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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 128 | Julio 1992
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Nicaragua

La inversión extranjera hoy

Pese a los ingentes esfuerzos gubernamentales, la inversión extranjera no llega a Nicaragua. El gobierno acusa al pueblo por esto. Sin embargo, cabría preguntarse qué atractivos ofrece Nicaragua a un inversor. Y también, qué inversores son realmente atractivos para Nicaragua.

Equipo Envío

Hay quienes creen que la inversión extranjera es la solución para todos los problemas económicos de Nicaragua y que, en consecuencia, se la debe promover a cualquier costo. Pero hay muchos tipos de inversión: en un extremo está la inversión que sólo extrae la materia prima e inflige daños irreparables a los recursos del país; al otro extremo, está la que verdaderamente ayuda al desarrollo de Nicaragua.

Hasta ahora, ha habido muy poco éxito en atraer la inversión a Nicaragua, aunque sí hay inversiones nuevas en la maquila, en la pesca y, por supuesto, en el comercio. Todos le echan la culpa de esta situación a la inestabilidad nacional pero tienen diferentes ideas sobre la causa de esta inestabilidad. Para el gobierno, son los trabajadores sandinistas rebeldes o los revueltos inquietos y belicosos. Pero no admite que detrás de estas rebeliones está el plan económico del gobierno que está llevando a estos sectores del pueblo a la desesperación.

Los recursos más importantes y atractivos para la inversión en Nicaragua son los recursos naturales, la mayoría de los cuales están ubicados en la Costa Atlántica. Surgen, entonces, otras consideraciones importantes con respeto a la inversión, como los efectos ambientales y la cuestión de la autonomía de los pueblos de la Costa. Y aunque el gobierno mantiene un discurso muy positivo sobre estos dos temas, los mecanismos para garantizar la protección ambiental y el respeto a la autonomía han fallado en la práctica, por lo menos cuando se trata de inversiones cuantiosas como en el caso de la concesión forestal a una compañía taiwanesa, al fin rechazada después de una fuerte presión nacional e internacional.

¿Qué tipo de inversión queremos?

Se afirma que la inversión es buena porque puede ayudar en momentos de crisis de capital en el país, por la posibilidad para la transferencia de tecnología ante las limitaciones de la industria nacional, y por el aumento de puestos de trabajo. Pero la historia de la Costa Atlántica de Nicaragua demuestra las limitaciones de este criterio. Por muchos años, la Costa estuvo a merced de las compañías extranjeras que explotaron los recursos naturales del país y, simplemente, se fueron cuando los agotaron.

Los gobiernos quieren atraer la inversión porque trae divisas al país. Pero conviene ser cuidadosos y establecer garantías porque en muchos casos, los inversionistas obtienen créditos en el país recipiente para construir o adquirir activos. Además, son precisos controles sobre la repatriación del capital. La ley nicaragüense la permite para los que se acogen a la ley, después de tres años. Con respecto a la transferencia de tecnología, los expertos señalan que puede ser más barato y ventajoso comprar la nueva tecnología para evitar una inversión indeseable por otras razones.

¿Cómo sería una buena inversión? Para empezar, la materia prima extraída en Nicaragua no debe ser exportada directamente, sino que la industria que le agrega valor debe ser ubicada en Nicaragua también. Y por otro lado, la mayoría de los insumos de materia prima para la industria deben ser producidos en el país para vincular la producción con otros sectores económicos y tener un efecto multiplicador en la economía. Es decir, que no es inteligente desde el punto de vista económico exportar el algodón, sino que se debe hacer la tela, y además producir aquí la ropa; y por su parte, una empresa que fabrica ropa, no debe importar tela, sino comprarla de otras empresas nacionales.

Especialmente beneficiosas serían las industrias que trajesen nuevas tecnologías al país. En la pesca hay inversionistas interesados, según el Ministerio de Economía y Desarrollo (MEDE), no solo en pescar el atún, sino también en establecer una planta para enlatarlo.

También suelen ser más beneficiosas y menos dañinas los "joint ventures," o coinversiones entre capital nacional y extranjero. Además, la inversión debe ser de mediano o largo plazo, de manera que se protejan los derechos laborales de los trabajadores y se cuide el medio ambiente y los recursos naturales para las generaciones futuras. De nada sirve sacar al país de sus deudas hoy cortando y exportando los bosques que aún le quedan, si mañana todos nos morimos de hambre por las consecuencias. Y si no hay controles fuertes, es casi inevitable que los recursos sé derrochen irracionalmente.

Los inversionistas, nacionales y extranjeros aceptan más controles y menos ganancias donde los riesgos son más bajos. Una preocupación con respecto a Nicaragua es que actualmente se ve como un país de "alto riesgo". Al gobierno no le conviene ser excesivamente generoso para atraer la inversión. Los daños podrían ser irreparables.

