSLN comenzó a movilizarse para inaugurar lo que llama una nueva etapa "de entendimiento" con los Estados Unidos. Dos miembros de la Dirección Nacional del FSLN viajaron a Estados Unidos y Daniel Ortega envió a Clinton una comunicación expresándole la voluntad del FSLN de retomar el camino del diálogo iniciado en la época de la administración Carter e interrumpido por 12 años de republicanismo.

Pero no resulta tan fácil materializar las buenas intenciones. Ni el FSLN ni Nicaragua ni los Estados Unidos son hoy los mismos que en 1979 y 1980. Cuando pocos días después del triunfo de Clinton, Daniel Ortega recibió al Encargado de Negocios de Estados Unidos en Managua, desde Washington, el Departamento de Estado se encargó de declarar que la visita se daba a solicitud del FSLN y no por iniciativa norteamericana y que en la plática el representante norteamericano había reiterado la posición oficial del gobierno de Estados Unidos con respecto al tema de la propiedad y al de la Policía y el Ejército. En este caso, posición "oficial" es sinónimo de posición "dura".

Hubo, sin embargo, algunos optimistas - ¿o ilusos? - que pronosticaron un feliz reencuentro de los demócratas con los sandinistas y con las fuerzas que el reaganismo vilipendió por su compromiso con la justicia social y por su rechazo al neoliberalismo. Un reencuentro entre fuerzas que han "madurado" y cambiado con los tiempos, dejando atrás el dogmatismo ideológico de la guerra fría.

¿Una política más abierta hacia Nicaragua?

En realidad, nadie puede garantizar hoy que se dé una política más abierta de Washington hacia Nicaragua. Tampoco es evidente que haya en Nicaragua un comportamiento "maduro" del FSLN, si se entiende éste por un apoyo político al gobierno y especialmente a los programas económicos neoliberales que impone al pueblo.

Todo lo contrario. Desde semanas antes de las elecciones norteamericanas, el FSLN venía dando claras señales de radicalización en sus posiciones frente al gobierno. Y más aún que el FSLN, los movimientos populares y sindicales. Incluso hubo alguna señal en esta dirección por parte del mismo Ejército.

Con variaciones, el mensaje sentido por el gobierno era éste: el resultado de las elecciones norteamericanas desmoraliza a la oposición ultraderechista y estimula a la oposición desde la izquierda y le da cartas para exigir que el recambio en Washington se traduzca en Nicaragua por un recambio en las políticas económicas del gobierno Chamorro. Fieles a la tradición política nicaragüense, tanto las derechas como las izquierdas, se ubicaron en el marco de las elecciones norteamericanas para desde allí demandar castigos ejemplares para los culpables de la crisis nacional.

Pero a diferencia de las fuerzas de la derecha, las fuerzas populares no requieren ni del marco de Washington ni siquiera del apoyo de la dirección del partido sandinista. El dramático cuadro social que vive Nicaragua les da todas las cartas y es la gasolina que alimenta todos los reclamos. Las cifras de la crisis, avaladas por organismos de Naciones Unidas, que ofrecemos al margen, hablan por sí solas.

Frustración de la ultraderecha

Tal vez defraudada por los resultados de las elecciones norteamericanas, la extrema derecha dio cauce a su frustración llevando su agresividad anti-sandinista a niveles retóricos sin precedentes. A la ultraderecha le había costado mucho convencer a la administración Bush para que impidiera la consolidación de lo que ellos llaman un "co-gobierno" centro-izquierdista del Ejecutivo con el FSLN, y cuando finalmente había logrado que Bush retirara su apoyo a Chamorro para trasladárselo a ellos, la victoria de Clinton planteaba la posibilidad de que el "giro de timón" para lograr un régimen hegemonizado por la ultraderecha no contara con el apoyo de Washington.

