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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 131 | Octubre 1992
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El Salvador

¿Será el 31 de octubre el punto final?

La visita de Marrack Goulding en agosto, en nombre de la ONU, fue concluyente: hay que avanzar en el cumplimiento de los acuerdos recalendarizados y dejar de lado las discusiones. Como resultado, se registraron avances en la desmilitarización y en las transformaciones políticas establecidas en los Acuerdos de Paz firmados en enero.

Equipo Envío

El punto mas difícil del proceso de paz sigue siendo la cuestión socioeconómica: la transferencia de tierras prevista en los acuerdos y el avance - no concertado - de las medidas económicas neoliberales del gobierno Cristiani.

Las transformaciones político-militares parecen haber avanzado sustancialmente por ambas partes a consecuencia de la presión internacional. Unos y otros se esforzaron por avanzar de cara a la evaluación del proceso anunciada por ONUSAL. Tras la evaluación, el Secretario General de la ONU, previa consulta con el Consejo de Seguridad, tomará las medidas necesarias para garantizar el éxito del proceso.

Acusaciones mutuas

Las habituales acusaciones mutuas de incumplimiento entre las partes, previas al anuncio del Secretario General, no se hicieron esperar. Sin embargo, Boutros Ghali avaló la buena marcha del proceso confirmando el 31 de octubre como su fecha crucial, con lo que introdujo un elemento de presión sobre el cumplimiento de los acuerdos, aunque también produjo dificultades para su buena marcha.

En el aspecto militar, la puesta en marcha de los primeros cursos de la nueva Academia de Seguridad Pública, parece asegurar que el primer contingente de la Policía civil entrará en acción en febrero/93. La Fuerza Armada ha continuado con su plan de desmovilización. El batallón élite de reacción inmediata "Ramón Belloso" fue disuelto - algunos de sus elementos fueron dados de baja, pero la mayoría se reincorporaron a guarniciones militares -, igual que otros batallones de infantería contrainsurgentes.

El 2 de septiembre la guerrilla desmovilizó el segundo 20% de su fuerza militar y se dieron pasos firmes para la inscripción legal del FMLN como partido político ante el Tribunal Supremo Electoral. En cuanto a la desmovilización, el mayor obstáculo está en los programas de reinserción para los contingentes de desmovilizados. La parte gubernamental parece tener para sus tropas programas de capacitación y entrega de minifundios para su explotación agrícola.

En cuanto al FMLN, si bien han comenzado ya los programas de emergencia para la inserción de los combatientes en la vida civil, la transferencia de tierras continúa estancada. El gobierno argumenta que no tiene dinero para llevar a cabo la compra-venta de las tierras, sin embargo, está subsidiando al sector cafetalero. Señala también la imposibilidad de llevar adelante una reforma agraria, la que implícitamente está contemplada en los acuerdos. La transferencia de tierras supone una profunda transformación en el campo y el gobierno tendrá que resolver este punto porque el FMLN condicionará la desmovilización del restante 60% de su fuerza a la solución del problema de la tierra para sus combatientes. Hasta ahora, el 40% de los que ya se han desmovilizado no ha recibido tierras.

Avances políticos y militares

El gobierno, naturalmente, debe evitar a toda costa la posibilidad, - todavía lejana - de un rearme de efectivos del ejército y del FMLN reclamando ambos el cumplimiento de los compromisos gubernamentales en los planes de inserción civil. Con todo, aunque el nivel de desmilitarización y el avance del Cese del Enfrentamiento Armado es notorio, las contradicciones en este campo habrán de saltar en dos sentidos.

Del lado gubernamental se esperan los resultados concretos de la labor de la Comisión Ad Hoc para la evaluación de los oficiales de la Fuerza Armada. El 21 de septiembre la Comisión entregó los resultados al Secretario de la ONU y una copia a Cristiani, quien deberá hacer efectivas las recomendaciones en un plazo de 60 días.

Es posible que la labor de la Comisión no haya sido la más efectiva. De los cerca de 2 mil oficiales y jefes militares, la Comisión sólo pudo investigar seriamente al 10%, recomendando la depuración de unos 100 oficiales, entre ellos jefes de alta graduación. Cristiani deberá ordenar la baja o transferencia a otros cargos de estos oficiales. En ello se expresaría la subordinación de los militares al poder civil. A ello se sumarán, a principios de 1993, los resultados de la Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones más significativas de los derechos humanos durante los años de guerra (asesinatos más significativos y grandes masacres).

Del lado del FMLN, el 31 de octubre es la fecha establecida para el fin del Cese del Enfrentamiento Armado, con la total desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida civil. No se han desmovilizado el 60% de esas fuerzas, unos 4 mil combatientes que tendrán que desmovilizarse en menos de 6 semanas, lo que parece improbable teniendo en cuenta las graves dificultades que han surgido a lo largo del proceso para la implementación de los programas de reinserción y la transferencia de tierras a ex-combatientes, previstos en los acuerdos.

