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  Número 127 | Junio 1992
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Nicaragua

Estallido social en cámara lenta

A pesar de los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados con diferentes sectores desposeídos, la ira popular todavía no ha degenerado en violencia.

Equipo Envío

El estallido social generalizado, tan temido y pronosticado por el sandinismo como descartado por el Gobierno, finalmente tuvo lugar a principios de mayo, en la forma de una oleada sin precedentes de conflictos locales espontáneos que reventaron en diversas formas por todas partes. Las principales ciudades del país quedaron prácticamente aisladas, porque el conflicto se desarrollo fundamentalmente en el campo pero, aunque los diferentes sectores en protesta no estaban coordinados, confluyeron a cortar las principales carreteras del país en sus tramos mas concurridos, obstruyendo, la comunicación al punto de que casi lograron paralizar la actividad económica. También la Costa Atlántica estallo cuando se planteo el derrocamiento legal de su máximo figura oficial.

En mayo y, de forma igualmente intempestiva y desordenada, otra fiebre -que no era la del cólera- sacudió al país: la fiebre beisbolera, afecto a la gran mayoría de los nicaragüenses, mas fanáticos que aficionado de modo que en las noticias, y las conversaciones, los sucesos en el Norte dieron lugar a las finales del campeonato nacional en que dos de los equipos mas humildes y populares de la liga - el San Fernando de Masaya y el Boer de Managua - disputaron el campeonato. Una fiebre que, según un diario local, "nos afecta a todos y de la cual nadie quiere curarse".

Los estallidos sociales y la fiebre beisbolera admiten alguna comparación, porque unifican a diversos sectores de nicaragüenses, más allá de sus inclinaciones políticas y partidarias. Y en ambos casos se trata de "juegos" plagados de mal pitcheo político, bases por bola, errores crasos de los jugadores, y una fatanaticada desbordada, particularmente por el Boer, el equipo mas popular, que no pudo controlar sus emociones ni en el estadio ni en las calles contra el equipo y barra del contrincante.

¡Viva el Boer!... aunque pierda

El Boer y los revoltosos que pusieron tranques en las carreteras del país, (desde Rivas pasando por Masaya, León y por supuesto en Matagalpa y Jinotega), constituyen una fuerza poderosa que como casi nunca antes, llegaba a una semi-final poniendo a su opositor contra las cuerdas.

En efecto, a principios de mayo, el gobierno había perdido el control del país. En otras ocasiones anteriores, las autoridades habían jugado con la dispersión y focalización de las revueltas para neutralizarlas combinando las amenazas con el dialogo, y terminar comprometiéndose a cumplir con las demandas particulares de los revoltosos. Así venia ocurriendo desde que en febrero tuvo lugar la "toma" de Ocotal y luego, levantamientos parciales en Matagalpa, la confrontación en Sébaco y la multiplicación en la conformación de grupos sublevados.

Se agota la paciencia

Pero la estrategia inicial de contención oficial estaba viciada en dos sentidos fundamentales: primero, el gobierno ofreció dinero a cambio de armas; y, segundo, prometió mucho mas allá de su capacidad de cumplimiento. Por otra parte, la experiencia parece demostrar que el estatus de rearmado asegura remuneración y atención gubernamental inmediata. Sin embargo, el incumplimiento gubernamental y la incapacidad de extender beneficios inmediatos a los demandantes, provocaron niveles de sublevación sin precedentes.

A la nueva dimensión cuantitativa se agrego otra cualitativa. La composición de los sublevados se hizo mas heterogénea: en las "tomas" de poblados pequeños, instituciones estatales y de propiedades, ya no solo figuraban los revueltos (recompas y recontras) sino también campesinos en numero importante, junto con militares retirados y ex-contras desalzados que también tomaron las armas y participaron en la interrupción del tránsito en las carreteras; campesinos sin tierra se tomaron propiedades sin importarles quienes fueran los dueños, afectando también a propietarios sandinistas; por otra parte, campesinos con tierra organizaban sus propias protestas exigiendo la titulación de sus propiedades; desempleados y hasta oportunistas también tomaban parte en la sublevación.

