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  Número 128 | Julio 1992
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Nicaragua

En la danza de los 100 millones las apariencias engañan

Como una bomba cayó el anuncio de que el desembolso de 100 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos se había comprometido a entregar a Nicaragua como parte de los 280 millones programados para el año 92, estaban en peligro. Peligraba también la viabilidad del plan económico gubernamental y el apoyo político que la Administración Bush venía dando, a regañadientes, al gobierno de Violeta de Chamorro.

Equipo Envío

Cien millones de dólares en la tercera parte de las exportaciones nicaragüenses en un mal año. El pánico afectó a políticos y tecnócratas; el gobierno dio declaraciones emotivas y hasta recriminatorias. La vulnerabilidad del país y su dependencia de los montos significativos de ayuda prestada por el gobierno de Estados Unidos quedaron al descubierto. Pero más al descubierto quedó la vulnerabilidad del gobierno y de la economía formal, que la de un pueblo cada vez mas marginado de la esfera productiva. Lo más triste es que nadie garantiza que la situación de las grandes mayorías hubiera mejorado en algo con los fondos en peligro, porque estaban destinados, en su mayor parte, al apoyo de la balanza de pagos y no al desarrollo, o a programas sociales.

En realidad, se trata de un fondo de carácter excepcional cuya mayor parte hubiera servido para mantener al gobierno a flote y evitar una crisis financiera, ya que la economía sobrevive gracias a los préstamos extranjeros. La porción de este fondo asignada al desarrollo es mínima. Sin embargo, el gobierno y Antonio Lacayo han cometido el error de empeñar su capital político al mantenimiento de una tasa de cambio fija para el dólar -por cierto, sobrevaluada- lo que hace de Nicaragua uno de los países más caros de América Latina.

La libre disponibilidad del dólar es cuestión de vida o muerte para la estabilidad política del Ejecutivo y, en la medida en que la estabilidad del Ejecutivo es vital para mantener la vigencia del marco político-constitucional creado por el sandinismo, también cundió el pánico en el FSLN, que se plegó al llamado "nacional" y demandó la liberación de los fondos.

Entre los políticos, cada cual achaca la responsabilidad al otro, aún cuando estén de acuerdo en el requerimiento de los fondos. Para Alfredo César y la derecha empresarial, el responsable del congelamiento es el mismo gobierno central y Antonio Lacayo en particular. César estuvo en Washington en mayo denunciando en el Congreso y ante los medios de comunicación, que el FSLN es quien realmente gobierna en Nicaragua y que Antonio Lacayo, en quien la Presidenta mantiene absoluta confianza, actúa como el representante de los hermanos Ortega. Prueba de ello sería el control que el FSLN mantiene sobre el Ejército y la Policía, y que Lacayo despidió al Ministro de Gobernación Carlos Hurtado, cuando intentó modificar radicalmente la estructura de mando en el cuerpo policial.

Ejecutivo y FSLN: Alfredo César es el responsable

A ello se agrega la legalización gubernamental de la repartición de propiedades llevadas a cabo durante el sandinismo, lo cual, según César, viene a desestimular toda inversión productiva. Para colmo, según el Presidente de la Asamblea, los fondos de la AID han sido repartidos a través de la banca estatal a empresas en manos de los sandinistas.

El Ejecutivo y el sandinismo están convencidos de que sólo después de los esfuerzos de César en Washington, un grupo de 24 congresistas exigió explicaciones a la AID y en el Senado, Jesse Helms también increpó el programa de ayuda a Nicaragua.

Sin embargo, esta explicación tiende a exagerar el poder y la influencia de César y sus partidarios en el Congreso y la Administración. La verdad es que la relación de poder fluye exactamente al revés y que las "preocupaciones" técnicas y políticas, ya figuraban en Washington y entre los sectores mas anti-sandinistas en los medios e instancias gubernamentales. Más bien cabe preguntar, no a qué responden los congresistas, sino a quien responde César y la derecha empresarial.

