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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 127 | Junio 1992
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Honduras

Todos y nadie contra el ajuste neoliberal

Los sectores más beligerantes frente al impacto del modelo económico neoliberal son la Iglesia Católica y la empresa privada.

Equipo Envío

Desde que en marzo de 1990 se promulgó el Decreto 18-90, conteniendo las medidas neoliberales que ya son parte de la realidad económica cotidiana en toda América Latina, el Gobierno del Presidente Leonardo Callejas ha impulsado un severo programa de ajuste estructural. El impacto de medidas económicas como la devaluación y la liberalización de precios ha sido dramático para los sectores asalariados y la gran masa de los trabajadores lumpenizados de los centros urbanos del país; pero la eliminación de los subsidios para el sector industrial la expectativa de volver a un régimen de libre comercio con la nueva vigencia del mercado común centroamericano, han puesto a temblar también al sector industrial del país, una especie de bebé protegido por el Estado promotor de la industrialización sustitutiva.

Por otra parte, el aumento de las tasas de interés y el aumento inflacionario y especulativo de los insumos para la producción, han sumido también en una severa crisis al sector agrícola que produce para un mercado interno cada vez más reducido a consecuencia de la severa contracción en la capacidad adquisitiva de los asalariados.

Propaganda permanente a favor del ajuste estructural

Para apuntalar este ajuste estructural, Callejas ha acudido a una sostenida campaña de propaganda en que se han gastado considerables cantidades de dinero del pueblo hondureño. El principal vocero de esta campaña es el propio Presidente, sin lugar a dudas, el defensor más calificado de su propio sistema político y de las medidas que impulsa.

El pueblo hondureño ha tenido que aprender a soportar las cadenas de radio y televisión en que comparece el Presidente y algunos integrantes de su gabinete defendiendo, con retórica poco persuasiva el éxito de sus medidas económicas y prometiendo un futuro de bonanza para la gran mayoría del pueblo hondureño que hoy enfrenta la peor crisis económica de su historia. En la comparecencia del 13 de mayo, Callejas respondió con su retórica habitual a preguntas de ciudadanos desde diferentes departamentos, dando la ilusión de que se vive en el mejor de los mundos posibles y que los ingentes problemas del país estén bajo control y en vías de solución.

Callejas ha propagandizado extensamente la obra realizada por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), un organismo dependiente de la Presidencia de la República, fundado durante su gestión gubernamental, que se encarga de canalizar donaciones internacionales hacia la infraestructura social y educativa, y que está siendo utilizada por el Gobierno con fines proselitistas. Un propósito semejante tiene el Programa de la Madre Soltera (PRAF) que dota con 20 lempiras (3.64 dólares) mensuales a cada madre hondureña por cada uno de sus hijos que estén cursando del primero al tercer grado de primaria.

Como parte de su propaganda, Callejas, ha realizado giras por varias regiones del país regalando zapatos deportivos a los niños pobres de la ciudad y del campo en edad escolar. Así han distribuido decenas de miles de zapatos entre los niños pobres, muchos de los cuales, nunca se habían calzado y no volverán a hacerlo cuando se les rompan los zapatos que les regaló el clientelismo callejista, debido a la miseria creciente de sus padres y al incremento constante en el precio de estos artículos.

El impacto y la propagandización de estos programas han sido fríamente calculados. Se espera que, distribuyendo obsequios a los sectores de bajos ingresos del campo y la ciudad, se volcarán agradecidos a favor del partido de su benefactor visible e inmediato, el mismo que les está quitando la esperanza de un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos. Abrumados por la lucha cotidana por la sobrevivencia y por la visión de corto plazo que de ella se deriva, los pobres de la ciudad y del campo no perciben estas dos facetas de la política actual.

Además, estas actitudes clientelistas gubernamentales no son nuevas. Forman parte de la cultura política del país. Lo que si es nuevo es la importancia conceda a la propagandización de los programas gubernamentales dirigidos a los sectores populares, para echar una cortina de humo sobre el dramático impacto de unas medidas económicas inéditas por su brutalidad social. De todas maneras, los sectores pobres de la ciudad y el campo han sido, históricamente, la masa de maniobra de los partidos políticos hondureños para acceder al control del aparato estatal.

El sindicalismo en retroceso

Los gobiernos latinoamericanos que han levantado las banderas del neoliberalismo monetarista, han visto en el sindicalismo a un enemigo, que "distorsiona" el libre juego de las fuerzas del mercado. Viendo las cosas desde el otro lado, el hecho de que los sindicatos han sido creados para defender los intereses de uno de los sectores más castigados por los programas fondomonetaristas, los convierte en opositores de los regímenes políticos que los impulsan.