Lo único que unía a todos los sublevados era la convicción común de haber sido engañados por un gobierno que no cumple con los términos de licenciamiento, desmovilización o reforma agraria. Antonio Lacayo, Ministro de la Presidencia, confeso que el gobierno no tenía ni siquiera el inventario de lo firmado por sus funcionarios. Y lo confeso en un momento en que la paciencia de estos sectores, que mayoritariamente tienen preparación militar y acceso a las armas, esta rebasada.

Pero el mayor peligro estriba en que no solo se agota la capacidad de contención del gobierno, sino también la del Frente Sandinista que, durante las ultimas semanas y meses, se ha visto obligado a bregar desde el "outfield" con las consecuencias del pésimo pitcheo del gobierno. Pero los bateadores enardecidos en las barricadas no perdonan tan fácil.

En efecto, la incoherencia orgánica del equipo bateador no ayuda a la contención, como tampoco logra la consecución de los objetivos planteados, pues en la confrontación entre los revoltosos y el gobierno, los perdedores podían ser la Policía y el Ejército no desde el punto de vista militar, sino desde el político, lo que obligaría al Frente Sandinista a decidir, de una vez por todas, a que equipo se integra definitivamente.

¿En quién confiar?

Si la explosión no cobró un número mayor de víctimas, es porque los descontentos contaban con un mínimo de organización y de liderazgo político local. No se trata de individuos o pandillas vandálicas, aunque en algunas carreteras, elementos descompuestos de la sociedad se uniformaron de verde para asaltar. Se contabilizan mas de 120 grupos, cada uno celoso de su autonomía y representatividad. Por otro lado, no existe organización desde arriba, como alega la extrema derecha que insiste en que todo se dirige diabólicamente desde los despachos de Daniel y Humberto Ortega.

En realidad exageran el grado de control y de coherencia en el Frente Sandinista. Con la posible excepción de los retirados del Ejército, (divididos también en varias organizaciones) ninguno de los "movimientos" tiene estructuras a nivel nacional con capacidad de negociación centralizada. En el papel existen las Coordinadoras o Frentes Campesinos, pero en realidad cada grupo desarrolla acciones diversas, según las exigencias de sus integrantes y las peculiaridades de cada región.

Las confusión llego a ser palpable y peligrosa, tanto entre los alzados como a lo interno de sus diversas organizaciones. Grupos de recontras y recompas, revueltos y rejuntos, acusaban a sus antiguos jefes de haberse vendido al gobierno o de ser ineficaces en la defensa de las demandas; asimismo, se acuso a los dirigentes de haberse lucrado con prebendas oficiales dejando a sus bases desamparadas. En la medida en que el gobierno no cumple, la desconfianza se extiende al jefe que firmo sin exigir la verificación de los acuerdos. Si llegaba a abrirse otro ciclo de crisis- negociación-crisis, los delegados de la base insistían en llevar esta vez las negociaciones.

Pero la desconfianza también afecta al FSLN: se reportan agrupaciones anti-sandinistas o ex-sandinistas que acusan al Frente o al Ejército de haber dejado en el desamparo a los militares de baja gradación y a los militantes de pie mientras que los "grandes" se beneficiaron con la "piñata"; o de que el FSLN esta confabulado con el gobierno, de que se ha alejado del pueblo y, por lo tanto se debe descalificar su actuación mediadora que, en todo caso, no asegura una respuesta seria de parte del Gobierno, a las reivindicaciones de los sublevados.

En el río revuelto del estallido social, también se metieron los elementos lumpen que vieron la oportunidad de obtener su propia ganancia y cobertura para la actividad delictiva; y no faltaron los confundidos, cuyas demandas van mas allá de lo imaginable y negociable, que emprendieron acciones contra toda forma de propiedad y de autoridad, incluyendo ataques a las cooperativas y violentos enfrentamientos con las fuerzas armadas.

El FSLN al relevo

La naturaleza y el alcance del movimiento y de las demandas puso una vez mas a prueba la capacidad de liderazgo o de contención del Frente Sandinista. Según cálculos conservadores del Ejército, el numero de los sublevados se estima en unos 1,800 recompas o recontras armados, cuyas desmovilización era el tema de las negociaciones; otros 820 irregulares con posiciones duras pero con los que aun era posible sostener contacto; y otros 600 hombres armados en posiciones vandálicas, totalmente cerrados a la negociación. Con ellos chocó frontalmente.