Evidentemente, hay otros factores. La preocupación central sobre la propiedad es compartida en Washington, tanto por la AID, que condiciona los desembolsos a la privatización -incluyendo las devoluciones a somocistas- como por los congresistas, presionados por los reclamos de nicaragüenses nacionalizados estadounidenses y de estadounidenses nativos, cuyas propiedades habían sido expropiadas (y compensadas, en muchos casos) o abandonadas, pero que ahora son objeto de reclamo.

Estas trabas no eran desconocidas en las relaciones entre el Congreso y la Casa Blanca, pero tampoco en el Congreso había condiciones objetivas para vetar el programa de ayuda a Nicaragua.

Se suponía que la carta firmada por los 24 congresistas (apenas un 6 por ciento de la Cámara) iba a ser privada, una más de las que continuamente son recibidas por Doña Violeta apelando respetuosamente a tomar alguna medida específica para que, en el Congreso, no lleguen a darse problemas. Al Senador Helms, por su parte, le interesa resolver mediante el chantaje, el problema de algunos de sus partidarios con intereses particulares en Nicaragua, de igual manera que consigue favores del gobierno federal para su distrito. Pero en determinado momento, se armó tal confusión que hasta congresistas liberales pidieron la retención de fondos, en tanto no se esclareciera en qué consistía la disputa.

Pero ¿dónde estaba la Administración en todo esto? Como siempre, apostando a los dos caballos en Washington y en Managua. El viaje de César, que difícilmente se hubiera organizado sin el visto bueno táctico de la Embajada, constituyó el pretexto perfecto para obtener del Ejecutivo nicaragüense nuevas concesiones de interés para el Ejecutivo estadounidense. Es una vieja práctica del Departamento de Estado, proclamar su apoyo al gobierno de Doña Violeta al tiempo que se vale de las críticas derechistas - y hasta las promueve -, para que el Ejecutivo y Antonio Lacayo, sean más permeables a las posiciones estadounidenses y/o menos a las del sandinismo.

El aspecto técnico y el aspecto político de la posición de Washington

En el aspecto "técnico", había impaciencia en Washington y en la AID respecto al tema de la propiedad, sobre el que se exige una clara definición de la primacía del sector privado, incluyendo el desmantelamiento de la banca estatal. Lo político no se desvincula de todo el problema: el Ejecutivo busca evitar al máximo las confrontaciones con los sectores sociales desfavorecidos, que también reclaman tierra o lotes, y tampoco quiere confrontar a un sandinismo resueltamente opuesto al desmembramiento de la banca estatal, como parte de los acuerdos de transición y compromiso de apego a la Constitución. En el fondo está la cuestión del crédito, vinculado con las restricciones impuestas para el uso de los fondos, a lo que hay que añadir el problema de la seguridad y protección policial de los derechos de los propietarios.

Las preocupaciones "técnicas" en torno a la "recuperabilidad" de los préstamos concedidos con asistencia internacional, se vuelven políticos en la medida en que los beneficiarios y los recipientes son injustamente tildados de sandinistas. En realidad una gran parte de los préstamos concedidos por la banca estatal fueron a parar a manos de los grandes agro-exportadores privados, principalmente en los rubros de algodón, azúcar y bananos. En la mejor tradición histórica de la empresa privada nicaragüense, los deudores aprovechaban su influencia para exigir reprogramaciones o condonaciones al banco.

Por lo tanto, resulta arbitrario acusar a los pequeños productores sandinistas de despilfarrar montos de créditos que ya no reciben, o acusar a la banca estatal, cada vez más restringida en sus operaciones y asignaciones de montos, de ser cómplice del despilfarro de los fondos estadounidenses. Lo que sí pudo admitir el gobierno era que una buena parte del dinero y bienes entregados a los ex-líderes de la contra se han perdido, y que de los 15 millones de córdobas (tres millones de dólares) concedidos a un programa de repatriación, el banco sólo recuperó un millón. Lacayo también admitió que la "pérdida" de la banca estatal es también atribuible a los problemas que enfrentan los productores de algodón y café entre los que una mayoría de ellos son afiliados al COSEP con respecto a los de la UNAG: de 4 a 1.

