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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 131 | Octubre 1992
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Nicaragua

Proyecto Nacional: Nicaragua es la meta

La crisis política y económica que atraviesa Nicaragua convierte en apremiante la búsqueda de un proyecto nacional claramente democrático, de amplio consenso social y económicamente justo. Un proyecto nacional así es hoy una necesidad vital para un país que navega a la deriva, crisis tras crisis. Construir este proyecto es el reto para la sociedad civil nicaragüense.

Paul Oquist y Rodolfo Delgado

Un criterio que polariza a la sociedad nicaragüense es que quien gana gana todo. La mayoría de la población está hoy hastiada de confrontaciones. Y es creciente el número de quienes pierden la esperanza. Un Proyecto Nacional para Nicaragua debe centrarse en los temas económicos y su centro debe ser cuál estrategia de desarrollo económico debemos asumir.

Para construir una nación solidaria sobre bases mínimas y con visión de largo plazo

En el ámbito político, el proyecto nacional tiene como objetivo reafirmar la institucionalidad, la Constitución y las leyes y la implantación de verdaderos procesos democráticos, no sólo en los aspectos de representatividad, sino esencialmente, en los aspectos de participación, de modo que los criterios de la población alcancen su peso específico en las grandes decisiones que fijan los destinos del país.

En el ámbito económico, no busca la reafirmación del modelo neoliberal, ni el retorno al viejo esquema de concentración de la riqueza que ya dio lugar a una fuerte conmoción social capaz de derrumbar a la dictadura somocista, sino construir un modelo económico de consenso y de justicia social, que posibilite una mejor forma de negociar la ayuda internacional ante el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como nación sólida.

El proyecto nacional es para consolidar las organizaciones de trabajadores, garantes de la lucha por la justicia social y en justa correspondencia a su aporte vital a todo esfuerzo de recuperación y crecimiento; es para definir estrategias de apoyo a la mediana y pequeña producción.

Dicho en pocas palabras, el proyecto nacional es para construir una nación solidaria sobre bases mínimas que fijen las pautas básicas a largo plazo.

Se trata de construir un modelo democrático representativo con alternabilidad en el poder mediante el ejercicio electoral, actuando bajo la institucionalidad y el apego a la Constitución Política, incluyendo los ajustes que se acuerden en forma concertada. Un modelo democrático participativo donde la población sea tomada en cuenta en la ejecución de las políticas estatales y la opinión pública forme parte de las decisiones trascendentales del país.

Se trata de materializar una estrategia de desarrollo económico en democracia; es decir, sin concentración de la riqueza y de la tierra. Un modelo que estimule la producción agrícola e industrial en las diversas formas de propiedad que, a la vez que fomente la exportación, logre la seguridad alimentaria y la acumulación.

Este objetivo se alcanzará mediante un proceso de acuerdos basados en amplias consultas y concertaciones entre todos los sectores de la sociedad y en todas las regiones y departamentos del país. Con todo ello, se alcanzaría la estabilidad en las relaciones políticas en condiciones de acceso al poder y al proceso de decisión para todos los principales actores políticos.

Asimismo, se mantendría la continuidad en las políticas públicas, de manera que éstas enmarquen las prioridades específicas de los Gobiernos de turno y las demandas sociales asociadas con dichos procesos, evitando el riesgo de que cada Gobierno reinvente la institucionalidad del país.

Los dos ejes para la construcción de un Proyecto Nacional en Nicaragua son por un lado, la búsqueda de la paz y la reconciliación y, por otro, la necesidad de lograr una reactivación económica con justicia social. Estos dos ejes son necesidades muy sentidas por todas las clases sociales de Nicaragua y corresponden a sus intereses objetivos.

Situación política

Cuando han transcurrido más de dos años del período constitucional del Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, la despolarización ha sido positiva, especialmente en lo que se refiere a la sociedad civil, como consecuencia de que el fenómeno de la guerra ha desaparecido en Nicaragua. No ocurre lo mismo en las estructuras políticas, donde persisten posiciones con el enfoque de que el que pierde, pierde todo y el que gana, gana todo, en referencia a la derrota electoral del FSLN. Este criterio es compartido por políticos ultraderechistas de Estados Unidos, quienes olvidan que en Nicaragua, no cabe el enfoque democrático tradicional sino un enfoque integrador de toda la sociedad. Así actúan también a lo interno, políticos nicaragüenses en clara oposición al Gobierno que, en cierta forma, difiere de ese enfoque. Uno de esos políticos es el Presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César que busca espacios de poder y, ante su fracaso en la pugna sobre la propiedad, busca soluciones desde el exterior.

Esta situación ha producido conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, potencialmente, entre éste y el Poder Judicial. Todos estos factores contribuyen a la inestabilidad política y constituyen fuentes de polarización social. A eso se suma la incapacidad del Gobierno de dar respuestas reales y oportunas a los compromisos que ha asumido ante los desmovilizados del EPS, de la policía y de la Ex-Resistencia, actitud que ha generado un proceso que ha transformado los reclamos concretos en problemas políticos con matices anárquicos.

El panorama nacional está caracterizado por la existencia de una paz relativa, pero con un considerable tensionamiento político, en unas circunstancias en que el país todavía no dispone de un sistema político estable, por lo que la situación podría degenerar en nuevos conflictos en medio de una problemática económica y social urgente.

Situación económica y social

El país atraviesa una situación económica y social dramática, por los efectos de la guerra y del embargo, que afectaron la base productiva, lo que generó una tendencia decreciente de la economía y por el claro deterioro de la economía que, a más de dos años de gestión del Gobierno actual, presenta un equilibrio monetario logrado a costa de una fuerte recesión y un aumento del nivel de pobreza.

Los daños de la guerra y del bloqueo sobre la economía, según cifras del Gobierno anterior (excluidos otros daños válidos de reclamo), ascendían a 9 mil millones de dólares, lo que equivale a 4.9 veces el PB de 1989. Es como si la economía del país se hubiera paralizado totalmente durante 5 años.

A los daños económicos ocasionados por la guerra y el embargo - base material perdida y sus efectos multiplicadores -, se añaden los daños que en el juicio contra Estados Unidos en la Haya se consideraron jurídicamente factibles de agregar, como los daños morales ocasionados por la agresión, la indemnización o seguro de vida que tuviese que pagar Estados Unidos por las víctimas de la guerra, los costos de la violación a la soberanía nacional y otros. Todos esos costos, puestos a su valor actual a la tasa libor al 31/12/89, suman 17 mil millones de dólares.

De este modo, aunque ha cesado la guerra y existe una paz relativa, los daños tendrán repercusiones por muchos años más en el aparato productivo del país.