El triunfo de Clinton es un revés muy duro en un momento muy crítico. Y aunque el gobierno de Nicaragua manifestó su confianza de que la ayuda norteamericana sería ahora desembolsada al concluir el período electoral y dejar de ser preso el Ejecutivo norteamericano de la extrema derecha encabezada por el congresista Helms, voceros republicanos indicaron que éste no sería el caso mientras Chamorro "continuara co-gobernando con los sandinistas" y atribuyeron al propio Bush la decisión de continuar trabando la ayuda de más de 100 millones de dólares. La extrema derecha tampoco ha podido ocultar su frustración ante a los limitados resultados obtenidos con la confrontación institucional contra el Ejecutivo montada por Alfredo César desde la Asamblea Legislativa.

La bancada sandinista y la bancada "de centro" se mantienen a la espera de un veredicto de la Corte Suprema de Justicia que declare ilegal la actuación de César y las sesiones que preside en la Asamblea desde el 2 de septiembre -continúa "legislando" sin la presencia de la mayoría de los diputados -. Aunque la Corte ha demorado su sentencia, todos anticipan que será negativa para César, aunque esta sentencia negativa podría evitarse si de previo se diera un arreglo político entre César y el FSLN-Centro. Sin embargo, el Ejecutivo no ha negociado nada, a la espera del inicio de un nuevo período de sesiones en la Asamblea, cuando habrá un nuevo Presidente del Legislativo, que será probablemente un miembro del grupo de diputados de centro que cuenten con el respaldo de la bancada sandinista.

Tambores de guerra del "Grupo de los Tres": César, Alemán y Godoy

Valorando toda esta situación, la ultraderecha quiere enviar un claro mensaje al gobierno: ni el resultado adverso de las elecciones norteamericanas ni el fracaso del chantaje parlamentario de César deben de ser interpretados como oportunidad para que la extrema derecha dé su aval al "centrismo", ni mucho menos al establecimiento de un entendimiento político con el sandinismo, por más que éste resulte finalmente aceptable para la nueva administración demócrata.

El COSEP y el "Grupo de los Tres" (Alemán, César y Godoy), a través de sus medios de comunicación social y de los partidarios que acuden a sus concentraciones, han demandado persistentemente paredón y cárcel para los dirigentes sandinistas y especialmente para el Jefe del Ejército, Humberto Ortega. En reuniones privadas han llegado a la conclusión política de que "hay que volarle la cabeza a los sandinistas" para superar la crisis. El Alcalde Alemán llama abiertamente "asesino" a Tomás Borge, Virgilio Godoy lo califica de "enano maldito"; el presidente del COSEP, Ramiro Gurdián, pide cárcel para los sindicalistas del FNT y Gilberto Cuadra, ex-presidente del COSEP, tilda de "sospechosos" a los funcionarios del gobierno que están por un entendimiento con el FSLN.

Esta retórica anti-sandinista llegó a un clímax al producirse el 23 de noviembre el condenable asesinato del Presidente de la Asociación de Confiscados y cabal representante de estas fuerzas de la ultraderecha, Arges Sequeira. Casi todos los dirigentes ultraderechistas acusaron de inmediato al sandinismo, a sus dirigentes sindicatos, movimientos, etc. de ser los responsables del crimen.

Aislar a la extrema derecha

Desde la perspectiva de muchos sandinistas y del propio gobierno, la única manera de evitar una confrontación en un clima tan caldeado por lo objetivo de la crisis económica y por lo subjetivo de esta arremetida retórica, es asegurar el aislamiento de la extrema derecha. El problema es el precio que por ello deberán pagar los sectores populares, pues la realidad es que en lo económico el Ejecutivo ha hecho causa común con los intereses de la extrema derecha.