¿Por qué no ha llegado más inversión?

Históricamente, Nicaragua ha recibido menos inversión que sus vecinos centroamericanos debido, en gran parte, a los sobornos que demandaba el dictador Anastasio Somoza, y al bloqueo económico y político que sufrió el país durante la Primera Década Sandinista. En la actualidad, la crisis económica mundial ha afectado la capacidad de inversión a nivel internacional. Además, el patrón de inversiones multinacionales se ha modificado. Los inversionistas prefieren estar cerca de su principal mercado, y México, por ejemplo, está más cerca del mercado estadounidense.

La disponibilidad de infraestructura y servicios que ofrece el país es también una importante consideración para la inversión. Solo el problema de los cortes de energía eléctrica puede hacer que un inversionista potencial cambie de idea, y no venga a Nicaragua.

Los problemas de la propiedad que todavía no han sido resueltos también asustan a potenciales inversionistas. Su preocupación por posibles tomas de empresas y otras propiedades, está agravada por la falta de solución de ese problema. El gobierno ha recibido un buen consejo del Banco Mundial: legalizar la propiedad "a todos los que esté en posesión legal de ella, es decir que posean título de propiedad; títulos de reforma agraria entregados por el actual o anterior gobierno; o certificado de posesión que otorgue el INRA (Instituto de Reforma Agraria)".

Otros problemas importantes con respecto a la atención de la inversión han sido la guerra recién terminada; una fuerza de trabajo organizada y que no es tímida para protestar por políticas laborales injustas; y grupos rurales armados de "recompas" y "recontras" que demandan soluciones a la aguda crisis rural. La palabra con que se denominan todos estos fenómenos es "inestabilidad" y, generalmente, se hecha la culpa para esa inestabilidad a los que protestan. Pero eso depende de la perspectiva. Es preciso tener en cuenta el nivel de inestabilidad muy real que ha causado el programa de ajuste estructural impuesto en toda América Latina, una inestabilidad que se ha manifestado de diferentes formas en cada país. Pero además, en Nicaragua, el pueblo ha aprendido a organizarse, protestar y hasta alzarse en armas cuando lo cree necesario y esta inestabilidad se manifiesta en huelgas, manifestaciones y la rebelión rural armada.

Los sandinistas, ¿responsables de la inestabilidad?

El gobierno y la empresa privada lo simplifican todo y echan la culpa de la inestabilidad a los sandinistas. Pero la inestabilidad que ha inducido la política económica neoliberal ha sido demostrada no solo en Nicaragua, sino también en Venezuela, Perú y Colombia. Son pocos los que niegan que los pobres son cada vez más pobres en América Latina a causa de las políticas de ajuste estructural, pero los que promueven estas políticas aseguran que esta etapa de más sufrimiento es transitoria y que la luz se ve al final del túnel.

Los que han aprendido a protestar no tienen la responsabilidad de haber generado la inestabilidad; la protesta es la respuesta legítima de un pueblo organizado a la inestabilidad que le hace sufrir. Sería más correcto echar la culpa por la protesta (no por la inestabilidad) a los sandinistas. No porque actualmente la estén organizando, sino porque el FSLN jugó un papel clave en el aumento de la capacidad de organización y protesta del pueblo en general. Puesto que los funcionarios del gobierno frecuentemente citan el caso de Chile como modelo para su política económica, tal vez la clave para atraer la inversión a Nicaragua sea simplemente el surgimiento de otro Pinochet.

La gran mayoría de los recursos nicaragüenses que pueden atraer a los inversionistas son los recursos naturales: pesca, madera, minería y energía hidroeléctrica. Representantes del gobierno afirman que hay mucho interés en todos ellos, pero que hasta ahora la inversión ha sido escasa. También ha habido interés y alguna inversión en la maquila. Por otro lado, en el comercio ya hay bastante inversión, como puede ver cualquiera que camine por las calles de Managua, aunque se trata, en su mayoría de inversión nacional y no extranjera. Hay por lo menos cinco nuevos supermercados grandes, nuevos restaurantes, panaderías y tiendas de ropa, computadoras y otras especialidades. Esta inversión es de "poca riesgo" de corto plazo, sirve a los sectores más acomodados y trae poco beneficio al desarrollo del país.

Juan Fernando Ramírez, coordinador del Programa Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, constata que solo hay una inversión de seis millones de dólares hasta ahora, para el procesamiento de madera y, aunque hay mucha potencial en la minería, en oro, plata, mármol, cemento, cobre y otros, apenas empieza el proceso de licitación de las minas existentes; una compañía canadiense ganó recientemente la licitación de la mina de oro La Libertad. Además, ha habido nuevas inversiones en el cultivo de productos agrícolas no tradicionales, en la banca privada y en algunas industrias existentes que han expandido sus operaciones, como la Esso.