Callejas tiene esa percepción de la cuestión sindical. En consecuencia, ha mantenido una postura que muchos líderes obreros califican de antisindical. Una posición extrema en este sentido, fue la de un alto funcionario callejista que planteó públicamente la necesidad de introducir en el Código de Trabajo, un artículo prohibiendo la huelga, para privar a los trabajadores de una de sus más importantes armas de lucha.

Enfrentando la oposición sindical a las medidas económicas, Callejas ha acudido a todos los recursos a su alcance. Para evitar la unidad sindical y neutralizar su potencial contestatario, Callejas logró la lealtad de los sindicatos afiliados a la Central General de Trabajadores (CGT), que se define a sí misma como de orientacón social-cristiana pero es ahora considerada oficialista. El oficialismo de la CGT no es nuevo. Durante la primera mitad de la década de los 80, la CGT, estableció una corriente de entendimiento con el Gobierno de Roberto Suazo Córdova que le valió el calificativo de oficalista. Suazo Córdova era y es miembro del Partido Liberal, tradicional opositor del gobernante Partido Nacional.

De Suazo Córdova, la CGT recibió su personería jurídica, que le había sido negada por otros regímenes políticos que no veían con buenos ojos el espíritu combativo y rebelde de esta central sindicial. Fue necesario que la CGT decidiera arriar sus banderas y cobijarse bajo el ala protectora de Suazo Córdova, para que se le otorgara la personería jurídica. Del Partido Nacional y de Callejas, la CGT ha obtenido reconocimiento político y puesto para sus más importantes líderes, uno de cuales es hoy diputado al Congreso Nacional; otro es uno de los titulares de una de las tres vicepresidencias del país; y otro, miembro de la "nueva guardia", es el Viceministro de Trabajo. Otro de los máximos líderes de la CGT fue elevado durante algún tiempo a un alto cargo en la administracón pública, pero tuvo que abandonar para hacerse cargo de la dirección de la central porque se tenían dudas sobre la lealtad oficialista de algunos miembros del comité ejecutivo que quedó a cargo.

En consecuencia, la CGT ha boicoteado sistemáticamente todos los esfuerzos de unidad sindical y de movilización unitaria emprendidos en los últimos años por la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), de donde Callejas logró atraer a sus filas a uno de los más influyentes líderes sindicales del litoral norte, que actualmente es diputado al Congreso Nacional. Este hecho ha sido fuente de tensiones al interior de la CTH, porque aunque esta central se ha cuidado de identificarse con el partido de gobierno, sus bases, sobre todo en el litoral norte, han mantenido una adhesión histórica al Partido Liberal que data desde la década del 50, cuando se perfilaba como adalid del reformismo. Pero el Partido Liberal abjuró de su joven tradiciión reformista a finales de los 70's. Algunos de los líderes históricos de la CTH han tenido militancia liberal.

Las organizaciones sindicales que se han visto más afectadas por la política callejista son la CTH y la FUTH, que han encontrado un cierto punto de encuentro en la defensa de una postura social demócrata. Sin embargo la CTH no pudo defender a la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH) de la embestida gubernamental cuando se quiso "reoganizar" la Administración Pública porque era un obstáculo para despedir a los empleados y llenar las vacantes con la clientela callejista. Ante esta provocación, la ANDEPH llamó a la huelga general que sus bases respondieron con disciplina pero el gobierno organizó una junta directiva paralela fue inscritá legalmente con toda celeridad, alegando que la ANDEPH permanecía acéfala, pues la junta directiva electa por las bases no había sido inscrita en los registros que para este propósito lleva el Ministerio de Trabajo.

El objetivo es dividir al pueblo

Una táctica similar se utilizó para dividir a la Federación Hondureña de Mujeres Campesinas (FEHMUC). Actualmente, la junta directiva paralela ostenta la representación legal de la organización, mientras las bases de la organización continúan apoyando a la junta directiva que eligieron. El ala oficialista de la FEHMUC continúa afiliada a la CGT a la que pertenece desde su fundación, mientras el ala no oficialista se mantiene independiente.

La creación de juntas directivas paralelas que son rápidamente reconocidas, es uno de los artificios gubernamentales más temido por las organizaciones populares. La necesidad gubernamental de crear una junta directiva paralela surge cuando necesita debilitar a una junta directiva beligerante o cuando falla el mecanismo de copar la directiva con gente adicta. Además, en el caso de la ANDEPH se ha introducido una peligrosa quinta columna en el seno de la CTH, donde se teme que la ANDEPH pueda convertirse en la punta de lanza de una estrategia gubernamental, para colocar un secretario general adicto al gobierno actual en la junta directiva de la CTH, que se elige en la segunda mitad del presente año. Esto dependerá de que alguna de las federaciones que integran la CTH decida acompañar a la ANDEPH en esta aventura, lo que aún no se visualiza.