Los fondos "perdidos"

No estaba claro incluso, que sean fondos de la AID los que se "pierden" de igual manera que, cada año, se pierden miles de millones del presupuesto federal estadounidense para subsidiar a los agricultores. El Ministro de Cooperación señaló que, en términos reales, este dinero pudo haber sido considerado como parte de los ingresos sobre exportaciones, que ingresan al Banco Central de la misma manera que lo hacen los fondos, de la AID. Pero desde el punto de vista de la ortodoxia neo-liberal, poco importa quien es el dueño de los fondos toda vez que el gobierno se ha comprometido a seguir las pautas fiscales dictadas desde afuera.

La embestida es más de fondo porque la maneja la Administración Bush tras los telones. En opinión de algunos observadores, esta vez el blanco es Antonio Lacayo y las posiciones que defiende. Tras dos años de apoyo económico, la Administración y particularmente, sus sectores más conservadores, parecen llegar al término de su paciencia insistiendo en la cancelación política de la factura acumulada por el gobierno de Violeta Barrios.

Un amigo peligroso

Aunque funcionarios de la AID son enviados a explicar asuntos técnicos al Congreso, otros funcionarios políticos explican al Ejecutivo nicaragüense que las "preocupaciones" del Congreso, también son preocupaciones de la Administración Bush y que deben ser atendidas. El gobierno Chamorro asegura que también es su preocupación pero, desde la perspectiva de Washington, se queda únicamente en el discurso.

En una palabra: se trata de la vieja táctica de las Administraciones de Washington, que consiste en poner en boca de otros (nicaragüenses y congresistas) sus propios reclamos, para optimizar su posición negociadora y su imagen de benefactor del pueblo nicaragüense. El colmo de ésta lógica se evidenció cuando doña Violeta anunció a bombo y platillo que, en ocasión de la Cumbre Ecológica en Río de Janeiro, el Presidente Bush prometió "interceder" ante el Congreso.

Pero la realidad es una sola, confirmada por conocedores del mundo burocrático de Washington: la Administración puede asegurar los desembolsos siempre y cuando haya voluntad política. Sin embargo, el Departamento de Estado aprovechó (o creó) la circunstancia, para reclamar nuevas y viejas concesiones del gobierno nicaragüense. No hay incentivo para sacarle las castañas del fuego a Doña Violeta, a menos que el mismo Ejecutivo nicaragüense esté en la disposición de quemarse las manos internamente.

Pero el Departamento de Estado tampoco estaba dispuesto a quemarse frente a la población nicaragüense asumiendo posiciones imperiales; por el contrario, voceros gubernamentales explicaron que estaban haciendo todo lo posible por destrabar la ayuda y que no hay giro en la política de apoyo y amistad al gobierno de Chamorro. En efecto, lo último que quiere Washington es defraudar a los sectores, dentro y fuera del sandinismo, que siempre insisten en darle el beneficio de la duda a su antagonista histórico.

Quien paga, exige, quien pone la plata platica

Los cambios políticos y de personal demandados eran los mismos de siempre, sólo que ahora algunos especulan que entre las dimisiones exigidas por Washington figura no sólo Humberto Ortega, sino también Antonio Lacayo. Nuevamente se vuelve al asunto de la policía y el Ejército, recrudeciéndose, no por casualidad, la campaña contra las estructuras de seguridad durante todo junio.

Para el Departamento de Estado era el momento oportuno de recordar al gobierno de Chamorro que los acuerdos de transición con el FSLN y la política de acomodamiento no pueden tolerarse indefinidamente; que resultan incompatibles con los principios políticos y económicos neo-liberales, defendidos por los programas de cooperación. A sabiendas de la impaciencia de Washington, se articuló una nueva ronda de presiones de la que forman parte las gestiones de César, y las de otros políticos como el ex-Ministro Carlos Hurtado.

De la tumba del olvido aparecieron desertores del Ejército o de los viejos aparatos de seguridad denunciando a sus superiores y propagando versiones sobre rivalidades y enemistades entre las diversas instancias sandinistas, especialmente entre los militares.