Maquila: los inversores que sí llegan

Desde octubre 1991, tres nuevas empresas maquiladoras se han acogido al espacio ofrecido en la Zona Franca Industrial de Nicaragua: dos empresas textileras y una de refinamiento de oro. Según el arquitecto Sergio Zamora, gerente general de la Zona Franca, las textileras "Neptuno" y "Ronaco" son coinversiones entre capital nicaragüense y estadounidense, y la refinadora de oro "Crecen" es mayoritariamente estadounidense, con algún capital costarricense. Fuera de la Zona Franca, no hay nueva inversión en maquila, sino reactivación de las empresas existentes. La gran mayoría de los nuevos inversionistas extranjeros, que generalmente no están muy familiarizados con el país, prefieren la infraestructura administrativa disponible en la Zona Franca.

A pesar de los recortes de energía eléctrica, Nicaragua ha logrado captar estas nuevas inversiones, porque ofrece varias ventajas sobre otros países. Según Zamora, una de las empresas textileras se trasladó de Guatemala a Nicaragua para evitar las cuotas de exportación de textiles a los Estados Unidos que tiene ese país; el alquiler de las instalaciones es más barato aquí que en Honduras; los sueldos aquí son mucho más bajos que los de Costa Rica; y, además, los trabajadores nicaragüenses tienen una reputación de ser más productivos que los trabajadores hondureños o costarricenses. También mencionó que en la República Dominicana hay problemas con la energía eléctrica aún más grandes que en Nicaragua.

En la Zona Franca también operan tres empresas estatales: la zapatería "Pronto", el productor de perfiles de aluminio "NICALUM" y la maquiladora de blue jeans "ENAVES", cuyos cierre parece ser inminente. Estas seis empresas juntas ocupan 25,000 metros cuadrados, casi todo el espacio disponible hasta ahora. Solamente el 26 por ciento del parque de 57 hectáreas está construido.

Con la nueva construcción y remodelación que se hará mediante un préstamo de siete millones 600 mil dólares del Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), llegará a aproximadamente el 35 por ciento. Según Zamora, el Sistema Penitenciario Nacional se comprometió a abandonar a mediados de este año el local que actualmente utiliza como cárcel y que está ubicado en la Zona, lo que desocuparía otros ocho mil 600 metros cuadrados. Zamora afirma que hay mucho más interés que espacio. Tiene 10,000 metros cuadrados confirmados entre varias compañías estadounidenses, taiwanesas, coreanas, e italianas y demandas para 18,000 más.

¿Qué beneficios nos trae la maquila?

Pero, ¿qué beneficio real trae este tipo de inversión a Nicaragua? Uno de los supuestos beneficios es el aumento en las exportaciones nacionales. Pero, estas seis industrias sólo exportaron un total de un millón 200 mil dólares en los primeros cuatro meses de este año. Si siguen a ese ritmo, y si las exportaciones totales del país llegan otra vez a un total alrededor de 300 millones de dólares para 1992, las exportaciones de la maquila solo llegarán a constituir un poco más del uno por ciento del total.

Uno de los beneficios de que más se habla con respecto a la maquila es la apertura de fuentes de trabajo. Zamora afirma que las seis empresas emplean 1,021 trabajadores, pero si este número es correcto, resulta que la gran mayoría están ocupados en las tres empresas estatales. El gerente administrativo de "Crecen", Noel Latino, afirma que solo emplea 121 trabajadores, y "Barricada" reporta que "Neptuno" solo emplea a 115. Aún si es cierto que las seis empresas que ocupan 25 mil metros cuadrados emplean a mil 21 trabajadores, afirmaciones como los que publica "La Prensa", citando a Zamora, probablemente son exageraciones. Tendrían que promover un uso mucho más intensivo del espacio para que los ocho mil metros actualmente ocupados por el Sistema Penitenciario puedan generar 1,500 puestos, o que la Zona Franca pueda generar un total de 8,000 puestos dentro de dos años, como informó ese periódico.

Los sueldos en la Zona Franca, según Zamora, andan por un promedio de 57 centavos por US dólar por hora (2.85 córdobas), en comparación con US$ 1.50 en Costa Rica. Sin embargo, trabajadores de las empresas estatales declaran que ellos reciben sueldos y beneficios muchos mejores que los trabajadores de las empresas privadas. Y el gerente de "Crecen", en entrevista con envío, se negó en repetidas ocasiones a revelar los sueldos que esa empresa paga a sus trabajadores; expresando solamente que "estamos por el salario mínimo que está autorizado por el gobierno... Incluso el Código de Trabajo dice que, como son aprendices en una nueva tecnología, se les puede dar menos que el salario mínimo... Y estamos por encima de eso".