Pero la FUTH es la entidad sindical que ha sido más duramente golpeada por el gobierno. Todos los sindicatos de la FUTH ubicados en instituciones estatales objeto de privatización o reconversión, fueron arrasados. El primer caso fue el de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Gráfica (SITRAINGRAC) que trabajaban en un taller tipográfico estatal conocido con las siglas de CETINA. El segundo, fue el del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Vivienda (SITRAINVA), arrasado por la decisión gubernamental de convertir al INVA en una nueva entidad patrocinadora de la construcción de viviendas, el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI), que se mantendrá con la aportación tripartita del gobierno, la empresa privada y los asalariados.

La FUTH no pudo movilizar la solidaridad de sus otros integrantes para defender de la destrucción a estos sindicatos. En cambio, sí pudo apoyar la lucha defensiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) en contra de la patronal de la Cervecería Hondureña, S.A., una subsidiaria de la multinacional estadounidense Castle and Cook, S.A.

El STIBYS es uno de los sindicatos más poderosos de la FUTH. Todo empezó en mayo/91 cuando el STIBYS decidió sumarse a un paro de 24 horas convocado por la FUTH para apoyar la lucha del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctria (STENEE), contra las violaciones al contrato colectivo y las tarifas abusivas impuesta a los consumidores. Apoyándose en la legislación laboral que prohibe las huelgas de solidaridad, la patronal despidió a 321 trabajadores de la industria cervecera afiliados al STIBYS. Entre los despedidos se encontraba la junta directiva en pleno. El STIBYS respondió con la huelga.

La huelga del STIBYS duró 17 días al final de los cuales, 64 líderes nacionales, seccionales, locales y delegados sindicales, aceptaron una suspensión de 6 días sin goce de sueldo para evitar el despido masivo de sus bases. Al aceptar este castigo, los líderes y activistas del sindicato se sacrificaron para evitar que otros trabajadores con menos recursos fueran privados de su salario, pero para apoyarles se levantó una colecta popular, y los líderes del STIBYS elevaron su prestigio ante sus bases. Como apoyo a la lucha del STIBYS, la FUTH llevó a las bases de otros sindicatos a protestar en las calles de las principales ciudades pues el STIBYS tiene seccionales en todas ellas. Sin embargo, el golpe más fuerte a la FUTH fue la destrucción del STENEE, uno de los sindicatos más combativos del país.

La destrucción del sindicato STENEE, uno de los más combativos de Honduras

En mayo 91, el STENEE fue a una huelga general de sus bases en todo el país para protestar contra los planes de privatización de la empresa estatal de energía eléctrica, la ENEE, contra el despido de algunos miembros del sindicato y para demandar la reducción de las tarifas de energía eléctrica, que estaban siendo incrementados en forma abusiva y desmesurada. Este aumento y la privatización de la ENEE, formaban parte de las condiciones impuestas por el Banco Mundial a la empresa para que puede honrar las obligaciones de su deuda externa.

La ENEE sobrelleva la carga de una onerosa deuda externa, originada en la construcción del farónico complejo hidroeléctrico "El Cajón" que permite al Estado hondureño vender energía a los países vecinos. Se dice que la deuda externa de la ENEE representa alrededor del 50 por ciento de la deuda total del país.

La huelga duró tres semanas y recibió amplias muestras de apoyo popular de los sindicatos fraternos de la FUTH, que se movilizaron en las calles a paralizaron sus labores durante un día laborable. Como consecuencia, se inició el conflicto del STIBYS que se explicó más arriba. La huelga de mayo/91 concluyó con la firma de un acta en que el gobierno comprometió a rebajar las tarifas a los sectores de menores ingresos y a detener la privatización de la ENEE.

Pero la empresa no cumplió los acuerdos y continuó el proceso de privatización de algunos de sus servicios. Así, el 6 de noviembre/91, el STENEE realizó un paro de labores a nivel nacional para protestar contra la privatización. El día del paro, el sindicato de Tegucigalpa realizó una manifestación con los vehículos de la empresa, cuya directiva solicitó al Ministerio de Trabajo que declarara ilegal el paro y proceder punitivamente contra los líderes y activistas del sindicato. El conflicto se agudizó cuando el 11 de noviembre/91 los afiliados del sindicato que trabajaban en el complejo hidroeléctrico "El Cajón" paralizaron sus labores en protesta por la presencia en su centro de trabajo de trabajadores temporales cuya contratación no había sido negociada con el sindicato. Las instalaciones de "El Cajón" fueron militarizadas pero los trabajadores, desalojados momentáneamente de sus puestos, se negaron a volver mientras hubiera presencia militar.