El FMLN enfrenta dificultades en la credibilidad de su desmovilización y desarme, tras el descubrimiento de un depósito de armas clandestino en la periferia de San Salvador. El gobierno vio en ello la confirmación de sus sospechas respecto al inventario de armas que el FMLN presentó a ONUSAL. Después de cierta vacilación y negación, el FMLN aceptó ser responsable de estas armas, aunque adujo que estaban ya contenidas en su inventario.

La ONU confirmó el 31 de octubre como fecha final del proceso del Cese del Fuego, como un medio de ejercer presión sobre las partes y seguir insistiendo en el carácter "irreversible, corto, dinámico y de duración determinada" del proceso. Cristiani y su gobierno recibieron este anuncio con beneplácito: lo más importante para ellos es destruir la estructura militar del FMLN y es así como interpretan esta fase del proceso.

Sin embargo, el espíritu de los acuerdos va más allá. El cese del enfrentamiento armado es ciertamente una parte sustancial de los acuerdos, pero es sólo un apartado del conjunto. El propósito fundamental es "terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña". Es éste el objetivo fundamental del proceso iniciado en febrero.

Es evidente que se ha avanzado en la constitución de la nueva Policía, en la desmovilización de batallones élite, en la configuración del nuevo Tribunal Electoral y de la Procuraduría de Derechos Humanos y en otros aspectos. Sin embargo, la implementación de todos estos acuerdos ha tenido un retraso tan importante que no se puede hablar aún de la existencia de cimientos que hagan posible una democratización y un serio proceso de desmilitarización. En realidad, lo peor que puede ocurrir es que el gobierno de Cristiani consiga la desmovilización del FMLN, sin dar casi nada a cambio.

Desfase económico

Durante el proceso de cumplimiento los acuerdos, los del plano económico-social parecen haber seguido una dinámica que favorece al gobierno de Cristiani y a su modelo económico. La implementación del modelo neoliberal en la economía ha marcado sustancialmente la vida de la población, porque satisfacer las necesidades mínimas cada vez es más caro y difícil, al tiempo que se privilegia a los sectores económicamente más poderosos.

La implementación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) generó alzas desmedidas en los precios. Pero también puso de manifiesto el desorden del mercado, porque mientras unas empresas mantuvieron los precios anteriores a la entrada en vigor del IVA, otras los disminuyeron (las pocas grandes empresas) y la mayoría los elevó sustancialmente, incluso más allá del 10% como tasa aplicable del nuevo impuesto. Lo más grave es que la aplicación del IVA se tradujo en el incremento de los precios a los artículos básicos, supuestamente exentos de este impuesto. Además, hubo un aumento en el pasaje del transporte urbano y en los servicios públicos de electricidad y agua.

El lento pero progresivo avance del modelo económico neoliberal, choca con la resistencia popular que enfrenta las medidas arrancando algunas compensaciones al gobierno. Los primeros quince días de septiembre se caracterizaron por un progresivo aumento de las protestas populares, con tomas de carreteras por la población civil, hasta culminar con una marcha el 15 de septiembre enfrentando a los antimotines de la Policía Nacional. Unos días después, Cristiani anunció un control y reducción de precios sobre la gasolina, el transporte público y los productos básicos.

Por esta dinámica económica del plan de gobierno - dos pasos adelante y uno atrás -, Cristiani fue acusado de "populista", por los defensores del modelo neoliberal puro (FUSADES), ya que respondería a las protestas populares con medidas de control del mercado. El error fundamental es que no hay discusión acerca del modelo económico a imponer, prioridad número uno de la gestión gubernamental, incluso más que los mismos acuerdos.

Son significativos dos hechos. Primero, la ley del IVA fue aprobada y entró en vigor antes que la Ley de Defensa del Consumidor, que si estaba prevista en los Acuerdos de Paz, y sólo cuando la primera ya estaba en marcha se logró aprobar la segunda en la Asamblea Legislativa. Segundo, sólo después de que entró en vigor el nuevo impuesto, ANEP anunció su incorporación al Foro de Concertación Económica.

ANEP argumentó siempre que la desestabilización social por la toma de tierras y el irrespeto al estado de derecho eran los impedimentos fundamentales para su incorporación al Foro de Concertación Económica pero no sería extraño que ANEP haya condicionado su ingreso al Foro a la entrada en vigor del IVA, a un avance sustantivo del modelo económico neoliberal y al plan de ajuste, de modo que los temas importantes que se puedan discutir en el Foro con la parte gubernamental y con los trabajadores se reduzcan a casi nada.

En el aspecto político-militar de los acuerdos, los polos principales son el gobierno de ARENA y el FMLN, con una grave ausencia de las organizaciones populares, pero en el aspecto socio-económico, el gobierno de ARENA prácticamente, ha tenido espacio abierto para su gestión y ha tropezado sólo con una oposición minoritaria en la Asamblea y con el firme enfrentamiento de las organizaciones populares.

Una reciente encuesta de opinión pública realizada por la UCA refleja cómo ve el hombre de la calle el orden de los problemas. Según esta encuesta, el principal problema nacional no es el cumplimiento de los acuerdos, sino la crisis económica producto de la gestión gubernamental.