Para el Departamento de Estado también era imperativo aprovechar la coyuntura al máximo. Por un lado, se trata del período en que en Washington, se adoptan las decisiones más importantes sobre el programa de asistencia económica de Estados Unidos y también el momento en que los congresistas aprovechan para imponer o negociar restricciones o ampliaciones. Probablemente, no existe voluntad o capacidad política en el Ejecutivo ni en el Congreso en su conjunto, de cortar la ayuda programada para Nicaragua.

Sin embargo, las exigencias habían sido presentadas por la Embajada e ignoradas muchas veces, en la práctica, por el Ejecutivo. Lacayo pudo señalar que su programa económico cuenta con la aprobación general de la comunidad financiera internacional y que, incluso había sobrecumplido algunas metas (a costa de los sectores sociales populares, naturalmente).

En las palabras del Ministro de la Presidencia, el gobierno ha sido "cuidadoso de llevar al pie de la letra el programa económico para obtener certificados de excelente conducta del Banco Mundial y del FMI". Sin embargo, es ingenuo pensar que el gobierno de los Estados Unidos basa su política exterior hacia Nicaragua en las certificaciones de los organismos internacionales, o que la "buena conducta" se mide únicamente por lo económico.

Más ingenuo aún es pensar que la excelente conducta económica logrará, para el gobierno el espacio para hacer lo que desde la perspectiva del imperio se podría llamar "travesuras políticas". Ese cálculo no sería descabellado si no fuese tan alta la dependencia de la economía nicaragüense respecto de la asistencia externa, y tan alto el porcentaje de la contribución estadounidense en esta última.

Se esconde la zanahoria y reaparece el garrote

Washington dejó atrás la diplomacia discreta y mostró el condicionamiento férreo de la asistencia económica. No obstante las apelaciones al resto de la comunidad internacional financiera, queda también al descubierto la vulnerabilidad del país y la decisión del Ejecutivo de ceder, a costa de los compromisos asumidos por la estabilidad social, pero también a costa de la poca autonomía y escasa capacidad de negociación del gobierno, que queda reducida drásticamente en cuanto la línea dura de Washington canta victoria.

La política imperial también juega con el calendario político interno nicaragüense y con el peligro de que el entendimiento entre el sandinismo y el gobierno llegue a institucionalizarse. Se hizo necesario aprovechar bien los últimos meses de la Presidencia de Alfredo César en la Asamblea Legislativa. La capacidad de maniobrar de César se había venido reduciendo a medida que se acercaban las vacaciones de medio año antes de entrar al período pre-electoral, cuando la bancada sandinista confía en que, con el apoyo de los 6 votos mínimos leales al Ejecutivo, impedirán la re-elección de César. Precisamente la Cámara legislativa, dominada por César, es la delegada de complementar coordinadamente las presiones de la Embajada de Estados Unidos. El momento político oportuno coincidió con el momento económico del ciclo agrícola más sensible alrededor del tema igualmente sensible para el gobierno.

Gato y ratón

El gobierno de Doña Violeta montó una campaña política a favor del desembolso, de dimensiones que recordaban las del viejo gobierno sandinista. El tema dominó la inocua reunión de Presidentes centroamericanos, y el gobierno nicaragüense logró una carta de apoyo firmada por todos los mandatarios. A nivel interno, Lacayo llamó a todos los sectores a pronunciarse a favor del inmediato desembolso e incluso, para disgusto de los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos en Managua, que creían superados esos tiempos, con llamados a movilizaciones frente a la Embajada. El COSEP y la mayor parte de la UNO, sin embargo, simplemente respondieron que es el Ejecutivo y su política de "co-gobierno" la responsable de los atrasos y de una economía que no acababa de despegar.