Una gran derrota

El Ministerio de Trabajo declaró la ilegalidad del paro autorizando a la patronal para proceder legalmente contra el sindicato. Ni cortos ni perezosos, Mauro Membreño, Presidente de la Junta Directiva de la ENEE, y Federico Breve Travieso Gerente, ardorosos enemigos del movimiento sindical, despedierona 127 líderes y activistas del STENEE, los mejores cuadros de la organización. El STENEE respondió paralizando las actividades de la empresa de energía eléctrica y demandó el apoyo militante de los sindicatos afiliados a la FUTH que llamó a sus afiliados a una huelga de solidaridad que debería concretarse cuando la junta directiva de la federación lo considerase oportuno.

También solicitó el apoyo de la CTH y la CGT, que veían el problema con preocupación. Ante esto, el gobierno nombró una comisión con altos poderes para negociar una solución final al conflicto del STENEE con el alto liderazgo de la CTH, la CGT y la FUTH. Como producto de las negociaciones que se celebraron entre la delegación sindical y la gubernamental, se llegó a algunos acuerdos que quedaron consignados en un acta de compromiso que la FUTH se negó a firmar, porque el STENEE rechazó sus términos. Esto ocurría hacia finales de diciembre 91.

Esta coyuntura fue aprovechada por el Gobierno para dar por concluida las negociaciones con el STENEE y entregar la dirección de la organización a una directiva paralela solidarista, que había sido promovida por la dirección de la ENEE. Como suele ocurrir, la directiva paralela fue inscrita rápidamente en los registros del Ministerio de Trabajo. Se ha dicho que la directiva paralela negoció el despido de alrededor de 500 trabajadores de la ENEE entre los cuales, los 127 líderes y activistas del STENEE, que parecen no haber recibido ningún género de prestaciones sociales.

La destrucción del STENEE ha sido muy controvertida. Gladys Lanza, presidenta de la organización, acusó al movimiento sindical de haberla permitido, mientras las organizaciones sindicales cuestionadas la acusan de haber actuado en forma soberbia, prepotente y poco realista al negarse a firmar el acta de compromiso que habían negociado con el gobierno. La señora Lanza siempre dejó claro que hay principios sindicales, como la defensa del fuero sindical, que no deben ser negociados. La destrucción del STENEE ha hecho más visible la debilidad del movimiento sindical hondureño y las diferencias que existen en el liderazgo sobre su conducción.

Pero cualesquiera que haya sido el tono de las diferencias que separan a los líderes sindicales, todos están de acuerdo en reconocer que la destrucción del STENEE fue una dolorosa derrota para el movimiento sindical y un triunfo más para la política antisindical del gobierno. Con la destrucción del STENEE, los consumdores han perdido un valioso aliado en la lucha contra la política fondomonetarista de la ENEE.

La celebración del Primero de Mayo

La celebración del Primero de Mayo sólo sirvió para evidencar las fisuras que dividen al movimiento sindical hondureño, notablemente debilitado por la ofensiva del gobierno neoliberal de Callejas. Como el año pasado, la CGT marchó sola. Este año, la excusa fue que varias de las organizaciones campesinas agrupadas en su seno, habían sido duramente criticadas por apoyar al gobierno en la elaboración y aprobacón de la ley de modernización agrícola de la que se hablará más adelante.

El año recién pasado, la causa fue que la CGT no estaba de acuerdo con la crítica frontal al gobierno que estaba levantando la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras, una coalición de organizaciones sindicales, campesinas, cooperativas, maestros y profesionales universitarios, a la que la oficialista CGT se negó a pertenecer en todo momento.

La marcha de la CGT en Tegucigalpa fue poco concurrida. La prensa periódica estimó en unos cinco mil, los manifestantes que marcharon bajo sus banderas. En la tribuna pública, ubicada en el costado de uno de los parques de Tegucigalpa, la CGT se vió inducida a criticar un tanto retóricamente a la política económica neoliberal del gobierno. La marcha que se movilizó bajo las banderas de la FUTH y de la CTH fue mucho más colorida y numerosa, con unos 20 mil manifestantes.

En Honduras, las conmemoraciones del Primero de Mayo se han convertido en coloristas y verdaderas festividades cívicas. Para el sindicalista, el Primero de Mayo es como el 15 de Septiembre para el estudiante de Secundaria: un compromiso religioso al que hay que asistir. Muchos de los sindicalistas que asisten a las conmemoraciones del Primero de Mayo, ataviados con vistosas ropas conmemorativas, no participan en ninguna otra manifestación de protesta el resto del año. En todo caso, en el estrado colocado en un costado del parque central, los líderes de los manifestantes que desfilaron bajo las banderas de la FUTH y de la CTH, leyeron un extenso documento de crítica al gobierno, suscrito también por la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras.

