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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 129 | Agosto 1992
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Honduras

Ajuste de cuentas al ajuste

Contra toda lógica nacional, contra los intereses nacionales, el gobierno del Presidente Rafael Callejas ha continuado su política de ajuste estructural de la economía iniciada en marzo de 1990.

Equipo Envío

En junio, el gobierno de Honduras remitió una carta de intenciones al Director del Fondo Monetario Internacional. Según un destacado economista viendo esta carta es evidente que el ajuste no ha mejorado el comportamiento de las dos variables macroeconómicas básicas: la tasa de crecimiento y la tasa de inflación. Según datos oficiales, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), cayó de un promedio del 4 por ciento anual en el período 1987-1989 a un 1.5 por ciento anual en 1990-1991. En cuanto a la tasa de inflación, pasó del 5.5 por ciento anual en el período de 1987-1989 al 28.7 por ciento en 1990-1991.

El mismo profesional señala que el ajuste tampoco ha sido capaz de fortalecer la balanza de pagos, lo que sería necesario para enfrentar los atrasos de la deuda externa, verdadero objetivo del ajuste. Ni la devaluación de la moneda nacional ni la reducción del déficit fiscal han permitido al gobierno alcanzar este objetivo prioritario de su política económica. Para hacer aún más precarios los logros del ajuste, durante el período de 1990-1991, las exportaciones totales cayeron en un 7 por ciento.

Así las cosas, la opción de corto plazo que le queda al gobierno para generar excedentes y cancelar los atrasos de la deuda externa, consiste en una nueva devaluación. Según especialistas esta es la intención gubernamental al declarar el 18 de junio la liberalización del tipo de cambio de la moneda nacional en relación al dólar. Antes de esta declaratoria, la moneda nacional se cotizaba a 5.40 por dólar, pero esta liberalización está generando un proceso de desvalorización que, aunque hasta ahora es un tanto lento ya impacta en los bolsillos de la gran mayoría de los consumidores de un país que importa casi todo lo que consume o procesa. Al momento de redactar este trabajo, el sistema bancario nacional compra el dólar a 5.52 Lempiras y lo vende a 5.62.

El reciente incremento del precio de los derivados del petróleo, ha contribuido a hacer más precarias las condiciones de vida de las capas medias urbanas y de los sectores populares aunque el diesel fue excluido del aumento general. Los nuevos precios fueron hechos públicos el 12 de junio y provocaron fuertes críticas y reclamos de parte de observadores especializados, conocedores de que el gobierno central obtiene unos 328 millones de Lempiras anuales, en concepto de impuestos de importación sobre los derivados del petróleo, con los que financia en parte el déficit fiscal.

Aplauso externo y abucheo interno

Los líderes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHE) y de otras organizaciones sociales del país, unidos en la preocupación por la paz social continuamente desafiada por el ajuste, proponen que el gobierno central aporte su cuota de sacrificio, absorbiendo el incremento de los precios internacionales del petróleo, origen de este incremento local.

El Colegio de Economistas de Honduras también publicó a primeros de julio una evaluación crítica del programa de ajuste. A juicio de los economistas el ajuste ha provocado el estancamiento de la producción, ha conducido a la desnacionalización del capital, a la contracción de la inversión pública, al escalamiento de la inflación y a la concentración del ingreso. También ha conducido a la reducción de los gastos sociales del Estado y del salario real de los trabajadores, al incremento de la tasa de desempleo y al empobrecimiento acelerado de la gran mayoría de los hondureños.

En su documento evaluatorio, los economistas reprochan a la política económica gubernamental el carácter prioritario que se concede a la cancelación de los atrasos de la deuda externa en desmedro de las necesidades internas.

Para concluir, los economistas urgen al Presidente Callejas y a su gabinete a revisar "las prioridades y estrategias de acción de la política económica y social, que deben estar orientadas hacia la construcción de un proyecto histórico de desarrollo nacional, que tenga como objetivos principales la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la defensa de la soberanía nacional y el desarrollo sostenido".

Preguntado sobre este documento, el Presidente Callejas declaró que le parecía muy "subjetivo" y les recomendó leer un artículo de la revista británica "The Economist" en que se ponderan los logros de su gobierno en materia de reducción del déficit fiscal, del mejoramiento de los sistemas tributarios y del incremento de las reservas internacionales del país. Una breve reseña propagandística de este artículo fue publicada en la prensa local en la segunda mitad de junio bajo el título: "Contrario a lo que dicen los "expertos" hondureños, Callejas ha movido la economía hondureña y a Hondura misma, afirma revista Inglesa".