El Producto Interno Bruto (PIB) de 1992, a precios de 1980, apenas representa cerca del 60% del obtenido en 1978, mientras la población ha pasado de 2.6 millones en 1978 a 4.13 millones en 1992. El ingreso per cápita, a precios de 1980, es de 400 dólares en 1992, inferior en un 45% al ingreso per cápita de hace 10 años. Las exportaciones que en 1977 ascendieron a 630 millones de dólares, 15 años después alcanzan apenas 360 millones.

El plan de estabilización y ajuste estructural, que pone el equilibrio monetario por encima de las necesidades de financiamiento a la producción y por lo tanto, lleva a un mayor deterioro económico y social, ha producido una fuerte recesión en la economía y todavía se carece de una estrategia de desarrollo económico nacional, que oriente el esfuerzo interno y estimule la inversión extranjera.

Según datos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, el 69% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas. De ese 69% el 30.6% se encuentra en la pobreza; el 22.7% en la extrema pobreza; y el 16.1% en la indigencia completa. Del total de habitantes del país, el 34.4% vive en condiciones de hacinamiento; sólo el 27.3% tiene acceso a los servicios básicos; y apenas el 18.8% accede a la educación. El desempleo abierto es del 15% de la Población Económicamente Activa y el subempleo llega al 50%.

La tasa de mortalidad infantil se elevó a 73 por mil nacidos vivos y aumentó la incidencia de enfermedades prevenibles. La tasa de analfabetismo, reducida a 12.5% en 1980, hoy supera el 20%.

Nicaragua es hoy en día uno de los países mas pobres de América Latina y con tendencias económicas fundamentales negativas. Junto con Haití, Nicaragua corre el riesgo de descender a un cuarto o quinto mundo de subdesarrollo, si no se logran revertir las tendencias negativas en los próximos años.

En esa situación dramática, no es posible una recuperación de la base material y del crecimiento económico sin una estrategia de desarrollo económico que parta de la circunstancia de post-guerra y sin un mínimo de estabilidad política en el país, que necesariamente tiene que darse mediante acuerdos nacionales.

En esas circunstancias, ¿qué opina la sociedad civil sobre un Proyecto Nacional en Nicaragua?

Necesidad de un proyecto nacional

Los porcentajes de opinión pública presentados en este trabajo proceden de una encuesta nacional realizada en junio de 1991 como parte de la investigación "Hacia un Proyecto Nacional viable en Nicaragua". La muestra consistió en 1,200 encuestas basadas en un universo de personas en edad de votar (16 o más años) a nivel nacional, exceptuando la Costa Atlántica y Río San Juan.

El 90.9% de los encuestados consideran que es necesaria la búsqueda de un Proyecto Nacional en Nicaragua. El apoyo para un Proyecto Nacional radica en las necesidades sentidas de consolidar la paz, lograr la estabilidad política y superar la crisis económica.

Una abrumadora mayoría del 96.3% está de acuerdo en la necesidad de la reconciliación nacional. El 91.3% opina que todos los partidos políticos, el gobierno y las organizaciones gremiales, sindicales y sociales deben ponerse de acuerdo para lograr la estabilidad política y superar la crisis económica. A su vez, un 90% opina que, para lograr la reconstrucción nacional, todos los sectores deben colaborar, por encima de sus propios intereses económicos y políticos.

Estos porcentajes, todos por encima del 90% de los encuestados, demuestran que indiscutiblemente, existe un consenso abrumador sobre la necesidad de un Proyecto Nacional. Las entrevistas a nivel de formadores de opinión y dirigentes, así como información adicional de las encuestas, señalan dos factores explicativos fundamentales de dicho consenso.

Primer Factor

El primer factor es un agotamiento masivo con la guerra, posiciones belicistas y confrontaciones agudas y crónicas, así como con el ambiente de crisis permanente que el país ha vivido casi continuamente desde hace 15 años - 20 si se incluye el terremoto de 1972 y los años de trauma posterior de un país "terremoteado" -. Todas las encuestas producidas en Nicaragua desde 1990, incluyendo las realizadas por el IEN y otras realizadas por encuestadores costarricenses, han demostrado consistentemente que una mayoría de la población evalúa negativamente a las organizaciones y a las figuras políticas que proyectan posiciones confrontativas.

Segundo factor

El segundo factor explicativo del consenso sobre la necesidad de un proyecto nacional es la profunda crisis económica que Nicaragua vive y que afecta a la casi totalidad de los nicaragüenses. La importancia del factor económico en el consenso sobre la necesidad de un proyecto nacional es creciente. La problemática que incide en este consenso incluye controversias e inseguridades con relación a la propiedad; inestabilidad social y laboral que llega, en casos extremos, a generar tendencias anarquizantes y explosiones sociales; restricciones en el crédito a los productores. El péndulo ha ido de un extremo donde había crédito y condonaciones para todos, al extremo opuesto, donde se excluye a los productores y se restringen las posibilidades de proyectos de inversión.

De este modo, nos encontramos con un Estado cuyo modelo es ser facilitador pero que en los hechos, muchas veces obstaculiza la producción y el comercio por la incoherencia e inoportunidad de sus políticas económicas, sobre todo para con los pequeños productores; por la falta de protagonismo para resolver cuellos de botella, como por ejemplo, el problema portuario y de transporte marítimo para las exportaciones; y por los problemas normales de burocratismo, ineficiencia, favoritismo y corrupción.

Es necesario señalar un elemento subjetivo en el cuadro económico nacional a nivel popular: en Nicaragua durante los años 70 y 80, una proporción significativa de la población llegó a conceptualizar como la solución para los problemas económicos y sociales del país y, en la mayoría de los casos, de los personales propios, la construcción de una sociedad socialista como alternativa, de una sociedad de economía mixta de tendencias socialistas con una mezcla de los valores del humanismo marxista, el cristianismo y el pensamiento sandinista nacional. Se considera a este grupo como la base fundamental del FSLN, que ha oscilado entre el 20 y 30% de la población.

Por otro lado, en la lucha de los 80 y en una forma articulada, de manera creciente durante la campaña electoral de 1989-1990, otra proporción de la población más difícil de cuantificar - pero seguramente tan significativa cuantitativamente como la base sandinista -, llegó a considerar que la salida del poder de los sandinistas, el logro de la paz y la normalización de las relaciones con Estados Unidos, quienes reiniciarían una cooperación externa masiva, permitiría una mejora considerable en la situación económica nacional y familiar.

A mediados de 1992, crecientes contingentes de los dos grupos han perdido la esperanza de una mejora económica o social. De este modo, grupos crecientes de personas sin esperanza vuelven a ser un factor cada vez más significativo en la política nacional. Esto ya constituye un fenómeno político bastante generalizado en la América Latina de los años 90 y se traduce en la pérdida de fe en ideologías, partidos y dirigentes políticos y gubernamentales.