Los bajos sueldos son una de las "ventajas" más importantes que busca un inversionista. Según Zamora, las maquiladoras textileras salieron de Costa Rica por el aumento significativo que tuvo el salario mínimo en los 80's. Esto demuestra que la maquila es una rama con consecuencias contradictorias: por un lado, puede ofrecer puestos de trabajo donde hay mucho desempleo, pero por naturaleza, la maquila atenta contra cualquier mejora en los salarios de los trabajadores.

Además, los inversionistas en maquila prefieren buscar regímenes autoritarios donde no haya sindicatos o donde éstos no tengan ningún poder. Ninguna de las tres empresas privadas en la Zona Franca tiene sindicato. Aunque Latino dice que aceptaría cualquier organización "razonable," también se refirió a algunos trabajadores interesados en formar un sindicato como "rebeldes," que se fueron de la empresa "por su propia cuenta", aseguró.

Maquilas sin sindicatos

Los trabajadores de la maquila, en su mayor parte mujeres (Zamora estima un 70 por ciento en toda la Zona Franca, Latino estima 90 por ciento en "Crecen"), están protegidos por las mismas leyes del país que cualquier otro trabajador. Puesto que las leyes sobre salud y seguridad ocupacional casi no existen, algunos analistas están preocupados por el tipo de industria que podría llegar a través de la promoción de la maquila. La falta de restricciones sobre el uso de insumos tóxicos en la producción es una "ventaja" para algunas industrias, que podría traer sus operaciones peligrosas a Nicaragua, amenazando la salud de los trabajadores y especialmente a las mujeres que son más vulnerables a ciertas sustancias, por posibles daños asociados con el embarazo.

Es preciso esperar a ver qué ocurre con los trabajadores en las empresas taiwanesas y coreanas. Esos países tienen la costumbre de "incentivar" a los trabajadores por medio de medidas represivas. Sin sindicatos, será mucho más difícil para los trabajadores negociar. Zamora asegura que ya ha hablado abiertamente con los inversionistas asiáticos sobre cómo evitar conflictos culturales y que los administradores de la Zona Franca también vigilarán por los derechos de los trabajadores. Un pobre sustituto de un sindicato.

Zamora también afirma que la maquila trae la capacitación gratis de los trabajadores en nuevas tecnologías, además de la transferencia tecnológica a Nicaragua. Sin embargo, esta aseveración es un poco absurda. Por definición, en las maquiladoras solo se hace trabajo a destajo - una pequeña parte del proceso industrial - en cada país donde hay plantas. Si los trabajadores se capacitasen en un nuevo proceso, sería una habilidad de uso muy limitado, igual que cualquier nueva tecnología importada por cualquier industria.

Zamora también sugiere que, en algunos años, habrá "integración vertical" con la economía local, es decir, que las maquiladoras empezará a comprar parte de sus insumos en el mercado nacional. Esto sí ha ocurrido en algunos casos, pero en la gran mayoría no hay tal "integración vertical".

La compra de insumos podría interferir con la movilidad, y la maquila, por su naturaleza, es muy móvil. Si de repente las ventajas parecen mejor en otro país, es fácil trasladarse. Las condiciones que podrían fomentar dicho traslado incluyen el incremento de salarios, sindicatos activos o leyes exigentes sobre salud y seguridad laboral a las que se supone que se aspira en Nicaragua. A causa de la "atracción" a los inversionistas de condiciones que podrían incluir un abuso de los derechos de los trabajadores o condiciones laborales peligrosas, muchos activistas abogan internacionalmente por una "carta social" que dificultaría la competencia entre las transnacionales a costa de los trabajadores.

Interés de los inversionistas en la pesca

La pesca es una área en que ha habido mucho interés de parte de inversionistas extranjeros, aunque, como en lo demás, todavía hay poca inversión. Se considera uno de los recursos más abundantes y menos aprovechados que tiene Nicaragua. Más del 80 por ciento de estos recursos están ubicados en la Costa Atlántica. El director del Instituto de la Pesca (INPESCA) Javier Morales afirma que solo el 35 por ciento del "potencial óptimo sostenido", entre pescado y mariscos, está actualmente aprovechado.

Sin embargo, ambientalistas nacionales han expresado preocupación por la vigilancia de los recursos marinos. Las licencias para pescar están autorizadas sin ninguna revisión del impacto ambiental y el único "control" ambiental que existe estriba en que Jaime Incer, Ministro del Instituto de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA), es miembro de la junta directiva de INPESCA. Además, con la decisión reciente de incorporar INPESCA al MEDE, no queda claro si este mínimo control continuará existiendo.

Tres empresas estatales importantes en Bluefields, el astillero de El Bluff, PROMAR y PESCASA, están alquiladas con opción de compra a inversionistas extranjeros o a coinversionistas extranjeros y nicaragüenses. Esto no se considera "inversión" porque, hasta después de que compren las plantas, estas compañías solo brindarán el capital de trabajo. Además, Ray Hooker, recién elegido presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y diputado a la Asamblea Nacional, afirma que PESCASA no esta funcionando, porque el gobierno central decidió alquilarla a una compañía que no tiene capital. aunque según el arreglo tendría que haber empezado en abril.