La economía va de mal en peor

Las seculares veleidades del capitalismo periférico le están jugando una mala pasada al ajuste y amenazan con hacer aún más magros los modestos logros de su política de ajuste. El derrumbe de los precios internacionales del café han dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad que está reduciendo dramáticamente los ingresos de los productores, de los exportadores y del Estado hondureño.

En los primeros cuatro meses del presente año, el país exportó 773 mil sacos de café de 60 libras cada uno, por los cuales obtuvo 63.5 millones de dólares en divisas. En el mismo período de 1991 el país exportó 672 mil sacos de café de 60 libras, por los cuales obtuvo 68.7 millones de dólares en divisas. Dicho de otra manera, en el primer cuatrimestre del presente año se exportaron 101 mil sacos de café más que en el año anterior pero se obtuvieron 5.2 millones de dólares menos que el año anterior.

A los problemas creados a la economía nacional por la brusca caída del precio del café, hay que agregar los que vendrán cuando entre en vigencia el sistema de cuotas que la Comunidad Económica Europea pretende imponer al banano centroamericano a partir de enero de 1993.

En este contexto, hay dos preguntas inquietantes: ¿qué hace el gobierno para paliar el impacto de la caída del precio del café sobre los productores y exportadores del país? ¿y para tratar de alterar la decisión de la comunidad económica europea de imponer cuotas al banano centroamericano?

La producción del café en Honduras está en manos de más de 50.000 pequeños y medianos productores y su exportación en cambio, de unas 50 grandes firmas exportadoras. La brutal caída del precio internacional del café ha tenido un gran impacto entre los productores del café del país: la gran mayoría ha caído en mora con la banca local. La situación del productor cafetalero se complica más aún con las medidas de ajuste como devaluación, alza de intereses bancarios, política impositiva hacia el café y aumento en el precio de combustibles, fertilizantes, herramientas y equipo. Los productores de café señalan que para producir un quintal de café oro, se requiere una inversión no menor de doscientos cincuenta Lempiras, mientras que su precio no sobrepasa los doscientos Lempiras en el mercado interno.

El café no despierta

Para paliar la crítica situación de la caficultura hondureña el gobierno emitió un decreto, la condonación de la mora con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), banco estatal cuya cartera crediticia se especializa en la promoción de la actividad agrícola del país. Este decreto no cubre la mora de la cosecha de 1991-1992 que, según especialistas, es la mayor, ya que fue cuando los precios internacionales del café alcanzaron el nivel más bajo de los últimos 30 años. El gobierno también dio a los cafetaleros un subsidio de veinte Lempiras por cada saco de fertilizante que compren pero este subsidio entrará en vigencia hasta octubre cuando se inicien las labores de siembra para la próxima cosecha, en que se espera que los precios sigan bajando.

Además, el gobierno puso a disposición de los cafetaleros un fondo de 20 millones de Lempiras para refinanciar sus deudas. Por último, envió al Congreso una iniciativa de ley, ya aprobada, eliminando el impuesto de exportación al café cuando su precio internacional sea inferior a 70 dólares. Esta ley entrará en vigencia el primero de octubre. En los últimos meses, los precios del café ha oscilado entre 60 y 65 dólares el saco de 46 kilos.

El gremio cafetalero ha considerado estas medidas como insuficientes por lo que se ha unido para exigir una línea de redescuento a la caficultura por 100 millones de Lempiras por medio del Banco Central de Honduras para uso de los cafetaleros y los créditos que se otorguen con este Fondo deberán tener una duración de cinco años con tres de gracia. Los productores de café aprovecharon la ocasión para demandar que el subsidio de veinte lempiras que se les otorgó para la compra de fertilizantes se elevara a 40. También demanda al gobierno la creación de un fondo de estabilización para amortiguar el impacto de la caída brusca de los precios del café.

Este Fondo deberá ser creado con los ingresos que el Estado capta por la vía de la exportación del café. El banquero y político liberal Jorge Bueso Arias hizo una dramática apelación para salvar la caficultura hondureña, subsidiándola aunque se disguste el Fondo Monetario Internacional. "Todas las naciones del mundo", enfatizó Bueso Arias "dan subsidios o ayuda, aunque sean temporales, mientras dura la crisis".