Hasta aquí hay dos conclusiones inter-relacionadas en el consenso sobre la necesidad de un proyecto nacional.

Primer conclusión

La primera conclusión es que, en el caso de producirse un Proyecto Nacional en Nicaragua, la motivación principal será económica. Si en Chile se produjo un Proyecto Nacional entre demócrata-cristianos y socialistas sobre la base del interés común de superar la dictadura pinochetista e impedir su retorno; si en El Salvador se ha logrado un Acuerdo Nacional entre el Gobierno de ARENA y el FMLN para superar una guerra prolongada de empate sin salida militar, que desgastaba a todos; en Nicaragua un Proyecto Nacional se fundamentaría en el interés común de salir de la crisis económica que afecta los intereses de la casi totalidad de la nación.

Segunda conclusión

La segunda conclusión es que, si los partidos y políticos nicaragüenses no logran un proyecto nacional y su actuación está conceptualizada popularmente como un obstáculo a la superación de la crisis económica, el sistema político y partidario en su conjunto entrará en crisis. En consecuencia, se aumentarían las tendencias anarquizantes ya presentes en la sociedad, lo que se ha demostrado en diferentes manifestaciones de explosión social. Si esto llegara a ocurrir, se remataría la desarticulación de un aparato productivo que ya se cuenta entre los más precarios de América Latina.

En otras palabras, hay necesidad económica y política de un proyecto nacional y las dos necesidades están inter-relacionadas. No hay recuperación económica sin estabilidad política y no hay estabilidad política sin recuperación económica. Los últimos dos años de práctica política y económica muestran este círculo vicioso y la dificultad de superarlo sin un Proyecto Nacional.

Posibilidad de un proyecto nacional

Una mayoría significativa del 82.5% considera que es posible lograr un entendimiento nacional. La diferencia entre el 90.9% de la población que considera que un proyecto es necesario y el 82.5% que mantiene que es posible, representa un 8.4% de los encuestados que tienen una posición pesimista: un Proyecto Nacional es necesario, pero no es posible. Dicha posición no es insensata si se consideran los formidables obstáculos que tienen que ser superados para lograr un Proyecto Nacional. Aún entre la mayoría de los encuestados que piensan que el Proyecto Nacional es posible, los porcentajes de las respuestas se reducen al preguntar sobre quiénes son los líderes y las organizaciones que podrían lograr un entendimiento nacional.

En cuanto a líderes políticos, el 57.7% de los encuestados considera que la Presidenta de la República, Violeta Barrios de Chamorro, podría lograr un entendimiento nacional. En contraste con la mayoría absoluta en el caso de la Presidenta Chamorro, hay polarización al nivel del 40% en cuanto a las posibilidades del ex-Presidente Daniel Ortega y del Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo. Un 42.1% considera que Daniel Ortega podría lograr un entendimiento nacional mientras un 43.1% opina que no. En el caso de Antonio Lacayo, un 41.1% opina que sí y un 40.8% opina que no.

Una mayoría de la opinión pública considera que otros actores políticos relevantes no podrían lograr un entendimiento nacional, a saber: el Presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César (50.5% no), el Vice Presidente Virgilio Godoy (55.8% no) y el Alcalde de Managua Arnoldo Alemán (55.5% no).

En cuanto a las organizaciones, hay polarización en si las organizaciones sindicales Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) podrían lograr un entendimiento nacional, mientras una mayoría del 54.1% opina que la organización empresarial Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no podría lograr un entendimiento. Por otro lado, una mayoría positiva del 51.3% considera que la organización de los pequeños y medianos productores agropecuarios, UNAG, podría contribuir a un entendimiento nacional.

En resumen, la opinión pública considera a la Presidenta Chamorro y a la UNAG como dos actores que podrían contribuir al esfuerzo de lograr un Proyecto Nacional. Claro está que un Proyecto Nacional no tiene que aglutinar absolutamente todos los actores de relevancia política, pero obviamente la ausencia de actores clave debilita la naturaleza nacional del entendimiento.

Dos observaciones

Por un lado, las investigaciones del IEN han encontrado mayores niveles de polarización en las cúpulas políticas, gremiales y sindicales que en las bases, aún cuando obviamente hay grados significativos de polarización política en los dos niveles. Sin embargo, existe una mayoría en la base que es menos politizada o que no está polarizada.

Por otro lado, la visión predominante del Proyecto Nacional no es la superación o abandono de las posiciones ideológicas y las identificaciones políticas, sino la negociación desde ellas en acuerdos basados en intereses comunes.

Un ejemplo que ilustra lo anterior es el éxito de la UNAG y la Coordinadora Nacional Campesina en aglutinar a cooperativas y pequeños productores sandinistas por un lado y de la ex-Resistencia por el otro lado, basados en sus intereses comunes como campesinos. Sin embargo, no hay que sobredimensionar el ejemplo, pues negociar estas alianzas requiere gran habilidad y el equilibrio es delicado, tal como indican las tensiones actuales dentro de la UNAG.

Otro ejemplo constituye la formación de decenas de comandos "revueltos", compuestos por "recompas" y "recontras", para presionar conjuntamente al Gobierno por el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y plantear otras demandas basadas en sus intereses comunes, llegando a constituir en los casos extremos, tendencias anarquizantes y explosiones sociales. Este fenómeno tomó por sorpresa a gran parte de la dirigencia política del país que no creía posible este tipo de coordinación. Esto demuestra que la base tiene mucha más capacidad de coordinación que las cúpulas políticas. También indica la falta relativa de manejo por parte de algunos dirigentes políticos que se ven continuamente sorprendidos y rebasados por sucesos y procesos en la base.

El hecho objetivo es que en julio de 1992 no existía aún un Proyecto Nacional, ni siquiera el mecanismo para producirlo a pesar del amplio consenso nacional sobre su necesidad y posibilidad, así como algunos puntos de consenso sobre posibles contenidos.

Posibles contenidos de un proyecto nacional

Lógicamente, los contenidos de un posible Proyecto Nacional deben surgir del proceso nacional de negociación del mismo. Sin embargo, las investigaciones del IEN contienen conclusiones basadas en sondeos de la opinión pública durante los últimos dos años. Se han encontrado amplias mayorías con relación a temas económicos fundamentales, mientras hay polarización con minorías significativas de opinión en lo que respecta a los temas políticos. Esto indica que es aconsejable centrar la negociación de un Proyecto Nacional en los temas económicos y diseñar estrategias para superar o soslayar las diferencias políticas, con el fin de avanzar en el proceso global. Pueden jugar un papel fundamental en tal sentido una serie de temas sobre los cuales existen consensos al nivel de 90%.