Todo apunta a una repetición del conocido ciclo político nicaragüense. Así como el Departamento de Estado aprovecha los planteamientos del Congreso para exigir concesiones al Ejecutivo nicaragüense, también Lacayo invoca las presiones para plantearle al FSLN que requiere concesiones de su parte. En efecto, se aceleró el proceso de la "devolución" de propiedades y empresas que estaban en litigio, incluso aquellas intervenidas por ser propiedad de la familia Somoza o de sus allegados. La mayor industria del país, el Ingenio San Antonio, expropiada por el gobierno anterior, reclamada en parte por los trabajadores, también fue regresada a sus "propietarios", la familia Pellas, gracias a las acciones que algunos estadounidenses también mantenían.

Celeridad del gobierno para responder a Estados Unidos

La agilidad inusitada del gobierno, nunca mostrada para las demandas de los desfavorecidos, se manifestó para dar respuesta a las demandas estadounidenses. El problema no es la privatización, pues ni los gremios ni el partido sandinista se habían opuesto a la restitución de bienes a quienes habían sido confiscados sin mayor justificación. Lo grave era la devolución a los somocistas, algo que el gobierno se había comprometido a no hacer nunca, pero ahora las excepciones comenzaron a multiplicarse.

Se protesta por la devolución en casos como el del Ingenio San Antonio (Nicaragua Sugar Estates, Ltd.) en que los viejos dueños, la familia Pellas y un 20% de sus accionistas de nacionalidad estadounidense, ya habían sido indemnizados por el gobierno sandinista. Como parte de la transacción fueron despedidos centenares de obreros.

En la primera semana de junio, el gobierno anunció la creación de una Procuraduría de la Propiedad para agilizar la revisión de reclamos y proceder a su devolución a marcha forzada. En esto aparentemente se incluían los reclamos de somocistas estadounidenses, pese al acuerdo establecido en la concertación de que este tipo de "propiedades" no podrían ser devueltas. La respuesta de la Central Sandinista de Trabajadores fue hacer un llamado a resistir la intención del gobierno de devolver propiedades que ya el Ejecutivo había prometido negociar con los trabajadores para establecer porcentajes sobre derechos propietarios.

Para las propiedades ocupadas por demandantes históricos de la tierra, el tratamiento fue más duro. El gobierno ordenó al Ejército a imponer el orden, desbandar a los manifestantes y expulsarlos de propiedades reclamadas por sus "legítimos dueños". Quedaba atrás la tolerancia que habían mostrado el Ejército y el gobierno respecto a los revueltos y las tomas de tierras y carreteras. Las Fuerzas Armadas llevaron a cabo desalojos violentos en diferentes fincas tomadas por los campesinos sin tierra y ocuparon las propiedades en litigio.

Retorno al pasado

En la Concertación, el gobierno había acordado que las fincas en que hubieran situaciones de conflicto laboral, no serían devueltas a los antiguos dueños, quienes recibirían otra propiedad o indemnización económica. Ahora, los viejos dueños con el apoyo del Ejército y la Policía, pretenden recuperar las propiedades sin reconocer los derechos acumulados por los obreros y los convenios colectivos existentes.

En los últimos días de junio, más de dos mil campesinos, con el apoyo del FSLN, marcharon por las calles demandando la inmediata libertad de ochenta obreros detenidos por el Ejército. Dirigentes sindicales denunciaron la represión ejercida por el Ejército y la Policía a instancias de los ex-propietarios confiscados. Daniel Ortega calificó la acción del Ejército como inconstitucional al excederse en sus facultades, criterio que no comparte su hermano, el Jefe del Ejército.

Los que denunciaron al EPS como instrumento desestabilizador del sandinismo, fueron los primeros en pedir su intervención para resguardar sus propiedades. La seguridad sobre la propiedad demandada por el COSEP y la Embajada estadounidense vino a ser garantizada por el Ejército que insisten en reformar.

Los marchistas llamaron a militares y policías a no prestarse a los intereses de "somocistas y confiscados terratenientes quemarranchos", refiriéndose a la destrucción de las humildes viviendas de dos familias campesinas, ejecutadas por patrullas policiales por órdenes de un terrateniente y un Juez colaborador. En eso consiste la "solución" a la cuestión de la propiedad, según los grandes empresarios, pero también para otros sectores dentro del gobierno, ávidos de asegurar la aprobación de los organismos internacionales y de los inversionistas extranjeros que los tecnócratas, ingenuamente, piensan que hacen fila para invertir sus capitales en Nicaragua, una vez "esclarecido" el asunto del respeto a la propiedad privada.