Seguramente, el Presidente Callejas tendrá que escuchar las apelaciones de los cafetaleros, que producen el rubro de exportación que genera más divisas al país debido a que está en manos básicamente nacionales. Esto significará también que el gobierno dejará de percibir ingresos vitales para mostrar que su programa de ajuste está funcionando.

En cuanto al banano, Callejas viajó a Europa con sus homólogos de Costa Rica y Panamá para intentar que la Comunidad Europea reconsiderara su decisión de imponer cuotas al banano centroamericano, sin resultado. Lo mismo ocurrió con una delegación de líderes de sindicatos bananeros hondureños que viajó a Europa.

No se informó quién financió el viaje de los sindicalistas. El establecimiento de cuotas al banano a Europa ha unificado las preocupaciones del gobierno central y del movimiento sindical bananero, porque hará que el país deje de percibir 100 millones de dólares en divisas, que unos 10.000 trabajadores bananeros queden cesantes y que se pierdan unos 50 mil empleos indirectos.

El sistema de cuotas al banano detendrá, según observa el Presidente Callejas, el programa de expansión que actualmente desarrollan en el país las compañías bananeras estadounidenses. Pero este proceso de expansión bananera ha arrasado con algunas de las cooperativas campesinas bananeras más representativas del sector reformado, cuyos socios decidieron vender sus propiedades a las bananeras estadounidenses, cegados por la ilusión de derrochar alegremente y sin preocupaciones varios miles de Lempiras devaluados.

Violencia y criminalidad

El desempleo y el empobrecimiento masivo derivados del ajuste, crean el terreno apropiado para la escalada de violencia y criminalidad que sacude actualmente a la sociedad hondureña. Los robos a mano armada, las violaciones, los asesinatos a mansalva y un curioso escalamiento de los suicidios de gente joven por la vía del ahorcamiento, se han convertido en parte de la vida cotidiana de los hondureños.

Ser asaltado en plena luz del día en la vía pública forma parte de las probabilidades de quienes tienen que salir de su casa. El área céntrica de las principales ciudades se vacía en tempranas horas de la noche. La gente se desespera por llegar a sus casas cuando empieza a caer la noche. Las casas de habitación se han llenado de barrotes. En las áreas de altos ingresos las murallas se hacen más altas y aumenta el número de personas dedicadas a la vigilancia privada de las mismas. Las agencias de vigilancia privada han abierto un nuevo espacio laboral a los hondureños dados de baja de los cuarteles que son considerados como aspirantes idóneos a este empleo.

Delincuencia común y delincuencia institucional

No hay cifras exactas sobre los robos a mano armada, porque muchos no son reportados. Lo mismo ocurre con la escalada de violaciones de los últimos tiempos algunos casos de intentos de violación o de violaciones consumadas en las que se han involucrado conductores de vehículos de transporte público, han provocado en muchas damas temor a subir solas a los taxis. Pero los taxistas temen subir a sus unidades a personas que intuyen como poco honorables, sobre todo, en las noches. Varios taxistas han sido asesinados para despojarlos de las ganancias del día.

El robo y venta de automóviles robados mantiene una progresión siempre ascendente. Según la policía, en Tegucigalpa o San Pedro Sula es robado al menos un automóvil al día. Pero lo que llena de temor a los hondureños es la escalada de asesinatos que llenan las páginas rojas de la prensa periódica local. Algunos de ellos se consuman con verdadera saña o presentan las características de ajusticiamientos sumarios propios de los escuadrones de la muerte o de bandas rivales armadas. Según los datos de la policía, en los primeros cinco meses del presente año se reportaron en el país 523 asesinatos.

Esta escalada de violencia social y de criminalidad ha llamado a la reflexión a diferentes sectores de la sociedad hondureña que han generado un activo debate sobre las causas y los correctivos de la misma. Casi todos los que han opinado sobre la casualidad de esta escalada de violencia están de acuerdo en que su caldo de cultivo es la miseria y el desempleo en que vive la mayoría de los hondureños que se ha visto agravada por las medidas de ajuste estructural. En este razonamiento coinciden personalidades tan diferentes como el Jefe de la Fuerza de Seguridad Pública, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un alto prelado de la Iglesia Católica y un joven político liberal.