En efecto, está en marcha un evidente proceso de reconcentración de la propiedad y del poder económico. La élite adinerada - no todos inmiscuidos abiertamente en política - cuenta con el apoyo de la Procuraduría, que les está facilitando certificados que les permiten recuperar sus propiedades, confiscadas por somocismo, ausencia o descapitalización. Esta tarea es facilitada por la existencia de jueces fácilmente comprables y por políticas crediticias que fuerzan a las cooperativas y a los pequeños propietarios a vender sus propiedades. En estos meses, el gobierno ha llegado a varios arreglos con antiguos empresarios somocistas - particularmente con los que se amparan en su adquirida ciudadanía estadounidense y son respaldados por la embajada de Estados Unidos - para entregarles sus antiguas propiedades o sustanciosas indemnizaciones. Así, poco a poco ha ido creciendo la lista de los "injustamente confiscados".

Pero ni estos arreglos ni tampoco el conjunto de la política económica del gobierno es suficiente para los recalcitrantes. Para ellos las cosas no marchan con la celeridad necesaria. Y creen que no se logrará acelerar la deseada centralización político-económica del poder mientras perdure una conciencia sandinista en las Fuerzas Armadas y el FSLN no sea totalmente neutralizado políticamente.

FSLN tiene que elegir entre el marco político actual y el movimiento popular

Ante este planteamiento, al FSLN - y en menor medida al jército - le tocaría elegir entre su lealtad al actual marco político, que permite toda clase de alianzas y medidas económicas anti-populares, y el movimiento popular y sindical, que demanda al FSLN que emplace clara y contundentemente al gobierno por esa política económica.

Como partido, el FSLN se viene inclinando por la segunda alternativa. En dos reuniones de diálogo, el FSLN le ha demandado con mayor insistencia al gobierno respuestas a las propuestas sandinistas de "corrección de la política económica" presentadas el 25 de julio, así como una respuesta global al tema de la propiedad. No habiendo presentado ninguna alternativa económica global, el FSLN se ha limitado hasta el momento a pedir al gobierno que baje el "ritmo" a la aplicación del plan neoliberal y que incorpore a él propuestas específicas de carácter fiscal, jurídico y financiero, así como paliativos de tipo social.

Pero la realidad es que el actual plan de ajustes no tolera esos ajustes, porque obedece a la lógica y dictámenes de la banca internacional y de la AID, y porque los ajustes propuestos por el FSLN son radicalmente contrarios al neoliberalismo, al insistir en una política social que proporcione garantías básicas a toda la población, priorizando un plan de empleos masivo.

A diferencia de Clinton, el FSLN no cuenta todavía con un mandato electoral que le permita forzar la aceptación de estos ajustes al ajuste frente a las estructuras, mentalidades e intereses neoliberales con las que deben conjugarse, dada la hegemonía internacional del capital transnacional. Por su parte, el gobierno ha venido insistiendo al FSLN para que ejerza su influencia sobre los sectores sindicales para que pongan punto final a las protestas, y para que convenza a los sectores populares de la necesidad de hacer más sacrificios con el fin de lograr el "despegue económico" de Nicaragua.

Aunque no se rompieron las negociaciones FSLN-gobierno, las conversaciones fueron polémicas y contradictorias en la interpretación de la crisis nacional. Desde la óptica oficial, ni la crisis económica existe ni el desempleo o el hambre son tan graves. En el fondo, el gobierno, al denunciar las posiciones irresponsables del FSLN, trata de encubrir su incapacidad o su falta de voluntad para ajustar su plan de ajuste.

"Estas declaraciones - advirtió el FSLN en un comunicado sobre estas reuniones - no son más que caldo de cultivo de las actitudes revanchistas cada vez más violentas expresadas por el 'grupo de los tres', donde piden paredón para los dirigentes sandinistas".

Presión y negociación

Sin abandonar su posición negociadora con el gobierno, los emplazamientos del FSLN - emplazado a su vez por los sectores populares y amenazado por la extrema derecha - se han ido haciendo cada vez más firmes y directos en su crítica al gobierno.