A pesar de los reveses sufridos y de las diferencias que han dividido históricamente a la FUTH, y que actualmente se expresan con toda aspereza, esta federación se mantiene activa, buscando nuevos rumbos que la potencien. En este sentido, es importante la decisión de la FUTH y de otras organizaciones populares de crear la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). El Congreso Constitutivo de la CUTH se celebró en los días comprometidos entre del 14 al 17 de mayo y participaron la FUTH y otras cinco organizaciones magisteriales, campesinas, y sindicales progresistas.

Está por verse si el gobierno haciendo gala de un pluralismo político que le permitió recibir en casa presidencial a algunos hondureños involucrados en la lucha armada durante la década de los 80's, otorga la personería jurídica a la CUTH.

La ley de modernización agrícola

El impacto del ajuste estructural preconizado por el Decreto 18-90 de marzo/90, también se ha dejado sentir en el agro hondureño. La devaluación de la moneda, la eliminación de las franquicias para la importación de insumos agrícolas y la liberalización (subida dramática) de las tasas de interés, han afectado al sector agrario, sobre todo el que produce para el mercado interno. Aunque los precios de los productos han subido, argumentan los productores, no lo han hecho en la misma proporción que los insumos agrícolas.

El ajuste estructural está provocando un lento pero seguro proceso de reestructuración en el agro hondureño. Aprovechando los beneficios de la devaluación monetaria y el desgano de algunos cooperativistas del sector reformado, que se dejaron deslumbrar por el espejismo de ser dispendiosos nuevos ricos durante algunos meses, muchas cooperativas de reforma agraria, dedicadas al cultivo del banano, vendieron sus plantaciones al capital bananero transnacional, siguiendo el desafortunado ejemplo de la Empresa Asociativa Campesina "Isletas" (EAC), uno de los símbolos de la lucha agrarista de la década de los 70's Otras cooperativas de reforma agraria, cuyas tierras se encontraban en el área de expansión de los cultivos bananeros de la Standard Fruit Company, fueron inducidos por esta poderosa empresa multinacional bananera a que le vendieran.

La venta de las tierras de estas cooperativas, que representaban la cristalización de una tradición de lucha por un patrimonio nacional alternativo al de las poderosas multinacionales bananeras, se hizo con la aquiescencia del Instituto Nacional Agrario (INA) y del gobierno que proclamó el derecho de los propietarios a vender su patrimonio.

Los parámetros para el ajuste estructural en el agro, han sido puestos por la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola conocida como ley de modernización agrícola, que fue aprobada en la noche del 5 de marzo/92 y refrendada por Callejas el 19 de marzo. La aprobación nocturna de leyes vitales para el país ha sido una estrategia de la administración. El Decreto 18-90, que contiene las medidas de ajuste estructural del gobierno, fue también aprobado en altas horas de la noche.

Los artículos más controversiales de la ley de modernización agrícola, son los relativos al proceso de reforma agraria. Los críticos a esta ley señalan que es inconstitucional, porque modifica artículos de la ley de reforma agraria que forman parte del texto constitucional del país. La ley de modernización agrícola permite la titulación de tierras nacionales y ejidales hasta por 200 hectáreas, a cualquier ocupante que las haya explotado durante un período no menor de tres años, lo que atenta contra el espíritu de la ley de reforma agraria vigente, que declara las tierras nacionales y ejidales como patrimonio exclusivo del proceso de reforma agraria.

Conspirando contra la reforma agraria

También conspira contra el fondo de tierras del proceso de reforma agraria, una regulación estableciendo que las tierras ociosas de propiedad privada, no podrán ser objeto de expropiación sino que hasta después de 18 meses o dos años de permanecer en ese estado. Asimismo, la que legaliza el arrendamiento de tierras, una figura legal estrictamente prohibida por la ley de reforma agraria vigente. A través de estas dos últimas regulaciones, los redactores de la ley protegen las tierras ociosas de los terratenientes.

Para salir adelante a los críticos que afirman que el fondo de tierras para reforma agraria se reducirá con la aplicacón de estas regulaciones, sus redactores crearon un fondo de tierras para reforma agraria al cual sólo podrán acceder los que tengan dinero para comprar. Los críticos a esta ley le reprochan la legalización del latifundio y del minifundio al permitir la legalización de cualquier propiedad fundiaria, independientemente de su tamaño. También critican la cesión de títulos de dominio pleno a cada uno de los socios de una empresa de reforma agraria y la potestad de venderlos a terceros cuando así lo deseen, porque esto abre las puertas al individualismo en los grupos campesinos del sector reformado, que han convertido en artículo de fe la explotación colectiva de las tierras por las connotaciones igualitaristas que la acompañan.