En Matagalpa como en otros lugares, los organismos populares, incluyendo los dirigentes locales del FSLN, llamaron a los pobladores beneficiados con lotes y viviendas a unirse para defenderse mejor ante la ofensiva del gobierno, que calificaron de "totalitario y opresor". Solamente en Managua son más de 100,000 familias de aproximadamente 300 vecindarios, las que todavía esperan las escrituras de los lotes y viviendas que el Gobierno había prometido entregar antes del 30 de junio.

Prometer es fácil

A casi un año del acuerdo, no se ha entregado ni una sola escritura y el gobierno se muestra renuente a prolongar la vigencia de las leyes 85 y 86 bajos las cuales están acogidos los demandantes. Por su parte, el Alcalde de Managua dio inicio a una campaña de desalojos acompañada por el estreno de su fuerza para-policial, mal denominada Cuerpo de Inspectores Municipales, civiles según el Alcalde pese a que su porte, aspecto y marcha indican formación militar. "Nadie puede garantizar que el mentado Cuerpo de Inspectores no se convertirá mañana, como se teme, en una fuerza de choque del liberalismo somocista asociado al Alcalde", sentenció el diario sndinista Barricada. Los líderes del Movimiento Comunal, por su parte, advirtieron que tomarán las medidas que sean necesarias para defender sus lotes y viviendas.

Un acuerdo caro

En la Policía también se escuchan planes de reestructuración. Hacia finales de junio, Lacayo viajó a España para pedir, entre otras cosas, "capacitación" para la Policía y para la "profesionalización" de las Fuerzas Armadas y de los órganos de inteligencia. Lacayo dijo que también pedirá apoyo a Estados Unidos para montar una Escuela Nacional de Policía para entrenar a los nuevos ingresos y "refrescar a los que estaban en la Policía antes de la llegada de doña Violeta Chamorro". Se trata, en una palabra, de implementar con celeridad las "recomendaciones" planteadas por el Secretario Baker durante su visita a Managua en enero, respecto a la "profesionalización" de la Policía y al afianzamiento de su compromiso con la ley y el orden.

Todo esto lleva al FSLN a replantearse el precio de una política de convivencia con un gobierno que, a la larga, no tiene otro camino que ir cediendo ante las presiones externas y de la extrema derecha. El dilema no solo es de cara al gobierno, sino de cara a la propiedad y la crisis estructural que atraviesa la nación. Si ya el gobierno había mostrado su renuencia a cumplir con los acuerdos de privatización a favor de los trabajadores, manteniendo a varias empresas semi-paralizadas, las nuevas presiones estadounidenses vienen a justificar el sabotaje gubernamental.

Para el FSLN, lo fundamental es defender y consolidar el régimen de propiedad buscando cómo minimizar los conflictos del ya difícil proceso de adaptación de los obreros y del gobierno a un nuevo concepto de propiedad, con su respectivo modelo de gestión económica que no es la neoliberal.

Pero para el sandinismo esto significa estar entre dos fuegos. Por un lado, el de un gobierno presionado a hacer devoluciones a los grandes propietarios, a cortar el crédito a los pequeños y medianos productores y a poner fin a nuevas distribuciones de tierra, exigidas por los que no tienen nada y que en cualquier momento recurren a la violencia. Por otro lado están los intereses de los sandinistas propietarios, pero no tanto los grandes, sino los pequeños, incluso los beneficiados por la privatización a favor de los trabajadores, a quienes el FSLN apoya en su demanda de legalización y financiamiento: en la institucionalización del nuevo esquema de propiedad.

Mientras tanto, los revueltos permanecen en el campo. Ese fenómeno indica el inicio de un proceso de despolarización entre "contras" y sandinistas a lo interno del campesinado, lo que resulta inaceptable para la extrema derecha. Evidentemente se requiere tensionar el campo para complementar las presiones que, a nivel político y económico, articulan César y sectores de la Administración Bush.