Amplias mayorías sobre temas económicos

Una mayoría del 68.6% asegura que el libre mercado es una buena solución para los problemas económicos de Nicaragua, frente a un 20.2% que no está de acuerdo. Una cifra muy similar del 68.3% asegura que la existencia de la economía mixta es la mejor manera de desarrollar el país, frente a un 19.4% que discrepa. El papel de las cooperativas como la mejor forma para que el pueblo se desarrolle está aceptando por un 62.7% de la opinión pública mientras 11.1% considera que no.

Un 84.1% considera que el Estado debe controlar los elementos básicos de la economía, mientras sólo un 7.8% opina lo contrario. En cuanto a las formas de intervención estatal, se ha identificado un consenso del 93.3% que considera que la reforma agraria debe resolver los problemas del campo.

Polarización sobre temas políticos

Una mayoría del 57.7% (igual entre votantes de la UNO y sandinistas), está de acuerdo en que la Constitución Política es la garantía para la estabilidad del país, frente a un 21.1% en desacuerdo y un 21.2% que no sabe o no responde. Una mayoría del 51.2% (similar entre votantes de la UNO y del FSLN), considera que la Constitución responde a las necesidades del país, un 30.5% está en desacuerdo y un 18.3% no sabe o no responde.

Una mayoría del 50.4% considera que el EPS y la permanencia del General Humberto Ortega han contribuido a la estabilidad del país, contra un 38.6% que está en desacuerdo y un 11% que no sabe o no responde. El 45.6% considera que los partidos políticos se preocupan por resolver los problemas de la población; un 43.3% está en desacuerdo y un 11.1% no sabe o no responde.

Puntos de consenso

Un 96.3% de los encuestados considera que se debe lograr la reconciliación nacional, tema que alcanza el mayor consenso de todos los estudiados. Un 95% opina que Nicaragua debe defender su soberanía. Un 93.3% está convencido de que la reforma agraria debe resolver los problemas de demandas sobre las tierras y contribuir al proceso de desarrollo. Un 91.3% opina que todos los partidos políticos, el gobierno y las organizaciones gremiales, sindicales y sociales deben ponerse de acuerdo para lograr la estabilidad política en el país como mecanismo para superar la crisis económica. Un 90% opina que para lograr la reconstrucción nacional, todos los sectores deben colaborar, por encima de sus propios intereses económicos y políticos.

El 91.2% considera que para que haya una verdadera democracia, el pueblo debe ser consultado en las decisiones importantes y participar en la solución de los problemas. Un 90.9% estima necesaria la búsqueda de un Proyecto Nacional. El 89.6% dice que para que haya democracia, es necesario que exista un Estado de Derecho. Estos puntos, junto con los temas económicos sobre los que existe amplio consenso, son puntos de partida sustantivos de gran significado para la negociación de un proyecto nacional.

Los actores políticos y sociales

Para el gobierno, los partidos políticos y grupos sociales, la estructuración de un proyecto nacional es una necesidad nacional, ya que consideran que el actual ambiente de tensiones y de crisis política conspira en contra de las posibilidades de recuperación económica y desarrollo.

Además, los partidos políticos y grupos sociales entrevistados coinciden en que la cultura política nicaragüense, a pesar de tener poca tendencia a resolver los problemas mediante el diálogo, es capaz de generar y aceptar un Proyecto Nacional.

En cuanto a las posiciones polarizadas, es importante anotar que su prevalencia es mayor entre los partidos políticos que en la población en general, lo que indica que existe un espacio real para una contribución más positiva de los partidos a los procesos de paz y reconciliación por medio de un Proyecto Nacional.

Antecedentes para un proyecto nacional

Según el Gobierno, muchas cosas de la gestión sandinista fueron rechazados por la sociedad, como quedó reflejado en el resultado electoral, pero hay logros aceptados en la cultura política nicaragüense, como la promulgación de la Constitución de la República sobre la cual se realizaron las elecciones, asumió el nuevo Gobierno y que forma la base de la institucionalidad política del país. Asimismo, el acceso a la tierra de miles de campesinos.

Si hay aceptación sobre estos aspectos, conviene incorporarlos como temas en el Diálogo Nacional. Para el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), Nicaragua, en el curso de su historia, ha venido haciendo esfuerzos de modernización: la gestión de Zelaya contribuyó a la separación Estado-Iglesia y a la secularización del Estado; el régimen de Somoza contribuyó con la creación del Banco Central y la ampliación de la seguridad social; el Gobierno sandinista contribuyó claramente al desarrollo del país con aspectos clave que merecen ser considerados como punto de partida: la democratización de la propiedad agrícola, que da ventaja a Nicaragua respecto a los otros países centroamericanos; el mayor protagonismo logrado por la mujer y el protagonismo popular en materia social, sindical y política que obliga a los partidos políticos a no actuar al margen de los criterios democráticos.

El FSLN y los gremios y sindicatos afines entrevistados, consideran como grandes logros de la Revolución la Reforma Agraria, que tiene que ver con el aspecto esencial de la problemática económica en un país agrario como el nuestro; la distribución del ingreso y de los beneficios sociales; la democracia representativa que dio espacio a la institucionalidad del país, combinada con la democracia participativa; la mayor participación de la mujer; y la defensa de la soberanía y la independencia nacional.

Sin embargo, para el Partido Liberal Independiente (PLI), pesaron más los errores en la gestión sandinista, aunque reconoce logros evidentes, como la emancipación de la mujer; la apertura de la educación a todas las clases sociales; el papel más activo de los trabajadores en la sociedad y en las empresas; y los programas de salud, sobre todo en el campo. Para el Partido Social Demócrata (PSD), COSEP, Cámara de Industria (CADIN) y Cámara de Comercio de Nicaragua (CCN), la gestión sandinista es una década pérdida para el país en lo económico y en lo social, se resquebrajó la familia y se dejó el país en la miseria.

Modelo democrático nacional

El Gobierno, el FSLN y sus afiliados, PLI, CTN y el COSEP y sus afiliados, señalan que la revisión del sistema político para el Proyecto Nacional debe conducir al fortalecimiento del equilibrio de los poderes del Estado dentro de la institucionalidad vigente. Otro criterio planteado por el PSD aboga por una Asamblea Nacional mucho más fuerte mientras el PPSC y la CUS propugnan por pasar de un régimen presidencialista a un régimen parlamentarista.

Los principales planteamientos son los siguientes:

El Gobierno se pronuncia por el respeto al estado de derecho para consolidar la democracia y señala que no se puede pretender la preeminencia del Parlamento. El objetivo debe ser fortalecer el equilibrio de los poderes del Estado. Para el FSLN y las organizaciones afines, el objetivo debe ser el fortalecimiento de la institucionalidad, lograr el balance adecuado de los poderes del Estado y profundizar la democracia participativa. Para el PLI, los objetivos son modernizar las estructuras del sistema político, lograr el equilibrio entre los poderes y fortalecer los cimientos democráticos para evitar los cambios violentos.

