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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 126 | Mayo 1992
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Nicaragua

Los revueltos: ¿estallido social o chantaje político?

Los "revueltos", ex-militares sandinistas que empuñan las armas como "recompas" y los ex -militares de la Resistencia, alzados como "recontras" se han unido como "revueltos" para reclamar al gobierno y desestabilizarlo. Es un problema que tiene causas y que exige alternativas para el campesinado.

Equipo Nitlápan-Envío

La recesión en el sector agropecuario en 1991 hizo retroceder 30 años el nivel de producción en este sector. El desmantelamiento de las empresas estatales de exportación no ha llevado mejores precios al productor. El gobierno Chamorro aplica las reglas del mercado al campesino pobre pero subsidia al sector empresarial agrícola. En los últimos años, el campo experimenta una severa profundización de los niveles de recesión y de pobreza. Una política que frente todo esto, una política alternativa para el campo tiene que detener el retroceso de la reforma agraria. La "Pacificación" pasa por la ampliación de la reforma agraria. Esta es la situación en la que debemos analizar el problema de los "revueltos".

En las últimas semanas, se han generalizado en todo el país, - con la excepción de Managua -, las acciones de miles de desmovilizados (excontras y ex-militares sandinistas) de origen predominantemente campesino y llamados popularmente "revueltos". Han ocupado fincas, pueblos y ciudades del interior del país y han bloqueado carreteras para presionar al gobierno por el cumplimiento de los acuerdos suscritos para su reinserción en la sociedad civil. El gobierno, por su parte insiste en que se ha avanzado mucho en el cumplimiento de los acuerdos, aunque no ha tenido más remedio que negociar nuevamente y por separado, con cada uno de los focos rebeldes existentes en el país.

¿Se está generando un círculo vicioso?

¿Se está generando un círculo vicioso de demandas-acuerdos-incumplimiento-demandas acuerdos-incumplimientos que nos va a conducir a un "estallido social" de mayores proporciones? ¿O tiene el gobierno posibilidades de atacar a fondo las raíces del problema e incorporar a los "revueltos" al proyecto de desarrollo nacional?

El desborde social que encabezan los ex-contras y ex-compas tiene sus raíces en el impacto recesivo devastador que han tenido las políticas de estabilización y ajuste estructural sobre el campesinado y los trabajadores agrícolas. Las demandas de los "revueltos" o "rejuntos" son expresión genuina de las más sentidas reivindicaciones de la mayoría de la población rural del país y han sido puestos en el tapete del debate nacional por los rebeldes.

El problema no es solamente de ineptitud y/o falta de capacidad operativa del gobierno que no ha apoyado el proceso de reinserción en la sociedad civil de los miles de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, del EPS y del MINT, tal y como parece ser el consenso a que han llegado Antonio Lacayo y Daniel Ortega. Tampoco es una "conspiración sandinista" para chantajear al gobierno, como dice el COSEP y los grupos más recalcitrantes de la derecha criolla. Al parecer, ni los capitalistas criollos ni los políticos ultraderechistas, pueden imaginarse que los campesinos y los desempleados del campo puedan tener alguna iniciativa.

La política económica del gobierno excluye a quienes protagonizaron la guerra y la revolución

La clave del problema es que la actual política económica excluye a los nuevos sujetos sociales que emergieron como resultado de las transformaciones de los 80's. De forma absurda, el gobierno había creído hasta ahora, que con la cooptación de una fracción de los líderes de la Resistencia y la limitada participación en la privatización del APP que ha ofrecido a la UNAG y a la ATC, podría mediatizar a estos sectores y llevar adelante su proyecto económico excluyente.

Obviamente, estas medidas ejecutadas a medias, han sido absolutamente insuficientes para empezar a resolver el problema de la pobreza rural y, mucho menos, para responder a las demandas de los sectores más organizados y militantes de los campesinos y obreros agrícolas. Son precisamente estos sectores, los actores sobre el terreno del conflicto bélico de los 80s, los que se lanzan a una lucha por su sobrevivencia aprovechando la experiencia organizativa que adquirieron durante esos años.

Por eso es que también la Coordinadora Nacional Campesina, que a su vez aglutina a algunos sectores de ex-miembros de la Resistencia de ex-miembros del EPS y MINT y a la UNAG, tiene como principal bandera de lucha la democratización económica del país. Esta democratización económica tiene un significado concreto en términos de más reforma agraria, mayor acceso al crédito y apoyo a la comercialización de los productos agrícolas. Por esta bandera también lucha la ATC, cuya movilización se orienta ahora a presionar al gobierno para que implemente programas de emergencia que combatan el galopante desempleo rural.

¿Cuál es, pues, la vía para revertir la recesión del agro e incorporar masivamente estos sectores al proyecto de desarrollo nacional en el actual contexto económico del país? Hoy, más que nunca, Nicaragua tienen condiciones excepcionales para emprender un proyecto de desarrollo con equidad, porque además de disponer de la mayor abundancia relativa de tierras en Centroamérica, tiene la distribución de la propiedad agraria menos concentrada y una fuerte capacidad de organización campesina y sindical.

A lo largo de este trabajo, se intenta aportar elementos que contribuyan a la definición de una política agropecuaria cuyo eje central serían la reactivación de la producción y el ataque a la pobreza rural. La estructura del trabajo tiene dos partes. En la primera parte se analiza la situación actual del agro nacional y, en la segunda parte, se proponen una política alternativa y de marco institucional para implementarlas.

Un año más de recesión

El estallido de la crisis en el campo está fuertemente vinculado a los pésimos resultados del ciclo agrícola 91/92. Según las estadísticas oficiales, la actividad productiva del sector agropecuario en 1991 registró su peor caída de los últimos años (-6%), llegando a descender hasta los niveles de producción de 30 años atrás.

La recesión ha sido más aguda en las planicies del Pacífico. Los malos resultados de la producción algodonera del ciclo 91/92, representan el "tiro de gracia" para este cultivo tras casi cuatro años de esfuerzos inútiles para revertir su estancamiento. La crisis final del segundo rubro de peso en la exportación tradicional es el eslabón mas débil de la reactivación del sector empresarial agroexportador. El tardío consenso sobre este diagnóstico, ha resultado muy costoso para el país, porque ha desviado importantes esfuerzos estatales de la tarea de apoyar la reconversión productiva del Occidente.

Otro rubro clave de la exportación tradicional y de gran importancia en la generación de empleo en el Pacífico es la producción de azúcar. Tras varios años de reactivación, enfrenta el panorama sombrío de los bajísimos precios internacionales y de la reducción de la cuota norteamericana.