El 21 de junio, ex-dirigentes "contras" denunciaron que eran víctimas de un plan de exterminio y que la muerte de otros ex-líderes ese mes, era parte de ese plan montado por el sandinismo. Otros líderes ex-contras, que habían llegado a formar parte de la directiva de UNAG plantearon su separación de la misma para crear un Partido Agrario que aglutine a la "contra".

Apostar a perder

Dirigentes zonales de la ex-Resistencia denunciaron que estaban sufriendo presiones para desasociarse de las Coordinadoras Campesinas de las que también forma parte la UNAG y cooperativas sandinistas, incluyendo desmovilizados del Ejército. Recrudecieron también las acciones de los "recontras" armados en el Norte planteando demandas políticas más que reivindicativas o sociales, incluyendo la sustitución de los mandos militares y la transferencia del poder al Vice-Presidente Virgilio Godoy. Amenazaron con liquidar a los desalzados que consideran "manipulados" por los sandinistas o por el gobierno. Al poco tiempo aparecía asesinado un ex-dirigente de la Resistencia cerca de Waslala, y se acusó a las fuerzas sandinistas del crimen, aunque el gobierno no comparte esta tesis.

Los trabajadores, por su parte, anunciaron su intención de resistir la transferencia de la propiedad a viejos propietarios somocistas. Para el FSLN y los organismos gremiales no hay ganancia alguna: si permiten o auspician tomas de tierras o de fábricas, se paga un costo político con otros sectores de la sociedad y con el gobierno, con el que se busca un entendimiento de fondo sobre la propiedad y el crédito, pero si no están presentes en las luchas de los desposeídos, se paga un costo político también. En el aspecto político, los sectores populares continúan enfrentando el problema de su incoherencia política y en cuanto a los métodos de lucha a utilizarse.

Dividir para vencer

El gobierno, hábilmente, practica una política de favores selectivos, concediendo algunos lotes, viviendas y tierras. Con ello, se atenúa el conflicto o, cuando menos, introduce nuevas divisiones entre dirigentes y dirigidos con lo que el gobierno consigue tiempo.

Algunos llegan a la conclusión de que en la batalla por la propiedad y su legalización, la negociación es el único recurso, lo que implica ceder algunos derechos y asegurar cuanto título sea posible antes de que las presiones de la derecha y de los Estados Unidos terminen con la capacidad del gobierno de conceder los títulos, sin los cuales la propiedad carece de valor; más vale compartir que perder.

En fin, la envergadura de la crisis crea un grado creciente de dependencia respecto de las mismas instancias gubernamentales, y el poder considerable del Ejecutivo contemplado en la Constitución, puede servir para responder a las demandas sociales canalizadas a través de los gremios y el FSLN, pero canalizadas pacíficamente y sin trastornos para la economía, ni situaciones embarazosas de aparente descontrol político que afecten la imagen internacional del gobierno.

Pero esta política tiene su límite, porque su premisa es la relativa autonomía con que el gobierno pueda manejar la relación con el FSLN y atender las demandas populares canalizadas por el sandinismo; de hecho, poder recurrir y apoyarse en el FSLN como interlocutor de los diversos sectores es conveniente para el gobierno a fin de no tener que contar con estallidos inmanejables políticamente. Sin embargo, la capacidad del FSLN de incidir sobre los métodos de lucha de los gremios y los no organizados no es infinita.

La autoridad moral se mantiene gracias al trabajo casi heroico desplegado por cuadros sandinistas en constante diálogo con los sectores sociales que están a punto de estallar, pero esa autoridad se desgasta y, a la larga, se mantiene o no a partir de la capacidad del mismo sandinismo de influir sobre el gobierno por la vía de la negociación y de la presión política para asegurar alguna respuesta a las reivindicaciones populares. A medida que el gobierno pierde su soberanía política y fiscal, su capacidad de incidir en el FSLN también va siendo cercenada. La soberanía no puede ser compartida; o se mantiene o se pierde.

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