Dialogar con hambre

Pero también su sumaron los recientemente desmovilizados, cooperativistas, campesinos sin tierra y otros muchos que, como mas de la mitad de las familias nicaragüense, según estudios económicos, cuentan con ingresos muy inferiores a los neCésarios para adquirir la canasta básica. Una vez mas, el FSLN se identifico con las demandantes y con el cuerpo de sus exigencias; y también con el Ejecutivo, en el llamado a la no confrontación y el dialogo. Un comandante sandinista recordaba públicamente que "la lucha armada puede tener justificación para combatir una dictadura o la intervención extranjera, pero no para demandar empleo o tierra".

Pero no es fácil convencer en este sentido a hombres afectados por el hambre, el desempleo, la falta de tierras y recursos para hacerla producir, y que además cuentan con preparación militar, tienen acceso a las armas, y están conscientes de que el gobierno solo responde a las amenazas consistentes. No se trata de una lucha armada, sino de una presión armada. El fenómeno es complejo y hace peligrar la cohesión interna del sandinismo ya que plantea contradicciones entre sectores de su misma área de influencia, en el ejército y la policía, y entre los productores afectados por la paralización económica.

A lo largo de las últimas semanas y, para algunos observadores de los últimos años, diversas acciones de protesta fueron contenidas o mediatizadas por la acción del FSLN. En una primera etapa, por el trabajo de sus estructuras regionales; mas recientemente por Daniel Ortega en su carácter personal, en la medida en que la influencia de los dirigentes partidarios regionales se agoto.

Pero la influencia política y la autoridad moral del FSLN no es inagotable, ni tiene el mismo impacto para los distintos demandantes en los diferentes niveles. La difícil situación interna del FSLN es un factor explicativo, pero no el principal. La dimensión de la crisis económica y social sufrida por las grandes mayorías, probablemente la mas grave en la historia de Nicaragua, erosiona aceleradamente la capacidad de persuasión y de liderazgo, no solo del FSLN sino también de los sindicatos y otros movimientos sociales. Al igual que los campesinos y revueltos, los sindicatos sandinistas también llegaron a la conclusión de que los métodos de lucha utilizados hasta el momento, desde la negociación hasta la huelga, no han logrado los objetivos perseguidos ni mejorado la situación del trabajador.

El fin de un modelo

En muchos sentidos, no se esta ante un problema político sujeto a soluciones políticas. En occidente, el viejo modelo económico agoniza con el colapso del cultivo del algodón, a consecuencia del derrumbe en el mercado internacional y su nula rentabilidad, lo que afecta a toda la región y a decenas de miles de sus habitantes. Cualquier plan de conversión o de sustitución de cultivos requiere anos para su materialización.

En esa zona tampoco se cuenta con tierra disponible para atender las exigencias de los llamados demandantes históricos de tierra, desatendidos tanto por la revolución como por el nuevo gobierno y que entran en competencia por la tierra con las decenas de miles de desmovilizados del ejército, de la resistencia, de los desempleados urbanos que vuelven al campo en busca de sobrevivencia, de refugiados y otros. Mas allá del debate de lo cumplido o incumplido por el Gobierno esta la realidad de la crisis estructural, centrada en el problema de la propiedad; y en la prolongación de la paralización productiva del país como resultado de la falta de aseguramientos legales (títulos) y financieros (re-estructuración de deudas, financiamiento).

Sin embargo, el gobierno también tiene una alta cuota de responsabilidad por lo ocurrido. Los acuerdos se firmaron de manera irresponsable, prometiendo lo que no había o lo que, legalmente, pertenencia a otros. Y los acuerdos fueron tantos, con tantos grupos, en tan diversos momentos y con tan diversas contrapartes oficiales, que ni a los mas altos niveles del gobierno central se pudo, en el momento de la crisis, contabilizar que se había firmado y que estaba pendiente de cumplirse.