Según Morales, una empresa con capital colombiano y dos con capital estadounidense están instalando tres nuevas plantas procesadoras de mariscos en Puerto Cabezas. También hay interés en la compra de las dos plantas estatales en el Pacífico, San Juan del Sur y Corinto, que serán ofrecidas en licitación pública.

Además del interés en estas plantas, el gobierno ha autorizado docenas de licencias para pescar camarón, langosta y pescado en aguas nicaragüenses. El gobierno también afirma tener interés en productos "no tradicionales" del mar, como atún, tiburón y calamar. Pero estos pescadores no tienen la obligación de vender su captura a las plantas locales, y así contribuir un poco más a la economía nacional. Según Morales, el año pasado los barcos colombianos y soviéticos llevaron su pesca a otros países.

El atractivo de los camaronicultura

Otra inversión atractiva es el cultivo de camarones, o camaricultura. INPESCA tiene un plan de desarrollo de seis años de este proyecto, con lo que contempla cultivar siete mil hectáreas de camarón en el Estero Real, al noroeste de Nicaragua. Ya tiene solicitudes de compañías extranjeras para cuatro mil hectáreas. Algunas empresas extranjeras ya están realizando estudios de factibilidad.

Pero aunque brindan nuevas posibilidades de empleo, las demás inversiones de pesca que son apenas "inversiones", o en plantas empacadoras, consisten otra vez en la extracción de recursos sin promover de ninguna forma el desarrollo del país. Una inversión que sí ayudaría al desarrollo consistiría en no solo pescar el atún, sino también en el establecimiento de una planta enlatadora en el país, un proceso industrial nuevo para Nicaragua. Juan Fernando Ramírez, coordinador del Programa Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Economía (MEDE), declara que "hay una buena posibilidad" de lograr tal inversión; han expresado interés inversionistas de Japón, Estados Unidos, México y Venezuela.

Estrategia y prioridades del gobierno

Desde la oficina de Ramírez, el gobierno está lanzando una campaña internacional para atraer la inversión a Nicaragua. Con la ayuda de folletos lustrosos, y videos y de bancos de datos, sobre el país en general y sobre las oportunidades específicas para la coinversión, esta oficina, según Ramírez ha empezado a entrenar a los cónsules nicaragüenses para establecer organismos voluntarios de apoyo también en otros países y a participar plenamente en varios foros internacionales, todo con el fin de promover la inversión. Además, espera tener recursos en un futuro cercano para aprovechar el "telemarketing," con la esperanza de ayudar a mejorar el imagen internacional de Nicaragua como país inestable.

La estrategia del gobierno incluye promover la expansión de las transnacionales que actualmente operan en Nicaragua, ESSO y la tabacalera British Tobacco Corporation, para ponerlas como ejemplo y atraer a otros inversionistas. Ramírez cree que son necesarias algunas compañías grandes para atraer a otras más pequeñas y, en algunos casos, para hacer posibles las pequeñas inversiones: en la camaronicultura, por ejemplo, se necesita una compañía grande para generar la larva del camarón para que las compañías pequeñas tengan el abastecimiento garantizado. Por otro lado, afirma, la inversión ya dejó de ser solamente un asunto de transnacionales que traen sus fábricas a Nicaragua; el gobierno tiene más interés en promover la coinversión entre capital extranjero y nacional.

La coinversión permite más control local de los recursos y promueve mejor la transferencia tecnológica. Además, generalmente no alteran el balance de poder local como lo hacen las transnacionales.

Con Chile como ejemplo, las prioridades del gobierno, según Ramírez, son la agroindustria y la industrialización de los recursos naturales, tal como el enlatado de pescado y el procesamiento de madera para hacer plywood o muebles. Otras inversiones, como el turismo, el transporte y la maquila, son complementarias, pero no estratégicas. Las prioridades del gobierno, parecen encajar perfectamente con "la buena inversión" descrita anteriormente.

Qué plantean los documentos del gobierno

Pero otros documentos del MEDE mencionan otras prioridades. Uno de ellos es el que se entrega a los inversionistas y se llama "Basic Information for the Investor" (Información Básica para el Inversionista). En él se explica claramente que "se ha dado la más alta prioridad a inversiones en exportaciones agrícolas no-tradicionales," que tienen poca posibilidad de promover la industrialización y el desarrollo del país. Los cultivos no-tradicionales más comunes en América Central - como el melón, la arveja china y el bróculi - no implican ningún tipo de procesamiento industrial. Aunque es claro que la diversificación de cultivos en sí no es mala, la agricultura no tradicional generalmente trae consigo el uso excesivo e intensivo de agroquímicos peligrosos, con todas las consecuencias ambientales y en la salud que ésto implica; y riesgos económicos significativos por lo que no debe ser la más alta prioridad para la inversión.