Para la CTN, reafirmar la alternabilidad en el poder, el pluralismo político, la autonomía municipal y las libertades públicas. El COSEP, por su parte, estima necesario hacer reformas al sistema político para disminuir el presidencialismo y lograr el equilibrio de poderes, a la vez que se consolida la preeminencia de la sociedad civil.

Para el PSD, se debe poner límites a los períodos presidenciales y establecer más requisitos para los candidatos, lograr una Asamblea Nacional más fuerte y que el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia sean independientes, sin representación partidaria.

El PPSC señala que hay que consolidar el pluralismo político, la alternabilidad en el poder y la autonomía municipal, además de explorar si conviene a Nicaragua un régimen parlamentario o semiparlamentario.

Reformas constitucionales

Para el representante del Gobierno, la actual Asamblea Nacional no puede otorgarse facultades de interpretación de la Constitución. Si se llegara a un acuerdo sobre reformas constitucionales durante el Diálogo Nacional, se tendría que convocar a una constituyente. Sin embargo, para el FSLN y sus afiliados no es indispensable hacer reformas constitucionales para alcanzar un Proyecto Nacional. De acordarse reformas constitucionales en el Diálogo Nacional, serían a partir de la misma Constitución. Para el PLI es necesario reformar la Constitución para lograr el equilibrio de los poderes del Estado; para el PPSC las reformas a la Constitución se realizarían para mermar el poder presidencial hacia un régimen parlamentarista, y para separar los ámbitos de acción pública y privada de manera que se evite el enriquecimiento ilícito.

Papel del Estado y de las Fuerzas Armadas

En general, el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos coinciden en que el Estado debe establecer el marco estratégico del país, promover el desarrollo e intervenir cuando lo requieran las necesidades de la sociedad civil. En cuanto a las Fuerzas Armadas, hay coincidencia entre el Gobierno y el FSLN en que, en las circunstancias actuales de polarización en una democracia aún incipiente, su papel va más allá del resguardo de la soberanía nacional y del orden público, porque también cumplen la función de resguardo del sistema democrático, de la estabilidad y de la legitimidad misma del poder.

Para los otros partidos políticos y para el COSEP y sus afiliados, se debe continuar con la reducción del ejército hasta su desaparición, dando origen a la fuerza pública. En cambio, la CTN sostiene que toda reducción del ejército tiene que ser en simultaneidad en toda Centroamérica. Por su parte, el PPSC considera que se debe realizar una discusión nacional sobre lo que se entiende como amenazas a la soberanía nacional, el resguardo de las fronteras y a partir de ahí, definir el papel de las Fuerzas Armadas.

Esquema económico y social

Los entrevistados consideran, en general, que la definición de la estrategia de desarrollo económico es uno de los puntos centrales a contemplarse en un Proyecto Nacional.

Para el representante del Gobierno, lo fundamental es el Plan de Estabilización y Ajuste Estructural, que puede ser punto de partida para el Proyecto Nacional. El modelo de economía social de mercado está propuesto por el PLI, el COSEP y sus afiliados y el PPSC.

Para el PPSC hay que producir más riqueza y distribuirla con equidad; debe haber preocupación por la seguridad alimentaria y aprovechar el desarrollo tecnológico mundial; evitar que la propiedad se vuelva a concentrar en pocas manos; sobre la privatización, estudiar bien la naturaleza de cada empresa, entre las que fueron capitalizadas, indemnizadas o pagadas en acciones; la participación de los trabajadores democratiza la economía, debiéndose abrir la privatización para que haya acceso al pueblo.

En cuanto al FSLN y afines, consideran que hay que estructurar en el Proyecto Nacional un modelo económico propio, tomando en cuenta el imperfecto mercado en las relaciones económicas internacionales. A lo interno, promover el crecimiento económico, con justicia y equidad, estimulando prioritariamente las cooperativas y la pequeña y mediana producción agrícola e industrial y desarrollar programas sociales.

El FSLN considera que, por nuestro propio subdesarrollo y condición de excepcionalidad, el país tendrá que seguir al menos a mediano plazo con un modelo agroindustrial y vendedor de materia prima, articulado con algunas actividades económicas que nos permitan la transferencia tecnológica, el crecimiento y la equidad. Para el PSD se trata de reconstruir la producción original, que es agrícola y lograr la mayor transformación de materia prima y fomentar las exportaciones no tradicionales.

El PLI señala la necesidad de implementar la economía social de mercado, como respuesta al capitalismo puro y a la estabilización de la economía. La solución es promover el sector primario que pueda ser industrializado. Por su parte, la CTN ve que la realidad indica que la estructura productiva es eminentemente agrícola y que es ahí donde debe ponerse el acento, aunque se debe emprender cuanto antes un estudio sobre la estrategia de desarrollo económico del país; no se puede implantar la economía social del mercado, pues aunque tiene elementos válidos, hay otros que afectan socialmente. La CTN está en contra de la privatización, propugna por un modelo económico autogestionario.

Para la CUS, ya no es viable el modelo concentrador de la riqueza ni el modelo estatizante; debe ser un modelo cooperativo con doble función productiva y social. La propiedad y la privatización es un problema que se debe solucionar conforme a la concertación económica en su fase II.

Para FENACOP y UNAG los planes deben priorizar a la principal organización productiva del país, que es la de cooperativas, pequeños y medianos productores. Sobre la propiedad, hacer cumplir los acuerdos de la concertación y profundizar la reforma agraria.

En oposición, el COSEP y sus afiliados ambicionan que el modelo sea el de economía social de mercado, abriendo el país a la economía internacionale. Señalan que si no hay seguridad sobre la propiedad, no habrá estabilidad ni estado de derecho ni inversión extranjera. Sobre la privatización de las empresas estatales, debe ser rápida pero antes debe darse la devolución.

Convergencia Nacional opina que debe haber una estrategia de desarrollo que no debe ser neoliberal ni al estilo FMI ni BM sino que contemple la economía mixta, el fomento cooperativo, el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa con una nueva política de empleo y salario contando con el respaldo de un Estado moderno y eficiente. Todo proyecto de desarrollo económico, debe ser un proyecto de desarrollo social.

En una línea cercana, el Colegio de Biólogos y Ecólogos visualiza que el Proyecto Nacional debe contemplar la articulación entre la estrategia de desarrollo con la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Se trataría de articular el desarrollo económico sostenido con la calidad de la vida para lograr la sobrevivencia biológica y económica del país, con aprovechamiento racional de los recursos naturales.