Solamente el banano aparece como alternativa viable para la recuperación de la agricultura empresarial de esta región. Sin embargo, para realizar esta reconversión se tropieza con importantes restricciones. Se necesitan inversiones cuantiosas en infraestructura de riego y plantaciones, así como conocimiento técnico del manejo del cultivo. Además, hasta ahora el principal mercado del banano nicaragüense han sido los países europeos (por ej. Bélgica, Holanda), que se integran plenamente al Mercado Común Europeo este año y, en consecuencia, adoptaran la política arancelaria de la CEE. Dicha política prácticamente va a sacar de competencia a los productores bananeros de Centroamérica y ya hay presión de parte de los países centroamericanos para modificarla.

Por otro lado, la producción campesina de ajonjolí disminuyó por primera vez en los últimos cuatro, a pesar de que los precios internacionales fueron relativamente buenos. La falta de liquidez de la economía campesina por la política de contracción del crédito bancario fué el factor determinante de esta disminución y tuvo también repecursiones negativas en la producción de granos básicos en la región del Pacífico.

Sin embargo, a nivel nacional hubo un aumento de las áreas sembradas y de la producción de granos básicos, aunque todavía se mantienen muy por debajo de los resultados alcanzados en años recientes (ver Cuadro 1).



Esta expansión reciente de áreas corresponde a factores de orden extraeconómico como son el restablecimiento de la paz en las zonas de frontera agrícola y a la amplia redistribución de tierra a los desmovilizados durante los dos últimos años. Esta expansión pudo haber sido mayor sin el obstáculo que representó la falta de crédito para la reactivación de las fincas campesinas que tuvieron que ser abandonadas durante la guerra.

La recuperación limitada de las áreas campesinas de la frontera agrícola, logró este año compensar la fuerte contracción de la producción de granos por la recesión en el Pacífico y la sequía en el Centro Seco del país.

Por otra parte, la caficultura y la ganadería del interior del país han proseguido en su tendencia de reactivación, particularmente en las medianas y grandes estructuras de producción. Esta tendencia no se traduce aún en mayores volúmenes exportados: la cosecha cafetalera recién pasada es mayor (875 mil qq) que la desastrosa cosecha del ciclo 90-91 (700 mil qq), pero aun está muy por debajo de los niveles alcanzados en los primeros años de la década de los 80 s Asimismo, las exportaciones de carne del año pasado experimentaron una baja sensible (-20%) en relación al año 90, pero hay indicios de que se está reconstituyendo el hato nacional mediante la recuperación de pastizales y una mayor retención de ganado hembra.

En ambos rubros (café y ganado), hay posibilidades de que se desarrolle una expansión sostenida en el plazo de algunos años, siempre y cuando la baja de los precios internacionales no se prolongue. Las posibilidades de mejoría de precios parecen más factibles en la ganadería, ya que recientemente se anunció la reapertura del mercado norteamericano para las exportaciones de carne.

Esta evolución diferenciada por zonas geográficas, rubros y sectores sociales y productivos, guarda a su vez una vinculación estrecha con las políticas de ajuste estructural que ha impulsado el gobierno en el agro su impacto sobre el crédito y los precios agropecuarios esta propiciando la ruina de la producción campesina y una distribución acelerada de los recursos existentes en favor del sector empresarial privado.

Una política crediticia anti-campesina

La política restrictiva del crédito es una de las causas de la recesión. Los nuevos condicionamientos del crédito que exigen como prenda agraria los Títulos de propiedad, y las altas tasas de interés han inhibido la demanda de crédito por parte del campesinado, cuya solicitud se redujo a la mitad en relación al año anterior (ver cuadro 2).





Asimismo, el incremento de la recuperación del crédito y particularmente en los sectores de la pequeña y mediana producción y del APP en vías de privatización, han implicado una transferencia desde los productores hacia el Banco muy superior, a lo que se dió en años anteriores. Por estas causas, el crédito neto - entregas menos recuperaciones - ha caído en un 40% en relación a 1990 y representa apenas una tercera parte de lo que fue en 1989 (ver Cuadro 3).

Los pequeños y medianos productores - involucrados en la producción para el consumo interno, pero también para la agroexportación - son los que han sufrido la reducción mayor en el acceso al crédito.

Su participación en la nueva distribución del crédito de corto plazo se ha reducido a 36%, cuando llegó a representar un 52% en 1989, mientras que la gran producción privada ha aumentado su participación en un 55 %, recuperando en gran medida la parte destinada anteriormente al APP (ver cuadro 4).



Con las nuevas reglas de asignación del crédito se profundiza una tendencia en que, el campesinado y, particularmente sus estratos mas pobres, dejan de ser sujeto de financiamiento estatal. Este "repliegue" de la banca estatal hacia los sectores de la mediana y gran producción se pone de manifiesto con el cierre en 1991 de 16 agencias del BND en el Interior del país.

Además, la recién establecida banca privada también va a privilegiar a estos sectores, por lo que sus perspectivas de inversión y recapitalización son muy favorables.

El "vacío" en que se ha dejado al campesinado se ha llenado de modo muy imperfecto por diversas ONG's y organismos internacionales que pudieron entregar pequeños montos de crédito o subsidio. Asimismo, se ha reanudado los tradicionales mecanismos de intermediación financiera (crédito usurero, mediería, "venta de futuro"), cuyo costo para el campesinado es ampliamente conocido.

Liberación y caída de precios

La crisis de liquidez de la economía campesina por falta de acceso al crédito, se agravó con la caída de los precios de los productores agrícolas de consumo interno, con la consiguiente reducción de los ingresos del campesinado (ver cuadro 5).

La eliminación del rol regulador de Enabas en los precios de acopio al productor de granos básicos, ha favorecido la caída de sus precios a niveles muy por debajo de los precios internacionales. Es notable el hecho de que el capital comercial privado ha dejado al descubierto el acopio de granos básicos y no se ha mostrado capaz de articularse a la producción nacional para sustituir el rol de Enabas.

Otros productos campesinos de consumo interno como plátanos, hortalizas y frutas han sido afectados por la apertura comercial que ha propiciado importaciones masivas de estos productos provenientes de otros países centroamericanos, a precios mucho más bajos que en los últimos años.



Por último, el desmantelamiento de las empresas estatales de comercialización externa, no se ha traducido en mejores precios de los productos de exportación para el campesinado. La privatización se suponía que iba a disminuir los costos de intermediación de los productos de exportación y de esta manera aumentar los precios al productor. Al parecer, lo que ha sucedido es simplemente un cambio de dueño en el lucrativo negocio de la agroexportación, con lo que únicamente se ha beneficiado al sector empresarial privado.