Otro documento del MEDE, Lineamientos Generales para una Estratégia Nacional de Desarrollo 1991-2000, en una versión preliminar de noviembre 1991, afirma que el desarrollo futuro estará basado en dos estrategias: el procesamiento de los recursos naturales, tal como explicó Ramírez, y los "procesos de producción no integrados a nivel local, que forman parte de cadenas de multinacionales de producción y utilizan intensivamente la mano de obra nacional": dicho en otras palabras, la maquila.

La estrategia general del gobierno de Nicaragua parece ser la de aceptar cualquier inversión que llegue, aunque la inversión brinde poco o ningún beneficio al país, con la esperanza de traer más adelante las inversiones industriales que preferiría. Queda claro que hay muchos en el gobierno, una mayoría, que cree que la inversión es buena en sí misma y que cualquier inversión -aunque sea dañina a largo plazo - es mejor que nada.

Y mientras el gobierno de Nicaragua afirma que una de sus preocupaciones más importantes es la protección del medio ambiente y los recursos naturales, las estructuras que deben garantizar una evaluación ambiental efectiva con respecto a las propuestas de inversión parecen ser muy débiles en la práctica. Esto quiere decir que inversiones que hacen más daño que bien podrían ser aprobadas. Si una reacción sumamente fuerte a nivel nacional e internacional no se hubiese forzado el rechazo de la concesión forestal a la compañía taiwanesa Equipe de Nicaragua -una compañía obviamente incompetente en métodos sostenibles de extracción forestal- y esa concesión hubiera seguido "cumpliendo" sin obstáculo el proceso de aprobación. Las otras inversiones que el gobierno ha rechazado son las relacionadas con la descarga de desechos tóxicos.

Fallas en el sistema

La Ley de Inversión Extranjera ofrece ciertas garantías y beneficios además de obligaciones de parte del inversionista, y fue reglamentada recientemente. Esta ley solo cubre a los inversionistas que quieran acogerse a ella, lo que quiere decir que no hay ninguna ley nacional que realmente regule la inversión. Varios funcionarios del MEDE afirmaron que un inversionista puede llegar a una municipalidad y hacer su arreglo directamente, sin pasar por ninguna instancia central. ¿Quién, entonces, decide si una inversión va a beneficiar a Nicaragua? ¿O si va a hacer más mal que bien?

Joaquín González, director de Inversiones Extranjeras del MEDE, señala que la Ley de Inversión Extranjera requiere que cualquier inversión tenga el aval del Instituto de Recursos Naturales y el Ambiente (IRENA), pero no explica como se aplica esto a los que no quieran acogerse a la ley. Edgar Sotomayor, director de la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional del Ambiente y Ordenamiento Territorial (CONAMOR) del MEDE, expresa que la mayoría de las inversiones de infraestructura están financiadas por los organismos internacionales, como el Banco Internacional de Desarrollo, que demandan informes del impacto ambiental. De una forma u otra, insistió González, si una inversión tiene impacto ambiental, IRENA se dará cuenta.

Ramírez asegura que cualquier inversión en recursos naturales tiene que pasar por el MEDE. Para pescar o cortar árboles, por ejemplo, se necesita licencia. Pero también admite que "hay un gran problema en cuanto a la normativa de los recursos naturales. Todavía no estamos claros de si es Economía, si es IRENA, si es otra cosa. Eso tenemos que resolverlo". Un buen ejemplo es el caso del petróleo, actualmente manejado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), la distribuidora de energía, que no debe estar encargada de dar concesiones para exploraciones petrolíferas.

La autonomía de la Costa Atlántica no está contemplada

Otro vacío de los mecanismos para la aprobación de las inversiones extranjeras tiene que ver con la autonomía de la Costa Atlántica. Según Ray Hooker, "la ley de Autonomía dice que para cualquier programa que el gobierno central quiera efectuar en las regiones autónomas, los entes autónomos tienen que participar, no solamente en la planificación, sino en la ejecución del programa. En otras palabras, que el gobierno central no puede efectuar ningún programa importante que afecte a los recursos naturales de la región sin la consulta, participación y aprobación de los gobiernos autónomos."

En la práctica, el gobierno central ignora este reglamento. INPESCA, no ha informado al gobierno del Atlántico Sur que el arreglo para alquilar las plantas PROMAR y PESCASA a compañías extranjeras incluye la opción de compra después de tres años. Después de conflictos continuos entre el gobierno central y los gobiernos regionales sobre el manejo de la pesca, el gobierno central se comprometió a eliminar INPESCA y establecer una nueva instancia donde los gobiernos de la Costa tendrían participación y poder de decisión. Este cambio, según Hooker, tenía que ocurrir antes de enero de este año, y el gobierno no ha cumplido. Tampoco ha informado a los gobiernos costeños sobre la actual decisión, recién anunciada, de trasladar INPESCA al MEDE.