En resumen, hay un amplio consenso sobre múltiples puntos en las posiciones de los actores políticos y sociales sobre los temas económicos. Entre ellos, la prioridad hacia la agricultura.

Se considera que no hay otro país en América Latina con economía de mercado en que la reforma agraria goce de una legitimidad tan amplia como mecanismo de desarrollo económico y social. También hay pocos países en América Latina en que haya tanto consenso sobre el proceso de privatización. La discusión sobre la privatización en Nicaragua no es sobre si se debe privatizar no, sino sobre quienes van a recibir las empresas y en qué proporción. Pero a pesar del consenso sobre la viabilidad potencial de un Proyecto Nacional y sobre algunos de sus posibles contenidos, no existe todavía ni el inicio de un proceso de negociación para materializarlo, porque el cúmulo de obstáculos que se le oponen son formidables. Ocho son los principales obstáculos, según los análisis de coyuntura política del IEN a mediados de 1992.

Imposición de políticas FMI-BM

El condicionamiento del crédito internacional a la adopción de políticas económicas y sociales y a la consecución de metas específicas, determinadas por el FMI y el BM, es una limitante al espacio de decisión nacional sobre políticas públicas básicas en casi todos los países latinoamericanos.

Podría haber más espacio para un proceso de decisión con autonomía relativa de lo que están logrando en la actualidad estos países porque por un lado, el objetivo final del FMI es facilitar el repago de la deuda externa de los países en desarrollo a los países centrales.

Así, el nivel de imposición de políticas y de monitoreo de resultados es mucho más estrecho en aquellos países en que es posible generar flujos financieros significativos en tal sentido, lo que no es en absoluto el caso de Nicaragua. Por otro lado, tanto el FMI como el BM y el BID apoyan programas de descentralización y apoyo a micro-empresas, probables contenidos de un Proyecto Nacional en Nicaragua. Incluso la banca internacional muestra cada vez más flexibilidad en la consideración de las necesidades de desarrollo y la importancia del crédito, de la asistencia técnica y el mercadeo de las pequeñas unidades productivas, incluyendo las agropecuarias.

De este modo, aún cuando la imposición de políticas y metas limita el espacio de decisión de un Proyecto Nacional, una política nacional más definida podría permitir espacios importantes de decisión y mejores posiciones para políticas de consenso nacional en las negociaciones con estas entidades. En esto reside en parte la importancia de lograr estrategias globales y sectoriales de mediano plazo.

Carencia de propuestas a mediano plazo

El Gobierno carece de propuestas articuladas, siquiera parciales, de planes de desarrollo económico y social a mediano plazo. Como contraparte, tampoco los partidos, los gremios y sindicatos disponen de propuestas. No existe la información necesaria para formular dichas propuestas. Las decisiones y asignación de recursos se hacen en base al plan de ajuste estructural a corto plazo.

Esto compromete el mediano y largo plazo sin ninguna racionalidad. Decisiones ideologizadas por parte del gobierno anterior y del gobierno actual han debilitado dos veces en diez años la capacidad de información, decisión y planificación económica y social del Estado nicaragüense.

En 1980 el gobierno sandinista trasladó Estudios Económicos del Banco Central al nuevo Ministerio de Planificación (MIPLAN) con resultados desastrosos para el proceso de decisión económica, que quedó desarticulado en su capacidad analítica.

En 1990 el gobierno actual abolió la Secretaría de Planificación y Presupuesto (SPP) y repartió sus dependencias en desmedro de la capacidad y coherencia de la capacidad planificadora del Estado. En esta decisión ideologizada parece que se confundió el no tener una economía planificada con no tener un aparato de planificación económica. El gobierno de ARENA en El Salvador compatibiliza los planes de inversiones públicas a largo, mediano y corto plazo y las políticas económicas y sociales, mediante un aparato de planificación poderoso ligado directamente a la Presidencia de la República.

Es más, la Secretaría de Planificación y Presupuesto (SPP), que sustituyó al Ministerio de Planificación (MIPLAN), se hizo con asesoría mexicana, donde existe una entidad igual y muy poderosa, de donde han salido los últimos tres presidentes de México. Esta secretaría depende directamente de la Presidencia, para manejar la coherencia de las políticas y planificación económica y servir a la vez de secretaría técnica del Gabinete Económico.

Aún si las decisiones del gobierno nicaragüense fueran acertadas, pecarían de la falta de previsión elemental al haber eliminado una estructura antes de que su reemplazo estuviera consolidado. Lo cierto es que el Gabinete Económico actual carece de una secretaría técnica de soporte analítico que dé coherencia a las políticas sectoriales, salvo las fiscales y monetarias a cargo de MIFIN y del BCN.

En cuanto a la eliminación de la SPP, existía el mito ideologizado en las esferas de los encargados de la reforma administrativa del gobierno actual, de que se estaba desmontando una economía planificada y reemplazándola por una economía de mercado, por lo que había que desmontar el aparato administrativo diseñado para manejar la economía planificada. Este mito ha sido compartido por una parte de la asistencia técnica internacional en este campo. Se plantea la transformación administrativa como si la transición en Nicaragua tuviera similitudes con el desmontaje de las economías socialistas de Europa Oriental.

El error ideologizado consiste en confundir intenciones con resultados y retórica con realidad. El hecho es que Nicaragua nunca dejó de tener una economía de mercado, ni siquiera en el período 1981-1984, en que se hizo un esfuerzo serio de construir una economía mixta altamente planificada, que fracasó ante las realidades de la economía de mercado. El mejor ejemplo de este fracaso: el intento de ENABAS y de MICOIN de monopolizar la comercialización de granos básicos por vía de medidas administrativas y policiales. En 1985 se abandonó dicha política económica y en 1990 ni siquiera quedaban vestigios. Lo que la reforma administrativa del nuevo gobierno desmontó era el aparato de planificación de una economía de mercado. Como en los 80, el país pagará el costo con algunos años de ineficacia e ineficiencia mientras se reconstruyen las capacidades perdidas.

Lo anterior constituye otro argumento a favor de un Proyecto Nacional que otorga mayor estabilidad a largo plazo a la administración pública y que podría crear las condiciones necesarias para un servicio civil y una carrera administrativa.

Esto permitiría superar, en alguna medida, parte de las causas de las incoherencias políticas y debilidades administrativas del aparato administrativo del Estado, así como el auto-sacrificio que representa para el país la exclusión permanente, por razones políticas, de las contribuciones potenciales de una parte del muy escaso personal nacional especializado de alto nivel.

La falta de articulación de propuestas estratégicas concretas por parte del Gobierno y de actores políticos y sociales obstaculiza el inicio de los debates políticos y económicos sustantivos que deben anteceder y enmarcar la negociación de un Proyecto Nacional.