Faltan recursos, es cierto, pero mayor es la falta de coherencia y eficiencia en el aparato estatal: después de dos anos en el poder, el gobierno no acaba de organizarse; sus entidades se contradicen entre si; falla la comunicación oficial sobre el poco esfuerzo realizado y las dificultades objetivas encontradas; y las autoridades municipales, muchas veces desatienden lo dispuesto en Managua. El resultado es un deterioro agudo en la confianza neCésaria para negociar con un gobierno incapaz de cumplir con sus promesas, o que solo cumple bajo presión, amenaza o a la fuerza. Mientras tanto, el invierno ya llego las tierras no están preparadas mientras en La Paz Centro, el EPS desplegaba tropas para desalojar a los ex-militares que habían tomado una finca, demandando al gobierno la entrega de tierras y crédito bancario.

Al fin y al cabo, las prioridades y atención de la cúpula gobernante están centrada en el plan de ajuste estructural exigido por Washington y los banqueros. Incluso, procurando un sobrecumplimiento de lo suscrito con la banca para impresionar a los acreedores de Nicaragua.

Candil de la calle... y oscuridad de la casa

Entre las prioridades del gobierno, es mas importante ser sujeto de crédito internacional que atender a las demandas locales de crédito, aunque el crédito otorgado al pequeño propietario es una forma inmediata de aliviar el hambre y la miseria galopantes en el campo. Sin embargo, la mayor parte del crédito se otorgo a los grandes productores agroexportadores que, a pesar de ser un sector privilegiado por el actual gobierno, solo lograron cubrir el 30 por ciento de sus necesidades crediticias reales, según informes suministrados por la UNAG.

La UNAG y el FSLN denunciaron que el gobierno, lejos de incrementar la disponibilidad del crédito, la disminuiría, debido a un compromiso asumido con la banca internacional de privatizar los bancos estatales que constituyen el mayor canalizador de crédito a los productores. Según la AID y el Banco mundial todo debe caer en manos de la banca privada, para que el gobierno no se vea afectado fiscalmente por las erogaciones crediticias de sus bancos, ni políticamente, pues serán los bancos privados los que embargaran al productor que no pague a tiempo. Con una lógica similar, el problema de falta de tierra deberá resolverse, no con la profundización de la reforma agraria, sino con su "racionalización" como llama al gobierno a la privatización a expensas de las cooperativas.

Estas decisiones guberanmentales amenazan a los pequeños productores, muchos de los cuales no estaban políticamente maldispuestos hacia el gobierno, pero que convergen con los revueltos ante la amenaza de su segura "proletarización". El Banco ni siquiera abre sus puertas a los cooperativistas y otros beneficiarios de la reforma agraria sandinista porque carecen de títulos legales de propiedad, aunque el gobierno se los ha prometido con frecuencia, solemnidad y pompa. Mientras tanto, la ATC demanda programas de alimentos por trabajo y tierras con instrumentos para la siembra, y los sindicatos exigen financiamiento para las empresas privatizadas a favor de los trabajadores.

Bateadores emergentes de la derecha

Algunos observadores habían llegado a la conclusión de que en la política nicaraguense los equipos ya estaban definidos. La extrema derecha habrá quedado excluida del campeonato y de la iniciativa política, que habría pasado a ser monopolizada por el Ejecutivo y el partido sandinista.

Estos observadores ignoraban la regla mas vieja del juego político nicaraguense: el gobierno de los Estados Unidos no abandona su papel combinado de arbitro, manager y accionista principal de todos los equipos, menos uno. El bloque de Lacayo (o de centro) en la Asamblea se consolido, con lo que el Presidente de la Camara Legislativa, Alfredo César, pierde la mayoría automática antisandinista y anti-presidencia. Como consecuencia solo quedo el recurso tradicional de los viejos politiqueros nicaragüenses: incrementar su apelación a Washington en defensa de los intereses comunes.

¿Cuál estabilidad?

El pretexto es la estabilidad del país. Pero cada quien define la estabilidad a su manera. El FSLN y el Ejecutivo continúan apostando aun acuerdo nacional en que cada uno supone deponer su respectivo "radicalismo": social por parte del FSLN y neoliberal por parte del Gobierno. En este contexto, el entendimiento pasa por la política económica y, mas concretamente, por la atención a las demandas acerca de la propiedad y el crédito de manera favorable a los intereses populares y de los pequeños productores.