Los gobiernos regionales tampoco han participado de ninguna forma en el proceso de privatización de las minas. El gobierno central ni siquiera los mantiene informados. Por su parte, la organización Sumo SUKAWALA acaba de emitir un comunicado criticando a IRENA por haber autorizado el corte de árboles "indiscriminadamente", a la compañía FISONIC, que no cuida ni preserva el bosque, en nueve de sus comunidades y sin ninguna consulta con ellas.

Concesión taiwanesa: ¿qué pasó a nuestras espaldas?

El mejor ejemplo de una inversión importante que atentó contra todas las normas ambientales y el respeto a la autonomía es el caso de la concesión forestal a la compañía Equipe de Nicaragua, S.A. Es inaudito que con un gobierno que afirma tener una alta conciencia ambiental, esta concesión atroz casi llegó a ser realidad. Pero, además una concesión en una parte de la Costa Atlántica tan grande, con un bosque tan importante, fue casi aprobada sin consultar ni con los gobiernos autónomos ni con las comunidades afectadas. No hay duda de que sin la oposición fuerte que hubo a esa concesión, esta inversión hubiera sido aprobada. Según Roberto Araquistain, Director Forestal de IRENA, "los diarios a nivel internacional y nacional influyeron muchísimo en que se hiciera la cosa de mejor forma".

El 5 de agosto de 1991, IRENA firmó el Permiso de Exploración y Convenio de Aprovechamiento Forestal, Productos y Sub-Productos, con la compañía Equipe de Nicaragua, S.A. Al mismo tiempo, una delegación de expertos forestales dirigida por Araquistain, estaba visitando Malasia para analizar la capacidad de esa compañía de manejar un proyecto forestal sostenible. Su informe hizo surgir grandes dudas sobre este tema. Afirma que "se puede decir que el solicitante no se dedica al manejo forestal sino a la instrialización de las trozas que le son vendidas. Por lo que la delegación pudo observar, el solicitante no lleva a Nicaragua experiencia en manejo forestal y queda por determinar quién proveerá ésta. El manejo forestal en Malasia es en gran parte el resultado de una capacitada administración forestal pública y una frontera agrícola estable."

Respecto a la posibilidad de que IRENA podría asumir un papel similar desempeñado por el gobierno de Malasia, Araquistain señaló a Envío su imposibilidad: Nicaragua tiene 53 empleados forestales en comparación con siete mil de Malasia.

El informe de la delegación también señaló errores importantes en la solicitud de los taiwaneses, destacando el que se refiere al período de maduración de las plantaciones de árboles, que sería de 6 a 7 años, cuando los pinos del noreste de Nicaragua maduran en un mínimo de 20 años. "Estas observaciones - señala el informe - indican que la Empresa no dispone de expertos forestales." Araquistáin afirma que los taiwaneses "hicieron un documento de poco valor, para salir del paso."

El Ministro Incer defiende la inversión y oculta información

A pesar de estas indicaciones, el gobierno firmó una Acta de Intención con Equipe de Nicaragua el 26 de agosto. Fue en estos días cuando la información sobre el caso filtró a los grupos ambientalistas, a los medios de comunicación y a los dirigentes de la Costa Atlántica. El 3 de septiembre, el ministro Incer sostuvo una reunión con los ambientalistas. Según Jaime Guillén y Kamilo Lara de la Fundación Nicaragüense para la Conservación y el Desarrollo (FUNCOD), Incer explicó que no había ningún acuerdo concreto todavía, que el arreglo era muy preliminar y sugirió que el informe de Malasia demostraba que había posibilidades de una buena inversión, lo que contradice ese informe.

Incer opinaba que hay que "dar oportunidad a esta inversión que pudo venir de Taiwan u otro país, estudiarla, presentar un plan de manejo ecológicamente sano, técnicamente factible, socialmente beneficiable, luego negociar cuál sería el beneficio que al país acarrearía una empresa de esta naturaleza que presenta un compromiso de protección de la regeneración natural, plantaciones en áreas ya desforestadas, pago de supervisión del proceso de manejo... Hay interés en estudiar esta opción, trabajar en esa línea".

Fue después de esto que salió a la luz el convenio que habían firmado dos representantes del Equipe y Patricio Jerez, subdirector general de IRENA, el 5 de agosto, que explícitamente "confiere el derecho [a Equipe de Nicaragua] de extraer, almacenar en patio, transportar, vender y exportar los productos y sub-productos forestales indicados."

En su comparecencia ante los comités del Medio Ambiente y de la Costa Atlántica de la Asamblea Nacional el 26 de agosto, Incer defendió el acuerdo afirmando que no representa una concesión, básicamente por todos los requisitos que tenía que llenar todavía Equipe. Según Ray Hooker, "Incer mintió descaradamente a la Asamblea Nacional y después, nos tiró acusaciones ofensivas, llamándonos violentos, pendejos y otros epítetos".