Otros analistas conceden una gran dosis de responsabilidad a la incapacidad de los cuerpos policiales para vigilar las ciudades y a la corrupción que impera en los cuerpos policiales y en el sistema judicial, pero la incapacidad de estos dos organismos está en la impunidad de los transgresores.

La impunidad parece a muchos observadores una causa considerable de la violencia social y la criminalidad. Esta impunidad está asociada a la incapacidad de la policía para esclarecer muchos de los crímenes que se cometen y con la lenidad y corrupción que ha imperado secularmente en el poder judicial. La impunidad se asocia a la exención que cobija a ciertos sectores de la sociedad: las minorías que controlan el poder económico y político, que se han acostumbrado a vivir en impunidad y/o los militares.

Buscando la paz por las malas

Otros participantes en el debate en torno a la violencia social han señalado la importancia de los factores culturales. Para ellos, la explicación a la violencia social se encuentra en la crisis de valores que abate a las principales instituciones sociales y políticas del país y especialmente, a la familia.

El debate acerca de las medidas para combatir la violencia ha sido muy activo. Amplios sectores de la población han pedido a los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que envíen efectivos del ejército a patrullar las principales ciudades del país junto con la policía. Los jefes de las Fuerzas Armadas han accedido, las calles de las principales ciudades son patrulladas por grupos combinados de soldados y policías.

Estos grupos de soldados y policías están autorizados para pedir a los transeúntes su identificación y registrar a cualquiera. Los denominados "operativos de desarme", causan molestias y atrasos a los transeúntes y tienen su saldo sangriento. Dos policías fueron asesinados cerca de un céntrico mercado de la capital cuando conminaron a tres maleantes a que se detuvieran. Varios policías dispararon contra un colaborador del ejército que se negó a entregar el arma que portaba. Como consecuencia las labores de registro se han vuelto más tensas ya que soldados y policías temen encontrarse con ciudadanos violentos.

La situación se complica a causa del disperso arsenal pesado que quedó a consecuencia de la presencia y protección que encontró la "contra" nicaragüense en el suelo hondureño durante la década pasada.

Casi ninguno de los notables que han intervenido en el debate en torno a la violencia ha sugerido medidas para enfrentarla. Han preferido soslayar esta cuestión y han centrado lo mejor de la discusión en el endurecimiento de las penas para los que delinquen, con una evidente división de opiniones: por un lado, los que abogan por la cadena perpetua y por otro, los partidarios de la pena de muerte.

La gran mayoría de los notables que han sido consultados sobre el tema, abogan por el establecimiento de la cadena perpetua. Han coincidido en esta posición personalidades tan dispares como el Arzobispo de Tegucigalpa, el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Corte Suprema de la República. En el lado de los que abogan por la pena de muerte se han ubicado algunos diputados que se han pronunciado porque el Congreso Nacional de la República legisle en esta dirección. En Honduras, la pena máxima es de 25 años.

El debate sobre el endurecimiento de las penas colocó una vez más en el banquillo de los acusados al sistema judicial y, especialmente, al sistema penitenciario nacional cuyo centros de reclusión son verdaderas escuelas de corrupción, crimen y tolerancia.

Como respuesta a la preocupación social, Callejas se reunió el 13 de julio en Casa Presidencial con su Ministro de Gobernación de su régimen, con el Vicepresidente del Congreso Nacional, con el Jefe de las Fuerzas Armadas, con el Jefe de la Fuerza de Seguridad Pública, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el Arzobispo de Tegucigalpa y con el Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para debatir sobre la violencia criminal. Estos notables formaron de hecho una comisión que deberá entregar en un plazo perentorio un informe en el cual cada uno de las instituciones estatales o sectores representado por ellos, deberá presentar un análisis de las causas y las medidas que deban aplicarse para controlar esta ola de violencia.

Por ahora se presume que las soluciones que propondrán los miembros de esta comisión incluirán mejoras al salario de los jueces, aumento del tamaño de la policía, fomento de la delación y otras medidas que dejarán intactas las causas estructurales y coyunturales que han creado la escalada de violencia.