El gobierno insiste en que está en manos del FSLN resolver el problema de la propiedad haciendo públicos, los abusos cometidos durante su gobierno. Acusó también al FSLN de "irresponsable" y de manipular información sobre el tema de la propiedad para producir inestabilidad "utilizando una clientela política insatisfecha y en crisis". "Nadie ganará en Nicaragua, ni el gobierno ni la oposición - dice el gobierno - con el desorden, con la inflación, con el populismo, con las demandas excesivas, con la retórica estridente propia de otros tiempos e incubadora de grandes crisis nacionales".

La realidad es que es la demanda generalizada de sobrevivencia la que lleva a la población a incrementar sus niveles de movilización. Se manifiestan éstos en paros, huelgas de hambre, marchas y en momentos simbólicos, como la conmemoración el 8 de noviembre de la caída de Carlos Fonseca, fundador del FSLN. Se hace sentir la inconformidad popular en continuas olas de protestas lideradas por los sindicatos, que demandan garantía de empleo - más que aumentos salariales - y el cumplimiento de los compromisos ya adoptados por el gobierno de privatizar empresas en favor de los trabajadores.

Las jornadas de protesta se multiplican y coexisten con las jornadas de negociación entre el gobierno y los sindicatos. Compaginando ambas formas de lucha y de presión, el FNT negocia con el gobierno. En una sala de la casa presidencial los dirigentes sindicales dialogan, mientras afuera presiona una manifestación de trabajadores - llegan de todas las regiones y de los diferentes sectores -. Esta dialéctica, que tuvo su más masiva expresión en la "marcha de los pobres contra el somocismo" del 25 de noviembre, se ha convertido ya en un estilo político.

Ni despegue ni inversión

El conflicto social está a la orden del día y es directamente atribuible a las políticas económicas del gobierno, cuyo impacto negativo sobre la población se ha incrementado a partir del nuevo impuesto IGV decretado a fin de septiembre, que coincidió con el entrabamiento de los esperados fondos estadounidenses. Pese a todas las presiones, el gobierno se mantiene rígido en la posición de cumplir con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y de hacer nuevos recortes en sus presupuestos, para mantener su "credibilidad" ante la banca internacional, la AID y los posibles inversionistas privados, cuyas inversiones siguen sin materializarse, mientras permanece estancada la producción.

El gobierno tiene su interpretación - es la misma que la de los capitalistas del COSEP -, que señala como principales responsables de la falta de inversión, por falta de confianza, a los sandinistas, pues sus protestas desalientan a los inversionistas,tanto nacionales como extranjeros. Pero ésta es una interpretación simplista. Lo cierto es que las medidas del gobierno en materia de entrega de propiedades a los antiguos capitalistas, de recambios en la policía, de restricción en los créditos, de sobrecumplimento de los dictados del FMI y del Banco Mundial, no logran hacer realidad el "despegue" que desde finales de 1991 anunció con tanto optimismo. Lo único que se reactiva son las protestas.

Trabajadores, FSLN y gobierno dicen estar todos de acuerdo en la necesidad de contar con estabilidad en el país y de avanzar en el proceso de privatización. Nuevamente, el problema está en las interpretaciones. Los dirigentes del FNT afirman que "el gobierno entiende la estabilidad como que el obrero no debe hacer protestas y el FNT la entiende como que el obrero debe tener empleo". Y aunque los dirigentes de las marchas de protesta procuran que no se den quemas de llantas ni se lancen morteros manuales - como ya ha sucedido -, advierten también que las protestas continuarán y que de no obtenerse respuestas, llegarán a "nuevos niveles".

En el actual pliego de demandas de los sindicalistas figuran especialmente y entre otros, la eliminación del recién establecido impuesto general al valor (IGV); el reclamo al gobierno por el incumplimiento de su promesa de generar 80 mil empleos este año; la negativa a que sean privatizados los servicios de energía y de telecomunicaciones (INE y TELCOR), y la exigencia de que se reglamente por fin la ley de Servicio Civil y la de Carrera Docente.