El gobierno decidió aceptar el reclamo de los campesinos que demandaban que la compra de estos derechos fuera patrimonio de los beneficiarios de reforma agraria, pero esta regulación difícilmente se cumplirá, porque otros artículos de la ley permiten la venta de tierras a cualquier postor.

Para obtener el apoyo campesino a esta ley, el gobierno cedió en esta materia y estableció cajas de crédito rural cuyos dueños deberán ser los beneficiarios del proceso de reforma agraria. Además, se dotó a los beneficiarios de la reforma agraria con un fondo de 2.000 lempiras anuales durante tres años, como capital semilla para sus siembras anuales. Finalmente, los críticos de esta ley señalaron su inspiración extranjera. Se dice que el texto original de la ley de modernización agrícola salió de los escritorios de la AID y de la pluma del Doctor Roger Norton, un agrarista norteamericano bastante conocido en los círculos de la AID en Centroamérica. Por eso, esta ley es conocida como la "ley Norton".

Los primeros borradores de la ley de modernización agrícola fueron recibidos con abierta oposición por las organizaciones campesinas agrupadas en el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), que inició la resistencia tomándose carreteras y puentes y amenazando con tomas de tierras de miembros destacados del gobierno. El COCOCH comprende que no es realista exigir la derogación de esta ley y dirige sus esfuerzos a su modificación eliminando los artículos que atentan contra le ley de reforma agraria.

Para debilitar esta oposición, el gobierno trató de atraerse a dos de las organizaciones más numerosas del COCOCH, y lo logró mediante una política de continuas y costosas reuniones entre funcionarios estatales y líderes campesinos para "concertar" la ley. De esta manera, debilitó al COCOCH, aunque las otras organizaciones que la integran siguen la lucha contra esta ley.

A pesar de todo, el gobierno pudo asegurar a la opinión pública que la ley de modernización agrícola había sido "concertada" y que contaba con el apoyo de las principales organizaciones campesinas del país. Para castigar a las organizaciones campesinas que se opusieron a la ley, el gobierno ha desatado la represión contra sus líderes y bases. Varios grupos campesinos de una de estas organizaciones que habían tomado tierras, fueron desalojados brutalmente. Uno de sus líderes más importantes fue asesinado, aparentemente por los cuerpos policiales del Estado, cuando coordinaba un operativo campesino de apoyo a la lucha del STENEE. Pese a todo, la ley fue aprobada.

Resistencia campesina

Pero para dar el golpe de gracia al COCOCH, el gobierno promovió la creación del Consejo Nacional de Campesinos (CNC) el 22 de abril pasado, del que se dice que es un organismo paralelo amamantado con fondos del Estado.

Para demostrar que la aprobación de la ley de modernización agrícola y la creación del CNC no inducirán al COCOCH a la inactividad o a la disolución, núcleos de campesinos promovieron el 7 de mayo pasado un operativo nacional de toma de 25 mil manzanas de tierra en todo el país, en forma sincronizada. Al principio, la dirección de INA anunció medidas drásticas para desalojar a los ocupantes, pero después, se avino a negociar comprometiéndose a adjudicar las tierras nacionales, ejidales y de propiedad privada en que haya causales de afectación.

Esta actitud conciliadora de la dirección del INA, que revela una cierta inconformidad con la ley de modernización agrícola, le costó el puesto al director y al subdirector de la institución cuyo nuevo director, que tomó posesión el pasado 18 de mayo, dijo que desalojará a los campesinos ocupantes quienes aseguran estar dispuestos a negociar y a resistir. Pareciera que las tomas de tierra, como mecanismo de los campesinos para obtener tierras tienen los días contados.

Una coalición: Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras

La Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras es una coalición de organizaciones obreras, campesinas, cooperativistas, maestros y de profesionales universitarios del país, que fue fundada en Tegucigalpa en octubre/89. Su nombre se debe al título de un documento proponiendo reformas que las organizaciones signatarias se comprometieron a levantar como norte de sus aspiraciones. La iniciativa para la creación de este esfuerzo de unificación surgió del movimiento sindical.

La Plataforma de Lucha nació para potenciar la fuerza de las organizaciones signatarias con el fin de oponerse a la política económica neoliberal que se veía venir y para levantar un proyecto económico, social y político alternativo, pero no ha tenido éxito hasta ahora.
Parte de la debilidad de la Plataforma de Lucha se debe a su incapacidad para lograr un acercamiento con los patronatos de los barrios populares de las principales ciudades, que aglutinan a la gran masa de trabajadores urbanos. Si se lograse este acercamiento la capacidad de convocatoria y de negociación de la Plataforma de Lucha. aumentaría considerablemente .