Los militares son cuestionados por la sociedad civil que exige reducir la impunidad de los militares

Los militares hondureños han ido perdiendo el protagonismo que tuvieron en la década pasada, cuando Honduras fue convertida en el eje de la política contrarrevolucionaria de Estados Unidos en Centroamérica. Actualmente, el gobierno estadounidense ha reducido la ayuda militar al ejército hondureño y se declaran partidarios de su reducción. En este contexto, la subordinación del poder militar al poder civil se ha convertido en uno de los puntos de controversia del debate político nacional.

Un punto fundamental en esta controversia es la reducción del nivel de la tradicional impunidad de los militares ante el fuero civil. La violación y el brutal asesinato de una joven normalista el 13 de julio/91 ha permitido que amplios sectores se movilicen para reducir esta impunidad. Todo empezó el día 15 de julio/91, cuando el cadáver de Riccy Mabel Martínez Sevilla apareció desnudo, golpeado y sin las principales vísceras de su cuerpo.

La joven de 17 años fue vista por última vez cuando salía del Batallón de Comunicaciones donde había ido a negociar la liberación de su novio, reclutado a la fuerza para que cumpliera el servicio militar obligatorio. Eras casi las 6 de la tarde cuando la muchacha fue recogida por un pick-up amarillo para aparecer muerta dos días después. El jefe del Batallón de Comunicaciones, Coronel Angel Castillo Maradiaga, declaró haberla visto cuando salía de la unidad militar donde se había entrevistado con el capitán Ovidio Andino Coello. Comenzaron las investigaciones. El coronel Castillo Maradiaga y el capitán Andino Coello fueron llamados a declarar por los juzgados civiles. Eusebio Ilovares se declaró culpable.

El delito parecía esclarecido. Pero unos días después, el sargento denunció que varios militares de alta graduación lo habían coaccionado a declararse culpable. Las sospechas recayeron sobre Castillo Maradiaga y Andino Coello. El alto mando militar se negó a entregarlos al fuero civil y decidió juzgarlos al amparo del fuero militar, pero la Corte Suprema de Justicia declara la primacía del fuero civil. A regañadientes, el alto mando militar acató esta sentencia.

Para sorpresa de algunos, el embajador estadounidense Crescencio Arcos asumió como propia la lucha contra la impunidad de los militares, enviando muestras del pelo púbico y del semen de los sospechosos a los laboratorios especializados de la FBI con el resultado de la incriminación de Castillo Maradiaga, aunque todavía no se le ha dictado sentencia definitiva.

Con este mar de fondo, se conmemoró el 13 de julio el primer aniversario del asesinato de Riccy Mabel Martínez Sevilla. En las principales ciudades del país, sobre todo en Tegucigalpa y en su ciudad natal, La Ceiba, hubo multitudinarias concentraciones públicas de jóvenes estudiantes para reclamar justicia bajo las consignas: "castigo a los culpables" y "no a la impunidad". El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), fue uno de los patrocinadores de estas concentraciones.

El juicio contra los implicados en el asesinato de Riccy Mabel Martínez Sevilla continúa. Se espera que, evidentemente, el Juzgado Segundo de lo Criminal de Tegucigalpa falle en contra del Coronel Castillo Maradiaga y del Sargento Llovares. Así concluirá con cierto éxito una de las luchas más laboriosas emprendidas en el país para reducir la impunidad de los militares, aunque todavía queda mucha lucha que pelear.

Competencia desleal de los militares - empresarios

Otra controversia con los militares es desarrollada por el empresariado local que preocupado por la competencia de capital extranjero a la que se ven sometidos por el ajuste neoliberal, han emprendido una lucha a fondo para poner coto a la incursión de los militares hondureños en forma corporativa en las actividades empresariales del país.

Aprovechándose del poder político que han disfrutado tradicionalmente y de la tolerancia temerosa de los políticos y funcionarios estatales, los militares hondureños en forma corporativa han ampliado sus intereses en la actividad empresarial. Por medio del Instituto de Prevensión Militar (IPM), los militares han ido construyendo un pequeño imperio de empresas industriales y de servicio. Se dice que son dueños de una empresa textil y de artículos de cuero y plástico, de un banco, de una compañía de seguros, de una compañía de tarjetas de crédito, de una empresa de bienes raíces y de una funeraria y en agosto/91 se convirtieron en propietarios de la Industria Cementera Hondureña, S.A. (INCEHSA), una empresa estatal que fue privatizada a favor del IPM.