Antonio Lacayo y el FSLN ya habían declarado cerrada la discusión sobre el tema de la propiedad, pero la extrema derecha empresarial y política insisten en mantenerla abierta. El hecho de que el proceso de titulación de propiedades sea nulo todavía, también contribuye a mantener el tema sobre el tapete. Este proceso de titulación esta contemplado en una ley cuya aprobación se logro en diciembre ultimo, con un estrecho margen de votos, sumando representantes sandinistas y gubernamentales.

Pero la derecha empresarial también cuenta con su propio esquema para el asunto de la propiedad y del crédito y no se resignan fácilmente a perder la batalla por el poder económico. En medio de la turbulencia social, los partidos de derecha en la Asamblea introdujeron dos nuevos proyectos de Ley sobre la propiedad, vinculados a los intereses de los grandes terratenientes, con la pretensión de anular el veto presidencial de diciembre de 1991 que, supuestamente, había dado por terminada la batalla jurídica sobre el tema. Uno de los proyectos fue presentado por el Partido Nacional Conservador y el otro por Alfredo César, con lo que se elevo mas aun la temperatura política.

En esos mismos días, César le echaba mas lena al fuego al viajar a Washington para denunciar ante el Congreso - y quien quisiera escucharlo - que el Ejecutivo había creado una situación de "co-gobierno" con el FSLN al tiempo que abandonaba a la UNO. En su viaje anterior había llevado a "consulta" su proyecto para asegurar el recambio militar; esta vez buscaba apoyo para su nueva propuesta sobre la propiedad y la privatización de la banca estatal. En su discurso, calificaba al gobierno de arrogante, de pretender resolver las cosas a solas, de aislarse de las fuerzas que lo llevaron al poder y congraciarse con el sandinismo con lo que "Nicaragua se estaba deslizando hacia la anarquía y el caos total".

La propiedad del César

César tenía un plan de gobierno con proyectos específicos para resolver los "problemas fundamentales" de la propiedad, las Fuerzas Armadas y la Policía, y el del crecimiento económico. "El gobierno es el que tiene los mecanismos para resolver esos problemas... o si no, debe reconocer humildemente que no puede y llamar a las fuerzas que si pueden, que es la UNO", argumento a su regreso de Washington, agregando que había malestar en la capital del imperio porque el gobierno no había cumplido con presuntos "compromisos".

En la mejor tradición de los políticos libero-conservadores a lo largo de tres generaciones, César, exigía que Washington destituyera a Lacayo y la diera oportunidad a la UNO de gobernar, ya que esta si puede cumplirles a los Estados Unidos. Como señala Barricada, "César se ha propuesto arrebatar en Washington todo lo que no ha podido conseguir en Managua, aunque esto signifique involucrar al Congreso y a la Administración Bush en nuestra política doméstica".

Por diseño o por azar, la ex-Embajadora Jeanne Kirkpatrick, enemiga histórica de los sandinistas, publico en el influyente diario Washington Post del 12 de mayo, un articulo en que relata lo expuesto en privado por César en el sentido de que la ayuda extranjera, incluyendo la estadounidense, estaría siendo canalizada a bancos estatales que a su vez, la pasarían "a las cajas fuertes de las empresas sandinistas" y a organizaciones sandinistas.

Precisamente en esos momentos el Senado estadounidense estudiaba la aprobación de un nuevo desembolso de ayuda a Nicaragua lo que hizo estallar al Ejecutivo. El Ministro de Cooperación Externa Ervin Krüger, califico a César como un irresponsable que contribuye, - al igual que el articulo publicado en el Wall Street Journal por el banquero Haroldo Montealegre -, a "dañar la imagen del país" y de estar alimentando "políticas confrontativas y afectando la imagen del país, mas aun cuando se cita al Presidente de uno de los poderes del país".

Krüger advirtió que "ya llegamos al momento de definir quienes están por la paz y la reconciliación y quienes están por la revancha y la maledicencia". Por su parte Lacayo, que acuso a Montealegre de formar parte de una campana publica en los Estados Unidos para obligar al cierre de los bancos estatales y a facilitar el control del mercado financiero nicaragüense, calificó a César como "empleado de Washington".