Tanto Guillén, Lara, Hooker como Pedro Obregón del Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN) afirman que hubo un esfuerzo sistemático para tratar de ocultar información sobre el caso a personas y organizaciones interesadas. Esto, afirma Obregón, provocó una reacción fuerte y una desconfianza profunda, incluso de líderes de organismos ambientales internacionales y viejos "amigos de confianza" de Incer. El gobierno nunca hizo un esfuerzo para incluir ni informar a los gobiernos autónomos de la Costa, ni siquiera a la instancia gubernamental que atiende a la Costa, INDERA, a pesar de la ley de autonomía y el sentido común. Más bien buscó cómo ocultarles la información también a ellos.

El director de CONAMOR, Sotomayor negó que hubiese flujo de información, además afirmó que la decisión era del gobierno y de nadie más. "Las decisiones - dijo - tienen que ser bien tomadas... Una decisión no se toma o se deja de tomar porque (determinada ONG) vaya a decir "ésto no es así". Pero un gobierno que aboga tanto por la democracia no puede negar que esta actitud es claramente anti-democrática. El pueblo no abandonó su derecho a participar cuando elegió a los dirigentes del país el 25 de febrero de 1990. Como afirma Guillén, "los funcionarios del gobierno deben considerar a la opinión pública como un recurso para hacer mejor su gestión institucional."

¿Por qué apoyó el proyecto Incer, hasta ese momento un ambientalista comprobado? Algunos opinan que simplemente se demuestra la contradicción entre ser Ministro y responder a ciertas presiones del gobierno central - un tornillo en una gran máquina - y ser ambientalista. Otros opinan que estas presiones eran especialmente fuertes en este caso, por los intereses que estaban en juego y que probablemente nunca estarán totalmente esclarecidos. Y tal vez el esfuerzo enorme para ocultar información también está relacionado con esos intereses oscuros.

Elementos oscuros en el caso y sospechas sobre el Ejército

Si no fuera por los otros aspectos curiosos del caso, hasta se podría imaginar la posibilidad - aunque remota - de que el sistema habría funcionado solo y que IRENA habría rechazado la inversión por razones técnicas, sin necesidad de la presión pública que hubo.

Pero quedan muchas preguntas por contestar. Ray Hooker insiste en que todos los altos oficiales del gobierno sabían del caso desde mucho antes. ¿Por qué no hicieron nada? Por qué no respondieron las estructuras centrales del Frente Sandinista después de que fueron informadas? Hay fuertes rumores de que el Ejército Popular Sandinista (EPS) se iba a beneficiar directamente de esta inversión. ¿Serán ciertos?

Además, ¿por qué habría firmado el gobierno un convenio con una sociedad anónima nacional formada apresuradamente en vez de directamente con la compañía transnacional taiwanésa? ¿Quién tenía acciones en esa sociedad anónima?
¿Por qué fueron amenazados los diputados y líderes costeños Hooker y Myrna Cunningham, quienes recibieron advertencias de que estaban "pisando terreno peligroso"? ¿Por qué les contó Fernando Chang, representante de Equipe por los taiwaneses, que él había estado seguro de que ellos no estarían en posición de frenar este proyecto, que serían "silenciados"? Es posible que nunca lleguen a saber las respuestas a estas preguntas, pero si se puede abogar por un sistema que no deje espacio para este tipo de situaciones.

Una mejor inversión requiere de información transparente

Aún si no hubiera ninguna mala intención detrás de la concesión taiwanesa, el caso hace surgir dudas acerca de la eficacia de los mecanismos de revisión de propuestas de inversión y del compromiso del gobierno con la protección de los recursos naturales del país y su obligación de seguir normas y procedimientos justos y democráticos.

A nivel institucional e interinstitucional, es preciso definir claramente las responsabilidades de cada quien. Cada propuesta de inversión debe pasar por una instancia central e incluir un informe del impacto ambiental. La política del gobierno debe ser bien definida y apoyar las buenas inversiones y no todas. Es necesario analizar los beneficios y costos a mediano y largo plazo antes de aprobar cualquier inversión. Cuando se trata de inversiones que pueden tener graves consecuencias para el país, como la de la concesión forestal a los taiwaneses, se debe investigar la capacidad y experiencia del solicitante en la protección de los recursos que quiere explotar antes de firmar cualquier convenio.

La información sobre toda inversión o propuesta para inversión debe permanecer a disposición del público. Y se debe facilitar la participación del público, de expertos y ONGs que trabajan en esa área en las decisiones que afectan a las vidas de los ciudadanos y al futuro desarrollo del país. En este sentido, se debe respetar la ley de autonomía y el derecho de los gobiernos y pueblos de la Costa Atlántica a esa participación.

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