La ausencia de esta base social ha hecho que el potencial urbano de la Plataforma de Lucha descanse en los sindicatos. Sin embargo, el acercamiento a los patronatos no es fácil, porque son blanco de la atención clientelista gubernamental porque estas organizaciones que representan a una población potencialmente contestataria y durante castigada por el impacto de las medidas del ajuste estructural, además de que esa población es una reserva electoral de gran significación numérica. Es sabido que muchos patronatos de los barrios populares son dirigidos por líderes y/o activistas del partido político gobernante.

Durante sus primeros dos años de existencia, la Plataforma de Lucha patrocinó multitudinarias concentraciones que se realzaron en las principales ciudades del país para protestar contra el programa de ajuste estructural, pero en los últimos tiempos, ha bajado la guardia y no ha vuelto a movilizar a sus bases.

Los empresarios también se quejan

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) es el organismo del cúpula el sector empresarial hondureño. Allí se agrupan, sobre la base de una contradictoria convivencia, exportadores, banqueros, industriales, medianos y grandes agricultores y ganaderos y el pequeño, mediano y gran comercio de importación. La AID persuadió a la junta directiva del COHEP de los beneficios teóricos del libre mercado para convertirla en una sólida base de apoyo para el ajuste estructural. El COHEP se dejó persuadir por la AID y apoyó, pero es que el poder persuasivo de la AID descansa en el millón de dólares anuales que da al COHEP desde 1987.

El alineamiento de la junta directiva del COHEP que presidía Vicente Williams, un próspero banquero y constructor, con el ajuste estructural, provocó severos conflictos al interior de la organización empresarial. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) que defiende los intereses de los industriales hondureños, - que se ven afectados por la devaluación, la contracción de la demanda y el libre comercio con los países del área centroamericana -, amenazó con retirarse del COHEP.

Por su parte, aunque no se regocijó con esta política de alineamiento, la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (ANMPIH) no llegó a amenazar con retirarse del COHEP como lo hizo la ANDI, aunque le asisten razones para hacerlo, ya que representa a uno de los sectores más afectados por la política económica, pues debido a la devaluación de la moneda, el pequeño y mediano industrial perdió el 82.2 por ciento de su poder adquisitivo y el 56 por ciento de sus utilidades. La ANMPIH afirma representar los intereses de unos 55.000 pequeños y medianos propietarios.

El nuevo presidente del COHEP, Juan Ferrera, que tomó posesión de su cargo en marzo pasado, ha llamado a la población hondureña a protestar contra las medidas de ajuste económico. Afirma que "empresarios y pueblo debemos hacer un bloque para luchar y elevar nuestra voz de protesta en forma de un respetuoso reclamo a fin de no ahuyentar la inversión extranjera y nacional que tanto necesita el país". Ferrera ha llamado a la revisión del programa de ajuste estructural porque "no me gustaría que tuvieran que morir personas, como en Venezuela, por un asunto que podemos dialogar". Ha denunciado también la corrupción gubernamental, instando a sus compañeros empresarios a hacer lo mismo. En este sentido se pronunció Omar Cerna, el recientemente electo presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (FEDECAMARAS).

"Callejas viajando y el pueblo hambreando"

El nuevo presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, que tomó posesión de su cargo en abril, asegura estar de acuerdo con ciertos aspectos del programa de ajuste estructural, como la liberalización de la economía, la privatización, la reducción del aparato estatal y con el libre comercio, siempre que el gobierno reduzca el precio de los combustibles, de la energía eléctrica, las altas tasas de interés y los ayude en la reconversión de sus empresas para poder competir en igualdad de condiciones con los empresarios de los otros países del istmo.

El nuevo presidente de la ANDI teme seguramente que, si estas demandas de su organización no son satisfechas, en pocos años muchas empresas hondureñas quebrarán ante el empuje del capital guatemalteco o salvadoreño, que ha sido tradicionalmente mucho más poderoso que el local. La reciente firma de tratados de libre comercio con Guatemala y El Salvador ha echado a andar la cuenta regresiva para ciertos núcleos industriales del país que ven con cierto pesimismo el futuro de su suerte como caballeros de industria.

Ciertos núcleos del empresariado nacional reprochan al gobierno que no comparte los sacrificios que impone a otros sectores sociales. Ciertos núcleos del empresariado nacional tampoco vean con buenos ojos los continuos viajes al extranjero del Presidente Callejas y de sus comitivas. De esto han tomado nota los sectores populares que se burlan en las manifestaciones con la consigna: "Callejas viajando y el pueblo hambreando".