El 2 de junio Joaquín Luna Mejía, secretario general del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), cuestionó las inversiones corporadas de los militares y el monopolio en la fabricación de implementos militares para el ejército que cuenta con unos 23 mil miembros. "Es inconcebible", dijo Luna Mejía, "que se prohíba a una empresa civil fabricar botas y tiendas de campaña por el monopolio que han establecido los miembros del instituto castrense". "Los militares", enfatizó Luna Mejía, "hacen una competencia desleal, porque están inmiscuyéndose en cosas que no les corresponden". En la misma dirección se pronunció Juan Ferrera, presidente del COHEP, el 2 de julio Ferrera reconoció el derecho de los militares a intervenir, a título individual, en las actividades económicas del país pero resintió que lo hagan en forma corporada, ya que "no es posible que un ente del Estado incursione en aspectos que puedan distraer la atención de las tareas que les señala la Constitución".

Aliados peligrosos

En una comparecencia pública reciente, el General Luis Alonso Discua, Jefe de las Fuerzas Armadas, defendió el derecho de los militares a incursionar de forma corporada en la actividad económica del país. Discua aseguró que las quejas del empresariado local forman parte de "una campaña contra las Fuerzas Armadas por la diversificación de sus capitales, producto de las cotizaciones de todos sus miembros en el IPM, pero esto no corresponde a la realidad, somos hondureños, con deberes y derechos, igual que cualquier otro sector profesional".

El cuestionamiento de los empresarios locales a la política de inversiones de los militares como ente corporado no parece tener futuro porque si bien es cierto que se trata de un enfrentamiento entre dos fuerzas sociales con una alta dosis de poder económico y político, éste último inclina las cosas en favor de los militares.

La ley electoral establece que los candidatos a cargos de elección popular deben ser seleccionados por los adherentes de cada partido político en elecciones internas. Para participar en estas elecciones internas, los aspirantes deben organizarse en movimientos, tendencias o corrientes al interior de su partido que deben financiar su participación en las elecciones internas.

En esta oportunidad veremos el proceso de selección del candidato presidencial del actualmente gobernante Partido Nacional, que ya casi se ha consumado. El Partido Nacional y el Partido Liberal son los partidos políticos que dominan la escena política local porque movilizan la abrumadora mayoría del electorado hondureño.

Desde el inicio de las campañas las preferencias se concentraron en dos figuras políticamente antagónicas: Oswaldo Ramos Soto y Rodolfo (Fito) Irías Navas. Ramos Soto comenzó su campaña política, en forma un tanto solapada, desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo propio hizo Irías Navas desde su posición, más segura para estos fines, como presidente del Congreso Nacional de la República. Ramos Soto creó un movimiento político bautizado con el nombre de Oswaldista, siguiendo una vieja tradición política personalista que ha dominado secularmente al país. Irías Navas prefirió cobijarse bajo la bandera del Movimiento Nacional Rafael Callejas (MONARCA), un movimiento político creado por el actual Presidente Callejas, hace casi una década.

Para debilitar al oswaldismo, los monarquistas, como se conoce localmente a los seguidores del MONARCA, destituyeron, a través del Congreso Nacional, a Ramos Soto de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en septiembre/91, bajo la acusación de hacer política partidarista, lo que según la Constitución vigente está prohibido a los magistrados de la máxima casa de justicia. En Honduras, la Corte Suprema de Justicia puede ser electa o removida a voluntad del Congreso Nacional.

Además, se le vedó el regreso al Congreso Nacional, donde el diputado Ramos Soto había recibido un permiso para fungir como Presidente de la Corte Suprema. Esta jugada era obvia desde que Ramos Soto fue designado por la mayoría monarquista del Congreso como Presidente de la Corte Suprema.

Baile de títeres

Tras este golpe bajo, como el más seguro aspirante a la candidatura oficial del Partido Nacional, porque el MONARCA era considerado la corriente interna más poderosa del Partido Nacional. Pero se lanzó a la arena política la actual Alcaldesa de Tegucigalpa, la señora Alba Nora Gúnera de Melgar Castro. Doña Nora, como se le conoce públicamente, es heredera del caudal político de su extinto marido, el General Juan Alberto Melgar Castro, un militar que en los últimos años de su vida se reveló como un notable líder del Partido Nacional y fue jefe de estado en el período de 1975-1978.