La obsesión de liquidar al sandinismo

Plantear la liquidación del sandinismo como primer objetivo implica que la reactivación económica, la estabilización del Gobierno y el proceso de consolidación de la democracia están de hecho supeditados a dicho objetivo. Esto conlleva acciones y situaciones que debilitan la democracia, desestabilizan al Gobierno y dificultan la recuperación económica. Un ejemplo de esto es el condicionamiento de la cooperación norteamericana a medidas de aislamiento del sandinismo.

En cambio, si el objetivo primordial es la consolidación de la democracia, la estabilización del gobierno o la reactivación económica, el Gobierno de Estados Unidos y la parte de la derecha cuyo "coach de tercera base" es la embajada estadounidense, necesariamente tendrán que buscar algún mecanismo de convivencia con el sandinismo para alcanzar estos objetivos.

Una de las políticas básicas del Gobierno actual ha sido el planteamiento de que el intento de liquidar al sandinismo, llevaría a Nicaragua al caos y que Nicaragua es ingobernable sin el concurso del FSLN en la institucionalidad democrática. Obviamente, esto implica que dicha institucionalidad tiene que dar plena cabida pluralista al sandinismo y a los sandinistas, como parte de un todo nacional. El Gobierno ha recibido presiones de sectores políticos norteamericanos y nacionales a causa de esta posición. Esto obstaculiza el proceso de negociación de un Proyecto Nacional que necesariamente representaría una ampliación del ámbito político y una profundización de la actual política del Gobierno de basar la estabilidad nacional en la convivencia con el sandinismo.

El COSEP: partido, no gremio

Si el COSEP actuara como organización gremial de la producción y el comercio, estaría a la vanguardia de los esfuerzos que tratan de crear las condiciones necesarias para la estabilidad política que pueda permitir la reactivación económica. Sin embargo, el COSEP tiene la práctica institucional de actuar como partido político y no como gremio. Tan es así que en el Congreso de la UNO para escoger el candidato a la Presidencia de la República en los comicios de 1990, el COSEP presentó su candidato y quedó resentido porque su postulación no obtuvo éxito.

El COSEP no firmó los acuerdos de la Concertación Económica y Social, con lo que dicho proceso se debilitó. El COSEP tiene razón al plantear que el problema de la propiedad es central, pero su solución tiene que surgir de un proceso de negociación económica y social en el que la Concertación fue un primer paso importante que podría alcanzar la profundización definitiva en el Proyecto Nacional, para la solución del problema.

El Banco Mundial ha presentado recomendaciones novedosas al Gobierno, partiendo del reconocimiento de que las transformaciones de la tierra en Nicaragua constituyen un haber de gran valor que se debe preservar, proponiendo que se reconozca como legítimos dueños de la tierra rural a los poseedores de títulos de reforma agraria otorgados por el gobierno sandinista y el actual; como contraparte, dar un tratamiento por separado a la indemnización a los ex-dueños que fueron injustamente confiscados.

Fraccionamiento de la ex-UNO

La coalición electoral UNO de 14 partidos que ganó las elecciones de 1990, está dividida actualmente en por lo menos cinco bloques. Los líderes de los diferentes bloques son Antonio Lacayo, Alfredo César, Miriam Argüello, Virgilio Godoy y Arnoldo Alemán, entre otros. Todo indica que sería absolutamente imposible reconstruir la coalición UNO.

A su vez, y a despecho de algunos movimientos concretos de unificación, los conservadores, liberales y socialcristianos se mantienen divididos en fracciones internas, mientras los demás partidos son de dimensiones reducidas.

El fraccionamiento extremo de los partidos tradicionales y la falta de cohesión, aún dentro de las agrupaciones políticas existentes, dificulta las negociaciones políticas dentro y entre ellos y más aún la negociación de un Proyecto Nacional.

Crisis de adaptación del FSLN

El Frente Sandinista no sólo es el partido más grande, mejor organizado y más cohesionado de Nicaragua, sino que es el único partido grande, organizado y cohesionado de Nicaragua. Ha habido mucha especulación acerca del desmoronamiento de la cohesión interna del FSLN a consecuencia de diferentes posiciones dentro del Frente y, de hecho existen tales diferencias, pero a dos años del cambio de Gobierno, la realidad objetiva es que el FSLN que perdió las elecciones se mantiene como partido unido.

Sin embargo, los cambios políticos nacionales e internacionales, han provocado una crisis programática, de identidad y organizacional en el FSLN. El Frente tiene que adaptarse como todos los partidos de izquierda del mundo, a un cúmulo de cambios políticos sin precedentes.

El FSLN es una de las organizaciones políticas que más se ha transformado en el mundo. De agrupación político-militar guerrillera, clandestina, pequeña y selectiva, se transformó en partido en el poder, a la cabeza del Gobierno, las fuerzas armadas y organizaciones de masas con un enfoque vanguardista dentro del pluralismo electoral en cuyo marco se produjo su derrota en los comicios de 1990. El desenlace electoral inició el proceso actual de su transformación en partido civil de oposición, dentro del marco de la institucionalidad pluralista de la Constitución de 1987. Eso implica la renuncia al vanguardismo y una reestructuración programática y organizativa considerable.

Históricamente, el FSLN ha mostrado gran capacidad de adaptación y auto-transformación, pero el proceso no es automático, ni de corto plazo, ni desprovisto de complejidades. Por ejemplo, el Primer Congreso del FSLN se enfrascó en un debate sobre la forma de elección de la Dirección Nacional que, de hecho está debilitada como instancia de autoridad y poder en el partido, si se compara con la situación existente en los 80. Pero en esa ocasión el FSLN no profundizó en la adaptación de sus programas a las nuevas condiciones, lo que hace controversiales muchas decisiones y acciones por la falta de definición sobre políticas básicas.

Otro tema es la normalización de relaciones entre el FSLN y el gobierno estadounidense, esencial para la estabilidad política del país, para las posibilidades de un Proyecto Nacional en Nicaragua, para el proceso de consolidación de la democracia y para la realización de las elecciones de 1996 en un ambiente normal, en el que no se reedite la confrontación FSLN-Estados Unidos de las elecciones de 1990. Pero mientras esta normalización no se consagre como política oficial del partido, cada movimiento específico en el proceso de normalización se convierte en conflictivo. Una situación similar se da en torno a las relaciones entre el FSLN y el Gobierno e incluso, con relación al Proyecto Nacional. Por lo tanto, se requieren adaptaciones programáticas que permitan al FSLN un protagonismo claro en la negociación de un Proyecto Nacional.