Los problemas de propiedad continúan siendo los prioritarios

Entre todos los puntos de polémica, el de la propiedad continúa siendo el prioritario. Esto obedece al hecho de que existen 120 mil familias que fueron beneficiadas con la reforma agraria, 90 mil con lotes urbanos, 25 mil con viviendas y a que 35 mil trabajadores ocupan o reclaman como suyas fábricas o empresas, además de que otros miles de militares desmovilizados del EPS o de la contrarrevolución han tenido acceso a propiedades agrícolas.

Al reclamo del derecho a la propiedad se une el del derecho al empleo, seriamente afectado por la política económica del gobierno. El Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, manifestó que, en cumplimiento de la "recomendación" del Banco Mundial, el gobierno pretende reducir a su mínima expresión la mano de obra en todas las empresas estatales que van a privatizarse. "No hay persona que tenga interés en una fábrica con la cantidad de gente que tienen ahorita", dijo Lacayo. Seguramente, tampoco la "calidad" política de los trabajadores es atractiva para estos inversionistas. De aquí que otros sectores empresariales ejerzan presiones y ofrezcan dinero a las dirigencias sindicales para que renuncien a luchar por la propiedad de estas empresas cuando sean privatizadas.

Habla el Ejército Popular Sandinista

Las amenazas de la ultraderecha carecen de realismo al no tener ésta instrumentos policiales y militares capaces, tanto de neutralizar al sandinismo como de asegurar una rápida redistribución de la propiedad a su favor y al de los grandes capitalistas.

Como para la ultraderecha el General Humberto Ortega es el más alto símbolo del co-gobierno que denuncian, nuevamente los cañones políticos apuntaron contra él, particularmente en las vísperas de la aprobación del presupuesto general de la nación, cuando el Ejecutivo debe establecer y defender públicamente la asignación que contempla entregar al Ejército en 1993. Estas fechas abren el apetito, tanto a la extrema derecha como al mismo gobierno. Para el Ejército, el problema político - como para el sandinismo en menor grado - es cómo y a qué precio logra neutralizar la tentación del Ejecutivo de ganar puntos ante la ultraderecha y ante los Estados Unidos a costa del Ejército, recortándole presupuesto o haciendo recambios en los mandos militares, como ya hizo meses antes en la Policía.

Este año el Ejército tomó la iniciativa, anticipándose al recrudecimiento de las presiones que buscan forzar la dimisión del General Ortega, lo que es para algunos condición impuesta por Washington para descongelar los fondos acordados. A finales de octubre, el General Ortega, acompañado de todo el Alto Mando, emitió un extenso comunicado en el que defiende el estatus institucional del Ejército, denuncia a quienes demandan la total abolición del Ejército y reafirma su lealtad al gobierno y a la Constitución, estableciendo también una discutible ecuación entre estabilidad nacional y éxito del plan de ajuste económico.

Es una realidad que el comunicado del Ejército fue conocido con anterioridad - y según algunos, aprobado - por el propio Ministro de la Presidencia. Voceros del gobierno recalcaron incluso la divergencia entre los pronunciamientos "populistas" del FSLN y los del EPS que, según el Ministro de Finanzas, "hizo un llamado a la estabilidad muy claro y de respeto a la Constitución y a las leyes", hasta el punto incluso de que el EPS señaló la necesidad de corregir los "abusos" cometidos en relación a la propiedad durante el gobierno sandinista. Pero en la conferencia de prensa que siguió a la lectura de este comunicado, el General Ortega dejó caer un "bombazo" - seguramente no conocido por el Ejecutivo - al afirmar que "el EPS no puede estar cambiando de mandos con los cambios de Presidente, porque eso iría en contra de la profesionalización y modernización, que no concluirá antes de 1997".