Como ilustración, el precio promedio del café uva de los pequeños productores de Carazo cayó en un 50%, mientras que los precios internacionales se redujeron en un 30%. La diferencia en el movimiento de ambos tipos de precios fué captada por los nuevos intermediarios privados, con el consiguiente perjuicio para los pequeños productores.

La alta rentabilidad de corto plazo de la agroexportación, está incentivando la reconstitución de las antiguas redes de intermediación financiera y comercial que existían antes del triunfo de la Revolución Sandinista. Se ha abierto entonces, con el "retorno" del capital comercial, la posibilidad para los grupos dominantes de volver a controlar los eslabones económicos claves y absorber el excedente campesino.

En síntesis, la política restrictiva de crédito y la liberación total de los mercados agrícolas, han significado un menor acceso a financiamiento para el campesinado y precios deprimidos para sus productos. Esta combinación de poco crédito y bajos precios ha profundizado los niveles de descapitalización y endeudamiento del campesinado, reduciendo gravemente su capacidad de producción y su nivel de ingresos.

Subsidios para los empresarios

Mientras al sector campesino se le aplicaban las reglas del mercado libre, las políticas gubernamentales siguieron privilegiando sistemáticamente al sector empresarial privado con apreciables niveles de subsidios. En primer lugar, las sucesivas devaluaciones que se han sucedido desde 1988 incluyendo la maxi-devaluación de marzo 91, han constituido, por el tipo el reajuste de precios favorables a la agroexportación, una transferencia sistemática de recursos desde el sector campesino de consumo interno hacia el sector agroexportador empresarial privado.

En segundo lugar, la nueva política crediticia, además de haber significado una distribución más ventajosa del crédito para el sector empresarial privado, ha seguido constituyendo un instrumento de repartición desigual de subsidios. Por ejemplo, el tratamiento preferencial de la deuda algodonera y cafetalera que acompañó la devaluación de Marzo del 91 y las nuevas reestructuraciones anunciadas recientemente, han representado subsidios considerables para el sector empresarial privado.

En tercer lugar, las políticas de comercialización y precios han beneficiado a sectores significativos de la gran producción. Mientras el campesinado competía en condiciones desventajosas con las importaciones del área centroamericana, los gremios sorgueros y arroceros gozaron de precios nacionales relativamente protegidos del mercado internacional al lograr negociar ciertas restricciones en las importaciones de maíz amarillo y arroz.

Estas transferencias desiguales entre los sectores productivos del agro, asociados con una situación de sobrevaluación del córdoba, han significado un verdadero "respiro" a los sectores menos eficientes de la burguesía. El tratamiento de excepción - al margen de las reglas del mercado tan invocadas - no ha hecho más que retrasar una reconversión productiva general y sostenida del conjunto del sector agropecuario. Además de prolongar "artificialmente" la vida de sectores empresariales que poco aportaron a la economía nacional, se ha privado a la pequeña y mediana producción de una contribución evidente a la reactivación.

Un acelerado proceso de concentración

Esta evolución ha permitido la reanudación a ritmos acelerados de la diferenciación social en el campo, desatándose un proceso de concentración de los recursos que tiende a revertir la "democratización" del agro alcanzada en el período 1979-1987.

Aunque los gremios de la ATC, de la UNAG y de los desmovilizados del EPS y de la contra han logrado impulsar una reforma agraria de hecho, y beneficiarse en alguna medida de la privatización de las corporaciones estatales (Hatonic, Agroexco y Cafenic), es innegable también la reconstitución de un estrato pudiente de grandes propietarios, con capacidad creciente de concentrar la tierra, el ganado y el crédito, así como de controlar las redes de procesamiento y comercialización.

Este proceso de concentración, que se inició con los primeros Programas de Ajuste y luego la "piñata sandinista", se ha acelerado con la nueva política económica de liberación y privatización y con la devolución de fincas a sus antiguos dueños. Se alimenta actualmente con el empobrecimiento de las capas bajas del campesinado, que se descapitaliza, vende sus tierras y vuelve a entablar relaciones de mediería, colonato o asalariado con los grupos acomodados. Las tendencias apuntan a que la ruina de la economía campesina dé cada vez más cauces a esta polarización económica.

En el plazo de algunos años apenas, la incapacidad de segmentos importantes del sector beneficiado por tierra -tanto del período pre-88 como de los últimos dos años -, para ser económicamente viable, crea las condiciones para un retroceso de la reforma agraria y la concentración de la propiedad. Este proceso ya se ha iniciado con las ventas de tierras de las cooperativas y de desmovilizados. Potencialmente, las cooperativas y las Empresas del APT más endeudadas, así como los nuevos beneficiados con tierra que no se podrán estabilizar por falta de recursos, ofrecen un enorme fondo de tierra recuperable en plazos de 2 a 3 años por el sector empresarial privado.

En conclusión, el campo está experimentando un profundización de los niveles de recesión y de pobreza de los últimos años. La pobreza extrema se está ampliando a importantes segmentos de la población campesina, pero la concentración de recursos no tiene como contrapartida un despegue productivo.

Por el contrario, las extensiones de tierra ociosa se han incrementado y el desempleo ha aumentado considerablemente. Son precisamente estas condiciones las que han propiciado el surgimiento de los "revueltos", cuya composición es predominante de desempleados rurales y que a la vez tienen experiencia de organización militar adquirida durante la década de los 80's.

¿Hay alternativa para el campesinado?

El problema de fondo a corto y mediano plazo consiste en cómo incorporar a los campesinos y a los trabajadores agrícolas en una estrategia alternativa de reactivación agropecuaria y de reconversión de la estructura productiva del país. La implementación de esta estrategia alternativa requiere a su vez de la definición de un nuevo marco institucional para operativizarla. Hay que identificar claramente cuáles serán los mecanismos concretos de concertación entre el Estado y los diversos sectores sociales y productivos del agro y cuáles las áreas de intervención estatal en el sector agropecuario. La alternativa apunta también a redefinir el rol del Estado y su vínculo con la sociedad civil.

¿Cuáles serían los términos generales para una estrategia de desarrollo alternativo de incorporar a los sectores populares campesinos? ¿Qué políticas conformarían esta estrategia? Y sobre todo, ¿podrían ponerse en marcha en la institucionalidad vigente o sería necesario generar otra nueva?