Los "dueños" contraatacan

El episodio pone de relieve la debilidad del esquema político y económico nacional obligando también al FSLN llamar a todos los sectores a no hacer política partidista a costa de la cooperación externa. La virulencia con que respondió gobierno demuestra que ha aprendido la lección histórica que le dio el sandinismo: los gobiernos confrontados con Washington siempre salen perdiendo. De hecho, el gobierno estadounidense esta sustancialmente involucrado en toda la política gubernamental.

Se trataba, como en ocasiones anteriores, de otra tentativa de las facciones criollas para aprovechar a su favor las diferencias de opinión a lo interno del gobierno estadounidense. Y viceversa, por supuesto. De parte de César, que insistió en que "la ayuda esta punto de suspenderse" esta una formidable y organizada base: el sector de los congresistas trogloditas, conocidos por sus posiciones anti-sandinistas; los nicaragüenses auto-exiliados en Miami, con vinculaciones somocistas; la comunidad derechista cubana; sectores de la Agencia Central de Inteligencia; y fundaciones derechistas.

Los congresistas reciben una presión especialmente intensa por parte de los nicaragüenses con ciudadanía estadounidense que reclaman la "devolución" o "indemnización" de sus propiedades legalmente nacionalizadas, o incluso, ya compesadas por el gobierno sandinista. De vez en cuando, se reciben cartas de los congresistas a la Presidenta indicando su "preocupación" respecto a la situación de sus conciudadanos y las implicaciones que esto podría tener a la hora de autorizar los desembolsos de ayuda ya aprobada por el Ejecutivo.

Alianza y desconfianza

No esta claro si la posición del Departamento de Estado es la misma que la de los congresistas. Aunque las formalidades políticas deben respetarse y la Embajada desarrolla las representaciones consulares del caso ante las autoridades de Managua, la preocupación de alto nivel en Washington en torno al tema de la propiedad es mas de fondo: se pretende estabilizar el régimen de la propiedad a como de lugar, a fin de asentar la estabilidad política y económica del país, y para poder relegar a Nicaragua a su lugar histórico en la lista de prioridades oficiales de los Estados Unidos. En alguna medida, esto significa favorecer el entendimiento entre el Ejecutivo y el FSLN sobre este tema.

Sin embargo, por la visión política el Departamento de Estado, se le hace sospechosa la contraparte política de ese entendimiento que se refleja en el acomodo entre la jefatura del Ejército y el Ejecutivo. En ese punto, Washington si pudo coincidir con César mas cómodamente, y no fue casualidad que en esta coyuntura se arreciara la campana contra Humberto Ortega y, mas particularmente, contra la Presidente por no prescindir de los servicios del General y de otros altos oficiales militares. De igual manera, el Departamento de Estado seguirá presionando la "profesionalización" de la Policía con el mismo objetivo de eliminar la influencia sandinista. Según parece, el gobierno de Chamorro había prometido a Washington dar estos pasos en el momento oportuno, pero aparentemente la oportunidad continua postergándose en el tiempo.

Una lógica ilógica

La contraparte económica del acomodo sandinistas-Ejecutivo, también es motivo de preocupación en los círculos técnicos, especialmente en la AID. Mientras el sandinismo exige créditos para decenas de miles de pequeños productores, con condonaciones o reestructuraciones de sus deudas, el gobierno apenas se digno a extender el crédito a 3,000 productores, la mayoría de ellos pudientes. Dentro del programa neoliberal, esta facultad es prerrogativa del mercado financiero y no del gobierno, por lo que estorbaban las bancas estatales que respondían a presiones políticas.

Aparentemente, también hubo un compromiso por parte del gobierno de privatizar la banca, pero las condiciones políticas y económicas tampoco lo permiten. Como consecuencia es probable que la AID, mas que el Congreso, recurra a aplazamientos de los desembolsos, los que vendrá a reforzar las posiciones de los Congresistas. Es un secreto a voces que los organismos internacionales y la AID vienen demandando la privatización de la banca estatal, y que incluso el Presidente del Banco Central se había comprometido a ello con el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, el sandinismo denuncio enérgicamente esta iniciativa como anticonstitucional, y explosiva desde el punto de vista político, porque la banca estatal financia a los pequeños productores y cabe esperar de ella flexibilidad en los términos de cancelación de los prestamos, especialmente en momentos de crisis o de colapso en la producción. Entonces el gobierno, se echa para atrás posponiendo la decisión ante la exigencia del sandinismo, de la poderosa UNAG y la de lógica de recuperación económica y productiva democrática, que defienden amplios sectores, excepción hecha de los banqueros privados quienes están ansiosos por acaparar un negocio lucrativo en que se reciben fondos al 5-8 por ciento y se prestan al 18 por ciento.