Apoyada por una fracción de los monarquistas, Doña Nora trocó su aspiración de reelegirse en la alcaldía capitalina por la de convertirse en la candidata oficial del MONARCA. Impulsada por una competente maquinaria política, Doña Nora logró desbancar a Irías Navas, tras varios meses de intensa actividad proselitista. La supremacía política de Doña Nora sobre Irías Navas quedó confirmada por una encuesta de opinión de lo que le indujo a declinar su candidatura.

Desde entonces se desató una verdadera batalla campal entre Doña Nora de Melgar Castro y Oswaldo Ramos Soto para obtener el apoyo de los adherentes del Partido Nacional y alcanzar la candidatura oficial del partido. Ambos contendores consiguieron apoyo económico para financiar una de las campañas publicitarias más caras jamás ocurrida para decidir una elección interna. Según reveló un político cada uno gasta dos millones de Lempiras mensuales en su campaña.

A inicios del mes de junio una encuesta indujo al alto mando del MONARCA, liderado por el Presidente Callejas, a presionar a la señora de Melgar Castro para que depusiera su candidatura a favor de Ramos Soto. La señora de Melgar Castro denunció las presiones de que era objeto para que desistiera de su candidatura y apoyara la de Ramos Soto como candidatura única del Partido Nacional. La señora de Melgar Castro se dio clara cuenta entonces que no tendría más alternativa que tratar de potenciar su movimiento y de mantener la demanda de que se realizaran elecciones internas para decidir quien debería ser el candidato presidencial del Partido Nacional. A inicios de julio la señora de Melgar Castro ordenó una encuesta de opinión a una firma costarricense que determinó su superioridad sobre Ramos Soto en el electorado del Partido Nacional con lo que se inició una guerra de encuestas.

Así las cosas, en la noche del 20 de julio estalló la noticia que los líderes de la fracción monarquista que apoyaban la candidatura de la señora de Melgar Castro habían decidido negociar a su lideresa y apoyar la candidatura única de Oswaldo Ramos Soto mediante una negociación que se realizó sin contar con la señora de Melgar Castro quien se declaró en rebeldía.

Quitar y poner

Pero por último, la señora del Melgar Catro decidió ignorar la humillación a que se le había sometido y apoyar la candidatura única del abogado Oswaldo Ramos Soto quien parece que será el candidato presidencial del Partido Nacional para las elecciones del 29 de noviembre/93.

Según se ven las cosas actualmente, el rival más probable del abogado Oswaldo Ramos Soto será también el abogado Carlos Roberto Reina. El potencial electoral de Reina se ha visto incrementado por la adhesión a su movimiento político del líder Carlos Flores Faccusé. Flores Faccusé fue el candidato liberal en las últimas elecciones. También se perfila como un líder de importancia al interior del Partido Liberal el empresario Jaime Rosenthal Oliva aunque se presume que su potencial electoral está muy por debajo de Reina. Los liberales realizarán sus elecciones internas el próximo 28 de noviembre para designar su candidato presidencial.

Pero, cualquiera que sea el candidato del Partido Liberal, la próxima campaña electoral será muy intensa y apasionada teniendo en cuenta que a Ramos Soto, virtual candidato del Partido Nacional, le persigue la dudosa reputación de haber sido un cercano amigo del General Gustavo Alvarez Martínez, principal responsable de la "guerra sucia" contra líderes y activistas políticos de izquierda durante la década pasada en la que fueron asesinados varios líderes de organizaciones populares opositoras y "desaparecidos" más de un centenar de líderes y activistas de izquierda. Los activistas de los derechos humanos también recuerdan que Ramos Soto está ligado a la Asociación para el Desarrollo de Honduras (APROH), una asociación de carácter neofascista promovida por el General Alvarez Martínez que estuvo integrada por militares, empresarios, políticos y líderes sindicales de derecha. El actual Presidente de la República fue miembro distinguido de la fenecida APROH.

Continúa la ofensiva contra el movimiento popular organizado

El gobierno continúa su política de debilitamiento del movimiento popular organizado para que no pueda responder al ajuste. Uno de los mecanismos preferidos sigue siendo la promoción de juntas directivas paralelas adictas al régimen para sustituir a las juntas directivas electas por mayoría.