La política fiscal de ARENA

EL 1 de septiembre entró en vigencia el impuesto al valor agregado (IVA). El gobierno adujo la necesidad de una mayor recaudación de ingresos, señalando que el IVA es un impuesto moderno que tiene la capacidad de alcanzar ese objetivo. Pero las contradicciones de la política fiscal dicen lo que oculta el discurso gubernamental. El gobierno está en déficit y necesita aumentar la recaudación de ingresos. En diciembre/89 aprobó una reforma tributaria que redujo los impuestos directos que pagan los ricos: renta, patrimonio y otros.Además, las exportaciones de café, camarón y productos no tradicionales quedaron exentas de impuestos.

Detrás de las exportaciones están los exportadores: la política fiscal favorece a un sector concreto de la sociedad. Por otro lado, la realidad desmorona el argumento gubernamental: a la par que entra en vigor el IVA, se aprueba una compensación a los cafetaleros por 45 millones de dólares y se exime de impuestos a las industrias cerveceras y tabacaleras.En primer caso, existe el agravante de que esos 45 millones serán cubiertos por las entidades autónomas del gobierno, que toman sus fondos del presupuesto gubernamental. En el segundo, resulta que un gobierno que necesita recaudar fondos deja libre de impuestos a un sector que se define como "industria fiscal".Así, un gobierno deficitario pretende resolver sus problemas por medio del impuesto indirecto, el IVA, que carga igual peso sobre el que puede pagar y sobre el que no puede. De este modo, los sectores mayoritarios, los más pobres, subsidian a los sectores que concentra el capital del país. Se trata de una política económica del gobierno para favorecer a los ricos y no a los salvadoreños.

La estrategia del gobierno: cumplir "lo mínimo de lo mínimo"

El objetivo de ARENA y la derecha en el poder consiste en poner fin al conflicto armado, lo que significa desmovilizar y desarmar al FMLN. Este punto es crucial para su estrategia económica. El resto de los acuerdos en materia política, judicial y económica son los posibles costos a pagar por el desarme al FMLN. En la medida de lo posible, Cristiani intentará llevar adelante sus planes de liberalización económica, cumpliendo lo mínimo de lo mínimo de los acuerdos de paz. Si su objetivo fundamental es ganar las elecciones del 94 con absoluta mayoría y control del Estado, parte fundamental de su estrategia es utilizar todos los mecanismos a su alcance para lograr el deterioro político del FMLN y sus potenciales aliados.

La dinámica de los acuerdos ha mostrado que Cristiani no está interesado en ellos. Sólo si se le presiona eficazmente es capaz de empujar su cumplimiento. En este sentido, la labor de ONUSAL, los países amigos y fundamentalmente el FMLN, han funcionado eficientemente como contraparte del proceso.

La estrategia del FMLN: lo fundamental son los acuerdos son socioeconómicos

El FMLN sabe perfectamente que los acuerdos de paz no son en modo alguno el instrumento fundamental de cambio social y que en términos socio-económicos los acuerdos dejan mucho que desear. Sin embargo, sabe también que, de cumplirse fielmente los acuerdos, tendría lugar una profunda revolución política junto con avances serios en la desmilitarización y la democratización, todo lo cual sentaría las bases para cambios más profundos en materia social, que tendrían como eje principal las elecciones del 94.

De ahí su énfasis en el cumplimiento de los acuerdos concentrándose para ello algunas veces en renegociaciones de cúpula, con lo que desatiende los principales problemas socioeconómicos de las grandes mayorías. La dinámica de los acuerdos absorbe tan casi completamente al FMLN, que se le escapa la dimensión económica del proceso nacional. Por su parte, las organizaciones populares, acostumbradas a luchar en tiempos de guerra, no encuentran los mecanismos adecuados para combatir en tiempo de paz por sus intereses socioeconómicos y, en cierta manera, dispersan sus energías.

Esta relativa división de la lucha popular - el FMLN concentrado en el plano político-militar y las organizaciones populares en el plano socioeconómico -, aunque puede llevar a un cierto deterioro de la base social del FMLN - en la medida en que los dirigentes desatienden los intereses de las mayorías - también puede conducir a un fortalecimiento autónomo de las organizaciones populares. El problema que hace peligrar definitivamente el proceso a largo plazo se presenta en dos niveles:

1) ARENA seguirá llevando sus planes económicos hacia adelante. Todos los sectores políticos parecen estar de acuerdo en ciertos elementos de reforma económica que son imprescindibles para reactivar la economía. El problema se plantea cuando las medidas afectan grave y directamente a las mayorías populares sin medidas compensatorias y, sobre todo, cuando se busca la perpetuación de un modelo que no favorece de ningún modo a esas mayorías sino que les es totalmente contrario.

2) En esta situación, las mayorías tienden a concentrarse en la solución de sus necesidades inmediatas, con lo que se despolitizan. Los acuerdos y su implementación pueden tener un carácter muy estratégico para la transformación de la sociedad, pero las mayorías enfrentan una desmotivación respecto a esos problemas porque no se presentan como sus problemas inmediatos. De este modo, ARENA capitaliza y hace avanzar su proyecto económico, al tiempo que desvía la atención popular de los cambios políticos y limita la participación del pueblo en la defensa de los acuerdos por las mayorías populares.

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