Hay que contener la recesión

Una política de reactivación agropecuaria tiene que responder de manera diferenciada a las problemáticas de las diversas regiones del país y de sus sectores sociales y productivos. No hay "recetas" únicas para una problemática que, aunque tiene ejes comunes a nivel nacional como la caída de precios y la falta de liquidez, tiene a su vez diferencias estructurales vinculadas a su ubicación geográfica, acceso a tierras e infraestructura, niveles de capitalización, tecnologías. En términos generales, la política alternativa se centra en detener y revertir la recesión de la economía campesina; y contener el retroceso de la reforma agraria.

La política del gobierno para responder a la crisis del Pacifico y particularmente de Occidente, ha sido hasta ahora que el banano y el cultivo de no-tradicionales como el melón, son la salida a la crisis del algodón. La realidad es que el potencial de repuesta de corto plazo de una expansión del banano y los no-tradicionales es muy insuficiente para la magnitud del problema planteado por el desempleo en Occidente. La respuesta trasciende a la búsqueda de otros rubros "milagrosos" que sustituyan al llamado "oro blanco". Por el contrario las salidas a la crisis son múltiples e involucran necesariamente a los diversos sectores sociales y productivos de esta región.

Entre ellos, el sector campesino, ya sea tradicional, ya sea beneficiado por tierra en el período sandinista y de los últimos dos años, tiene un potencial de respuesta a corto plazo porque ha venido diversificando su producción, incorporando cultivos exportables como el ajonjolí o la yuca, y readecuando sus tecnologías. Por ello, una estrategia de promoción de alternativas destinadas a estos sectores contribuiría a respuestas productivas y de empleo a lo inmediato.

Por otra parte, las tendencias actuales en el interior del país son de focos de despegue en torno a la gran caficultura y ganadería mientras que el "interior campesino" experimenta una recuperación a ritmo muy lento con una "tímida" reapertura de la frontera agrícola. En estas zonas donde se concentran miles de ex-combatientes desmovilizados, todavía sin tierra ni tampoco mucho capital para producir, la crisis económica se manifiesta en los mayores niveles de conflictividad social y político en el país.

La solución no puede provenir únicamente de los sectores empresariales ganaderos y cafetaleros quienes, a pesar de ser afectados por los bajos precios del café y de la carne, han estado en capacidad de reactivar sus fincas e invertir. La "pacificación" y un crecimiento sostenido pasan por una rehabilitación masiva de las estructuras de producción afectada por la guerra, un apoyo decidido al nuevo sector beneficiado con tierra y la ampliación de la reforma agraria.

Las ventajas de esta economía campesina de montaña están en su capacidad a dar un respuesta productiva de corto plazo, con posibilidades de aportar volúmenes de producción crecientes de granos básicos café, leche y carne. El aumento de los precios de los granos básicos es, por lo tanto, determinante para ofrecer posibilidades de ingresos y capacidad de inversión.

Hay que crear institucionalidad con participación

El acelerado proceso de reducción de la cobertura del Estado en la prestación de los servicios de financiamiento, investigación y asistencia técnica; acopio, procesamiento y comercialización, ha creado "vacíos" institucionales en el sector agropecuario. La magnitud del rol del Estado en la década de los 80's hace que este retiro "brusco"y los "vacíos" que deja, sean ocupados o apropiados muy desigualmente por el sector empresarial privado, las organizaciones gremiales como ECODEPA y las ONG's.

El sector empresarial privado ha podido sustituir parcialmente al Estado en las actividades económicas de alta rentabilidad y de corto plazo, como es el procesamiento agroindustrial, la comercialización externa de productos agropecuarios y el abastecimiento de agroquímicos. En algunos casos, ha intentado incluso rearticularse con la producción campesina, como en la década de los 70's, en torno a la intermediación financiera y comercial (reconstitución de redes de acopio de café entre ellos.

Sin embargo, no sucede lo mismo con los servicios de financiamiento, investigación y asistencia técnica. El BND y el MAG han reducido sustancialmente su cobertura y solamente algunos ONG's como CEPAD y el Instituto Juan XXIII, han suplido en algunas zonas este tipo de servicio. Lo mismo sucede con el acopio de granos básicos, porque con el retiro de ENABAS no se ha producido una restauración automática de las antiguas redes de intermediación de granos básicos. La consecuencia ha sido una caída dramática de los precios como se dijo en párrafos anteriores.

En este contexto, la estrategia implementada hasta ahora por la UNAG ha sido, por un lado, luchar para evitar una mayor desarticulación de los roles jugados por el Estado (BND y ENABAS), pero sin lograr más que frenar un movimiento que ha seguido avanzando; y, por otro lado, intentar la consolidación acelerada de formas empresariales de organización, para enfrentarse y compartir con el capital privado. En esta lógica se enmarcan la estrategia de fortalecimiento de ECODEPA, lucha pro el acceso a plantas de procesamiento (mataderos, beneficios de café, procesadoras de ajonjolí), las propuestas de comprar silos de ENABAS, y el proyecto de formar un Banco Campesino que vaya sustituyendo el vacío que deja la reducción de la banca estatal.

Paralelamente, frente al desmantelamiento del APP, la estrategia de la ATC ha sido lograr la cuota máxima posible en la privatización de las empresas vía la negociación y las tomas de fincas devueltas a sus antiguos propietarios. Esta estrategia ha permitido obtener una cuota importante de CAFENIC, HATONIC y AGROEXCO y constituir el Area Propiedad de los Trabajadores.

Sin embargo, su participación en la privatización ha sido inicialmente supeditada a la compra del ganado, maquinaria e infraestructura existente. De este modo, de entrada el APT se queda sin viabilidad económica. Asimismo, la ATC ha decidido preservar la antigua forma de organización empresarial del APP con algunas modificaciones, lo que también constituye una desventaja por sus altos costos administrativos en relación a las otras formas de organización de la producción existentes en el agro. Además, esta forma de fue viable en los 80's por el trato preferencial en materia de financiamiento y por el apoyo tecnológico de parte del antiguo MIDINRA.

De este modo la reducción del Estado no ha sido compensada por una nueva "institucionalidad" desde la sociedad civil. La pérdida de la regulación social a través del Estado no se ha reequilibrado con los nuevos espacios de participación del proceso de concertación, que han mantenido un carácter formal. El carácter comparativo de la lucha gremial o sindical ha ido en detrimento de los intereses de los sectores mayoritarios del campesinado y de los obreros agrícolas. Esto ha resultado en una división en el sector popular que ha debilitado su capacidad de resistencia económica al ajuste estructural, y no ha logrado mayor participación en el rumbo del programa económico.