No está claro hasta qué punto el Departamento de Estado comparte las "preocupaciones" de César porque Washington suele apostar a los dos equipos. Esto no excluye el envío de señales a Lacayo vía César o vía congresistas o medios estadounidenses, que luego son invocados "amigablemente" por la Embajada estadounidense en Managua. Pero en todo caso, la Embajada estadounidense señaló que es "prematuro" plantear que la ayuda estaba en peligro.

Confusión en el bullpen

Lacayo califico a César de "empleado de Washington" y César a Lacayo de "empleado de Ortega". La realidad esa que cada equipo vela por sus intereses, y que el sandinismo esta lejos de contar con empleados. Washington juega bien sus cartas, aprovechando la crisis económica y social para exigir, directa o indirectamente, mayores concesiones políticas de parte del Ejecutivo. El sandinismo, por su parte de vuelve mas dependiente del Ejecutivo para contener las nuevas y viejas demandas del capital financiero nicaragüense, que comienza a desplegar su músculos, y sus lazos con figuras del gobierno.

Por otro lado, amplios sectores de la población continúan reclamando al sandinismo mayor beligerancia aun cuando las protestas son diversas y las demandas de los diferentes movimientos no siempre coinciden. Hasta el momento, la posición del sandinismo ha sido de apoyo a las demandas justas, como el cumplimiento de los acuerdos suscritos, el acceso al crédito, la entrega y la legalización de tierras, pero siempre tratando de promover que las movilizaciones sean de carácter cívico.

El planteamiento sandinista es valido sobre la base de que los recursos legales sean efectivos y escuchados. Pero nuevamente el FSLN se decepcionó: un proyecto de Código Laboral, cuidadosamente elaborado parlamentarios sandinista y negociado con los diputados de la UNO fue sorpresivamente rechazado por el Ejecutivo a mediados de mayo porque la presidencia solicito inusitadamente la revisión del Código aduciendo que la versión de la Asamblea "ahuyentaría la inversión, atentaría contra la creación de fuentes de empleo y causaría división entre los que tendrían trabajo con grandes beneficios y una gran mayorías que no tendría acceso a nuevos puestos de trabajo. Sin haber superado la situación en el campo, el Ejecutivo en la colina del "pitcher" hacia un nuevo lanzamiento que el movimiento sindical probablemente respondería con un batazo furioso.

Muchos sandinistas pensaron que el FSLN había hecho el ridículo el día 5 al convocar a los representantes de los diversos movimientos a Managua para definir soluciones; el gobierno también fue invitado con la esperanza de que llegarse en posición constructiva pero llego tarde; dijo que no se estaban revisando los 30 y tantos convenios; afirmo que solo "trabajando sin descanso" se acabara con la crisis; que el peso de la ley caerá sobre las protestas ilegales; y rechazo la propuesta del FSLN de fijar una calendarización para el cumplimiento de lo ya acordado como mecanismo para disminuir la tensión. "Si el gobierno no cumple, seremos los primeros en encabezar las próximas protestas", sentenció Daniel Ortega, cuando salía del auditorio ahora con posiciones mas maduras ante lo que calificaron como los "cantos de sirena" de Lacayo. El llamado sandinista a que ambas partes asumieran posiciones mas duras, cayo en el vacío.

Un batazo costeño

El agotamiento de la capacidad de contención sandinista se evidencio en la Costa Atlántica, cuando los miembros sandinistas del Consejo de la Región Autónoma Sur desbancaron legalmente a Alvin Guthrie, el gobernador de la zona y miembro de la UNO, en favor de Ray Hooker, diputado sandinista, también costeño. Los concejales sandinistas habían conformado una alianza con sus contrapartes de Yatama y algún miembro de la bancada UNO para lograr la mayoría y proceder a la destitución democrática de Guthrie, utilizando mecanismos previstos en la Ley de Autonomía y el Reglamento del Consejo.