La Iglesia Católica y los partidos políticos

La jerarquía de la Iglesia Católica ha mantenido una posición de crítica constante al ajuste económico deplorando el impacto social devastador que está teniendo sobre la población de menores recursos y denunciando la corrupción entronizada en las esferas gubernamentales.

En el extremo de la postura crítica de la Iglesia Católica se encuentra Monseñor Luis Santos, Obispo de Santa Rosa de Copán, quien ha denunciado repetidamente la inmoralidad que representa pagar la deuda externa del país sometiendo a la mayor parte de su pueblo al hambre y a la extrema pobreza. Un poco desesperado por la falta de protestas organizadas que demuestren que el pueblo no está contento con el actual orden de cosas, Monseñor Santos pronunció una de esas frases que lo han hecho célebre: "Si el pueblo no reclama, que lo entierren parado", con lo que estaba parafraseando la expresión popular según la cual: "el que por su gusto muere, que lo entierren parado".

Las apelaciones de la Iglesia Católica para suavizar los efectos sociales del programa de ajuste no han podido conmover la conciencia de sus patrocinadores e impulsores. El Partido Liberal, que es en teoría el principal opositor del partido de gobierno, no se ha atrevido a mantener una posición de crítica constante como la mantenida por la Iglesia Católica. En realidad, el Partido Liberal no se ha atrevido a hacer oposición abierta e institucional al programa de ajuste porque no tiene una alternativa. Las críticas contra el programa económico han surgido del Partido Liberal a título individual. En este sentido Jaime Rosenthal ha mantenido una crítica constante al programa. Esta postura crítica ha sido mantenida a título personal y a través de su periódico TIEMPO. Algo semejante ocurre con el diario LA TRIBUNA, que pertenece al líder político liberal Carlos Flores Facussé.

Sin embargo, el campeón de la crítica antigubernamental desde el seno del Partido Liberal es el ex-Presidente José Azcona del Hoyo, quien se ha mostrado, además, un abierto opositor a la privatización de los servicios públicos. En este sentido, ha dicho que "el día que privaticen los servicios en Honduras, un pobre jamás va a tener electricidad ni una aldea jamás va a tener la comunicación eléctrica, porque eso no es rentable". Azcona del Hoyo está convencido de que los servicios públicos deben estar en manos del Estado para subsidiar a los pobres. Durante su gobierno, el ex-presidente fue un adalid de la electrificación rural.

El Partido de Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), agobiados por el divisionismo y el oportunismo, no logran convertirse en una oposición viable a las políticas gubernamentales. Los viejos y los nuevos partidos políticos influidos por la izquierda hondureña organizada, no han podido articular una clara y contundente oposición a la política neoliberal: el Partido Renovación Patriótica lucha actualmente por inscribirse en el registro electoral; el Partido Comunista de Honduras (PCH) padece desde inicios de la década del 80's a crisis de representatividad de la que todavía no parece recuperarse.

La oposición no logra aún resultados

Los opositores al ajuste estructural no han logrado alterar el curso de la política económica neoliberal. Ni han sido capaces de generar un movimiento amplio y vigoroso capaz de alterar el curso de acción decidido. Callejas ha decidido desoye sistemáticamente las apelaciones de los que se oponen a las medidas de su gobierno con la convicción de que las medidas "heroicas" que ha tomado para sanear la economía hondureña, son las más convenientes. "El gobierno", ha enfatizado Callejas, "continuará con el programa de ajuste y reestructuración de la economía, porque es un programa de éxito".

Para persistir en el curso establecido, el gobierno ha acudido a variados mecanismos para dividir, debilitar, acallar e ignorar los reclamos de los opositores a su programa de gobierno, especialmente los que proceden de las organizaciones que han disfrutado históricamente de alguna cierta capacidad de movilización y de cierta legitimidad social. Callejas y su equipo de gobierno han logrado neutralizar hasta ahora la oposición a su programa rechazando como poco serias las voces agoreras que amenazan con el fantasma de la descomposición social.

Y hay que reconocer que, hasta ahora, la única manifestación visible de la descomposición social que se percibe es la escalada de violencia y criminalidad que envuelve en una densa neblina de inseguridad y de temor colectivo a la población de los centros urbanos, hacia donde emigra un flujo interminable de masas pauperizadas del campo que engruesan, con su caudal inagotable, el contingente de las masas pauperizadas de la ciudad.

No asoma por ninguna parte la descomposición social generada por las masas que protestan airadamente contra las medidas que las empobrecen y que exigen un nuevo curso. Hasta ahora, los opositores al ajuste estructural van perdiendo la partida.

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