Una estrategia de desarrollo alternativo requiere de una nueva institucionalidad cuyo eje sería un estado renovado y con la contraparte de instancias democráticas de participación y organización en el terreno económico. Esta institucionalidad se construiría de forma gradual y progresiva. En concreto se trataría de un rol estatal de apoyo y fomento a organizaciones de carácter gremial y local que irían ampliando paulatinamente sus espacios en la administración del crédito, la generación y difusión de tecnología, el procesamiento y comercialización de sus productos.

Hay que ejecutar una política crediticia alternativa

El programa crediticio anunciado por el Gobierno para el ciclo 92-93 no logrará contener la recesión generalizada del sector. Es de prever que, al igual que en el ciclo pasado, lo "programado" quede muy por debajo de lo que realmente se financie y termine siendo un "espejismo" para calmar las reivindicaciones populares al momento de concluir las negociaciones. Por ejemplo, en el ciclo 91-92, solamente la mitad de los montos programados se financiaron realmente (ver cuadro anexo).

El monto de la cartera crediticia para el campesinado que estamos proponiendo representa un tercio del total de la programación del BND para este año. Sin embargo, habría una ampliación en cuanto al número de beneficiarios de más de 100%, ya que los campesinos beneficiarios serían más de cien mil y actualmente el BND tiene unos 45,000 clientes.

Modalidades de financiamiento

Las modalidades del financiamiento a promover han de alejarse sustancialmente de las prácticas históricas del BND en cuanto a la rigidez en la definición de los rubros a financiar, los montos, y los plazos. La flexibilidad que se podría alcanzar con estas modalidades, es la única receta válida capaz de dar repuestas a la diversidad de las situación con mayor probabilidad repuestas productivas. En este sentido, los diferentes aspectos que debería contemplar una política alternativa serían:

- Participación de los grupos campesinos en la definición de las modalidades de financiamiento en un marco de techos y abanico de posibilidades (manzanajes, montos, rubros, plazos, y otros) establecidos localmente;

- Asignación de montos pequeños por familia para permitir la mayor cobertura posible y a la vez bajar los riesgos en la recuperación;

- Asociación del financiamiento bancario a la utilización máxima de recursos propios (autofinanciamiento);

- Diversificación de los rubros y actividades a financiar para dar a los productores la opción de escoger las producciones y las alternativas económicas más ventajosas;

- Definición de los montos en base a gastos monetarios reales y según las tecnologías más ahorrativas.

Por otro lado, el BND no puede atender a este tipo de grupos con programas de crédito por rubro, porque esto no se corresponde ni con la estructura productiva ni con las necesidades de crédito de la producción campesina. En este sentido, se proponen programas de crédito para el campesinado según el cuadro No. 6.



Crédito de corto plazo

"Crédito productivo de emergencia". Persigue evitar una recesión mayor que la del ciclo 91-92 y favorecer el empleo productivo a lo inmediato. Se destina por un lado a cooperativas y pequeños productores endeudados del Pacífico e interior seco, quienes han padecido sequía y, por segundo año consecutivo, no serán sujetos de crédito según los parámetros actuales del BND. Por otra parte, concierne a grupos beneficiados recientemente por tierras o instalados en fincas tomadas. Consiste en un "paquete" mínimo para la producción de 3 mzs. por familia (según los lugares ajonjolí, maní, frijol o maíz). Contempla el financiamiento de los costos de semilla, de servicios en preparación de suelo y de fertilizantes. Paralelamente, el gobierno podría apoyar a estas familias campesinas con alimentos hasta que cosechen apoyándose en la red institucional existente, como CIAV-OEA y CEPAD.

- Crédito "Retención de animales en fincas campesinas". Pretende limitar la descapitalización campesina en ganado vía venta de vientres. Dando mayor liquidez a los productores, se retardaría un año el descarte de animales para obtener más partos de las hembras y contribuir así al crecimiento del hato nacional. Se propone un techo de 3 animales a ser retenidos en 20,000 pequeñas fincas ganaderas.

- Crédito "Granos básicos de "montaña". La falta de liquidez en la montaña ha limitado el aumento de la producción de granos en el ciclo pasado. Pequeñas cantidades de crédito deberían permitir a corto plazo una mayor producción y mejores ingresos. Sin embargo, los precios de los granos, - maíz y frijol -, que se destinarían a abastecer el mercado nacional a la exportación hacia el mercado centroamericano, tienen que subir. Este crédito se destinaría al campesinado "tradicional", los beneficiarios por tierra y repatriados. El monto básico aseguraría el sustento durante 5 meses de una familia de 6 personas.

Programas especiales

- Crédito "Tracción y transporte animales". Este crédito consiste en bueyes para el Pacífico con el objetivo de que puedan sustituir parcialmente el uso de maquinaria, y así reducir los costos de producción. Se dirige esencialmente al sector cooperativo donde los servicios de mecanización prevalecieron en los últimos 10 años y los nuevos beneficiados por tierra del 90-92. En las zonas de montaña, el financiamiento de mulas esta ligado a la reactivación de la caficultura.

- Crédito "apoyo a la rehabilitación de la caficultura campesina". En las partes más altas de la montaña (Matagalpa -Jinotega), este crédito apoyaría la recuperación y renovación de la pequeña caficultura, que hasta la vez no se ha beneficiado de los fondos previstos para la caficultura nacional. Además este paquete debería ligarse a la adquisición de equipo, como despulpadoras. Se proponen dos paquetes para la renovación de 2 mzs. por familia: "semi-tecnificados" (C$5,000/mz) o tradicionales (C$1,000/mz).

- Crédito ganadero para el Interior del país. Se trata de un crédito para la adquisición de algunas vacas/vaquillas por familia lo que permitiría iniciar un proceso de explotación del pasto disponible. Está dirigido a los beneficiados por tierra de la ex-Resistencia y de la ATC -particularmente los beneficiados de tierras empastadas de Hatonic -, y a los sectores más pobres de los pequeños productores. Este crédito permitiría detener la actual tendencia de descapitalización, alquiler de pastos o bien venta las parcelas o pequeñas propiedades.

Cabe subrayar que las fincas del APT tienen dos años de no recibir crédito del Banco y que están en un proceso de descapitalización avanzado: reducción en un 30% del hato; deterioro de la infraestructura - postes y alambradas -, y de los bosques, - leña, hechura de carbón -. Por otra parte, el sector obrero o de la ex-Resistencia que recibieron tierras vía reforma agraria, han tenido que deshacerse de la vaca que eventualmente recibieron con la tierra, y tienen graves dificultades para consolidar su unidad de producción. Se estima que, si sigue la política actual, más de un tercio de entre ellos se vería obligado a vender su parcela en un plazo de dos a tres años.