El nombramiento de Hooker y la amenaza de una situación violenta en Bluefields por parte de los partidarios de Guthrie que se negaban a aceptar la legalidad de los hechos, provoco una división en el sandinismo. Por un lado, estaban los que apoyaban a Hooker y las reivindicaciones populares de la Costa contra un Gobernador que poco o nada ha hecho por la región. Por otro lado, estaban los sandinistas, sobre todo los que integran la bancada de la Asamblea, que veían venirse abajo el trabajo de acercamiento con el Ejecutivo y especialmente con el Grupo de Centro, que como UNO, daban su apoyo a Guthrie.

Existe preocupación en el sandinismo porque lo sucedido en la Costa pueda dar la impresión de que son justas y correctas las denuncias de César y de Kirkpatrick, reproducidas en La Prensa, en el sentido de que existe toda una estrategia del FSLN para retomar el control político, asumiendo posiciones claves en el gobierno de la Presidente Chamorro. Una caricatura en el diario La Prensa lo manifestaba bien: Hooker y Guthrie, los antagonistas en un ring de boxeo, Lacayo, el arbitro, los partidos de la UNO, detrás de Guthrie, apoyándole; y el sandinismo, como avestruz en la esquina detrás de Hooker.

A reorganizar el equipo

El sandinismo difícilmente podía salir ganando de situaciones como la ocurrida en la Costa o de las otras sublevaciones menos organizadas en el resto del país. Los insurrectos sandinistas demandaban el apoyo del partido FSLN y amenazaban con dejarlo si no lo conseguían. La derecha cobraba todas las acciones al FSLN: en las palabras de Ramiro Gurdián, del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Humberto Ortega cuenta con dos ejércitos: los revueltos y el regular.

Se trata de una opinión extremista, pero nadie puede negar que las tomas y bloqueos de carreteras provocan malestar e irritación en diferentes sectores de la sociedad, -no todos gran burguesía- que también pasan la factura política al FSLN. Hasta Daniel Núñez, Presidente de la UNAG, declaro que "las tomas de tierras provocan una inestabilidad en el campo que afecta a todos"; no obstante, dirigentes locales de la UNAG se solidarizan en la practica con los campesinos revoltosos. Esa relación ambivalente la comparte el mismo FSLN que mantiene diversos grados de influencia sobre los sublevados, a veces no la suficiente para hacerles desistir de sus métodos de tomas de carreteras, pero si para convencerlos de que cada dos horas dejen pasar el trafico.

En estas condiciones, algunas acciones resultan contraproducentes no solo por la posición adversa de la opinión publica, sino también porque el gobierno pueda sentirse envalentonado ante la impaciencia de diversos sectores con las acciones de protesta y que, por ultimo,ceda a las demandas de la derecha de enviar al Ejército y a la Policía a re-establecer el orden. Y esas demandas no solo provienen de los grandes terratenientes como Gurdián. También pequeños productores clamaban en el norte, porque resultan afectados por las actividades de bandas de delincuentes que se identifican como recontras, recompas o disidentes de la ATC.

El reto esta planteado y, probablemente, lo esta mas aun para las izquierdas que deben presenciar el efecto disgregador y de descomposición social que ocasiona las políticas económicas neoliberales que el gobierno quiere imponer contra viento y marea, o a pesar del line-up del adversario.

Además, la izquierda ya no puede responder como antes, como todavía esperan algunos. No se trata de "ponerse al frente", porque los movimientos tienen ahora su propia personalidad y representación con capacidad de negociación. Esto no significa que hay abandonar el liderazgo, sino que es neCésario conformar un nuevo estilo político de conducción con el que se procure evitar la dispersión de fuerzas; se promueva la articulación, priorización y coordinación de demandas y demandantes; en que se explique y se escuchen las causas del problema y sus manifestaciones políticas; en donde se analicen conjuntamente la eficacia e impacto real de las acciones cívicas y fuerzas, respetando la peculiaridad sectorial y territorial de las diversas luchas.

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