Incoherencia gubernamental

Existe una gran incoherencia gubernamental en materia monetaria, que se refleja en el control de la hiperinflación a costa de un excesivo enfoque de presupuesto equilibrado y de una inflación cero, en medio de una fuerte recesión económica.

El país carece de una estrategia productiva y de inversiones, no se han establecido cuáles deben ser los ejes de acumulación ni una estrategia a mediano plazo.

La política del Gobierno norteamericano y de la derecha política de liquidar al sandinismo, la práctica del COSEP de actuar como partido político y no como gremio empresarial, el fraccionamiento de la ex-UNO, la crisis interna que limita el proceso de adaptación del FSLN, así como las tendencias anarquizantes en el país, reducen la coherencia política de un Gobierno atrapado en esos fenómenos políticos. Todos estos fenómenos conforman su medio ambiente político y se proyectan al interior del mismo Gobierno de diferentes maneras.

Los problemas de gobernabilidad incluyen el hecho de que Nicaragua no tiene una cultura política pluralista, la debilidad del aparato administrativo del Estado, el feudalismo ministerial y las tendencias anarquizantes arraigadas en el país.

En ausencia de una cultura política pluralista, el impulso del opositor consiste en conspirar contra el Gobierno, mientras el impulso del gobernante es borrar todo lo hecho por sus antecesores, excluir a la oposición y gobernar en base al amiguismo, favoritismo y nepotismo.

En 1990 se realizaron elecciones pluralistas ejemplares porque ésa era la voluntad política del FSLN, que se movilizó en torno a ese objetivo y porque el FSLN acordó con la UNO realizar elecciones ejemplares frente a los observadores.
De otra manera, el impulso normal de la cultura política por uno y otro lado hubiera sido el de ganar las elecciones a cualquier costo, lo que de hecho se produjo en las áreas controladas por la "contra". Esto implica que el Gobierno, el FSLN y otras fuerzas políticas comprometidas con la construcción de instituciones y procesos pluralistas actúan en un medio adverso y difícil.

Es necesario construir una cultura política pluralista y eso reviste toda la complejidad de cualquier proceso de transformación de comportamientos, posiciones ideológicas, actitudes y hasta valores. Otro factor que complica más aún la situación son las tendencias anarquizantes en el país. Como consecuencia, en Nicaragua es muy fácil promover conflictos y crear situaciones de anarquía pero es muy difícil gobernar.

En las condiciones actuales, la incoherencia política del Gobierno, más sus debilidades administrativas, agudizan aún más los problemas de gobernabilidad del país, e incluso la capacidad de convocatoria y coordinación del Gobierno de cara a un posible proceso de negociación de un Proyecto Nacional.

Tendencias anarquizantes

Las tendencias anarquizantes en el país constituyen una de las motivaciones para un proyecto nacional. Los obstáculos anteriormente descritos contribuyen en diverso grado y en diferentes maneras a las tendencias anarquizantes. Incluso el cúmulo de los otros obstáculos más la profundiad de la crisis económica, dan lugar a condiciones propicias para las tendencias a la anarquía.

Y estas tendencias anarquizantes obstaculizan la negociación de un Proyecto Nacional. La manifestación de las tendencias anarquizantes se produce en la medida en que el Gobierno pierde el control cotidiano real sobre áreas del territorio nacional y pequeños comandos asumen presencia o control político-militar sobre territorios y/o poblaciones; los canales gubernamentales y los mecanismos políticos dejan de funcionar para sectores de la población; hay una pérdida de fe en la eficacia y eficiencia siquiera potencial o futura de las instituciones nacionales; y en la medida en que la violencia, la vía de los hechos y la delincuencia se vuelven único recurso de sobrevivencia. Todas estas manifestaciones obstaculizan la negociación de un Proyecto Nacional y a la vez limitan el ámbito de su potencial aplicabilidad efectiva.

Las manifestaciones de las tendencias anarquizantes pueden llevar a la guerra civil o a explosiones sociales. Se comenta mucho acerca de estas posibilidades, pero los niveles actuales de delincuencia urbana y rural, constituyen de hecho manifestaciones de una explosión social. El nivel de delincuencia rural ya ha alcanzado una magnitud que lo convierte en factor económico con incidencia en la decisión de siembra de agricultor y de inversión del ganadero.

En la medida en que las manifestaciones de las tendencias anarquizantes se profundicen, se irá limitnado más aún el espacio de poder real del Gobierno y de las otras fuerzas políticas, gremiales y sindicales, que serían los artífices y ejecutores del Proyecto Nacional.

Algunas reflexiones

Es evidente que un Proyecto Nacional tiene que hacerse en interés nacional para ser exitoso. Es muy fácil obstaculizar o sabotear el entendimiento nacional requerido si cualquiera de los principales actores políticos nacionales o el Gobierno norteamericano, asume ese propósito negativo.

La mejor defensa contra esas eventualidades sería un apoyo masivo para un Proyecto Nacional, por encima de clases y partidos. El apoyo a un Proyecto Nacional es para superar la crisis económica, lo que podría volver la demanda para la negociación una reivindicación social y política incontenible y hasta explosiva.

Se ha identificado la existencia de un consenso político en la sociedad civil en el sentido de que es factible definir un Proyecto Nacional y que es políticamente viable y necesario llevarlo a cabo con un amplio consenso social. Un Proyecto Nacional implica una estrategia de desarrollo a largo plazo que enmarque las prioridades de los Gobiernos y de los conflictos sociales en su torno, lo que supone una estabilidad política basada en un consenso nacional sobre los temas más básicos del desarrollo.

Este proyecto no estaría libre de crisis, por las mismas diferencias ideológicas y políticas de cada fuerza, pero también por el rechazo de algunos sectores a este esfuerzo. Esto podría ser otra división significativa en el espectro político: los que apoyan un Proyecto Nacional y los que buscan soluciones desde afuera. Eso llevaría a una redefinición de cuales son las fuerzas moderadas y constructivas de la sociedad y cuáles las extremistas que, a la postre quedarían sin base social aisladas históricamente.

Las influencias externas más poderosas dividen a los nicaragüenses, mientras la tendencia predominante de la política interna no es tan polarizante. Las aspiraciones de la sociedad civil por la estabilidad política y la recuperación económica, superan las contradicciones de los sectores políticos que reflejan las inercias de las divisiones del pasado, que de no revertirse, crearían crisis en la institucionalidad y en el incipiente sistema democrático.

El pasado tiende a dividir a los nicaragüenses, el futuro los une: hay que ver hacia adelante si realmente queremos salvar al país y construir una nación solidaria, económicamente viable, en democracia y justicia social. Ahí está verdaderamente el reto histórico. Nada justifica seguir inertes en medio de un círculo vicioso de permanente crisis.

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