Hacia fines de mayo, el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras (SITRATELH) celebraba en la ciudad oriental de Danlí un congreso para elegir una nueva junta directiva al que asistían 36 delegados. Al momento de la elección, siete delegados decidieron retirarse alegando no estar de acuerdo con el mecanismo de elección.

Estos siete delegados realizaron un congreso paralelo que se vio reforzado con empleados de confianza, en el cual se seleccionó una junta directiva paralela que fue inscrita por el Ministerio de Trabajo con toda celeridad.

La junta directiva del SITRATELH electa por el congreso legal impugnó la inscripción de la junta paralela sin resultado. Lo mismo ocurrió con las denuncias públicas que con el mismo propósito patrocinó la Federación Central de Sindicatos de Trabajadores Libres de Honduras (FECESITLIH), a la que está afiliada el SITRATELH. Con la imposición de esta junta directiva paralela se pretende debilitar la política de resistencia a la privatización de la empresa y al consecuente despido masivo de trabajadores que mantuvo la junta directiva anterior del SITRATELH y que sigue siendo mantenida por la junta directiva depuesta por la acción ilegal del Ministerio de Trabajo.

Para evitar que los trabajadores puedan articular una posición de defensa ante el despido masivo, que ya se consumió en la Secretaría de Caminos, Obras Públicas y Transporte (SECOPT) o que se está consumando en el Instituto Nacional Agrario, en junio tuvo lugar el nacimiento de juntas directivas paralelas en el Sindicato de Empleados Públicos de Caminos, Mantenimiento de Aeropuertos y Terminales (SEPCAMAT) y en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA). El despido de más de 2000 trabajadores de SECOPT se relaciona con la política gubernamental de privatizar la mayoría de los servicios que ofrecía la institución.

El gobierno también explota el paralelismo en el movimiento campesino organizado para manejar el problema surgido a consecuencia de las tomas de tierras realizadas por grupos campesinos afiliados al Comité Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) el 7 de mayo y para avanzar en la ejecución de su Ley de Modernización Agrícola. Amparados por las gestiones de una comisión del Congreso Nacional, los campesinos ocupantes se comprometieron a abandonar las tierras ocupadas en las cuales no habían causales de afectación y se quedaron en aquellas en las cuales sí concurrían causales de afectación, con la esperanza de que se las adjudiquen legalmente.

El gobierno ha prometido la adjudicación de unas 17 mil manzanas de tierras de las cuales disfrutarán no solo los campesinos ocupantes sino que también los núcleos campesinos afiliados a organizaciones campesinas nucleadas en el progubernamental Consejo Nacional Campesino (CNC), que no participaron en las ocupaciones de tierras. Las organizaciones campesinas agrupadas en el COCOCH se quejan de la marcada preferencia que muestran las instituciones estatales hacia los campesinos que pertenecen a organizaciones campesinas afiliadas al CNC, que apoyan la Ley de Modernización Agrícola a la que se opone el COCOCH.

Dividir para vencer

El gobierno intenta debilitar las bases de apoyo del COCOCH presionando a la ANACH para que se retire del COCOCH y que retire su adhesión al CNC. Esto ha ocurrido recientemente. En un comunicado del 13 de julio el Consejo Directivo Nacional de la ANACH anunció su decisión de "retirarse del COCOCH debido a que esta organización se estaba entrometiendo en nuestra política interna y dándose a la tarea de denigrar a nuestros dirigentes en forma irresponsable con la única intención de dividir a la ANACH" e "incorporarse de lleno al Consejo Nacional Campesino (CNC) por ser una organización acorde con nuestros objetivos y propósitos".

Para debilitar otra organización opositora, los líderes cooperativos adictos al gobierno han anunciado el retiro de la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC) del seno de las organizaciones que integran la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras. Se dijo que ocho de las nueve organizaciones cooperativistas que se aglutinan en la CHC votaron a favor de su retiro de la Plataforma, que fue en sus inicios el más ambicioso y esperanzador proyecto unitario del movimiento popular hondureño organizado. Por último, la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras se debate actualmente en una crisis que puede llegar a poner en peligro su existencia como organización.

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Hay que acabar con el trauma del terror, hay que impedir otra guerra

Honduras
Ajuste de cuentas al ajuste

Guatemala
Desgaste generalizado y pierden los de siempre

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web