- Crédito "Fondos para colonización de montaña adentro". De manera complementaria con los otros programas, se hace necesario apoyar a los sectores de repatriados y desmovilizados con fincas propias abandonadas totalmente en el transcurso de la guerra, o que han decidido intentar una recolonización en el "frente pionero montaña adentro". Para permitir una efectiva rehabilitación de estas fincas se propone un "paquete básico" conformado por 2 vacas, 1 mula, zinc para casa, más un paquete de consumo de subsistencia de un año.

- Crédito "Vamos a nuestras tierras". Se destina al sector beneficiado por tierra y apunta al traslado de las familias a las tierras que recibieron. Consiste en el financiamiento de los techos para la construcción de las casas, la rehabilitación de infraestructura básica como pozos de agua potable y luz, y la rehabilitación de cercas. Este crédito se podría promover en el marco de una movilización masiva que contemple la puesta en marcha de alternativas productivas y organizativas de corto plazo: promoción de los rubros y las tecnologías más rentables; Plan Nacional de Titulación Individual que se explica más adelante; traslado a las fincas e inversión en infraestructura y cultivos permanentes entre otros. Esta movilización debe integrarse a las empresas del APT que enfrentan problemas de rentabilidad similares y posiblemente necesiten de alternativas que van también en la dirección de una "campesinización", en lugar de esquemas que perpetúan el APP bajo nuevas formas.

Intermediación financiera

La remodelación en curso del sector financiero nacional implica que la ampliación de la cobertura crediticia en el campo, pasa por búsqueda de nuevas modalidades de financiamiento. Nuevos actores deben de asumir, pero de manera renovada, la función que en toda la década pasada cumplía el BND.

En los últimos dos años, el campesinado y, particularmente, sus estratos más pobres, han dejado progresivamente de ser sujeto de financiamiento estatal a causa de las nuevas reglas de la asignación del crédito y a los requerimientos formales del Banco de tener el Título y/o escritura de la propiedad como prenda. Mientras que una parte lograba conseguir pequeños montos de subsidio de diversas ONG 's u organismos internacionales, el crédito usurero, la mediería y la "venta de futuro" han sido para otros las salidas para atenuar su falta de liquidez. Estas opciones no han sido suficientes para evitar la recesión en el sector campesino, ni tampoco son sostenibles en el futuro a la hora que muchos canales de ayuda externa cuestionan su viejo esquema de subsidios.

Por otra parte, con la lógica actual de la reestructuración financiera, el BND - así como los nuevos Bancos privados -, continuará marginando al campesinado, satisfaciendo solamente las necesidades crediticias de sus estratos más acomodados que generalmente están involucrados en actividades de agroexportación.

Las soluciones preconizadas por la UNAG no aparecen como suficientes. Por ejemplo un eventual Banco Campesino, al tener que plegarse a las mismas reglas de rentabilidad financiera, no se podría arriesgar a financiar al campesinado. Asimismo, la participación de la UNAG en instancias departamentales de crédito no impidió la débil ejecución de la cartera programada.

Una estrategia de ampliación de la cobertura a territorios y sectores "abandonados" por la política estatal debe fundamentarse en potenciar el rol de intermediación financiera para el mayor espectro posible de organizaciones con inserción local, que completarían el aprovechamiento de la capacidad aún instalada del BND. Incluso, el BND podría jugar un rol clave en el fomento de organizaciones alternativas de crédito solidario, dotándolas de capital semilla y prestándoles apoyo técnico. Esta no es una experiencia desconocida en la historia del BND, ya que en la década de los 70 's se impulsó con apoyo del BID la formación de las Cooperativas de Crédito R.L.

En la nueva red de financiamiento, podrían caber precisamente las antiguas Cooperativas RL, las Tiendas Campesinas, UCA's ONG's, Asociaciones de Productores, grupos sindicales de la ATC. El éxito de este esquema pero haciéndolo más descentralizado que en el pasado, radicaría en la cohesión social del grupo y su grado de participación en la distribución, manejo y recuperación del crédito.

La política gubernamental se ha centrado en el desmantelamiento de su capacidad de experimentación y mejoramiento tecnológicos y su traspaso al sector privado, en coherencia con los objetivos de reducir el gasto estatal. Este proceso se está dando al mismo tiempo en que los sistemas de producción agropecuarios entran en crisis y pierden viabilidad al someterse al marco de una "economía sin subsidio". En consecuencia cuando más se requiere de la capacidad nacional de generar y difundir nuevos patrones tecnológicos adaptados al nuevo contexto económico, es cuando menos se dispone de esa capacidad por la política de privatización.

En este sentido, son pertinentes las recomendaciones de la reciente misión conjunta del Banco Mundial, BID y FAO, sobre la necesidad de aglutinar la capacidad de apoyo tecnológico estatal para los pequeños y medianos productores en un nuevo Instituto de investigación y extensión. Dicha institución estaría llamada a jugar un rol clave apoyando al proceso de reconversión productiva de la producción campesina, en coordinación con los ONG's, organizaciones campesinas locales y universidades.

Investigación agronómica

Las tecnologías alternativas debieran generarse a partir de un verdadero "movimiento de innovadores "campesinos" buscando cómo bajar los costos por medio de la mejora de la tracción animal, de una mayor eficiencia en el uso de los insumos comprados, y de la búsqueda de nuevas modalidades de fertilización. Estas últimas no pueden limitarse a la promoción de "abonos orgánicos", sino que deben partir de una racionalización del uso de fertilizantes químicos y apoyarse en el potencial de la asociación agricultura - ganadería. Por otro lado, es primordial la búsqueda de un abanico amplio de variedades -capital histórico que ha sido fuertemente amplio -, como condición para la adaptación a la diversidad agroecológica existente.

En las planicies del Pacífico, la necesidad de reconversión productiva es mucho mayor y, a la vez, es la región del país que tiene mejores condiciones para hacerla, tales como la calidad de los suelos y del régimen de lluvias, existencia de la mejor infraestructura vial del país y concentración de la mayor proporción de población urbana.

En el Interior, los retos están en la promoción de rubros y tecnologías en sistemas de producción económicamente viables y ecológicamente sostenibles que rompan la lógica de uso "minero" del bosque y de los suelos que prevalecieron durante el avance de la frontera agrícola en las décadas de los 60's y 70's. El daño ecológico que puede acompañar en muchos casos la producción agropecuaria actual en los suelos más frágiles del Trópico Húmedo, pone en el petate el reto de nuevas tecnologías y cultivos que preserven los recursos naturales.