Crisis entre el Ejecutivo y el Ejército

La derecha reaccionó con indignación, calificando estas declaraciones de Ortega - y por extensión, todo el contenido del comunicado - como un "golpe de estado técnico" que demostraba que el gobierno era "rehén de las fuerzas armadas sandinistas". El EPS negoció entonces con el gobierno. El gobierno consideró - tal vez sólo en apariencia y en palabras de la Presidenta - que al General Ortega "se le pasó la mano" o "se le fue la lengua" al plantear su virtual inamovilidad como Jefe del Ejército hasta 1997. Lo más cuestionable, para el gobierno, era que el General Ortega hubiera hecho estas declaraciones en público, deteriorando así la imagen de una Presidenta que ha insistido en declarar que el General Ortega "se va" cuando así ella lo disponga. Y aunque el General y la Presidenta hubieran acordado que el cambio no se hará a corto plazo, no es conveniente decirlo públicamente.

Tras una reunión de seis horas entre el Estado Mayor del EPS y la Presidenta Chamorro con varios de sus ministros, se dio a conocer un escueto comunicado en el que se reafirma el fin del proceso de reducción de las Fuerzas Armadas, el proceso de elaboración de los reglamentos de la Ley Orgánica Militar que limitarán en el futuro la permanencia indefinida de mandos en la institución castrense (Humberto no se iría por ahora, pero en el futuro no habría otros Humbertos), y la subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, garantizándose al EPS para 1993 el mismo presupuesto que en 1992. Ante la pretensión de los extremistas, el gobierno reiteró y defendió el carácter institucional de las Fuerzas Armadas y la Presidenta Chamorro fue firme al declarar al término de la reunión que "el ejército es parte de mi gobierno y tiene derecho a existir."

El que esta firmeza se mantenga depende políticamente del grado de influencia que ejerza la extrema derecha sobre el gobierno, particularmente a través de la Asamblea Legislativa. En este contexto, la crisis del proyecto de Alfredo César en la Asamblea y el proceso de transición y de futuros cambios en los Estados Unidos parecen significar oxígeno político para el Ejército.

De hecho, la ruptura de la mayoría parlamentaria de la UNO en la Asamblea significa que el Poder Legislativo va a dejar de constituir una amenaza directa, al perder la extrema derecha su instrumento más efectivo para atacar al Ejército recurriendo al recorte de un presupuesto que el Ejecutivo presenta tras delicadas negociaciones con el EPS. No puede pasar desapercibido, sin embargo, el hecho de que la seudo-Asamblea de César, que actúa ilegalmente desde el 2 de septiembre, ha aprobado un proyecto de ley para reducir el período de los altos mandos militares, reformando así la Ley de Organización Militar que gobierna actualmente a la institución castrense. Tampoco puede pensarse que César abandonará fácilmente ni su batalla ni su cargo, en el que intentará permanecer valiéndose de argucias legales.

La "rebelión cívica"

Mientras la ultraderecha acusa al FSLN y al FNT de estar preparando las condiciones para una toma del poder antes de 1996, el EPS reitera su pleno respaldo al poder institucional. Y aunque FSLN y EPS coinciden en la necesidad de una política económica que favorezca al pueblo -"pacto contra la pobreza" la llama al EPS -, en la eventualidad de una rebelión contra la política económica que ya existe, todo parece indicar que el EPS resguardaría la institucionalidad que las fuerzas populares atacarían. Los líderes del FSLN han vaticinado abiertamente una "nueva oleada revolucionaria", ante la incapacidad política del gobierno de resolver o siquiera de paliar una crisis económica con tendencia a agravarse. De ser así, esto obligaría al FSLN "a rebelarse". Así lo afirmó Henry Ruiz, miembro de la Dirección Nacional.

Poco a poco, el discurso de la Dirección Nacional del FSLN ha ido adoptando el mismo tono y contenidos que el de las fuerzas populares en lucha contra la política neoliberal del gobierno. Esta convergencia viene materializándose desde antes de las elecciones en Estados Unidos y en la medida en que los sectores populares han ido incrementando sus movilizaciones y los llamados de moderación del sandinismo en defensa de la fórmula del co-gobierno iban perdiendo sentido y apagándose.

Ni derrocamiento del gobierno ni apoyo incondicional

Pero como sucedió en el caso del Ejército, las posiciones de fuerza son la antesala de la negociación. Nadie se está planteando seriamente provocar la caída de este gobierno, pero esto no debe interpretarse como la garantía de un sostenido e incondicional apoyo al mismo. Las movilizaciones populares son necesarias. Sin ellas aumentan las posibilidades de que el gobierno no cumpla con lo que acuerda. Casi tres años de experiencia lo han demostrado. Mandos de la Policía removidos a pesar de los acuerdos sobre las fuerzas armadas, miles de trabajadores en el desempleo a pesar de los acuerdos sobre estabilidad laboral. Ahora parece tocar el turno a los beneficiados con propiedades. Hay acuerdos, pero ¿se cumplirán?

En la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y el FSLN se lograron acuerdos de procedimiento para enfrentar definitivamente el problema de la propiedad, conformándose un equipo conjunto que recabará la información básica y revisará especialmente las asignaciones realizadas por el gobierno sandinista en el período de transición posterior a las elecciones de 1990.

Una economía anti-democrática

El sandinismo trata en parte de aprovechar la vulnerabilidad del gobierno para incidir en sus políticas. Esta vulnerabilidad - que el gobierno no parece tener en términos de sensibilidad social o política - sí la tiene frente a sus acreedores y frente a todo lo que socave la confianza que le han otorgado banqueros y agencias oficiales de desarrollo. Y es ante este capital internacional que el gobierno de la Presidenta Chamorro tiene urgencia de presentarse con una imagen de consenso y de diálogo con todas las fuerzas políticas, empresariales y sindicales de Nicaragua. Para inicios de diciembre se celebra en Managua una nueva reunión de los países y entidades donantes, cuando la retórica anti-sandinista de la ultraderecha sube más de punto.

Para el gobierno están en juego donaciones y créditos de los que depende la economía nacional, pues sufragan entre la mitad y la tercera parte de todos los gastos gubernamentales y el consumo nacional. Parte de la estrategia gubernamental consiste en presionar a los donantes para que éstos a su vez ejerzan presión sobre los Estados Unidos para que descongele los fondos pendientes, utilizando no ya el argumento de la estabilidad social, sino otro mejor entendido por los banqueros: ese dinero es necesario para que Nicaragua pueda cumplir con los compromisos de pago de su deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional. El problema es que si para la mayoría de los donantes un entendimiento entre FSLN y gobierno es un tanto a favor del gobierno, para los Estados Unidos sigue siendo un tanto en su contra.

Los problemas económicos y políticos con Estados Unidos van a seguir con Clinton

Independientemente de quién gane en esta disputa, los problemas económicos y los problemas políticos en las relaciones con los Estados Unidos van a seguir. Si con una victoria de Bush se hubiera mantenido claramente la estrategia norteamericana de establecer una hegemonía de la extrema derecha en el gobierno, con el actual período de transición en Washington se abre quizás un peligro aún mayor: un aumento de lucha del pueblo nicaragüense reclamando empleos y justicia puede ser interpretado como una última provocación para la administración saliente o como una primera prueba de fuego para la administración entrante. La verdadera prueba que enfrenta la nueva administración Clinton con respecto a Nicaragua - y con respecto a gran parte de América Latina - es más de fondo.

El actual problema económico y social se desprende de un problema político y no es necesariamente un problema gubernamental en sí mismo. Es el problema de una estructura que no puede ni reflejar ni garantizar el pluralismo económico que demanda la sociedad civil, concretamente los sectores populares. Una estructura que no puede administrar los conflictos y contradicciones propias de una sociedad donde los desfavorecidos rehusan agachar la cabeza y delegar en las autoridades las decisiones que afectan a sus vidas. Una estructura que refleja el fracaso de un régimen económico de naturaleza anti-puralista y anti-emocrática, porque tiende a la reconcentración del poder económico, poniendo así en riesgo el régimen de pluralismo político que dice sustentar.

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