En ambas regiones, se requiere de la introducción o el desarrollo de rubros - nuevos o viejos, tradicionales o no tradicionales - para exportación. Algunos de estos rubros podrían ser:

- Fomento del ajonjolí en el Pacífico y quizás en algunas áreas del Centro Seco del país, apoyando al sector campesino "histórico" en la búsqueda de variedades más ventajosas de sembrar y difusión de elementos de manejo básico.

- Los tubérculos, como la yuca y el quequisque, mediante mejoramiento de variedades y aprendizaje de técnicas básicas de embalaje, podrían destinarse al "mercado étnico" de los EEUU. Competirían favorablemente con la producción de Trópico Húmedo de países como Costa Rica y podrían desarrollarse en las dos grandes regiones agroecológicas del país. En el Pacífico, tendrían la ventaja adicional del acceso a infraestructura. Además, la yuca puede servir ventajosamente de alimento balanceado para la avicultura y la ganadería nacional.

- Musáceas como el plátano, podrían ser una alternativa parecida en las partes más húmedas del Pacífico, aprovechando el acceso a infraestructura y a la ausencia relativa de la sigatoka, plaga que afecta a muchos exportadores del área centroamericana .

- El cacao es un producto no-tradicional que se ha desarrollado en las zonas campesinas del Interior del país casi sin apoyo estatal. Tiene el problema de la infestación de la "monilia", que actualmente destruye zonas cacaoteras como la de Matiguas-Río Blanco. Esta plaga se puede enfrentar con la siembra de variedades resistentes y mejores técnicas de manejo. El cacao podría ser exportado a los otros países de Centroamérica y al mercado extra-regional.

- En los granos básicos, también existen salidas para el campesinado y particularmente ahora con la apertura del mercado centroamericano. El frijol rojo y el frijol negro pueden ser rubros de exportación de alta rentabilidad que se podría ampliar en las zonas históricamente frijoleras, especialmente en el Interior. El arroz de secano campesino puede permitir un ahorro neto de divisas del orden de 6 dólares por quintal y abastecer favorablemente al mercado nacional, jugando junto con la producción empresarial de arroz de riego - menos dependiente de la variación climática -, un papel de complemento con fines de estabilización de la oferta.

Precios y comercialización

La liberación de los mercados y la privatización de las empresas estatales de comercialización y procesamiento agroindustrial, han afectado de manera diferenciada los precios que el campesinado recibe por sus granos básicos y por productos de exportación como café y ajonjolí. La clave de esta diferenciación ha sido la velocidad con que las redes privadas de intermediación y procesamiento de los productos de exportación se ha reconstituido, mientras que en los granos básicos la retirada de ENABAS dejó un vacío que no fue llenado por el comercio privado y que ocasionó una caída muy fuerte de los precios de los granos básicos.

Precios de los granos básicos

El gobierno ha anunciado el establecimiento de una banda de precios para estabilizar los precios de los granos básicos en el país. Esta banda de precios tiene como punto de referencia los precios internacionales de los granos básicos y está siendo aplicada en los otros países centroamericanos, en el marco de la liberación del mercado agrícola regional.

Sin embargo ha la estabilización de precios se enfoca desde los precios finales al consumidor urbano y serían regulados mediante un mecanismo de importación de granos básicos. Es decir, si los precios están muy altos, el gobierno importará o facilitará la importación por parte de empresarios privados. Por el contrario, si los precios están muy bajos, el gobierno no importará ni autorizará importaciones.

En la práctica, esto significa que el gobierno se desentiende de la caída de los precios al productor de granos básicos en la época de cosecha, cuando lógicamente el mercado se abarrota de granos y los precios registran un descenso estacional sustancial. De este modo se está promoviendo la formación de comerciantes especuladores que aprovechen esta circunstancia y la aguda iliquidez que padece el campesinado, para pagar precios ridículos.

A corto plazo, no hay capacidad por parte de los productores campesinos de manejar su propio mecanismo de intermediación. En este sentido, no hay alternativa económica para miles de campesinos del país si ENABAS no recibe el crédito necesario para comprar grano en las épocas de cosecha y de esta manera, aplicar el mecanismo de la banda de precios, pero en beneficio de los productores. También es necesario promover desde ahora mecanismos alternativos de comercialización, manejados por los productores, como las Tiendas Campesinas, que podrían establecer convenios con ENABAS.

Organización local

El desplazamiento de las empresas estatales de procesamiento agroindustrial y de comercialización externa, ha dejado al campesinado ante el dilema de enfrentar nuevamente a los intermediarios privados o intentar buscar alternativas propias de procesamiento y comercialización de sus productos de exportación. Una limitante grave es el hecho de que el campesinado carece de experiencia en el manejo de estos eslabones claves de la actividad agropecuaria, debido a que el esquema de intervención estatal de la última década se apoyó en empresas nacionales sin participación campesina.

La alternativa de la UNAG para competir con el sector empresarial privado, se ha centrado en establecer modelos de comercialización y procesamiento inspirados en la antigua organización estatal sandinista, en cuanto al carácter empresarial, al grado de centralización y al nivel de capitalización.

El problema radica en que los costos de intermediación lleguen a ser más elevados que el promedio de las empresas privadas debido a fuerte aparato administrativo, a los costos adicionales de transporte provenientes de la centralización y a la falta de experiencia empresarial. Asimismo, las necesidades de capitalizarse para poder competir en mayores volúmenes tiende a bajar aún más los precios del acopio o a subir los precios del abastecimiento. Resulta que por mucho capital y experiencia que se genere, esta organización no podrá constituirse en una alternativa global de competencia frente a la burguesía sin un flujo importante y continuo de subsidios externos.

Por esta razón, la alternativa se enmarca en procesos de mediano plazo que permitan transitar desde el Estado y esquemas institucionales como ECODEPA, hacia organizaciones campesinas locales con alta participación en el acopio, el procesamiento y la comercialización. Se plantea entonces la necesidad de organizar la descentralización de las redes en rubros como el café y el ajonjolí, partiendo de pequeños grupos territoriales de cooperativas y productores, que se pueden nuclear entorno a una organización cuyos cimientos existen ya, como por ejemplo las UCA's.

Inicialmente se trataría, de promover experiencias locales con equipos pequeños, - procesadoras, unidades de almacenamiento -, que permitan un control y participación desde la base. En el caso del ajonjolí, se puede limitar en un primer momento el procesamiento a limpieza y clasificado. La ubicación y el tamaño de estas unidades tendrían que seleccionarse de acuerdo al potencial productivo de cada zona y procurando al máximo reducir los costos de problemas de transporte a los productores.

Para la exportación, debido a que para asegurar la rentabilidad de la actividad se necesitan volúmenes más grandes, son convenientes iniciativas más parecidas a ECOPAC o ECODEPA, pero buscando una relación más directa entre la empresa exportadora y la organización local.

El éxito de una alternativa campesina de procesamiento y comercialización depende de la potencialización de una organización descentralizada, con escalas de manejo más pequeñas que permitan menores costos, mayor eficiencia, mayor utilización de la fuerza de trabajo local y menor número de eslabones en las cadenas. Esto supone una participación real del campesinado y garantiza retener en mayor medida en manos campesinas los frutos de su trabajo.

Una política de entrega de tierras

Una política alternativa de tierras debe buscar cómo afianzar del punto de vista legal todos los cambios de la estructura de la tierra ocurridos en el período sandinista y en los dos primeros años del gobierno de la UNO. Esta es, incluso, una recomendación de una misión conjunta de la FAO, el BID y el Banco Mundial, a la que no se puede tachar de "extremista", "sectaria" o "anti-propiedad privada". Por otra parte - y a diferencia de estas recomendaciones -, la continuación de la redistribución de tierra es una necesidad de corto plazo para combatir el desempleo en la Pacífico para disminuir las tensiones sociales y políticas en la montaña del Interior. A su vez, es una condición para lograr a mediano plazo una reorganización adecuada de la estructura de producción nacional que permita un efectivo crecimiento del sector.

La legalización de toda la propiedad campesina u obrera ha sido un reclamo generalizado de los sectores que accedieron a tierra vía la reforma agraria o la privatización del APP y, particularmente, en los casos en que estas propiedades están todavía en litigio o resultaron de tomas espontáneas de tierra, - fincas privadas, cooperativas o recién privatizadas -, en los dos últimos años. Involucra a algunas cooperativas del período sandinista que no lograron a tiempo el respaldo jurídico, pero principalmente a campesinos y ex-combatientes sandinistas y de la contra con fincas asignadas o tomadas desde hace más de un año y a los "colonos" de las haciendas reformadas (Boaco-Chontales).

Esta legalización permitiría en un primer momento reducir la presión que sobre los grupos campesinos instalados ejercen antiguos dueños u otros grupos de demandantes de tierra. Cuando se trata de fincas tomadas, la indemnización de los dueños o un arreglo negociado entre ambas partes es la única opción factible. La legalización, si bien vendría a dar mayor "institucionalidad" al producto de una correlación de fuerzas local o/y acuerdos negociados entre cúpulas políticas o gremiales, no resuelve de por sí la viabilidad de las nuevas unidades de producción, las cuales enfrentan en la actualidad el reto primordial de ser económicamente rentables. Pero sí constituye una condición importante para una real apropiación que conduzca a una sostenida inversión en trabajo y en capital de parte de sus nuevos dueños.

Titulación individual

En este marco, el Título o la escritura individual -como se hizo en el pasado para los asentamientos urbanos - adquiere especial relevancia particularmente para el sector de cooperativas sandinistas. Tras seis años o más de existencia, una mayoría de beneficiados por tierra cooperados, no siente todavía como propia su organización y su finca, y lo demuestra el hecho que no se han pasado a vivir en las tierras recibidas ni han impulsado en ellas una verdadera inversión en trabajo. Los reajustes internos realizados en el seno de este sector desde 1988 no han sido suficientes para viabilizarlo plenamente.

A pesar de sus esfuerzos de "campesinización" - diversificación de su producción, abandono de los modelos tecnológicos "tecnificados" del período anterior, autofinanciamiento mayor, y parcelación parcial o total de las fincas colectivas -, las cooperativas enfrentan limitaciones reales que se manifiestan en recesión productiva y endeudamiento.

Mas allá de los procedimientos legales para asegurar la tenencia de sus tierras, o de resistencia política ante los intentos de recuperación de las fincas por los antiguos dueños, existen aún bloqueos internos y externos para consolidar económicamente y sin subsidios a este sector, y poder resistir la ofensiva de los grandes propietarios. La democratización del movimiento cooperativo es todavía un proceso en gestión, que limita estos avances. Si bien la obtención del Título o de la Escritura Colectiva en 1990 ha disminuido relativamente el sentimiento de inseguridad, no garantiza, a los ojos de muchos, la posesión duradera de la tierra, ni es suficiente para contener el retroceso de la reforma agraria.

Privatización a favor de los sectores populares

La reforma agraria constituye otro eje importante de una política tanto de corto como de mediano plazo. A lo inmediato, la redistribución de tierra permite una valorización mucho más interesante para el país de tierras de la gran producción manejadas de manera muy extensiva o semi-ociosas por crisis de rentabilidad. Constituye la mejor forma de resolver el empleo y fomentar la producción. Basta ver algunos casos de Occidente en el ciclo pasado para convencerse de que el traspaso de fincas de Agroexco a ex-obreros o desmovilizados ha tenido impacto positivo en términos productivos.

En el interior del país también, las tierras ociosas del latifundio ganadero afectado por el diezmo del hato nacional pueden servir ventajosamente a la producción parcelaria de granos básicos, en transición hacia sistemas de producción intensivos de granos, musáceas, tubérculos y otros rubros agrícolas notradicionales como el cacao y el gengibre.

En el Pacífico, la demanda proviene principalmente del sector asalariado, permanente o estacional, afectado por la baja del empleo que ha causado la crisis del algodón: ex-trabajadores del APP que no recibieron tierra vía reforma agraria ni son accionistas del APP; desmovilizados; ex-trabajadores de fincas privadas. En la actualidad unas 4,000 familias se han movilizado ya en tomas de fincas y este número crecerá al acercarse el período de siembra. En el interior del país, los demandantes son más de 10,000 familias de desmovilizados de la ex-resistencia que no recibieron aún tierras, igual número de familias de repatriados.

A más largo plazo, la reforma agraria contribuye a la reconversión de la estructura productiva nacional, porque constituye una alternativa a los bajos niveles de inversión previsible en la gran propiedad. A diferencia de lo ocurrido desde 1990, la redistribución de tierras no puede concebirse como una válvula de escape a los problemas socio-políticos. Se trata de considerarla como parte de una estrategia de reactivación que buscaría cómo hacer viable económicamente un nuevo sujeto productivo. Por esto debe de vincularse a políticas dirigidas de crédito, de fomento tecnológico y de organización de cadenas rentables de procesamiento y comercialización. Sin estas políticas, la redistribución de tierra no tendría mucho impacto económico positivo y sólo será una solución temporal, como lo indica el proceso en marcha de contra - reforma agraria -.

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